Derecho Administrativo

Derecho Administrativo /Administrative Law

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El juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a la COVID-19

Fuente: Noticias Jurídicas

10 de septiembre, 2020

-España-

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha ratificado las medidas restrictivas de derechos fundamentales aprobadas por la Xunta el pasado 2 de septiembre en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada para hacer frente a la COVID-19. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña también ha ratificado las medidas de prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del coronavirus en los ayuntamientos de A Laracha y Carballo. En todos los casos las restricciones limitan el derecho de reunión.

El magistrado que ha dictado los dos autos considera la medida proporcionada. Así, entiende que, “en la obligada ponderación” entre el derecho a la vida y el derecho de reunión, ha de darse “obligada preferencia” al derecho a la vida, “aunque ello imponga una limitada material y temporalmente restricción del derecho de reunión”. Además, recuerda que las autoridades sanitarias “pueden intervenir en las actividades públicas y privadas en orden a la protección de la salud de la población y la prevención de enfermedades”. Tras analizar los informes sobre la progresión de los rebrotes en los distintos ayuntamientos afectados, el juez indica que el riesgo “aparece como alto”. El magistrado destaca en los dos autos que la medida que afecta al derecho de reunión “aparece, desde luego, como necesaria, al haberse agotado anteriores medidas de intervención de menor incidencia en la libertad y derechos de los ciudadanos”. Además, subraya que es “adecuada”, atendiendo “a la lógica de los procesos de transmisión, a los informes y al bien jurídico a cuya protección se dirige: la vida”.

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La función de fe pública queda reservada a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

Fuente: Noticias Jurídicas

12 de agosto, 2020

-España-

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid recurrió algunos acuerdos de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sobre organización y competencias de distintas Áreas de Gobierno, de los Distritos, de la Gerencia y de la Coordinación General de la Alcaldía, en los que se permitía el ejercicio de la fe pública, una función reservada a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a otros funcionarios o a personas que ni siquiera tienen la condición de funcionarios.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad los acuerdos recurridos, precisamente por no reservar a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid opuso la Ley 22/2006, de 4 Jul., de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, y el Reglamento por el que se regulan las funciones de fe pública del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, mientras que el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local defiende que la contradicción queda resuelta por la disp. adic. segunda de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se puede afirmar que así es efectivamente, pues en la actualidad no es posible ejercer la función pública por quien no sea funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Hay que señalar que el art. 55 de la citada Ley 22/2006, que lo permitía, se debe entender derogado por el Estatuto Básico del Empleado Público, sin salvedad alguna, y sin que haya recobrado su vigencia.

El Alto Tribunal insiste en que, ni la capitalidad de España ni el número de vecinos implican por sí mismos la exención de la aplicación de las reglas generales sobre la ordenación de la función pública local y, en particular, sobre la reserva de funciones necesarias en todas las corporaciones locales a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Finalmente, el Supremo concluye que el art. 55 de la Ley de Capitalidad mientras que no requiere otra condición en quienes la ejerzan que la titularidad de los cargos que menciona o la determinación municipal, la disp. adic. segunda del EBEP reserva ese cometido exclusivamente a los funcionarios con habilitación de carácter estatal, por lo que la posibilidad permitida por la Ley de Capitalidad es incompatible con el Estatuto Básico.

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Una juez de Teruel condena a la Administración por no proteger al personal sanitario a tiempo

Fuente: Noticias Jurídicas

05 de junio, 2020

-España-

La titular del Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado a la Administración por su gestión frente a la crisis de la Covid-19. En concreto, por no garantizar la seguridad de sus trabajadores, al no proveer de mascarillas y material sanitario a sus médicos y enfermeros a tiempo. Según el fallo, la Administración central y las autonómicas contaban con indicios suficientes de que el virus se acabaría propagándose en el país desde el pasado 30 de enero, por lo que existió pasividad a la hora de actuar. La sentencia está disponible en este enlace

La demanda, presentada por el Sindicato FASAMET, defiende los derechos e intereses del personal funcionario, estatutario y laboral que presta sus servicios asistenciales y no asistenciales en centros sanitarios de la Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (Salud) e Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Tras una larga exposición cronológica de la situación, la jueza condena a la Administración empleadora a que provea a todos estos trabajadores de los equipos de protección individual necesarios para evitar el contagio. Entiende vulnerados sus derechos fundamentales y se apoya prácticamente en un único argumento: no existe imprevisibilidad, porque la OMS desde el pasado 30 de enero viene informando de la necesidad de una vigilancia activa, y ello era conocido por las CCAA y las Consejerías. 

La OMS ya avisó en enero

Los hechos, según el fallo, eran públicos y notorios, como también lo fue la rápida propagación del coronavirus que llegaba a otros países de Europa, siendo muy previsible que alcanzara nuestro país. Fueron numerosos los avisos y recomendaciones de la OMS, e incluso constan informes del Gobierno desde el 23 de enero de 2020, de los que se desprenden que conocían los datos de la OMS y, por tanto, podían prever la forma de propagación del virus entre personas, debido a las recomendaciones de distanciamiento social y acopio de EPIS para sanitarios, con objeto de evitar la propagación derivada del estrecho contacto con los afectados.

Aunque las Administraciones demandadas afirman que contaban con suficiente material, a ojos de la juez no lo han demostrado; al contrario, lo que se ha probado es que las compras y distribución de EPIs fueron totalmente insuficientes para proteger a los trabajadores frente al grave riesgo que ha supuesto el contagio por Covid-19. La Administración demandada alega que compró suficiente “teniendo en cuenta las circunstancias”, pero esas circunstancias podrían haberse previsto con anterioridad y planificar con tiempo las compras. En suma, existió pasividad injustificada por parte de las demandadas.

Durante un estado de alarma no se suspende la protección de dichos derechos fundamentales ni tampoco la prevención de riesgos laborales. Esto podría suceder durante el estado de excepción y sitio, pero no durante la alarma. De hecho, incluso se ha admitido en el RD 463/20 que contraer el coronavirus en el trabajo es considerado accidente laboral, precisamente para que no se excepcione la protección del empleado en una situación de fuerza mayor.

La juez por tanto insiste: la pandemia no se podía curar ni detener totalmente su avance, pero con los datos que se han manejado sí se podían haber adquirido equipos de protección con mayor previsión. No estamos ante un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico. La Dirección General de Aragón y los organismos autónomos dependientes de ella (SAS e IASS) no fueron previsoras frente a las recomendaciones y advertencias de la OMS. Se veía que era un virus altamente mortal que estaba saltando las fronteras rápidamente y sin control.

Por tanto, si en todo momento se ha advertido del alto contagio intrahospitalario, ¿por qué las Administraciones, como empleadoras, no hicieron acopio de este material de protección antes? Dice la jueza que “una vez que comenzó a extenderse el virus por el país, ya era tarde para las compras”.

Al igual que hace unos años, durante la grave crisis económica que padeció España muchos jueces achacaron a las Administraciones la falta de precaución, equipara dicha situación al momento actual para hacer una reflexión: si en su día la coyuntura económica no dispensó de las obligaciones que tiene la Administración, tampoco ahora puede hacerse.

Ante esta injustificada pasividad, la sentencia también reconoce la heroicidad de los profesionales sanitarios que han estado desarrollando su trabajo a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición al covid-19, y ello fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad. No lo han hecho gracias a su vocación de servicio a los demás.

El Ministerio Fiscal, máximo garante de los derechos fundamentales comparte que existió una total imprevisión pese a disponer de datos que podían haber evitado la carencia de medios de protección. 

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Los contratos públicos que no se puedan cumplir se anulan temporalmente

Fuente: El Economista España

19 de marzo, 2020

-España-

 Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto de 17 de marzo de 2020, celebrados por las entidades del Sector Público, cuya ejecución se haga imposible como consecuencia del CovidD-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedan automáticamente suspendidos desde que se produzca la situación de hecho que impide su prestación y hasta que ésta pueda reanudarse.

Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando cesen las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, y el órgano de contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.

Cuando con la ejecución de un contrato público quede en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.

Estos gastos incluirán: los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020.

También se incluyen los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva y los de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato.

Pólizas de seguro

Y en el mismo orden de cosas, se añaden los correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

Estos pagos se aplicarán cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en cinco días naturales, aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato .

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El Supremo exige a la CNMC que recalcule las multas anuladas por la Justicia en el plazo de ejecución de esa sentencia

Fuente: El Economista España

03 de octubre, 2019

-España-

 La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido criterios sobre el plazo de que dispone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recalcular sus multas en el caso de que hayan sido anuladas previamente por los tribunales únicamente en lo que se refiere a la cuantía de las mismas. El Tribunal exige que la CNMC que recalcule las multas anuladas por la Justicia en el plazo de ejecución de esa sentencia y rechaza que se inicie un nuevo proceso administrativo tras fijar la nueva cuantía.

En concreto, la sentencia, de 30 de noviembre de 2019, establece que la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias. De este modo, declina que se apliquen las previsiones de los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para resolver y la caducidad del procedimiento sancionador.

Además, sostiene que “el cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo cuando la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido en el proceso, los criterios y pautas para la cuantificación de la multa”. Por ello, el trámite de audiencia previo al dictado de este acto de ejecución únicamente será necesario en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia requiriese abordar cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que hubiese algún margen de apreciación, no delimitado en la sentencia pues sólo en ese caso la omisión del trámite de audiencia podría causar indefensión a la parte interesada.

Desestima el recurso de Mediaset

La sentencia desestima un recurso de Mediaset contra la sanción de 1,6 millones de euros que le impuso la CNMC en mayo de 2016 tras recalcular, por orden de una sentencia del Tribunal Supremo de 2015, la cuantía de la sanción inicialmente impuesta por Competencia (que fue de 3,6 millones) por una infracción del año 2010 relacionada con la fusión Telecinco-Cuatro.

Mediaset había argumentado que debió considerarse caducado el procedimiento sancionador al haber excedido el plazo máximo para su resolución, que entendía que era de 6 meses. Para la empresa, la anulación dictada por la Sala III del Tribunal Supremo de la resolución inicial de la CNMC de 29 de julio de 2011 determinó el reinicio del plazo para la resolución final del procedimiento sancionador y, por tanto, el reinicio del plazo de caducidad aplicable al procedimiento sancionador controvertido.

Y añadía que, incluso si se llegase a considerar que los expedientes no eran continuación uno del otro, el nuevo debía considerarse como iniciado el mismo día en que los servicios de la CNMC tuvieron conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (al menos el 5 de noviembre de 2015), por lo que la fecha límite para dictar la resolución sancionadora final sería la del 5 de mayo de 2016, y sin embargo no se notificó hasta el 17 de mayo de 2016, por lo que estaba caducado.

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Los contratistas públicos tendrán un año más para adaptarse a las nuevas condiciones de contratación

Fuente: El Economista España

25 de septiembre, 2019

-España-

 La pasividad de los contratistas llevará al Ministerio de Hacienda a ampliar en un año el plazo para adaptarse a las nuevas condiciones de contratación con las Administraciones Públicas para los de obras con contratos que no superen cinco millones de euros y para los de servicios con contratas inferiores a 1,2 millones de euros.

Así, se establece en un proyecto de Real Decreto que se elabora en la actualidad por la vía de urgencia y que establece la fecha definitiva para poder licitar en el día 31 de diciembre de 2021.

Por el contrario, los contratistas que superen estas cantidades en sus contratos, deberán adaptarse a las nuevas condiciones antes del 1 de enero de 2020.

Más de la mitad de quienes contratan con las Administraciones no han se han adaptado a la nueva Ley de Contratación Pública

La razón de esta ampliación del plazo de adaptación se debe a que el pasado 30 de junio, Hacienda estimaba que había aún más de 3.000 contratistas de obras y más de 4.600 contratistas de servicios con una clasificación otorgada de acuerdo con la normativa que estaba vigente antes de la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015, norma que regula la actualización de las condiciones para contratar.

Estas cifras vienen a representar en torno a un 53% y un 63% del número total de empresas clasificadas como contratistas de obras y de servicios, respectivamente.

De esta forma, la mayoría de las empresas no estaban clasificadas al concluir junio conforme al nuevo régimen establecido en ese Real Decreto y, por consiguiente, esta situación está dando lugar a un considerable incremento en el número de solicitudes de revisión de clasificaciones, pero, sobre todo, supone que sea previsible una extraordinaria acumulación de solicitudes en los últimos meses de 2019, como consecuencia de la ausencia de escalonamiento a lo largo del período transitorio transcurrido, que se inició en 2015.

En Hacienda se estima que serían casi 8.000 los expedientes que deberían revisarse a instancia de los interesados antes de la finalización de período transitorio, si se quiere evitar que el 1 de enero de 2020 pierdan vigencia y eficacia las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2015.

Esta norma reajusta los umbrales de las distintas categorías, que pasan a denominarse mediante números crecientes según sus respectivos umbrales.

Así, se parte de la categoría 1 para contratos de valor anual inferior a 150.000 euros y se llega hasta la categoría 6 para aquellos de valor anual igual o superior a cinco millones de euros.

Además, se reajusta el patrimonio neto mínimo exigible para el acceso de las empresas a cada categoría de clasificación, que se cuantifica en el 10% de la anualidad de los contratos a cuyo acceso habilita cada categoría, y en un millón de euros para acceder a la máxima categoría, que habilita a la adjudicación de contratos sin límite de importe.

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Supremo rechaza el acceso a la sanidad pública de los familiares no residentes            

Fuente: El Economista España

05 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo r echaza que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. La sentencia, de 5 de mayo de 2019, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario.

“La dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”, establece la sentencia.

El fallo establece que la tarjeta de residencia temporal no da el derecho “automático” a la asistencia a cargo del Estado

El magistrado Gullón Rodríguez, ponente del fallo, explica que “partiendo del principio de universalidad y sin olvidar el de financiación pública y su sostenibilidad, que igualmente informan el sistema nacional de salud, el concepto de cobertura obligatoria de la prestación de asistencia sanitaria es el que se pretende por la parte recurrente porque la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, cuando el solicitante es extranjero con residencia legal, solo se otorga en el caso de que no se tenga cubierta dicha prestación de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados”.

De este modo, señala que si hay un tercero obligado a cubrir dicha protección o existe una norma que así lo imponga o que tal prestación venga siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto. “Esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante”, añade.

El Supremo destaca que dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. “Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida”, apunta. “Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa”, explica.

El Tribunal invoca la reforma operada en el año 2018 en la que, en lógica con las regulaciones que hemos expuesto a lo largo de esta resolución, sigue manteniendo en su exposición de motivos, que no es adecuado hacer un uso indebido del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos cuando existe esa protección por otras vías.

“En definitiva, no cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se debe alcanzar es la que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, concluye el Supremo. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar al TSJ.

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El Supremo permite prorrogar más de un año el permiso de residencia temporal         

Fuente: El Economista España

10 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son prorrogables más de un año. La sentencia, de 27 de mayo de 2015, avala esta medida aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, si concurren las circunstancias para ello.

El fallo invoca el apartado 1 del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, que regula este asunto. “Es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación, lo que ha provocado una disparidad de criterios exteriorizada por distintos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa”, destaca el Supremo. El fallo da la razón al padre extranjero de un niño español a quien se denegó la prórroga de la autorización excepcional de residencia por arraigo familiar.

La norma prevé que “en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional”. Según el Supremo, este precepto “puede plantear dudas en orden a si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas, de modo que agotado ese plazo con la autorización inicial o con la suma del correspondiente a las sucesivas prórrogas no es viable la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales, o si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse”.

El magistrado Trillo Alonso, ponente del fallo, apunta que “el carácter excepcional que proclama la norma respecto a las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, esto es, por razones de arraigo, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público, no permite por sí solo entender que el plazo de un año constituye el máximo de las autorizaciones, incluidas sus prórrogas”.

Añade que, siendo la finalidad de estas autorizaciones responder a la excepcionalidad, “su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad. Así se explica por qué la disposición reglamentaria establece un plazo de autorización y prórrogas de un año. Tiene por finalidad que mediante el ajuste de autorización y prórrogas a periodos de un año la situación de autorización temporal no se prolongue mucho más allá del necesario para afrontar la excepcionalidad”.

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Supreme Court rules Alaskan river not under purview of National Park Service             

Source: Jurist

March 26, 2019

-United States-

The US Supreme Court ruled Tuesday that rivers that pass through national parks in Alaska are not federally owned and therefore not subject to the jurisdiction of the National Park Service (NPS).

John Sturgeon, a resident of Alaska and avid moose hunter, was stopped by Park Service rangers for piloting his hovercraft along a section of the Nation River that passes through the Yukon-Charley Preserve, a large wilderness conservation area in rural Alaska. Sturgeon had been following the same route to his preferred hunting location for more than four decades and soon after filed suit alleging that the NPS had no jurisdiction over the Alaskan river under the terms of the Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA) and could not prohibit him from piloting his hovercraft along the waterway.

In a unanimous decision, the Supreme Court agreed with Sturgeon. Justice Elena Kagan, writing the opinion, stated that the Nation River was not owned by the US and therefore could not be subject to the rules of the NPS because of the “unique situation of land in Alaska.” Though the ANILCA granted millions of acres of land to the federal government for national parks and monuments, that land did not include the waterways, which were instead granted to the state of Alaska under the Submerged Lands Act. Because the NPS only had jurisdiction over the land, they could not enforce their prohibition against hovercraft on the river in Alaska.

Kagan noted that today’s decision solely affects lands in Alaska, which is “the exception, not the rule” due to the unique way the land grants in Alaska were issued after the territory achieved statehood.

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La Justicia deniega la matrícula en la guardería a un niño no vacunado

Fuente: El Economista España

14 de enero, 2019

-España-

La sala 16 del Juzgado del Contencioso Administrativo de la provincia de Barcelona ha avalado la denegación de matrícula en una guardería municipal a un niño no vacunado. El fallo, de 8 de enero de 2018, concluye que “los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

La magistrada titular del juzgado, Mestres Estruch, defiende que los padres demandantes “olvidan los derechos de los demás, pues entienden que su derecho a asistir a una escuela cuna, es superior al derecho a la salud del resto de niños”.

La sentencia es contundente frente a algunas personas que se oponen a la vacunación. “Una opción minoritaria pretende sobreponerse al derecho a la salud del resto de niños y sus familias”, señala. “Pero a su vez se aprovechan de los efectos de la protección grupal fundamentada en el hecho de que el 95 por ciento de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del calendario vacunal”, añade.

El fallo critica que estas personas deciden “unilateralmente que sus consecuencias y riesgos sean asimilados por el resto de la población”, dado que “somete al resto de los infantes a un riesgo que, de materializarse, puede conllevar catastróficas consecuencias como la pérdida de la vida”.

Este argumento fue uno de los aportados por la defensa del Ayuntamiento, a cargo del letrado Didac Coll Serra, cuya base científica fue sostenida por el Jefe de pediatría del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo Gonzalo. El doctor especialista asegura, en este sentido, que “en condiciones normales, el proceso de vacunación se realiza a lo largo de varios años dada la administración paulatina conforme al calendario vacunal, y que la guardería es un lugar de riesgo de contraer determinadas infecciones propias de su condición de niños muy pequeños y por estar en proceso de vacunación, por lo que son más vulnerables”.

El asunto surge cuando el Ayuntamiento de una localidad de la Provincia de Barcelona denegó la matrícula de un menor a la guardería pública del municipio al comprobar que no contaba con ninguna de las vacunas.

En aquel punto la familia defendía que, en primer lugar, la normativa del centro solicitaba la presentación de la cartilla vacunal sin precisar que debía estar debidamente al día y cumplimentado y, en segundo lugar, apeló al derecho de libertad ideológica, que debía ser respetado mediante la neutralidad de las decisiones de la Administración en materia de religiones, credos y creencias, entendiendo que “la opinión de la mayoría no siempre debía prevalecer”, según indica la sentencia.