Derecho Administrativo

Derecho Administrativo / Administrative Law

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Supremo rechaza el acceso a la sanidad pública de los familiares no residentes            

Fuente: El Economista España

05 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo r echaza que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. La sentencia, de 5 de mayo de 2019, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario.

“La dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”, establece la sentencia.

El fallo establece que la tarjeta de residencia temporal no da el derecho “automático” a la asistencia a cargo del Estado

El magistrado Gullón Rodríguez, ponente del fallo, explica que “partiendo del principio de universalidad y sin olvidar el de financiación pública y su sostenibilidad, que igualmente informan el sistema nacional de salud, el concepto de cobertura obligatoria de la prestación de asistencia sanitaria es el que se pretende por la parte recurrente porque la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, cuando el solicitante es extranjero con residencia legal, solo se otorga en el caso de que no se tenga cubierta dicha prestación de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados”.

De este modo, señala que si hay un tercero obligado a cubrir dicha protección o existe una norma que así lo imponga o que tal prestación venga siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto. “Esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante”, añade.

El Supremo destaca que dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. “Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida”, apunta. “Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa”, explica.

El Tribunal invoca la reforma operada en el año 2018 en la que, en lógica con las regulaciones que hemos expuesto a lo largo de esta resolución, sigue manteniendo en su exposición de motivos, que no es adecuado hacer un uso indebido del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos cuando existe esa protección por otras vías.

“En definitiva, no cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se debe alcanzar es la que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, concluye el Supremo. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar al TSJ.

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El Supremo permite prorrogar más de un año el permiso de residencia temporal         

Fuente: El Economista España

10 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son prorrogables más de un año. La sentencia, de 27 de mayo de 2015, avala esta medida aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, si concurren las circunstancias para ello.

El fallo invoca el apartado 1 del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, que regula este asunto. “Es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación, lo que ha provocado una disparidad de criterios exteriorizada por distintos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa”, destaca el Supremo. El fallo da la razón al padre extranjero de un niño español a quien se denegó la prórroga de la autorización excepcional de residencia por arraigo familiar.

La norma prevé que “en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional”. Según el Supremo, este precepto “puede plantear dudas en orden a si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas, de modo que agotado ese plazo con la autorización inicial o con la suma del correspondiente a las sucesivas prórrogas no es viable la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales, o si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse”.

El magistrado Trillo Alonso, ponente del fallo, apunta que “el carácter excepcional que proclama la norma respecto a las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, esto es, por razones de arraigo, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público, no permite por sí solo entender que el plazo de un año constituye el máximo de las autorizaciones, incluidas sus prórrogas”.

Añade que, siendo la finalidad de estas autorizaciones responder a la excepcionalidad, “su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad. Así se explica por qué la disposición reglamentaria establece un plazo de autorización y prórrogas de un año. Tiene por finalidad que mediante el ajuste de autorización y prórrogas a periodos de un año la situación de autorización temporal no se prolongue mucho más allá del necesario para afrontar la excepcionalidad”.

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Supreme Court rules Alaskan river not under purview of National Park Service             

Source: Jurist

March 26, 2019

-United States-

The US Supreme Court ruled Tuesday that rivers that pass through national parks in Alaska are not federally owned and therefore not subject to the jurisdiction of the National Park Service (NPS).

John Sturgeon, a resident of Alaska and avid moose hunter, was stopped by Park Service rangers for piloting his hovercraft along a section of the Nation River that passes through the Yukon-Charley Preserve, a large wilderness conservation area in rural Alaska. Sturgeon had been following the same route to his preferred hunting location for more than four decades and soon after filed suit alleging that the NPS had no jurisdiction over the Alaskan river under the terms of the Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA) and could not prohibit him from piloting his hovercraft along the waterway.

In a unanimous decision, the Supreme Court agreed with Sturgeon. Justice Elena Kagan, writing the opinion, stated that the Nation River was not owned by the US and therefore could not be subject to the rules of the NPS because of the “unique situation of land in Alaska.” Though the ANILCA granted millions of acres of land to the federal government for national parks and monuments, that land did not include the waterways, which were instead granted to the state of Alaska under the Submerged Lands Act. Because the NPS only had jurisdiction over the land, they could not enforce their prohibition against hovercraft on the river in Alaska.

Kagan noted that today’s decision solely affects lands in Alaska, which is “the exception, not the rule” due to the unique way the land grants in Alaska were issued after the territory achieved statehood.

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La Justicia deniega la matrícula en la guardería a un niño no vacunado

Fuente: El Economista España

14 de enero, 2019

-España-

La sala 16 del Juzgado del Contencioso Administrativo de la provincia de Barcelona ha avalado la denegación de matrícula en una guardería municipal a un niño no vacunado. El fallo, de 8 de enero de 2018, concluye que “los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

La magistrada titular del juzgado, Mestres Estruch, defiende que los padres demandantes “olvidan los derechos de los demás, pues entienden que su derecho a asistir a una escuela cuna, es superior al derecho a la salud del resto de niños”.

La sentencia es contundente frente a algunas personas que se oponen a la vacunación. “Una opción minoritaria pretende sobreponerse al derecho a la salud del resto de niños y sus familias”, señala. “Pero a su vez se aprovechan de los efectos de la protección grupal fundamentada en el hecho de que el 95 por ciento de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del calendario vacunal”, añade.

El fallo critica que estas personas deciden “unilateralmente que sus consecuencias y riesgos sean asimilados por el resto de la población”, dado que “somete al resto de los infantes a un riesgo que, de materializarse, puede conllevar catastróficas consecuencias como la pérdida de la vida”.

Este argumento fue uno de los aportados por la defensa del Ayuntamiento, a cargo del letrado Didac Coll Serra, cuya base científica fue sostenida por el Jefe de pediatría del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo Gonzalo. El doctor especialista asegura, en este sentido, que “en condiciones normales, el proceso de vacunación se realiza a lo largo de varios años dada la administración paulatina conforme al calendario vacunal, y que la guardería es un lugar de riesgo de contraer determinadas infecciones propias de su condición de niños muy pequeños y por estar en proceso de vacunación, por lo que son más vulnerables”.

El asunto surge cuando el Ayuntamiento de una localidad de la Provincia de Barcelona denegó la matrícula de un menor a la guardería pública del municipio al comprobar que no contaba con ninguna de las vacunas.

En aquel punto la familia defendía que, en primer lugar, la normativa del centro solicitaba la presentación de la cartilla vacunal sin precisar que debía estar debidamente al día y cumplimentado y, en segundo lugar, apeló al derecho de libertad ideológica, que debía ser respetado mediante la neutralidad de las decisiones de la Administración en materia de religiones, credos y creencias, entendiendo que “la opinión de la mayoría no siempre debía prevalecer”, según indica la sentencia.

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El Recurso de Casación Contencioso-Administrativo por infracción de normas autonómicas es constitucional                     

Fuente: El Economista España

 de diciembre, 2018

-España-

El Tribunal Constitucional ha estimado, en sentencia de 29 de noviembre de 2018, que se adecua a la Constitución el Recurso de Casación Contencioso-Administrativo por infracción de normas autonómicas.

El Pleno desestima por mayoría la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha contra los párrafos segundo y tercero del artículo 86.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sobre este recurso.

El párrafo segundo dispone que será competente para conocer de dicho recurso una Sección de la Sala Contenciosa del TSJ. Y si hubiera más de una, la Sala de Gobierno establecerá el turno correspondiente.

El TSJ consideraba que esta regulación vulneraba la Constitución en cuatro puntos: artículo 122.1 de la Constitución Española (CE) por la carencia de rango de ley orgánica exigido; artículo 9.3 sobre principio de seguridad jurídica; artículo 14 de igualdad ante la ley y artículo 24 sobre tutela judicial efectiva.

El ponente, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, señala sobre la falta de rango orgánico de la LJCA, que “el contenido mínimo indispensable que debe contener la Ley Orgánica que prescribe el artículo 122 de la CE no se incluyen aspectos como las modalidades de recursos disponibles, las resoluciones en su caso recurribles, los órganos competentes para su resolución o los procedimientos que a tal fin deban perseguirse, con independencia de que las disposiciones de la Ley orgánica del Poder Judicial hayan procedido en ocasiones, en el pasado a precisar en mayor o menor grado, algunos de esos aspectos”.

Explica que fuera de ese contenido mínimo, “la jurisprudencia constitucional siempre ha admitido la posibilidad del que el legislador ordinario concrete ese diseño básico de la organización judicial”. Sobre la infracción del principio de seguridad jurídica el TC entiende que la “indeterminación del precepto legal no conlleva una quiebra de la seguridad jurídica porque una interpretación sistemática permite acotar su sentido y determinar las resoluciones que pueden ser objeto de este recurso de casación y el órgano que debe resolverlo”.

En cuanto a la infracción del principio de igualdad, Cándido Conde-Pumpido explica que la desigualdad o discriminación que se prohíbe en el artículo 14 no se produce por el hecho de que distintos órganos judiciales realicen una interpretación o aplicación distintas de la misma norma. 

Por último,  tampoco aprecia que se haya infringido la tutela judicial efectiva, ya que la unificación del Derecho autonómico corresponde a los TSJ mediante un recurso de casación paralelo al establecido en el Tribunal Supremo para el Derecho estatal o de la UE, a cuya regulación se remite implícitamente el recurso de casación autonómico.

Votos discrepantes

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero es del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos para quien las Secciones a las que se refiere el artículo 86.3 de la LJCA no son divisiones funcionales de las Salas de lo Contencioso-Administrativo, sino órganos judiciales nuevos.

Por ello, considera que, al estar reservada la constitución de los órganos judiciales a la Ley Orgánica del Poder Judicial por el artículo 122.1 de la CE, los apartados segundo y tercero del citado artículo 86.3  de la LJCA infringen el referido precepto constitucional por regular una materia que está reservada por la Constitución a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El segundo voto particular es del Magistrado Ricardo Enríquez, para quien la cuestión de inconstitucionalidad debió ser estimada porque el párrafo segundo y tercero del artículo 86.3 de la LJCA puede vulnerar la reserva de ley orgánica que exige el artículo 122.1 de la Constitución.

Este precepto, en lo que se refiere al aspecto estrictamente orgánico, señala que ha de ser necesariamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y no en otra ley orgánica, ni tampoco en otra ley ordinaria donde se contenga la “configuración definitiva de los tribunales de justicia” en los distintos ámbitos materiales de tutela.

Para el magistrado, la creación de una nueva Sección, a la que se confiere nominalmente una competencia exclusiva y excluyente, rompe con el sistema establecido en la Constitución y en la LOPJ, porque la denominación de Sección se crea un auténtico órgano jurisdiccional distinto de las Salas de lo Contencioso-Administrativo ya establecidas.

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bandera-espanaJusticia analizará la Ley de Enjuiciamiento Criminal con perspectiva de género              

Fuente: El Economista

31 de agosto, 2018

-España-

La creación del consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género es ya una realidad. Ayer en Consejo de Ministros se acordó su puesta en marcha a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual. Leer el resto de esta entrada »

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52fb663d998f7El Gobierno adapta el Reglamento europeo de Protección de Datos a la normativa española  

Fuente: El Economista España

27 de julio, 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporados a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria. Leer el resto de esta entrada »