Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

México: ACNUR encomia las reformas legislativas para defender los derechos de los menores refugiados y solicitantes de asilo

Fuente: Naciones Unidas

17 de enero, 2021

 La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) celebró este sábado la entrada en vigor “de nuevas e importantes medidas en México” que servirán “para proteger los derechos de la niñez refugiada y solicitante de asilo”.  Entre las disposiciones de la nueva norma figura el fin de la detención migratoria de niños y niñas.

Según estas reformas no se retendrá ningún niño o niña en centros de detención migratoria, independientemente de si viajan solos o acompañados y se les enviará “a un alojamiento alternativo”.

ACNUR trabaja junto a otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para garantizar “el establecimiento de los mecanismos de remisión pertinentes y una capacidad de alojamiento adecuada”.

La Alta Comisionada Auxiliar de ACNUR para la Protección, Gillian Triggs, explicó durante un reciente un debate en línea sobre “La niñez y el Pacto Mundial sobre los Refugiados” que “México está dando un paso decisivo para poner fin a la detención migratoria de niños y niñas” y añadió que “nos sentimos alentados por este prometedor avance”.

Cabe recordar que el organismo para los refugiados de la ONU promueve acabar con la detención de niñas y niños refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes por motivos migratorios.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, quien también participó en el debate, señaló que las medidas para favorecer el mejor interés de los menores formaban parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de México en el Foro Mundial sobre los Refugiados, que tuvo lugar en diciembre de 2019.

“Ningún niño o niña, acompañado o no acompañado, se encuentra ahora en nuestras instalaciones migratorias”, explicó Sánchez Cordero.

“Las reformas aprobadas en noviembre también refuerzan la determinación del interés superior del niño en los procedimientos migratorios y hacen que los niños y niñas sean elegibles para obtener visas humanitarias temporales y así evitar su deportación o retorno, hasta que se realice la determinación de su interés superior, lo que facilita el acceso a la protección internacional y al sistema de asilo”, especifica ACNUR.

Gran incremento de las solicitudes de asilo en diciembre

Durante los últimos cinco años, México se ha convertido en un país con un gran número de solicitudes de asilo. Así, en 2019 se formularon más de 70.000 peticiones. Pese a la disminución del volumen de solicitudes debidas a las restricciones a la movilidad en los vecinos países centroamericanos impuestas por la COVID-19, en diciembre de 2020 “alcanzaron un nivel sin precedentes”.

Según los datos de ACNUR, durante el año pasado uno de cada cinco solicitantes de asilo en México fue un niño o una niña. Durante la pandemia de COVID-19 se han seguido registrando nuevas solicitudes de asilo por parte de personas que huyen de la violencia y la persecución, ayudándolas a encontrar la seguridad.

Finalmente, ACNUR reiteró su compromiso de apoyar al Gobierno de México en la aplicación de las reformas y destaca la importancia de asignar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para su aplicación efectiva.

Derechos Humanos/ Human Rights

Posted on

Honduras: Expertas de la ONU deploran la enmienda constitucional que ataca el derecho al aborto seguro

Fuente: Naciones Unidas

19 de enero, 2021

Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron este martes un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional. 

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, expresaron las expertas en un comunicado.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro así como en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, añadieron las relatoras especiales y miembros de grupos de trabajo, diciendo que la influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes”, dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto“, dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Informe sobre Haití denuncia un “patrón de violaciones de los derechos humanos” y una “casi total impunidad”

Fuente: Naciones Unidas

19 de enero, 2021

Un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “muestra un patrón de violaciones y abusos” de estas garantías fundamentales “seguido de la falta de rendición de cuentas”, aseguró su portavoz.

Marta Hurtado también expresó la preocupación de la Oficina que dirige Michelle Bachelet por los recientes decretos presidenciales que crean una agencia nacional de inteligencia y fortalecen el sistema de la seguridad pública, “porque los análisis preliminares indican que no parecen estar en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

También conllevan el riesgo de conducir a una mayor represión de las libertades de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión.

“Los actos de violencia cometidos por manifestantes en protestas anteriores no deben servir como pretexto para restringir las libertades fundamentales y reducir el espacio cívico”, aseguró Hurtado.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también está preocupada por la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales persistentes en Haití, junto con el aumento de las tensiones políticas, lo que puede llevar a un descontento público seguido de una violenta represión policial y más violaciones de los derechos humanos.

En los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad generalizada han aumentado en Haití en un contexto de impunidad casi total.

Tensiones políticas

Paralelamente, las tensiones políticas están resurgiendo debido a las disputas sobre el calendario y el alcance de las elecciones y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno.

“Los llamados a protestas masivas han ido en aumento. Esto, a su vez, genera preocupaciones por las renovadas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la vigilancia de las protestas, como se vio durante las protestas durante meses en 2018 y 2019, así como durante las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado”, afirmó Hurtado.

Añadió que “las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley haitianos y los abusos de derechos humanos cometidos por pandilleros durante los disturbios sociales de 2018-2019”, están documentados en un informe publicado por su Oficina.

El informe muestra un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos seguido de casi la falta de rendición de cuentas. Además, documenta violaciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.

Las autoridades deben evitar que se repita

El documento también recoge los impactos de las manifestaciones y las barricadas en la vida cotidiana del pueblo haitiano, especialmente en 2019. Más específicamente, aborda las restricciones a su libertad de movimiento, su acceso a la atención médica, incluida la salud sexual y reproductiva, su acceso a la educación y su derecho a la alimentación. También el impacto que esas protestas tienen en las prisiones haitianas.

“Las autoridades deben tomar medidas de inmediato para evitar la repetición de estas violaciones y abusos de los derechos humanos, asegurándose de que los agentes del orden respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza cuando se enfrentan a protestas”, declaró Hurtado.

También deben garantizar que las pandillas no interfieran con el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.

Además, el Gobierno también debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos pasados, asegurando justicia, verdad y reparación.

Haití debe tomar medidas para abordar las quejas de la población y las causas fundamentales que alimentaron las protestas, incluida la impunidad generalizada, las denuncias de corrupción, la pobreza persistente, las desigualdades estructurales, el acceso limitado a los servicios sociales y otras dificultades en el disfrute de los derechos económicos y sociales por el pueblo haitiano.

Hurtado señaló que la Oficina acoge “con satisfacción” el compromiso de la Policía Nacional de Haití con la reforma de las prácticas documentadas en el informe, incluida la garantía de que los agentes que participan en la vigilancia de las protestas reciban la formación y las instrucciones adecuadas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está dispuesta a seguir apoyando a las autoridades estatales en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos y expresa su voluntad de seguir trabajando para establecer una oficina en el país.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on Actualizado enn

B’Tselem’ rights group: Israel pursuing ‘apartheid regime’ in Palestine

Source: Jurist

January 13, 2021

 Israeli human rights group B’Tselem’ reported on Tuesday that the state of Israel is pursuing a nondemocratic “apartheid regime” and “Jewish supremacy” in both Palestinian and Israeli territories. The group has documented abuses against Palestinians since 1989 and continues to challenge the myth that Palestine and Israel exist side-by-side as separate autonomous regions. B’Tselem’ has called attention to Israel’s illegal occupation of Palestine, citing abuses by the Israeli government against Palestinians under the guise of national security protocols.

The group’s report asserts that the Israeli regime seeks to govern “all the territory between the Jordan River and Mediterranean Sea” to “cement Jewish supremacy” throughout the entire area. The report further reveals that the state of Israel achieves this purpose by: (1) affording Jewish people throughout the world the right to secure Israeli citizenship while denying this right to Palestinians; (2) establishing mass Jewish-only settlements on Palestinian land driving Palestinian residents out; (3) restricting Palestinians’ freedom of movement and political participation; and (4) holding Palestinians hostage under an illegal military occupation. According to B’Tselem’, Israel’s systematic oppression of Palestinians has unfolded over many years as the result of various laws aimed at promoting Jewish supremacy.

“One organizing principle lies at the base of a wide array of Israeli policies: advancing and perpetuating the supremacy of one group—Jews—over another—Palestinians,” B’Tselem’ said in its Tuesday statement.

Jewish B’Tselem’ director Hagai El-Ad hopes the report will aid the incoming Biden administration in crafting a US foreign policy that will advance the Palestinian cause. “I expect this will be part of a new chapter for fighting for justice in this place,” El-Ad said. He continued, “Israel is not a democracy that has a temporary occupation attached to it: it is one regime between the Jordan River to the Mediterranean Sea, and we must look at the full picture and see it for what it is: apartheid.”

The Israeli government has not yet issued a response.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on Actualizado enn

La países de la UE deben garantizar la seguridad de los menores no acompañados expulsados

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de enero, 2021

-Unión Europea-

 Los estados de la Unión Europea tendrán que investigar y asegurar que los menores no acompañados expulsados por un Estado miembro tendrán una acogida adecuada y segura en los países de retorno. Esto implica un lugar de acogida y posibilidades reales de escolarización

Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una reciente sentencia (caso C-441/19 ), que responde a una cuestión elevada por un tribunal holandés. 

El fallo se pronuncia sobre la expulsión de un menor de 15 años procedente de Guinea. El niño alcanzó Europa desde Sierra Leona tras fallecer su tía, quien estaba a su cargo.  

A pesar de alegar haber sido víctima de trata de personas y abusos en Ámsterdam, las autoridades holandesas le denegaron el permiso de residencia y la condición de refugiado. Con arreglo al Derecho neerlandés, equivale a ser expulsado a Guinea. 

El menor alegaba que no sabía dónde residía sus padres; que, a su vuelta, no sería capaz de reconocerlos; que no conoce a ningún otro miembro de su familia y que ni siquiera sabe si estos existen. 

Lo que dice la ley holandesa

Como explica la Corte de Justicia sita en La Haya (rechtbank Den Haag), la normativa neerlandesa establece una distinción basada en la edad del menor no acompañado. En el caso de los menores que tengan menos de 15 años en la fecha de presentación de la solicitud de asilo, antes de adoptar una decisión sobre dicha solicitud se lleva a cabo una investigación en relación con la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno, prevista en el artículo 10 de la Directiva 2008/115. 1 Si no existe tal acogida, se concede a estos menores un permiso de residencia ordinario.

En los casos de menores de 15 años o mayores, sin embargo, esta investigación se omite y las autoridades esperan a que el menor alcance 18 para ejecutar la expulsión. Así, durante el período comprendido entre su solicitud de asilo y la obtención de la mayoría de edad, la residencia de un menor no acompañado de 15 años o más en los Países Bajos sería irregular pero tolerada.

La respuesta del TJUE

Para elTribunal de Justicia, es necesaria una investigación exhaustiva de la situación de este menor. El hecho de que el Estado miembro de que se trate adopte una decisión de retorno sin haberse asegurado previamente de la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno tendría como consecuencia que, a pesar de haber sido objeto de una decisión de retorno, ese menor no podría ser expulsado si no existe acogida.

El menor de edad se encontraría en una situación de gran incertidumbre en cuanto a su estatuto jurídico y a su futuro. En particular en cuanto a su escolarización, a su relación con una familia de acogida o a la posibilidad de permanecer en el Estado miembro de que se trate. Algo contrario a la exigencia de proteger el interés superior del niño.

De ello se deduce que, si no se encuentra disponible una acogida adecuada en el Estado de retorno, el menor de que se trate no puede ser objeto de una decisión de retorno. 

En cuanto a su edad, el Alto Tribunal precisa, en este contexto, que solo constituye un factor entre otros para comprobar la existencia de una acogida adecuada. Concluye que un Estado miembro no puede distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar la existencia de esa acogida. 

Los Estados miembros tienen la obligación dictar una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio y proceder lo antes posible a su expulsión. 

Sin embargo, la Directiva se opone a que un Estado miembro, tras haber adoptado una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado y haberse cerciorado de la existencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno, se abstenga de proceder posteriormente a su expulsión hasta que haya alcanzado los 18 años. 

En ese caso, el menor afectado debe ser expulsado del territorio del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de la evolución de su situación. A este último respecto, el Tribunal de Justicia señala que, en el supuesto de que ya no pudiera asegurarse una acogida adecuada en el Estado de retorno para el menor no acompañado en la fase de expulsión, el Estado miembro de que se trate no podría ejecutar la decisión de retorno. 

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on Actualizado enn

Así será la nueva ley catalana de igualdad de trato y no discriminación

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de enero, 2021

-España-

 La Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de Cataluña, establece los principios y procedimientos para garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, el respeto a la dignidad humana y la protección ante cualquier conducta de discriminación que pueda atentar contra la dignidad de las personas.

Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Bhutan parliament votes to decriminalize homosexuality

Source: Jurist

December 14, 2020

Bhutan’s parliament adopted the Penal Code (Amendment) Bill of 2019 on Thursday, decriminalizing homosexual conduct between two consenting adults. The legislation was tabled before both houses, being the National Assembly and the National Council, in a joint sitting of the bicameral legislature this year.

Section 213 of the Penal Code of Bhutan criminalized “unnatural sex,” which it defined as when any person “engages in sodomy or any other sexual conduct that is against the order of nature.” The crime was deemed to be a petty misdemeanor, the punishment for which could extend up to a year as per Section 214 of the Penal Code. Although there was no explicit mention of “homosexuality,” the provision of unnatural sex was widely taken to refer to homosexual conduct between two adults.

The National Assembly had repealed both the provisions earlier last year; however, the National Council voted for retention so as to prevent other forms of unnatural sexual conduct, such as bestiality. Amidst growing confusion surrounding the definition of “unnatural sex,” the bill was tabled for a joint sitting this year. After recommendations from the Joint Committee, “homosexuality” has now been explicitly excluded from the definition of “unnatural sex” through an exception clause, while the provision of “unnatural sex” still remains in the Penal Code (making acts which are considered against the nature punishable).

This was one of the 24 disputed clauses which were pending joint consideration of both the houses. The bill has been passed with an absolute majority, with 63 of 69 present and voting, voting in favor of the amendment to the Penal Code. The law is now short of a veto by the Bhutanese king.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

La condena a un periodista por violar el secreto de una investigación policial no es un ataque a la libertad de expresión

Fuente: El Economista España

17 de diciembre, 2020

La condena de un periodista por utilizar información obtenida violando el secreto de una investigación policial no constituye una interferencia excesiva en su libertad de expresión, según determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 17 de diciembre de 2020.

La Sala confirma la condena impuesta al periodista que publicó el retrato robot realizado por la policía en una investigación que pretendía descubrir a un asesino en serie y violador. La dirección de la investigación le había negado la entrega de la imagen ante el posible daño que podía causar a la investigación. Sin embargo, el periodista se hizo con ella y la publicó en una revista especializada y en un diario de tirada nacional.

El TEDH no ve ninguna razón de peso para cuestionar la evaluación hecha por los tribunales nacionales, en sentencia de del 21 de noviembre de 2012, que determinaron, en primer lugar, que el interés por informar al público no había justificado el uso en el artículo de la pruebas policial en cuestión y, en segundo lugar, que la publicación del material había tenido un impacto negativo sobre la conducción del proceso penal.

Tras la publicación de los artículos y en vista del hecho de que la imagen compuesta no coincidía con el sospechoso que había sido identificado por fotografías mientras tanto, el juez de instrucción y el departamento de investigación criminal decidió hacer un llamamiento a los testigos, publicando una fotografía de la persona que eran buscando un rastreo.

En una sentencia del 21 de noviembre de 2012, el Tribunal Penal de París declaró al demandante culpable de utilizar información obtenida en violación del secreto profesional y lo condenó a pagar una multa de 8.000 euros, junto con un euro en concepto de daños y perjuicios a las víctimas que se habían unido al proceso. En una sentencia del 16 de enero de 2014, el Tribunal de confirmó la primera instancia …pero redujo la sentencia a una multa de 3.000 euros.

Aplicación de la jurisprudencia

En vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta el margen de apreciación que se deja a los Estados y el hecho de que el ejercicio de equilibrar los intereses en juego se había llevado a cabo correctamente por los tribunales nacionales, que habían aplicado los criterios pertinentes en virtud de la jurisprudencia del TEDH, el Tribunal concluyó que no había habido violación del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión.

Basándose en el artículo 10 de la Convención (libertad de expresión), el demandante sostuvo que su condena por utilizar información obtenida en violación del secreto profesional, tras la publicación de un compuesto imagen producida por la policía en relación con una investigación en curso, había sido contraria a la Convención.

Considera la Sala, que la inclusión de la figura aplicada, en el Código Penal (en este caso el francés), cumple con la exigible previsibilidad. Además, razonan los magistrados que la jurisprudencia del TEDH ya ha dictaminado que la interferencia basada en la necesidad de salvaguardar el secreto de la investigación judicial tiene por objeto garantizar la correcta realización de la investigación y por lo tanto manteniendo la autoridad e imparcialidad del poder judicial.

Esta doctrina también se aplica cuando el caso se refiere al secreto profesional destinado a impedir la divulgación de información confidencial.

En el presente caso la interferencia se había basado en la necesidad de garantizar la confidencialidad necesaria de información relativa a la realización de una investigación criminal y, más en general, para mantener la autoridad e imparcialidad del poder judicial. Por lo tanto, la sentencia condenatoria había perseguido un objetivo legítimo.

La sentencia considera que “el riesgo de influir en los procedimientos justificaba por sí mismo la adopción por las autoridades nacionales de medidas disuasorias como la prohibición de revelar información secreta”.

En cuanto a la sanción económica impuesta, La Sala considera que el recurso al procedimiento penal y la pena impuesta al demandante -una multa de 3.000 euros en lugar de la cantidad de 8.000 euros ordenada originalmente por el Tribunal Penal- no ha supuesto una interferencia desproporcionada con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

En opinión del Tribunal, no se podía mantener que dicha pena podía tener un efecto disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión por el solicitante o cualquier otro periodista que desee informar al público sobre los criminales en curso procedimientos.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos básicos, asegura experto

Fuente: Naciones Unidas

11 de diciembre, 2020

 Un experto de la ONU en derechos humanos expresó su preocupación por la creación del primer mercado de futuros del agua en el mundo, y aseguró que esto invitará a los especuladores a comercializarlo como el oro y el petróleo.

El pasado 7 de diciembre, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo con el pretexto de ayudar a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro de agua en medio de la incertidumbre que las sequías graves y las inundaciones traen a su disponibilidad. Por supuesto, todo ello con unas ganancias para quienes la comercializan.

El nuevo contrato de futuros de agua permite a compradores y vendedores intercambiar un precio fijo por la entrega de una cantidad fija de agua en una fecha futura.

“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública”, expresó en un comunicado Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

Arrojo-Agudo recalcó además la importancia de este líquido vital como parte de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

“El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Me preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street”, dijo.

El peligro de la especulación

El experto explicó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

“En este contexto, el riesgo es que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores”, dijo Arrojo-Agudo.

El relator especial resaltó que el agua es, de hecho, un recurso vital para la economía, tanto para los actores grandes como para los de pequeña escala, pero el valor del agua es más que eso.

“El agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación”, explicó.

Agregó que, si bien hay discusiones globales en curso sobre los valores ambientales, sociales y culturales del agua, la noticia de que el agua se comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra “que el valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado”

El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos en 2010.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Expertos instan a Estados Unidos a garantizar los derechos del líder indígena arrestado en una protesta contra Trump

Fuente: Naciones Unidas

15 de diciembre, 2020

Nicholas Tilsen es un indígena defensor de los derechos humanos de la Nación Sioux Oglala-Lakȟóta de Estados Unidos que fue arrestado junto con 15 personas más cuando protestaba contra el presidente Donald Trump por el mitin que éste convocó para celebrar la independencia del país el 4 de julio pasado en el monumento nacional de Mount Rushmore en el estado de Dakota del Sur.

Ese icono nacional se localiza en el territorio de la Gran Nación Sioux según el Tratado Sioux de 1868 y el evento fue organizado sin el consentimiento de los pueblos indígenas implicados.

Un grupo de cinco relatores especiales de la ONU en derechos humanos expresó gran preocupación este martes por las imputaciones contra el también presidente del Colectivo indígena NDN, que deberá comparecer ante un tribunal el próximo 18 de diciembre.

Acusaciones

Tilsen es acusado de cuatro delitos graves y tres delitos menores luego de haber bloqueado junto con otras personas una carretera que lleva al lugar de la manifestación celebratoria de la independencia. De ser declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar 17 años de prisión.

En un comunicado conjunto, los expertos señalaron que no pueden prejuzgar el resultado del caso, pero recalcaron su inquietud por el arresto y las imputaciones que se hacen a Tilsen en relación con el ejercicio de sus derechos como indígena, particularmente el derecho de asamblea.

“Llamamos a Estados Unidos a garantizar que se respete el derecho de Tilsen al debido proceso durante el proceso penal y también recordamos al país su obligación de garantizar la igualdad de protección sin discriminación que marca la ley”, apuntaron.

Los relatores enfatizaron su alarma, asimismo, por las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los activistas indígenas por parte de las fuerzas públicas y por los informes de vigilancia e intimidación ejercida por la policía local después de los arrestos.

Sin protección contra el COVID-19

Además, recalcaron que el mitin de Trump, realizado sin el consentimiento de la Gran Nación Sioux, atrajo a unas 7500 personas que no usaban máscaras ni respetaban el distanciamiento físico. Dakota del Sur es uno de los estados más afectados del país por la pandemia de COVID-19.

Los expertos afirmaron que es esencial que las autoridades se esfuercen más por apoyar y proteger a las comunidades indígenas “que han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19”.

“También pedimos a las autoridades que inicien un diálogo con la Gran Nación Sioux para la resolución de las violaciones del Tratado”, concluyeron.

Los firmantes del comunicado son los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la libertad de asamblea pacífica, Clément Nyaletsossi Voule; sobre las formas contemporáneas de racismo, Tendayi Achiume; y sobre los derechos culturales, Karima Bennoune.