Derecho Económico y Comercial

Derecho Económico y Comercial / Economic Commercial Law

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El Supremo decidirá cómo sustituir las cláusulas de vencimiento anticipado   

Fuente: El Economista España

26 de marzo, 2019

-España-

Un juez no puede anular los elementos de una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario considerados abusivos, en el caso de que esta supresión afecte la esencia de la propia cláusula y, por tanto de vea modificada su esencia, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), en una sentencia de 26 de marzo de 2019.

Para que el consumidor afectado no se vea perjudicado por la desaparición de esta cláusula, lo primero que tiene que analizar el juez encargado del caso es si se puede mantener en vigor el contrato de préstamo sin la mencionada cláusula y si en caso de que no sea posible mantenerlo, si esta decisión afecta negativamente el consumidor.

La sentencia interpreta la Directiva 93/13CEE, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Se han unido dos litigios distintos en los que se discutía el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado incluido en el contrato de préstamo, y en el segundo, una ejecución hipotecaria.

Situación de inferioridad

Como es tradicional en la jurisprudencia del TJUE, la sentencia incide en la idea de que los consumidores se encuentran en situación de inferioridad respecto a los profesionales, tanto en lo que se refiere a negociación como en información, lo que les lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano. Para ello la Directiva establece una serie de mecanismos para asegurar que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada en cuanto a su abusividad.

El ponente, el magistrado Siniša Rodin, recuerda que el TJUE, en su jurisprudencia, tiene establecido que cuando el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula, tal y como se ha fallado en las sentencias de 14 de junio de 2012 -Banco Español de Crédito- y de 30 de abril de 2014 -Kásler y Káslerné Rábai-.

Si la conclusión judicial es que el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la cláusula declarada abusiva, la sentencia del TJUE dictamina que el juez deberían abstenerse de aplicar la cláusula, salvo que el consumidor se oponga a ello, en el caso de que pudiera considerar que una ejecución hipotecaria, amparada en esa cláusula, le sería más favorable que la vía del procedimiento de ejecución ordinaria.

Sin embargo, señala el magistrado Rodin, que de la jurisprudencia del TJUE, lo que no se puede concluir es que en estos casos, el juez nacional encargado del litigio no pueda sustituir la cláusula abusiva anulada por una disposición supletoria de Derecho nacional si se ve en la necesidad de anular todo el contrato como consecuencia. Y, considera que debe hacerse así, en estos casos, cuando las consecuencias para el consumidor sean perjudiciales y acaben convirtiéndose para él en una penalización.

El ponente explica que “si en estos casos no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse”.

Una regulación cambiante

Los casos examinados se refieren a litigios inspirados en el artículo 693.2 Ley de Enjuiciamiento Cvil (LEC) en el texto previo a la reforma que entró en vigor el 15 de marzo de 2013, debiendo considerarse abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado al dar la posibilidad al banco de declarar el contrato vencido anticipadamente y exigir la devolución del préstamo cuando el deudor al dejar de pagar tan solo una sola mensualidad.

Así pues, la normativa supletoria que podría ser aplicable a estos procedimientos, cuando sea imposible mantener el contrato en vigor y, por tanto, se le pueda causar un perjuicio al consumidor, en el caso de que así lo decida la Justicia española, sería la redacción de la LEC actualmente en vigor, que establece en tres meses la falta de pago para proceder a la ejecución del inmueble.

El próximo día 15 de junio está prevista la entrada en vigor la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que modificará los límites para que las entidades prestamistas puedan proceder a la ejecución hipotecaria de una vivienda por impago del crédito.

Así, durante la primera mitad del plazo: hasta que la demora no exceda un 3 por ciento del capital concedido o se alcance un equivalente a un total de 12 cuotas impagadas. Por otra parte, en la segunda mitad del plazo: el porcentaje del capital impagado asciende al 7 por ciento, mientras que las mensualidades en demora mínimas serán 15.

Esta regulación no se aplica al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, estuviera este suspendido o no.

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Bélgica propone un impuesto verde europeo a la aviación comercial   

Fuente: Actualidad Tributaria

08 de marzo, 2019

 Bélgica ha propuesto la introducción de un impuesto europeo a la aviación comercial basado en su impacto ambiental, durante una reunión del Consejo de Ministros Europeos de Medio Ambiente este martes. El llamado belga, fundamentado en estudios que afirman que las emisiones de CO2 de los aviones habrían incrementado un 21%, fue apoyado por Francia, Suecia, Luxemburgo y los Países Bajos.

“Estamos convencidos de que la Unión Europea debe desempeñar un papel de liderazgo en la fijación de tasas justas y correctas al transporte aéreo en función de su impacto en el medio ambiente”, dijo el Ministro de Valonia, Jean-Luc Crucke, hablando en nombre de Bélgica.

Según Crucke, los estudios muestran que las emisiones de CO2 de los aviones aumentan constantemente y que se habrían incrementado un 21% solo en los últimos tres años. “Bélgica ha solicitado la inclusión de este punto en la agenda porque serán necesarios esfuerzos adicionales”, dijo el ministro liberal. “Tenemos que evitar que los otros sectores económicos de la UE tengan que compensar las emisiones de la aviación”.

También recordó que hasta la fecha no había impuestos sobre el combustible o el IVA en los boletos de avión.

“Un sistema de precios europeo justo para el transporte aéreo debería aplicar el principio de que quien contamina, paga, y restablecer la competencia justa con otros medios de transporte”, agregó.

Durante la reunión, Crucke formalmente pidió al presidente rumano que incluyera el tema en la agenda del próximo Consejo de Medio Ambiente, que se celebrará en junio, para que pueda ser debatido en su totalidad.

Por ahora, el Ejecutivo europeo está estudiando el tema y presentará propuestas de instrumentos sobre la materia. El llamado de Bélgica fue apoyado por Francia, Suecia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ningún país se opuso abiertamente a la propuesta, según The Brussels Times.

“Todas las puertas están abiertas, y no he oído hablar de ningún cierre”, enfatizó Crucke, y agregó que, si los Estados miembros de la UE no llegaron a un acuerdo sobre el tema, podría haber una más sólida cooperación entre algunos de ellos, aunque era demasiado pronto para cualquier predicción.

Derecho Económico y Comercial / Commercial and Economic Law

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La norma UNE que regula el cumplimiento, a la espera del BOE             

Fuente: El Economista España

21 de febrero, 2019

 La norma UNE 19602 de sistema de gestión de compliance tributario está a punto de ver la luz, una vez superada la fase de información pública. El comité técnico de la Asociación Española de Normalización (Aenor) alcanzó el pasado 12 de febrero un consenso sobre el contenido definitivo del estándar y acordó su publicación como norma UNE para finales de mes.

Queda, por tanto, la recta final para terminar de cerrar los últimos flecos de la que será la norma de referencia en materia de sistemas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de las empresas.

Según explica José Vicente Iglesias, socio del departamento Tributario de Garrigues y miembro del comité de expertos que ha elaborado la UNE 19602, “en las empresas cada vez cobra más relevancia el riesgo relativo al potencial incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ello, la identificación, gestión y control del riesgo fiscal, en sus distintas manifestaciones, constituye una de las principales preocupaciones de las compañías, independientemente de su tamaño o del sector al que pertenezcan”.

Según apunta Iglesias, la norma UNE 19602 “favorecerá la implantación de buenas prácticas tributarias, así como el adecuado cumplimiento de la normativa”. Eso sí, conviene tener en cuenta que su adopción a través de las correspondientes actuaciones, protocolos y procedimientos dependerá en cada caso concreto de factores como el tamaño, el sector de actividad, los riesgos, el funcionamiento interno o la relación con la Administración tributaria -entre otros- de cada entidad.

Con la UNE 19602 se da un paso más en la incorporación de buenas prácticas y medidas de cumplimiento normativo en las compañías, en este caso, desde el punto de vista tributario. Se trata de una buena oportunidad para asegurar un adecuado control de los riesgos de incumplimiento de obligaciones tributarias mediante la revisión específica de esta área.

La Norma persigue tres objetivos primordiales: la difusión de una cultura de prevención y cumplimiento; el establecimiento de medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir riesgos tributarios y reducir la posible comisión infractora, así como dar mayor garantía de seguridad y confianza ante la Administración tributaria, a todas las partes interesadas y a la sociedad en general.

Dispersión regulatoria

La Ley General Tributaria, la Ley de Sociedades de Capital y el Código Penal contemplan medidas de prevención fiscal, aunque están muy difuminadas en sus articulados. Además, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) ha ido creando cauces de comunicación en los Foros de grandes empresas y de profesionales tributarios, así como con el Código de Buenas Prácticas Tributarias y el proyecto de Código de Buenas Prácticas Tributarias de Profesionales Tributarios, que pretenden facilitar la prevención. Sin embargo, la Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) han denunciado últimamente la falta de transparencia en asuntos interpretativos sobre la normativa fiscal

Derecho Económico y Commercial / Commercial and Economic Law

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La Ley de secretos empresariales entrará en vigor el 13 de marzo         

Fuente: El Economista España

21 de febrero, 2019

-España-

El Boletín Oficial del estado ha publicado hoy la Ley de Secretos Empresariales, que afectará principalmente a los sectores más innovadores, incluyendo a los más tecnológicos ya los que investigan ciencias de la vida, donde los secretos empresariales adquieren un gran valor.

Para que sean considerados secretos empresariales deberán tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y, además, tiene que haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Esta Ley, que entrará en vigor en el plazo de 20 días, se ha tenido que tramitar por el procedimiento de urgencia, ya que transpone al Derecho Español con casi ocho meses de retraso la Directiva (UE) 2016/ 943 de secretos comerciales, puesto que el plazo de transposición finalizó el 9 de junio de 2018.

Por ello, la Ley atribuye al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

En el texto de la norma, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.

La iniciativa persigue, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada -secretos empresariales- esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Incumplimiento de la buena fe

Destaca en la nueva norma, la agravación de las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por el incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal, para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en esta ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pueda estar cubierta por alguna de las excepciones de la Directiva y aquí se transponen.

En cuanto a las novedades procesales más significativas, destaca la incorporación de una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.

Además, se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas.

Y, finalmente, se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

Se consigna un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial para hacer frente a su violación, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios, que se extiende tanto a su contenido económico como a la facilitación de su cálculo y liquidación en línea con lo ya dispuesto en materia de infracción de patentes y por extensión de otros derechos de propiedad industrial. Por último, la regulación material de las acciones de defensa concluye con una regla propia de prescripción.

Mercancías infractoras

La protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas mercancías infractoras incluyéndose los actos de explotación de estas mercancías entre los que constituyen violación de secreto empresarial.

Así, la producción, oferta o comercialización de ‘mercancías infractoras’ o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

También, se incluyen previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual.

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El Banco Central Europeo considera que las medidas de limitaciones al pago en efectivo son excesivas y desproporcionadas

Fuente: Regulación Financiera

12 de febrero, 2019

El Banco Central Europeo (BCE) critica, en el Dictamen de 1 de febrero de 2019, las limitaciones a los pagos en efectivo que establece el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La autoridad califica dichas limitaciones como “desproporcionadas”, criticando especialmente el régimen sancionador previsto por el proyecto de ley. Como recuerda el BCE, el proyecto de ley pretende reforzar la prevención del fraude fiscal y la lucha contra él, pero incluye ciertas novedades en el pago en efectivo que pueden parecer excesivas.

Una de las medidas del proyecto consiste en limitar el pago en efectivo tanto a empresarios o profesionales, como a personas físicas que no tengan su domicilio fiscal en España. Así, limita el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros en las operaciones en las que al menos una de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Por su lado, toda persona física que no tenga su domicilio fiscal en España ni actúe como empresario podrá hacer pagos en efectivo de hasta 10.000 euros (cuando antes este tipo de pago en efectivo se limitaba a operaciones de hasta 15.000 euros).

En este sentido, el BCE recuerda que “la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales”, ya que se trata de un medio de pago ampliamente aceptado, rápido y que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso. Por todo ello, el banco central se muestra reacio a aprobar estas medidas y las considera desproporcionadas:

Bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada (…). Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago”.

Con respecto a la limitación de 10.000 euros para los pagos en efectivo de personas físicas que no actúan en calidad de profesionales y que no tienen su domicilio fiscal en España, el BCE afirma que “la aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes no parece justificada”.

Asimismo, el régimen sancionador previsto por el proyecto de ley también es duramente criticado por el banco central que manifiesta que éste “parece excesivo”, especialmente la multa del 25% del importe pagado que “parece desproporcionadamente elevada”. Como conclusión, el BCE reitera que las limitaciones a los pagos en efectivo “no deben ir más allá de lo necesario para lograr sus objetivos”.

Así, se debe sopesar con cuidado las ventajas y los efectos adversos de este tipo de limitaciones. Como afirma Fernando Zunzunegui, presidente de Zunzunegui Abogados, “el uso de efectivo va unido a la libertad individual que hay que preservar”.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Senado aprueba la Ley de Secretos Empresariales    

Fuente: El Economista España

06 de febrero, 2019

-España-

El Senado ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que se publicará en los próximos días en el BOE y entrará en vigor a los 20 días de dicha publicación.

Esta es la primera norma española que se dedica íntegra y específicamente a regular los secretos empresariales, aunque estos ya contaban con protección en nuestro ordenamiento.

Teresa Mercadal, senior associate de Bird&Bird, explica que “la nueva ley afectará principalmente a los sectores más innovadores, incluyendo entre otros los más tecnológicos y de ciencias de la vida, donde los secretos empresariales tienen un gran valor”.

Considera que esta nueva ley proporciona más claridad en la protección de los secretos industriales, amplía el plazo de prescripción de uno a tres años -aunque sin llegar al plazo de cinco años previsto para patentes- y refuerza las medidas para proteger la confidencialidad de la información en el marco de los procesos judiciales.

También, endurece las medidas en los casos de incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal en este tipo de procedimientos. “No cabe duda de que los secretos empresariales gozarán de una mejor protección gracias a esta nueva regulación”, concluye Mercadal.

Esta Ley traspone al Derecho Español con casi ocho meses de retraso la Directiva (UE) 2016/ 943 de secretos comerciales. El plazo de trasposición finalizó el 9 de junio de 2018.

Por otra parte, la Cámara Alta ha dado hoy el visto bueno al Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, con una enmienda introducida por el PP que elimina el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la compra de primera vivienda. No obstante, el texto aún volverá al Congreso de los Diputados.

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ESMA identifica las lagunas legales que presenta el mercado de cripto-activos              

Fuente: Revista de Derecho del Mercado Financiero

18 de enero, 2019

-España-

 Las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales deberían ser aplicadas en todas las actividades relacionadas con cripto-activos. Así lo establece la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) en el informe Advice: Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, donde analiza las normas existentes de la Unión Europea aplicables a los cripto-activos. ESMA, en colaboración con las autoridades competentes nacionales (NCA por sus siglas en inglés), analiza en el informe los diferentes modelos de cripto-activos, sus riesgos y sus potenciales beneficios; así como su lugar en el marco regulatorio existente.

Tras realizar una profunda investigación, que incluye una encuesta realizada por las autoridades competentes nacionales en 2018, la autoridad supervisora ha identificado una serie de problemas y lagunas en la regulación de este medio digital de intercambio:

-La regulación de los cripto-activos identificados como instrumentos financieros -bajo el marco de MiFID II- todavía cuenta con áreas susceptibles de interpretación que deben ser revisadas para garantizar su efectiva aplicación. Steven Maijoor, presidente de ESMA, sostiene que “la normativa existente no está diseñada para este tipo de instrumentos y hay requerimientos que no se adaptan a las características específicas de los cripto-activos”.

-Por otro lado, existen cripto-activos que no son considerados instrumentos financieros y, por tanto, no se enmarcan bajo la normativa MiFID II. Esta ausencia de normas financieras pone en riesgo al inversor, ya que éste no es consciente de los riesgos de invertir en este tipo de fondos. Así, ESMA recomienda aplicar, al menos, las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales en las actividades de cripto-activos.

La autoridad supervisora continuará monitorizando el desarrollo del mercado de los cripto-activos y colaborando con las autoridades competentes nacionales y los reguladores internacionales. Dado el incremento del uso de tecnología financiera, es necesario solventar las lagunas que actualmente presenta la regulación a la hora de tratar este tipo de actividades. Steven Maijoor lo confirma: “creemos que las deficiencias identificadas deben ser abordadas a nivel europeo, con el fin de garantizar la protección de los inversores de la Unión Europea”.

Consulta el informe completo Advice: Initial Coin Offerings and Crypto-Assets