Derecho Ambiental

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Solicitan a la Corte Suprema que declare al Delta del Paraná sujeto de derecho

Fuente: APF Digital

08 de julio, 2020

-Argentina-

 “Pedimos la urgente protección del Delta en toda su extensión, y no sectorizado solamente a las Islas de Victoria, porque entendemos que es un ecosistema esencial para toda la región para la mitigación y adaptación al cambio climático”, informó la abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sasia.

Al respecto, explicó que dotar de sujeto de derecho al Delta -como organismo vivo- implica cederle derechos semejantes a los que tenemos los seres humanos, entendiendo desde una visión ecocéntrica que la naturaleza es un ser vivo más que no está separada del hombre.

En diálogo con esta Agencia, indicó que lo que tiene de particular esta causa es que se representa niñas y niños, ya que ellos por su corta edad no pueden estar en las tomas de decisiones y formar parte del proceso, pero son quieren van a pasar la mayor parte de sus vidas tolerando las decisiones que no se tomaron en el presente.

“Por eso, exigen la participación como generaciones futuras; por el rol elemental que desempeña este humedal para la adaptación al cambio climático. Son conscientes que las afectaciones del mal uso del suelo, de los terraplenes, de la extinción de especies y las quemas e incendios, son pérdidas que pueden tener repercusiones en el ambiente que tendrán que habitar 2030/2040 cuando ya sean adultos”, argumentó.

En ese sentido, y en el marco de la presentación realizada ante la Corte Suprema, Sasia indicó que consideran fundamental que se modifique la administración del suelo en esos territorios por más que sean privados: “La propiedad privada no es absoluta y se tiene que limitar su uso pensando en lo que significan estos territorios para la humanidad, la biodiversidad y los ecosistemas”, dijo.

Además, el Foro Ecologista de Paraná´ y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental exigieron que se conforme un comité que delinee el uso del suelo y que bregue para que todo lo que se haga en el Delta tenga como fin su preservación y manutención.

Por último, mencionó que “todo esto se pudo haber evitado, ya que el Delta jamás hubiera sufrido semejante daño si el hombre no existiera”, y advirtió que “el avance desmedido del agronegocio convalidó la práctica ganadera en estos territorios”. (APFDigital)

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Los animales salvajes encontrados en ciudades también están protegidos por la normativa de hábitats

Fuente: Noticias Jurídicas

11 de junio, 2020

-España-

 En su sentencia Alian?a pentru combaterea abuzurilor (C-88/19), de 11 de junio de 2020, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre el ámbito de aplicación territorial del sistema de protección rigurosa de determinadas especies animales establecida por el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 92/43, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 1 (en lo sucesivo, «Directiva hábitats»).

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha confirmado que este sistema de protección rigurosa previsto para las especies enumeradas en el anexo IV, letra a), de dicha Directiva, como el lobo, también es aplicable a especímenes que abandonan su hábitat natural y se encuentran en zonas habitadas por el hombre.

En 2016, el personal de una asociación protectora de animales, en compañía de un veterinario, procedió a la captura y al transporte, sin autorización previa, de un lobo que frecuentaba la vivienda de un residente de un pueblo rumano situado entre dos grandes lugares protegidos en virtud de la Directiva hábitats. Sin embargo, el transporte a una reserva natural del lobo capturado no transcurrió según lo previsto, y el animal logró huir al bosque circundante. Se presentó una denuncia penal por infracciones relacionadas con la captura y el transporte en malas condiciones de un lobo. En el marco de ese procedimiento penal, la Judec?toria Z?rne?ti (Tribunal de Primera Instancia de Z?rne?ti, Rumanía) se pregunta si las disposiciones protectoras de la Directiva hábitats son aplicables a la captura de lobos silvestres en la periferia de una población o en el territorio de una unidad administrativa.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha recordado que el artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva hábitats obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales protegidas, «en su área de distribución natural», prohibiendo toda forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de tales especies «en la naturaleza». En cuanto al ámbito de aplicación territorial de esta prohibición de captura o de sacrificio deliberados, el Tribunal de Justicia ha señalado que, por lo que respecta a las especies animales protegidas que, como el lobo, ocupan vastos territorios, el concepto de «área de distribución natural» es más amplio que el espacio geográfico que presenta los elementos físicos o biológicos esenciales para su vida o reproducción, correspondiendo de este modo al espacio geográfico en el que la especie animal de que se trate está presente o se extiende dentro de su forma natural de comportamiento. De ello se deduce que la protección establecida en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva hábitats no contiene límites ni fronteras, de manera que no puede considerarse que un espécimen silvestre de una especie animal protegida que se encuentre en las proximidades o en el interior de zonas habitadas por el hombre o que transite por esas zonas o se alimente de recursos de producción humana sea un animal que ha abandonado su «área de distribución natural».

Esta interpretación resulta corroborada por la definición que figura en el artículo 1, apartado 1, letra f), del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre, 2 según la cual el concepto de «área de distribución» de una especie tiene en cuenta las zonas de cualquier clase que atraviese esa especie.

En consecuencia, según el Tribunal de Justicia, el tenor del artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva hábitats, que prohíbe la captura o el sacrificio deliberados de las especies protegidas «en la naturaleza», no permite excluir del ámbito de protección de esta disposición las zonas habitadas por el hombre. El empleo de los términos «en la naturaleza» solo está destinado a precisar que las prohibiciones establecidas en la referida disposición no se aplican necesariamente a los especímenes que son objeto de una forma legal de cautividad. La interpretación según la cual la protección establecida en el artículo 12, apartado 1 letra a), de la Directiva hábitats no comporta límites ni fronteras estrictas permite asimismo alcanzar el objetivo perseguido por dicha disposición. Se trata, en efecto, de proteger las especies en cuestión no solo en algunos lugares, definidos de manera restrictiva, sino también los especímenes de las mismas que viven en la naturaleza o en estado salvaje y que cumplen con ello una función en los ecosistemas naturales. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha añadido que, en múltiples regiones de la Unión, como sucede en la del presente asunto, los lobos viven en zonas ocupadas por el hombre y la antropización de estos espacios también ha llevado a una adaptación parcial de los lobos a esas nuevas condiciones. Por otra parte, el desarrollo de infraestructuras, la explotación forestal ilegal, las explotaciones agrícolas y determinadas actividades industriales contribuyen a ejercer presión sobre la población de lobos y sobre su hábitat.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia ha concluido que la obligación de proteger rigurosamente las especies animales protegidas se aplica a toda el «área de distribución natural» de esas especies, ya se encuentren en su hábitat natural, en zonas protegidas o en las proximidades de asentamientos humanos.

En cuanto a la gestión de las situaciones que pueden crearse cuando un espécimen de una especie animal protegida entra en contacto con los humanos o con sus bienes, en particular los conflictos derivados de la ocupación por el hombre de los espacios naturales, el Tribunal de Justicia ha recordado a continuación que incumbe a los Estados miembros adoptar un marco legislativo completo que, conforme al artículo 16, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva hábitats, puede comprender medidas para evitar daños graves, en especial a los cultivos o al ganado, o medidas tomadas en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico.

De este modo, el Tribunal de Justicia ha confirmado que la captura y el transporte de un espécimen de una especie animal protegida, como el lobo, solo pueden efectuarse en el marco de una excepción adoptada por la autoridad nacional competente en virtud del artículo 16, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva hábitats, y basada, en particular, en un motivo de seguridad pública. 

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La CNMC publica el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Fuente: Noticias Jurídicas

20 de mayo, 2020

-España-

  La CNMC ha publicado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que analiza los cambios normativos propuestos por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España en la materia. (IPN/CNMC/004/20).

El texto alude a la diversificación del mix energético (estrictamente referido a fuentes renovables) y la regulación del sector energético, así como a la sostenibilidad en los transportes y la movilidad (terrestre, marítima y aérea). Además, se contemplan medidas de transición hacia nuevos escenarios económicos derivados del cambio climático.

Retribución de renovables

La CNMC considera positivo que se mantenga un sistema basado en la competencia entre las distintas empresas para impulsar el desarrollo de instalaciones de generación renovables. Sin embargo, explica que es demasiado rígido fijar un volumen mínimo de puesta en servicio de al menos 3.000 MW cada año y hacerlo además a través de una ley. 

En cuanto al sistema de retribución propuesto, que dejará de tomar como referencia  la capacidad instalada para tener en cuenta un precio fijo por la energía generada, la CNMC señala que no está claro si estos procedimientos de concurrencia competitiva o subastas son compatibles o mutuamente excluyentes con los previstos en la vigente Ley del Sector Eléctrico. 

La CNMC considera positivo que el nuevo sistema retributivo tenga en cuenta las distintas tecnologías y sus diversos costes de producción. De lo contrario, tecnologías complementarias a la eólica y la fotovoltaica a gran escala podrían no encontrar incentivos a su instalación. 

Además, es importante que las subastas que se convoquen se analicen siempre bajo la normativa europea de ayudas de Estado, que solo permite retribuir las instalaciones renovables que no sean competitivas solo con la venta a mercado.

Obligación de comunicación a la CNMC

Por otra parte, considera muy positivo que el texto contemple que se imponga a los grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad o gas natural (como Red Eléctrica de España, Enagás Transporte  y Reganosa),  la obligación de comunicar a la CNMC las adquisiciones que realicen en  actividades de diversificación y de internacionalización. 

La CNMC recuerda que se trata de grupos empresariales cuya cifra de negocios procede en su mayoría de la sociedad que desempeña actividades reguladas. Esto significa que su actividad y las funciones que le han sido legalmente atribuidas revisten una extraordinaria importancia estratégica para el sector eléctrico o gasista. 

Además, la CNMC propone ampliar la redacción de la disposición final segunda del anteproyecto para impedir que las sociedades que ejercen actividades reguladas puedan otorgar directamente préstamos a otras sociedades de su mismo grupo empresarial.

Asimismo, la CNMC propone que se le incluya en el grupo de organismos (Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) que, cada dos años, tendrán que elaborar informes sobre el riesgo para el sistema financiero y energético español derivado del cambio climático y de las políticas llevadas a cabo para combatirlo.

Almacenamientos de energía

En cuanto a  la titularidad de las instalaciones de almacenamiento, sería oportuno transponer los aspectos de la Directiva (UE) 2019/944 que establecen que los gestores de redes de distribución o de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía, salvo excepciones autorizadas.

Además, considera que conviene aclarar si la modificación introducida en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, podría conllevar perder, como ingresos del sistema eléctrico, todos o parte de los procedentes de las subastas de derechos de emisión.

Puntos de recarga eléctrica y contratación pública

Por otra parte, sobre la obligación para los titulares de estaciones de servicio de instalar puntos de recarga del coche eléctrico, la CNMC señala que  se debería permitir, como alternativa a que ellos mismos realizaran la inversión, que fuera un tercero (contrato de hospitalidad) el que utilizara el espacio de la estación de servicio e instalara y gestionara el punto de recarga.

Finalmente, la CNMC recuerda que al utilizar la contratación pública como un instrumento para luchar contra el cambio climático, se debe tener en cuenta que los criterios medioambientales estén relacionados con el objeto del contrato, ser objetivos, respetuosos con los principios  de contratación pública y figurar, junto con la valoración que se les atribuya, en el pliego correspondiente. 

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Galicia aprueba un nuevo decreto de inspección ambiental

Fuente: Noticias Jurídicas

05 de febrero, 2020

-España-

El Decreto 7/2019, de 9 de enero, tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de la inspección ambiental en Galicia, la cual ejercerá sus funciones respecto a las instalaciones y a las actividades de cualquier tipo que sean susceptibles de afectar negativamente al medio ambiente y que se encuentren o desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

La nueva norma deroga la regulación sobre la materia vigente hasta ahora, contenida fundamentalmente en el Decreto 156/1995, de 3 de junio, por el que se regula la inspección ambiental, y la Orden de 30 de mayo de 1996 por la que se regula el ejercicio de la inspección ambiental única y la tramitación de las denuncias ambientales, desactualizada ya en relación con la normativa comunitaria y estatal básica, entre la que cabe destacar la Recomendación 2001/331/CE, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, y el Reglamento (CE) 1013/2006, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, posteriormente modificado por el Reglamento (UE) 660/2014, de 15 de mayo de 2014.

A nivel estatal deben citarse el Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Funciones

La finalidad del ejercicio de la inspección ambiental es garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de utilización racional de los recursos naturales, así como garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Sus funciones consisten en el control y vigilancia de aquellas actividades e instalaciones susceptibles de afectar negativamente al medio ambiente, verificar el cumplimiento y la eficacia de las condiciones establecidas en los instrumentos preventivos ambientales, contribuir a mejorar el comportamiento ambiental de las instalaciones y actividades y, en su caso, constatar hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa o de delito ambiental.

Planificación de las inspecciones ambientales

El decreto establece que la dirección general competente en materia de calidad ambiental asegurará la adecuada y suficiente dotación de medios personales y materiales para el sistema de inspección ambiental, velando por la aptitud profesional del personal que lo integre y proporcionando los recursos necesarios para la prestación del servicio en condiciones de seguridad y eficacia.

Además, deberán elaborarse planes de inspección ambiental que incluyan dichas actividades e instalaciones susceptibles de afectar negativamente al medio ambiente con el objetivo de articular, programar y racionalizar las inspecciones ambientales. En ellos se adoptarán medidas para incluir el análisis de todos los efectos ambientales relevantes de las instalaciones y actividades cubiertas por los mismos y se tendrán en cuenta los criterios fijados al respecto en la legislación básica estatal y, especialmente, la implantación por los titulares de las instalaciones y actividades de un sistema de gestión ambiental.

El texto detalla el contenido mínimo de dichos planes, dentro del cual se incluye la evaluación general de los problemas ambientales más importantes y un registro de las instalaciones y actividades cubiertas por el plan, distinguiendo al menos entre las sometidas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, las no sometidas a tal normativa y los traslados transfronterizos de residuos.

Por otra parte, el Decreto recoge también la elaboración anual por la dirección general competente en materia de calidad ambiental de un programa de inspección ambiental que incluya la frecuencia de las visitas de inspección a los distintos tipos de instalaciones y actividades cubiertas por el plan de inspección ambiental, señalando el contenido del mismo, así como de una memoria anual en la que se describan y valoren las actuaciones inspectoras realizadas y sus resultados, así como el grado de cumplimento de la planificación de las inspecciones ambientales.

Función inspectora

El Decreto establece diversos criterios de clasificación de las actividades inspectoras:

– Por la existencia o no de una programación preestablecida, las inspecciones ambientales pueden clasificarse en prefijadas o programadas o no prefijadas o no programadas

– por el momento en el que se realizan, se pueden clasificar en inspecciones previas al otorgamiento de una autorización, inspecciones de oficio durante el funcionamiento de una actividad e inspecciones en virtud de denuncia

– por la tipología de las instalaciones o actividades inspeccionadas, se clasifican en inspecciones a actividades o instalaciones sometidas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, inspecciones a actividades o instalaciones no sometidas a tal normativa e inspecciones a los traslados transfronterizos de residuos

Menciona también el texto, por otra parte, las actuaciones informativas, es decir, aquéllas encaminadas a fomentar la observancia de la normativa ambiental y la mejora del comportamiento ambiental en determinados sectores de actividad empresarial, así como la implantación de las mejores técnicas disponibles y de sistemas de gestión ambiental, a los efectos de minimizar sus posibles riesgos ambientales. Con ellas se pretende contribuir a la mejora del comportamiento ambiental de las actividades económicas y a la implantación tanto de las mejores técnicas disponibles como de los sistemas de gestión ambiental.

La norma establece los requisitos que han de cumplirse para ostentar la condición de personal inspector, al cual atribuye la consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, detalla las facultades y deberes del personal que realice inspecciones ambientales y regula el procedimiento para llevar a cabo un adecuado ejercicio de las inspecciones ambientales.

Por lo que respecta a la documentación dimanante de dichas inspecciones, el texto se refiere tanto a la elaboración y contenido de las actas, como los informes sobre la actuación de inspección realizada.

Y por último, el Decreto incluye una regulación específica de las denuncias ambientales, por las cuales cualquier persona podrá poner en conocimiento de la Administración hechos que pudieran ser constitutivos de amenazas inminentes de daños medioambientales, daños medioambientales, delitos ambientales o infracciones administrativas.

Modificaciones legislativas

Se deroga el Decreto 156/1995, de 3 de junio, de inspección ambiental, y la Orden de 30 de mayo de 1996, por la que se regula el ejercicio de la inspección ambiental única y la tramitación de denuncias ambientales.

Entrada en vigor

El Decreto 7/2019, de 9 de enero, entrará en vigor el 17 de febrero de 2020, a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Trump administration notifies UN of US withdrawal from Paris Agreement

Source: Jurist

November 05, 2019

 The US government notified the UN on Monday of its intent to withdraw from the Paris Agreement. In remarks made in June 2017, President Donald Trump announced the decision to withdraw from the Paris Agreement due to the “unfair economic burden” imposed upon American workers and businesses.

In the press statement released on Monday, Secretary of State Michael Pompeo said:

The U.S. approach incorporates the reality of the global energy mix and uses all energy sources and technologies cleanly and efficiently, including fossils fuels, nuclear energy, and renewable energy. In international climate discussions, we will continue to offer a realistic and pragmatic model⁠—backed by a record of real world results⁠—showing innovation and open markets lead to greater prosperity, fewer emissions, and more secure sources of energy. We will continue to work with our global partners to enhance resilience to the impacts of climate change and prepare for and respond to natural disasters. Just as we have in the past, the United States will continue to research, innovate, and grow our economy while reducing emissions and extending a helping hand to our friends and partners around the globe.

The US submitted a formal withdrawal notification to the UN, and the withdrawal will take effect one year from delivery of the notification.

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US House approves animal cruelty prevention Bill

Source: Jurist

October 23, 2019

-United States-

 The US House of Representatives approved a bill Tuesday aimed at preventing animal cruelty.

The bill, known as the “Preventing Animal Cruelty and Torture Act” or the “PACT Act,” is particularly aimed at preventing and punishing animal crushing by making it illegal for people to crush animals. It is also makes it illegal for people to create animal crushing videos that will be distributed. Finally, it makes it illegal for people to knowingly distribute those videos. Anybody who is found guilty of doing any of these things “shall be fined under this title, imprisoned for not more than 7 years, or both.”

There are a number of exceptions detailed in the bill. The bill does not criminalize any conduct that is “a customary and normal veterinary, agricultural husbandry, or other animal management practice.” It also does not criminalize medical research, hunting or fishing, or any conduct that is “performed as part of euthanizing an animal.”

Regarding the distribution of videos portion of the bill, the bill allows for “the good-faith distribution of an animal crush video” to authorities and to third parties “for the sole purpose of analysis to determine if referral to a law enforcement agency is appropriate.”

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La Comisión remite a España ante el TJUE por la mala calidad de su aire           

Fuente: Noticias Jurídicas

25 de julio, 2019

 España tendrá que poner solución al problema de la contaminación del aire de sus ciudades o tendrá problemas con la UE. La Comisión Europea ha decidido este jueves remitir a España y a Bulgaria ante el TJUE por la mala calidad de su aire, al sobrepasar de forma constante los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en el caso español, y de dióxido de azufre (SO2) en el país búlgaro. 

La decisión tomada forma parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

Los datos más recientes sobre la calidad del aire español confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE respecto a los índices de dióxido de nitrógeno, según informa el órgano ejecutivo comunitario. 

En concreto, la Comisión constata altos niveles de contaminación en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat, entre otras localidades. 

Según los datos provenientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al dióxido de nitrógeno casi 9 000 muertes prematuras al año. 

Los niveles de calidad del aire en la Unión y las obligaciones de los Estados Miembros con respecto a este compromiso están regulados en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Las decisiones de hoy forman parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

La obligación de España con la UE

Los países miembros de la UE tienen un compromiso para adoptar planes de calidad del aire y garantizar medidas adecuadas para que los valores sea lo más bajos posibles.

La contaminación atmosférica sigue siendo, según la Comisión, el principal problema de salud ambiental de la UE. 

Según las estimaciones que maneja el organismo comunitario, anualmente 400.000 muertes prematuras son atribuibles a la contaminación atmosférica, y unos costes económicos directos superiores a 20 000 millones de euros al año. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) procede principalmente de actividades humanas, como el tráfico por carretera, sobre todo de los vehículos diésel, y la industria.

Según el Derecho de la UE, desde enero de 2005 los Estados miembros deben cumplir los valores límite para las PM10 y el SO2, mientras que, en el caso del NO2, deben hacerlo desde enero de 2010.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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India court rules in favor of legal person status for all animals

Source: Jurist

June 03, 2019

A single judge bench of India’s Punjab and Haryana High Court held on Friday that the “entire animal kingdom including avian and aquatic” species has a “distinct legal persona with corresponding rights, duties, and liabilities of a living person.”

Judge Rajiv Sharma ruled, “all the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons in loco parentis as the human face for the welfare/protection of animals,” implying that citizens have legal responsibilities and functions similar to those of a parent vis-à-vis minor children for the welfare and protection of animals.

The court arrived at the decision in a criminal revision petition filed by individuals convicted of unlawfully exporting cows from Haryana under Section 4B of the Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, a statute applicable to both Punjab and Haryana. The judge upheld the conviction of the accused but did not mete out a prison sentence, saying that the accused “are suffering agony and trauma by facing criminal proceedings for about 15 years.” Haryana police arrested the convicts in 2004.

“All animals have honor and dignity. Every species has an inherent right to live and is required to be protected by law. The privacy and the rights of animals are to be respected and protected from unlawful attacks,” the judge said. The judgment relies on jurisprudence from India’s Supreme Court, which had ruled in Animal Welfare Board of India vs. Nagaraja that the right to dignity and fair treatment as enshrined in and arising out of Article 21 of India’s Constitution is “not confined to human beings alone, but animals as well.”

Friday’s decision saw the court issuing several “mandatory directions” for the “welfare of the animal kingdom” in Haryana. It directed the state government to ensure that draft animals do not carry loads exceeding prescribed limits, and to ensure that no animal carries a weight or load in excess of the weights prescribed by regulations such as the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules.

Furthermore, the state government is to ensure that weight carried by an animal is reduced by 50 percent if the route traversed involves an ascent exceeding the limit prescribed by the court. For this purpose, the court ruled that a gradient over 3 meters per 30 meters triggers the threshold. No more than four people, excluding the driver and children below six years of age, are allowed to ride an animal-drawn vehicle. No person is permitted to keep or cause to be kept in harness any animal used for drawing vehicles where the temperature exceeds 99°F or is below 41°F. The court held that the use of sharp equipment to brutalize animals is banned throughout the state of Haryana “to avoid bruises, swelling, abrasions or severe pain to the animal.”

Many other directions, including ones related to veterinary care, housing, and food for animals, were issued in the 104-page judgment.

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La ONU aplaude la rápida adopción de un tratado contra la pesca ilegal            

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Más de cien países han firmado ya el acuerdo internacional aprobado en 2016 con el objetivo de es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graziano da Silva,  felicitó hoy a los más de 100 países que se comprometieron con la lucha contra la pesca insostenible e ilegal, al adoptar rápidamente el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP).

El objetivo del tratado internacional mediado por la Organización es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entró en vigor en 2016 y en la actualidad 87 naciones son Partes de este.

Da Silva calificaba este lunes en Santiago de Chile la adopción del Acuerdo como un “logro fantástico”.

El Acuerdo pide a los buques extranjeros someterse a inspecciones en cualquier puerto de escala, en caso de considerarlo necesario los Estados donde se produzca ese paro, y que si eventualmente se detectan violaciones al reglamento se comparta la información.

El tratado sirve también para reforzar las normas previas donde se pedía a los países controlar las actividades de sus propias flotas pesqueras, y está diseñado para aumentar el costo de la pesca irregular, al dificultar la venta de los peces capturados de forma ilegal.

La Organización estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada asciende hasta 26 millones de toneladas al año, o alrededor de una quinta parte de las capturas mundiales. Además, socava los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible.

Actualmente, la FAO calcula que un tercio de las poblaciones de peces del mundo se capturan en niveles biológicamente insostenibles, tres veces más que a mediados de los años setenta.

 “Una de las principales condiciones para que el Acuerdo produzca buenos resultados es tener una gran cantidad de países que eviten que los barcos desembarquen sus capturas ilegales”, dijo Graziano da Silva. “De lo contrario, si un barco no puede desembarcar en un país determinado, lo hará en un país vecino”.

 Actualmente, las Partes adherentes comprenden más de la mitad de los Estados costeros del planeta.

La reunión de las partes se celebra en Santiago de Chile del 3 al 6 de junio y su trabajo “es crítico para la búsqueda común de salvaguardar los recursos marinos globales y lograr un desarrollo sostenible”. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada pone en riesgo los medios de vida de millones de personas y distorsiona los mercados de una importante industria mundial.

La FAO aprovechó la celebración del encuentro para recordar que el próximo 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Informada y No Regulada.

Derecho Ambiental / International Law

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El Gobierno recurre la Ley de Illes Balears sobre evaluación ambiental

Fuente: Noticias Jurídicas

06 de mayo, 2019

-España-

 El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra los apartados 3 y 6 del artículo único de la Ley 9/2018 que modifica la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha mantenido que la redacción de esos dos artículos no se ajustan a la Constitución. En este sentido, ha recordado que en materia de medioambiente, “las comunidades autónomas no pueden, al amparo de sus propias competencias, imponer al Estado la obligación de someter a evaluación ambiental los programas y planes que ostenta en materia de sus competencias”.

Además, ha precisado que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia estatal y los insulares, por lo que el Gobierno pide el recurso.