Derecho Económico y Comercial

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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La Audiencia Provincial de Madrid condena a AMAZON por prácticas desleales en el mercado de libros

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de mayo, 2020

-España-

 La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Amazon a cesar su campaña “NOS UNEN MILLONES DE LIBROS” por vulnerar las normas de competencia. La compañía entregaba un cheque regalo de 5€ por compras superiores a 20€ en libros que podían ser canjeados en la compra de cualquier otro producto, incluidos libros. Una práctica que, a ojos de la Audiencia, perjudica ilegalmente a los pequeños competidores del sector. 

El Tribunal declara que dicha campaña constituye un acto de competencia desleal por violación de normas que regulan la actividad concurrencial, concretamente la Ley del Libro, pues con esta promoción Amazon se ha prevalido de una significativa ventaja competitiva en el mercado con una evidente violación del sistema de precio fijo y limitación de descuento.

La Sala parte de la aplicación al presente supuesto del art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal que, como señala el Tribunal Supremo, protege la igualdad de los concurrentes, que deben actuar en igualdad de condiciones y no desde posiciones concurrenciales aventajadas, obtenidas por la infracción de las normas reguladoras del mercado. Precisamente, las normas relativas al precio fijo y a los límites de los descuentos y la que establece la prohibición de utilizar libros como reclamo comercial tienen por objeto regular la actividad concurrencial.

La sentencia entiende que la entrega de cheques regalo que pueden ser canjeados en posteriores adquisiciones de libros constituye una modalidad de descuento, descuento que, además, supera el máximo autorizado por la Ley del Libro, lo que constituye una infracción de su art. 9, apartado 3.

En un supuesto similar al presente, el Tribunal Supremo declaró que el sistema de entrega de “puntos” en la adquisición de libros para canjearlos en compras de libros posteriores constituye una modalidad de descuento, si bien no en la primera transacción, pero sí en las sucesivas, constituyendo esta conducta una violación de sistema de precio fijo y limitación de descuento mediante una ventaja significativa en un aspecto tan relevante en el mercado como es el precio de los productos (STS 526/2013, de 6 de septiembre, caso “Cooperativa Ábacus”).

No obstante, la Audiencia no estima que la entrega del cheque incurra también en la prohibición de utilizar los libros como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta porque lo que se promociona con el cheque regalo es la venta de libros, no de otros productos. Con el cheque no se está promocionando la venta de otros productos ni las ventas de otros productos se asocian a libros como reclamo de las ventas.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Gobierno relaja la Ley Concursal ante la avalancha de quiebras que se prevé

Fuente: El Economista España

26 de abril, 2020

-España-

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19.

Así, en los pagos pendientes, que venzan después de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, quedarán aplazados por seis meses, sin intereses, por el periodo de aplazamiento, a contar desde la fecha de los vencimientos, cualquiera que sea la duración de la espera pactada.

El borrador, pendiente de posibles modificaciones en la reunión ministerial, regula que esta moratoria no afectará a las demás obligaciones del convenio por el deudor o terceros, así como tampoco a los acuerdos singulares de pago que el concursado haya alcanzado con acreedores no vinculados al convenio previos al estado de alarma.

Desde la fecha de eficacia del convenio, se aplicarán estas reglas a aquellos que, habiendo alcanzado las mayorías del pasivo concursal ordinario, estuvieran pendientes de aprobación por el juez al declararse el estado de alarma.

Modificación de convenio

Durante el año siguiente al fin del estado de alarma, el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio en período de cumplimiento, a la que acompañará una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hayan sido satisfechos, así como un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta se tramitará con arreglo a las mismas normas del convenio originario.

A lo largo de los seis meses siguientes al fin del estado de alarma, el juez trasladará al deudor las solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio que presenten los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses desde la fecha de presentación. En esos tres meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitarán con prioridad sobre la solicitud de declaración de incumplimiento.

En caso de liquidación, se considerarán créditos contra la masa los derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la de modificación del ya aprobado por el juez.

Desde la entrada en vigor del real decreto-ley y durante el año siguiente a al estado de alarma, el deudor que tenga homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado, que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Acuerdo de refinanciación

Durante los seis meses siguientes al estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes desde la fecha de presentación.

En este mes, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado el deudor no ha alcanzado un acuerdo de modificación del que está en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento de los acreedores.

En los concursos que se declaren dentro de los dos años siguientes al estado de alarma, se considerarán créditos ordinarios los derivados de ingresos de tesorería por préstamos o créditos, que desde la declaración del estado de alarma se le hayan concedido por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas.

No declararación del concurso

El deudor que se encuentre en estado de insolvencia por la crisis del Covid-19 no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis  si con anterioridad al 14 de marzo de 2020 no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso.

También, hasta el último día de este año, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor en estado de insolvencia por el Covid-19, que haya comunicado al juzgado el inicio de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o uno extrajudicial de pagos, o, en su caso, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo establecido en la Ley Concursal. 

Inventario y lista de acreedores

En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no haya presentado el inventario y la lista provisionales de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento.

Tramitación preferente

Hasta que transcurra un año a contar desde la finalización del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente siete tipos de procedimiento: 1) los incidentes concursales en materia laboral; 2) las actuaciones orientadas a la venta de unidades productivas o de los elementos del activo; 3) las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio; 4) los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio; 5) los incidentes concursales sobre reintegración de la masa activa; 6) la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviese vigente; y 7) la adopción de medidas cautelares y, en general, cualquier otra que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la finalización de la vigencia del estado de alarma y en los que se estén tramitando a esa fecha, las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación establezca otra cosa.

Aprobación del plan de liquidación

Cuando a la finalización del estado de alarma hayan transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el juez deberá dictar auto de inmediato, en el que aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Si a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado por la administración concursal aún no está de manifiesto en la oficina del juzgado, el letrado de la administración de justicia así lo acordará y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez del concurso.

Mediador concursal

El mediador concursal que sea designado para intervenir en un acuerdo extrajudicial de pagos deberá aceptar el nombramiento, salvo causa justificada aceptada por quien le ha nombrado, hasta el 31 de diciembre de 2020. Si no lo acepta, sin justificación, no podrá ser designado ni mediador ni administrador concursal por un plazo de tres años en la provincia en la que radique la notaría o el registro que lo haya designado.

Reducción de capital por pérdidas

Para determinar las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución, no se computará el resultado del ejercicio que se cierre en el año 2020. Solo será de aplicación excepcional en el ejercicio social que se cierre en el año 2020.

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Un juez declara nula una cláusula IRPH por no cumplir con el criterio de transparencia del TJUE

Fuente: Noticias Jurídicas

30 de abril, 2020

-España-

Un Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca declara nula la cláusula IRPH contenida en una escritura de préstamo con garantía hipotecaria por incumplir la exigencia de transparencia según los criterios establecidos por el TJUE en su reciente sentencia de 3 de marzo de 2020.

La Juez considera que no ha quedado probado que la entidad financiera facilitara información específica o adicional al consumidor relativa al alcance y funcionamiento concreto de este índice de referencia en el marco del contrato de préstamo ofertado, tanto en la fase precontractual, como en las fases de perfección y ejecución del contrato.

Partiendo de la base de ser la cláusula litigiosa una condición general de la contratación, no negociada individualmente, señala que, en este caso, no se define con precisión dicho índice de referencia, sino que contiene una remisión normativa al señalar que la definición del mismo está en una Circular. Ello no se considera como información precontractual o contractual pues es requisito obligatorio que el contrato contenga perfectamente definidos los elementos del mismo y las fórmulas de cálculo, especialmente los elementos esenciales y las cláusulas complejas u oscuras, no siendo admisible que sea el consumidor quien tenga que informarse del funcionamiento de dicha cláusula mediante su propia búsqueda de información, fuera del contrato.

Un índice complejo

Asimismo, tiene en cuenta la especial complejidad y dificultad del índice IRPH, tanto por su fórmula de cálculo como por su configuración, lo que dificulta su comprensión por el prestatario consumidor.

Por otra parte, destaca el hecho de que el Banco era conocedor del carácter residual de su utilización, pues más del 80% de los préstamos hipotecarios ya venían en el año en el que se concertó el préstamo, referenciados al Euríbor como índice aplicable, con el que estaba más familiarizado el consumidor.

Además, no suministró al prestatario información sobre la fluctuación de este índice de referencia, ni sobre su posible comportamiento, toda vez que, desde su aplicación, el IRPH se ha mantenido en valores superiores a otros índices más usuales y conocidos por el consumidor medio, como el EURIBOR. Tampoco le informó de las circunstancias concretas del modo de cálculo, ni de la posibilidad que tenían las Cajas o entidades financieras de influir sobre dicho cálculo.

El Banco debió haber facilitado al consumidor con carácter precontractual las diferentes gráficas, extraídas con datos del Banco de España y conocidas por dicha entidad, a los efectos de dar a conocer la evolución de uno y otro tipo (IRPH y EURÍBOR), y debió realizar simulaciones en diferentes contextos alcistas y bajistas de cada uno de los índices de referencia.

Termina la sentencia señalando que, tal y como considera razonable la doctrina del TJUE, no consta que la entidad financiera informara al prestatario de la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato de préstamo y del último valor disponible, lo que hubiera podido dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés.

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Economía ultima una ley para coordinar organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fuente: El Economista España

10 de marzo, 2020

-España-

 El Ministerio de Economía ultima estos días un texto legislativo para transponer la Directiva que regula la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Los objetivos de esta norma pretende mejorar la coordinación de las condiciones aplicables a los gestores de fondos que operan en el mercado interior de la UE y solucionar los efectos derivados de la exigencia comunitaria de que tengan que disponer de servicios para los inversores.

La futura norma aborda el procedimiento de notificación por el que los gestores de fondos que desean comercializar sus productos financieros en otros Estados miembros deben notificarlo a las autoridades competentes del Estado comunitario de “destino”.

Falta de alineamiento

Se considera un problema que el procedimiento de notificación a las autoridades competentes relativo a los OICVM, previsto en la Directiva 2009/65/CE, no esté alineado con el procedimiento de notificación establecido en la Directiva 2011/61/UE para los fondos de inversión alternativos (FIA).

Se considera que las disposiciones que obligan a los OICVM a disponer de servicios locales con presencia física para los inversores resultan gravosas.

Se pretende fijar unas condiciones claras para el cese de la comercialización de participaciones o acciones

Estos servicios locales son poco utilizados por los inversores en la manera prevista, ya que el método de contacto más usual es la interacción directa entre los inversores y los gestores de los fondos a través de medios electrónicos o telefónicos mientras que para los pagos y reembolsos se emplean otros canales.

También se pretende fijar unas condiciones claras para el cese de la comercialización de participaciones o acciones de un OICVM o de un FIA en un Estado de la UE distinto del de origen de los gestores del fondo.

La ausencia de estas condiciones genera inseguridad económica y jurídica para los gestores. Así, se establecerán medidas para notificar el cese de las medidas de comercialización para que se equilibre la capacidad de gestión de los OICVM y de sus gestores con el interés de los inversores.

Sin definición común

La ausencia de una definición común de actividades de precomercialización y de un régimen jurídico que regule las condiciones bajo las que se permite precomercializar a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) de la UE.

Actualmente no existe una definición homogénea de precomercialización y las condiciones bajo las que se permite varían, de forma que en algunos Estados miembros se permite mientras que en otro el concepto ni siquiera existe.

Se considera que la ausencia de un régimen común de precomercialización aumenta la inseguridad jurídica de los GFIA y constituye un obstáculo para que los gestores puedan beneficiarse plenamente del mercado interior.

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La Justicia Europea avala los impuestos sobre volumen de negocios como la ‘Tasa Tobin’ y la ‘Tasa Google’

Fuente: Noticias Jurídicas

03 de marzo, 2020

-Unión Europea-

 La Justicia de la Unión Europea avala, en dos sentencias de 3 de marzo de 2019, las figuras tributarias de ámbito estatal como la ‘Tasa Google’ o la ‘Tasa Tobin’, que gravan el volumen de negocios obtenidos en su territorio por empresas de sectores como las telecomunicaciones, la banca, el comercio al por menor o la publicidad.

El ponente, el magistrado Jean-Claude Bonichot, determina que España, como cualquier otro Estado de la UE, puede implantar un impuesto sobre el volumen de negocios solo para las empresas con mayor actividad económica, mediante un sistema de progresividad, sin que se pueda considerar que es discriminatorio frente al resto de empresas del mismo sector. Así, lo había aprobado ya el Tribunal General de la UE

En España, en esta categoría de impuestos, además del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay otras figuras como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Realidad económica

El hecho de que estos impuestos específicos, que gravan el volumen de negocios de manera progresiva, recaigan sobre todo en empresas controladas por personas de otros Estados de la UE, debido a que estas empresas obtienen los mayores volúmenes de negocio en los mercados nacionales, refleja la realidad económica de éstos y no es una discriminación frente a estas empresas.

Estima, por otra parte, que si este tipo de impuestos sobre las empresas de determinados sectores no presenta todas las características esenciales del IVA, éstos no pueden asimilarse a este último, por lo que no entorpecen el funcionamiento del sistema del IVA de la UE y son, por tanto, compatibles con lo establecido en la Directiva IVA.

En cuanto a la posibilidad de que estos tributos puedan ser considerados como ayudas estatales, por solo gravar a las grandes empresas, a través del sistema de progresividad, Jean-Claude Bonichot, razona que estos impuestos no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) en materia de ayudas estatales, a menos que constituyan el modo de financiación de una medida de ayuda y, por tanto, formen parte integrante de dicha medida.

Por ello, concluye el magistrado que las sociedades afectadas “no pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales esta posible ilegalidad para eludir el pago de dichos impuestos”.

También, descarta que los impuestos específicos actúen distinguiendo en función del lugar en el que las sociedades tienen su domicilio fiscal, puesto que también afectan a las empresas domiciliadas en el país en que se ha establecido el impuesto, si superan los umbrales de volumen de negocios establecido.

Las dos sentencias emitidas por el TJUE se refieren a los impuestos específicos recaudados en Hungría sobre el volumen de negocios de las empresas de telecomunicaciones y en el sector del comercio, que declara compatibles con el Derecho de la UE.

Por otra parte, el TJUE, en sentencia de 5 de febrero de 2014, por el contrario, se mostró contrario a que para hallar el volumen de negocios del grupo se incluyese a las empresas vinculadas, tales como las franquicias.

Finalmente, en sentencia de 3 de marzo de 2019, de la que es ponente la magistrada Lucia Serena Rossi, rechaza el sistema de sanciones del Impuesto húngaro sobre la Públicidad, por no conceder plazos de tiempo suficientes a las empresas para cumplirlos.

Derecho Economico y Comercial/ Economic and Commercial Law

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Aprobado el nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de febrero, 2020

-España-

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 25 de febrero el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, que modifica el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y de los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España en materia de acceso a la actividad, requisitos de solvencia y régimen de supervisión.

La norma incorpora un nuevo texto regulatorio en desarrollo de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, y deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, que regulaba hasta ahora la materia. También introduce modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil de 1996 y en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Objeto

El nuevo régimen específico de los establecimientos financieros de crédito llegó con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, cuyo título II regula el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. Sin embargo, la misma no ha sido objeto de un desarrollo reglamentario que subsane la falta de seguridad jurídica generada por estar los establecimientos financieros de crédito sometidos a un régimen asimilable al de las entidades de crédito, sin que exista una adecuada adaptación a la naturaleza de su negocio, lo cual ocasiona problemas de interpretación al supervisor y a las propias entidades.

Y dado que esta situación desincentiva la aparición de nuevos operadores en el mercado que se acojan a este régimen y fomenta al mismo tiempo la aparición de operadores no regulados, el objetivo fundamental del real decreto es desarrollar un régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito claro, comprensible y adaptado a las necesidades del negocio, pero, al mismo tiempo, equivalente en términos de robustez al establecido para entidades de crédito. Además mejora la protección del cliente financiero y la competencia en la concesión de préstamos, sin renunciar por ello a los estándares de prudencia que deben caracterizar tal actividad.

La norma también aclara la normativa aplicable a los establecimientos financieros de crédito y la que no lo es, indicando que, supletoriamente, los establecimientos financieros de crédito se regirán por las normas de solvencia y conducta aplicables a la actividad de las entidades de crédito.

Establecimientos financieros de crédito

El texto dispone que podrán constituirse como establecimientos financieros de crédito aquellas empresas que, sin tener la consideración de entidad de crédito y previa autorización del titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se dediquen con carácter profesional a ejercer una o varias de las actividades previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril. Además señala las denominaciones que quedan reservadas a dichas entidades: «establecimiento financiero de crédito» (EFC), «establecimiento financiero de crédito-entidad de pago» (EFC-EP) y «establecimiento financiero de crédito-entidad de dinero electrónico» (EFC-EDE).

También regula la norma su forma de financiación, aspecto que permite diferenciar a estas entidades de las entidades de crédito en la medida en que no pueden captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino.

Autorización y registro de activida

El Real Decreto incorpora la regulación de la autorización y registro de los establecimientos financieros de crédito.

Así, la autorización de estos establecimientos corresponde al titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en los aspectos de su competencia.

La norma define a los agentes de establecimientos financieros de crédito como aquellas personas físicas o jurídicas a las que un establecimiento financiero de crédito haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela, en nombre y por cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones típicas de la actividad del establecimiento financiero de crédito, excluyendo a los mandatarios con poderes para una sola operación específica y a las personas que se encuentren ligadas al establecimiento financiero de crédito, o a otras entidades de su mismo grupo, por una relación laboral.

El texto incluye los requisitos de la solicitud de autorización y los supuestos de denegación, revocación, renuncia y caducidad de la misma. Y se ocupa de forma específica de la autorización de modificaciones de estatutos sociales y de modificaciones estructurales, así como de la autorización de aquellos establecimientos financieros de crédito que estén sujetos al control de personas extranjeras.

En el plazo de un año a contar desde la notificación de la autorización los promotores, antes de iniciar sus actividades, deberán otorgar la oportuna escritura de constitución de la sociedad, inscribirla en el Registro Mercantil y posteriormente en el Registro especial de establecimientos financieros de crédito del Banco de España.

Destaca el nuevo régimen de autorización de las entidades híbridas, que se configuran como entidades de pago o de dinero electrónico que realizan actividades propias de los establecimientos financieros de crédito para las que se ha diseñado una autorización única, así como la regulación de la actividad transfronteriza y el régimen de apertura de oficinas y la actuación mediante agentes.

En el plazo de un año, a contar desde la notificación de la autorización de un establecimiento financiero de crédito, los promotores deberán dar inicio a sus operaciones. Si no se diere comienzo a las actividades previstas en el objeto social de la entidad por causas imputables a la misma, se producirá la caducidad de la autorización para operar como establecimiento financiero de crédito.

Por otra parte, tras señalar que el régimen aplicable en materia de participaciones significativas será el previsto para las entidades de crédito en el título I, capítulo III, de la Ley 10/2014, de 26 de junio, en el título I, capítulo II, del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, y en sus normas de desarrollo, la norma se refiere a los requisitos de idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos, así como a los principios de gobierno corporativo y política de remuneraciones. En este sentido cabe destacar la aplicación de un criterio de proporcionalidad, de forma que se exime de la exigencia de los comités de nombramientos y remuneraciones a los establecimientos financieros de crédito que tengan unos activos totales inferiores a mil millones de euros. Asimismo, también se les exime de tener consejeros independientes. Y se exceptúan de la aplicación de los requisitos prudenciales de forma individual a aquellas filiales de entidades de crédito en el supuesto de que sus matrices tengan constituidos tales comités y ejerzan tales funciones para las filiales.

Requisitos de la actividad

La norma dispone que serán requisitos necesarios para obtener y conservar la autorización de un establecimiento financiero de crédito:

– Revestir la forma de sociedad anónima constituida por el procedimiento de fundación simultánea y con duración indefinida.

– Tener un capital social mínimo de 5 millones de euros, desembolsado íntegramente en efectivo y representado por acciones nominativas.

– Limitar estatutariamente su objeto social a las actividades propias de un establecimiento financiero de crédito salvo para las empresas autorizadas como entidades híbridas en los casos previstos en el artículo 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, y en este real decreto.

– Que los accionistas titulares de participaciones significativas o, en su defecto, los veinte mayores accionistas sean considerados idóneos, de acuerdo con los factores previstos en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Se entenderá por participación significativa aquella que cumpla con los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 10/2014, de 26 de junio. La idoneidad se apreciará siguiendo lo establecido en el artículo 6.1.b) del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

– Contar con un consejo de administración formado como mínimo por tres miembros.

– Contar con una adecuada organización administrativa y contable, así como con procedimientos de control internos adecuados que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. En especial, el consejo de administración deberá establecer normas de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con las normas de ordenación y disciplina de los establecimientos financieros de crédito, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, u otras disposiciones que sean de aplicación.

– Contar con un departamento o servicio de atención al cliente que atienda y resuelva las quejas y reclamaciones que sus clientes les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos. Los establecimientos financieros de crédito que formen parte del mismo grupo económico podrán disponer de un departamento o servicio de atención al cliente único para todo el grupo.

– Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección en territorio nacional.

– Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

– No reservar a los fundadores ventaja o remuneración especial alguna.

Por otra parte, tanto los miembros del consejo de administración de la entidad como las personas físicas que representen en el consejo de administración a los consejeros que sean personas jurídicas, los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad conforme establezca el Banco de España, deberán ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones. Además, los miembros del consejo de administración del establecimiento financiero de crédito deberán estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.

Solvencia y conducta

Para determinar las obligaciones de solvencia que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España, la norma se remite al título II de la Ley 10/2014, de 26 de junio, y al título II del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, en sus normas de desarrollo, con el alcance y las especialidades que se recogen en la Ley 5/2015, de 27 de abril.

En este sentido se puede destacar como novedad la exigencia de un colchón de liquidez que los establecimientos financieros de crédito deberán mantener para hacer frente a sus salidas de liquidez durante un periodo suficientemente amplio de tensión en los mercados financieros, así como la obligación de mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos de activos, pasivos y compromisos.

Por otra parte, el texto también recoge aquellas obligaciones de información en materia de solvencia y estructura accionarial que han de cumplir los establecimientos financieros de crédito y los grupos consolidables de establecimientos financieros de crédito.

Supervisión de los establecimientos financieros de crédito

Por último, el real decreto se ocupa del régimen de control e inspección que debe llevar a cabo el Banco de España sobre los establecimientos financieros de crédito y los grupos o subgrupos consolidables de establecimientos financieros de crédito con matriz en España.

Modificaciones legislativas

– Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio: se modifica el artículo 326.2.

– Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito: se añade un nuevo apartado 5 al artículo 13.

– Se deroga el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.

Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, entrará en vigor el 1 de julio de 2020, salvo el artículo 30 –sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación y vencimientos–, que entrará en vigor a los tres meses de la publicación de la circular del Banco de España que desarrolle lo previsto en dicho artículo, y la disposición final segunda –sobre modificación del Real Decreto 84/2015–, que entrará en vigor el 26 de febrero de 2020, al día siguiente de la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones transitorias se ocupan de la transformación en bancos de establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, de las sucursales y filiales en el extranjero de establecimientos financieros de crédito existentes a la fecha de entrada en vigor y del régimen transitorio para establecimientos financieros de crédito provenientes de la transformación de entidades de crédito de ámbito operativo limitado.

Derecho Economico y Comercial / Economic and Commercial Law

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‘New Deal’ para los consumidores europeos: entran en vigor nuevas reglas para impulsar su protección

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de enero, 2020

-Unión Europea-

Consejo General de la Abogacía Española. –La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la entrada en vigor de las nuevas normas de la UE para la protección del consumidor, como parte del New Deal para los consumidores europeos. Su objetivo es hacer cumplir y modernizar mejor las actuales normas de protección al consumidor de la UE, en línea con los desarrollos digitales.

En esta ocasión, V?ra Jourová, Vicepresidenta de Valores y Transparencia y ex Comisaria de Justicia y Consumidores, dijo: “Las nuevas reglas aumentarán la protección para los consumidores en el mundo digital, que con razón se merecen. La UE también dice NO a los productos vendidos como idénticos en otros Estados miembros, cuando claramente este no es el caso. Pero estas nuevas reglas no protegerán a los consumidores de los comerciantes deshonestos y los tramposos en línea a menos que se implementen estrictamente en el terreno. Recomiendo encarecidamente a todos los Estados miembros que se aseguren de que las nuevas reglas se implementen sin demora”.

Didier Reynders, Comisario europeo de Justicia, agregó: ” Hoy enviamos una fuerte advertencia a los comerciantes de que deben cumplir las reglas, no doblegarlas. Romper las normas de consumo de la UE a gran escala puede costarle a una empresa una gran multa de al menos el 4% de la facturación anual. Esta será una sanción suficientemente disuasoria y efectiva para evitar que los comerciantes deshonestos hagan trampa. Acojo con beneplácito esta nueva legislación, ya que establece estándares verdaderamente europeos de protección al consumidor”.  

Las nuevas reglas garantizarán, entre otras cosas, una mayor transparencia de los mercados en línea: será más claro si los productos son vendidos por un comerciante o un particular, y se prohibirá la presentación de revisiones o avales falsos. Además, los vendedores no podrán anunciar reducciones de precios falsos, y los sitios de comparación de precios deberán informar a los consumidores sobre los criterios de clasificación. Las nuevas normas también harán cumplir los derechos de los consumidores: asegurando una compensación para las víctimas de prácticas comerciales desleales e imponiendo sanciones en caso de “situaciones de daños masivos” que afecten a los consumidores en toda la UE. Los Estados miembros tienen ahora dos años para transponer la Directiva en su legislación nacional para garantizar que los consumidores de la UE disfruten de medidas de protección más estrictas.