Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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Autoridades en Estados Unidos manipulan la crisis del coronavirus para restringir el acceso al aborto, dicen expertos de la ONU

Fuente: Naciones Unidas

 27 de mayo, 2020

Estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, Luisiana y Tennessee, que tienen una larga historia de prácticas restrictivas contra el aborto, parecen estar aprovechándose de las restricciones del COVID-19 para violar los derechos de las mujeres, indican esos expertos en derechos humanos.

Algunos estados de Estados Unidos parecen estar manipulando la crisis COVID-19 para frenar el acceso a la atención esencial del aborto, advirtieron varios expertos* en derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas aseguró este miércoles que las órdenes de emergencia por el coronavirus, que suspenden los procedimientos que no se consideran médicamente indispensables, han sido utilizadas por estados como Texas, Oklahoma, Alabama, Iowa, Ohio, Arkansas, LouisianaLuisiana y Tennessee para restringir el acceso al aborto.

“Lamentamos que los estados mencionados anteriormente, con una larga historia de prácticas restrictivas contra el aborto, parezcan estar manipulando la crisis para restringir severamente los derechos reproductivos de las mujeres”, expresó en un comunicado Elizabeth Broderick, vicepresidenta del Grupo de Trabajo.

“Esta situación es también el último ejemplo que ilustra un patrón de restricciones y retrocesos en el acceso a la atención legal del aborto en todo el país. Tememos que, sin una clara voluntad política para revertir tendencias tan restrictivas y regresivas, los estados continúen siguiendo este patrón”, agregó.

Los expertos aseguraron que el acceso a los servicios de aborto es crucial en este momento de crisis cuando las mujeres tienen que lidiar con nuevas restricciones a su movilidad, debido a cuarentenas y bloqueos.

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Aumentando la desigualdad

“También expresamos una seria preocupación de que, al negar el acceso a la atención de aborto urgente, los funcionarios están poniendo en riesgo a las mujeres, exacerbando las desigualdades sistémicas “, dijo Broderick.

Los expertos advirtieron que las restricciones en los servicios esenciales de salud reproductiva socavan los esfuerzos de salud pública para responder al COVID-19, y cuando se implementan prohibiciones, las mujeres se ven obligadas a viajar fuera del estado para obtener servicios de aborto, arriesgando su propia salud y sin tener en cuenta las pautas de salud pública.

“La atención del aborto constituye atención médica esencial y debe permanecer disponible durante la crisis de COVID-19. Las restricciones al acceso a la información y los servicios integrales de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción, constituyen violaciones de los derechos humanos y pueden causar daños irreversibles, en particular a las mujeres de bajos ingresos y a las pertenecientes a minorías raciales y comunidades inmigrantes”, aseguró la experta.

Agregó que negarles a las mujeres el acceso a la información y los mencionados servicios que solo ellos requieren y no abordar su salud y seguridad específicas es inherentemente discriminatorio e impide que las mujeres ejerzan control sobre sus propios cuerpos y vidas.

Preocupante pedido de Estados Unidos.

El Grupo de Trabajo dijo que también estaba extremadamente preocupado por la insistencia de Estados Unidos, a través de una carta del 18 de mayo de USAID dirigida al Secretario General de la ONU, para eliminar las referencias a “salud sexual y reproductiva y sus derivados” del Plan Global de Respuesta Humanitaria (HRP) para el COVID-19.

“Reiteramos que los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto seguro y legal, son esenciales y deben seguir siendo un componente clave de las prioridades de la ONU en sus respuestas a la pandemia de COVID-19. Eliminar las referencias a la salud sexual y reproductiva del plan tendrá consecuencias devastadoras para las mujeres de todo el mundo, y socavará seriamente el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para responder a las necesidades de salud de las mujeres en este momento de crisis “, dijo Broderick. Los expertos aclararon han estado en contacto con el Ggobierno de los Estados Unidos de antemano para aclarar los problemas en cuestión.

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La pandemia y el problema del acceso al agua en Chile

Fuente: Red Internacional de Derechos Humanos

22 de mayo, 2020

El impacto del covid-19 trae consigo retos y preguntas que se expanden a varias esferas. En la de los derechos humanos, la pandemia pone en evidencia la importancia de recordar las obligaciones que tienen los Estados con su promoción y protección.

Al enfrentar una emergencia sanitaria global de tal magnitud, los Estados deben prestar especial atención a la contención de la propagación del virus, pero siempre teniendo en cuenta que, aunque el derecho internacional permite que los Gobiernos restrinjan algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la actual, estas restricciones deben estar en concordancia con la Constitución nacional y con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo anterior quiere decir que, incluso en un estado de emergencia, los Estados no tienen la facultad restringir o suspender algunos derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la libre circulación, o a la no discriminación.

Una de las regiones más afectadas es el continente americano, en donde hay la mayor desigualdad del planeta, con profundas brechas sociales y pobreza extrema, problemas transversales que afectan a todos los Estados de la región.

El COVID-19 ha puesto el foco sobre problemáticas ya existentes como las altas tasas de informalidad, trabajos e ingresos precarios, inseguridad alimentaria y falta de acceso a saneamiento y agua potable, lo que dificulta que las personas puedan tomar las medidas preventivas adecuadas frente a la pandemia.

Por otra parte, los altos índices de violencia, incluso por motivos de género, raza y etnia, o la discriminación contra personas migrantes, desplazadas, refugiadas o apátridas supone desafíos aún mayores para los Estados, en especial los americanos, en términos económicos, políticos y sanitarios.

En Chile preocupa la situación que viven mujeres, niños y adolescentes, que están propensos a ser víctimas de violencia durante la pandemia. También es preocupante la poca eficacia de los mecanismos de participación de la sociedad civil y los serios problemas del sistema de salud y su incapacidad para brindar el servicio de manera igualitaria a toda la población, en especial en las zonas rurales, y para cumplir con estándares adecuados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para todos los ciudadanos.

Esto ha provocado una clara preocupación entre los habitantes en cuanto el impacto que puede tener esta pandemia, sobre todo para las personas vulnerables como los adultos mayores, enfermos crónicos, personas con discapacidad, o aquellas que se encuentran en situación de pobreza o de indigencia.

Considerando que si bien existen varios impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diferentes contextos ocasionados por la pandemia, la catástrofe hídrica que vive Chile acentúa que las medidas y la contención del virus sean más difíciles de llevar a cabo. Se estima que un millón de personas, entre ellas 383 mil viviendas en zonas rurales, no tienen acceso a agua potable o saneamiento. Las zonas más afectadas son las comunas entre las provincias de Coquimbo y Maule, donde se encuentra la mayoría de población del país.

Esto quiere decir que los habitantes de estas zonas no pueden seguir la primera recomendación para frenar la propagación del coronavirus o de otras enfermedades infecciosas, que es lavarse las manos minuciosamente con frecuencia. En muchas comunas el porcentaje de abastecimiento de agua es de apenas 50 litros por día, porcentaje que está por debajo del índice mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud.

Aun cuando no estuviéramos en tiempos de pandemia, el agua es un recurso esencial para garantizar la vida, para beber, cocinar, para la higiene personal, entre otras, y en una crisis como la actual es aún más necesario garantizar un adecuado suministro y acceso. Muchos habitantes de Chile tienen abastecimiento de agua por medio de camiones cisterna, pero no en cantidad suficiente para subsistir por más de una semana.

Aunque, en gran parte, para algunos este problema de abastecimiento tiene relación con el cambio climático, la esfera política, y las políticas públicas adoptadas han cumplido un rol importante. Chile ha adoptado una política de privatización y del acceso del agua: este servicio y su explotación ha sido entregado casi en su totalidad a empresas privadas desde 1988, por medio de la Ley del Acceso al Agua Nº 19.549.  Las empresas privadas no pueden, ellas solas, hacer frente al cambio climático, pues se ha definido un presupuesto de 700 millones de dólares para adaptar de la forma correcta toda la infraestructura hídrica.

El 11 y 12 de julio de 2019, 140.560 chilenos se vieron afectados por un corte en el suministro de agua potable que generó una crisis sanitaria y puso en peligro inminente a varias familias por la falta de acceso al agua necesaria para el consumo y para para desarrollar otras tareas cotidianas como aseo, cocina y evacuación de aguas negras.

Tal como lo ha mencionado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), se deben seguir tomando las medidas necesarias para asegurar el acceso al agua, ya que los grupos en situación de marginalidad son más vulnerables y pocas veces se ven situados en el centro de las políticas públicas relativas al saneamiento y el acceso al agua. Las poblaciones que son económicamente vulnerables son víctimas de un círculo vicioso: la falta de acceso al agua las hace más propensas a posibles infecciones, que luego se traducen en enfermedades y medidas de aislamiento, sin protección de las instituciones de seguridad social, e impedidos de ejercer actividades productivas.

Las comunidades pertenecientes a los segmentos socioeconómicos D y E, según la clasificación chilena, son las que tienen el nivel mas alto de vulnerabilidad. Por lo anterior es importante que las medidas que se adopten sean fundamentadas en objetivos legítimos de salud pública, protección de derechos humanos y el bien general e individual de la población.

Sectores de la sociedad chilena han insistido por años en que se deben hacer reformas profundas en el sistema y que no es suficiente una reforma al Código de Aguas, sino que se debería contemplar la   reformar Constitución Política derogando el artículo 19 numeral 24, que consagra la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sin embargo, estas decisiones requerirían la aprobación de dos tercios del Senado chileno.

Según la ONU, “la amplia participación política cumple una función crucial en la promoción de la gobernanza democrática, en respeto del Estado de derecho, la inclusión social y el desarrollo económico, y el progreso de los derechos humanos”. El respeto de los derechos humanos, de manera trasversal e indivisible, es fundamental tanto para el empoderamiento colectivo como para el individual, un paso indispensable para erradicar la marginalidad y la discriminación; incluso cuando no hay discriminación específica en la participación política, la desigualdad en otros derechos puede suponer una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

En conclusión, es importante recordar que los Gobiernos tienen el deber de proporcionar atención sanitaria básica a sus ciudadanos, utilizando medidas que se apliquen de manera equitativa.

Michelle Bachelet ha dicho recientemente que “la salud de cualquier persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la sociedad. Para prevenir la propagación de este virus es preciso llegar a todos y velar por que exista un acceso equitativo al tratamiento”.

De igual manera, la alta comisionada señala que este acceso debe estar disponible “lo mismo si la persona se encuentra en un asilo de ancianos que si se halla en una cárcel o en un campamento de migrantes o refugiados”. Finalmente, Bachelet indica que si la respuesta al coronavirus se basa en los principios de confianza pública, transparencia, respeto y empatía hacia los más vulnerables, “no solo lograremos defender los derechos intrínsecos de cada ser humano, sino que además usaremos y consolidaremos los instrumentos más eficaces para garantizar que vamos a superar esta crisis y adquirir experiencia para el futuro”.

Los retos en materia de privatización del agua y su acceso plantean en el caso de Chile, como en otros países de la región, la necesidad de abrir un debate en torno a la responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio y el papel del Estado, que no puede renunciar a su obligación de garantizar el acceso universal, como medio para proteger la integralidad de derechos vinculados.

El relator especial sobre los derechos al agua potable y el saneamiento, con el propósito de actualizar sus informes, hace una consulta con diferentes actores, quienes tendrán plazo hasta el 28 de mayo de 2020 para responder un cuestionario en el que pueden aportar información relacionada con diferentes áreas de su mandato.

En el formato se pregunta, por ejemplo, si durante el último decenio (2010-2020), los estados y agentes humanitario han asegurado, y cómo, el acceso inmediato al nivel mínimo esencial de agua y saneamiento de forma no discriminatoria durante las situaciones de emergencia.

De igual manera, requiere información sobre si los Estados y los agentes humanitarios han asegurado la igualdad de acceso a la cantidad mínima esencial de agua, si han proporcionado los elementos que toda persona necesita para la salud y la supervivencia, para vivir con dignidad, o si han monitoreado el grado de realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento tomando las medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento [15].

El cuestionario está disponible en este enlace.

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La ONU aplaude el arresto del principal sospechoso en el genocidio de Ruanda

Fuente: Naciones Unidas

16 de mayo, 2020

La aprensión de Felicien Kabuga, una de las figuras más destacadas en el genocidio de Ruanda, “envía un poderoso mensaje de que aquellos que supuestamente cometieron tales crímenes no pueden evadir la justicia”, asegura el titular de la ONU.

El Secretario General, António Guterres, ha acogido con satisfacción el arresto el sábado de uno de los fugitivos más buscados del mundo, dijo su portavoz en un comunicado.

Félicien Kabuga, una de las figura más destacadas en el genocidio de Ruanda en 1994, fue detenido en París por las autoridades francesas como resultado de una investigación conjunta con el Mecanismo Residual Internacional de la ONU para Tribunales Penales.

Kabuga fue acusado por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda en 1997 por siete cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

El arresto envía un ‘mensaje poderoso’

“La aprensión de Kabuga envía un poderoso mensaje de que aquellos que supuestamente cometieron tales crímenes no pueden evadir la justicia y eventualmente serán responsables, incluso más de un cuarto de siglo después“, aseguró el portavoz.

Como jefe del Comité Provisional del Fondo de Defensa Nacional desde aproximadamente el 25 de abril de 1994 hasta julio de 1994, Kabuga supuestamente ayudó a financiar el genocidio.

También fue presidente del Comité de Iniciativa de la en la emisora Radio Televisión Mil Colinas, cuyas transmisiones fueron utilizadas por extremistas hutus para incitar al odio contra los tutsis e identificar a las personas para su posterior asesinato.

“Los pensamientos del Secretario General están ante todo hoy con las víctimas de los presuntos crímenes de Kabuga, las víctimas de otros crímenes internacionales graves y sus familias. Poner fin a la impunidad es esencial para la paz, la seguridad y la justicia”, continuó la declaración de la ONU.

Cooperación coordinada en arresto

Kabuga fue arrestado en lo que se describió como una operación sofisticada y coordinada con búsquedas simultáneas en varios lugares.

Se espera que pronto sea transferido al Mecanismo Residual Internacional de la ONU para Tribunales Penales.

“Para la justicia internacional, el arresto de Kabuga demuestra que podemos tener éxito cuando contamos con el apoyo de la comunidad internacional”, dijo Serge Brammertz, fiscal jefe del citado Mecanismo.

“Este resultado es un tributo al compromiso inquebrantable del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estableció el Mecanismo para continuar el proceso de rendición de cuentas en Ruanda y la ex Yugoslavia”, añadió.

El Mecanismo, que cumple funciones esenciales que antes realizaban el Tribunal Internacional para Ruanda, que cerró en diciembre de 2015, y el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, que cerró dos años después, buscaba a Kabuga desde 2013.

El Secretario General de la ONU elogió la cooperación entre el Mecanismo de la ONU y las autoridades francesas para el arresto, subrayando la responsabilidad de todos los Estados de cooperar con este para localizar y arrestar a los prófugos en general.

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El coronavirus devasta las comunidades indígenas y propicia la violación de sus derechos

Fuente: Naciones Unidas

18 de mayo, 2020

El experto en los derechos de los pueblos originarios advierte del grave impacto de la pandemia de COVID-19 en esas comunidades. Además de minar su salud, aumenta su marginación y da pie a la militarización de sus territorios.

“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud”, dijo este lunes el nuevo relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

José Francisco Calí Tzay advirtió que los estados de emergencia exacerban la marginación de las comunidades indígenas y que, en las situaciones más extremas, dan pie a la militarización de sus territorios y a otros atropellos de sus derechos.

Según lo observado por el experto, en el marco del avance del coronavirus se niega a los pueblos indígenas la libertad de expresión y asociación, mientras que las empresas continúan la invasión y destrucción de sus territorios y recursos.

Sin consultas para los grandes proyectos

En un comunicado, Calí Tzay afirma que algunos países han suspendido las consultas con las comunidades originarias sobre la construcción de megaproyectos agroindustriales, mineros, de represas y otra infraestructura que les afectan directamente.

Agrega que al perder sus tierras y medios de vida frente a estas empresas, los pueblos indígenas caen en una mayor pobreza y malnutrición, además de que se limita su acceso al agua potable y al saneamiento y se les excluye de los servicios de salud.

Autonomía y mayor resistencia

El relator destaca que las comunidades indígenas que han resistido mejor la pandemia son las que cuentan con autonomía y tienen un autogobierno puesto que gestionan sus tierras, territorios y recursos, garantizando así la seguridad alimentaria mediante cultivos tradicionales. También destaca el papel de la medicina tradicional en el monitoreo de su salud.

En este contexto, el experto urgió a los gobiernos a apoyar a los pueblos indígenas, a permitirles que apliquen sus propias estrategias de protección de sus comunidades y a incluirlos en las iniciativas nacionales para asegurar que no se les discrimine.

Subrayó que es responsabilidad de los Estados dar a los pueblos indígenas información sobre el COVID-19 en sus idiomas y garantizarles el acceso a los servicios médicos que sean apropiados según sus culturas.

Finalmente, Calí Tzay consideró que la pandemia debe llevar al mundo a un cambio en el que se valore lo colectivo por encima de lo individual y se construyan sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos no sólo en materia de salud.

Días atrás, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidió en la denuncia del impacto desproporcionado que la pandemia está teniendo en las minorías. “Algunos pueblos indígenas enfrentan riesgos extremos”, aseguró Michelle Bachelet.

Es por todo ello por lo que los planes para levantar el confinamiento deben incluir medidas para estas personas, incluidas las pruebas y la provisión de atención médica de fácil acceso, apuntó.

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Ivory Coast withdraws from African Human Rights and Peoples Court

Source: Jurist

May 3, 2020

The Ivory Coast withdrew from the African Human Rights and Peoples Court on Wednesday following an order from that court to suspend an arrest warrant against presidential hopeful Guillaume Soro.

Soro was convicted in absentia of money laundering and embezzlement on Tuesday. He faces a 20 year prison sentence that will prevent him from running in the October presidential election. Supporters of Soro have called the conviction politically motivated.

Prosecutors originally filed an arrest warrant for Soro in December 2019. Two weeks ago the court ordered the Ivory Coast to suspend the warrant temporarily while it considered arguments that Soro’s rights had been violated. After the trial proceeded, the court reissued the suspension order, including several of Soro’s allies who had also been convicted. The Ivory Coast has 30 days to officially report their compliance with the order to the court. Given their withdrawal from the court, it is highly unlikely that they will do so.

The government has accused the court of making a political decision and conferring criminal immunity on someone because they want to run in the election. The government has further accused the court of violating their sovereignty. Last year, the court asked the Ivory Coast to reform their electoral process after concerns about its fairness where raised by opposition parties. Critics of the withdrawal have accused the Ivory Coast government of attempting to silence their opponents.

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Las personas con discapacidad no pueden ser aún más discriminadas a causa del coronavirus

Fuente: Naciones Unidas

Las Naciones Unidas lanzaron un nuevo informe en el que piden a los países que pongan a las personas con discapacidad en el centro de la respuesta al coronavirus. Estas personas tienen más probabilidades de desarrollar condiciones severas de salud y son víctimas de discriminación sistémica.

La pandemia de COVID-19 está intensificando las desigualdades experimentadas por los mil millones de personas con discapacidad del mundo, aseguró el Secretario General de la ONU este miércoles durante el lanzamiento de un informe que pide una recuperación y respuesta a la crisis que incluya a esta población.

Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación, la atención médica y las oportunidades de ingresos, o participar en sus comunidades, asegura António Guterres.

También tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir mayores tasas de violencia, negligencia y abuso.

“La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas”, aseguró.

Guterres dijo que las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas. Además, enfrentan una falta de información de salud pública accesible, así como barreras significativas para implementar medidas básicas de higiene.

“Si contraen COVID-19, muchos tienen más probabilidades de desarrollar condiciones de salud severas, que pueden resultar en la muerte”, agregó.

Tasas de mortalidad alarmantes en hogares de ancianos

El titular de la ONU recordó que la proporción de muertes relacionadas con COVID-19 en hogares de ancianos, donde las personas mayores con discapacidades están sobrerrepresentadas, oscila entre el 19% y 72%.

Además, en algunos países, las decisiones de racionamiento de atención médica se basan en criterios discriminatorios, como la edad o las suposiciones sobre la calidad o el valor de la vida, en función de la discapacidad: algo que no debe permitirse que continúe.

“Debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad para acceder a la atención médica y los procedimientos de salvamento durante la pandemia”, dijo Guterres.

Mayor riesgo de pérdida de empleo y violencia doméstica

La pandemia de COVID-19 está afectando a personas con discapacidades de otras maneras.

Guterres dijo que aquellos que enfrentaron la exclusión laboral antes de la crisis ahora tienen más probabilidades de perder sus empleos. También experimentarán mayores dificultades para volver al trabajo.

Sin embargo, menos del 30% de las personas con discapacidades significativas tienen acceso a los beneficios. En los países de bajos ingresos, el número es solo del 1%.

Mientras tanto, las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, enfrentan un mayor riesgo de violencia doméstica, que ha aumentado durante la pandemia.

Asegurar los derechos, promover la inclusión

El Secretario General instó a los gobiernos a poner a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19, y a consultarles y permitirles que participen.

Según Guterres, ese sector de la población también tiene una valiosa experiencia para ofrecer en relación con prosperar en situaciones de aislamiento y arreglos de trabajo alternativos.

“Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad, estamos invirtiendo en nuestro futuro común”, dijo el titular de la ONU.

También subrayó la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la creación de sociedades más inclusivas y accesibles.

El Secretario General agregó que la ONU está haciendo su parte a través de la Estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de personas con discapacidad que lanzó el año pasado.

A través de la Estrategia, el sistema de las Naciones Unidas incorporará la inclusión de la discapacidad en su trabajo, con el objetivo de lograr un cambio transformador y duradero.

En relación con esto, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU emitió la semana pasada una guía que establece acciones clave que los gobiernos y las partes interesadas pueden tomar para apoyar a las personas con discapacidad durante la pandemia.

También detalla prácticas prometedoras ya implementadas por algunos países, como sacar a algunas personas con discapacidad de entornos institucionales para estar en casa con sus familias.

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Los presos también deben ser protegidos de la pandemia de coronavirus

Fuente: Naciones Unidas

05 de mayo, 2020

Decenas de presos han perdido la vida en incidentes ocurridos en cárceles de Venezuela, Colombia y Perú, y se han producido intentos de fuga en muchos otros países. El coronavirus se expande rápidamente y miles de internos se han infectado en América del Norte y del Sur. ONU Derechos Humanos pide una investigación por los motines que han ocurrido en las últimas semanas.
 

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

“La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet. 

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los  más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.