Derecho Económico y Comercial

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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Aprobados los modelos para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de septiembre, 2019

 La Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado una instrucción que contiene todos los formularios legales para la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas que prestan servicios profesionales. Estos requisitos legales se imponen en cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

La instrucción señala que en la declaración la persona deberá quedar suficientemen te identificada, por lo que es necesario el empleo de firma electrónica, destacando como admisibles el certificado incorporado al DNI electrónico, el expedido por la FNMT y los expedidos por prestadores de servicio de confianza cualificada. En el contenido la instrucción detalla los campos de cumplimentación obligatoria, otros que son de carácter voluntario y un texto de la declaración.

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Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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Prohíben la venta en España de la tónica Schweppes que haya sido fabricada en Reino Unido

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de septiembre, 2019

La entidad española Red Paralela ha sido sancionada con una cuantiosa multa de 293 mil euros por la venta en España de tónica Schweppes fabricada en Reino Unido, donde Coca-Cola tiene la propiedad de la marca. 

La Audiencia Provincial de Barcelona (sentencia disponible aquí) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Schweppes SA, entidad española que cuenta con los derechos exclusivos de la marca en España, forzando a la mercantil condenada a detener todo tipo de actividad comercial de aquellas botellas que no hayan sido fabricadas por Schweppes SA.

Origen de la marca

La marca Schweppes comenzó originalmente en Reino Unido antes de extenderse por el mundo. Nació bajo el control de un único propietario durante un largo tiempo, siendo Cadbury Schewppes el titular de todas sus marcas registradas en el Espacio Económico Europeo. En el año 1999, Cadbury vendió a Coca Cola la titularidad de la marca para algunos de los países de la UE, entre ellos Reino Unido, siendo titular de los derechos en exclusiva desde ese año.

Por otro lado, después de una serie de absorciones, Cadbury Schweppes pasó a formar parte del grupo japonés Suntory. Schweppes SA, entidad española, está participada en su totalidad por la sociedad holandesa Orangina, que a su vez forma parte del grupo Japonés Suntory. Schweppes Limited, también participada en su totalidad en la entidad nipona, otorgó a la entidad española la licencia exclusiva de la marca en España.

Actividad de Red Paralela

Según establece la sentencia, las sociedades demandadas han comercializado tónicas con origen de Reino Unido por un total de más de 17 millones de botellas y un negocio de casi 6 millones de euros. En 2014, Suntory demandó a la mercantil por vender tónica de la marca Schweppes fabricada por Coca Cola en Reino Unido.

Conforme a el art. 34.2. a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM), la actora, como licenciatario en exclusiva para España, tiene derecho a impedir que los demandados, sin su consentimiento, utilicen en el mercado español un signo idéntico para productos idénticos a los registrados. 

Sin embargo, los demandados alegan que el licenciatario de las marcas españolas no tiene derecho a impedir la comercialización en España de las botellas de tónica con la marca Schweppes adquiridas en el Reino Unido de quien es el titular de la marca británica. Sus derechos, conforme lo previsto en el art. 36.1 LM , estarían agotados. El citado artículo establece que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 

Interpretación del TJUE

Esta es la interpretación establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y seguida por el juzgador de primera instancia, en su sentencia de 20 de diciembre (c-291/16) donde establece que el titular de una marca no puede oponerse a la importación de productos idénticos de la misma marca procedentes de otro Estado miembro donde la marca tenga otro titular, siempre y cuando el mismo haya promovido la apariencia e imagen global de la marca o existan vínculos económicos.

Conclusión de la Audiencia

Sin embargo, en su resolución la Audiencia afirma que no comparte la valoración de la sentencia de primera instancia, no pudiendo apreciar una supuesta existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca o unas estrategias coordinadas que permitan adherirse a la interpretación del TJUE. De esta forma, además de prohibir la comercialización de los productos, también impone a Red Paralela una indemnización de 293.480 euros, lo que supone un 5% de la cifra de negocio obtenida por la entidad.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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No hay derecho de separación del socio por modificación de facto del objeto social    

Fuente: Noticias Jurídicas

16 de julio, 2019

-España-

 El Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, en sentencia del pasado 14 de junio de 2019, ha rechazado la demanda interpuesta por una socia minoritaria de una empresa dedicada a la comercialización de vinos, para que se le reconozca su derecho a separarse de la entidad y condenase a la empresa a que se le pagara un precio razonable de sus participaciones, razonando que se habían lesionado sus intereses al estar desarrollado la empresa, por vía de hecho, actividades no contempladas en los Estatutos.

La sentencia, que no condena en costas a la socia, entiende que existen dudas derecho y distintas interpretaciones jurisprudenciales contradictorias, y rechaza también la impugnación del “no acuerdo” o acuerdo negativo, esto es la solicitud de nulidad del rechazo de la mayoría de la Junta a la propuesta de los socios minoritarios para ampliar el objeto social de la empresa.

Modificaciones de hecho del objeto social

La empresa, dedicada a la comercialización y distribución de vinos con denominación de origen Rías Baixas, desde 1988 había comenzado a realizar dichas actividades con caldos que tenían dicha denominación de origen o que pertenecen a denominaciones de origen distintas. La socia demandante y el resto de socios minoritarios entendieron que se trataba de una actividad desarrollada más allá de su objeto social, lesivo a sus intereses.

La empresa, por su parte, afirma que ni existe modificación sustancial del objeto de la sociedad y niega el derecho de separación.

El juez hace referencia al artículo 346 del TRLSC, que incluye como motivo legal tasado de separación del socio la sustitución o modificación del objeto social, incorporado expresamente por la ley 25/2011.

Hace un repaso a la opinión, doctrinal y jurisprudencial, sobre la posibilidad de incluir supuestos de modificación de hecho del objeto social, sobre los que no ha habido acuerdo en Junta General.

Concluye que, por más que intente interpretarse a favor de dicha posibilidad, la literalidad de la norma no ofrece resquicios. Y ello porque el reconocimiento del derecho a la separación presupone la existencia de un acuerdo de sustitución o modificación, algo que en este caso no existe.

Reconoce la posibilidad de otros medios de reparación como acciones de responsabilidad frente a los administradores sociales o acciones indemnizatorias frente a los socios que hubieran podido incurrir en deslealtad.

Si no hay modificación de la cláusula referente al objeto social, no existe modificación sustancial y por tanto no hay derecho de separación.

Impugnación de “no acuerdos” o acuerdos negativos

La socia minoritaria había interesado también en la demanda la nulidad del “no acuerdo”, esto es, de la petición de proceder a la modificación de los estatutos respecto del objeto social, que fue rechazada por la mayoría en Junta General.

Se afirmaba que en una Junta General Extraordinaria se incluyó como orden del día la propuesta de nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales, para dar cabida a nuevos negocios y actividades de la entidad. Los socios mayoritarios votaron en contra.

Según la doctrina, los acuerdos negativos son propuestas de acuerdos que han sido sometidas a votación en junta general y por diferentes razones no han logrado el apoyo de la mayoría requerida legalmente para su aprobación. En este tema entra en juego la posibilidad del abuso de la mayoría que lesiona el interés social.

Cita diferentes resoluciones judiciales que contemplan la posibilidad de impugnar un acuerdo negativo siempre y cuando se entienda adoptado el acuerdo en sentido contrario (AP Madrid de 22 de abril de 2016 (texto aquí).

Pero desde luego se entiende muy dudosa la utilidad de impugnar un acuerdo negativo cuando en la demanda no se solicita que se entienda por adoptado el acuerdo frustrado (SAP Barcelona de 25 de julio de 2014). La sentencia puede leerse en el siguiente enlace.

En el suplico de la demanda tan solo se contenía una petición de anulación del acuerdo –de rechazo de la propuesta- pero no se pidió que, una vez declarada la nulidad del acuerdo negativo, se considerada adoptado el acuerdo de signo contrario. Por ello se desestima la impugnación.

Derecho Económico y Comercial /Economic and Commercial Law

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La nueva Ley del crédito inmobiliario reducirá la litigiosidad del mercado hipotecario                

Fuente: Noticias Jurídicias

18 de julio, 2019

-España-

“Contar con un marco jurídico predecible y seguro ha sido una de las principales aspiraciones de la nueva Ley de crédito inmobiliario, compartida por el sector financiero. Se espera que la nueva ley contribuya a reducir la exacerbada litigiosidad existente”, apuntaba Fernando Conlledo, secretario general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, en el encuentro ‘Ley de crédito inmobiliario y protección notarial del deudor’, que se celebra en Santander justo al mes de la entrada en vigor de esta normativa.

De similar opinión fue Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, al destacar que “estamos en un momento de recuperación de la solvencia. La Ley puede ayudar a conseguir un punto de inflexión en el mercado inmobiliario si cumple dos objetivos: mejorar la percepción de la ciudadanía en relación a su conocimiento e información de las hipotecas y conseguir la seguridad jurídica suficiente para atraer a los inversores internacionales que esperan que la legalidad funcione”. 

Del 17 al 19 de julio, el santanderino Palacio de la Magdalena alberga este seminario, organizado por la Fundación Notariado y que se enmarca dentro del programa de cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dirigido por el notario Pedro Martínez Pertusa,    

El representante de CECA puso de manifiesto que “hay un aspecto de la Ley que no parece satisfactorio. Se trata de la falta de estímulos adecuados para ampliar los préstamos a tipo fijo en España.  Es conocido que en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, la cartera hipotecaria ha estado referenciada mayoritariamente a tipo variable. Los tipos variables, aunque muy bajos en los últimos años, conllevan una mayor incertidumbre sobre la capacidad de pago del prestamista en caso de movimientos al alza de los tipos de interés, lo cual puede ocurrir dada la duración media de estas financiaciones de en torno a los 17 años. Por tanto, tener su préstamo referenciado a tipo fijo es beneficioso para el cliente. Sin embargo, para las entidades financieras el tipo fijo genera en su balance un riesgo, que debe gestionar mediante la contratación de las llamadas “coberturas de tipos de interés”. La reducción exactamente a la mitad el importe de la pérdida recuperable en relación con lo establecido en la ley es sin duda un aspecto que no puede valorarse positivamente. Posiblemente se ha perdido una oportunidad de atender a un objetivo de política económica, de homologación de la estructura de nuestro sistema hipotecario y finalmente de tranquilidad para los clientes y, todo ello, sin generar riesgos de estabilidad para el sistema financiero”. 

Por su parte, la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena, analizaba La concesión responsable del crédito: la evaluación de la solvencia del cliente. Para la jurista, “con el régimen de la evaluación de la solvencia no se trata de blindar al prestamista ante un eventual incumplimiento del deudor, sino de evitar el sobreendeudamiento del cliente”. 

Sin embargo, Cuena señalaba que “no se han establecido las sanciones jurídicas necesarias en el caso de que se concedan préstamos con test de solvencia negativos. Por lo que el sistema sigue como hasta ahora: sanciones administrativas impuestas por el supervisor bancario y responsabilidad civil. El prestatario deberá demandar a la entidad financiera y reclamar daños y perjuicios y no será posible paralizar una ejecución hipotecaria por préstamo irresponsable”. 

Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizaba un estudio detallado de los Deberes de información precontractual y de transparencia del prestamista. Prats resaltó que “la nueva Ley atribuye a los notarios, como funcionarios públicos, el papel de la autoridad que debe supervisar que se cumplan los deberes precontractuales establecidos en la normativa”. Sobre el Registro General de Contratación, Prats señaló que “es insuficiente. Tal y como está hoy regulado provoca inseguridades”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, José María Fernández Seijo, analizó en su intervención las Cláusulas de vencimiento anticipado y su incidencia en los procesos de ejecución: “En la Ley Reguladora del Contrato de Crédito Inmobiliario el legislador lo ha tenido claro en cuanto al vencimiento anticipado, fijando los supuestos -porcentajes o umbrales del crédito principal combinados con la acumulación de mensualidades impagadas- en los que el incumplimiento es grave”, afirmaba Seijo, quien apuntó que el problema surge con las “ejecuciones hipotecarias en curso”, que tendrán que ser resueltas por el Supremo. 

El magistrado recordaba cómo “en marzo de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo español sobre la cláusula de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios. El alto tribunal español tiene que resolver el recurso de casación en sentencia que se publicará previsiblemente en septiembre, mientras tanto algunos juzgados y audiencias provinciales que tenían suspendidos sus procedimientos declarativos o de ejecución pendientes de la decisión del TJUE ya han dictado las resoluciones correspondientes, bien reanudando el procedimiento de ejecución suspendido, bien archivando el procedimiento de ejecución”.

Este seminario cuenta con la participación de notarios, representantes institucionales miembros del sector financiero e inmobiliario; catedráticos; magistrados; políticos de los diferentes grupos parlamentarios y asociaciones de consumidores. A lo largo de tres días se analizan diferentes aspectos relacionados con la Ley 5/2019: su ámbito de aplicación y principios fundamentales; la tutela de los prestatarios; la comprobación notarial del cumplimiento del principio de transparencia material; la concesión responsable del crédito y la evaluación de la solvencia del cliente; deberes de información precontractual y de transparencia del prestamista; las cláusulas de vencimiento anticipado y su incidencia en los procesos de ejecución.

Durante el desarrollo del encuentro se espera un intercambio de experiencias, y conocimientos que permita, en último extremo, conocer mejor la Ley, así como su aplicación, y el modo en que, a través de ella, se ha incrementado la protección del consumidor y fortalecido nuestro mercado inmobiliario. 

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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TS: el bitcoin no es un objeto material ni tiene la consideración legal de dinero

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de julio, 2019

-España-

El Supremo entra de lleno en la cuestión jurídica de las criptomonedas. En una reciente sentencia, la primera sobre un asunto de estafa mediante criptomonedas, el Alto Tribunal deja claro que los ‘bitcoins’ no pueden ser considerados dinero a efectos civiles, sino simplemente bienes inmateriales que pueden ser intercambiados por otros bienes, siempre que las partes lo acepten. 

El resumen de la sentencia explica la cuestión de forma clara: “Los bitcoins no pueden considerarse un objeto material o dinero electrónico a los efectos de la restitución de la cosa. El bitcoin es un activo inmaterial. Es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre, de las que se crearon 21 millones de ellas, y que se comercializa en unidades o porciones a través de las plataformas de trading bitcoin” determina el TS. 

Así, la Sala de lo Penal determina que el bitcoin no puede tener consideración legal de dinero, pues se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio sin más, que no cumple los requisitos para ser considerado dinero electrónico, recogidos en la Ley 21/2011, de 26 de julio. 

El fallo confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaba al acusado por estafa a pagar la indemnización en el valor de cotización de los bitcoins estafados, valor que sería ejecutado en el momento de la sentencia. En desacuerdo, los estafados recurren la decisión al Supremo exigiendo que se le pague la indemnización en bitcoins, y no en su valor. 

El Supremo, no obstante, rechaza la cuestión. “El Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño)” establece. 

No sirven para cubrir una indemnización

Así, el Supremo concluye que lo restituido en la estafa no son los bitcoins en sí, sino el dinero que se aportó por su valor. 

El Tribunal deja claro que los bitcoins no pueden ser utilizados como objeto de restitución de una indemnización por responsabilidad civil de la misma forma que puede serlo el dinero. “El acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero” determina la sentencia. 

¿Qué son los bitcoins entonces?

El Alto Tribunal define los bitcoins como activos patrimoniales inmateriales, lo que supone la primera definición jurídica que el tribunal da sobre el fenómeno. 

Así, la Sala establece: “el bitcoin no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre. A partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada”.

Por tanto, el Supremo niega cualquier posibilidad de que estas criptomonedas puedan ser considerado dinero a efectos civiles, a pesar de contar con un valor semejante todas ellas dado por la oferta y la demanda. 

“El bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin” sentencia la Sala. 

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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¿Tienen los clientes los mismos derechos como consumidores durante las rebajas?    

Fuente: Noticias Jurídicas

02 de julio, 2019

-España-

Los periodos de rebajas son siempre épocas frenéticas para los comercios y los propios usuarios. Miles de consumidores realizan sus compras anuales aprovechando la época de descuentos, pero tal masificación puede llevar a la vulneración por parte de los establecimientos hacia algunos de los derechos de los clientes.

Libertad para determinar la fecha de rebajas

La venta en rebajas está regulada con carácter estatal en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, sin prejuicio de la normativa autonómica propia de cada región. 

Además, desde su reforma en el año 2012, los periodos de rebajas podrán ser elegidos por el libre criterio de cada empresario en los periodos estacionales de mayor interés comercial, así como la duración de los mismos.

Calidad de los productos ofertados

Se entiende por rebajas, aquellos artículos ofertados a un precio inferior. Sin embargo, no podrá incluirse como tal aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, de tal forma que pueda apreciarse la diferencia de precio.

Asimismo, queda prohibido ofertar productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario (art. 24 LCM). 

Rebajas y otro tipo de promociones deben estar diferenciados

En periodo de rebajas no todos los productos tienen por qué encontrarse a un precio reducido. En caso de encontrarnos con productos ofertado a precio normal y otros rebajados, estos deben estar suficientemente separados de tal forma que no pueda razonablemente existir error en el cliente. Además, debe distinguirse claramente si el precio del producto se debe a una rebaja, liquidación, promoción u obsequio. En todo caso el cliente tiene el derecho a conocer cuál era el precio original del producto antes de que se le aplicase el descuento de la rebaja.

Los derechos como consumidor se mantienen inmutables

Que el cliente adquiera un producto a un precio inferior al habitual no le priva de sus derechos habituales como consumidor. Si el producto tuviese algún tipo de defecto el consumidor tendrá derecho a a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato en virtud de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Devolución

La posibilidad de renuncia o devolución deberá permitir que el consumidor y se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del producto. En caso de error o defecto debe tener el derecho de reclamar y obtener la devolución total o parcial del dinero en función de la situación.

Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en cualquier caso se aplicará la misma política de devolución que el resto del año.

Productos comprados en Internet

Cuando el producto rebajado que hemos comprado lo hemos adquirido por uno de los múltiples canales de compra online también entran en juego una serie de factores. En primer lugar, la tienda online tiene la obligación de enviar una confirmación o un recibo. Desde el momento que recibimos el producto en casa, tenemos un plazo total de 14 días naturales para devolverlo sin coste alguno. Además, la tienda debe informar claramente de este plazo, que puede ampliarse a 12 meses como castigo.

Por otra parte, los vendedores deben informar previamente a los consumidores si consideran que son estos los que deben pagar los gastos de devolución de los productos dentro del periodo de reflexión de 14 días. Si no lo hacen, son los propios vendedores quienes deben pagar los gastos de devolución.

La garantía es la misma que para los productos comprados de forma física: 2 años. Siempre es responsabilidad del fabricante arreglar cualquier defecto de fábrica, cambiarlo por el mismo producto o devolver lo pagado.

Periodo de 14 días en la Unión Europea

En la UE tienes derecho a devolver compras realizadas online o mediante otros tipos de venta a distancia (por teléfono, por correspondencia o a un vendedor a domicilio) en un plazo de 14 días para obtener el reembolso íntegro sin ninguna explicación, siendo suficiente el desistimiento unilateral del consumidor. 

El periodo de reflexión de 14 días no se aplica, sin embargo, a algunos productos como billetes de avión o tren, reservas de hotel, alimentos entregados a domicilio o artículos fabricados a medida.

Finalmente, la UE no reconoce el derecho legal a devolver un producto para cambiarlo por otro u obtener un reembolso salvo la existencia de defecto. Tales derechos dependen exclusivamente del propio comercio, que habitualmente ofrece ciertas opciones a sus clientes.

Derecho Económico y Comercial / Economic Commercial Law

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El Supremo decidirá cómo sustituir las cláusulas de vencimiento anticipado   

Fuente: El Economista España

26 de marzo, 2019

-España-

Un juez no puede anular los elementos de una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario considerados abusivos, en el caso de que esta supresión afecte la esencia de la propia cláusula y, por tanto de vea modificada su esencia, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), en una sentencia de 26 de marzo de 2019.

Para que el consumidor afectado no se vea perjudicado por la desaparición de esta cláusula, lo primero que tiene que analizar el juez encargado del caso es si se puede mantener en vigor el contrato de préstamo sin la mencionada cláusula y si en caso de que no sea posible mantenerlo, si esta decisión afecta negativamente el consumidor.

La sentencia interpreta la Directiva 93/13CEE, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Se han unido dos litigios distintos en los que se discutía el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado incluido en el contrato de préstamo, y en el segundo, una ejecución hipotecaria.

Situación de inferioridad

Como es tradicional en la jurisprudencia del TJUE, la sentencia incide en la idea de que los consumidores se encuentran en situación de inferioridad respecto a los profesionales, tanto en lo que se refiere a negociación como en información, lo que les lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano. Para ello la Directiva establece una serie de mecanismos para asegurar que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada en cuanto a su abusividad.

El ponente, el magistrado Siniša Rodin, recuerda que el TJUE, en su jurisprudencia, tiene establecido que cuando el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula, tal y como se ha fallado en las sentencias de 14 de junio de 2012 -Banco Español de Crédito- y de 30 de abril de 2014 -Kásler y Káslerné Rábai-.

Si la conclusión judicial es que el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la cláusula declarada abusiva, la sentencia del TJUE dictamina que el juez deberían abstenerse de aplicar la cláusula, salvo que el consumidor se oponga a ello, en el caso de que pudiera considerar que una ejecución hipotecaria, amparada en esa cláusula, le sería más favorable que la vía del procedimiento de ejecución ordinaria.

Sin embargo, señala el magistrado Rodin, que de la jurisprudencia del TJUE, lo que no se puede concluir es que en estos casos, el juez nacional encargado del litigio no pueda sustituir la cláusula abusiva anulada por una disposición supletoria de Derecho nacional si se ve en la necesidad de anular todo el contrato como consecuencia. Y, considera que debe hacerse así, en estos casos, cuando las consecuencias para el consumidor sean perjudiciales y acaben convirtiéndose para él en una penalización.

El ponente explica que “si en estos casos no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse”.

Una regulación cambiante

Los casos examinados se refieren a litigios inspirados en el artículo 693.2 Ley de Enjuiciamiento Cvil (LEC) en el texto previo a la reforma que entró en vigor el 15 de marzo de 2013, debiendo considerarse abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado al dar la posibilidad al banco de declarar el contrato vencido anticipadamente y exigir la devolución del préstamo cuando el deudor al dejar de pagar tan solo una sola mensualidad.

Así pues, la normativa supletoria que podría ser aplicable a estos procedimientos, cuando sea imposible mantener el contrato en vigor y, por tanto, se le pueda causar un perjuicio al consumidor, en el caso de que así lo decida la Justicia española, sería la redacción de la LEC actualmente en vigor, que establece en tres meses la falta de pago para proceder a la ejecución del inmueble.

El próximo día 15 de junio está prevista la entrada en vigor la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que modificará los límites para que las entidades prestamistas puedan proceder a la ejecución hipotecaria de una vivienda por impago del crédito.

Así, durante la primera mitad del plazo: hasta que la demora no exceda un 3 por ciento del capital concedido o se alcance un equivalente a un total de 12 cuotas impagadas. Por otra parte, en la segunda mitad del plazo: el porcentaje del capital impagado asciende al 7 por ciento, mientras que las mensualidades en demora mínimas serán 15.

Esta regulación no se aplica al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, estuviera este suspendido o no.