Derecho Internacional

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El TJUE podría declarar ilegal los requisitos de acceso a la jubilación anticipada voluntaria por discriminatorio con los migrantes españoles   

Fuente: Noticias Jurídicas

11 de junio, 2019

-Unión Europea-

El Abogado General irlandés, Sr. Hogan, ha propuesto al TJUE este 11 de julio que declare contraria al derecho comunitario parte de la Ley General de la Seguridad Social, que determina los requisitos para el acceso al régimen de jubilación anticipada, por ser contrario al Reglamento europeo sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social 883/2004 y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

En concreto, y según las conclusiones del abogado general, la legislación española (específicamente el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social) sería contrario al artículo 48 del TFUE, que recoge el derecho a acumular los periodos trabajados en varios países para conservar el derecho de pensión de los trabajadores migrantes en cualquier país de la Unión, por establecer un mínimo de pensión para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y no contabilizar para este cálculo los trabajos realizados en otros países de la UE. 

La posible contradicción en la ley española

La contradicción consistiría en que el artículo 208 de la LGSS impone un requisito para acceder al derecho de pensión por jubilación anticipada en su modalidad voluntaria a ojos del Abogado General discriminatorio para los migrantes que trabajen durante algún periodo en otro país de la UE. 

En concreto, el requisito controvertido es el c), que impone que el importe de la pensión que se vaya a percibir deba ser superior al importe mínimo de la pensión que correspondería al interesado en función de su situación familiar en el momento de cumplir 65 años. 

La cuestión reside en que, para calcular dicho mínimo, la normativa española no permite tener en cuenta los periodos cotizados en otros países de la UE, lo que hace más complicado cumplir el requisito a los trabajadores migrantes que para los que deciden trabajar siempre en España. 

El Abogado General considera que esto es discriminatorio y contrario al principio de libertad ambulatoria de los ciudadanos comunitarios.

Discriminación a los que se van a otro país a trabajar

La cuestión prejudicial que ha abierto la causa ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el seno de un caso en el que dos trabajadores españoles demandaron a la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social por no serles reconocidos la pensión al no alcanzar el límite de pensión mínima. 

No se tuvieron en cuenta para el cálculo los periodos trabajados en Alemania, hecho que los trabajadores denuncian. El Tribunal gallego eleva la cuestión al TJUE para que decida sobre si este requisito es contrario a la normativa comunitaria. 

El Abogado reconoce que es lícito que los países miembros impongan restricciones para acceder a regímenes privilegiados de jubilación. Al fin y al cabo, los estados quieren que sus trabajadores permanezcan en activo el máximo de tiempo posible. No es lícito, y es aquí donde Hogan hace hincapié, que por la creación de estas barreras se den situaciones discriminatorias y se limite el derecho a la libertad de residencia y movimiento en la Unión Europea, atentando contra la filosofía básica de las leyes comunitarias. 

Por ello, el Abogado concluye: las pensiones de jubilación en España deben añadirse a las prestaciones comparables o equivalentes percibidas de otro u otros Estados miembros si no se quiere incurrir en discriminación. 

Ahora solo cabe esperar a la decisión del TJUE sobre la cuestión. 

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Caribbean Court of Justice makes landmark rulings against Guyana’s government       

Source: Jurist

June 20, 2019

The President of the Caribbean Court of Justice (CCJ), the Honorable Mr. Justice Adrian Saunders, delivered the opinion of the court regarding the no-confidence vote held in the Guyanese Parliament on December 21, 2018, which the court held to be valid under the Constitution of Guyana. The Court’s decision upholds the decision of the Speaker of the National Assembly, Dr. Barton Scotland that the motion was carried by a majority of 33 votes. The contention between the parties was whether 33 or 34 votes constituted a majority. The Attorney General, Mr. Basil Williams, contended that the formula for achieving a majority, as like in other Parliamentary systems with an odd number of representatives, that the majority constitutes one half of the members plus one, which would hold that 34 votes are required to form a majority. 

The ruling came as part of a consolidation of cases. The other case involved whether, then Member of Parliament, Mr. Charrandass Persaud was eligible to be a member of Parliament and if his vote did indeed count in the aforementioned dispute. Mr. Persaud held dual citizenship as a citizen of Guyana and Canada, which made him ineligible to hold his position according to the government’s position. He was a member of the coalition government and was persuaded by the opposition to vote on their side. The Court held that they were not in a position to rule on this matter as Guyana’s Constitution already provided a remedy and the time has lapsed regarding the Court taking any action.

The resulting no-confidence vote by a majority of the 65 member National Assembly against the coalition government requires the government, including the President and his cabinet, to resign immediately and to hold new elections within three months. The government has not resigned per the constitution, nor has it acquired the requisite votes of a two-thirds majority of the all the elected members to continue in office.

Article 106(6) of the Constitution states that the Cabinet, including the President, shall resign if the Government is defeated by the vote of a majority of all the elected members of the National Assembly “on a vote of confidence.” Article 106(7) goes on to state, among other  things, that notwithstanding its defeat, the government shall remain in office and shall hold an election within three months. That three-month period may, however, be extended by a resolution of the Assembly that is supported by not less than two-thirds of the votes of all the elected members.

The CCJ has scheduled a hearing between the parties for them to submit recommendations to the court regarding the consequential orders that the Court shall make in relation to its conclusions.

In another decision with implications regarding Guyana’s elections, the CCJ ruled that the appointment by Guyana’s President David Granger of Reverend Justice (Retired) James Patterson as Chairman of the Guyana Elections Commission was also unconstitutional. The Constitution states that the Chairman of the Elections Commission is to be selected by the President from a list of six nominees submitted by the leader of the opposition. The persons on the list are to be not unacceptable by the President. President Granger rejected all the names submitted by the opposition leader. In making its decision the Court held,

In our view, employment of the double negative, ‘not unacceptable’, signals that an onus is placed on the President not to find a nominee unacceptable merely because the nominee is not a choice the President would have himself made.  The President should only find a nominee unacceptable for some good reason on objective grounds. If a President were permitted, capriciously or whimsically, without proffering a good reason, to reject eligible nominees, this would frustrate the proper working of the Constitution, defeat the intention behind the amendment to Article 161(2) and pave the way for unilateral presidential appointment.

The political turmoil in Guyana comes as the country is expected to become one of the world’s major oil suppliers, and the largest in the region by some estimates, producing some 120,000 barrels per day, which could reach 750,000 per day by 2025.

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La Unión Europea aplicará nuevas normas y garantías en procesos penales     

Fuente: Noticias Jurídicas

11 de junio, 2019

Hoy entra en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la última Directiva de la UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo que se completa todo el conjunto de derechos. 

Además de estos nuevos derechos para los menores, la Directiva por la que se garantiza el acceso a la asistencia jurídica comenzó a aplicarse el 5 de mayo. Este paquete de normas de la UE garantiza que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE a un trato justo y equitativo sean respetados en los procesos penales y aplicados de forma semejante en todos los Estados miembros.

Frans Timmermans, primer vicepresidente responsable del Estado de Derecho y de la Carta de los Derechos Fundamentales, declaró: «Todos los años, nueve millones de personas se ven envueltas en procesos penales en Europa. Un Estado de Derecho que funcione bien debe garantizar que cada ciudadano reciba un trato justo y equitativo ante la ley. Debemos seguir defendiendo y consolidando nuestro Estado de Derecho, con el fin de promover una fe inquebrantable en nuestros sistemas judiciales y su capacidad de proteger a todos nuestros ciudadanos y nuestras sociedades». 

V?ra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, añadió: «Los menores necesitan una protección especial en los procesos penales. Mediante las nuevas normas garantizamos que se respete su privacidad o que se mantengan separados de los adultos durante su detención. Además, ahora todas las personas en la UE pueden estar seguras de tener acceso a la asistencia jurídica gratuita si la necesitan. Es necesario hacer justicia, pero tenemos que cerciorarnos de que se haga en el pleno respeto de nuestros derechos y valores fundamentales». 

Ahora ya son aplicables los siguientes derechos:

•    Salvaguardias especiales para niños.Todos los años más de un millón de menores de edad se enfrentan a procesos penales en la UE. Los menores son vulnerables y precisan de protección especial en todas las fases de los procesos. Gracias a la nueva normativa que hoy entra en vigor, los menores estarán asistidos por un abogado y estarán separados de los adultos durante la detención si van a prisión. La privacidad debe ser respetada y se utilizarán medios audiovisuales o cualquier otra forma adecuada para grabar los interrogatorios.
•    Derecho a asistencia jurídica. Las personas sospechosas o acusadas tienen derecho a recibir asistencia jurídica, es decir, a recibir ayuda financiera, por ejemplo, si no tienen medios para hacer frente a los gastos del procedimiento.
•    Las normas de la UE definen criterios claros para la concesión de la asistencia jurídica. Las decisiones relativas a la asistencia jurídica han de ser tomadas a tiempo y con diligencia, y las personas deben ser informadas por escrito si su solicitud es denegada en su totalidad o en parte.

Esos derechos complementan a los demás derechos ya aplicables en la UE:

•    Derecho a la presunción de inocencia y a estar presente en el propio juicio. El concepto de presunción de inocencia existe en todos los Estados miembros de la UE pero las normas de la UE garantizan que este derecho se aplique de forma igualitaria en toda la UE. Las normas aclaran que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad recae en la acusación, y no es la persona acusada quien ha de demostrar que no es culpable.
•    Derecho a la asistencia de un letrado. Todo ciudadano que sea sospechoso o acusado, independientemente del lugar de la UE en que se encuentre, tiene derecho a contar con el asesoramiento de un letrado. También en los procedimientos de orden europea de detención se aplica el derecho a contar con un letrado, tanto en el Estado miembro de ejecución, como en el Estado miembro emisor de dicha orden.  
•    Derecho a la información. Las personas deben ser inmediatamente informadas del acto delictivo del que sean sospechosas o del que se les acuse. También han de ser informadas con prontitud acerca de sus derechos en los procesos penales, bien verbalmente o bien por escrito. Debe permitírseles el acceso a los materiales de su asunto.
•    Derecho a interpretación y a traducción. Deberán prestarse gratuitamente servicios de interpretación durante cualquier interrogatorio, incluidos los policiales, en todas las vistas y en cualquier audiencia intermedia necesaria, así como durante las reuniones fundamentales entre el interesado y su letrado.
 

Próximas etapas

Los Estados miembros que todavía no hayan incorporado las normas han de hacerlo cuanto antes. La Comisión Europea seguirá trabajando estrechamente con los Estados miembros para garantizar la correcta aplicación de esta normativa en beneficio de sus ciudadanos, organizando, entre otras cosas, talleres y reuniones de expertos.

Contexto

Los artículos 47 a 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protegen los derechos siguientes:

•    Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
•    Presunción de inocencia y derechos de la defensa.
•    Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas.

La Comisión Europea propuso la más reciente de estas tres Directivas sobre derechos procesales de los sospechosos y de los acusados en noviembre de 2013.

Las dos Directivas sobre el derecho a interpretación y a traducción y sobre el derecho a la información son aplicables en todos los Estados miembros, excepto en Dinamarca. Las otras cuatro Directivas (asistencia de un letrado, presunción de inocencia, derecho a asistencia jurídica y garantías para los menores) son aplicables en todos los Estados miembros, excepto en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca.

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La Autoridad Laboral Europea empezará a trabajar en octubre, tras la decisión sobre su nueva sede  

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-Unión Europea-

Este jueves, antes de la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, en la que los ministros adoptarán formalmente el Reglamento por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, los Estados miembros han decidido que la sede de este organismo sea Bratislava. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha recibido con satisfacción esta decisión:

«Felicito a la ciudad de Bratislava y al Gobierno de Eslovaquia por haber sido elegidos para acoger la sede de la Autoridad Laboral Europea.

Desde el inicio de mi mandato, he convertido en una prioridad clave la movilidad laboral justa. La libre circulación impulsa el crecimiento, ayuda a las empresas a encontrar las capacidades que necesitan y ofrece a todos la oportunidad de aprovechar al máximo sus talentos, pero debe gestionarse bien, con normas justas y claras que se apliquen de manera efectiva. La Autoridad Laboral Europea será fundamental para garantizar el cumplimiento de estas normas porque apoyará la movilidad laboral y dotará a los Estados miembros de la UE de las herramientas que necesitan para cooperar más eficazmente y luchar contra los abusos. 

El Reglamento de la Autoridad Laboral Europea se ha aprobado en un tiempo récord, y confío en que la instalación de la Autoridad Laboral Europea en Bratislava sea igualmente fluida y rápida. La Autoridad comenzará a trabajar en Bruselas a partir de octubre hasta su traslado a su ciudad de acogida, Bratislava, en donde espero que se establezca y empiece a trabajar lo antes posible».

La declaración completa puede consultarse en línea.

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La Corte Internacional de Justicia resolverá la disputa territorial entre Guatemala y Belice      

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Después de someterlo a referendo, ambas naciones han llevado sus diferencias ante el tribunal, que se ha dado por enterado de la petición para la resolución de las reivindicaciones territoriales, insulares y marítimas de Guatemala sobre Belice.

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano de judicial de las Naciones Unidas, resolverá la disputa territorial que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado emitido por el tribunal.

El 8 de diciembre de 2008, los dos Estados firmaron un compromiso “para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015.

 “Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie, de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su Estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios, determinando sus respectivos límites”, señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones.

El acuerdo establece que el procedimiento “constará de dos etapas, una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias”. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones.

 Además, las partes se compromenten a aceptar “la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante” y “a cumplirla y ejecutarla de manera plena y de buena fe”.

En particular, acuerdan establecer, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de la Corte, la composición y los términos de referencia de una comisión binacional para demarcar sus fronteras de acuerdo con la decisión de la Corte. Si no llegan a un acuerdo de este tipo dentro de tres meses, las partes pueden solicitar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la comisión binacional y que defina los términos de referencia para ese panel.

Antes de someter su disputa a la Corte, Guatemala y Belice organizaron referendos entorno a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? “

 Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril de 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019.

 El Tribunal ahora se ha ocupado de la disputa.

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La Justicia Europea obliga a los Estados de la UE a establecer el registro de jornada     

Fuente: El Economista España

14 de mayo, 2019

-Unión Europea-

 Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita controlar la jornada laboral diaria, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 14 de mayo de 2019.

No obstante, la medida que obliga a las empresas a establecer el control horario en España, entró en vigor el pasado 12 de mayo. 

Señala el ponente, el magistrado Eugene Regan, que corresponde a los Estados miembros definir los criterios de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

A este respecto, ha de recordarse que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos (sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C?397/01 a C?403/01, EU:C:2004:584, apartado 82; de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C?429/09, EU:C:2010:717, apartado 80, y de 6 de noviembre de 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C?684/16, EU:C:2018:874, apartado 41).

Del mismo modo, procede señalar que, habida cuenta de esta posición de debilidad, podría disuadirse al trabajador de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a medidas adoptadas por el empresario que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador.

El magistrado cita las sentencias de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C?429/09, EU:C:2010:717, apartado 81, y de 6 de noviembre de 2018, Max?Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C?684/16, EU:C:2018:874.

Basa su determinación el magistrado en los artículos 3, 5 y 6 de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, interpretados a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (TFUE) y la Directiva sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Señala Eugene Regan que “deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, según la interpretación de esa normativa adoptada por la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador”.

Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos de la Directiva

El Tribunal de Justicia comienza destacando la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal, consagrado en la Carta y cuyo contenido se ve precisado por la Directiva relativa al tiempo de trabajo.

Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido, sin que los criterios concretos elegidos para garantizar la aplicación de la Directiva puedan vaciar de contenido esos derechos. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos.

El Tribunal de Justicia observa que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias, lo que dificulta en extremo, cuando no imposibilita en la práctica, que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos.

En efecto, determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar si se han respetado la duración máxima del tiempo de trabajo semanal —que incluye las horas extraordinarias— y los períodos mínimos de descanso diario y semanal.

Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos.

Por consiguiente, una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional.

En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos.

Comprobar el cumplimiento

La demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank. fue presentada por CCOO ante la Audiencia Nacional, para que se dictase sentencia en la que se declarase la obligación de esta sociedad de establecer, con arreglo al artículo 35, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores y a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561/1995, un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza su plantilla, que permita comprobar el cumplimiento, por un lado, de los horarios de trabajo pactados y, por otro, de la obligación de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente.

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La Justicia europea avala el arbitraje creado en el acuerdo comercial con Canadá          

Fuente: El Economista España

30 de abril, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el mecanismo de arbitraje creado en el marco del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (Ceta). “Un acuerdo internacional que contemple la creación de un órgano jurisdiccional encargado de interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones vinculen a la Unión es, en principio, compatible con el Derecho de la Unión”, destaca el Tribunal en su sentencia, dictada hoy.

En la línea de las conclusiones del Abogado General, el Tribunal europeo concluye que el Ceta no atribuye a este mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados ninguna competencia de interpretación o de aplicación del Derecho de la Unión, aparte de la relativa a las disposiciones de dicho Acuerdo. “Cuando un inversor canadiense pretenda impugnar medidas adoptadas por un Estado miembro o por la Unión, el Acuerdo atribuye a la UE la facultad de determinar si la diferencia debe dirigirse contra ese Estado miembro o contra la Unión”, explica el fallo. De este modo, el TJUE entiende que se preserva la competencia exclusiva del Tribunal de Luxemburgo para resolver sobre el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros.

“Contiene garantías suficientes para asegurar la independencia de los miembros de los tribunales arbitrales proyectados”, señala la sentencia

Por otra parte, la sentencia reconoce que el arbitraje del Ceta vulneraría la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, pero solo si estuviera concebida de modo que, al apreciar las restricciones a la libertad de empresa mencionadas en una demanda, estos pudieran cuestionar el nivel de protección del interés público que haya motivado el establecimiento de esas restricciones por parte de la Unión respecto al conjunto de operadores que invierten en el sector comercial o industrial de que se trate del mercado interior. Sin embargo, subraya que este no es el caso del mecanismo.

En este sentido, recuerda que “el Ceta contiene cláusulas que privan a esos tribunales de competencia para cuestionar las opciones elegidas democráticamente por una Parte del Acuerdo en materia, en particular, del nivel de protección del orden público, de la seguridad pública, de la moral pública, de la salud y de la vida de las personas y de los animales, o de preservación de la seguridad alimentaria, los vegetales, el medio ambiente, el bienestar en el trabajo, la seguridad de los productos, los consumidores y los derechos fundamentales”. Por lo tanto, el Tribunal rechaza que vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.

Igualdad de trato

En cuanto a la compatibilidad del mecanismo previsto con el principio general de igualdad de trato, el Tribunal de Justicia señala que, si bien el Ceta tiene como finalidad proporcionar a los inversores canadienses que invierten en la Unión una vía específica de recurso contra las medidas de la Unión, su situación no es comparable con la de los inversores de los Estados miembros que invierten en la Unión. “No vulnera la efectividad del Derecho de la Unión por el único motivo de que un laudo dictado por el Tribunal creado por este Acuerdo pueda tener como consecuencia, en circunstancias excepcionales, que se neutralice una multa por infracción del Derecho de la competencia impuesta por la Comisión o por una autoridad de la competencia de un Estado miembro”, explica la sentencia. “En efecto, el propio Derecho de la Unión permite anular una multa cuando ésta adolece de un vicio similar al que podría declarar el Tribunal del Ceta”, añade.

Garantizado el acceso

“Ante la falta de un régimen que garantice la accesibilidad, desde un punto de vista económico, de las personas físicas y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en la práctica, el mecanismo podría resultar exclusivamente accesible a los inversores que dispongan de elevados recursos financieros”, reconoce. Sin embargo, Luxemburgo considera que los compromisos adoptados por la Comisión y el Consejo para garantizar que las pymes puedan acceder a los tribunales proyectados son suficientes. El Ceta es pues compatible con la exigencia de accesibilidad.

Además, contiene garantías suficientes para asegurar la independencia de los miembros de los tribunales proyectados, según el Tribunal europeo.