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Bélgica puede ejercitar acciones judiciales contra Facebook por un tratamiento transfronterizo de datos, según el Abogado General

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de enero, 2021

 En las conclusiones de 13 de enero de 2021, asunto C-645/19 (Facebook vs DPA Belga), el Abogado General de la UE recuerda que la competencia para interponer acciones por la presunta infracción en relación con el tratamiento transfronterizo de datos la tiene, con carácter general, la autoridad de protección de datos del Estado en el que el responsable o el encargado del tratamiento de los datos tenga su establecimiento principal en la Unión Europea. 

No obstante, según el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) permite que, en situaciones específicas, la autoridad de protección de datos de un Estado miembro ejercite acciones judiciales por una supuesta infracción en relación con un tratamiento transfronterizo de datos tanto en el país donde la presunta empresa infractora tenga su sede principal, como en las de los países donde haya delegaciones. 

Así se ha pronunciado el checo Michal Bobek, sobre la pregunta planteada por el Tribunal de Apelación de Bruselas sobre si el RGPD impide realmente que la autoridad nacional de protección de datos belga entable un procedimiento judicial en su Estado miembro por un tratamiento transfronterizo de datos realizado por Facebook, con delegación en Bélgica pero cuya sede europea se encuentra en Irlanda (Conclusiones de 13 de enero de 2021, asunto C-645/19, Facebook vs DPA Belga).

El origen del conflicto

En septiembre de 2015, la autoridad de protección de datos belga inició un procedimiento contra varias empresas del grupo Facebook: Facebook INC, Facebook Ireland Ltd – que es la sede principal del grupo en la UE- y Facebook Belgium BVBA.

En su demanda, la autoridad de protección de datos solicitó que se requiriera a Facebook para que dejase de insertar, sin el consentimiento de los usuarios de Internet establecidos en Bélgica, determinadas cookies en los dispositivos utilizados por estos cuando navegan por una página web en el dominio Facebook.com o cuando acaban en el sitio web de un tercero, así como para que dejase de recopilar datos de forma excesiva mediante social plug-ins (complementos sociales) y píxeles en sitios web de terceros. Asimismo, la autoridad belga solicitó la destrucción de todos los datos personales obtenidos mediante cookies y social plug-ins relativos a cada usuario de Internet establecido en el territorio belga.

Presentada la demanda, el Tribunal de Apelación de Bruselas determinó que carecía de competencia para conocer de las pretensiones formuladas frente a Facebook INC y Facebook Ireland Ltd, por lo que el procedimiento quedó restringido a Facebook Belgium. Así las cosas, la filial belga de la red social afirma que, en virtud del RGPD, la única autoridad de protección de datos facultada para incoar un procedimiento en relación con el tratamiento transfronterizo de datos es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), ya que la sede europea de la empresa está en Dublín.

Las conclusiones del Abogado General

En sus conclusiones, el Abogado General considera, en primer lugar, que de la redacción del RGPD se desprende que la autoridad principal de protección de datos tiene una competencia general sobre el tratamiento transfronterizo de datos, incluido el inicio de un procedimiento judicial por la violación del RGPD y, por implicación, las demás autoridades de protección de datos afectadas gozan de una facultad más limitada para actuar a este respecto

En segundo lugar, recuerda que la razón misma de la introducción del mecanismo de ventanilla única del RGPD fue resolver algunas deficiencias derivadas de la normativa anterior, que obligaba a los operadores a interactuar con todas las autoridades nacionales de protección de datos, lo que resultaba “costoso, oneroso y lento”, y era fuente de “incertidumbre y de conflictos”. 

No obstante, el Sr. Bobek subraya que, aunque el RGPD otorga un papel importante a la autoridad de protección de datos principal, esta no puede ser considerada la única encargada de velar por el cumplimiento del RGPD en situaciones transfronterizas. Así, el Abogado General señala que debe cooperar estrechamente con las demás autoridades en cuatro situaciones específicas. En primer lugar, cuando las autoridades nacionales de protección de datos actúen fuera del ámbito material del RGPD; en segundo lugar, cuando investiguen tratamientos transfronterizos de datos efectuados por autoridades públicas, en interés público, en el ejercicio de poderes públicos o por responsables del tratamiento que no tengan un establecimiento en la Unión; en tercer lugar, cuando adopten medidas urgentes, y, en cuarto lugar, cuando intervengan como consecuencia de la decisión de la autoridad de protección de datos principal de no tratar un caso.

Por consiguiente, con estas conclusiones el abogado general pretende aclarar qué autoridad es competente para actuar ante las infracciones de protección datos en Internet, aunque su opinión no vincula al Tribunal de Justicia, que comenzará ahora sus deliberaciones sobre este asunto. 

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El Parlamento Europeo aprueba un informe para la reforma de la euroorden que incluye el delito de sedición

Fuente: El Economista España

01 de diciembre, 2020

 Con 45 votos contra 14 y nueve abstenciones, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre la orden de detención europea o euroorden, en el que se incluye entre los delitos de aplicación inmediata el de sedición o de ataque a la integridad constitucional de los estados miembros.

De aprobarse esta modificación por el Pleno del Parlamento, el principio de reconocimiento mutuo, las euroórdenes emitidas por un estado miembro deberán ser reconocidas y ejecutadas por otro estado miembro, debiendo justificar con criterios objetivos los motivos para rechazar la ejecución de una euroorden, tal y como ha ocurrido en dos ocasiones (En Bélgica y Alemania) en el caso del ex presidente catalán Carles Puigdemont.

El ponente del informe, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha explicado, tras la votación del texto, que “para mejorar el funcionamiento de esta herramienta clave, proponemos fortalecer el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, reforzar la confianza mutua entre sistemas judiciales y evaluar la incorporación de nuevas categorías penales a la lista de delitos que no requieren doble control de criminalidad”.

La traba del doble chequeo

El chequeo de doble criminalidad -el proceso para verificar si el hecho es delito en ambos países- limita el reconocimiento mutuo, advierten. Para abordar esta cuestión, solicitan a la Comisión Europea que evalúe a fondo la lista de 32 categorías que no requieren tal control y que aclare más los delitos específicos en cuestión.

Los eurodiputados subrayan el texto aprobado que para garantizar el respeto del principio de reconocimiento mutuo, es necesario que haya confianza mutua entre los Estados miembros. Esto se puede lograr “sólo si se garantiza en toda la Unión el respeto de los derechos fundamentales y procesales de los sospechosos y acusados”, afirman.

En la Comisión de Libertades Civiles, los eurodiputados se han quejado de la falta de datos consistentes sobre la ejecución y denegación de órdenes de arresto por parte de los estados miembros y señalan las condiciones de detención y prisión, la proporcionalidad, la representación legal dual en ambos países involucrados, la capacitación y las cuestiones del estado de derecho como algunas de las principales cuestiones que obstaculizar el buen funcionamiento de la herramienta.

Así, el informe propone considerar la inclusión en esta lista -que permite una entrega más automática, siempre que el delito sea punible con una pena máxima de prisión de al menos tres años- de delitos adicionales, como delitos ambientales, determinadas formas de evasión fiscal, delitos de odio, abuso sexual, violencia de género y los mencionados delitos contra la integridad constitucional cometidos mediante el uso de la violencia.

Herramienta para delitos graves

La resolución subraya que la orden de detención europea debe limitarse a las infracciones graves y utilizarse cuando se hayan agotado otros instrumentos legales menos intrusivos, como la orden europea de investigación.

Los eurodiputados también hacen hincapié en que los Estados miembros solo deben negarse a ejecutar una orden por un número limitado de motivos, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Destacan, al respecto, que la denegación por vulneración de derechos fundamentales debe basarse en “elementos fácticos y objetivos”.

La resolución destaca la importancia de garantizar garantías procesales, como el acceso a una defensa eficaz para los acusados, así como la interpretación y traducción de idiomas.

Las condiciones de detención deben ser compatibles con la dignidad humana, subrayan los eurodiputados, que están preocupados por la situación en las cárceles de algunos Estados miembros. También sugieren nuevas mejoras, como la posibilidad de introducir límites para la prisión preventiva.

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LA APROBACIÓN DEL ACUERDO DE ESCAZÚ POR PARTE DEL SENADO DE MÉXICO: BREVES APUNTES

Fuente: RIDH

12 de Noviembre, 2020

Hace pocos días, el pasado jueves 5 de noviembre, se informó que el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú  (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas y esta muy completa nota publicada en Colombia): una noticia pasada por alto en gran parte de la mayoría de los medios de prensa, y que amerita algunas reflexiones.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).  Su nombre completo es: “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

Se considera que una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

Este grupo de Estados que promovieron tempranamente esta novedosa iniciativa en el 2012 no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera firmar el Acuerdo de Escazú.

Firmas y ratificaciones registradas

En efecto, a la fecha del 11 de noviembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 9 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26).

La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el mismo 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse exactamente el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el extremo cuido de sus respectivas autoridades políticas y diplomáticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Este valioso instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el ambiente, entrará en vigor 90 días después de recibir un total de once ratificaciones. Al momento de redactar este texto, ha sido ratificado por nueve Estados: el depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo Congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará la fecha oficial de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Escazú en medio de ausencias y de fantasmas

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, habíamos tenido la oportunidad de analizar el hecho que la falta de ratificación por parte de Costa Rica (Estado anfitrión de la última ronda de negociación), y la ausencia de la firma de Chile (Estado que conjuntamente con Costa Rica fue el principal promotor de esta iniciativa regional desde el 2014), son elementos a tomar en cuenta, ante la verdadera campaña de desinformación y de descrédito gestada desde diversos sectores con relación al contenido del Acuerdo de Escazú (véase nota nuestra al respecto titulada “Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas”).

Podemos remitir a nuestros estimables lectores, a modo de ejemplo, a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú (véase texto completo) o a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que puedan apreciar mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

Este artículo de El Espectador desmitifica los “mitos” sin mayor fundamento –como lo son muchos mitos– creados con respecto al alcance de este tratado regional.

Siempre en Colombia, recientemente, el equipo de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia, sino en muy diversas latitudes del continente americano, en contra del Acuerdo de Escazú.

Desconcertados al leer a colegas estudiosos de la ciencia jurídica arremeter con su pluma contra el Acuerdo de Escazú, en un reciente artículo que tuvimos la oportunidad de publicar en Chile en El Desconcierto y titulado “Respuesta a argumentos para oponerse a Escazú”, nos permitimos escribir que:

“Es por lo tanto absolutamente incorrecto sostener que, mediante el Acuerdo de Escazú, un Estado se arriesga a verse demandado por otro por incumplir sus disposiciones: dicho esto, llama poderosamente la atención el hecho de que sean reconocidos analistas y académicos quienes defiendan, por alguna extraña razón, semejante argumento”.

A modo de conclusión

Cabe precisar que el voto en el seno del Senado mexicano fue unánime en favor del Acuerdo de Escazú: un detalle de forma, pasado casi desapercibido, y que permite evidenciar (una nueva vez) la poca seriedad de varios de los antes mencionados razonamientos y su carácter fantasioso. En el caso de Argentina, su aprobación en la Cámara de Diputados del pasado 25 de setiembre registró 240 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

En cuanto a Costa Rica, en nuestra precitada nota, se indicaba que:

“Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región”.

La reciente decisión tomada por el Senado de México confirma (nuevamente) que el argumento encontrado por el Poder Judicial en Costa Rica (un supuesto gasto que conlleva para su presupuesto el Acuerdo de Escazú) sigue siendo una verdadera extrañeza para las demás judicaturas de los Estados de la región. Ni en México, ni en Argentina, ni en Bolivia, Ecuador, Panamá, Nicaragua o Uruguay, como tampoco en los cuatro Estados caribeños que lo han ratificado, se detectó al momento de tramitar la aprobación del Acuerdo de Escazú semejante argumento. Este último es el que impide, por el momento, a Costa Rica aparecer entre las primeras once ratificaciones del continente, y participar a la primera Conferencia de Estados Partes (COP) a realizarse en los meses venideros.

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La exposición de las falencias y promesas del derecho internacional por la crisis de la pandemia

Fuente: ACCOLDI

05 de noviembre, 2020

 La dinámica de la interdependencia en las relaciones que se entablan en el escenario internacional constituye un factor que puede haber expuesto o acrecentado, según el caso, a las poblaciones de los distintos Estados al contagio del virus COVID-19. Ciertamente, y pese a lo que sugieran algunos discursos populistas, el aislacionismo absoluto no es posible. Pero adicionalmente, puede pensarse que tampoco es deseable, ni siquiera en la coyuntura actual: ciertamente, puede pensarse en el deseo de acceder a futuras vacunas, objetivo que no puede ser alcanzado por diversas sociedades sin entablar contactos con otros actores, estatales y no estatales (ej. Farmacéuticas), que a su vez obtienen recursos y trabajo provenientes de distintos lares.

Siendo así las cosas, de forma intuitiva es posible pensar que el derecho internacional ofrecería un marco idóneo con herramientas que permitan enfrentar la pandemia. Sin embargo, las reacciones de algunos Estados sugieren lo contrario, como se revela en el ejemplo estadounidense y su retiro de recursos y participación en la OMS. Adicionalmente, una mirada crítica a las normas e instituciones internacionales permite observar que el derecho internacional contemporáneo adolece de ciertas fallas estructurales que le impiden ofrecer una respuesta adecuada, según se pone de manifiesto por la ausencia de mecanismos de supervisión con un resultado vinculante o relevante en términos de posibles responsabilidades de Estados como la República Popular China por posibles silencios y negligencias relacionadas con un secretismo que ha resultado pérfido (y me recuerdan a la serie Chernóbil de HBO).

Como han puesto de manifiesto autores como Benvenisti y Álvarez, las deficiencias institucionales en cuestión pueden achacarse tanto, en primer lugar, a los miembros de las organizaciones internacionales que, en virtud de recelos e intereses chauvinistas o de cálculos económicos egoístas (que explicarían por qué hay más observancia de estándares de la OACI, por ejemplo; o por qué el Consejo de Seguridad se pronunció tardía e insatisfactoriamente sobre la actual pandemia), han sido renuentes a dotarlas de “dientes” y efectividad; como, en segundo lugar, a ciertas dinámicas “burocráticas” en términos “Weberianos” que se pueden presentar al interior de las mismas instituciones internacionales, y pueden haber llevado a sus agentes en ciertos casos a incurrir en fenómenos de path dependence (por ejemplo, recapitulando tardíamente en cuanto a la supuesta suficiencia de monitoreos al ingresar a aeropuertos en lugar de optar por cierres de los mismos) y de un cientificismo extremo no ajeno a la fragmentación profesional y jurídica con recelo a lo normativo que haya llevado a la OMS a ignorar necesidades de procedimientos internos o pronunciamientos y desarrollos pertinentes de otras entidades sobre el derecho a la salud (definido como fundamental y multidimensional en su misma Constitución, lo que de haberse tenido en cuenta habría permitido enfatizar de forma más asertiva en aspectos como la salud mental durante los confinamientos o la protección frente a violencia intrafamiliar); además de una excesiva deferencia a los miembros que, si bien han obrado de forma “menos mala” que en el pasado, siguen en mora de obrar de forma más transparente (como China).

Una visión crítica frente al derecho internacional resulta ser ciertamente es necesaria en tanto, como mencionan Francisco José Quintana y Justina Uriburu, permite poner de manifiesto deficiencias y ser ambiciosos en cuanto a la búsqueda de mejoras que llenen vacíos y eliminen deficiencias políticas en el derecho internacional actual. Ciertamente, los períodos de crisis son con frecuencia escenarios de oportunidades de revoluciones sistémicas. Pero no conviene ser excesivamente pesimista o cínico al examinar de forma selectiva ciertos ejemplos. Esto es así porque ha habido también casos de órganos internacionales que han respondido adecuadamente a las necesidades y desafíos de la pandemia, tanto de forma asertiva como reactiva. Efectivamente, la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, por su propia iniciativa, han adoptado pronunciamientos que ofrecen recomendaciones y análisis, además de recoger un estudio de prácticas comparadas en la región, en relación con cuestiones como los derechos de las personas contagiadas, reiterando los componentes de acceso a servicios de salud con calidad y sin discriminación (lo que permite enfrentar riesgos de un impacto desproporcionado en perjuicio de personas en condiciones socioeconómicas arduas); de las familias de quienes han fallecido con ocasión del virus; o sobre aspectos relativos a la importancia de proteger el derecho al trabajo, el acceso a la información o el consentimiento informado y la observancia de criterios de bioética, entre otros aspectos.

Los anteriores ejemplos revelan la importancia de dotar a los órganos internacionales de competencias para actuar motu proprio, en tanto según exponen teorías liberales o constructivistas de las relaciones internacionales, pueden tener o generar una agenda protectora independiente de las estrategias estatales, proclives en consecuencia a complementarlas a efectos de brindar y exigir una mayor protección de forma independiente. En otros ámbitos también se han presentado iniciativas como la participación en las reuniones en línea y para la negociación de tratados y el acceso a las mismas, como acontece con el relativo a empresas y derechos humanos (¡y la discusión al respecto por juristas en redes sociales!), que al igual que los ya populares y omnipresentes webinars en la academia permiten brindar una democratización y acceso a espacios que podrían no ser de fácil acceso y, por ende, excluyentes, para quienes carecen de los recursos u oportunidades para desplazarse a los recintos en los que se celebran. Dicho esto, también ha habido cuestionamientos frente a algunos aspectos de estas prácticas, como el llamado de atención en la negociación comentada frente a los horarios en los que se celebran, que pueden favorecer preponderantemente a ciertos Estados influyentes, o la posibilidad de que se pierda un relevante componente de generación de conexión humana en asuntos sensibles y complejos que la distancia física puede hacer desvanecer en cierta medida, como se ha expuesto en relación con el CICR.

Además de las iniciativas de los propios actores internacionales, su práctica “reactiva” también es relevante. Ciertamente, se revela la necesidad de brindar acceso a mecanismos de reclamación internacionales para que quienes no hayan encontrado protección a nivel interno, o estén en riesgo de verse afectados, puedan exigirla y poner de manifiesto sus necesidades, como se demuestra con las medidas urgentes otorgadas a favor de personas en centros de detención de migrantes en Panamá ordenadas por la Corte Interamericana en el caso Vélez Loor.

En últimas, el consentimiento del que depende en buena medida el derecho internacional asegura la participación estatal pero se traduce en ocasiones en mínimos (muy mínimos) comunes denominadores normativos de los que se aprovechan los Estados. Exigir el respeto del medio ambiente y de los seres humanos, y su protección (recordemos que un Estado puede ser responsable por omitir la prevención de contagios o la protección de quienes han sido contagiados o están en situación de vulnerabilidad) genera en ocasiones denuncias y retiros (piénsese en Venezuela frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, o en los Estados Unidos de América frente a la OMS) populistas que perjudican a sus propias poblaciones. Y esta es (entre otras) la paradoja: pese a ser imperfecto y requerir reformas, según se acentúa durante la crisis actual, el abandono de la coordinación (de estándares) y cooperación afectan en últimas a la propia población de los Estados renuentes. Por ende, hay que luchar por y frente al derecho internacional: no rechazándolo, sino mejorándolo de forma progresiva, para que permita y exija mayores cosas frente a crisis globales y locales y sea legítimo en términos de su contenido sustantivo y los canales de actuación e interacción que ofrece y exige (dimensiones complementarias mencionadas por Franck).

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El TJUE avala que se deniegue la autorización para recibir asistencia sanitaria en otro Estado miembro si es por creencias religiosas

Fuente: Noticas Jurídicas

06 de noviembre, 2020

-Unión Europea-

 En su sentencia de 29 de octubre de 2020 (asunto C-243/19), el TJUE considera que la denegación de una autorización previa para el reembolso de los gastos de asistencia sanitaria en otro Estado miembro, cuando en el país del afiliado esté disponible un tratamiento hospitalario eficaz, pero las creencias religiosas del paciente reprueben el método de tratamiento empleado, es conforme a derecho europeo.

Asimismo, la justicia europea subraya que dicha denegación deberá estar objetivamente justificada por una finalidad legítima relativa al mantenimiento de una capacidad de asistencia sanitaria o de una competencia médica apropiada. Así, el TJUE concluye que corresponderá al servicio de salud de Letonia examinar si tomar en consideración las creencias religiosas de los pacientes entraña un riesgo para la planificación de tratamientos hospitalarios en el Estado miembro de afiliación.

El origen de la cuestión prejudicial

En el caso que da lugar a la cuestión prejudicial, un menor de edad debía someterse a una operación a corazón abierto. Esa operación estaba disponible en su Estado miembro de afiliación, Letonia, pero no podía realizarse sin transfusión de sangre, por lo que su madre se opuso a ese método de tratamiento al ser testigo de Jehová. Por consiguiente, la progenitora solicitó al Servicio Nacional de Salud de su país que expidiera una autorización que permitiese a su hijo recibir la asistencia sanitaria programada en Polonia, donde la operación podía efectuarse sin transfusión de sangre.

Al ver denegada su solicitud, la parte afectada interpuso un recurso contra la resolución denegatoria del Servicio de Salud, que fue desestimado en primera instancia, mediante sentencia confirmada en apelación. Entretanto, el paciente fue operado del corazón en Polonia, sin transfusión sanguínea.

Así, el Tribunal Supremo de Letonia que conoce del asunto en casación, pregunta al TJUE, en primer lugar, qué condiciones deben concurrir para que un Estado esté obligado a conceder una autorización a la persona asegurada que la solicite para desplazarse a otro Estado miembro para recibir un tratamiento médico y cubrir los gastos de la asistencia sanitaria recibida en el otro país europeo; y, en segundo lugar, el tribunal letón pregunta al tribunal de Luxemburgo si los sistemas de autorización previa para el reembolso de los gastos de asistencia sanitaria transfronteriza pueden basarse en criterios exclusivamente médicos, ya que, según el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»), está prohibida toda discriminación por razón de religión. 

La respuesta del TJUE

En primer lugar, la justicia europea declara que el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 21, apartado 1, de la Carta, no se opone a que el Estado miembro de residencia del asegurado deniegue a este la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, de dicho Reglamento cuando en ese Estado miembro esté disponible un tratamiento hospitalario cuya eficacia médica no se pone en duda, pero las creencias religiosas de dicha persona reprueben el método de tratamiento empleado.

En el caso controvertido, el tribunal recuerda que mientras que la seguridad social del Estado miembro cubre los costes correspondientes a los pacientes que se someten a una intervención médica con transfusión sanguínea, no cubre la de aquellos pacientes que deciden no someterse a dicha intervención en ese Estado miembro por razones religiosas. Por tanto, estos últimos no se benefician de esa cobertura de costes en su Estado de afiliación, puesto que recurren a un tratamiento al que no se oponen sus creencias religiosas en otro Estado europeo.

Así, el TJUE reconoce que se estaría dando una diferencia de trato basándose en creencias religiosas, sin embargo, considera que la diferencia de trato indirectamente basada en la religión o las creencias religiosas está justificada cuando se basa en un criterio objetivo, razonable y es proporcionada al objetivo perseguido: proteger la estabilidad financiera del sistema de seguridad social. 

Por tanto, la justicia europea concluye que deberá ser el Tribunal Supremo de Letonia el que deberá examinar si tomar en consideración las creencias religiosas de los pacientes entraña un riesgo para la planificación de tratamientos hospitalarios en el Estado miembro de afiliación.

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La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación

Fuente: Naciones Unidas

05 de noviembre, 2020

 El encuentro en la sede de la Corte en La Haya, que trató una serie de aspectos relativos al proceso del examen preliminar y a la situación de los dos estudios preliminares, convocó a la fiscal Fatou Bensouda y a una delegación venezolana compuesta por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruiz.

La Corte ve indicios para investigar en uno de los casos

Tras la evaluación del primer examen preliminar, Bensouda informó a la delegación venezolana “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

Ese examen fue abierto en febrero de 2018 . La fiscal de la CPI Fatou Bensouda expresó en ese entonces en un mensaje de video su voluntad de analizar los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto de Roma.

 “En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.

En este sentido la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales correspondientes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI.

Con relación al segundo examen, la fiscal reportó a la delegación venezolana sobre el actual estado de la evaluación, que tiene por objeto determinar si existen motivos razonables para creer que la conducta alegada es competencia de la Corte.

Ese examen fue abierto en febrero de 2020 a petición del gobierno de Venezuela para determinar si las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano equivalen a crímenes contra la humanidad.

Durante la reunión, el fiscal general y el defensor del pueblo explicaron detalladamente el sistema judicial de Venezuela y la labor de sus respectivas oficinas y reafirmaron su cooperación con la labor de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma. Como muestra de ello, Saab invitó a Bensouda a visitar Venezuela.

 La fiscal reiteró que ambas instancias siguen en fase de examen preliminar con el fin de determinar, una vez concluida la pesquisa, si se debe abrir una investigación.

En este aspecto, el informe de fin de año sobre las actividades de examen preliminar de la Fiscalía ofrecerá más detalles de la situación.

La Fiscalía espera que continúe la colaboración con el gobierno del país sudamericano y otras partes interesadas en ambos exámenes preliminares.

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La comunidad internacional se compromete con la justicia transicional en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Fuente: ICTJ

07 de octubre, 2020

 Mientras el mundo continúa enfrentando la pandemia del coronavirus y la recesión económica global que llegó con esta, los estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron la semana pasada para una versión virtual y reducida de la Asamblea General que se celebra anualmente cada septiembre. Aunque el propósito de este año era, en parte, celebrar los 75 años de esta organización, la sesión se concentró en una agenda acotada en la que se dio prioridad a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el mundo. 

El 13 de febrero de 2020, antes de que el coronavirus cobrara protagonismo en las sesiones de esta organización, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo un debate abierto sin precedentes sobre justicia transicional, como parte de su agenda de construcción de paz estable y duradera. Con el ánimo de que no se pierda de vista la importancia de la justicia para la paz global, la seguridad, la salud y el desarrollo, el ICTJ comparte un análisis sobre las intervenciones de los países miembros en el debate abierto. 

“La paz duradera está relacionada con la justicia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos. Sabemos que la paz no se logra automáticamente cuando se callan los fusiles y cesan los crímenes atroces. Para que podamos reconstruir vidas sin miedo a la repetición de hechos violentos y para que la sociedad pueda seguir adelante, se debe reconocer el sufrimiento, restablecer la confianza en instituciones estatales y se debe hacer justicia”.  Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bajo el liderazgo del gobierno de Bélgica, que presidió el Consejo de Seguridad en febrero, el debate buscaba compartir conocimientos y experiencias de procesos de justicia transicional alrededor del mundo, e impulsar al Consejo de Seguridad a integrar las buenas prácticas y los conceptos de justicia transicional en sus iniciativas de resolución de conflictos y reconstrucción post-conflicto. En sus palabras de apertura, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet resaltó el rol esencial de la justicia para lograr paz duradera. “La paz duradera está relacionada con la justicia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos. Sabemos que la paz no se logra automáticamente cuando se callan los fusiles y cesan los crímenes atroces. Para que podamos reconstruir vidas sin miedo a la repetición de hechos violentos y para que la sociedad pueda seguir adelante, se debe reconocer el sufrimiento, restablecer la confianza en instituciones estatales y se debe hacer justicia.”

El debate abierto tuvo una asistencia más alta que los otros debates sostenidos en la agenda de construcción de paz duradera, lo cual indicó un interés creciente en la justicia transicional por parte de la comunidad internacional. En total, 57 países hicieron declaraciones en el debate, en comparación con los 54 países que estuvieron presentes en el debate del rol de la reconciliación en el mantenimiento de la paz internacional y la seguridad en noviembre de 2019 y los 19 que asistieron al debate sobre reconstrucción en el post-conflicto, la paz, seguridad y estabilidad en diciembre de 2018. 

Más allá de esto, la mitad de los países participantes, incluyendo a Guatemala, Ruanda, España e Irlanda, entre otros, hablaron sobre sus experiencias nacionales llevando a cabo procesos de justicia transicional para enfrentar las violaciones a los derechos humanos en su pasado. Esta alta participación y la interacción significativa que se observó en el debate demuestran que la justicia transicional está lejos de ser un tema nicho, es más bien un tema relevante para casi todos los países del mundo. El ICTJ acoge con orgullo este interés en compartir y aprender de las experiencias de justicia transicional.

Principios fundamentales y tendencias emergentes en la justicia transicional 

El ICTJ condujo un análisis de discurso para medir cómo los estados miembros entienden la justicia transicional. Nuestros hallazgos reafirman los pilares centrales de la justicia transicional, así como detectaron tendencias emergentes a partir de las intervenciones de los países miembros. Muchos de los participantes describieron la justicia transicional como una herramienta basada en la centralidad de las víctimas para reconstruir sociedades que emergen del conflicto. De forma similar, el ICTJ ha mantenido por mucho tiempo que, por principio, la justicia transicional pone a las víctimas en el centro de todas sus políticas e iniciativas que buscan reconocer y reparar derechos humanos que han sido violados. Se trata pues, de cambiar las dinámicas del poder, para que las víctimas puedan recuperar su dignidad. 

Aproximadamente 30 estados miembros hicieron énfasis en que la justicia transicional debe ser local y específica al contexto. A pesar de que esto es cierto, el ICTJ advierte que algunos estados invocan la noción de “procesos definidos localmente” como estrategia para subvertir la atención internacional sobre los hechos violentos que han ocurrido dentro de sus fronteras y evadir responsabilidades por ello.

“La justicia transicional es el grupo de medidas destinadas a responder a ese pasado difícil (de atrocidades y violaciones masivas de los derechos humanos). Encierra el espectro amplio de herramientas utilizadas para proveer verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, con el objetivo de prevenir la repetición de conflictos o atrocidades”. Representante de Bélgica y presidente del debate 

Las declaraciones dadas en el debate revelaron que el entendimiento de la comunidad internacional sobre justicia transicional está evolucionando. El ICTJ se complace en que la mayoría de los representantes participantes resaltaron aspectos críticos de la justicia transicional que en años anteriores han recibido poca o ninguna atención. Así, los participantes subrayaron las contribuciones de la justicia transicional a la prevención de más actos violentos y violaciones a los derechos humanos, el papel de la juventud como agente de cambio, y a la protección de los derechos económicos, culturales y sociales (DESC). Estos temas están entrelazados con y son esenciales para la justicia y la paz.

Países que mencionaron la prevención como meta de la justicia transicional

Con base en el análisis del ICTJ, la prevención fue manifiesta como una de las metas principales de la justicia transicional; más del 60 por ciento de los países describieron la prevención o las garantías de no repetición como esenciales para los esfuerzos de la justicia transicional, la reconciliación y la paz duradera. El representante de Bélgica dijo que la justicia transicional encierra el espectro amplio de herramientas utilizadas para proveer verdad, justicia y reparaciones a las víctimas, con el objetivo de prevenir la repetición de conflictos o atrocidades.

El delegado de Ucrania declaró que “a pesar de la ausencia de una solución universal que pueda aplicarse en todos los casos, el establecimiento de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición están dentro de las condiciones necesarias para la paz duradera después de guerras, conflictos y ocupaciones. También,  la delegada de El Salvador expresó que “uno no puede progresar hacia un futuro de paz sin crear estrategias integrales y mecanismos que busquen encontrar la paz, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”. 

Inclusión de Mujeres, jóvenes y todos los segmentos de la sociedad

Más de 40 países hicieron un llamado para la inclusión de poblaciones diversas y marginalizadas, incluyendo mujeres y niños, en los procesos de justicia transicional. Muchos notaron que hay una relación directa entre prevenir conflictos futuros y lograr paz duradera. Algunos países también resaltaron que las mujeres y niños son los grupos más afectados a causa de la violencia. “En todos los conflictos, las mujeres y los niños sufren de desventajas desproporcionadas y son quienes más sufren”, dijo el representante de Fiji. 

“La justicia transicional y sus mecanismos deben también tomar en cuenta el rol decisivo y la participación completa de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como su estatus de víctimas de violencia sexual y psicológica…Los jóvenes son actores fundamentales en los procesos de reconciliación, así como en el mantenimiento general de la paz y la seguridad”. Representante de Portugal

Sin embargo, los procesos de justicia transicional deben incluir no solo a las víctimas sino a todos los segmentos de la sociedad, si lo que se quiere es lograr una paz duradera. Aproximadamente la mitad de los países participantes se refirieron a las mujeres y los jóvenes como agentes de cambio, y un tercio de ellos mencionó a otros actores de la sociedad como organizaciones de la sociedad civil, profesores y líderes comunitarios y religiosos que juegan un papel esencial en el avance de la justicia.

Países que mencionaron la inclusión de mujeres, jóvenes y otros sectores de la sociedad

Los mecanismos de justicia transicional también deben tomar en cuenta el rol decisivo y la participación completa de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como su estatus de víctimas de violencia sexual y psicológica, dijo el delegado de Portugal. “Los jóvenes son actores fundamentales de los procesos de reconciliación, así como del mantenimiento general de la paz y la seguridad”. Citando un trabajo del ICTJ, la representante de El Líbano agregó que a los jóvenes deben dárseles el lugar importante que merecen en la justicia transicional como agentes de cambio. Su participación en la justicia transicional y la reconciliación debe ser central y no simbólica. 

Poniendo el énfasis en otros actores de la sociedad, el delegado de Kenya estableció que las iniciativas formales e informales para apoyar los procesos de justicia transicional y reconciliación nacional a cargo de los actores locales, parte de la sociedad civil y actores privados y académicos, podrían ser de gran contribución. De forma similar, el representante de Francia dijo que los jóvenes, los historiadores, líderes religiosos y comunitarios, así como los grupos de víctimas deben también ser protagonistas de este proceso. 

Promoviendo el desarrollo sostenible y los derechos sociales, económicos y culturales

“Debemos buscar que se tengan en cuenta las causas subyacentes de un conflicto o gobierno represivo y combatir violaciones de todos los derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales”. Representante de Argentina

La justicia transicional está fuertemente vinculada al desarrollo de un país y a la plenitud de sus derechos económicos, sociales y culturales. La justicia es inseparable de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030. Más específicamente, las 16 Metas del Desarrollo Sostenible buscan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los ámbitos y niveles. En el debate abierto, las participaciones al respecto reflejaron esta relación entre la justicia y el desarrollo. De hecho, cinco países referenciaron las MDS, mencionando la MDS16 en sus declaraciones. Por ejemplo, el delegado de Japón dijo que la justicia transicional exitosa contribuye a la construcción y el sostenimiento de la paz y, a largo plazo, a la consecución de la MDS16 al fortalecer las instituciones y establecer el estado de derecho, dos características cruciales para que la paz duradera sea posible.

Países que mencionan los derechos económicos, sociales y culturales

El ICTJ describió esta relación en su reciente informe On Solid Ground: Building Sustainable Peace and Development After Massive Human Rights Violations: “Los legados de violaciones graves y masivas a los derechos humanos, las cuales abarcan un número alto de víctimas y sobrevivientes, daños extensos, exclusión, falta de confianza ciudadana y social, divisiones sociales e instituciones afectadas y débiles, crean unos retos específicos para progresar hacia el desarrollo sostenible. La justicia transicional es necesaria para que estas comunidades y sociedades [que lidian con estos legados] no sean abandonadas por las MDS.

Países que mencionan la MDS16

Además de esto, la justicia no debería estar limitada a enfrentar violaciones de derechos políticos y civiles, debe también enfrentar las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Más de un tercio de los participantes en el debate habló sobre estos derechos y la necesidad de que los mecanismos de justicia transicional los defiendan y protejan. La representante de UK dijo: “ Tenemos evidencia de que, si no se da una respuesta apropiada que resuelva las injusticias sociales y económicas más amplias, estas causas de raíz de un conflicto pueden convertirse en otras formas de violencia y discriminación más adelante”. El representante de Argentina dijo: “Debemos buscar que se tengan en cuenta las causas subyacentes de un conflicto o de un gobierno represivo y combatir las violaciones de todos los derechos, incluyendo económicos, sociales y culturales”.

De un proceso de paz a una paz duradera 

“El Consejo de Seguridad debe enfrentar la impunidad con un enfoque de prevención para asegurar que las violaciones no se repitan. También necesita enfrentar las causas del conflicto o los factores que exacerban el conflicto, es decir la violencia estructural, la discriminación, la explotación económica, las relaciones desiguales de poder y la justicia climática”. Yasmin Sooka, Director Ejecutivo de la Fundación por los DDHH en Sudáfrica y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur.

Aproximadamente el 20 por ciento de los participantes aseguraron que para alcanzar una paz duradera, toda negociación de paz debe incorporar justicia transicional. Por ejemplo, el delegado de Italia declaró que “tal como el ejemplo del proceso de paz de Colombia, el impulso transformador que se necesita para lograr una paz duradera e inclusiva fluye en principio de un tratado de paz que contemple la justicia transicional como una parte inherente de una arquitectura integral e interdependiente”. 

El delegado de los Países Bajos también se refirió al tratado de paz de Colombia, diciendo que en futuros procesos de paz, las voces de las víctimas también deben ser escuchadas. El delegado de Brasil hizo un llamado al Consejo de Seguridad para hacer una contribución importante a los procesos justicia transicional en los países que están saliendo de conflictos, incluyendo el impulso de la incorporación de mecanismos transicionales en los acuerdos de paz. 

Países que mencionan procesos de paz

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, estableció que la “justicia transicional es el instrumento más integral, dinámico y prometedor disponible para las víctimas y todos aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos alrededor del mundo durante situaciones de conflicto armado interno”. En este sentido, muchos participantes hicieron un llamado para una integración más robusta de la justicia transicional en el trabajo de construcción de paz del Consejo de Seguridad y el sistema de Naciones Unidas en general.

El delegado de Liechtenstein, por ejemplo, urgió al Consejo de Seguridad a hacer mejor uso de la Comisión de Construcción de Paz, cuyo mandato es proponer estrategias holísticas para construcción de paz en situaciones de post-conflicto y sentar las bases para el desarrollo sostenible, labores de las cuales la justicia transicional es un ingrediente clave. La representante de Bangladesh también dijo que la justicia transicional debería ser uno de los esfuerzos prioritarios emprendidos por la Comisión de Construcción de Paz, para prevenir la desigualdad, discriminación, exclusión y otras causas originarias de la violencia y el conflicto. De forma similar, Yasmin Sooka, Director Ejecutivo de la Fundación por los DDHH en Sudáfrica y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur, estableció en sus palabras que el Consejo de Seguridad debe enfrentar la impunidad enfocándose en la prevención para asegurar la no repetición de las causas indirectas del conflicto o los factores que acrecientan ese conflicto, es decir, violencia estructural, discriminación, explotación económica, relaciones desiguales de poder y justicia climática.

El debate abierto del Consejo de Seguridad priorizó la justicia transicional, y dio ocasión a los estados miembros para demostrar su entendimiento particular de este instrumento y sus contribuciones a la construcción y el sostenimiento de la paz, así como su compromiso con ella. El ICTJ le da la bienvenida y apoya este interés. 

Con ocasión de las reuniones llevadas a cabo durante la Asamblea General de la ONU, el ICTJ querría tomar esta oportunidad para recordarles del compromiso que expresaron fervientemente en el debate para lograr la justicia, prevenir los conflictos, llegar a una paz duradera y respetar la dignidad de las víctimas. 

Estos compromisos, inspiradores sin duda, no deben relegarse a palabras, sino que deben estar acompañados de acciones concretas en sus propios países. El ICTJ entonces invita a todos los países miembros y en particular a aquellos que están enfrentando o han enfrentado situaciones de represión o violaciones de derechos humanos, a aplicar los principios de la justicia transicional en sus políticas nacionales. En esta crisis de salud y economía en la que las poblaciones afectadas por el conflicto son las más vulnerables a las consecuencias que deja la enfermedad y sus impactos económicos y sociales, es más urgente que nunca que se reimagine la justicia de forma amplia y se busque la implementación de políticas e iniciativas que no solamente prevengan el retorno de la violencia sino que enfrenten las raíces de la injusticia histórica y la marginalización en las sociedades afectadas por el conflicto o la represión.

Derecho Internacional / International Law

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La justicia es posible y es fundamental para la paz y el desarrollo, dice el presidente de la CP

Fuente: Naciones Unidas

01 de octubre, 2020

 Una de las instituciones que encarna esa cooperación es la Corte Penal Internacional, que investiga y juzga a las personas en relación con el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, y pone en práctica en su trabajo cotidiano el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, Paz y Justicia. Noticias ONU preguntó al Magistrado Eboe-Osuji si la paz y la justicia duraderas son objetivos realistas en el mundo actual.

 ¿En qué manera apoya el trabajo de la Corte el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16? ¿Cómo colabora a la creación del “futuro que deseamos”?

 La Corte contribuye al “futuro que deseamos” ocupándose de crímenes que constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el bienestar mundiales: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Nos esforzamos por lograr un mundo en el que ya no se tolere que esos crímenes atroces se cometan con impunidad.

  Al colaborar en la disuasión de los crímenes atroces, la Corte contribuye a la reducción de la violencia y las muertes que esta causa; esa es la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Al exigir responsabilidades cuando los sistemas de justicia nacionales no pueden hacerlo, la Corte afianza el principio del estado de derecho y brinda a las víctimas acceso a la justicia; estas son metas clave del Objetivo 16. El sistema de la Corte alienta la creación de capacidades en las instituciones judiciales nacionales, otra meta de ese Objetivo.

  ¿Es importante la justicia para la paz y el desarrollo sostenible? ¿Cuál es el vínculo que las une?

 La Corte aporta un valor muy directo para el desarrollo socioeconómico, puesto que procura disuadir de los conflictos armados y las atrocidades a las que estos dan lugar. Sin justicia, los conflictos, las atrocidades y el miedo camparían por sus respetos.

 En términos concretos: ¿cómo se puede lograr el éxito en el desarrollo socioeconómico, si los agricultores no pueden acceder a sus campos porque se están realizando operaciones militares, o debido a la presencia de minas terrestres?  ¿o si los empresarios no pueden hacer negocios debido a la destrucción de las infraestructuras económicas? ¿o si los niños no pueden ir a la escuela? ¿o si se despilfarran unos recursos valiosos en las armas, en lugar de invertirlos en la educación y la asistencia sanitaria? ¿ o si los inversores temen invertir debido a los conflictos y la inestabilidad?¿ o si se da muerte a las personas, o estas han de vivir con las consecuencias de lesiones y traumas?¿o si las mejores mentes de la nación se ven obligadas a huir en busca de una vida más segura en otro lugar? ¿o si los países tienen que luchar para afrontar los flujos de refugiados que huyen de unas guerras que se libran en los países vecinos?

 No se puede desatacar lo suficiente el efecto devastador de las guerras en el desarrollo económico. Según un estudio publicado en 2011 por el Banco Mundial, el costo medio de la guerra civil es equivalente a más de 30 años de crecimiento del PIB para una economía en desarrollo de tamaño medio, y los niveles de comercio tardan 20 años en recuperarse tras grandes episodios de violencia.

  ¿Qué efecto produce la Corte en las vidas de las personas? ¿y en una escala mundial más amplia?

 Donde los efectos son más tangibles es en las comunidades afectadas. La Corte ha brindado a la víctimas oportunidades sin precedentes de acceso a la justicia, que es uno de los elementos fundamentales del Objetivo 16. Las víctimas obtienen asistencia legal gratuita, y tienen derecho a solicitar reparaciones por los perjuicios que han sufrido. Esta atención a la justicia restaurativa es una señal de identidad de las actuaciones de la Corte, cuyo Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas está ejecutando en la actualidad las órdenes judiciales iniciales de la Corte en materia de reparaciones. Además, por medio de sus programas de asistencia el Fondo ha brindado rehabilitación física y psicológica, además de apoyo socioeconómico, a cerca de medio millón de víctimas.

 En términos mundiales, la Corte ha debilitado las garras de la tiranía en nuestros tiempos. Los opresores ya no pueden estar seguros de poder gozar de libertad total y absoluta respecto de su responsabilidad por las crueldades que cometen. En la actualidad, las víctimas cuentan con un lugar al que pueden recurrir con la esperanza de obtener justicia; y los opresores siempre habrán de preocuparse por lo que la Corte pueda hacer, antes o después. 

 Otro efecto considerable de la Corte en su incidencia en los sistemas legales nacionales. Un gran número de Estados parte en el Estatuto de Roma han modificado sus legislaciones nacionales con el fin de permitir que sus propios tribunales enjuicien los casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 ¿Cuáles son los mayores retos con los que se enfrenta la Corte?

 Uno de los mayores retos es el hecho de que no todos los Estados son parte. Si bien aproximadamente dos tercios de los Estados soberanos mundiales lo son, unos 70 Estados miembros de las Naciones Unidas aún no se han sumado al Estatuto de Roma ni se han comprometido a cooperar con la Corte. Sin embargo, resulta aún más preocupante el hecho de que algunos Estados parte estén socavando activamente el trabajo de la Corte, el caso más reciente es el  de Estados Unidos, que ha utilizado medidas draconianas contra la Corte y su personal, entre ellas la presión económica, con miras a ejercer su influencia en las acciones de nuestra institución. Esta situación es totalmente inaceptable, y se tiene que acabar. Estoy agradecido por el firme apoyo que nos brindan ante estos ataques nuestros Estados parte, las organizaciones regionales, las asociaciones profesionales, la sociedad civil y los ciudadanos, entre ellos ciudadanos estadounidenses.

 ¿Qué pueden hacer los particulares para dar su apoyo a la Corte y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16?  ¿Qué medidas podemos tomar para causar un impacto real?

 Todos pueden dar su apoyo a la Corte ejerciendo presión democrática sobre sus gobiernos para que éstos la apoyen. Si su país aún no se ha unido al Estatuto de Roma, se pueden movilizar para instar a su gobierno a que lo haga, y por ese medio dé mayor fuerza a la justicia internacional. Las particulares también pueden contribuir mediante la sensibilización respecto de la Corte, por ejemplo, en los medios sociales. Pueden también hacer donativos al Fondo Fiduciario de la Corte en beneficio de las víctimas. 

 Si actuamos unidos contra la impunidad respecto de los crímenes atroces, entre todos podemos crear un mundo más justo.

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TJUE: España no puede denegar la residencia a un extranjero automáticamente por tener antecedentes penales

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de septiembre, 2020

-España-

Unos antecedentes penales no pueden cancelar un procedimiento d}0000e concesión de permiso de residencia de forma automática. Así lo ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces deben atender al caso concreto, y estudiar cada una de las circunstancias, establece el Alto Tribunal. 

La sentencia, publicada desde Luxemburgo el 3 de septiembre, falla que la ley española es contraria a la normativa europea. España permitía la denegación automática de estos permisos sin tener en cuenta aspectos clave, como la gravedad de los delitos, el vínculo con el territorio o el potencial peligro para el orden público. El TJUE concluye que esta práctica es contraria a las normas de la UE y los juzgados españoles deberán rectificar esta doctrina. 

La cuestión prejudicial

La respuesta del TJUE surge de la cuestión prejudicial presentada por dos juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona. Cada juez conoce la petición de nacionales de terceros países (esto es, ciudadanos de países no comunitarios). Ambos solicitaron a España un permiso de larga duración, pero la Administración les denegó la petición, en exclusiva, por sus antecedentes.  

El Tribunal Supremo ya sentó su doctrina sobre el asunto en 2018. Entonces emitió una sentencia en la que, basándose en el Real Decreto 557/2011 que regula los derechos de los extranjeros en España, entendió que sí podía denegarse el permiso de residencia, en exclusiva, por esta razón. 

El TJUE dicta ahora que la Directiva se opone a la normativa española –tal como la interpretan algunos órganos jurisdiccionales– según la cual puede denegarse al nacional de un tercer país el estatuto de residente de larga duración en España por el mero hecho de que tenga antecedentes penales, sin examinar específicamente su situación por lo que respecta. Concretamente al tipo de delito que haya cometido, al peligro que puede representar para el orden público o la seguridad pública, a la duración de su residencia en territorio español y a la existencia de vínculos con España. 

El Tribunal de Justicia señala que, para aplicar correctamente la Directiva, la posibilidad de denegar el estatuto de residente de larga duración a un nacional de un tercer país por motivos de orden público o de seguridad pública debe establecerse en el ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro con la especificidad, precisión y claridad requeridas para garantizar la seguridad jurídica. Añade que corresponde a los juzgados comprobar que el Derecho español contiene una disposición que reúna esas características. 

En cuanto a si esa disposición puede establecer que la mera existencia de antecedentes penales del interesado basta para denegarle el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública, el Tribunal de Justicia indica que de la Directiva se desprende que una denegación de esta índole implica que se consideren y sopesen varios elementos –por un lado, la gravedad o el tipo de delito cometido por la persona en cuestión y el peligro que esta representa para el orden público o la seguridad pública y, por otro lado, la duración de su residencia en el Estado miembro de acogida y sus eventuales vínculos con este Estado miembro.

Ello exige una valoración caso por caso, de modo que queda descartada la posibilidad de denegar el estatuto de residente de larga duración al interesado por el mero hecho de que tenga antecedentes penales, sea cual sea la naturaleza de estos. Así pues, las autoridades competentes de un Estado miembro no pueden considerar automáticamente que procede denegar el estatuto de residente de larga duración al nacional de un tercer país por motivos de orden público, con arreglo a la Directiva, por el mero hecho de haber sido condenado por un delito.

Derecho Internacional / International Law

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UN Security Council rejects US request to reimpose Iran sanctions

Source: Jurist

August 28, 2020

 The UN Security Council (UNSC) president, Indonesia, on Tuesday declined to take further action on the US’s request to reimpose all UN sanctions on Iran due to disagreement among the 15-member UNSC.

US Secretary of State Mike Pompeo had filed a complaint with the UNSC to start a 30-day process (“snapback”) to reimpose international sanctions on Iran for breaching the 2015 nuclear deal, despite the US pulling out of the deal two years ago. The US argues that its request is legally justified under UNSC resolution 2231.  However, other members rejected this argument.

Resolution 2231 established the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) between Iran and China, France, Germany, Russia, the UK, the US, and the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. The JCPOA provides solutions to the Iran nuclear issue.

“Let me just make it really, really clear: the Trump administration has no fear in standing in limited company on this matter,” US Ambassador Kelly Craft told the council. “I only regret that other members of this council have lost their way and now find themselves standing in the company of terrorists,” she said.

Iran’s foreign minister Javad Zarif responded to the US request and called it “lawless bullying” that leaves the US “isolated again.”