Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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South Africa court declares display of apartheid-era flag hate speech

Source: Jurist

August 22, 2019

South Africa’s Equality Court ruled Wednesday that the gratuitous display of the apartheid-era national flag constitutes hate speech.

The Nelson Mandela Foundation (NMF) sought “an order declaring that any display of the Old Flag that does not serve any genuine journalistic, academic or artistic purpose in the public interest” constitutes hate speech, unfair discrimination, and harassment of black people under the Equality Act.

This case was brought following Black Monday, on October 30, 2017, where public demonstrations against farm murders and violence against farmers took place and the Old Flag was displayed. These demonstrations sparked a debate about the use of the Old Flag, which led to the NMF filing the complaint in the present case.

The case focuses on two things: the Old Flag, and hate speech and freedom of expression.

Judge Phineas Mojapelo discussed each of the issues in turn, first stating that: “The Old Flag must be interpreted against its history and meaning in order to ascertain its objective meaning(s) and thus to asses the effect of its display on the rights to dignity and equality.”

The adoption of the Old Flag in 1927 served the purpose of severing ties with imperial Britain, and as a symbol of unity between English and Afrikaans speakers. Africans and other people of color were excluded from the discussion and subsequent adoption of the Old Flag. “The Flag Act was part of a scheme of statutes that … [entrenched] racialized segregation and white supremacy.” The Old Flag was replaced in 1994 as part of the republic’s transitional constitution and the end of apartheid.

In determining whether the display of the Old Flag legally constitutes hate speech under the Equality Act, Mojapelo said that section 10 of the Act “should be interpreted in a manner that prohibits all expressions of ideas, verbal and otherwise (including the displaying of a flag), that amount to hate speech.”

It is determined that the display of the old national flag of South Africa, introduced from 31 May 1928, and used throughout apartheid until it was abolished on 27 April 1994, at the “Black Monday” demonstrations on 30 October 2017 constituted: hate speech, unfair discrimination on the basis of race, and harassment. Further, it is determined that any display of the Old Flag constitutes hate speech, unfair discrimination on the basis of race, and harassment.

The Nelson Mandela Foundation issued a statement following the judgement, calling the Old Flag a “globally recognized symbol of white supremacy, exclusion and hatred,” and celebrating the ruling as an affirmation of South Africans’ rights to dignity and meaningful freedom of speech.

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Un Comité de la ONU insta a compensar a las víctimas de fumigaciones en Paraguay

Fuente: Naciones Unidas

16 de agosto, 2019

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este miércoles que Paraguay debe investigar una serie de fumigaciones con agroquímicos que provocaron la intoxicación de varias personas, entre ellos niños, además de contaminar el agua, el suelo y los cultivos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un dictamen en el que insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas y difundir la disposición en un diario de amplia circulación. Según el Comité, la nación sudamericana no realizó “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.

Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Graves consecuencias ambientales

Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, y causaron la muerte de varios animales de cría.

La contaminación también dejó muerta a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras indisposiciones.

El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de “disfrutar de una vida digna “ y a no formar parte de “acciones u omisiones” que tengan como resultado “una muerte prematura o no natural”.

Una resolución ejemplar

Una de las expertas integrantes del Comité, Hélène Tigroudja, calificó el dictamen como “histórico” y añadió que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”.

Tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.

Esa entidad solicitó a Paraguay que informara en un plazo de plazo de 180 días sobre las medidas que piensa efectuar para poner en práctica el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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Las leyes que implican una discriminación de género causan apatridia en los niños

Fuente: Naciones Unidas

22 de agosto, 2019

 La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus hijos su nacionalidad. Tres agencias de la ONU llaman a reformar esas leyes, consideradas una de las grandes causas de apatridia en los niños. Actualmente hay 3,9 millones de apátridas en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta.

Un nuevo informe de tres organismos de las Naciones Unidas reveló este jueves que las leyes de 25 países no permiten que las mujeres les transmitan su nacionalidad a los hijos en términos de igualdad con los hombres y que tres países más no dejan que los hombres les den la nacionalidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Estas legislaciones implican una discriminación de género y son una de las causas de fondo de la apatridia en los niños a nivel global, afirmaron la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Según los datos de esas agencias, actualmente hay 3,9 millones de apátridas registrados en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta, han advertido.

Reformar la legislación

En un comunicado conjunto que incluye a la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad, los organismos urgieron a reformar las leyes discriminatorias para combatir el fenómeno de la apatridia, que no permite que las personas en esa situación ejerzan una serie de derechos fundamentales como la educación y los servicios de salud, y exponiéndolas a una vida de discriminación.

“Ser paria también puede colocar a los niños en un alto riesgo de violencia, abusos y trata de personas, y dejarlos, junto con sus familias, expuestos a arrestos y detenciones”, dijo Grainne O´Hara, directora de Protección Internacional de ACNUR.

Históricamente, las leyes que implicaban discriminación de género fueron la norma en muchos países, pero en la actualidad el 85% de los Estados garantizan a hombres y mujeres por igual el derecho de transmitir su nacionalidad a los hijos.

Los organismos de la ONU recordaron que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las madres y los padres a transmitir su nacionalidad a los hijos y que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente todos los países, estipula que todos los menores tienen el derecho a una nacionalidad desde que nacen.

“Ningún niño elige ser paria, es algo que no depende de ellos y, muy a menudo, está fuera del control de sus padres”, apuntó Cornelius Williams, director adjunto de Protección de Menores de UNICEF.

Williams explicó que la apatridia excluye y aísla a los niños y enfatizó que es fundamental garantizar que todos los menores tengan una nacionalidad para que puedan aspirar a un futuro de bienestar.

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TS: los datos de consumo energético domésticos pueden ser considerados datos de carácter personal              

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de agosto, 2019

-España-

Los datos sobre consumo energético que permitan asociar hábitos de consumo (como horas de sueño u horarios en los que se está en casa) con un individuo determinado deben ser considerados datos sensibles a ojos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y por tanto gozar de su protección.  

Esta ha sido la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo (sentencia de Sala Tercera, disponible aquí) respecto a los datos de consumo energético individualizado contenidos en las Curvas de Carga Horaria, el desglose horario del consumo de los diferentes puntos de carga de los consumidores domésticos que realiza el distribuidor eléctrico. 

Los distribuidores eléctricos pueden, pero no están obligados, desde una reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía (que el Supremo ahora impugna), enviar estas mediciones de las curvas de carga horaria (CCH) al concentrador principal, gestionado por el operador del sistema, si estos las reclaman para realizar labores de inspección. 

Estos datos son enviados junto con un código de identificación de cada punto de suministro, el CUPS (código universal de puntos de suministro), para permitir al operador del sistema poder acudir in situ a los puntos de suministro y comprobar que todo funciona correctamente. 

En esta situación, el Supremo considera que el operador de suministro puede fácilmente relacionar, en estas operaciones en persona, datos de consumo con un individuo en concreto, ya que una vez en el lugar se puede identificar el individuo con métodos sencillos, como consultar los nombres del buzón, el telefonillo de portería, o simplemente preguntando al conserje. 

Esto puede permitir relacionar alguien con nombres y apellidos a datos tan sensibles como cuándo duerme, si está en casa o no o cuándo se va de vacaciones, todo asociándolo a su consumo eléctrico. 

Por ello, el Supremo sentencia que los CCH deben ser considerados datos de carácter personal, en concreto datos “seudonimizados”, es decir, aquellos que permiten la identificación de una persona si se relacionan con otros datos. 

Se les debe aplicar por tanto la normativa de protección de datos y todas sus garantías. No obstante, el TS no considera que se deba pedir el consentimiento del individuo, por atender estas operaciones de inspección a cuestiones de interés general. 

Recurso de Iberdrola

El Alto Tribunal responde así al recurso interpuesto por Iberdrola para interpretar el alcance de la definición de datos de carácter personal, a efectos de determinar si los datos contenidos en las CCH integran o no datos personales a los que se pueda aplicar la debida protección.

La resolución corrige la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimaba las pretensiones de Iberdrola sobre la misma cuestión y declaraba que la remisión por las distribuidoras al operador del sistema de los datos de consumo individual de cada punto de suministro, junto con los CUPS, no podían ser considerados como datos de carácter personal.

El Supremo sin embargo revoca dicha resolución. El tribunal acepta impugnar y revocar la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que aprueba determinados procedimientos de operación para el tratamiento de datos de medida procedentes de los equipos de tipo 5, a efectos de facturación y de liquidación de energía, obligando a los distribuidores (que son los responsables de la lectura de los contadores de los consumidores) a enviar las mediciones de la curvas de carga horaria individualizada, es decir las medidas horarias de consumo de cada consumidor desde los concentradores secundarios, gestionados por las distribuidoras para poder ejercer la lectura de los contadores, al concentrador principal gestionado por el operador del sistema.

Pedir consentimiento o aplicar excepción

En la medida en este intercambio de información sirve al cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas tanto del cedente como del cesionario, y que en última instancia redundan en una función de inspección, cabe aplicar un régimen de excepción recogido en el artículo 6 sobre el consentimiento del propietario de los datos

Subraya el Supremo que la función de inspección in situ, cuestionada en el recurso, parte de una previa solicitud por la Administración o la CNMC sobre el proceso de lectura, alta, baja o modificación de frontera de los datos y para unos determinados periodos. Es una actividad de inspección normativamente reconocida, ordenada previamente por la Administración o por un ente regulador y limitada a determinados puestos y/periodos.

Dicho de otro modo, en la medida en que para poder realizar la inspección, el operador debe solicitar a las distribuidoras que le faciliten la ubicación concreta del puesto, porque hasta ese momento la información de consumo de un punto de suministro de la que dispone el operador está disociada de su ubicación concreta y de la identidad del usuario, este cruce de información solo se produce para investigaciones concretas y que persiguen un fin de interés general, y por ello no es necesario obtener el consentimiento previo de los afectados.

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Colombia otorgará la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en su territorio a partir de 2015

Fuente: Naciones Unidas

06 de agosto, 2019

Más de 24.000 niños que corrían el riesgo de convertirse en parias por haber nacido en Colombia de migrantes venezolanos podrán ahora obtener la nacionalidad del país de acogida. La Organización Internacional para las Migraciones encomió la medida y junto con UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiado hará una campaña para informar sobre la medida.

Más de 24.000 niños nacidos en Colombia a partir de 2015 de padres migrantes venezolanos podrán ostentar lanacionalidad colombiana gracias a una medida administrativa excepcional y temporal anunciada el lunes por el presidente del país de acogida, Iván Duque.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acogió con beneplácito esta decisión, que evitará que miles de menores se conviertan en apátridas y que “confirma el compromiso [del Gobierno colombiano] con los derechos humanos y las convenciones internacionales al garantizar a los niños y niñas el derecho a una nacionalidad, independientemente de su condición migratoria”.

La jefa de la Misión de la OIM en Colombia afirmó que la resolución es una contribución para lograr un proceso de migración regular y seguro que, “con suerte, facilitaría el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños venezolanos, así como su integración a la sociedad”.

La medida entrará en vigor el 20 de agosto próximo y amparará a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015.

Según la OIM, la nueva provisión representa un paso muy importante hacia la protección integral de uno de los colectivos más vulnerables.

Campaña de información

Para enterar a la población migrante venezolana asentada en Colombia de este nuevo derecho, la Oficina Nacional de Registros llevará a cabo la campaña de información “Primero la Niñez”, apoyada por la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La campaña detallará cómo acceder a este derecho, qué trámites seguir, la fecha de entrada en vigor de la iniciativa y el papel de las diferentes entidades en el proceso.

Los datos oficiales de Colombia indican que hasta el 30 de junio de 2019 había más de 1,4 millones de venezolanos su territorio, lo que lo hace el país con el mayor número de migrantes de Venezuela en la región.

Según las agencias de la ONU, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo ha superado los 4 millones.

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El Supremo considera delito de trata la actividad de clubs de carretera donde se esclaviza a mujeres extranjeras       

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de julio, 2019

-España-

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que advierte que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se comete en algunos clubs de alterne, salpicados por la geografía nacional, donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España, como si fueran “seres cosificados”, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas.

El tribunal considera que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”.

La Sala ha confirmado las condenas impuestas a dos responsables y a tres miembros de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en distintos clubs de alterne de Córdoba, Vigo y A Coruña a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas de Nigeria mediante engaño.  Por un lado, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el jefe de la red, 0.J.M., y su pareja, A.V.O., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les impuso 39 años y dos meses de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre persona menor de edad, por un delito cometido sobre persona mayor de edad, un delito de prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal. 

Por otro lado, estima de forma parcial los recursos planteados por los otros tres condenados contra la misma sentencia. En el caso de dos de ellos -K.O. y F.E.- la estimación parcial supone una rebaja de tres años de la pena de prisión –de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses por los mismos delitos que los anteriores- ya que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a más años que los que había solicitado el fiscal, lo que supone una vulneración del principio acusatorio. Para K.J.O, la estimación de su recurso implica la anulación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa que se le impuso, pero se mantiene intacta la pena de 13 años y dos meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Uso de vudú para atemorizar a la víctima

Los hechos se remontan a 2009 cuando 0.J.B., alias “papá Busch y Mr. Godwin”, contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Tras hablar con ella, el condenado le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. La mujer accedió y después de hacerse el pasaporte se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, creía que, si desobedecía al acusado, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males.

La víctima realizó el viaje en compañía de un hombre y de una mujer, ambos colaboradores de 0.J.B., y al llegar a Madrid se encontró con una vida distinta a la prometida: le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, le prohibieron contactar con su familia en Nigeria y salir sola a la calle.

Después, el condenado le hizo saber que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para saldar la deuda. Tras legalizar su situación en España, llevó a la mujer a un club de alterne de Lucena (Córdoba) para ejercer la prostitución, pero después rotó por otro de La Carlota (Córdoba). Su horario de trabajo era de 17:00 hasta las 4:00. El dinero que obtenía, salvo el que pagaba por su estancia en el club, lo entregaba a 0.J.B y a su pareja, A.V.O. Tres años después, en 2012, consiguió pagar su deuda y otras cantidades que le reclamaban los condenados. Con las otras tres víctimas –dos de ellas menores de edad-, procedentes del mismo país, actuó del mismo modo. Sólo una de ellas, que sabía a lo que se dedicaba 0.J.B., aceptó venir a España para trabajar como prostituta, aunque fue engañada como el resto de las víctimas.

Tras analizar el papel de cada uno de los condenados en la red, la Sala concluye que la participación en una organización delictiva, como la enjuiciada, dedicada a la trata de seres humanos, “supone una actividad que requiere el concurso de varias sujetos dispuestos a culminar el fin perseguido, de modo que cada una de las aportaciones satisface las exigencias del tipo en cuestión (el artículo 177 bis del Código Penal), siendo claro que en este caso, la trata de seres humanos lo era con la finalidad de explotación sexual, y para ello era necesario burlar los controles administrativos de inmigración, y ya en nuestro país, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubs de alterne…”.

En este caso, la Sala afirma que concurren los elementos que conforme a su jurisprudencia son necesarios para entender que “nos encontramos ante una organización criminal: pluralidad de personas, utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera”.

De esta forma, “existía un reparto de tareas entre los acusados y otras personas que no han podido ser debidamente identificadas, dentro de una red creada con la finalidad de proceder al traslado a Europa desde Nigeria de jóvenes de este país, a fin de destinarlas a la prostitución”, subraya el tribunal.

Delito trata seres humanos: captación, traslado y explotación

La Sala examina las distintas fases en las que se articula el delito de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Así, explica que hay una primera fase de captación, que equivale al reclutamiento de la víctima, en la que se utiliza el engaño, combinado a veces con la coacción, para lograr el “enganche” o aceptación de la protesta y para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación. 

La segunda fase de la actividad delictiva es la de traslado –dentro del país o con cruce de fronteras- que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie. Esta fase, según la sentencia, está relacionada con la técnica del “desarraigo”, cuyo objetivo es aislar a la víctima de sus redes sociales de apoyo – familia, amistades y vecinos- para conseguir su aislamiento y, de esa manera, el tratante puede mantener el control y explotarla. La Sala explica que el “desarraigo” se materializa con el traslado de la víctima al lugar de explotación. 

La última fase es la de explotación que consiste, según la Sala, en la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos.

La sentencia explica que, tras la tipificación del delito de trata de seres humanos como delito autónomo, L0 5/2010, la diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes –artículo 318 bis Código Penal- y la trata de personas –artículo 177 bis Código Penal- ha sido confusa. Aunque ambas conductas entrañan el movimiento de seres humanos, generalmente para obtener algún beneficio, la Sala destaca, sin embargo, que en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, principalmente sexual.

Por otro lado, la sentencia reitera la jurisprudencia de la Sala sobre el delito de trata de seres humanos que afirma que se cometen tantos delitos como víctimas, por lo que no es posible considerar un único delito ni un delito continuado. 

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La CEDHJ pide mejorar seguimiento de Alerta de Violencia de Género en municipios  

Fuente: El Informador México

21 de Julio

-México-

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó su informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en los municipios de Ameca, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, localidades incluidas en la Alerta de Violencia de Género. 

A través de un comunicado la CEDHJ refirió que en los tres municipios se detectó que no se ha trabajado en la capacitación ni en la profesionalización de funcionarios en la atención a mujeres receptoras de violencia. No cuentan con Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de niñas y mujeres, tampoco se cuenta con protocolos municipales para dar seguimiento a las órdenes de protección y no cuentan con refugios para mujeres víctimas de violencia. Además, no se identifica la existencia de una política de prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres. 

En el caso particular de Lagos de Moreno se identificó una alta incidencia de violencia relacionada con el crimen organizado. En el contexto de desaparición se identificaron dos fosas clandestinas que fueron reportadas en el Informe especial sobre inhumaciones de personas fallecidas no identificadas que elaboró la Comisión.

Por su parte, en Zapotlán el Grande se identificó una alta incidencia de violencia sexual, familiar y desaparición de mujeres. En Ameca se detectó una alta incidencia en violencia intrafamiliar.

La CEDHJ urgió a los gobiernos municipales a buscar garantizar la efectiva instrumentación de la política municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. Instalar el Consejo Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente esta figura no existe en los municipios. Realizar las acciones para la instalación de refugios, para mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos. 

Las autoridades municipales deben implementar programas de reeducación integral dirigida a personas agresoras. Crear la Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de Niñas, Adolescentes y Mujeres Desaparecidas. Poner en marcha un programa de formación especializada para los servidores públicos que atienden a mujeres en situación de violencia. 

Estos municipios también deben aplicar un plan de mejora para la emisión, control y seguimiento de las órdenes de protección. Revisar el reglamento interno de la Comisaría de Seguridad Pública con la finalidad de incorporar en sus reglamentos la creación de una unidad especializada para atender y llevar el control y seguimiento de las órdenes de protección. Elaborar un programa de prevención de la violencia contra las mujeres. Consolidar un sistema de información efectivo a partir del cual se registren los casos de violencia contra las mujeres que se atienden desde las distintas dependencias. 

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, destacó que se está proporcionando información valiosa a los municipios que servirán para la toma de decisiones, y señaló que estos documentos son de los pocos que se han emitido a nivel nacional. Este lunes se entregará el informe especial correspondiente a Mezquitic.