Derecho Constitucional

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Congreso de Guatemala debe elegir jueces independientes, capaces y libres de conflictos de interés

Fuente: WOLA

23 de junio, 2020

 El 23 de junio, en cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República de Guatemala tiene programado dar inicio al proceso para elegir a los 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los y las 135 magistrados para las Cortes de Apelaciones.

“El Congreso de Guatemala debe garantizar la elección de jueces idóneos, capaces y honrados que estén comprometidos con una justicia imparcial e independiente y no en velar por intereses privados”, señaló Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. 

En su resolución del 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió lineamientos claros y éticos para la elección de jueces que cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez e instruyó al Congreso a excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté en duda. “El Congreso debe acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y prescindir del proceso a los aspirantes denunciados por el Ministerio Público dados los claros conflictos de interés”, dijo Beltrán

En su informe, el Ministerio Público revela información sobre 22 aspirantes implicados en el caso comisiones paralelas 2020, investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que expuso la existencia de reuniones secretas entre Gustavo Alejos, actualmente vinculado en por lo menos 5 casos de corrupción y designado por el Departamento de Estado por involucramiento en actos de gran corrupción, y diputados, políticos, operadores de justicia y aspirantes a magistrados, con la finalidad de manipular el proceso de votación en las Comisiones de Postulación y en el Congreso. El informe del MP también señala a otros 109 aspirantes implicados en otras investigaciones en curso en el Ministerio Público.

Jueces independientes son un requisito esencial para que el sistema de justicia guatemalteco pueda operar efectivamente y responder a los desafíos que enfrenta el país. “El Congreso tiene la obligación y responsabilidad de asegurar a la ciudadanía un proceso que no permita la infiltración de jueces vinculados a intereses privados o ilícitos”, señaló Beltrán.

Otra área de preocupación son los ataques recurrentes en contra de operadores de justicia y ciudadanos que han liderado la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. “El Estado de Guatemala debe investigar las campañas y amenazas en contra de operadores de justicia y ciudadanos liderando la lucha anticorrupción y garantizar su seguridad”, dijo Beltrán.

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El Congreso de Perú debería revisar la nueva ley de protección policial porque abre espacios de impunidad

Fuente: Naciones Unidas

01 de abril, 2020

La Oficina de Derechos Humanos advirtió que la normativa contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y urgió a los legisladores peruanos a revertirla. La ley deroga el principio de proporcionalidad y exime de responsabilidad penal los oficiales que hagan uso de la fuerza. “Es un retroceso preocupante”, afirma la ONU.

La ley promulgada en Perú hace unos días respecto a la protección de la policía nacional contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza que deben regir toda actuación de las fuerzas de seguridad y del orden, alertó este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.

El titular de esa entidad, Jan Jarab, sostuvo que la promulgación de la legislación constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.

“Hacemos unllamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó Jarab en un comunicado.

La Oficina explicó que con la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que los funcionarios policiales actúan de manera excesiva o arbitraria, además de que se exime de responsabilidad penal a los efectivos de la policía que hagan uso de la fuerza.

Despliegue de personal policial y militar

La ley también prohíbe dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos. A este respecto, Jarab subrayó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.

La implementación de la ley es especialmente preocupante porque ocurre en el contexto de las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno de Perú para contener la propagación del coronavirus COVID-19, que incluyen el despliegue de personal policial y militar.

“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente al COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, enfatizó Jarab.

La Oficina ha planteado a las autoridades peruanas sus preocupaciones en diversas oportunidades durante el proceso de redacción de la normativa.

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró la disposición de la Oficina Regional para apoyar la armonización de las leyes con la legislación internacional de las garantía fundamentales, y para compartir las mejores prácticas de los Estados con respecto al uso de la fuerza.

Jarab concluyó instando a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos para dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales e invertir en su profesionalización y en la mejora en sus condiciones laborales, así como en lo referente a la rendición de cuentas.

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Russia constitutional court approves amendment allowing Putin to serve two additional terms

Source: Jurist

March 17, 2020

The Russian Constitutional Court released a 52-page decision Monday approving amendments to the constitution, including an amendment that would allow Vladimir Putin to serve up to two additional terms as president.

The current constitution imposes a two-term limit to the presidency, and Putin has put forward a series of amendments, one of which would reset the term-limit clock and allow him to run again. He has served Russia as president from 2000 to 2008, then again from 2012 to the present. Last week both houses of the Russia parliament overwhelmingly approved the constitutional changes, and today’s decision by the Constitutional Court was the next step in those changes becoming official.

Just hours before the court issued its decision, a group of 350 legal experts, journalists and writers published an open letter decrying the proposed changes as “an anti-constitutional coup” that “threatens … national discord.” The court’s decision itself was no surprise except in its speed, having come down only two days after Mr. Putin submitted his request; the court is widely seen as under the Kremlin’s control.

The next step is a national referendum on the changes, scheduled for April 22.

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El Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma carece de legitimación para recurrir las leyes aprobadas por su Parlamento

Fuente: Noticias Jurídicas

16 de enero, 2019

-España-

El Pleno del Tribunal Constitucional ha sentenciado que el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma no tiene legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento al no reconocerlo así la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el Tribunal ha inadmitido el recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja contra varios artículos de la Ley del Parlamento de La Rioja 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales.

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, explica que, según la doctrina constitucional, “el art.162.1 CE y su derivado art. 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han precisado la concesión de la legitimatio ad causam de manera expresa y concreta adoptando un sistema de numerus clausus, taxativo y riguroso en atención a razones de prudencia política y de seguridad y normalidad jurídica”.

Por tanto, en el proceso constitucional la legitimación no se establece en términos abstractos, sino que se formula para un actor concreto (órgano o fracción de órgano) en relación con un determinado tipo de acción (recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia) referida a su vez a una clase concreta de actos o normas.

La resolución también aclara que “la legitimación ad causam, regida por los arts. 162.1 a) CE y 32.2 LOTC, excluye asimismo la posibilidad de que una Comunidad Autónoma interponga un recurso de inconstitucionalidad frente a leyes de otra Comunidad Autónoma: “ni siquiera ‘la supuesta titularidad de un derecho subjetivo o de un interés propio’ permite a las Comunidades Autónomas promover este tipo de procesos, ‘pues no existe un correlato necesario entre garantía institucional de derechos o de cualquier interés propio y legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad, que se atribuye en lista cerrada”.

Asimismo, el Tribunal concluye señalando respecto a la legitimación activa de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que la Constitución no atribuye a estas últimas tal legitimación a una determinada fracción del órgano parlamentario sino al órgano en sí (art. 162.1 apartado a).

En consecuencia, se puede afirmar que “la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas Asambleas autonómicas que las aprobaron, y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente”. Es más, si se reconociese tal legitimación se rompería el equilibrio o paridad institucional que debe existir, porque así lo ha querido la Constitución entre uno y otro órgano superior de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad.

La sentencia cuenta con varios votos particulares. El primero formulado por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. En su opinión, en la medida en que la propia jurisprudencia constitucional ha formulado una interpretación extensiva del concepto “ámbito de autonomía” que permite a los ejecutivos y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas instar la intervención del Tribunal Constitucional más allá de sus propias competencias, resulta coherente optar por la interpretación más amplia posible en relación con el objeto del control de constitucionalidad de los ejecutivos autonómicos contra las normas emanadas de sus propias asambleas legislativas.

El segundo voto particular ha sido emitido por el magistrado Pedro González-Trevijano al que se adhiere el magistrado Ricardo Enríquez Sancho. Considera que la cláusula general de legitimación que contempla el art. 162.1a) del texto constitucional no constituye una regla que deba ser desarrollada o precisada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sino una simple relación completa y cerrada de sujetos legitimados en todo caso. Ello es coherente con la naturaleza del recurso de inconstitucionalidad, dado que estamos ante un proceso de carácter objetivo, en el que la legitimación para intervenir no deriva de la singular posición del sujeto en relación con el objeto del proceso, sino de la facultad que la propia Constitución confiere a determinados sujetos para instar el control de constitucionalidad de las leyes. En este sentido, reconocida constitucionalmente la legitimación de los gobiernos autonómicos para interponer el recurso de inconstitucionalidad sin ninguna matización, su exclusión para formularlo en relación con las leyes de sus propios Parlamentos, no se acomoda a la propia función del recurso de inconstitucionalidad, donde el que actúa ante el Tribunal Constitucional no pretende nada para sí, sino el restablecimiento de la legalidad, y el interés general que se traduce en la defensa de la Constitución, función de la que participan los órganos autonómicos sin restricciones.

Por último, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos también se adhiere a los votos formulados por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón y el magistrado Pedro González-Trevijano.

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Tribunal Constitucional: la libertad de expresión ampara que los trabajadores puedan quejarse de la empresa

Fuente: Noticias Jurídicas

08 de enero, 2020

-España-

¿Qué prima en una relación laboral, la libertad de expresión de los trabajadores o el poder disciplinario del empresario? 

Esta es la cuestión que ha abordado el Tribunal Constitucional en un reciente caso, en el que un enfermero que prestaba sus servicios en un centro de día acudió a las dependencias del Ayuntamiento de Baracaldo para quejarse de la gestión que estaba realizando su empresa, y posteriormente fue despedido. El Constitucional ha sentenciado que el despido es nulo, porque los trabajadores están en su derecho de emitir juicios de valor sobre la forma de actuar de su empresa. 

La resolución del TC, de 25 de noviembre, está disponible en este enlace

Los hechos del caso

Según los hechos recogidos en sentencia, el empleado acudió al Consistorio por la deficiente gestión del servicio asistencial, adjudicada por el Ayuntamiento a la empresa. Se quejaba de la falta de material sanitario del centro y de otras muchas cuestiones, como la falta de preparación del personal contratado para dar de comer a los residentes del centro. Primero había acudido a su empresa, y viendo que no conseguía nada, decidió acudir a instancias superiores. 

Cuando su empresa se enteró, le reprendió mediante una contundente carta de amonestación. Fundamentalmente se le acusaba de que era una deslealtad haber acudido al Ayuntamiento porque había puesto en entredicho la profesionalidad de la empresa y la calidad de la gestión del servicio. En esta carta se le “avisó” de que no volviera a protagonizar actuaciones similares pues, en caso contrario, se tomarían medidas de mayor envergadura.

Un mes después de este aviso, le llegó la carta de despido alegando una disminución de su rendimiento y desobediencia a sus superiores. 


El TSJ estimó improcedencia, pero no nulidad

El despido fue declarado nulo en un primer momento por el Juzgado: consideraba vulnerada la libertad de expresión del empleado, pero el TSJ revocó dicha sentencia y solo entendió que era improcedente por razones formales y por falta de acreditación de los hechos imputados. Para este tribunal no se había vulnerado la libertad de expresión ya que se habían planteado reivindicaciones laborales por el cauce inadecuado y como no habían sido acreditadas, las quejas en el Ayuntamiento causaron a la empresa un perjuicio injusto que no debía soportar.

El derecho a la libertad de expresión permite a todos los ciudadanos expresar libremente juicios de valor, pero estas opiniones a menudo también suponen una crítica a la conducta del otro. Y por mucho que pueda molestar o disgustar a quien se dirigen, han de ser amparadas por tal derecho fundamental siempre que no se utilicen expresiones ofensivas o insultos.

Es decir, a priori el que manifiesta un parecer no tiene que probar nada. Porque la libertad de expresión no se debe confundir con la libertad de información. Y dentro de un contrato de trabajo, las partes tienen que tener esa libertad y no verse obstaculizada.

Un trabajador, además es ciudadano. Y la libertad de empresa no puede soslayar sus derechos fundamentales ni puede amparar que los empleados deban de soportar limitaciones injustificadas a sus derechos y libertades públicas.

Y observando la actuación del enfermero, no encontramos en ningún momento que al manifestar su parecer y discrepancia por la actuación de la empresa utilizase expresiones ultrajantes u ofensivas. Prueba de ello en que en la carta de despido e incluso en la amonestación no se le reprochó el tono agresivo, sino simplemente la deslealtad para con su empresa.

Por todo ello, el despido es nulo. 

Las opiniones del enfermero están amparadas en su libertad de expresión. Como decimos, se cumplen los requisitos precisos:


• Las críticas eran relativas a la gestión empresarial del centro de trabajo del actor. Es decir, se trataba de cuestiones estrictamente laborales.
• No se utilizaron expresiones malintencionadas o calumnias.
• La reclamación del trabajador se realizó ante quien debía dirigirse porque primero acudió a su jefe, y viendo que no se solventaba, decidió dirigirse al Ayuntamiento que había otorgado la concesión, porque no debemos olvidar que estamos ante unos servicios de tipo social que debe “vigilar” el organismo municipal.

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El Tribunal Supremo fija 20 criterios orientativos para valorar la suficiencia de la prueba indiciaria en los casos en los que no existe prueba directa

Fuente: Noticias Jurídicas

12 de noviembre, 2019

-España-

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se desestimaron los recursos de apelación interpuestos por los condenados contra sentencia de fecha 18 de octubre de 2018 del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de A Coruña, en la que se condenaba a dos personas a las penas de 19 y 18 años de prisión por delito consumado de asesinato.

El jurado consideró que los dos acusados habían acabado con la vida de otra persona, y aunque no existió prueba directa del crimen sí que apreciaron y relataron en las respuestas al objeto del veredicto una serie de indicios concurrentes y concluyentes para sostener la condena.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro aceptó la valoración de la prueba existente de contenido meramente indiciario, en ausencia de prueba directa sobre todo en razón al poder de la concurrencia de la prueba indiciaria contundente, y fijando una serie de reglas o principios para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente para dictar una sentencia condenatoria, entre los que el Tribunal ha citado los siguientes:

1.- No pueden confundirse los indicios con las sospechas. Para enervar la presunción de inocencia debemos contar con indicios probados y no con meras “probabilidades” de que el hecho haya ocurrido.

2.- El Juez o Tribunal no puede ni debe fundamentar el fallo de la Sentencia en su simple y puro convencimiento subjetivo.

3.- La condena no puede fundarse en la creencia del Juez, Tribunal o del Jurado de que “creen” que los hechos ocurrieron como relatan, sino que “están convencidos” de que ocurrieron así.

4.- Se exige del Tribunal una adecuada motivación acerca de la concurrencia de los indicios y su “relevancia probatoria”.

5.-Elementos y requisitos en la prueba indiciaria:

Elementos:
1) Una afirmación base o indicio. La cita o mención de cuál es el hecho.
2) Una afirmación consecuencia. La referencia en la sentencia de lo que se deduce de él.
3) Un enlace lógico y racional entre el primero y el segundo de los elementos que lleva a la condena por la suma de los indicios plurales.

Requisitos:
1) Que exista una pluralidad de indicios. No puede precisarse, de antemano y en abstracto, su número
2) Que esta pluralidad de indicios estén demostrados mediante prueba directa.
3) Que de manera indispensable, entre el hecho demostrado o indicio y el que se trate de deducir haya un enlace preciso, concreto y directo según las reglas del criterio humano, y
4) Que el órgano judicial motive en su Sentencia el razonamiento de cómo ha llegado a la certeza del hecho presunto.

6.-La exigencia de la motivación en la sentencia respecto a la concurrencia de indicios y su consecuencia es más fuerte y debe ser más precisa que en los casos de prueba directa, ya que está es clara y diáfana, pero no lo son los indicios, porque si lo fueran sería prueba directa y no indiciaria.

7.- Los indicios se alimentan entre sí para configurar la condena. En otros términos, se trata del “Razonamiento inductivo propio de la prueba de indicios”.

8.- Si el órgano jurisdiccional no cumple con el deber constitucional de motivación es imposible tener acceso al proceso de inferencia llevado a cabo, y por consiguiente resulta imposible saber si el razonamiento es “arbitrario, absurdo o irracional”.

9.- La clave de la teoría de la prueba de indicios o prueba indirecta radica en el enlace lógico y racional entre el indicio o afirmación base y la afirmación consecuencia.

10.- Cuando el Tribunal “suma” los indicios en su proceso final tras el juicio se llega a hablar de una, denominada, «certeza subjetiva», que lleva a la «convicción judicial».

11.- La autoría que determina una condena no es “la mejor explicación posible a lo ocurrido”. No es una sentencia de “sospechas”, sino de convicciones respecto a que la suma de indicios determina y lleva al Tribunal a concluir con seguridad que el delito lo cometió el acusado.

12.- Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos

13.- El proceso deductivo que debe llevar a cabo el Tribunal ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma su inferencia. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica.

14.- La inducción o inferencia es necesario que sea razonable.

15.- Los indicios deben mantener una correlación de forma tal que formen una cadena que vaya conformando el iter para llegar al proceso mental de convicción que se conforma por la suma de los datos y la prueba de cada uno de ellos.

16.- Tanto esta Sala del Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional pueden y deben controlar la razonabilidad del discurso explicado por el órgano jurisdiccional que dictó la Sentencia condenatoria basada en la prueba de indicios o prueba indirecta.

17.- Puede efectuarse el control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria

18.- Puede hablarse, así, de dos tipos de irracionalidad distintos que merecen tratamiento separado.
a.- La falta de lógica y la concurrencia de arbitrariedad o absurdo.
b.- La falta de conclusividad.
Solo cabe estimar que la garantía de la presunción de inocencia debe tenerse por vulnerada únicamente “cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada”.

19.- La conclusión de una inferencia presuntiva debe considerarse cerrada, fuerte y determinada.

20.- Para que la tesis acusatoria pueda prosperar, consiguiéndose la enervación de la presunción de inocencia, se la debe exigir una «probabilidad prevaleciente» con respecto a aquellas otras hipótesis explicativas de los mismos indicios, entre las que se puede contar la tesis fáctica de descargo.

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The Syrian flag with the UN building behind. Dozens gathered outside the UN in New York to show solidarity with the people of Syria in their uprising against President Bashar Assad.

Guterres cita el Comité Constitucional sirio como ejemplo de lo que puede lograr la mediación

Fuente: Naciones Unidas

31 de octubre, 2019

 En una Conferencia en Turquía, el titular de la ONU asegura que la herramienta política de la mediación “es una de las más importantes para reducir y acabar con los conflictos”. También advirtió del peligro que representa el resurgimiento del populismo y la marginación de las minorías pueden contribuir al aislamiento y la radicalización.

El Secretario General de la ONU participó este jueves en la VI Conferencia de Mediación, que se celebra en la ciudad turca de Estambul, donde expuso las bondades de esta herramienta política, poniendo como ejemplo el Comité Constitucional sirio que ayer se reunió en Ginebra por primera vez con el objetivo de crear una carta para el país.

“No hay ilustración más clara de la importancia de las soluciones políticas al conflicto. La reunión del Comité fue hito, una base para el progreso y, en sí misma, un claro éxito de la mediación”, declaró António Guterres.

Después expresó su esperanza de que sea el primer paso real hacia una solución política para “poner fin a este capítulo trágico en la vida del pueblo sirio” y crear una oportunidad para el regreso voluntario y seguro de todos los sirios a sus lugares de origen”.

También elogió otros resultados positivos de mediación y diálogo, particularmente en los países africanos, e instó a todos a “construir sobre este éxito”.

Mayor incertidumbre mundial

Desde un punto de vista geopolítico más amplio, el titular de la ONU señaló que las divisiones en la comunidad internacional están contribuyendo a la incertidumbre y la inseguridad, lo que tiene un impacto precisamente en los mediadores que confían en “la voluntad política de los Gobiernos y los grupos armados que son partes en las hostilidades” y observó que, incluso en algunas sociedades pacíficas, “los líderes están alimentando las tensiones sin preocuparse por las consecuencias“.

Entonces, alertó de que “el resurgimiento del populismo y la marginación de las minorías pueden contribuir al aislamiento y la radicalización, haciendo que las personas sean vulnerables al reclutamiento de extremistas y terroristas”.

Otro motivo de preocupación son las redes sociales y las tecnologías digitales, ya que si bien pueden mejorar el alcance y la inclusión, también “crean serios desafíos para la mediación” y destacó que la incitación al odio en internet, las campañas de desinformación y la manipulación de contenido crean “narrativas venenosas”.

Como colofón añadió que, a medida que el espacio para la sociedad civil se ve presionado, existe el peligro de aumentar la inestabilidad, la violencia y el sufrimiento.

Luego, explicó que la mediación aborda tanto las causas profundas como las consecuencias del conflicto, que son “vitales para evitar que se repita la violencia”, pero señaló que para que la mediación funcione se necesitaba más coordinación con organizaciones regionales, grupos de la sociedad civil y otros actores.

Tres vías de mediación conjuntas

“Resolver los conflictos complejos de hoy en día significa reunir las tres vías de mediación de manera coordinada: la primera, que comprende el liderazgo político y militar, y debe estar complementada por los contactos no oficiales e informales, que se producen en la segunda vía para probar ideas; mientras que la tercera, que es para ampliar el proceso, de incluir a sociedad civil y las iniciativas de base”, explicó.

Y, sin embargo, lamentó que “a pesar del creciente número de grupos involucrados, una proporción relativamente pequeña de conflictos recibe mediación“, por lo que instó a todos a “encontrar los recursos para participar en todos los ámbitos”.

Guterres recordó que la ONU fue creada hace casi 75 años “para salvar al mundo del flagelo de la guerra” e instó a todos a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner fin al ciclo sin sentido de destrucción y reconstrucción“.

El banco de tecnología

El Secretario General también visitó el jueves el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas para los Países Menos Desarrollados con sede en Turquía, calificándolo de “una señal positiva de esperanza y una respuesta directa a la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás”.

Con el fin de cerrar la llamada brecha digital para los dos mil millones de personas que aún no están conectadas a Internet, el banco abrió sus operaciones en la ciudad de Gebze, el año pasado. Se financia completamente con recursos extrapresupuestarios y depende de contribuciones voluntarias.

Guterres afirmó que al establecer asociaciones tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, el Banco estaba mejorando la coordinación para la innovación científica y tecnológica en los países menos desarrollados y desempeñará un papel importante en la colaboración Sur-Sur, para todo el mundo en desarrollo.

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Guterres cita el Comité Constitucional sirio como ejemplo de lo que puede lograr la mediación

Fuente: Naciones Unidas

31 de octubre, 2019

En una Conferencia en Turquía, el titular de la ONU asegura que la herramienta política de la mediación “es una de las más importantes para reducir y acabar con los conflictos”. También advirtió del peligro que representa el resurgimiento del populismo y la marginación de las minorías pueden contribuir al aislamiento y la radicalización.

El Secretario General de la ONU participó este jueves en la VI Conferencia de Mediación, que se celebra en la ciudad turca de Estambul, donde expuso las bondades de esta herramienta política, poniendo como ejemplo el Comité Constitucional sirio que ayer se reunió en Ginebra por primera vez con el objetivo de crear una carta para el país.

“No hay ilustración más clara de la importancia de las soluciones políticas al conflicto. La reunión del Comité fue hito, una base para el progreso y, en sí misma, un claro éxito de la mediación”, declaró António Guterres.

Después expresó su esperanza de que sea el primer paso real hacia una solución política para “poner fin a este capítulo trágico en la vida del pueblo sirio” y crear una oportunidad para el regreso voluntario y seguro de todos los sirios a sus lugares de origen”.

También elogió otros resultados positivos de mediación y diálogo, particularmente en los países africanos, e instó a todos a “construir sobre este éxito”.

Mayor incertidumbre mundial

Desde un punto de vista geopolítico más amplio, el titular de la ONU señaló que las divisiones en la comunidad internacional están contribuyendo a la incertidumbre y la inseguridad, lo que tiene un impacto precisamente en los mediadores que confían en “la voluntad política de los Gobiernos y los grupos armados que son partes en las hostilidades” y observó que, incluso en algunas sociedades pacíficas, “los líderes están alimentando las tensiones sin preocuparse por las consecuencias“.

Entonces, alertó de que “el resurgimiento del populismo y la marginación de las minorías pueden contribuir al aislamiento y la radicalización, haciendo que las personas sean vulnerables al reclutamiento de extremistas y terroristas”.

Otro motivo de preocupación son las redes sociales y las tecnologías digitales, ya que si bien pueden mejorar el alcance y la inclusión, también “crean serios desafíos para la mediación” y destacó que la incitación al odio en internet, las campañas de desinformación y la manipulación de contenido crean “narrativas venenosas”.

Como colofón añadió que, a medida que el espacio para la sociedad civil se ve presionado, existe el peligro de aumentar la inestabilidad, la violencia y el sufrimiento.

Luego, explicó que la mediación aborda tanto las causas profundas como las consecuencias del conflicto, que son “vitales para evitar que se repita la violencia”, pero señaló que para que la mediación funcione se necesitaba más coordinación con organizaciones regionales, grupos de la sociedad civil y otros actores.

Tres vías de mediación conjuntas

“Resolver los conflictos complejos de hoy en día significa reunir las tres vías de mediación de manera coordinada: la primera, que comprende el liderazgo político y militar, y debe estar complementada por los contactos no oficiales e informales, que se producen en la segunda vía para probar ideas; mientras que la tercera, que es para ampliar el proceso, de incluir a sociedad civil y las iniciativas de base”, explicó.

Y, sin embargo, lamentó que “a pesar del creciente número de grupos involucrados, una proporción relativamente pequeña de conflictos recibe mediación“, por lo que instó a todos a “encontrar los recursos para participar en todos los ámbitos”.

Guterres recordó que la ONU fue creada hace casi 75 años “para salvar al mundo del flagelo de la guerra” e instó a todos a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner fin al ciclo sin sentido de destrucción y reconstrucción“.

El banco de tecnología

El Secretario General también visitó el jueves el Banco de Tecnología de las Naciones Unidas para los Países Menos Desarrollados con sede en Turquía, calificándolo de “una señal positiva de esperanza y una respuesta directa a la promesa de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás”.

Con el fin de cerrar la llamada brecha digital para los dos mil millones de personas que aún no están conectadas a Internet, el banco abrió sus operaciones en la ciudad de Gebze, el año pasado. Se financia completamente con recursos extrapresupuestarios y depende de contribuciones voluntarias.

Guterres afirmó que al establecer asociaciones tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, el Banco estaba mejorando la coordinación para la innovación científica y tecnológica en los países menos desarrollados y desempeñará un papel importante en la colaboración Sur-Sur, para todo el mundo en desarrollo.

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El Tribunal Supremo permite a las universidades introducir una cuota de género para sus cátedras

Fuente: El Economista España

22 de octubre, 2019

-España-

 El Tribunal Supremo entiende que es “objetivo y razonable” el acuerdo de la Universidad Autónoma de Madrid que introdujo en 2016 una variable de género para elegir los departamentos universitarios donde se crearían las nuevas plazas de cátedra. El Supremo señala que “está dentro de las facultades propias del derecho fundamental a la autonomía universitaria y que no supone infracción o lesión de derechos fundamentales como la igualdad, el mérito y la capacidad”.

El acuerdo avalado por la sentencia, de 16 de octubre de 2019, establecía cuatro criterios para seleccionar los departamentos o áreas de conocimiento donde se crearían 22 nuevas cátedras por promoción interna. Junto a la experiencia investigadora, la docente, y la antigüedad en la acreditación, se añadía como cuarto criterio el relativo a la estructura de la plantilla que se encontraría condicionado por la asignación de puntos en función de la infrarrepresentación o no de las catedráticas.

Así, el acuerdo determinaba que si la proporción de catedráticas en un departamento era de 0 a 10%, se asignarían a dicho área 10 puntos, si ésta se encuentra entre el 10 y 20% será de 7,5 puntos, si está entre el 20 y 30% será de 5 puntos, y si está entre el 30 y 40% será de 2,5 puntos.

El Supremo advierte de que solo se está examinando lo que sería esa primera fase que trata de determinar cómo se estructura la plantilla, qué plazas en concreto han de crearse, y sobre todo, dónde. “Para ello se establece una puntuación, cuya relevancia sirve para determinar en qué áreas de conocimiento se adscribirán las cátedras de nueva creación, fijando, como uno de los elementos a valorar, la infrarrepresentación de catedráticas en departamentos universitarios”, añade el Supremo.

Cubrir las plazas

Luego vendría la segunda fase, que consistirá en aprobar la correspondiente convocatoria del concurso para cubrir cada una de las concretas plazas creadas, entre los específicos solicitantes de las mismas. “De manera que la única ventaja que introduce esa variable de género es que en aquellos departamentos o áreas de conocimiento donde no haya ninguna catedrática, o tenga un número reducido de las mismas, hay más posibilidades de que se cree allí una cátedra, a la que posteriormente concurrirán en igualdad de condiciones los profesores y las profesoras”, añade. Ese posterior proceso selectivo para cada cátedra, recuerda la sentencia, se habrá de desarrollar “con estricta observancia de la igualdad, el mérito y la capacidad“.

“No estamos ahora, por tanto, ante las habituales medidas de discriminación positiva, que ante méritos equivalentes se confiere preferencia a la mujer, como colectivo tradicionalmente preterido”, apunta la magistrada del Supremo Teso Gamella, ponente de la sentencia.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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UK court rules transgender man who gave birth must be registered as child’s mother

Source: Jurist

September 25, 2019

-United Kingdom-

The UK’s High Court ruled Wednesday that a transgender man who had given birth to a child must be legally registered as the mother of the child.

The issue arose when a transgender man gave birth to a child and wished to be legally registered as the father or, alternatively, the parent of the child. The High Court ultimately concluded that “there is a material difference between a person’s gender and their status as a parent.”

The High Court described the term “mother” as “the status afforded to a person who undergoes the physical and biological process of carrying a pregnancy and giving birth.” The High Court reasoned that parental status is no longer gender specific as it was in the past, and that now a mother could legally be male.