Derecho Constitucional

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El CGPJ avala el anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero reclama medidas que garanticen una implicación “real y efectiva” para su implantación                        

Fuente: Noticias Jurídicas

29 de marzo, 2019

-España-

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, elaborado por la Secretaría de Estado de Justicia. El dictamen hace una valoración general positiva del texto, pero incide en la necesidad de ir más allá del estricto planteamiento normativo y de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso” tanto de los jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia. En definitiva, reclama “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia”. Han sido ponentes del informe los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo.

Mediante la reforma de leyes sustantivas y procesales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de asistencia jurídica gratuita), el anteproyecto de ley establece, entre otras medidas, la obligada asistencia de las partes en conflicto a una sesión informativa sobre la mediación, cuyo alcance y consecuencias regula; establece también medidas referidas a los incentivos económicos de la mediación, a su relación con el derecho a acceder a la justicia, a la confidencialidad y calidad de la mediación. La norma afecta únicamente a los procesos de los órdenes civil y mercantil.

El anteproyecto supone un avance en el cumplimiento de la Directiva 2008/52/CE, de agosto de 2016, y de los objetivos que, sobre la implantación de la mediación, han marcado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. En este ámbito, afirma el dictamen, es donde se encuentra la razón de ser del anteproyecto, que entiende la mediación no tanto como un instrumento concebido para aligerar la carga de trabajo de los tribunales sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”. La consecución de esta tutela, añade el informe, está directamente relacionada con la “calidad de la mediación”.

Si bien la valoración general que el informe hace sobre el anteproyecto es positiva, el CGPJ realiza una serie de consideraciones que inciden en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo. Tal y como el órgano de gobierno de los jueces señaló en el documento “Diez realidades-Diez propuestas” presentado el pasado mes de enero, el impulso a la mediación requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y también “un mayor compromiso tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de las administraciones competentes”.

Sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.

Respetuoso con los derechos fundamentales

El informe del CGPJ analiza el anteproyecto desde el prisma de la compatibilidad entre la mediación obligatoria “mitigada” que en él se establece y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, amparados por la Constitución (art. 24) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47). 

En lo que respecta al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el órgano de gobierno de los jueces concluye que el anteproyecto se encuentra dentro de los márgenes que configuran los estándares de protección derivados del citado precepto y que satisface también los principios de equivalencia y efectividad. 

Asimismo, afirma que la mediación obligatoria “mitigada” no vulnera el art. 24.1 de la Constitución porque la obligatoriedad prevista en el articulado no excluye que la decisión última de acudir a esta vía se adopte de forma voluntaria por las partes ni tampoco impide la intervención judicial. La mediación obligatoria “mitigada”, explica el dictamen, “no empaña la voluntariedad que caracteriza a este instrumento de solución extrajudicial de conflictos, ni desplaza la intervención judicial (…) permaneciendo incólume la plenitud del ejercicio de la función jurisdiccional”.  

El órgano de gobierno de los jueces plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria con el fin de mejorar su funcionalidad, y ello sin exceder del marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales antes citados. Se trataría bien de incluir otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva bien de proyectar la obligatoriedad hacia estadios más avanzados del procedimiento de mediación, no limitándola a la participación en sesiones informativas. Asimismo, expresa la conveniencia de extenderla mediación a la fase de ejecución de todos los procedimientos judiciales.

La mediación como servicio público

Finalmente, en consonancia con las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como del Parlamento español, el CGPJ afirma que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades.  

Por ello, considera necesaria una formación de calidad en mediación que se haga extensiva no sólo a los planes formativos de los grados universitarios que se considere oportuno sino también a todos los ciclos formativos. Asimismo, entiende que debería incluirse en los temarios de las oposiciones, especialmente las de la Administración de Justicia.

Con el fin de dotar de efectividad “lo más pronto posible” al conjunto de medidas recogidas en el anteproyecto, el dictamen expresa la conveniencia de reducir la vacatio legis de los tres años previstos a seis meses. Señala, en este sentido, que debería contemplarse un plazo de tiempo proporcionado a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las administraciones.

El órgano de gobierno de los jueces valora también de modo positivo que el anteproyecto se muestre “sensible” a las demandas de los sectores y agentes de mediación y recoja en su articulado las reivindicaciones más relevantes con el objetivo de impulsar este sistema de resolución de litigios.

El informe ha sido aprobado con el voto a favor de diez de los dieciocho vocales presentes en el momento de la votación. Entre los ocho discrepantes, han anunciado voto particular Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.  

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Los condenados en sentencia no firme por corrupción o rebelión son ineligibles para cualquier cargo público

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

No son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 20195, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la que estima que es preciso actuar con “la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos”.

La ponente, la magistrada Pico Lorenzo, razona que “lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público”.

Incluso, -continúa indicando la magistrada- en algún Estado, haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad.

Por ejemplo, cita Dinamarca, donde una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés (www Comisión Europea).

En este caso, el litigio versaba sobre un recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante nueve años.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es “certera” la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad del recurrente para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

También considera que la cuestión de interés casacional planteada se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que examina la cuestión desde un plano general.

Pico Lorenzo se plantea si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene “un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público”.

Pico Lorenzo subraya, también, que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.

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El Supremo reitera que un copropietario no está legitimado para impugnar un acuerdo cuando no le afecta su contenido    

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de abril, 2019

-España-

 La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios es el pan de cada día, y se trata de un recurso que muchos propietarios utilizan de forma indiscriminada, obstaculizando el buen funcionamiento de la comunidad. El Tribunal Supremo examina la legitimación de los copropietarios en una reciente sentencia dictada el pasado 6 de marzo (TS, Sala Primera, de lo Civil, S 144/2019, de 6 de marzo. Rec. 3548/2016).

Hay que tener claro que los propietarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal podrán impugnar los acuerdos cuando:

a) sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios;

b) cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; y

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, deben estar al corriente de pago de las cuotas o haberlas consignado previamente en el juzgado, excepto que la impugnación se refiera a acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Pero, ¿esto significa que cualquier propietario está legitimado para acudir a los tribunales a impugnar cualquier acuerdo aunque no le afecte?

El Tribunal Supremo, en esta sentencia dictada el pasado 6 de marzo de 2019, examina el tema, y concluye que en este caso no concurría legitimación activa del propietario para impugnar el acuerdo, sino que se trataba de obstaculizar sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios. Veamos sus razonamientos:

Contribución de los sótanos a los gastos comunitarios

La Comunidad, en junta de propietarios, tomó la decisión de cargar gastos comunitarios a los titulares de los sótanos, que hasta el momento estaban exentos de facto del pago de los mismos. El comunero decide impugnar el acuerdo aunque no era propietario de ninguno de dichos sótanos, sino de una vivienda. Los acuerdos no le afectaban, y además en junta anterior voto a favor del presupuesto económico del año a través de representante.

Aunque el juzgado estimó parcialmente la pretensión del propietario, la Audiencia Provincial de Madrid (S. AP Madrid de 28 de septiembre de 2016) revoca la sentencia de instancia y absuelve a la comunidad por falta de legitimación activa del copropietario.

Criterio del Supremo – Regla de legitimación y requisito de procedibilidad del artículo 18 LPH

El propietario reunía los requisitos que establece el artículo 18 LPH en cuanto propietario, pero carece de legitimación activa de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no acredita qué perjuicio le ocasiona el acuerdo impugnado.

La Sala hace mención de la STS 671/2011, que analiza este artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, indicando que establece una regla de legitimación y un requisito de procedibilidad. La regla de legitimación limita la posibilidad de impugnar los acuerdos de la junta de propietarios a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. También se introduce una regla de procedibilidadcondicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9.

Y la STS 496/2012, de 20 de julio, que también menciona, indica que los propietarios pueden impugnar ciertos acuerdos adoptados en un junta por considerar que no se aprobaron con las mayorías exigibles o porque de algún otro modo vulneraron la LPH, pero no puede sustentarse su acción en el hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito. “Solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal motivo, del mismo modo que solo quien haya acudido a la junta y haya salvado su voto estará legitimado para impugnar, sin que aquel propietario que no lo haya salvado pueda sustentar una acción fundada en tal circunstancia”.

De todo ello deduce la Sala que el propietario impugnante debe respetar el dictado del artículo 18 LPH, pero siempre partiendo de la necesidad de que el acuerdo le perjudique de alguna forma, aunque sea indirectamente.

En este caso, no consta ningún perjuicio para el propietario impugnante porque: a) no es copropietario del sótano; b) no le afecta negativamente el pago de las cuotas relativas a lo sótanos, sino que más bien le beneficia, y c) no razona en casación ningún perjuicio personal respecto del acuerdo que impugna.

Por tanto, fue correcta la aplicación, por parte de la Audiencia Provincial, del artículo 10 de la LEC (“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”), pues es aplicable también en materia de propiedad horizontal.

Este es uno de esos casos, concluye la Sala, en que se obstaculiza sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios, pues el impugnante no es titular del objeto litigioso.

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Criterio del TS en unificación de doctrina sobre el requisito de “ausencia de mala conducta” para la concesión del permiso ordinario penitenciario

Fuente: Noticias Jurídicas

27 de marzo, 2019

-España-

Analiza el Tribunal Supremo en su sentencia 124/2019, de 8 de marzo (Rec. 20238/2018) la cuestión planteada por el Ministerio Fiscal en torno al momento en el que debe apreciarse la “mala conducta” del penado a los efectos de la concesión de permisos penitenciarios cuando el penado tiene pendiente una sanción grave aún no cancelada.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Madrid VI denegó un permiso ordinario, siendo esta denegación confirmada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid porque el penado contaba con una sanción grave todavía no cancelada. La Audiencia Provincial de Madrid concedió el permiso porque al tiempo de resolver el recurso la sanción ya estaba cancelada.

El Ministerio Fiscal defiende la tesis de que ante una sanción no cancelada, no puede considerarse que la conducta del interno sea merecedora de la concesión del permiso, y que solo cuando se constata que no hay un expediente disciplinario activo, es cuando se puede entrar a valorar otras circunstancias indicativas de la idoneidad del comportamiento del interno en orden a la concesión del permiso de salida. Sostiene también que ante un expediente disciplinario activo, el mero transcurso del tiempo necesario para su cancelación no es una incidencia sobrevenida y relevante para que el órgano decisorio en apelación pueda revocar la denegación de un permiso.

Coincide el Supremo con la consideración de que el requisito de ausencia de mala conducta, exigido para la concesión del permiso ordinario penitenciario, es un presupuesto de ponderación técnica a partir de todas las circunstancias que hacen referencia al comportamiento y actitud del interno, pero entiende que una vez ha sido cumplida la sanción de privación de permiso por el tiempo que haya sido impuesta, la mera existencia de sanciones graves o muy graves sin cancelar, no implica de forma automática la carencia del requisito si se aprecian otras razones objetivas que fundamenten su concurrencia.

Dicho de otro modo, para el Supremo, a priori, la ausencia de mala conducta no desaparece, necesaria y automáticamente, por la mera existencia de un expediente disciplinario activo. El tratamiento penitenciario exige reacciones al comportamiento puntual del interno, pero que puedan ajustarse y resulten acordes con su evolución.

Ahora bien, cuando la falta del requisito de adecuada conducta responde exclusivamente a la existencia de sanciones graves o muy graves sin cancelar, el simple transcurso del tiempo pre?jado en el Reglamento Penitenciario para la cancelación de las sanciones disciplinarias, en los casos en los que hubiera sido correctamente computado en la decisión que se impugna, es un presupuesto de hecho ya contemplado en la resolución, de modo que carece de la naturaleza excepcional que permitiría considerar su concurrencia al tiempo de resolverse el recurso de alzada. Partiendo de esta premisa, la Sala indica que cuando la falta del requisito de adecuada conducta, -más allá de la simple existencia de sanciones penitenciarias sin cancelar-, responde a una ponderación de ésta y otras circunstancias, la resolución de los recursos de apelación contra los autos dictados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria también deben valorar los datos o circunstancias sometidos a la consideración de éste, sin perjuicio de que, excepcionalmente, y en caso de haberse producido durante el trámite del recurso incidencias propias del tratamiento del interno que fueran relevantes para la decisión y que no hubieran sido inicialmente contempladas, puedan ser examinadas en la alzada, siempre tras un debate contradictorio entre las partes intervinientes en el recurso.

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Senadores avalan reformas constitucionales en materia de fuero         

Fuente: El Informador México

27 de marzo, 2019

-México-

 Con 111 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado de la República aprobó la modificación a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del país en materia de fuero, tanto para el Presidente de la República como para diputados federales y senadores.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda fue defendido por varios partidos, aunque Movimiento Ciudadano había presentado un voto particular que no se permitió discutir en tribuna.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, dijo que con esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, se cumple con la exigencia ciudadana de frenar la corrupción.

Senado avala en comisiones quitar fuero al Presidente y a funcionarios

La Cámara alta impulsa la reforma para que puedan ser sometidos a proceso penal por delitos electorales y corrupción, el grupo parlamentario de MC rechaza la minuta por considerarla “una burla”

A su vez, la presidenta de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, aseguró que esta reforma implica que el Ejecutivo federal y los diputados y senadores podrán ser juzgados por traición a la patria y delitos graves.

Pero también, abundó, por violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, con lo que se amplía el catálogo de delitos para juzgar a estos funcionarios públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, expuso que se trata de reformar el artículo 108 para que el Presidente y los legisladores federales puedan ser juzgados durante el tiempo de su encargo por los delitos establecidos en el artículo 109 constitucional.

Además, detalló que se modifica el artículo 111 respecto al procedimiento del juicio de procedencia, para acabar con la impunidad de los altos funcionarios, tal como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña.

Envía AMLO iniciativa para suprimir fuero presidencial

El Mandatario manda el proyecto al Senado para modificar la legislación

A favor del dictamen, argumentaron los coordinadores de los partidos Encuentro Social (PES), Sasil de León, y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera.

Este último destacó la ventaja de haber ampliado el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente, así como la precisión que se gana en la redacción del artículo constitucional en esta reforma integral.

A nombre del Partido Acción Nacional, la senadora Indira Rosales Sanromán  dijo que su partido votaría a favor de la iniciativa presidencial, porque se amplía el número de delitos por los que pueden ser juzgados el presidente y los legisladores federales.

Convocó a sus pares a discutir las nueve iniciativas de todos los grupos parlamentarios que están pendientes. “Estamos a favor de una discusión seria en el tema”, dijo.

Diputados aprueban eliminar fuero al Presidente

La reforma constitucional se avaló con 469 votos a favor, aunque se mantiene la inmunidad procesal

Tanto el PRI, como el PVEM, PT y Morena, adelantaron sus votos a favor, pero Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, se quejó de que no se le permitió a su partido presentar el voto particular que él firmó en conjunto con Dante Delgado, Noé Castañón y Clemente Castañeda.

Aunque adelantó el voto a favor del dictamen se trata de una trampa, porque no elimina el fuero, sino que establece un doble fuero.

En tanto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza adelantó su voto en contra (el único que hubo) porque, dijo, era mejor la propuesta de MC que no se discutió y la reforma implica un “blindaje al fuero”, además de no respetar la presunción de inocencia.

Luego de la discusión en lo general y sin discusión en particular, se pasó a la votación que concluyó con 111 sufragios a favor y uno en contra. La senadora de Morena, Lucía Meza, trató de votar después de que se había cerrado el tablero electrónico y ya no se contó su voto.

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La Ley balear de consultas populares permitirá la celebración de referéndums municipales vinculantes           

Fuente: Noticias Jurídicas

21 de marzo, 2019

-España-

La Ley de Baleares 12/2019, de 12 de marzo, regula las consultas populares y los procesos de participación ciudadana, su régimen jurídico y procedimiento en el ámbito de la administración autonómica, insular y local, sin perjuicio del desarrollo normativo que puedan hacer los municipios y las islas.

El texto tiene por objeto, por un lado, los referéndums municipales en el ámbito de las corporaciones municipales, como instrumento de democracia directa previstos en la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero y en el artículo 71 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, referentes a asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los ciudadanos del municipio, con exclusión de los referentes a la hacienda local. Por otra parte, la nueva ley pretende profundizar en la democracia participativa, regulando las consultas y los procesos participativos.

La norma define los procesos de participación ciudadana como el conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las administraciones públicas de las Illes Balears en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho a la participación en la elaboración de disposiciones normativas reglamentarias, la gestión y decisión de los asuntos públicos, la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos y la confección de presupuestos participativo.

El derecho de participación de las personas físicas y de las entidades de participación ciudadana incluirá también la iniciativa para promover los procesos de participación ciudadana en los supuestos y términos que contempla, así como el derecho a recibir de las administraciones públicas, en los términos previstos en la normativa aplicable sobre transparencia y buen gobierno, la información pública sobre la materia objeto de participación, con objeto de disponer de elementos de juicio fundados para su ulterior intervención, y la posibilidad de recabar la colaboración de las administraciones públicas en las iniciativas de participación ciudadana.

Debe destacarse que la ley no considera cesión de datos el acceso de las corporaciones municipales e insulares al Registro Único de Participación Ciudadana, ya que la solicitud de alta en este registro tiene únicamente el objeto específico de ejercer el derecho a participar en los procesos y consultas ciudadanas que puedan llevar a cabo, indistintamente, no solamente el Gobierno de las Illes Balears, sino también los consejos y los ayuntamientos.

Democracia directa: referéndums municipales

La norma se refiere a los referéndums municipales, instrumentos de democracia directa para conocer la voluntad de las personas mayores de edad, censadas en un municipio, expresada mediante votación, sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de una especial relevancia para los intereses de la población, a través de un proceso que goce de las garantías del proceso electoral. Quedan expresamente exceptuados y excluidos los asuntos relativos a la hacienda local. Se deciden por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, son vinculantes para la corporación municipal convocante y se pueden circunscribir a todo el término municipal o a una parte concreta del mismo, que deberá constar delimitada en el acuerdo de convocatoria.

El procedimiento del referéndum municipal se puede iniciar de dos formas: por iniciativa institucional a solicitud de un grupo municipal, de la mayoría simple del Pleno municipal o por decisión de la Presidencia de la corporación; y por iniciativa popular, suscrita por un número de personas que tengan derecho a sufragio en el ámbito de la consulta, debidamente identificadas, que como mínimo sea igual al 10% de la población en los municipios con una población de menos de 5.000 personas, a 500 personas más el 2% de la población que exceda de las 5.000, en los municipios con una población de 5.000 a 100.000 personas, o a 2.400 personas más el 1% de la población que exceda de las 100.000 en los municipios con una población de más de 100.000 personas. La comisión promotora es el instrumento para llevar a cabo un referéndum por iniciativa popular. Asimismo se regula la convocatoria del referéndum, incluyendo el proceso de recogida de firmas.

La norma aborda la organización y la documentación de la consulta, la campaña informativa, el voto, el escrutinio, la proclamación de resultados y las reclamaciones.

Democracia participativa

Por lo que respecta a la democracia participativa, la nueva ley desarrolla las condiciones que permitan promover y garantizar la participación real y efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos autonómicos, insulares y locales de las Illes Balears, tanto de manera individual como colectiva, a través de diferentes figuras de democracia participativa: las consultas ciudadanas, el Consejo de Participación, la audiencia pública ciudadana, los foros de participación ciudadana y los presupuestos participativos.

Crea y regula el Registro Único de Participación Ciudadana, el que se puede inscribir cualquier persona que esté empadronada en un municipio de las Illes Balears, siempre que haya cumplido dieciséis años, así como, a través de la sección de las entidades ciudadanas, las personas jurídicas sin ánimo de lucro. La inscripción en el Registro otorga el derecho a ser parte activa en los instrumentos de participación ciudadana y solo las personas inscritas pueden participar en estos procesos participativos. Estará sectorizado por las materias correspondientes a cada una de las competencias estatutarias. Y para llevar a cabo las consultas ciudadanas sólo las personas inscritas en el Registro Único, y más concretamente en la subsección pertinente, podrán ser consultadas, de tal manera que la no inscripción en el Registro impide al ciudadano participar en la consulta concreta.

Consultas ciudadanas

El texto se ocupa de las consultas ciudadanas, convocadas por la Presidencia del Gobierno, por alguna o algunas de las presidencias de los consejos o por alguna o algunas las presidencias de los ayuntamientos de las Illes Balears, con el objeto de conocer la opinión de las personas inscritas en la subsección correspondiente del Registro Único de Participación Ciudadana sobre una determinada actuación, decisión o política públicas de su competencia. El resultado de una consulta ciudadana no será nunca vinculante ni puede ser interpretado como la expresión de la voluntad general de la ciudadanía.

A estos efectos regula la iniciativa, institucional y popular, tanto en el ámbito autonómico como insular y municipal, así como la iniciativa ciudadana; la convocatoria, que corresponde mediante decreto a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, del consejo o del ayuntamiento; las mesas de consulta ciudadana, órganos ante los cuales se efectúa la votación en sus modalidades de votación presencial ordinaria o de votación electrónica presencial; la documentación (papeletas y actas) y los medios personales, materiales y económicos para la consulta; la campaña informativa; la votación, que puede ser telemática o presencial, anticipada y ordinaria; y el escrutinio.

La norma contempla la creación del Consejo de Participación, órgano encargado de resolver las cuestiones que vayan saliendo durante el curso de la consulta ciudadana y de llevar a cabo el recuento final de acuerdo con los principios, las normas y los requisitos legal y reglamentariamente establecidos. Se constituirá un consejo para cada consulta ciudadana y estará formado por cinco personas, elegidas en la forma que reglamentariamente venga determinada, de entre las que voluntariamente hayan manifestado su voluntad de ser inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, en su sección del Consejo de Participación.

Audiencia pública ciudadana y Foros de participación ciudadana

El texto introduce una forma de participación proactiva, las audiencias ciudadanas, que permiten a la ciudadanía poner de relieve ante la autoridad pública los problemas del día a día que afectan a una generalidad de personas. De estas cuestiones, después de ponerlas en común a través del portal de participación, aquellas que más apoyos hayan tenido tendrán que ser tratadas en audiencia pública, eliminándose los problemas que pueden tener la consideración de más personales o particulares, por el hecho de haber recibido menos apoyo y, por lo tanto, considerados impropios de una figura de participación colectiva. La última decisión para la solución de la problemática concreta y particular planteada a través de la audiencia ciudadana corresponde a la autoridad convocante.

Por su parte, los foros de participación ciudadana son los espacios de discusión y análisis formados, a instancia de la autoridad convocante, por personas físicas, que pueden actuar en nombre propio o como representantes de entidades ciudadanas, con la función de obtener opiniones, propuestas o críticas en relación con los temas que resulten objeto de debate, así como analizar y evaluar el resultado de una actuación pública concreta ya ejecutada o llevada a cabo por la administración convocante. Pueden ser abiertos a todas las personas y entidades inscritas en la sección pertinente del Registro de Participación Ciudadana o estar dirigidos, en razón de su objeto o ámbito territorial, a un determinado o a unos determinados colectivos de personas, también inscritas en la subsección pertinente del Registro. Por su propia naturaleza, no son órganos decisorios y sus opiniones o conclusiones no pueden ser vinculantes para la autoridad convocante.

Tienen por objeto, en relación con una propuesta de iniciativa de actuación o política pública, así como de cualquier otro tema de interés público, deliberar sobre su idoneidad, valorar los efectos que podría tener y prever sus resultados; en relación con una política pública concreta que se lleva a cabo, hacer su seguimiento y proponer medidas para mejorarla; en relación con un problema concreto, debatir sobre este y proponer soluciones o fórmulas para minimizarlo; y en relación con una iniciativa pública ya llevada a cabo, analizar y evaluar el resultado, proponiendo, en su caso, alternativa de mejora o cambio.

Presupuestos participativos

Y en cuanto a los presupuestos participativos, la norma los define como el instrumento de participación que, por iniciativa de la autoridad convocante, permite a la ciudadanía incidir en la distribución de una parte de los presupuestos de gasto de una administración, y cuyo objeto es la presentación o valoración de propuestas concretas de gasto, priorizando la asignación de recursos públicos, con la finalidad de participar en la gestión de la hacienda pública, municipal, insular o autonómica.

Modificaciones legislativas

Se deroga el artículo 123 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.

Entrada en vigor

La Ley 12/2019, de 12 de marzo, entra en vigor el 8 de abril de 2019, a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Mientras el Gobierno de las Illes Balears no lleve a cabo el desarrollo reglamentario ni haya creado la plataforma tecnológica de programario abierto que haga posible el sistema de participación electrónica y telemática, la participación ciudadana a través de consultas ciudadanas sólo se puede llevar a cabo a través del voto presencial tradicional. Mientras no esté en funcionamiento el Registro Único de Participación, no se podrán llevar a cabo consultas ciudadanas ni, en consecuencia, consejos de participación, por lo cual los consejos insulares y el Gobierno, para el resto de procesos participativos, podrán acceder a los datos del Registro de Población de las Illes Balears. Y mientras no esté en funcionamiento el Registro Único de Participación, no se podrán llevar a cabo consultas ciudadanas ni, en consecuencia, consejos de participación, por lo cual las corporaciones municipales, para el resto de procesos participativos, podrán acceder a los datos del padrón municipal.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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  1. Arizona Supreme Court rules doctor-patient confidentiality does not extend to cases of Medicaid fraud                          

Source: Jurist

March 19, 2019

-United States-

The Arizona Supreme Court ruled unanimously Monday that the statutory protections of doctor-patient privilege do not cover investigations into Medicaid fraud.

The court rejected the claims of Chalice Zeitner, who appealed a fraud conviction on the basis that the court erred by allowing the introduction of medical records as well as the testimony of her physicians during her trial. In 2010 Zeitner received a state-funded abortion due to her assertion that she had recently undergone extensive radiation and chemotherapy for uterine cancer. A year later, doctors performing a cesarean for another pregnancy found no evidence to support her claim that she previously had uterine cancer.

The court affirmed the lower court’s decision on two grounds. First, the court found that Arizona Health Care Cost Containment System’s (AHCCCS) “broad authority … to investigate suspected fraud necessarily implies an exception to the [doctor-patient] privilege for internal AHCCCS investigations and proceedings.” Second, the disclosure requirements of doctor-patient privileges are “not absolute, and the legislature has imposed limitations when ‘the public good requires [the privilege to] give way to serve a greater good.’” The court proceeded to provide examples of the exception such as the disclosure of findings of infectious diseases or the disclosure or law enforcement wounds which may have resulted from illegal activity.

The court affirmed Zeitner’s conviction on all 11 counts of fraud and the resulting sentences.