Derecho Ambiental

Derecho Ambiental / Environmental Law

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La Comisión remite a España ante el TJUE por la mala calidad de su aire           

Fuente: Noticias Jurídicas

25 de julio, 2019

 España tendrá que poner solución al problema de la contaminación del aire de sus ciudades o tendrá problemas con la UE. La Comisión Europea ha decidido este jueves remitir a España y a Bulgaria ante el TJUE por la mala calidad de su aire, al sobrepasar de forma constante los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en el caso español, y de dióxido de azufre (SO2) en el país búlgaro. 

La decisión tomada forma parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

Los datos más recientes sobre la calidad del aire español confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE respecto a los índices de dióxido de nitrógeno, según informa el órgano ejecutivo comunitario. 

En concreto, la Comisión constata altos niveles de contaminación en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat, entre otras localidades. 

Según los datos provenientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al dióxido de nitrógeno casi 9 000 muertes prematuras al año. 

Los niveles de calidad del aire en la Unión y las obligaciones de los Estados Miembros con respecto a este compromiso están regulados en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Las decisiones de hoy forman parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

La obligación de España con la UE

Los países miembros de la UE tienen un compromiso para adoptar planes de calidad del aire y garantizar medidas adecuadas para que los valores sea lo más bajos posibles.

La contaminación atmosférica sigue siendo, según la Comisión, el principal problema de salud ambiental de la UE. 

Según las estimaciones que maneja el organismo comunitario, anualmente 400.000 muertes prematuras son atribuibles a la contaminación atmosférica, y unos costes económicos directos superiores a 20 000 millones de euros al año. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) procede principalmente de actividades humanas, como el tráfico por carretera, sobre todo de los vehículos diésel, y la industria.

Según el Derecho de la UE, desde enero de 2005 los Estados miembros deben cumplir los valores límite para las PM10 y el SO2, mientras que, en el caso del NO2, deben hacerlo desde enero de 2010.

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Derecho Ambiental / Environmental Law

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India court rules in favor of legal person status for all animals

Source: Jurist

June 03, 2019

A single judge bench of India’s Punjab and Haryana High Court held on Friday that the “entire animal kingdom including avian and aquatic” species has a “distinct legal persona with corresponding rights, duties, and liabilities of a living person.”

Judge Rajiv Sharma ruled, “all the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons in loco parentis as the human face for the welfare/protection of animals,” implying that citizens have legal responsibilities and functions similar to those of a parent vis-à-vis minor children for the welfare and protection of animals.

The court arrived at the decision in a criminal revision petition filed by individuals convicted of unlawfully exporting cows from Haryana under Section 4B of the Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, a statute applicable to both Punjab and Haryana. The judge upheld the conviction of the accused but did not mete out a prison sentence, saying that the accused “are suffering agony and trauma by facing criminal proceedings for about 15 years.” Haryana police arrested the convicts in 2004.

“All animals have honor and dignity. Every species has an inherent right to live and is required to be protected by law. The privacy and the rights of animals are to be respected and protected from unlawful attacks,” the judge said. The judgment relies on jurisprudence from India’s Supreme Court, which had ruled in Animal Welfare Board of India vs. Nagaraja that the right to dignity and fair treatment as enshrined in and arising out of Article 21 of India’s Constitution is “not confined to human beings alone, but animals as well.”

Friday’s decision saw the court issuing several “mandatory directions” for the “welfare of the animal kingdom” in Haryana. It directed the state government to ensure that draft animals do not carry loads exceeding prescribed limits, and to ensure that no animal carries a weight or load in excess of the weights prescribed by regulations such as the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules.

Furthermore, the state government is to ensure that weight carried by an animal is reduced by 50 percent if the route traversed involves an ascent exceeding the limit prescribed by the court. For this purpose, the court ruled that a gradient over 3 meters per 30 meters triggers the threshold. No more than four people, excluding the driver and children below six years of age, are allowed to ride an animal-drawn vehicle. No person is permitted to keep or cause to be kept in harness any animal used for drawing vehicles where the temperature exceeds 99°F or is below 41°F. The court held that the use of sharp equipment to brutalize animals is banned throughout the state of Haryana “to avoid bruises, swelling, abrasions or severe pain to the animal.”

Many other directions, including ones related to veterinary care, housing, and food for animals, were issued in the 104-page judgment.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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La ONU aplaude la rápida adopción de un tratado contra la pesca ilegal            

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Más de cien países han firmado ya el acuerdo internacional aprobado en 2016 con el objetivo de es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graziano da Silva,  felicitó hoy a los más de 100 países que se comprometieron con la lucha contra la pesca insostenible e ilegal, al adoptar rápidamente el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP).

El objetivo del tratado internacional mediado por la Organización es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entró en vigor en 2016 y en la actualidad 87 naciones son Partes de este.

Da Silva calificaba este lunes en Santiago de Chile la adopción del Acuerdo como un “logro fantástico”.

El Acuerdo pide a los buques extranjeros someterse a inspecciones en cualquier puerto de escala, en caso de considerarlo necesario los Estados donde se produzca ese paro, y que si eventualmente se detectan violaciones al reglamento se comparta la información.

El tratado sirve también para reforzar las normas previas donde se pedía a los países controlar las actividades de sus propias flotas pesqueras, y está diseñado para aumentar el costo de la pesca irregular, al dificultar la venta de los peces capturados de forma ilegal.

La Organización estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada asciende hasta 26 millones de toneladas al año, o alrededor de una quinta parte de las capturas mundiales. Además, socava los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible.

Actualmente, la FAO calcula que un tercio de las poblaciones de peces del mundo se capturan en niveles biológicamente insostenibles, tres veces más que a mediados de los años setenta.

 “Una de las principales condiciones para que el Acuerdo produzca buenos resultados es tener una gran cantidad de países que eviten que los barcos desembarquen sus capturas ilegales”, dijo Graziano da Silva. “De lo contrario, si un barco no puede desembarcar en un país determinado, lo hará en un país vecino”.

 Actualmente, las Partes adherentes comprenden más de la mitad de los Estados costeros del planeta.

La reunión de las partes se celebra en Santiago de Chile del 3 al 6 de junio y su trabajo “es crítico para la búsqueda común de salvaguardar los recursos marinos globales y lograr un desarrollo sostenible”. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada pone en riesgo los medios de vida de millones de personas y distorsiona los mercados de una importante industria mundial.

La FAO aprovechó la celebración del encuentro para recordar que el próximo 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Informada y No Regulada.

Derecho Ambiental / International Law

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El Gobierno recurre la Ley de Illes Balears sobre evaluación ambiental

Fuente: Noticias Jurídicas

06 de mayo, 2019

-España-

 El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra los apartados 3 y 6 del artículo único de la Ley 9/2018 que modifica la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha mantenido que la redacción de esos dos artículos no se ajustan a la Constitución. En este sentido, ha recordado que en materia de medioambiente, “las comunidades autónomas no pueden, al amparo de sus propias competencias, imponer al Estado la obligación de someter a evaluación ambiental los programas y planes que ostenta en materia de sus competencias”.

Además, ha precisado que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia estatal y los insulares, por lo que el Gobierno pide el recurso.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Colorado enacts sweeping oil and gas law                         

Source: Jurist

April 18, 2018

-United States-

 Colorado Governor Jared Pollis signed a bill Tuesday granting the state more power to regulate oil and mineral operations.

Sections 1 and 2 of the new law repeal previous legislative provisions that grant local governments jurisdiction over oil and gas operations within their territories only if the Colorado oil and gas conservation commission allows it. The previous version of the law also had an exemption that prevented Colorado counties from regulating industry facility noise. The new law gets rid of that exemption.

Section 3 grants the state the ability to regulate the state’s methane, hydrocarbons, volatile organic compounds and oxides of nitrogen emissions.

Section 4 grants state institutions more power and ability monitor, investigate and oversee industry operations within the state. If there is non-compliance, then the state has the power to impose fines on members of the industry. The new law also encourages industry members to proactively seek compliance review from the conservation commission.

The current incarnation of the law maintains a nine-member regulatory commission. However, three of the panel members previously had to be from the oil and gas industry. Section 7 of the new law reduces this requirement to just one panel member.

Section 11 sets up modifications to the state’s industry permitting system.

Section 16 grants $770,959 to the department of natural resources in order to implement the act.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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El Supremo determina que las organizaciones ambientales están exentas de pagar costas        

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto –de 13 de marzo de 2019–, ha dejado sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenada una organización medioambiental sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita.

El Alto Tribunal admite, por primera vez, que una organización ambiental sin ánimo de lucro a la que le ha sido reconocida la justicia gratuita reconocida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente –conocida popularmente como Ley Aarhus– no está obligada a abonar las costas judiciales, al ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El ponente, el magistrado Tolosa Tribiño, determina que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, , no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos, y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales que se había practicado.

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) no tendrá que abonar los 11.260 euros que el propio TS había aprobado en concepto de costas tras desestimar una demanda que había presentado esta institución de defensa del medio ambiente.

El IIDMA presentó en 2017 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición para grandes instalaciones de combustión (GIC).

Dicho Plan, al que están acogidas la mayoría de las centrales térmicas españolas, supone una excepción a la obligación de operar conforme a valores límites de emisión más estrictos que dicta la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes.

Tras un año y medio de proceso, el Alto Tribunal desestimó el recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018 y condenó en costas a la organización. En enero de 2019 se aprobaron los decretos que aprobaban la tasación de costas practicada, que fueron recurridos en revisión por el Instituto.

La Ley Aarhus incorpora al derecho español las obligaciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte desde 2005.

Protección medioambiental

“El hecho que el TS haya reconocido por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos, supone un gran paso para la protección del medio ambiente en nuestro país y una victoria del estado de derecho”, explica Ana Barreira, Directora de IIDMA.

“Gracias al Convenio de Aarhus, conocido como convenio de la democracia ambiental, una de las principales barreras al acceso a la Justicia en materia ambiental ha sido superada. Las organizaciones ambientales en muchas ocasiones nos vemos obligadas a acudir a los tribunales de justicia porque la legislación en materia ambiental no se respeta en muchas ocasiones. No olvidemos que la legislación ambiental responde a la necesidad de proteger nuestro Planeta. Por ello, vencida esa barrera nuestra labor se facilita”, afirma Ana Barreira.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Castilla y León dan el primer paso para “blindar” la caza por ley                            

Fuente: El País

13 de marzo, 2019

-España-

 El parlamento autonómico de Castilla y León ha dado el primer paso este miércoles para “blindar la caza”, suspendida cautelarmente por la justicia desde finales de febrero. Ha admitido a tramite la proposición de la modificación de la Ley de Caza de 1996 con los votos a favor del PP, Ciudadanos y PSOE, mientras que Podemos se ha abstenido e IU-Equo se ha manifestado en contra.

El Gobierno del PP y los partidos de la oposición PSOE y Ciudadanos presentaron conjuntamente la medida hace una semana para “salvar” la actividad cinegética en la región, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYJ) suspendiera el decreto autonómico y la orden anual de caza. Ambas normas regulan las especies que se pueden capturar y los periodos de veda (lo que implicaba la paralización de dicha actividad).

La decisión judicial argumenta que la Junta no ha realizado estudios y carece de datos objetivos que justifiquen que las especies pueden ser cazadas sin suponer un riesgo para su conservación. La modificación de ley pretende incluir dicha lista de animales en la ley autonómica y  no en un decreto que se pueda recurrir.

“Queremos blindar por ley la caza en Castilla y León. Viva la caza. Viva Castilla y León”, ha subrayado enérgicamente el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El popular ha arremetido contra los grupos animalistas como PACMA que han recurrido la normativa ante la justicia. “El problema no es la caza, sino la libertad. Una minoría, cuyas ideas merecen nuestro respeto, quiere imponer su forma de vida a la mayoría silenciosa”, ha opinado. Fernández Mañueco ha destacado la importancia de la caza para la economía regional y para el equilibrio del medio ambiente. Castilla y León es la comunidad española con más porcentaje de terrenos dedicados a ese uso, un 20% del total nacional.   

El partido socialista ha culpado al Ejecutivo popular de la decisión judicial y ha enumerado los autos que, desde 2004, los tribunales han fallado en contra de la Junta por los mismos motivos. El procurador socialista José Luis Aceves ha subrayado que su partido, “el garante de salvar” la caza y ha recriminado las acciones que Gobierno ha llevado a cabo en los últimos años ante las decisiones judiciales. “Con la propuesta de modificación el Partido Popular intentaba sacar pecho cuando el TSJCYJ le estaba sacando los colores”, ha añadido.

Ciudadanos ha destacado la importancia de redactar en la próxima legislatura un nuevo proyecto de ley sobre la caza, a la que ha calificado de fundamental para combatir el despoblamiento y mantener el equilibrio natural en los municipios de la región. “Si eliminamos la caza en Castilla y León, eliminaremos la esencia de la comunidad”, ha comentado José Ignacio Palacios de Ciudadanos. 

Féliz Díez Romero, procurador de Podemos, ha calificado la medida como “un parche que coge las especies cinegéticas de un cajón y las mete en otro”. Díez ha reiterado la postura a favor de la caza de su grupo, pero ha insistido en que la solución no es apoyar al Gobierno del PP con la modificación de ley, por lo que han preferido abstenerse en la votación. Izquierda Unida-Equo, partido que ha votado en contra, ha afirmado que la aprobación de esta medida sigue sin contar con los informes que demuestren que muchas de las especies de la lista cinegética no están en peligro. “Por ejemplo, no hay datos del  zorzal alirrojo y que, según la directiva de aves, al no haber datos, no puede ser cinegética. Todo lo que hacía mal la Junta, viene elevado a ley. Lo que no consiguen hacer con decretos, lo quieren hacer con una ley para que no se pueda denunciar”, ha explicado José Sarrión, procurador de IU-Equo.