Derecho Ambiental

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Federal appeals court allows construction of border barriers over environmental groups’ objections 

Source: Jurist

February 12, 2019

-United States-

The US Court of Appeals for the Ninth ruled Monday that the Department of Homeland Security (DHS) had the legal authority to repair and replace existing fences and walls along the Mexican border in southern California without following certain requirements of federal environmental protection laws.

The appeals court’s ruling upholds a lower district court’s decision in a lawsuit brought by the California Attorney General Xavier Becerra and a number of environmental activist groups, including the Center for Biological Diversity, the Sierra Club and the Defenders of Wildlife, who argued that the DHS’s waiver of environmental protection statutes when expediting the construction of the border barriers was illegal.

The court was unmoved by the arguments, finding that the authorizing statute, the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, expressly delegates the Secretary of the DHS “the authority to waive all legal requirements” required to enforce the law, including environmental statutes. Circuit Judge M. Margaret McKeown, writing the majority opinion, described the decision to side with the Trump administration as mere common sense. “To suggest that Congress would authorize DHS to build new border barriers but prohibit the maintenance, repair, and replacement of existing ones makes no practical sense” she said in the opinion. Since the DHS is authorized to repair and replace the walls, and the Secretary of the DHS is authorized to waive environmental protection statutes in pursuit of these projects, “the environmental claims are precluded by the Secretary’s waiver” and the district court was correct in its summary judgement in favor of the DHS.

A separate dissent by Circuit Judge Callahan stated that he agreed in the dismissal of the lawsuit, but felt that the appellate court had no jurisdiction and that the Supreme Court is the only body with the authority to hear the appeal.

The decision comes while a similar challenge is pending before a federal court in Washington, DC, for sections of the border in Texas. The US Supreme Court recently refused to hear an appeal stemming from another environmental challenge to the proposed California border wall.

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Derecho Ambiental / Environmental Law

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Senate approves over 1.3 million acres for conservation lands, rivers, national monuments    

Source: Jurist

February 13, 2019

-United States-

The US Senate voted 92-8 Tuesday to approve legislation setting aside nearly two million acres of public land for conservation—a bipartisan package of more than 100 public lands, natural resources and water bills.

The bill designates 1.3 million acres in western states with the most stringent classification of “wilderness,” prohibiting any development or motor vehicles. It sets aside hundreds of miles of rivers and trails for conservation. In addition, it expands national parks and creates five new national monuments: Medgar and Myrlie Evers Home National Monument in Mississippi, Mill Springs and Camp Nelson in Kentucky, Saint Francis Dam site in Los Angeles, and 850 acres in Utah as the Jurassic National Monument.

The bill includes the permanent reauthorization of the Land and Water Conservation Fund, which expired last fall before Congress could agree on new wording. The fund collects fees from oil and gas companies to pay for conservation programs along shorelines. Previously, the fund had to go through a reapproval process which left it vulnerable to lapse.

The bipartisan bill moves to the House of Representatives where it is expected to pass.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Consulta legítima minera y ordenamiento territorial en San Lorenzo (Nariño): construyendo democracia participativa y justicia ambiental desde el territorio     

Fuente: RIDH

14 de febrero, 2019

-Colombia-

En los últimos años, la consulta popular se había consolidado en Colombia como una alternativa para las comunidades que no desean que proyectos de economía extractiva se implementen en sus territorios, porque tienen visiones del desarrollo diferentes a la que el Estado central viene imponiendo desde la primera presidencia de Álvaro Uribe hasta el día de hoy. Frente a la oleada de consultas que empezaron a realizarse a lo largo y ancho del país, a través de las que muchas comunidades ejercieron su derecho a la participación ciudadana, bloqueando más de 100 proyectos extractivos, la respuesta ha sido regular de forma cada vez más restringida el alcance de este instrumento.

Así las cosas, en la sentencia SU 095 del 11 de octubre de 2018, emitida como respuesta a la consulta llevada a cabo en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional manifestó que este instrumento no tenía la potestad de bloquear las decisiones del Estado central en materia minero-energética. La Corte manifestó que en la aplicación de procesos de consulta popular no se puede ir en contra de la ley que establece que el subsuelo y los recursos naturales son de “todos los colombianos”, en cabeza del Estado central, y no de las comunidades locales. Esta sentencia causó mucha preocupación dentro de círculos académicos, de derechos humanos y organizaciones sociales tanto a nivel nacional como internacional, quienes a través de un comunicado solicitaron a la Corte Constitucional declarar su nulidad.

Entre los argumentos de quienes firman esta petición se destaca que la participación ciudadana es un derecho fundamental del orden constitucional colombiano y un principio básico de la lógica democrática, y que la consulta popular es un mecanismo que permite frenar los conflictos socio-territoriales de forma no violenta en un país donde aún existe un grave conflicto armado. Por otra parte, se afirma que la misma Corte Constitucional en el pasado había emitido sentencias en las que reconocía la capacidad de los entes territoriales para implementar diferentes instrumentos con el fin de determinar el uso del suelo a nivel local, ya que estos también son instituciones del Estado. Por otra parte, este comunicado resalta el hecho de que tanto en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia ante el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018), como en el reciente examen del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), realizado en 2017, se hicieron recomendaciones y observaciones el Estado sobre la implementación correcta de las consultas populares. Además, se afirma que esta sentencia viola el derecho fundamental al ambiente sano, consignado en la Constitución de 1991.

Como si fuera poco, el pasado miércoles 13 de febrero de 2019, la Corte Constitucional tumbó por unanimidad el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 sobre uso del suelo, que exigía que se realizaran consultas populares cuando existieran proyectos de turismo, minería o hidrocarburos que amenazaran con cambiar las actividades tradicionales de un territorio, declarándolo inexequible. De esta manera, la Corte Constitucional acaba de eliminar el único mecanismo de participación ciudadana que permitía a las comunidades expresarse en contra de la realización de proyectos extractivos en sus territorios, dejándolas en una casi total desprotección.

En este escenario tan preocupante, la iniciativa de la consulta popular legítima minera organizada por la comunidad campesina del municipio de San Lorenzo, ubicado en el Macizo andino en el norte de Nariño, adquiere una gran relevancia. Este ejercicio, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2018, puede orientar a otras organizaciones a que busquen alternativas para la defensa de los derechos humanos, constituyendo un ejemplo de construcción de democracia participativa y justicia ambiental desde abajo. Es por eso que la historia del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo cobra hoy más actualidad que nunca.

Todo inició en el año 2010, cuando para la sorpresa de la población lorenceña, la empresa minera Mazamorras Gold comenzó labores de exploración en los corregimientos de San Rafael y Santa Martha de este municipio, así como en las veredas Olaya y El Volador del vecino municipio Arboleda. Tras varias averiguaciones, organizaciones locales se dieron cuenta de que numerosos títulos para la exploración y explotación de oro, plata y coltán les habían sido concedidos a diversas multinacionales en la zona. Entonces, sorprendidas y temerosas de los numerosos impactos negativos sociales y ambientales que estos proyectos extractivos podían tener, las comunidades emprendieron acciones de resistencia frente a la llegada de las empresas. Desde ese momento hasta el día de hoy, han venido llevando a acabo una serie de estrategias creativas con el fin de garantizar su determinación de proteger el territorio.

La más destaca de estas estrategias ha sido la constitución del primer Territorio Campesino Agroalimentario de Colombia (TCAM). Organizaciones sociales del Macizo se reunieron y decidieron unificar a 17 municipios del Norte de Nariño y del sur del Cauca para crear una figura de territorialidad colectiva campesina alternativa bajo la figura del TCAM. A través de esta, las organizaciones de la región buscan promover el reconocimiento del campesinado como un sujeto colectivo de derechos, y así poder construir procesos organizativos sólidos que hagan posible implementar las visiones del desarrollo que las comunidades locales sueñan para sus territorios. Dada la coyuntura de la intensificación del extractivismo en Colombia, paralelo al desmonte progresivo de las herramientas jurídicas para detener su expansión, las comunidades reunidas en el TCAM se dieron a la tarea de realizar foros mineros locales, regionales y departamentales. En uno de estos foros, realizado el 2 de julio de 2017 en el municipio de Arboleda, las organizaciones vinculadas decidieron adelantar procesos de consulta popular para oficializar la voluntad de las comunidades y las instituciones locales de proteger la vocación agropecuaria de su economía y su desacuerdo con la imposición del extractivismo como visión de desarrollo del gobierno central.

Desde ese momento se dio inicio a la gestión necesaria para la realización de las consultas en 5 Municipios del TCAM. Según los integrantes del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo, los líderes y lideresas iniciaron acercamientos con la Alcaldía y el Concejo Municipal, quienes aceptaron apoyar la propuesta. Esta fue también revisada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, que dio el aval de constitucionalidad al proceso. Se había decidido entonces notificar a la Registraduría Nacional, para que iniciara el proceso logístico para realizar la consulta durante el mes de diciembre de 2017. Pero al igual que en muchos otros municipios de Colombia, obstáculos administrativos empezaron a surgir. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda afirmó que no contaba con recursos para financiar la consulta, y que había un conflicto de competencias entre el Estado nacional y los entes territoriales, negando en la práctica el derecho fundamental a la participación. Frente a esta traba, la alcaldía municipal de San Lorenzo se ofreció a adjudicar recursos propios para la realización de la consulta, pero la Registraduría se negó a aceptar el financiamiento, arguyendo que no podía ejecutar ninguna acción utilizando el dinero de un municipio.

Ante esta situación, el nueve de septiembre de 2018, varios líderes y lideresas del municipio de San Lorenzo se reunieron para pensar alternativas frente a la constante amenaza del reinicio de la actividad minera en el municipio, y la incapacidad de ejercer de manera concreta su derecho a la participación ciudadana. Entonces decidieron organizar la Consulta Popular Legítima, con el fin de volver esta situación en una oportunidad para hacer pedagogía y sensibilizar a la opinión pública nacional sobre la importancia de la democracia participativa construida desde el territorio, y dar un mensaje de protesta frente a las múltiples limitaciones que habían encontrado para ejercer la ciudadanía activa.

Es así como nace el Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio, espacio de articulación de diversas organizaciones sociales, comunitarias y de la institucionalidad local de San Lorenzo, a través del cual se decidió hacer realidad la consulta de manera autónoma y auto-gestionada, convocada para el día 25 de noviembre de 2018. Entonces empezó un maratónico proceso de dos meses, durante los que el Comité tuvo que encargarse de todos los aspectos de la realización de la consulta. Desde la preparación de los listados del censo electoral, pasando por la organización de los puestos de votación en cada uno de los corregimientos del municipio, incluyendo la coordinación de quiénes serían los jurados, conseguir las urnas y la papelería, y organizar los controles de seguridad de la mano de la policía. Los miembros del comité también tuvieron que responsabilizarse de hacer el conteo, de publicar los resultados, y por supuesto, de conseguir el presupuesto para financiar la actividad. El objetivo trazado fue obtener al menos 6.500 votos, es decir un poco más de la mitad del censo electoral de San Lorenzo. El proceso fue una carrera contrarreloj.

La realización de la consulta autónoma fue posible gracias al enfoque participativo, colaborativo e inclusivo con el que el Comité enfrentó este desafío. Sus integrantes se dieron a la tarea de convocar a todos los sectores de la comunidad alrededor de este proceso. Prácticamente la totalidad de las organizaciones, instituciones y sectores sociales, comunitarios, productivos, políticos e incluso religiosos de la comunidad de San Lorenzo fueron contactados para invitarlos a que se sumaran a este objetivo. También se convocó a diversas instituciones departamentales, regionales, nacionales e internacionales, para que participaran como observadores del proceso y garantizaran la total transparencia y la seriedad de este ejercicio de democracia desde abajo. La base jurídica del proceso sería la Constitución de 1991, que consagra el derecho al agua, al ambiente sano y a la participación ciudadana.

Así, iglesias, colegios, magisterio, partidos políticos, organizaciones, niños y adultos, universidades, ONG nacionales e internacionales, así como la Alcaldía municipal y la policía, estuvieron involucrados en la realización de la consulta. Fue un proceso altamente participativo y construido desde cada uno de los territorios que hacen parte de San Lorenzo. La campaña implicó un fuerte proceso de formación de la comunidad. Se llevaron a cabo asambleas corregimentales y veredales, reuniones de las juntas de acción comunal y de los acueductos comunitarios, y procesos pedagógicos en las escuelas y colegios. Vereda por vereda, casa por casa, el comité logró involucrar cada vez a más personas. Las plazas, escuelas y coliseos del municipio se llenaron de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a promover la democracia, con el fin de proteger el agua, base indispensable de la vida.

Esto es sin duda una experiencia democrática muy particular en un país como Colombia, en el que lo usual en las votaciones es que estas estén mediadas por un sinnúmero de prácticas nocivas como el clientelismo, la compra de votos y el intercambio de favores. La consulta popular legítima de San Lorenzo fue un proceso completamente libre de ofrecimientos, clientelismo, e intereses personales, impulsada por la única convicción de convencer a la ciudadanía de que la minería no es la mejor opción para el desarrollo del municipio, y que es necesario prevenir la violencia que esta conlleva. El aporte de cada ciudadano fue ir a votar. Incluso, varios transportadores se unieron y pusieron a disposición del Comité chivas para poder llevar a las personas que viven en veredas muy lejanas a las cabeceras corregimentales, donde se ubicaron los puestos de votación. El Comité organizó también una intensa campaña de comunicación. Publicaciones en Facebook, cuñas en la radio, perifoneo, y contactos con medios regionales y nacionales fueron permanentes.

El rol de la niñez y la juventud fue también central en el proceso de la consulta. El Colectivo Juvenil Semillas de Vida coordinó una gran variedad de actividades como el diseño de jingles, videos, murales, concursos de fotografía y carreras de bicicrós para socializar el proceso de la consulta. Además, se llevó a cabo una consulta pedagógica con los estudiantes de casi todos los colegios de San Lorenzo, con el apoyo de los docentes y directivas. En esta, 3.438 niños y jóvenes, de los cuales 3.421, es decir el 99,5%, votaron que estaban en desacuerdo con la minería de metales e hidrocarburos. Este ejercicio se convirtió en una muy importante experiencia de educación para la ciudadanía y la cultura democrática, que logró generar interés por los asuntos ambientales y comunitarios en los niños y niñas de San Lorenzo.

Finalmente llegó el gran día, y la comunidad respondió. En la consulta participaron 6.674 personas, de las cuales 6.660 votaron por el no, lo que representa el 98,46 % de los escrutinios. La participación en las urnas y la realización de la consulta por parte de las mismas comunidades hace que este sea un referente histórico a nivel municipal, departamental y nacional, en tanto acto simbólico democrático, que cuestiona y refleja la carencia de mecanismos de participación ciudadana eficaces frente a la constante profundización del extractivismo.

¿Y ahora qué sigue? Es necesario empezar un proceso de incidencia política para que la consulta legítima se transforme en una orden de carácter vinculante para el uso del suelo en San Lorenzo. Para esto, el próximo sábado 16 de febrero de 2019, en la cabecera municipal del municipio se llevará a cabo un acto público de entrega de los resultados de la consulta simbólica a las autoridades municipales. De esta manera, el ejercicio de democracia directa organizado por la comunidad empezará el proceso de pasar de ser un acto simbólico para convertirse en una decisión vinculante. Al evento están invitados funcionarios departamentales, entes de control, integrantes de varias organizaciones que apoyaron la consulta como observadores externos, así como alcaldes y miembros de organizaciones sociales de varios municipios aledaños del norte de Nariño. El objetivo del encuentro es que “el mandato de las comunidades lorenceñas, sea reconocido y acogido, se elaboren políticas públicas para la protección del territorio y sus bienes naturales y para adelantar acciones hacia la construcción de vida digna en el Municipio de San Lorenzo Nariño”, en palabras de los organizadores.

En un contexto tan complejo como el que actualmente vive Colombia, en el que se desmontan los acuerdos de paz, se cierran los espacios para la participación ciudadana y arrecian los asesinatos y amenazas para los líderes sociales, ejemplos de resistencia creativa, pedagógica, democrática, incluyente y comprometida como la que lideran los y las ciudadanas de San Lorenzo se hacen más indispensables y valiosas que nunca.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Entra en vigor la Enmienda Kigali, un poderoso aliado en la lucha contra el cambio climático

Fuente: Naciones Unidas  

03 de enero, 2019

La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono entró en vigor el 1 de enero de 2019, un paso importante en los esfuerzos para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.

Con su plena implementación, la Enmienda Kigali puede evitar hasta 0,4 °C de calentamiento global a fines de este siglo mientras se continúa protegiendo la capa de ozono. En ese sentido, la enmienda contribuirá sustancialmente a los objetivos del Acuerdo de París.

El acuerdo contempla que durante los próximos 30 años se reducirá en más de 80% la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos orgánicos utilizados frecuentemente en acondicionadores de aire y otros dispositivos como refrigerantes alternativos a las sustancias que agotan la capa de ozono, reguladas por el Protocolo de Montreal.

Si bien los HFC no amenazan la capa de ozono, son peligrosos gases de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global que puede ser muchas veces mayor al del dióxido de carbono.

Las partes han establecido aspectos prácticos para la implementación de la enmienda, incluidos los acuerdos sobre tecnologías para la destrucción de HFC y los nuevos requisitos y herramientas para el reporte de datos. La enmienda incluye disposiciones para el desarrollo de capacidades en los países en desarrollo, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de estrategias nacionales para reducir los HFC y reemplazarlos con alternativas.

La reducción gradual de los HFC en virtud de la Enmienda Kigali también puede abrir una ventana para rediseñar equipos de refrigeración que sean más eficientes energéticamente, lo que favorecería aún más la acción climática.

La implementación de los objetivos establecidos en la enmienda se realizará en tres fases: un grupo de países desarrollados iniciará la eliminación gradual de HFC a partir de 2019; los países en desarrollo alcanzarán una congelación de los niveles de consumo de HFC para 2024 y un grupo menor de países congelará el consumo para 2028.

La Enmienda Kigali, ratificada hasta ahora por 65 países, se basa en el legado histórico del Protocolo de Montreal acordado en 1987. El Protocolo y sus enmiendas anteriores, que requieren la eliminación gradual de la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, han sido universalmente ratificadas por 197 partes.

El amplio apoyo y la implementación del Protocolo de Montreal han llevado a la eliminación casi total de un centenar de productos químicos que agotan la capa de ozono, una contribución significativa a la mitigación del cambio climático.

La evidencia presentada en la última Evaluación científica del agotamiento de la capa de ozonomuestra que en partes de la estratosfera la capa de ozono se ha recuperado a una tasa de 1-3% por década desde el año 2000. A las tasas proyectadas, el hemisferio norte y el ozono de latitud media se recuperarán completamente para la década de 2030, seguidos del hemisferio sur en la década de 2050 y las regiones polares en 2060.

La capa de ozono protege la vida en la Tierra de los niveles dañinos de rayos ultravioleta provenientes del sol.

Sobre la Secretaría del Ozono de ONU Medio Ambiente

La Secretaría del Ozono, es la Secretaría del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Ubicada en las oficinas de ONU Medio Ambiente en Nairobi, Kenia, la Secretaría opera conforme al Artículo 7 del Convenio de Viena y el Artículo 12 del Protocolo de Montreal.

Sobre ONU Medio Ambiente

ONU Medio Ambiente es la autoridad ambiental líder en el mundo. Proporciona liderazgo y alienta el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos a mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones. ONU Medio Ambiente trabaja con gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y con otras entidades de Naciones Unidas y organizaciones internacionales alrededor del mundo.

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Tribunal Europeo estima demanda Ayuntamiento de Madrid contra la Comisión para reducir contaminación   

Fuente: RDMF

13 de diciembre, 2018

-España-

El Tribunal General de la Unión Europea estima los recursos interpuestos por los Ayuntamientos de Madrid, París y Bruselas y anula el Reglamento de la Comisión Europea que fijaba unos límites de las emisiones de óxidos de nitrógeno demasiado elevados para turismos y vehículos comerciales ligeros

El Tribunal General de la Unión Europea ha estimado la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid contra el Reglamento 2016/646 de la Comisión Europea concerniente a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros, en un caso defendido por Zunzunegui Abogados. La Sentencia resuelve los recursos acumulados interpuestos en defensa de la calidad de vida de sus ciudadanos por los Ayuntamientos de París, Bruselas y Madrid.

El Tribunal subraya que el Ayuntamiento de Madrid está legitimado para instar la anulación del Reglamento, al haber tenido que adoptar “diversas medidas de restricción de la circulación de los automóviles para luchar contra la acreditada contaminación del aire en sus términos municipales”.

En marzo de 2001, la Comisión Europea lanzó el programa “Aire puro para Europa” encaminado a reducir las emisiones del sector del transporte. Las instituciones europeas crearon un sistema de control de vehículos puestos en circulación dirigido a comprobar el cumplimiento con las exigencias técnicas en materia de emisiones contaminantes, como requisito indispensable para la matriculación. En este marco, el Reglamento (CE) 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, establecía las normas Euro 5 y Euro 6, encaminadas a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y los hidrocarburos, que exige que los vehículos ligeros nuevos cumplan determinados límites de emisiones.

Sin embargo, el Reglamento impugnado, aprobado en 2016, ampliaba el valor límite de emisiones de óxidos de nitrógeno procedentes de este tipo de vehículos, incumpliendo el Reglamento 715/2007. Ahora, el tribunal europeo declara nulo el Reglamento (UE) 2016/646, previa petición del Ayuntamiento de Madrid, lo cual supone un destacado avance en la carrera contra el cambio climático y en favor de ciudades sostenibles.

Según el Tribunal General, razones de seguridad jurídica justifican que la Sentencia no tenga efectos retroactivos y que el Reglamento anulado mantenga sus efectos durante un período máximo de doce meses que permita modificar la normativa en la materia.

El Ayuntamiento de Madrid considera que la sentencia supone “el respaldo a las ciudades que están llevando a cabo medidas para luchar contra el cambio climático y la contaminación, en defensa de la salud pública, como es el caso del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático”.

Para Fernando Zunzunegui, abogado que ha representado al Ayuntamiento de Madrid, “esta sentencia es un éxito para las ciudades y la salud de sus ciudadanos. Un paso definitivo para un aire puro, logrado por el recurso del Ayuntamiento de Madrid con principios compartidos con París y Bruselas”.

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imagesEU votes to ban throwaway plastics by 2021    

Source: Jurist

October 24, 2018

-European Union-

Members of the EU Parliament approved a draft bill Wednesday to ban single use plastics by 2021.

According to the European Commission, single use plastics make up 70 percent of marine litter and include items like plastic cutlery, straws and take out containers. Overall, 80 percent of Marine litter is plastics. While single-use plastic is often most convenient for consumers, this legislation encourages better recycling and re-use. The litter from disposed plastic has an enormous impact on various animal species, and cost to the economy in clean up efforts, fisheries and tourism. Leer el resto de esta entrada »

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el oso y medroñoSe publica la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid             

Fuente: Noticias Jurídicas

23 de octubre, 2018

-España-

En el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas, se ha publicado la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que consta de 250 artículos distribuidos en cuatro libros, y cuyos objetivos son: Leer el resto de esta entrada »