Derecho Internacional

Derecho Internacional / International Law

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EU launches new infringement proceedings against Poland over judiciary reforms       

Source: Jurist

April 03, 2019

he European Commission on Wednesday launched infringement proceedings against Poland by sending a Letter of Formal Notice regarding its new disciplinary regime for judges.

The notice alleges that the new regime “undermines the judicial independence of Polish judges by not offering necessary guarantees to protect them from political control, as required by the Court of Justice of the European Union.” Poland has two months to reply.

The Commission alleges that Poland has failed to meet its obligations under Article 19(1) of the Treaty on European Union and Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which preserve the right to “an effective remedy before an independent and impartial court.” The Commission alleges that Polish law “allows to subject ordinary court judges to disciplinary investigations, procedures and ultimately sanctions, on account of the content of their judicial decisions.”

In addition, the Commission alleges that Poland’s regime does not ensure that a court can decide in first instance on disciplinary proceedings against ordinary court judges, because it gives the power to the President of the Disciplinary Chamber to determine the disciplinary court of first instance to hear a given case, “on an ad-hoc basis and with an almost unfettered discretion.”

The Commission is also of the opinion that Poland has failed to fulfill its obligations under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), which ensures courts’ right to request preliminary rulings from the European Court of Justice.

The EU’s concern about Poland not adhering to EU’s principles on rule of law is increasing. Last December the European Court of Justice ruled that Poland must “immediately” suspend the national legislation which lowered the mandatory retirement age for its supreme court judges.

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La Eurocámara aprueba las nuevas normas para el intercambio de datos del sector público                    

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-Unión Europea-

 El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la Directiva sobre los datos abiertos y la información del sector público. La normativa refuerza la disponibilidad y el uso innovador de los datos públicos o con financiación pública, lo que a su vez ayudará a impulsar el desarrollo de tecnologías que hacen un uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial.

El vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, avalan y se han mostrado hoy satisfechos por el resultado de la votación en una declaración conjunta.

“Estamos muy satisfechos por el apoyo abrumador a la Directiva sobre los datos abiertos entre los diputados al Parlamento Europeo”, señalan en una nota conjunta. “Los datos son un activo esencial de la economía digital, y una gran parte de ese activo es generada por el sector público. Para aprovechar plenamente su potencial de innovación, es fundamental que los datos públicos o con financiación pública sean fácilmente accesibles para los ciudadanos y las empresas de la UE. Esto es especialmente cierto en el caso de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende del acceso a grandes cantidades de datos”, añaden.

Ansip y Gabriel entienden que “es necesario reforzar las normas de la UE sobre la reutilización de la información del sector público para adecuarla a la rápida evolución de las tecnologías y superar los obstáculos que impiden a las pymes y las empresas emergentes innovar en la utilización de recursos de datos públicos”. A su juicio, “gracias a la Directiva sobre los datos abiertos adoptada hoy, los datos en tiempo real del sector público, así como los de las organizaciones de investigación y las empresas públicas, serán más fácilmente accesibles y utilizables tanto por las máquinas como por las personas”.

Próximas etapas

El texto adoptado hoy por el Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado oficialmente por el Consejo de la UE. A continuación, los Estados miembros contarán con un plazo de dos años para aplicar las normas revisadas, antes de que entren en vigor. La Comisión empezará a trabajar con los Estados miembros en la identificación de conjuntos de datos de alto valor, que se dispondrán en un acto de ejecución.

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EU approves rules for user copyright infringement       

Source: Jurist

March 26, 2019

-European Union-

 The European Parliament on Tuesday approved the new Copyright Directive for online platforms, holding them liable for user uploaded content, except for materials such as memes, GIFs and hyperlinks to news articles.

The Directive aims to apply copyright law to the digital age, as well as to ensure that the internet remains a space for freedom of expression.

Under the new Directive, internet platforms will be directly liable for user uploaded content for any copyright infringement. News publishers will have rights to negotiate deals on behalf of its journalists for news stories used by news aggregators. In addition, the Directive protects the uploading of protected works for quotation, criticism or review, which means that GIFs and memes will continue to be shareable.

Non-commercial websites, such as Wikipedia, and open source software platforms, such as Github, will not be affected by the Directive. Start-up platforms, in contrast to the established ones, will be subject to lighter obligations.

Vice-President for the Digital Single Market Andrus Ansip and Commissioner for Digital Economy and Society Mariya Gabriel welcomed the outcome in a joint statement: “today’s vote ensures the right balance between the interests of all players—users, creators, authors, press—while putting in place proportionate obligations on online platforms.”

If the member states approve Parliament’s decision and accept the text, they will have two years to implement the new rules.

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El Abogado General avala sancionar a España por no adoptar la Directiva sobre hipotecas       

Fuente: El Economista España

28 de marzo, 2019

-Unión Europea-

El Abogado General de la Unión Europea, Tanchev, asegura que España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros hasta que adopte la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. “España ha incumplido sus obligaciones de informar, en consecuencia, debe imponerse una multa coercitiva diaria”, apunta.

La normativa ya está aprobada y entrará en vigor el próximo 16 de junio, por lo que es difícil que la sanción llegue a materializarse debido al tiempo que aún tardará el tribunal en decidir. Para entonces, es posible que la nueva ley hipotecaria esté aprobada.

Sin embargo, este asunto brinda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que “un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo” y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.

El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro “ha incumplido la obligación de informar” sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.

En sus conclusiones, presentadas hoy, señala que “España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión”. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.

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Relatores de la ONU piden a Estados Unidos que cese las “amenazas” contra la Corte Penal Internacional      

Fuente: Naciones Unidas

22 de marzo, 2019

Los expertos en derechos humanos consideran que el anuncio de miembros del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a los jueces y fiscales del tribunal de La Haya que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán constituye una injerencia indebida en la independencia de la Corte.

Dos relatores de la ONU*  aseguran que no se debe permitir que las advertencias del Secretario de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional contra la Corte Penal Internacional obstaculicen la capacidad de este tribunal para cumplir su mandato.

“Estamos particularmente preocupados a la luz de los informes recientes de altos funcionarios de Corte que renuncian a sus cargos como consecuencia de estas amenazas“, dijeron.

En un discurso el 10 de septiembre de 2018, John Bolton advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte, con sede en La Haya, se enfrentarían a una serie de medidas si continuaban investigando los presuntos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, Israel u otros aliados de los Estados Unidos.

Declaró que esas acciones incluirían “todos los medios necesarios”, como la prohibición de que los jueces y fiscales de la Corte ingresen a los Estados Unidos; congelar sus activos financieros en ese país e incluso llegar a procesarlos penalmente. Añadió que se tomarían las mismas medidas contra las empresas o los Estados que colaboren en  cualquier investigación de este tribunal  sobre ciudadanos estadounidenses.

En marzo de 2019, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Estados Unidos revocará o denegará visados a los miembros de la Corte que participen en investigaciones contra las tropas de Estados Unidos en Afganistán o cualquier otra parte del mundo y amenazó con sanciones económicas.

“Estas amenazas constituyen una injerencia indebida en la independencia de la CPI y podrían obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y personal de la Corte para llevar a cabo sus tareas profesionales”, dijeron los expertos de la ONU.

Para que el acceso a la justicia sea efectivo e igualitario y para que pueda haber juicios justos, el sistema judicial y los jueces deben ser “independientes y libres de cualquier interferencia impropia”, añaden.  La intimidación puede desanimar a “los defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representante de víctimas y otros que colaboran con la Corte”.

Estados Unidos no es parte de la CPI

 Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002. El tribunal, cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene 123 Estados firmantes.

El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de este tribunal, Fatou Bensouda, solicitó autorización para iniciar una investigaciónsobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto armado en Afganistán.  Algunos de los presuntos responsables de esos crímenes son soldados estadounidenses.  Además, la fiscal quiere investigar las actividades de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania; en los tres últimos países se habrían instalado cárceles secretas.

Estados Unidos no es parte del tribunal y por tanto está fuera de su jurisdicción. Sin embargo, en este caso, como Afganistán es un Estado parte, “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad del acusado”, según se lee en la petición de autorización de la fiscal. Polonia, Rumanía y Lituania también son Estados firmantes.

Filipinas abandona de la Corte Penal Internacional

Filipinas, por su parte, abandonó esta semana la Corte Penal Internacional, un año después de que el presidente Rodrigo Duterte anunciara la decisión.

La decisión se produce después de que la fiscalía del tribunal empezara a analizar de forma preliminar los supuestos delitos cometidos “en el marco de la guerra contra las drogas” desde julio de 2016, uno de los asuntos que el presidente filipino considera como una prioridad. Duterte estima que la investigación viola la soberanía nacional de su país.

El presidente de la asamblea de los Estados parte de la corte, O-Gon Kwon, dijo que “lamenta” la retirada, pero espera que sea “solo temporal”.

“La Corte Penal Internacional se basa en el apoyo continuado de la comunidad internacional para asegurar su efectividad en la lucha contra la impunidad”.

Mr. Michel Forst es el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y Diego García-Sayán es el relator especial sobre la independencia de jueces y anogados.   

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

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El Tribunal de La Haya eleva a cadena perpetua la sentencia de Radovan Karadžić       

Fuente: Naciones Unidas

20 de marzo, 2019

El criminal de guerra serbobosnio había apelado el fallo anterior que le sentenció a 40 años de cárcel al ser encontrado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. El juicio es uno de los últimos capítulos de la postguerra en Bosnia, a la espera de la sentencia al exgeneral Ratko Mladic tras su apelación.

El antiguo líder serbobosnio Radovan Karadžić ha sido condenado a cadena perpetua por una corte de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por su papel en los asesinatos en masa de civiles en el conflicto de Bosnia.

Karadžić fue sentenciado, en 2016, a 40 años de cárcel por su responsabilidad durante la guerra, al ser encontrado culpable de genocidio por la matanza de Srebrenica y de crímenes de guerra y contra la humanidad. Un panel de cinco jueces del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales revisó la decisión, tras la presentación de un recurso, y por mayoría de tres votos contra dos, elevó la condena a cadena perpetua, la mayor posible en los tribunales internacionales de La Haya.

Los jueces desestimaron todas las apelaciones de Karadžić, excepto una, como “meras discrepancias” con las conclusiones de la Corte y no como objeciones legales válidas.

El fiscal principal del tribunal, Serge Brammertz, dijo que el veredicto envía un “mensaje importante de que la justicia puede prevalecer sobre el mal”.

“Hoy, las víctimas de sus crímenes finalmente lo vieron responder por lo que hizo“, dijo Brammertz. “Los que se oponen al Tribunal dirán que esta sentencia es un veredicto contra el pueblo serbio. Rechazo eso en los términos más contundentes. La culpa de Karadžić es suya, no de su comunidad”.

El asesor especial del Secretario General para la prevención del genocidio, Adama Dieng, dijo que con esta sentencia se envía el mensaje de que no habrá impunidad por los crímenes en Bosnia.

Según Dieng, la rendición de cuentas es un elemento clave para construir un “futuro más pacífico y estable” en toda la región. “La justicia por sí sola, sin embargo, no traerá una reconciliación genuina a las comunidades divididas por la violencia, y no puede ser impuesta desde afuera”, añadió.

“El cambio real en la sociedad solo puede venir de la auto reflexión, la aceptación, el esfuerzo constante y colectivo para avanzar. Se necesita trabajo duro y perseverancia”.

Genocidio de Srebrenica

Los jueces confirmaron el cargo de genocidio por la masacre de julio de 1995 de más de 7000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica, señalando una orden que Karadžić había firmado cuatro meses antes y en la que exigía que las condiciones para la gente de la ciudad se hicieran “insoportable, sin esperanza de sobrevivir”. El juez Vagn Prüsse Joensen afirmó que Karadžić estuvo en constante contacto con sus fuerzas en el terreno cuando cayó Srebrenica.

El acusado además “no pudo demostrar error” en el fallo original del tribunal que lo juzgó en el que se estipulaba que Sarajevo fue bombardeado indiscriminadamente, matando a 14.000 personas, sin distinción entre objetivos militares y civiles.

El panel de jueces rechazó una apelación de la acusación contra la absolución de Karadžić por el cargo de genocidio en 20 municipios bosnios donde se cometieron matanzas. Los jueces consideran que la acusación no logró refutar que esas masacres no deberían ser clasificadas como genocidio.

El final de los juicios sobre la guerra de Bosnia

Karadžić, de 73 años, escuchó el veredicto en la sala. El antiguo líder serbobosnio  ha estado recluido en La Haya desde su captura en Belgrado en 2008, y su apelación es uno de los últimos casos sobre la guerra de Bosnia que se celebran en La Haya, a la espera de la sentencia en segunda instancia al exgeneral serbobosnio Ratko Mladic.

Karadžić fue el presidente de la República Srpska, uno de los dos territorios autónomos en que se dividió Bosnia tras el fin de la guerra (1992-1995). Durante ese conflicto, murieron más de 100.000 personas y dos millones se quedaron sin hogar.

Los fiscales argumentaron que Karadžić y el comandante del ejército serbio de Bosnia, Ratko Mladić, querían eliminar a los musulmanes y croatas del territorio controlado por los serbios.

Mladić, de 76 años, conocido como el “Carnicero de Bosnia”, ha apelado una sentencia de cadena perpetua por cargos similares. El expresidente serbio Slobodan Milosevic murió en 2016 mientras se celebraba su juicio en La Haya.

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Así son las medidas de España ante un Brexit sin acuerdo en materia laboral, de cooperación judicial, en el ámbito de los servicios financieros y en el de aduanas 

Fuente: Togaz

11 de marzo, 2019

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea invocando el procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Los negociadores de ambas partes alcanzaron un consenso sobre el texto del Acuerdo de Retirada el 14 de noviembre de 2018. En la reunión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2018, el Consejo Europeo refrendó el citado Acuerdo e invitó a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo a que tomasen las disposiciones necesarias para asegurarse de que este acuerdo pudiera entrar en vigor el 30 de marzo de 2019.

El Acuerdo de Retirada tendrá que ser ratificado por el Reino Unido, de conformidad con sus propias exigencias constitucionales. El pasado 15 de enero el Parlamento británico votó en contra del Acuerdo de Retirada propuesto, y no existen garantías de que se logre una salida acordada antes del 30 de marzo de 2019.

Se adopte o no el acuerdo, el 30 de marzo de 2019 el Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la Unión Europea, salvo que el Reino Unido comunique a la Unión que retira su decisión de salida o que el Reino Unido y la Unión acuerden una prórroga del período de negociación.

Dada la incertidumbre que rodea el proceso de ratificación del Acuerdo, el Consejo Europeo ha reiterado en diversas ocasiones el llamamiento realizado con anterioridad a la Comisión y a los Estados miembros para que intensifiquen los trabajos relativos a la preparación para las consecuencias de la retirada del Reino Unido en todos los ámbitos y teniendo en cuenta todas las posibilidades.

En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha presentado tres comunicaciones. La primera, de 19 de julio de 2018, relativa a las labores de preparación ante cualquier escenario. La segunda, de 13 de noviembre de 2018, centrada ya en la planificación de contingencia, que vino a establecer los principios generales y los ámbitos sobre los que se proyectarían las medidas de contingencia de la Unión Europea. La tercera, de 19 de diciembre de 2018, concretó la aplicación del plan de contingencia de la Comisión, enumerando los actos jurídicos que se pretende adoptar a nivel europeo e indicando el calendario previsto para su adopción. Adicionalmente la Comisión ha publicado notas sectoriales dirigidas a informar a los Estados miembros, operadores económicos y ciudadanos de las consecuencias de la retirada del Reino Unido.

Según el preámbulo del Real Decreto- Ley 5/2019, de 1 de marzo, la planificación de contingencia del Gobierno de España persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada. En segundo lugar, preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España. Para lograr estos objetivos, el Gobierno de España destaca que se han articulado tres líneas de actuación: normativa, logística y de comunicación.

Por lo que se refiere a las actuaciones de carácter normativo, indica que, en línea con las orientaciones contenidas en las comunicaciones con la Comisión Europea, las medidas de contingencia adoptadas a todos los niveles deben atenerse a un conjunto de principios. Así menciona que han de ser de carácter temporal, con arreglo a plazos que pueden variar en función del sector específico de que se trate, que deben respetar el reparto de competencias establecido por los Tratados y que han de ser compatibles con el Derecho de la Unión.

En el marco de estas directrices, las medidas contempladas en el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo se orientan a tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que ejercieron su derecho de libre circulación al amparo de las libertades conferidas por los Tratados en aquellos ámbitos de competencia nacional, y que pueden verse afectados por la retirada del Reino Unido. No obstante, ha de subrayarse que se trata de medidas de carácter temporal, dirigidas a facilitar el tránsito hacia la nueva situación derivada de la consideración del Reino Unido como un tercer estado. De este modo, su vigencia cesará cuando transcurra el plazo que en cada caso se indica, o antes, si se adoptan, a nivel interno o internacional, los instrumentos llamados a regular, con carácter permanente, las relaciones con el Reino Unido en las materias contempladas en la norma. Adicionalmente, cuando así se establece, el mantenimiento en el tiempo de las situaciones jurídicas que el real decreto-ley regula se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco por las autoridades del Reino Unido a los ciudadanos y operadores económicos españoles. Esta condición de reciprocidad habrá de verificarse necesariamente en un momento posterior a la entrada en vigor del real decreto-ley, a través de los mecanismos singularmente habilitados al efecto por la propia norma.

En cualquier caso la propia norma establece que no entrará en vigor hasta el día en que los tratados de la Unión Europea dejen de aplicarse al Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea.

A continuación resumimos y comentamos brevemente las principales medidas adoptadas en el ámbito laboral y de la seguridad social, en el de la cooperación judicial en materia civil y mercantil, en el de la prestación de servicios financieros y en el ámbito aduanero.

1. Relaciones laborales y de seguridad social

Con la finalidad de evitar una situación de irregularidad sobrevenida, se crea un régimen específico para la documentación, como ciudadanos de terceros países, de los nacionales del Reino Unido y los miembros de su familia que residan en España antes de la fecha de retirada. Por otra parte, se prevé el acceso a los nacionales del Reino Unido residentes en España y los miembros de su familia a una autorización de residencia de larga duración cuando hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante, al menos, cinco años.

También se permite a los nacionales del Reino Unido continuar ejerciendo de forma permanente en España una profesión o actividad profesional para la cual hayan obtenido previamente el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales.

Las empresas establecidas en España que, a la fecha de retirada, tengan trabajadores desplazados temporalmente a Reino Unido deberán seguir aplicando la legislación del Reino Unido de transposición de la Directiva 96/71/CE durante el periodo de desplazamiento de los mismos. Esta previsión solo será aplicable en caso de que se reconozca un tratamiento recíproco.

Los comités de empresa europeos o los procedimientos alternativos de información y consulta constituidos o acordados por las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria en los que participen trabajadores o empresas del Reino Unido y que tengan su dirección central en España, seguirán vigentes.

Las medidas en materia de seguridad social serán aplicables durante 21 meses desde la retirada de Reino Unido, salvo que con anterioridad se adopte un instrumento internacional, bilateral o multilateral, aplicable en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social españoles y del Reino Unido. Entre las mismas destacamos las siguientes:

  • Los nacionales del Reino Unido que tras la fecha de retirada del Reino Unido residan y trabajen legalmente en España, estando sujetos a la legislación española de seguridad social, disfrutarán en este ámbito de iguales derechos y obligaciones que los nacionales españoles. Igualmente los nacionales del Reino Unido que están sujetos a la legislación británica de seguridad social, por aplicación de los reglamentos comunitarios de seguridad social, podrán mantener dicha situación hasta finalizar el período previsto, siempre y cuando se reconozca por parte de las autoridades británicas competentes un tratamiento recíproco a los trabajadores españoles.
  • Los nacionales españoles que en la fecha de retirada residan y trabajen legalmente en el Reino Unido o en Gibraltar, permaneciendo sujetos a la legislación española por aplicación de los reglamentos comunitarios de seguridad social, seguirán sujetos a la legislación española hasta finalizar el período previsto, si así se admitiera por parte de las autoridades británicas competentes, en reciprocidad.
  • Los pensionistas nacionales del Reino Unido a cargo del sistema de seguridad social español que residan fuera de España en el momento de la retirada continuarán percibiendo sus pensiones contributivas y, en su caso, las revalorizaciones que correspondan, a partir de esa fecha.
  • Igualmente, los pensionistas españoles a cargo del sistema de seguridad social español que residan en el Reino Unido o en Gibraltar en el momento de la retirada continuarán percibiendo sus pensiones contributivas y, en su caso, las revalorizaciones que correspondan.
  • Asimismo, se regulan los mecanismos de totalización de pensiones, también condicionadas a un tratamiento recíproco, así como las reglas para el acceso a la asistencia sanitaria a cargo del sistema nacional de salud español de las personas que tengan derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar.

2. Medidas en relación con la cooperación judicial en materia civil y mercantil

Por lo que se refiere a la cooperación judicial en materia civil y mercantil, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, lo que se producirá, como indicábamos, el día en que los Tratados de la UE dejen de aplicarse al Reino Unido (o “fecha de retirada”), seguirán tramitándose conforme a la normativa por la que se venían rigiendo. Finalizada la tramitación del procedimiento, los efectos derivados del mismo se regirán por los convenios internacionales en vigor entre España y Reino Unido y por la legislación nacional que resulte de aplicación. Los procedimientos que se inicien después de la entrada en vigor del real decreto-ley o fecha de retirada, se regirán por los convenios internacionales en vigor y por la legislación internacional de aplicación.

En atención a ello, en materia de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones, no serán de aplicación, salvo para los procedimientos pendientes y hasta su finalización, los reglamentos europeos sobre la materia, esto es, Reglamentos 44/2001 (Bruselas I) y 1215/2012 (Bruselas I bis), sino, en defecto de convenios internacionales, la normativa interna.

Así, la competencia judicial de los tribunales españoles se determinará conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, los acuerdos de elección de foro a favor de tribunales británicos se regirán, en su caso, por el Convenio de la Haya de 30 de junio de 2005.

A su vez, el reconocimiento y ejecución de resoluciones británicas en España, se regirá por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil. De este modo, las resoluciones judiciales británicas que se ejecuten en España después de la entrada en vigor del real decreto-ley o fecha de retirada no se beneficiarán de la supresión del exequátur (que fue una de las grandes novedades del Reglamento Bruselas I bis), sino que serán tratadas como resoluciones procedentes de un tercer Estado, que se habrán de reconocer y ejecutar conforme a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional, debiendo seguirse, con carácter previo a su ejecución, un procedimiento de exequátur, con el tiempo y mayores costes que ello conlleva. Igualmente, la ejecución en el Reino Unido de las resoluciones judiciales españolas se regirá por su derecho interno.

De otro lado, y con excepción de los procedimientos en curso, también dejará de ser de aplicación la normativa europea relativa a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales (Reglamento 1393/2007); la obtención y práctica de pruebas (Reglamento 1206/2001); los títulos ejecutivos europeos para créditos no impugnados (Reglamento 805/2004); procesos monitorios europeos (Reglamento 1896/2006) o de escasa cuantía (Reglamento 861/2007) y las consiguientes ventajas que contemplan relativas a la circulación de documentos y resoluciones o el uso de formularios estandarizados.

3. Medidas en relación con la prestación de servicios financieros

La retirada del Reino Unido implica la pérdida por parte de las entidades financieras británicas y gibraltareñas (en particular los bancos, las entidades aseguradoras y las empresas de servicios de inversión) del pasaporte que les permite prestar sus servicios en España, a través de sucursales establecidas en nuestro país o directamente desde el Reino Unido o Gibraltar a través del llamado régimen de libre prestación de servicios. Tras la retirada, tales entidades ya no podrán beneficiarse de la autorización obtenida en su territorio de origen y solo podrán realizar actividades reservadas en España si obtienen la preceptiva autorización.

Consciente de esta situación, el artículo 19 del real decreto-ley establece algunas modulaciones para evitar un efecto demasiado drástico y automático de la pérdida del pasaporte.

Aclara, en primer lugar, que la pérdida del pasaporte no priva de validez a los contratos de servicios bancarios, de valores, de seguros u otros servicios financieros suscritos por aquellas entidades antes del 29 de marzo de 2019 y por los que prestan servicios en España. Así, por ejemplo, los depósitos realizados por clientes domiciliados en España en sucursales españolas de bancos británicos antes de dicha fecha no pierden validez y no deben ser por lo tanto obligatoria e inmediatamente restituidos.

Ahora bien, el mismo artículo también establece que, después del 29 de marzo, tales contratos no podrán ser renovados, ampliados para incluir nuevos servicios ni modificados en cuanto a sus obligaciones esenciales si la entidad prestadora del servicio no obtiene la preceptiva autorización para realizar actividades reservadas en España. Tampoco podrán firmarse contratos nuevos sin la autorización.

El artículo 19 también prevé que el hecho de que los contratos suscritos antes del 29 de marzo de 2019 mantengan su validez no permite a las entidades británicas y gibraltareñas mantener indefinidamente su status quo y no regularizar su situación mediante la solicitud y obtención de la oportuna autorización. Al contrario, el real decreto-ley establece que las entidades solo podrán beneficiarse provisionalmente de la autorización obtenida en su territorio de origen durante un plazo de nueve meses a contar del día de la retirada, en relación con la gestión de los contratos suscritos con anterioridad a dicha retirada, con la finalidad de:

  1. Llevar a cabo la ordenada terminación o cesión de los contratos
  2. Solicitar autorización en España

El real decreto-ley añade que el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrán requerir a las entidades para que regularicen su situación a través de las alternativas a) o b) antes indicadas y, si dicho requerimiento no es atendido, las autoridades supervisoras podrán dejar sin efecto respecto de la entidad el período transitorio de nueve meses. La entidad pasará entonces a estar sujeta al correspondiente régimen sancionador.

4. Medidas en el ámbito aduanero

Con el objeto de anticipar los efectos de la futura consideración del Reino Unido como Estado tercero a efectos aduaneros:

  • Se establece la posibilidad para las autoridades aduaneras españolas de tramitar solicitudes en el ámbito aduanero presentadas por operadores establecidos en el Reino Unido o por operadores establecidos en España que realicen operaciones de comercio de bienes con el Reino Unido (i.e solicitudes de operador económico autorizado asociadas al comercio entre ambos países), aunque las decisiones que se tomen no puedan surtir efectos hasta que se produzca la retirada efectiva del Reino Unido.
  • Se prevé el establecimiento de procedimientos simplificados para la solicitud, tramitación y emisión de los documentos veterinarios, sanitarios o fitosanitarios necesarios para la exportación de productos desde España al Reino Unido.
  • Se mantiene la validez de las autorizaciones otorgadas para las exportaciones o importaciones de material de defensa y doble uso que tengan como destino o procedencia el Reino Unido.

En el siguiente enlace puede acceder al contenido completo de la norma: Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea