Derecho Constitucional

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La Justicia solo aprecia el acoso laboral en los superiores jerárquicos  

Fuente: El Economista España

14 de enero, 2019

 El acoso laboral no puede llevarse a cabo por los inferiores jerárquicos del denunciante, salvo que actúen en cooperación con quienes sí que sean superiores jerárquicos del trabajador afectado.

Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2018, en la que se recuerda que el delito de acoso laboral, también denominado mobbing, aparece específicamente tipificado en el artículo 173,1 del Código Penal tras la reforma del mismo por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

Por ello, el ponente, el magistrado Sánchez Melgar, determina que este delito tiene que ser entendido como hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. “Supone, por tanto, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática”, concluye.

Integridad moral

Además, requiere este tipo penal que la conducta suponga un trato degradante, pues se constituye como una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, siendo característica de su realización el carácter sistemático y prolongado en el tiempo que determina un clima de hostilidad y humillación hacia el trabajador por quien ocupa una posición de superioridad de la que abusa.

También señala que se trata de generar en la víctima un estado de desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma constituyendo una ofensa a la dignidad. Por ello, el delito de acoso laboral exige la realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, de forma reiterada, ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, y se prevalga de esa condición para su perpetración, lo cual tiene que estar suficientemente acreditado y descrito en la sentencia condenatoria.

Sin embargo, el magistrado Sánchez Melgar dictamina que en el caso en litigio, los hechos reflejados no desvelan más que una situación de tensión, que se produce con tres funcionarios, inferiores de la denunciante, y a la que tratan de contribuir mediante un acercamiento amistoso, precisamente los dos alcaldes, celebrando comidas de hermandad, lo que no se consigue, siendo tales actos descritos en la sentencia recurrida insuficientes para conculcar el tipo objetivo.

Por todo ello, el magistrado anula la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial, al considerar que “en efecto, no se puede deducir más que una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables”. Además, critica que la sentencia recurrida no analiza el requisito de autoría determinado por el prevalimiento de la situación de superioridad jerárquica que requiere el tipo penal, y que desde luego no concurre en los tres funcionarios municipales condenados en la instancia.

Por otra parte, en el caso enjuiciado, la Audiencia condena a los concejales que aprobaron en Pleno la destitución de la secretaria municipal, de estar obrando a sabiendas de que por su acreditación nacional no podía ser sancionada.

Pero no tuvo en consideración que no hubo informe jurídico municipal en sentido contrario y la Corporación contaba con el informe del director general de la Administración Local, que avalaba la posibilidad de sancionar.

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Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El CGPJ y el Ministerio de Justicia firman un protocolo que permite agilizar la tramitación de las medidas de apoyo judicial  

Fuente: Noticias Jurídicas

17 de enero, 2019

-España-

 El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han suscrito hoy un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los Juzgados y Tribunales. El protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones así como su gestión económica.

En concreto, prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo  (que se enumeran en uno de los anexos del protocolo) consideradas “estructurales” y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años. Se entiende que estas medidas, cuya finalidad es responder ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos, cuentan ya con la autorización preceptiva del Ministerio de Justicia. 

El protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar (detallando cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes); por su parte, y también con periodicidad mensual, el Ministerio de Justicia tendrá que validar esas medidas y sólo podrá oponerse en caso de insuficiencia económica.

Entre otras, el protocolo incluye también una cláusula por la que las medidas de apoyo que se aprueben al amparo del mismo no afectarán a las funciones de refuerzo que vengan realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs) con anterioridad a la entrada en vigor, mañana viernes, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.

De este modo, los 164 JATs que a fecha de hoy desempeñan labores de refuerzo continuarán en su destino actual, ya que esas asignaciones se entenderán vigentes mientras subsistan las necesidades de excepcional retraso o acumulación de asuntos que motivaron la autorización de las mismas.
 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación 

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de enero, 2019

-España-

 El Gobierno, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. Con esta nueva norma se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes. El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

La nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de ‘obligatoriedad mitigada’ que obliga a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias. Esta sesión será conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.   

Esta mediación extrajudicial se concibe, por lo tanto, como un trámite necesario para acceder a la vía judicial pero no supone una obligación de someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio. 

Las materias que pueden ser objeto de mediación se enmarcan en los ámbitos civil y mercantil y se caracterizan por responder a conflictos surgidos de relaciones personales o comerciales sostenidas en el tiempo. Así, será necesario intentar la mediación antes de acudir a la vía judicial en los siguientes tipos de acciones:

a) Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad del matrimonio, separación, divorcio o las relativas a la guardia y custodia de los hijos menores, alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (salvo que hubiera sido instruido con carácter previo un procedimiento por un delito relacionado con la violencia de género);

b) Responsabilidad por negligencia profesional;

c) Sucesiones;

d) División judicial de patrimonios;

e) Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades mercantiles;

f) Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la circulación (protegidos por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor);

g) Alimentos entre parientes;

h) Propiedad horizontal y comunidades de bienes;

i) Derechos reales sobre cosa ajena;

j) Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual;

k) Reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo (protegidos por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios);

l) Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra;

m) Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen;

n) Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.

En lo relativo al procedimiento de mediación extrajudicial en sí mismo, se deja a iniciativa del demandante la tarea de proponer al mediador y se articula un mecanismo transparente de designación si éste es rechazado por la parte contraria. En cuanto a los plazos, se fija un límite máximo de tres meses para el completo desarrollo del proceso de mediación durante los cuales quedan en suspenso los tiempos de prescripción y caducidad de las acciones. 

Se establece también una mediación intrajudicial que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.

El anteproyecto introduce, también, nuevas reglas en la condena en costas en caso de incumplimiento de la ‘obligación mitigada’ de mediación, de forma que las costas del proceso no beneficiarán a la parte que no haya acudido a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso.

Para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin por las comunidades autónomas. Se apuesta por una mejor cualificación profesional del mediador en el ámbito del Derecho de familia al que se exigirá formación en igualdad y detección de violencia de género, de forma que, si iniciado el procedimiento observa indicios de delito de violencia de género, ponga fin al mismo. En el plazo de un año desde la publicación de la ley se prevé la modificación de los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de mediación como obligatoria. 

Se contempla, finalmente, la creación de una Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación en España que deberá elaborar un informe analizando el impacto de la aplicación de las nuevas medidas en los cinco años siguientes a la aplicación de la ley. El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios. Entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales

Derecho Internacional / International Law

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La CICIG confirma que continuará con su labor a pesar de la salida del país de su personal

Fuente: Naciones Unidas   

 09 de Enero, 2019

-Guatemala-

El responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velasquez, se encuentra evaluando las acciones que se llevarán a cabo para continuar con las tareas de este organismo. Mientras tanto, la Comisión ha “tomado nota” de la decisión de la Corte Constitucional guatemalteca de suspender provisionalmente la decisión del presidente Jimmy Morales de rescindir el acuerdo con las Naciones Unidas.  

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha confirmado este miércoles que continuará con su labor, a pesar de que parte de su personal haya salido del país tras la decisión del Gobierno de romper el acuerdo con la ONU firmado en 2007.

“Tal como lo ha señalado el Secretario General Antonio Guterres, la CICIG debe finalizar su mandato en respeto al acuerdo internacional celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas”, expresó este miércoles el portavoz de la Comisión, Matías Ponce, a través de un comunicado compartido con Noticias ONU.

La medida adoptada por el presidente Jimmy Morales fue suspendida de forma provisional por la Corte Constitucional guatemalteca apenas unas horas después de haberse vencido el plazo determinado para la rescisión del acuerdo. La Corte exhortó además a las instituciones del país a facilitar el funcionamiento de la Comisión.

Tras señalar que “la CICIG toma nota de lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y promueve el respeto del Estado de derecho en Guatemala”, Ponce informó de que el comisionado, Iván Velázquez, y su equipo de trabajo se encuentran evaluando las distintas acciones que se llevarán adelante para continuar con sus tareas.

El Gobierno de Morales respondió a través de un comunicado oficial asegurando que, una vez sea notificado formalmente de la decisión de la Corte, “evaluará” la resolución y luego hará pública su postura.

Plan de contigencia

A una parte del personal de la CICIG se le indicó el martes que abandonara Guatemala “hasta nuevo aviso”, como parte de un plan de contingencia de seguridad.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stepháne Dujarric, reiteró hoy durante su encuentro diario con la prensa que el trabajo de la Comisión debe continuar hasta cumplir con su mandato acordado hasta septiembre de este año.

“Cómo se organiza la Comisión es algo que está en manos del comisionado”, señaló Dujarric, que agregó que el Secretario General confía en que el presidente de Guatemala respete sus compromisos y asegure la seguridad del personal de la Comisión.

António Guterres rechazó enérgicamente el lunes la decisión del Gobierno de rescindir el acuerdo sobre la Comisión.

El pasado mes de septiembre, el presidente Morales decidió prohibir la entrada al país del máximo responsable de la CICIG, Iván Velásquez, y anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. 

Por su parte, Matías Ponce agradeció hoy al pueblo guatemalteco el respaldo que ha recibido el trabajo de la Comisión.

“Agradecemos las muestras de apoyo a la labor de la CICIG en Guatemala”, concluye el comunicado.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La orden de alejamiento se mide en línea recta, salvo que el juez precise lo contrario

Fuente: El Economista España  

10 de enero, 2019

-España-

El Tribunal Supremo establece que la distancia establecida en una orden de alejamiento debe medirse en línea recta salvo que la resolución judicial que acuerda la medida determine otra manera para su medición. El Supremo fija así el criterio correcto para determinar en cada caso si la persona a la que se le ha impuesto una prohibición de aproximación se encuentra a una distancia inferior a la establecida en la misma.

Las audiencias provinciales daban respuestas distintas a esta cuestión. Unas consideraban que la medición de la distancia debía hacerse en línea recta, y otras, en cambio, teniendo en cuenta el trayecto o los recorridos posibles que puede realizar un viandante andando o transitando por la vía pública.

“Dadas las innumerables posibilidades que presenta la realidad, las características concretas de la medida podrán depender de las peculiaridades de cada caso, de forma que el juez o tribunal que la acuerde deberá, en lo posible, determinar las condiciones en las que la misma deberá cumplirse, de modo que se obtenga la seguridad de la víctima, sin desconocer las exigencias de proporcionalidad de la reacción penal frente a unos determinados hechos”, señala el magistrado Colmenero, ponente del fallo.

La sentencia explica que con la adopción de la prohibición “se configura un espacio físico en el que se pretende garantizar que la víctima pueda circular y moverse con libertad sin la posibilidad de encontrarse físicamente con el autor de los hechos; un espacio donde, evitando la presencia de aquel, se garantice la seguridad de la víctima y su tranquilidad, al objeto de desarrollar una actividad vital normalizada”.

Más seguridad

El Supremo entiende que la medida en línea recta “se presenta como más segura, y no solo para la víctima, que puede establecer con facilidad los lugares a los que puede acudir sin aquel riesgo sin necesidad de calcular la distancia a la que se encuentran los distintos puntos de diversos recorridos posibles. Sino incluso para el autor de los hechos, que podrá establecer con la misma facilidad, sobre plano, los lugares a los que no podrá dirigirse al quedar afectados por la prohibición. Lo cual le permite incluso someter a la consideración del juez o tribunal que ha acordado la prohibición la existencia de detalles que pudieran hacer desproporcionada la prohibición en algunos aspectos, haciendo aconsejables algunas precisiones”.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Denegada la prestación de gran invalidez a un autónomo que cotizó durante 22 años pero que estuvo apartado del sistema durante otros 6        

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de enero, 2019

-España-

El TSJ Cataluña en sentencia 4906/2018 de 21 de septiembre (Rec. 3560/2018) da la razón al INSS y deniega la prestación de gran invalidez a un autónomo de 55 años que cotizó durante casi 22 años a la Seguridad Social, a posteriori se dio de baja y se inscribió en el paro durante dos años, período durante el cual no consta que la Administración le realizase ninguna oferta, y se le dio de baja como demandante de empleo por no renovación.

Entiende el Tribunal que no encontrándose el actor en situación asimilada al alta al tiempo del hecho causante, no tiene derecho a la prestación solicitada por no tener carencia específica.

Se muestra en la sentencia un criterio rigorista al señalar que para que la situación de “paro involuntario” sea considerada como de “asimilada al alta” se precisa que la inscripción no haya sido ininterrumpida y, en el caso, el solicitante de la prestación consta inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida únicamente durante los diez meses anteriores a la revisión del ICAM, pues con anterioridad lo estuvo con dos interrupciones, la primera, de más de nueve meses y, la segunda, de dos meses, sin justificar las razones que llevaron al actor a separarse del mercado laboral, no pudiendo tener su causa en el accidente de tráfico al haber sucedido éste con posterioridad a las interrupciones.

Muestra su discrepancia con el fallo la Magistrada Doña Matilde Aragó Gassiot porque a su entender debe realizarse una valoración general de la vida laboral del solicitante y entiende que pese al tiempo de desvinculación del sistema, no se debe rechazar la consideración de su situación de asimilada al alta.

Explica la Magistrada discrepante que no se puede olvidar la extensa contribución a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral, superando en mucho el mínimo para tener derecho a cualquier pensión, y subraya que aunque es cierto que estuvo seis años apartado del sistema, llevaba dos años como demandante de empleo cuando sobrevino el accidente, sin que el Estado le hubiera otorgado ninguna oferta de empleo ni posibilidad de cotizar y por ello se debería retrotraer la carencia específica al momento de la inscripción como demandante de empleo y en este caso no es exigible la situación de alta.

Flexibiliza así la situación de asimilada al alta, atendiendo a la finalidad de la acción protectora de las prestaciones de la Seguridad Social y a la gravísima situación de necesidad del afectado.

Derecho Constitucional

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La Justicia considera improcedente el despido para cumplir con las cuotas de discapacidad

Fuente: El Economista España

19 de diciembre, 2018

-España-

 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que “no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla”.

Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal, explica que la empresa alegaba la existencia de duplicidad para un mismo puesto de trabajo ya que venía obligada por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a contratar a dos trabajadores discapacitados para cumplir con la exigencia legal del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003 de 29 de noviembre. Este precepto establece que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, al menos el 2 por ciento sean trabajadores con discapacidad.

“Llama la atención que frente a dicho requerimiento de contratar personas con discapacidad, la empresa no alegase la posibilidad excepcional de aplicar otro tipo de medidas legales, con carácter alternativo a la contratación”, explica Aspra. “En cualquier caso, la sentencia va en contra de la clásica doctrina jurisprudencial que sienta que no es necesario agotar todas las posibilidades de recolocación en la empresa de los trabajadores despedidos por causas organizativas y productivas”, añade el abogado.

El artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

El magistrado Sáiz de Marco, ponente del fallo, asegura que “no haciendo mención en la carta de despido a la imposibilidad de haber contratado a los dos trabajadores discapacitados para otros departamentos o áreas de la empresa en que no se produjera el sobredimensionamiento alegado por ella, el despido deviene improcedente”. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la empresa no ha acreditado, y ni siquiera argumentado en la comunicación de cese, la imposibilidad de mantener la contratación de la trabajadora en otras áreas o departamentos de la empresa.

El TSJ tiene en cuenta, a la hora de decidir sobre la situación controvertida que, en la exigencia de la cuota a la compañía afectada, la contratación de los dos discapacitados podía ser para cualquier puesto de trabajo de todos los existentes en la empresa.

Fuente: El Economista España

19 de diciembre, 2018

-España-

 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que “no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla”.

Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal, explica que la empresa alegaba la existencia de duplicidad para un mismo puesto de trabajo ya que venía obligada por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a contratar a dos trabajadores discapacitados para cumplir con la exigencia legal del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003 de 29 de noviembre. Este precepto establece que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, al menos el 2 por ciento sean trabajadores con discapacidad.

“Llama la atención que frente a dicho requerimiento de contratar personas con discapacidad, la empresa no alegase la posibilidad excepcional de aplicar otro tipo de medidas legales, con carácter alternativo a la contratación”, explica Aspra. “En cualquier caso, la sentencia va en contra de la clásica doctrina jurisprudencial que sienta que no es necesario agotar todas las posibilidades de recolocación en la empresa de los trabajadores despedidos por causas organizativas y productivas”, añade el abogado.

El artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

El magistrado Sáiz de Marco, ponente del fallo, asegura que “no haciendo mención en la carta de despido a la imposibilidad de haber contratado a los dos trabajadores discapacitados para otros departamentos o áreas de la empresa en que no se produjera el sobredimensionamiento alegado por ella, el despido deviene improcedente”. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la empresa no ha acreditado, y ni siquiera argumentado en la comunicación de cese, la imposibilidad de mantener la contratación de la trabajadora en otras áreas o departamentos de la empresa.

El TSJ tiene en cuenta, a la hora de decidir sobre la situación controvertida que, en la exigencia de la cuota a la compañía afectada, la contratación de los dos discapacitados podía ser para cualquier puesto de trabajo de todos los existentes en la empresa.