Derecho Constitucional

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC declara vulnerada la integridad moral de un funcionario al que no le otorgaban ni tareas ni despacho    

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-España-

Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado. 
El Alto Tribunal ha estimado, en sentencia de 6 de mayo de 2019 (cuyo texto puede consultar aquí), que el empleado público estaba siendo marginado al no disponer de ocupación alguna durante su horario laboral, así como ni despacho, ni acceso a las reuniones como otros funcionarios de su mismo nivel, siendo denegada además la movilidad a otro destino. 
El funcionario había intentado conseguir un reconocimiento de situación de acoso laboral tanto ante la Administración como ante los tribunales. Todos los intentos fueron en vano, los órganos jurisdiccionales se negaron a apreciar acoso al no apreciar un agravio relevante y grave contra el denunciante.
El Tribunal Constitucional sin embargo da ahora la razón al reclamante: sí existe vulneración de la integridad moral relevante por pasar más de 15 meses recibiendo este trato. Existía una marginalidad laboral evidente en comparación con sus compañeros, con intencionalidad, menoscabo y vejación en el trato recibido, situación que se prolongó sin que existiese motivo legítimo para ello apreciable y con gravedad suficiente como para apreciar la existencia de acoso laboral. 

Funcionario invitado

Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012. 
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores. 
El puesto, no obstante, era un trabajo fantasma. No se le asignaron tareas ni tampoco despacho. A pesar de instar a sus superiores a que le informasen sobre qué consistía el nuevo puesto de trabajo no obtuvo ninguna asignación de tarea durante más de un año, en el que no era informado de las reuniones ni de los asuntos de la Gerencia.  
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería. 

La resolución del TSJ

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acude al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.  
Con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista situación violenta para que exista acoso laboral por vía casacional ante el Tribunal Supremo. 
El máximo órgano ordinario no entra en el fondo del asunto por no considerar que existe interés casacional objetivo. 

La resolución del TC

Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación. 
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona. 
Se confirma así la existencia de marginación laboral con menoscabo relevante de la integridad moral del trabajador y se inadmiten los argumentos sobre la crisis y la menos carga de trabajo, al considerar entonces inútil crear un puesto extra. 
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.  
“La administración, sin una finalidad u objetivo legítimo (…) marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo”, con el fin de “desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, sentencia. 

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Colombia descriminaliza la transmisión del VIH              

Fuente: Naciones Unidas

13 de junio, 2019

Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH de manera, algo que ONUSIDA considera una política punitiva y discriminatoria contra las personas que viven con el virus.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH. 

En un comunicadoONUSIDA recalcó que la criminalización demasiado amplia de la transmisión del virus es ineficaz, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones. La agencia había presentado una alegación ante el Tribunal Constitucional demostrando esa afirmación. 

“Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivos que bloqueen las respuestas efectivas al VIH“, expresó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la agencia. 

La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella.

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.

La Corte además dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación.También determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública. 

Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH  sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH.  

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH. 

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Supreme Court holds tribe’s hunting rights per treaty still valid             

Source: Jurist

May 20, 2019

-United States-

The US Supreme Court held Monday in Herrera v. Wyoming that hunting rights provided to a western American Indian tribe, the Crow Tribe, via federal treaty did not expire when Wyoming became a state. It also determined that the term “unoccupied” in the same federal treaty that granted hunting access was still valid and that the Bighorn National Forest did not become categorically “occupied” when the forest was created.

Justice Sonia Sotomayor wrote for the majority in the 5-4 opinion that Congress did not intend to end the right when it established Wyoming as a state. In addition, simply creating a national forest did not meet the “occupation” requirement of the treaty, but rather reserved the lands from such.

“The Federal Government’s exercise of control and withdrawing of the forest lands from settlement would not categorically transform the territory into an area resided on or settled by non-Indians; quite the opposite.”

The court did not touch on a decision by the state trial court that Wyoming could regulate the exercise of the 1868 Treaty right “in the interest of conservation.”

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Kenya High Court upholds gay sex ban                

Source: Jurist

May 24, 2019

 Kenya’s High Court on Friday upheld a ban on gay sex.

The Kenyan Penal Code makes it a felony to have “carnal knowledge of any person against the order of nature” or to commit “gross indecency.” The sentence for these offenses ranges from 5-21 years in prison.

Kenya’s Constitution guarantees human dignity and freedom from discrimination. However, the justices determined that these laws were not discriminatory and rejected that the statutes discourage people from seeking HIV treatment.

Kenyan civil rights group, the National Gay and Lesbian Human Rights Commission, plans to appeal the ruling.

After the recent recognition of The National Gay and Lesbian Human Rights Commission as an NGO, advocates were hopeful that the court would rule in their favor.

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EL TC inadmite los recursos de amparo contra la proclamación de la candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo de Puigdemont, Comín y Ponsatí

Fuente: Noticias Jurídicas

10 de mayo, 2019

-España-

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad inadmitir los tres recursos de amparo presentados por el Partido Popular contra las sentencias de los Juzgadosde lo Contencioso-administrativo números 2, 9 y 21 de Madrid y contra el Auto de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaraban a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí como candidatos idóneos para concurrir a las elecciones del Parlamento Europeo.

El Tribunal señala que no concurre vulneración de un derecho fundamental tutelable en amparo conforme establece el art. 44 de la LOTC.El recurrente consideraba que se habían vulnerado los siguientes derechos: al juez ordinario predeterminado por la ley por supuesta extralimitación de funciones de la Sala Terceradel Tribunal Supremo al pronunciarse sobre la cuestión planteada, pese a declararse competente (art. 24.2 CE); al derecho de sufragio pasivo y de la igualdad derechos entre ciudadanos de la Unión Europea (art. 23.2 CE) y a la tutela judicial efectiva en cuanto garantiza recibir comorespuesta judicial una resolución fundada en derecho (art. 24.1 CE).

El texto íntegro de la resolución es el siguiente:“La Sala ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite,con arreglo a lo previsto en el art. 50.1.a) LOTC, dada la inexistencia de violación de un derechofundamental tutelable en amparo, que, de acuerdo con el art. 44.1 LOTC, es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela.

A) Las causas alegadas no pueden considerarse como verdaderos motivos deamparo, ya que ninguna relación guardan con la conculcación de un derecho fundamental, pueses doctrina de este Tribunal que “no puede existir vulneración de los derechos constitucionalescomo consecuencia de la posible vulneración de la legalidad por parte de otra candidatura, puestoque no tiene cabida en los derechos constitucionales accionables en amparo el derecho alcumplimiento de la legalidad por parte de terceros” (STC 67/1987; doctrina que reiteran las SSTC70/1987, FJ Único; 113/1991, FJ 2).

B) No cabe esgrimir la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a lasfunciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) para oponerse al reconocimiento del derechofundamental ajeno, pues ello entrañaría no sólo una desnaturalización de la garantía misma, sinotambién el planteamiento ante este Tribunal de impugnaciones frente a la aplicación einterpretación de la Ley llevadas a cabo por los órganos administrativos y judiciales. Si talesórganos resolvieron razonadamente en virtud de una interpretación flexible y favorable del ejerciciode los derechos fundamentales, no por ello se depara discriminación alguna a las demáscandidaturas -y, entre ellas, a la que hoy recurre-, pues la igualdad que en este caso la Constitución preserva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opcionesdiferentes, sin que por ello se menoscabe derecho fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo electoral de sus conciudadanos, acceder al cargopúblico (STC 82/1987, FJ 2).

C) Finalmente, de conformidad con lo establecido en el art. 49.1 LOREG, la impugnación de la proclamación de la candidatura a que se refiere el presente proceso de amparo ha sido resuelta por el órgano judicial a quien correspondió su conocimiento, lo que impide apreciarla denunciada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2), que, según este Tribunal tiene declarado desde la STC 47/1983, de 31 de mayo, “exige que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permite calificarle de órgano especial o excepcional” (FJ2; doctrina reiterada, entre otras, en SSTC48/2003, FJ 17; 32/2004, FJ 4; 60/2008, FJ 2). Tales circunstancias concurren en el caso presente”.

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El Supremo ratificará que las remuneraciones de los ejecutivos consten en estatutos  

Fuente: Noticias Jurídicas

 28 de abril, 2019

-España-

Los magistrados mercantiles se muestran convencidos de que el Tribunal Supremo (TS) mantendrá en su próxima sentencia y, por tanto, fijará jurisprudencia sobre la obligación de las sociedades de incluir en los estatutos sociales las remuneraciones de los administradores sociales y el máximo anual que la Junta General haya aprobado para todos ellos.

A pesar de la gran polémica generada por esta cuestión, de ser así, un gran número de sociedades, deberán modificar sus estatutos en el caso de que no contemplen el sistema de retribución y sus límites en caso de que el cargo de consejero (delegado o no delegado) sea retribuido.

Garantías de los socios

Así lo han confirmado los magistrados Teodoro Ladrón, titular del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, y Francisco de Borja Villena, magistrado de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sus intervenciones en el Primer Simposio Profesional de Derecho Concursal y Societario de Madrid, organizado por Estudios AZT, Eserp Business School y el Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid.

“El TS va a seguir compaginando la información sobre las retribuciones con las debidas garantías de los socios, para que no se vean sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y superiores al importe máximo anual que la Junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales., tal y como establece la sentencia del TS de 26 de febrero de 2018”, afirmó el magistrado Teodoro Ladrón.

Esta sentencia es la única, hasta el ahora dictada por el TS en este sentido, por lo que se trata de jurisprudencia no reiterada y no dictada en Pleno, que ha generado las críticas de un amplio sector de los catedráticos de Derecho Mercantil que consideran injustificada esta posición doctrinal, encabezados por el catedrático Cándido Paz-Ares, socio de Uría y Menéndez.

Explica el diario que, su condición de sentencia única, que no ha creado aún jurisprudencia, permite que la Ley mantenga los artículos 217 y 249 sin modificación y que siga vigente la Doctrina defendida por la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN), en cuyos razonamientos se apoya la jurisprudencia recaída hasta el momento y que supone una doctrina opuesta a la defendida en la sentencia de febrero de 2018.

Incluso, la propia DGRN ha emitido con posterioridad a la sentencia otras dos resoluciones -de 31 de octubre y de 20 de noviembre de 2018- en las que reitera su doctrina tradicional de la doble condición de los administradores, distinguiendo entre los ejecutivos y los no ejecutivos a efectos de su obligación de reserva estatutaria.

Esta corriente doctrinal defiende que no se exija que la retribución de los administradores ejecutivos no se regule en estatutos, puesto que las labores ejecutivas se entienden como una función adicional, siendo suficiente la suscripción del contrato de administración, regulado en el artículo 249.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el consejo de administración y sin la competencia de la Junta General de la sociedad.

Derecho de separación

En cuanto al derecho de separación de los socios, el magistrado Javier Vaquer, titular del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, auguró una gran litigiosidad a tenor de como está redactada la legislación.

“Se puede generalizar que el socio demande de una sola tacada a la sociedad por su derecho de separación, por acciones de responsabilidad y por impugnación de los acuerdos adaptados”, ha afirmado.

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El CGPJ avala el anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero reclama medidas que garanticen una implicación “real y efectiva” para su implantación                        

Fuente: Noticias Jurídicas

29 de marzo, 2019

-España-

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, elaborado por la Secretaría de Estado de Justicia. El dictamen hace una valoración general positiva del texto, pero incide en la necesidad de ir más allá del estricto planteamiento normativo y de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso” tanto de los jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia. En definitiva, reclama “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia”. Han sido ponentes del informe los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo.

Mediante la reforma de leyes sustantivas y procesales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de asistencia jurídica gratuita), el anteproyecto de ley establece, entre otras medidas, la obligada asistencia de las partes en conflicto a una sesión informativa sobre la mediación, cuyo alcance y consecuencias regula; establece también medidas referidas a los incentivos económicos de la mediación, a su relación con el derecho a acceder a la justicia, a la confidencialidad y calidad de la mediación. La norma afecta únicamente a los procesos de los órdenes civil y mercantil.

El anteproyecto supone un avance en el cumplimiento de la Directiva 2008/52/CE, de agosto de 2016, y de los objetivos que, sobre la implantación de la mediación, han marcado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. En este ámbito, afirma el dictamen, es donde se encuentra la razón de ser del anteproyecto, que entiende la mediación no tanto como un instrumento concebido para aligerar la carga de trabajo de los tribunales sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”. La consecución de esta tutela, añade el informe, está directamente relacionada con la “calidad de la mediación”.

Si bien la valoración general que el informe hace sobre el anteproyecto es positiva, el CGPJ realiza una serie de consideraciones que inciden en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo. Tal y como el órgano de gobierno de los jueces señaló en el documento “Diez realidades-Diez propuestas” presentado el pasado mes de enero, el impulso a la mediación requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y también “un mayor compromiso tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de las administraciones competentes”.

Sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.

Respetuoso con los derechos fundamentales

El informe del CGPJ analiza el anteproyecto desde el prisma de la compatibilidad entre la mediación obligatoria “mitigada” que en él se establece y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, amparados por la Constitución (art. 24) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47). 

En lo que respecta al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el órgano de gobierno de los jueces concluye que el anteproyecto se encuentra dentro de los márgenes que configuran los estándares de protección derivados del citado precepto y que satisface también los principios de equivalencia y efectividad. 

Asimismo, afirma que la mediación obligatoria “mitigada” no vulnera el art. 24.1 de la Constitución porque la obligatoriedad prevista en el articulado no excluye que la decisión última de acudir a esta vía se adopte de forma voluntaria por las partes ni tampoco impide la intervención judicial. La mediación obligatoria “mitigada”, explica el dictamen, “no empaña la voluntariedad que caracteriza a este instrumento de solución extrajudicial de conflictos, ni desplaza la intervención judicial (…) permaneciendo incólume la plenitud del ejercicio de la función jurisdiccional”.  

El órgano de gobierno de los jueces plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria con el fin de mejorar su funcionalidad, y ello sin exceder del marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales antes citados. Se trataría bien de incluir otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva bien de proyectar la obligatoriedad hacia estadios más avanzados del procedimiento de mediación, no limitándola a la participación en sesiones informativas. Asimismo, expresa la conveniencia de extenderla mediación a la fase de ejecución de todos los procedimientos judiciales.

La mediación como servicio público

Finalmente, en consonancia con las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como del Parlamento español, el CGPJ afirma que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades.  

Por ello, considera necesaria una formación de calidad en mediación que se haga extensiva no sólo a los planes formativos de los grados universitarios que se considere oportuno sino también a todos los ciclos formativos. Asimismo, entiende que debería incluirse en los temarios de las oposiciones, especialmente las de la Administración de Justicia.

Con el fin de dotar de efectividad “lo más pronto posible” al conjunto de medidas recogidas en el anteproyecto, el dictamen expresa la conveniencia de reducir la vacatio legis de los tres años previstos a seis meses. Señala, en este sentido, que debería contemplarse un plazo de tiempo proporcionado a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las administraciones.

El órgano de gobierno de los jueces valora también de modo positivo que el anteproyecto se muestre “sensible” a las demandas de los sectores y agentes de mediación y recoja en su articulado las reivindicaciones más relevantes con el objetivo de impulsar este sistema de resolución de litigios.

El informe ha sido aprobado con el voto a favor de diez de los dieciocho vocales presentes en el momento de la votación. Entre los ocho discrepantes, han anunciado voto particular Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.