Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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El expresidente de Côte d’Ivoire, absuelto de crímenes contra la humanidad  

Fuente: Naciones Unidas

15 de enero, 2019

La Corte Penal Internacional señala que la Fiscalía no presentó “pruebas suficientes”, por lo que ordenó la puesta en libertad de Laurent Gbagbo. Junto con él, fue absuelto Charles Blé Goudé,  jefe de las juventudes que apoyaban a al expresidente durante las revueltas vividas tras las elecciones de 2010. Esta decisión puede ser apelada.

Los hechos se remontan a los sangrientos enfrentamientos en la nación africana después de las elecciones de 2010 en las que el actual presidente Alassane Ouattara derrotó a Gbagbo. Durante las revueltas murieron 3000 personas.

En 2016, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Gbagbo y Blé Goudé de crímenes de guerra al entender que dirigieron “un plan común” para mantener al expresidente en el poder por la fuerza. Entre los crímenes en su contra, figuraban los de asesinato, violación y persecución.

“Después de un examen cuidadoso de las pruebas, la Corte concluye por mayoría que el fiscal no ha demostrado varios elementos esenciales de los presuntos delitos atribuidos, entre estos la existencia de un ‘plan común’ para mantener a Gbagbo en el poder”, se lee en un comunicado hecho público este martes por el tribunal.

De acuerdo con la Fiscalía, ese plan habría incluido “la comisión de delitos contra civiles en aplicación o cumplimiento de una política de Estado”. Pero la Fiscalía, según los magistrados, tampoco demostró la existencia de comportamientos de violencia pertenecientes a una política dirigida contra la población civil.

Ante la falta de pruebas, la Corte absuelve a Gbagbo y Blé Goudé “de todos los cargos de crímenes de lesa humanidadpresuntamente cometidos en Côte d’Ivoire en 2010 y 2011″ y decide su puesta en libertad.

El tribunal, con sede en La Haya, agregó que la orden de puesta en libertad puede ser apelada durante una sesión que tendrá lugar el jueves por la mañana.

La Corte Penal Internacional también explica que la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar que los discursos de ambos hombres “constituyeran la ordenación, incitación o inducción a la comisión de los citados crímenes (…) por lo que no es necesario que la defensa presente más pruebas”.

Dos a favor de la absolución y uno en contra

La decisión fue tomada por dos jueces a favor, Cuno Tarfusser y Geoffrey Henderson, y uno en contra, Herrera Carbuccia.

La Corte recordó que, desde el comienzo del juicio, en enero de 2016, la Fiscalía dispuso de 231 día para exponer sus pruebas, interrogar testigos y solicitar “cientos de mociones, peticiones y decisiones”.

En junio, la Corte, que tiene más de 15 casos abiertos en este momento, incluido uno contra la esposa de Gbagbo, anuló la condena por crímenes de guerra de Jean-Pierre Bemba, vicepresidente de la República Democrática del Congo.

Historia de la creación de la Corte

La Corte Penal Internacional fue establecida por el Estatuto de Roma de 1998 para procesar los crímenes de lesa humanidad, incluidos los de genocidio y los crímenes de guerra.

Las Naciones Unidas reconocieron por primera vez la necesidad de establecer este tribunal internacional en diciembre de 1948 en la resolución 260 de la Asamblea General, que adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Tras invitar a la Comisión de Derecho Internacional a estudiar la “conveniencia y posibilidad” de establecer el tribunal, esta redactó un proyecto de estatuto en 1951, pero su trabajo no se completó hasta 1998.

La Asamblea General convocó entonces la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que se celebró en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, y que aprobó la creación de la Corte.

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Derecho Internacional / International Law

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La CICIG responde a las acusaciones del Gobierno de Guatemala          

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449252

11 de enero, 2019

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

En una carta dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, también conocida por sus siglas como la CIGIG, ha dado respuesta a las acusaciones hechas por representantes del Gobierno de ese país centroamericano contra la labor de este organismo.

“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificaci6n y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición”, se lee en la carta.

Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

Campañas de desprestigio y amenaza

Velásquez, que agradece a Guterres su constante apoyo a la labor de la CICIG y, con ese respaldo, al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, señala que, pese a todo este trabajo de la Comisión, “las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder.

“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecuci6n de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima” se lee en la carta.

Velásquez señala que “la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, pero eso no debe frenar los esfuerzos globales para atacar este flagelo que impide el desarrollo de los países y las democracias”.

Objeción contra la injerencia y los allanamientos

El comisionado adjunta a la carta un documento en el que rebate las alegaciones hechas por el Gobierno de Guatemala para rescindir esta semana el acuerdo por el que se estableció la CICIG, cuyo mandato debía acabar en septiembre.

El documento adjunto responde por ejemplo a las acusaciones sobre la supuesta injerencia de la CICIG en los asuntos internos de Guatemala al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la justicia, argumentando que “el Acuerdo constitutivo de la Comisión incluye expresamente en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.

Otra objeción que se lee en el documento se refiere a la acusación de que la CICIG haya abusado de la fuerza en las diligencias de allanamiento llevadas a cabo en el año 2016 en las oficinas de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). A este respecto, el comisionado recuerda que “de acuerdo con la legislación guatemalteca, los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente y que la CICIG, en su rol de apoyo técnico, acompaña ciertos actos procesales y diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante, entre ellas los allanamientos.

El documento consta de diez páginas en las que responden en detalle a una docena de acusaciones del Gobierno que preside Jimmy Morales contra la CICIG.

Derechos Humanos / Human Rights

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Muchos Estados aún no garantizan los derechos fundamentales de los niños

Fuente: Naciones Unidas

14 de enero, 2019

Hace 30 años entró en vigor un instrumento internacional para proteger los derechos de los niños; sin embargo, todavía hay muchos Estados que no garantizan el desarrollo y supervivencia de los menores, que ignoran sus voces y que los consideran meros receptores de cuidados, a menudo insuficientes para su bienestar, advirtió la máxima funcionaria de la ONU en materia de derechos humanos.

Al inaugurar este lunes en Ginebra la 80ª sesión del Comité de los Derechos del Niño, Michelle Bachelet señaló que a pesar de que en las últimas tres décadas se han registrado avances significativos y prácticamente todos los países han aprobado leyes para proteger las garantías de los niños, millones de ellos no gozan de sus garantías básicas.

“No todos los Estados parte aseguran a cabalidad la supervivencia y el desarrollo de todos los niños en todas partes. En general, los niños son vistos como receptores pasivos de cuidados y sus voces son desatendidas o ignoradas”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado de garantías fundamentales que más ratificaciones ha recibido históricamente y su adopción ha dado lugar a la creación de programas educativos, de nutrición y salud que han mejorado la situación de los menores en el mundo.

Además, hace tres años los Estados refrendaron su compromiso con la niñez y le prometieron un mejor futuro.

Avance insuficiente

Pero esas declaraciones son insuficientes y el mundo aún dista del progreso que hace falta para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Alta Comisionada recordó que UNICEF estima que 60 millones de menores de 5 años morirán entre 2017 y 2030 por causas prevenibles y que, en 2016, 155 millones sufrieron atrofia del desarrollo o desnutrición crónica.

“Los niños son especialmente vulnerables a la trata y la esclavitud, incluyendo las peores formas de trabajo forzado, esclavitud doméstica, esclavitud sexual y matrimonio forzado”, subrayó Bachelet.

Agregó que los niños migrantes o desplazados, un colectivo en aumento, afrontan un alto riesgo de sufrir esas atrocidades.

Cifras calamitosas

Entre otros datos alarmantes, Bachelet destacó los 5,5 millones de menores víctimas de trabajo forzado y el hecho de que un tercio de las víctimas de trata sean niños. En esta categoría las niñas duplican el número de niños sometidos explotación sexual. Millones de niñas, además, se convierten madres cada año, perpetuando así el ciclo de pobreza.

“Estos números son una calamidad. Cada uno de ellos representa a un individuo cuyas esperanzas y sueños han sido destruidos. Por desgracia, aún queda mucho por hacer antes de que cumplamos con los cuatro principios de la Convención: la no discriminación; lo mejor para su bienestar; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a ser escuchado”, puntualizó.

En este contexto, abogó por dar un mayor énfasis al cumplimiento de los pilares y objetivos de ese instrumento y confió en que la discusión anual del Comité impulse el bienestar de la infancia mundial.

“Hoy, los niños y jóvenes enfrentan desafíos enormes relacionados con los conflictos, el cambio climático, la inestabilidad económica, el desplazamiento, la reducción de los espacios participativos, la globalización y los cambiantes mercados laborales. Se trata de la misma gente joven que es fuente de ideas, innovación y soluciones. Darles facultades, respetar su dignidad y garantizar sus derechos nos beneficia a todos”, concluyó Bachelet.

El Comité de los Derechos del Niño terminará su sesión el 1º de febrero y revisará los informes de Bahrein, Bélgica, Guinea, Italia, Japón y Siria.

Trabajo infantil

Un ejemplo de la situación descrita por Bachelet es el trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo indicó recientemente que existiéan en el mundo unos 152 millones de niños y niñas trabajadoras en 2018. Para aliviar esta situación en Madagascar, esta Organización ha puesto en marcha un programa que ayuda a los niños trabajadores a mejorar su situación y a acceder a la capacitación, como se muestra en este vídeo.

Derechos Humanos / Human Rights

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México: ONU llama a aplicar la Ley en Materia de Desapariciones Forzadas

Fuente: Naciones Unidas

16 de enero, 2019

 La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este miércoles al Gobierno de la nación norteamericana la puesta en práctica de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza”, apunta el comunicado emitido por esa Oficina.

Tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor de esa legislación, el representante en México, Jan Jarab, calificó como “mínimos” los progresos llevados a cabo en búsquedas e investigaciones, denunció “los retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia ley marca”, y lamentó  que las desapariciones forzadas continúen.

Pese a dar fe de los progresos en el establecimiento de las instituciones previstas en la ley, tanto a nivel federal como en algunos estados, destacó las limitaciones de su eficacia.

“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, agregó Jarab.

Igualmente, recordó que el Estado mexicano ha de responder por las decenas de miles de desapariciones ocurridas desde el año 2007 en el marco del combate al crimen organizado.

El representante señaló la necesidad de instaurar “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de los civiles e impidan la continuidad de las desapariciones.

Además, recordó que se deben añadir todas las desapariciones cometidas en el periodo de la “Guerra sucia en México”, que se remonta desde mediados de los años sesenta hasta inicios de los ochenta.

Derechos Humanos / Human Rights

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México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Fuente: Corte IDH  

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México1 , la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 20062. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estadual del estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco Lechería para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

 En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En sus consideraciones, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

Asimismo, la Corte determinó que: las (i) once mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; (ii) siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o algún objeto, y (iii) todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes policiales. Además, la Corte encontró (i) que las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, (ii) que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y (iii) que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, constituyeron además discriminación por razones de género.

Por otra parte, el Tribunal concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

En relación con las investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas, se limitaron a la participación de agentes estaduales, cuando existían indicios de la participación de agentes federales, y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto. Finalmente, el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

Como consecuencia de estas violaciones la Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

 La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Vio Grossi, Presidente en ejercicio (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia es responsable por ejecuciones extrajudiciales en departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre años 1992 y 1997

Fuente: Corte IDH

 21 de diciembre del 2018

En la Sentencia notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Colombia responsable por la muerte de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge ocurridas en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 19971 . El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 Los hechos del caso se relacionan con ejecuciones extrajudiciales de integrantes de la población civil, llevadas a cabo por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado colombiano, específicamente en la década de los años 1990.

En el trámite del caso ante la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por determinadas acciones y omisiones relacionadas con las ejecuciones de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Estado no reconoció su responsabilidad por todos los hechos, y en particular se negó a reconocer su responsabilidad por las violaciones a diversos derechos que habrían tenido lugar como consecuencia de la muerte de Carlos Arturo Uva Velandia.

 En el caso concreto se constató que Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge fueron ejecutados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas siguiendo el modus operandi de lo que después se conoció como los “falsos positivos”, entre los años 1995 y 1997 en tres departamentos del país, a saber Arauca, Santander y Casanare.

 Por otra parte, con respecto al caso de Carlos Arturo Uva Velandia, quien fue víctima de un homicidio cometido por un soldado que se encontraba fuera de servicio, en la noche del 20 de junio de 1992, en el municipio de Hato Corozal, la Corte encontró que el Estado había violado sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en tanto éste fue víctima de un hecho perpetrado por una persona facultada para ejercer atribuciones del poder público que pudo razonablemente ser percibido como alguien que ejecutaba esas acciones en nombre del Estado.

Por último, la Corte estableció que, como consecuencia directa de los hechos del caso, los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación al Estado, entre otras, publicar la Sentencia; que continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas; y pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Eduardo Vio Grossi (Chile), Vicepresidente; Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

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Chile es responsable por no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad

Fuente: Corte IDH

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de las decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal “forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991”; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido “diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia”. Manifestó que el Estado reconoce “su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial” en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de verdad. Reconoció que “la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación” y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste “constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la Sentencia.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.