Derecho Constitucional

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La Ley balear de consultas populares permitirá la celebración de referéndums municipales vinculantes           

Fuente: Noticias Jurídicas

21 de marzo, 2019

-España-

La Ley de Baleares 12/2019, de 12 de marzo, regula las consultas populares y los procesos de participación ciudadana, su régimen jurídico y procedimiento en el ámbito de la administración autonómica, insular y local, sin perjuicio del desarrollo normativo que puedan hacer los municipios y las islas.

El texto tiene por objeto, por un lado, los referéndums municipales en el ámbito de las corporaciones municipales, como instrumento de democracia directa previstos en la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero y en el artículo 71 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, referentes a asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los ciudadanos del municipio, con exclusión de los referentes a la hacienda local. Por otra parte, la nueva ley pretende profundizar en la democracia participativa, regulando las consultas y los procesos participativos.

La norma define los procesos de participación ciudadana como el conjunto de actuaciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados por las administraciones públicas de las Illes Balears en el ámbito de sus competencias, para posibilitar el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho a la participación en la elaboración de disposiciones normativas reglamentarias, la gestión y decisión de los asuntos públicos, la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos y la confección de presupuestos participativo.

El derecho de participación de las personas físicas y de las entidades de participación ciudadana incluirá también la iniciativa para promover los procesos de participación ciudadana en los supuestos y términos que contempla, así como el derecho a recibir de las administraciones públicas, en los términos previstos en la normativa aplicable sobre transparencia y buen gobierno, la información pública sobre la materia objeto de participación, con objeto de disponer de elementos de juicio fundados para su ulterior intervención, y la posibilidad de recabar la colaboración de las administraciones públicas en las iniciativas de participación ciudadana.

Debe destacarse que la ley no considera cesión de datos el acceso de las corporaciones municipales e insulares al Registro Único de Participación Ciudadana, ya que la solicitud de alta en este registro tiene únicamente el objeto específico de ejercer el derecho a participar en los procesos y consultas ciudadanas que puedan llevar a cabo, indistintamente, no solamente el Gobierno de las Illes Balears, sino también los consejos y los ayuntamientos.

Democracia directa: referéndums municipales

La norma se refiere a los referéndums municipales, instrumentos de democracia directa para conocer la voluntad de las personas mayores de edad, censadas en un municipio, expresada mediante votación, sobre asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de una especial relevancia para los intereses de la población, a través de un proceso que goce de las garantías del proceso electoral. Quedan expresamente exceptuados y excluidos los asuntos relativos a la hacienda local. Se deciden por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, son vinculantes para la corporación municipal convocante y se pueden circunscribir a todo el término municipal o a una parte concreta del mismo, que deberá constar delimitada en el acuerdo de convocatoria.

El procedimiento del referéndum municipal se puede iniciar de dos formas: por iniciativa institucional a solicitud de un grupo municipal, de la mayoría simple del Pleno municipal o por decisión de la Presidencia de la corporación; y por iniciativa popular, suscrita por un número de personas que tengan derecho a sufragio en el ámbito de la consulta, debidamente identificadas, que como mínimo sea igual al 10% de la población en los municipios con una población de menos de 5.000 personas, a 500 personas más el 2% de la población que exceda de las 5.000, en los municipios con una población de 5.000 a 100.000 personas, o a 2.400 personas más el 1% de la población que exceda de las 100.000 en los municipios con una población de más de 100.000 personas. La comisión promotora es el instrumento para llevar a cabo un referéndum por iniciativa popular. Asimismo se regula la convocatoria del referéndum, incluyendo el proceso de recogida de firmas.

La norma aborda la organización y la documentación de la consulta, la campaña informativa, el voto, el escrutinio, la proclamación de resultados y las reclamaciones.

Democracia participativa

Por lo que respecta a la democracia participativa, la nueva ley desarrolla las condiciones que permitan promover y garantizar la participación real y efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos autonómicos, insulares y locales de las Illes Balears, tanto de manera individual como colectiva, a través de diferentes figuras de democracia participativa: las consultas ciudadanas, el Consejo de Participación, la audiencia pública ciudadana, los foros de participación ciudadana y los presupuestos participativos.

Crea y regula el Registro Único de Participación Ciudadana, el que se puede inscribir cualquier persona que esté empadronada en un municipio de las Illes Balears, siempre que haya cumplido dieciséis años, así como, a través de la sección de las entidades ciudadanas, las personas jurídicas sin ánimo de lucro. La inscripción en el Registro otorga el derecho a ser parte activa en los instrumentos de participación ciudadana y solo las personas inscritas pueden participar en estos procesos participativos. Estará sectorizado por las materias correspondientes a cada una de las competencias estatutarias. Y para llevar a cabo las consultas ciudadanas sólo las personas inscritas en el Registro Único, y más concretamente en la subsección pertinente, podrán ser consultadas, de tal manera que la no inscripción en el Registro impide al ciudadano participar en la consulta concreta.

Consultas ciudadanas

El texto se ocupa de las consultas ciudadanas, convocadas por la Presidencia del Gobierno, por alguna o algunas de las presidencias de los consejos o por alguna o algunas las presidencias de los ayuntamientos de las Illes Balears, con el objeto de conocer la opinión de las personas inscritas en la subsección correspondiente del Registro Único de Participación Ciudadana sobre una determinada actuación, decisión o política públicas de su competencia. El resultado de una consulta ciudadana no será nunca vinculante ni puede ser interpretado como la expresión de la voluntad general de la ciudadanía.

A estos efectos regula la iniciativa, institucional y popular, tanto en el ámbito autonómico como insular y municipal, así como la iniciativa ciudadana; la convocatoria, que corresponde mediante decreto a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, del consejo o del ayuntamiento; las mesas de consulta ciudadana, órganos ante los cuales se efectúa la votación en sus modalidades de votación presencial ordinaria o de votación electrónica presencial; la documentación (papeletas y actas) y los medios personales, materiales y económicos para la consulta; la campaña informativa; la votación, que puede ser telemática o presencial, anticipada y ordinaria; y el escrutinio.

La norma contempla la creación del Consejo de Participación, órgano encargado de resolver las cuestiones que vayan saliendo durante el curso de la consulta ciudadana y de llevar a cabo el recuento final de acuerdo con los principios, las normas y los requisitos legal y reglamentariamente establecidos. Se constituirá un consejo para cada consulta ciudadana y estará formado por cinco personas, elegidas en la forma que reglamentariamente venga determinada, de entre las que voluntariamente hayan manifestado su voluntad de ser inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, en su sección del Consejo de Participación.

Audiencia pública ciudadana y Foros de participación ciudadana

El texto introduce una forma de participación proactiva, las audiencias ciudadanas, que permiten a la ciudadanía poner de relieve ante la autoridad pública los problemas del día a día que afectan a una generalidad de personas. De estas cuestiones, después de ponerlas en común a través del portal de participación, aquellas que más apoyos hayan tenido tendrán que ser tratadas en audiencia pública, eliminándose los problemas que pueden tener la consideración de más personales o particulares, por el hecho de haber recibido menos apoyo y, por lo tanto, considerados impropios de una figura de participación colectiva. La última decisión para la solución de la problemática concreta y particular planteada a través de la audiencia ciudadana corresponde a la autoridad convocante.

Por su parte, los foros de participación ciudadana son los espacios de discusión y análisis formados, a instancia de la autoridad convocante, por personas físicas, que pueden actuar en nombre propio o como representantes de entidades ciudadanas, con la función de obtener opiniones, propuestas o críticas en relación con los temas que resulten objeto de debate, así como analizar y evaluar el resultado de una actuación pública concreta ya ejecutada o llevada a cabo por la administración convocante. Pueden ser abiertos a todas las personas y entidades inscritas en la sección pertinente del Registro de Participación Ciudadana o estar dirigidos, en razón de su objeto o ámbito territorial, a un determinado o a unos determinados colectivos de personas, también inscritas en la subsección pertinente del Registro. Por su propia naturaleza, no son órganos decisorios y sus opiniones o conclusiones no pueden ser vinculantes para la autoridad convocante.

Tienen por objeto, en relación con una propuesta de iniciativa de actuación o política pública, así como de cualquier otro tema de interés público, deliberar sobre su idoneidad, valorar los efectos que podría tener y prever sus resultados; en relación con una política pública concreta que se lleva a cabo, hacer su seguimiento y proponer medidas para mejorarla; en relación con un problema concreto, debatir sobre este y proponer soluciones o fórmulas para minimizarlo; y en relación con una iniciativa pública ya llevada a cabo, analizar y evaluar el resultado, proponiendo, en su caso, alternativa de mejora o cambio.

Presupuestos participativos

Y en cuanto a los presupuestos participativos, la norma los define como el instrumento de participación que, por iniciativa de la autoridad convocante, permite a la ciudadanía incidir en la distribución de una parte de los presupuestos de gasto de una administración, y cuyo objeto es la presentación o valoración de propuestas concretas de gasto, priorizando la asignación de recursos públicos, con la finalidad de participar en la gestión de la hacienda pública, municipal, insular o autonómica.

Modificaciones legislativas

Se deroga el artículo 123 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.

Entrada en vigor

La Ley 12/2019, de 12 de marzo, entra en vigor el 8 de abril de 2019, a los veinte días de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Mientras el Gobierno de las Illes Balears no lleve a cabo el desarrollo reglamentario ni haya creado la plataforma tecnológica de programario abierto que haga posible el sistema de participación electrónica y telemática, la participación ciudadana a través de consultas ciudadanas sólo se puede llevar a cabo a través del voto presencial tradicional. Mientras no esté en funcionamiento el Registro Único de Participación, no se podrán llevar a cabo consultas ciudadanas ni, en consecuencia, consejos de participación, por lo cual los consejos insulares y el Gobierno, para el resto de procesos participativos, podrán acceder a los datos del Registro de Población de las Illes Balears. Y mientras no esté en funcionamiento el Registro Único de Participación, no se podrán llevar a cabo consultas ciudadanas ni, en consecuencia, consejos de participación, por lo cual las corporaciones municipales, para el resto de procesos participativos, podrán acceder a los datos del padrón municipal.

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  1. Arizona Supreme Court rules doctor-patient confidentiality does not extend to cases of Medicaid fraud                          

Source: Jurist

March 19, 2019

-United States-

The Arizona Supreme Court ruled unanimously Monday that the statutory protections of doctor-patient privilege do not cover investigations into Medicaid fraud.

The court rejected the claims of Chalice Zeitner, who appealed a fraud conviction on the basis that the court erred by allowing the introduction of medical records as well as the testimony of her physicians during her trial. In 2010 Zeitner received a state-funded abortion due to her assertion that she had recently undergone extensive radiation and chemotherapy for uterine cancer. A year later, doctors performing a cesarean for another pregnancy found no evidence to support her claim that she previously had uterine cancer.

The court affirmed the lower court’s decision on two grounds. First, the court found that Arizona Health Care Cost Containment System’s (AHCCCS) “broad authority … to investigate suspected fraud necessarily implies an exception to the [doctor-patient] privilege for internal AHCCCS investigations and proceedings.” Second, the disclosure requirements of doctor-patient privileges are “not absolute, and the legislature has imposed limitations when ‘the public good requires [the privilege to] give way to serve a greater good.’” The court proceeded to provide examples of the exception such as the disclosure of findings of infectious diseases or the disclosure or law enforcement wounds which may have resulted from illegal activity.

The court affirmed Zeitner’s conviction on all 11 counts of fraud and the resulting sentences.

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El Constitucional exige implantar un recurso contra los decretos de los letrados de Justicia     

Fuente: El Economista España

21 de marzo, 2019

-España-

El Tribunal Constitucional (TC) declara inconstitucional la falta de un recurso para impugnar los decretos de los letrados de la Administración de Justicia para resolver reclamaciones sobre los honorarios de abogados y procuradores por ser indebidos. “La exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la Administración de Justicia”, señala la magistrada Roca Trías, ponente de la sentencia.

El Constitucional ha decidido así por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del artículo 34.2 (para procuradores) y del inciso “y tercero” del párrafo segundo y cuarto del artículo 35.2 (para los abogados) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. El texto anulado determinaba la ausencia de recurso frente al decreto del letrado de la administración de justicia cuando los honorarios de los abogados se discuten por indebidos. Sin embargo, dicho decreto no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

“La exclusión de recurso frente al decreto priva del acceso al control jurisdiccional de una decisión adoptada en el seno de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional”, explica la magistrada Roca Trías

La sentencia, de 14 de marzo de 2019, explica que dicha actuación “prescinde de control jurisdiccional y se excluye a la parte de la posibilidad de impugnación, pues no es un órgano jurisdiccional el que resuelve sobre la procedencia de los honorarios sino el letrado de la administración de justicia”.

De ahí que la mera posibilidad de impedir que dicho acto no pueda ser objeto de revisión por parte de un juez o tribunal origine una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, según el TC. El Tribunal concluye que “en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la administración de justicia es el de revisión al que se refiere el artículo 454 bis de la LEC”.

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New Mexico Senate passes bill to ban local ‘right-to-work’ ordinances               

Source: Jurist

March 11, 2019

-United States-

 The New Mexico Senate passed a Union Security Agreements bill with a vote of 23-19 on Sunday that could ban local “right-to-work” ordinances.

Ten different counties throughout the state have currently adopted ordinances that prevent employees from being required to join a union or non-union members from paying union fees. Adoption of the bill would create uniformity throughout the state and signal to local governments that the state legislature is solely vested with the power to decide on “right-to-work” laws.

Most of the Senate Democrats, including Senator Joseph Cervantes supported the bill because the local ordinances would undercut worker wages while Senate Republicans believed the bill was overstepping on local governance in attempts to boost the economy and give workers a right to choose whether to align themselves with a union.

The bill now heads to Governor Michelle Lujan Grisham for a signature.

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La Justicia valorará el lenguaje corporal en las declaraciones de víctimas de violencia de género                          

Fuente: El Economista España

13 de marzo, 2019

-España-

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. Entre otros, el Supremo ha incluido la claridad expositiva ante el Tribunal y el “lenguaje gestual de convicción”.

“Este elemento es de gran importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los gestos con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal”, subraya el Tribunal Supremo en la sentencia, de 6 de marzo de 2019. De este modo, el Tribunal evaluará “la seriedad expositiva, que aleja la creencia del Tribunal de un relato figurado, con fabulaciones, o poco creíble”.

“Este elemento es de gran importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los gestos con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal”, subraya el Supremo 

También valorará “la expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos, la ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos, la ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudas de su credibilidad”. Según el Supremo, “la declaración no debe ser fragmentada”.

La sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Magro Servet, trata de fijar una serie de parámetros para valorar esta declaración de la víctima el día del juicio, en torno a la apreciación de la credibilidad sobre los hechos de los que fue sujeto pasivo del delito y la percepción del tribunal a la hora de llegar al proceso de convicción sobre la realidad y veracidad de lo que relata.

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El Constitucional admite a trámite el recurso contra la norma que permite recoger datos ideológicos en Internet                             

Fuente: El Economista España

12 de marzo, 2019

-España-

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra el artículo 58 bis.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), incorporado por la disposición final tercera, punto dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El recurso del Defensor del Pueblo considera que el precepto impugnado vulnera los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución. El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y demás actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren oportunas.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Circular de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores. La Circular, que da continuidad al informe que la Agencia publicó el pasado diciembre, está compuesta por una parte expositiva, once artículos, una disposición transitoria y una disposición final.

La Circular fija los criterios conforme a los que va a actuar la Agencia tras la aprobación del artículo 58 bis de la LOREG, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo.

Las garantías detalladas en la misma se establecen sin perjuicio de cualquier otra que estime el responsable del tratamiento y las que puedan exigir otros órganos en el ámbito de sus competencias, como la Junta Electoral Central, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio del Interior y, en último término, el Tribunal Constitucional. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha presentado una demanda de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis 1 de la LOREG.

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El Gobierno aprueba un Real Decreto Ley en materia de protección social e incentivos al empleo                        

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de marzo, 2019

-España-

 El objetivo del Real Decreto-ley es dar la cobertura necesaria a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.

Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años.

En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.

Protección social para los colectivos más vulnerables

España presenta un alto nivel de riesgo de pobreza, especialmente acusado en la infancia, un 8% superior al existente en el del resto de países de la Unión Europea, según Eurostat.

El Real Decreto-ley se enmarca en la urgencia de promover actuaciones que reduzcan el riesgo y los niveles de desigualdad. Entre otras medidas, el texto establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta hasta 588 en el caso de personas con menores ingresos.

Asimismo se introduce una bonificación de la que podrán beneficiarse aquellas empresas que contraten a personas que lleven desempleadas más de un año, siempre que el empleo se mantenga al menos 3 años. La bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social se mantendrá durante 3 años y ascenderá a 108,33 euros/mes, 125 euros/mes cuando el contrato se haga a una mujer.

Por otra parte, la Seguridad Social incrementará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y 6.930 € para las personas con cónyuge no a cargo. Este aumento tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2019.

Se recupera el subsidio para mayores de 52 años

Los parados mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo que hasta ahora se reservaba a los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a cerca de 380.000 personas, podrá percibirse hasta que se cumpla la edad ordinaria de jubilación, y no hasta el momento en que se pueda acceder a cualquier modalidad de pensión contributiva de jubilación, como ocurría hasta el momento.

Asimismo, se deja de tener en consideración la renta familiar para el acceso al subsidio; se incrementa la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio, y se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo a tiempo parcial.

Fondo de integración de los inmigrantes

En materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, que fue eliminado en el 2012. Este fondo, cuya dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 será de 70 millones de euros, es el instrumento necesario para articular la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y poder garantizar la integración en la sociedad española de la población inmigrante.

Esta dotación presupuestaria se destinará a financiar las actuaciones que permitan el desarrollo conjunto de una estrategia de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, para garantizar la cohesión social, dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones internacionalmente reconocidos.

Otros incentivos laborales

Las empresas dedicadas al turismo que amplíen los periodos de ocupación y cotización de sus trabajadores fijos discontinuos también podrán beneficiarse de una bonificacion en sus cuotas. En concreto, aquellas que inicien o los mantengan en alta en los meses de febrero, marzo y abril podrán aplicarse una bonificación del 50% en sus cuotas por contingencias comunes, por desempleo, FOGASA y formación profesional de esos trabajadores.

A los trabajadores agrarios por cuenta ajena que en 2018 realizaron un máximo de 55 jornadas reales se les aplicará una reducción del 14,6% en sus cuotas en los periodos de inactividad.

La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. De esta forma, este colectivo, al que se autorizó retrasar sin recargo el abono de sus cuotas de los primeros cuatro meses del año hasta junio, va a hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social de todo el año 2019 con las nuevas cuantías reducidas.

El Real Decreto-ley incorpora asimismo un Plan para impulsar que las empresas conviertan en indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. En estos casos, se va a bonificar la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esa bonificación puede llegar hasta los 40 euros/mes por trabajadores encuadrados en el grupo 1 que cobren menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes. En el caso de las mujeres, la bonificación será mayor, de hasta 53,33 euros al mes.

Este conjunto de medidas en materia de protección social incluye que los artistas puedan solicitar la situación de inactividad en cualquier momento del año, siempre y cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en el año anterior.

Acceso más fácil a la Garantía Juvenil

Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros es la modificación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), regulado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Esta modificación pretende dar mayor seguridad jurídica a los jóvenes a la hora de inscribirse en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es evitar la posible incertidumbre acerca del límite del 20% de la tasa de desempleo (EPA) del colectivo de personas de entre 25 y 29 años. Se trata de simplificar y clarificar los requisitos para la inscripción en lo relativo a la edad.

Las medidas aprobadas optimizan además la gestión de los fondos procedentes del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo de Garantía Juvenil, y afectan tanto a órganos de la Administración General del Estado como a órganos de las comunidades autónomas.

Medidas contra la precariedad laboral

El Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros modifica el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligatoriedad de registrar el inicio y la finalización de la jornada laboral. De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los límites del horario de trabajo y se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se facilita, así, la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y por tanto, sobre el salario. Con esta fórmula, se sientan las bases para acabar con uno de los elementos que precarizan las relaciones laborales y se reconoce el papel de la negociación colectiva.

De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relativos al registro de jornada.

Otra de las novedades que incorpora la norma es la constitución del grupo de expertas y expertos para la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Se da cumplimiento al compromiso asumido con los interlocutores sociales.

La norma central que rige las relaciones laborales debe actualizarse de forma urgente para incorporar los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo -la elevada tasa de desempleo y la alta temporalidad- y el impacto en nuestro mercado laboral de las transformaciones digitales, la globalización, los cambios demográficos y la transición ecológica, así como la necesidad de restablecer el equilibrio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y trabajadoras.

Con la aprobación de este Real Decreto-ley el Gobierno da un nuevo paso en su compromiso con la “Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible” de Naciones Unidas, dado que las diversas medidas que incluye la norma tienen un impacto directo en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman dicha Agenda 2030. En concreto, tales medidas guardan relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible números 1 (poner fin a la pobreza), 5 (lograr la igualdad entre los géneros), 8 (trabajo decente y crecimiento económico inclusivo) y 10 (reducir las desigualdades).