Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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Michigan: state-affiliated adoption agencies must allow LGBT couples to adopt            

Source: Jurist

March 22, 2019

-United States-

As part of a settlement, Michigan agreed Friday that state-contracted adoption agencies must follow non-discrimination requirements and allow LGBT couples to adopt or foster children. 

The case was brought in September 2017 by two same-sex couples who wished to adopt against the state of Michigan and St. Vincent Catholic Charities (an intervenor defendant). “The American Civil Liberties Union filed the lawsuit on behalf of the couples, arguing that the state of Michigan was violating the Constitution by permitting agencies to use religious criteria to exclude prospective foster and adoptive families.”

Kristy and Dana Dumont, two of the plaintiffs, told the ACLU, “We are so happy that for same-sex couples in Michigan who are interested in fostering or adopting, opening their hearts and homes to a child no longer comes with the risk of being subjected to the discrimination we experienced.”

However, the ACLU noted that Tennessee and Arkansas are working to pass bills that would allow state-funded agencies to exclude LGBT couples from adopting or fostering. In May 2017 Alabama passed a law permitting adoption agencies to exclude same-sex couples under a religious exemption. Texas passed a similar law the following June.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Kenya appeals court rules LGBT group can register as NGO       

Source: Jurist

March 22, 2019

 A Kenyan Court of Appeal on Friday denied an appeal of the Non-Governmental Organizations (NGO) Coordination Board that sought to deny an LGBT group’s registration.

In 2015 the High Court ruled that the group, the National Gay and Lesbian Human Rights Commission(NGLHRC), could register with Kenya’s NGO board with the words “gay” and “lesbian” in its name, but the Coordination board appealed this decision, arguing the organization was “unacceptable,” and that it could not register it because Kenya’s penal code “criminalizes gay and lesbian liaisons.”

Three judges out of five on the Court of Appeal in Mombasa ruled in favor of the organization. Judge Philip Waki said that the penal code does not criminalize the LGBT’s ability to form a group and that they have a constitutional right to freedom of association.

According to a tweet from NGLHRC, three judges dismissed the appeal and agreed with the lower court’s ruling that “ALL, including LGBT persons, should be allowed to form an organization and that what is criminalized is the act (in the penal code) and not the person, the Kenyan.”

The ruling comes exactly one year to the date since a Kenyan court ruled against a law that required Kenyans to undergo forced anal examinations when suspected of same-sex relations. The organization remains in a legal battle concerning homosexual acts currently punishable under Kenya’s penal code, a decision set for May 24 this year.

Derechos Humanos / Human Rights

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La SCJN avala la prohibición absoluta del matrimonio infantil 

Fuente: El Informador México

26 de marzo, 2019

-México-

Por unanimidad de diez votos a favor, ministros validaron la tarde de este martes la eliminación de las dispensas del Código Civil que permitían la unión entre menores de edad en casos graves y justificados, en Aguascalientes, realizada por legisladores de esa entidad.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2016, que interpuso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, contra la prohibición absoluta del matrimonio infantil, el pleno del máximo tribunal de justicia determinó que las reformas son constitucionales y contribuyen a la protección de los derechos de la niñez.

Los ministros coincidieron en que el matrimonio infantil es una práctica que afecta el desarrollo a la libre personalidad, a la educación, salud, libertad y autonomía de los adolescentes.

México es el octavo país donde menores de 18 años son casados, por lo mismo se busca cambiar este problema desde la ley

“No debe perderse de vista, que con esta prohibición absoluta se busca erradicar el matrimonio infantil, precoz e incluso, forzado. Como está ampliamente documentado, tales matrimonios ponen en riesgo el ejercicio de los derechos de las niñas, como el derecho a la educación, salud, vida, libertad, y autonomía”, argumentó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Expuso además que una prohibición absoluta a los menores de 18 años para contraer matrimonio, “elimina el margen de error en el que podrían incurrir los jueces al momento de otorgar dispensas, máxime, cuando no debe perderse de vista que actúan en un contexto social, cultural determinado, en el que podría dificultarse que resolvieran con perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la infancia”.

La ministra Norma Lucía Piña señaló que el matrimonio infantil es una práctica de efectos “inhibitorios” en el ejercicio de derechos fundamentales de los menores de edad.

Senado avala prohibir el matrimonio infantil

De manera unánime, la Cámara Alta aprobó el dictamen presentado por la panista Josefina

“El compromiso del Estado mexicano, frente al matrimonio infantil, es de prevención y de erradicación”, afirmó.

El ministro Franco González Salas afirmó que la fijación de un límite mínimo de edad para ejercer el derecho a contraer matrimonio, sin la posibilidad de dispensa alguna, “no constituye una restricción o modalidad definitiva al derecho que tienen para decidir formar una familia”.

Derechos Humanos / Human Rights

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Italia tendrá que compensar a una mujer obligada a implantarse un embrión 

Fuente: Naciones Unidas

27 de marzo, 2019

Un comité de la ONU ha respaldado la demanda de una pareja italiana después de que la mujer fuera obligada a quedar embarazada con un embrión poco viable tras un tratamiento de fertilidad. El embarazo terminó en un aborto espontáneo. Los expertos defienden el derecho de las mujeres a tomar decisiones “libres y responsables” sobre su propio cuerpo.

Un comité de derechos humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes, ha dado la razón a una pareja italiana que denunció al Gobierno de su país por obligar a la mujer a quedar embarazada después de haberse sometido a un tratamiento de fertilidad.

El caso se remonta a 2009. La pareja seguía un tratamiento de fertilidad in vitro y la clínica produjo un embrión que tenía pocas posibilidades de éxito. Temiendo sufrir un aborto espontáneo, la mujer pidió que no se le implantara. Sin embargo, la clínica le informó de que, por ley, no podía negarse y que la demandaría judicialmente si lo hacía

Ante la amenaza judicial, la mujer se vio obligada a aceptar el implante y finalmente acabó teniendo el aborto que temía.

Las cortes italianas se negaron a escuchar su caso y la pareja lo llevó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que puede recibir quejas de personas que han agotado las vías legales en su país.

En su decisión el Comité dice que Italia violó el derecho a la salud y la integridad física de la mujer. Además, pide al Estado europeo que compense a las víctimas, que asegure que tienen acceso a tratamientos de fertilización in vitro sin miedo a una intervención médica forzada y que tomen medidas para garantizar el derecho de las mujeres a elegir libremente y retirar su consentimiento a transferirle un embrión.

Libertades y derechos de la salud sexual

En una guía legal para los Estados, de 2016, el comité estableció que “el derecho a la salud sexual y reproductiva conlleva una serie de libertades y derechos” que incluyen el de tomar decisiones “libres y responsables”, sin violencia, coerción o discriminación, sobre asuntos que conciernen el propio cuerpo y la salud.

En este caso, la ley italiana restringe el derecho de la mujer que se somete a un tratamiento de fertilidad a restirar su consentimiento, lo que lleva a posibles intervenciones médicas forzosas o incluso a embarazos no deseados. Las posibles consecuencias para las mujeres “son extremadamente graves”, dice el Comité y constituyen una “violación directa a su derecho a la salud y la integridad física”, a recibir el mejor cuidado médico disponible y a la igualdad de género.

Los Estados que, como Italia, han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales están obligados por ley a acatar las decisiones del Comité. Italia tiene ahora seis meses para explicar cómo están respondiendo a esta decisión.

Derechos Humanos / Human Rights

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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución sobre Nicaragua  

Fuente: Panorama RIDH

22 de marzo, 2019

Once meses después del inicio de las protestas ciudadanas en Nicaragua, y luego de incontables denuncias y testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que manifiesta su preocupación por la situación y pide acciones concretas del Estado y de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

En esta resolución adoptada hoy con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, el Consejo también deploró las restricciones a la libertad de prensa y de manifestación pacífica y lamentó la falta de garantías para los defensores de derechos humanos.

En julio de 2018, unas 50 ONG locales, regionales e internacionales pidieron al Consejo celebrar una sesión extraordinariapara discutir la situación en Nicaragua y tomar medidas para prevenir su deterioro. Aunque este llamado no prosperó, sí dejó de manifiesto que algunos miembros del Consejo compartían preocupaciones con la sociedad civil, por lo que había un espacio para continuar trabajando juntos.

A partir de entonces, varias de estas organizaciones mantuvieron un cabildeo constante frente a las misiones diplomáticas en Ginebra y fueron sumando apoyos hasta que, el 29 de enero pasado, más de 200 ONG pidieron al Consejo adoptar una resolución que incluyera en sus términos los puntos de la que hoy fue aprobada. Poco tiempo después, varios Estados latinoamericanos lideraron el proceso de negociación que llevó a la adopción del texto final.

¿De qué se trata la resolución?

En virtud de esta resolución, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) deberá elaborar un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que será presentado al Consejo en su sesión de septiembre y será discutido con los Estados miembros y con representantes de la sociedad civil. Adicionalmente, la ACNUDH informará oralmente al Consejo acerca de la evolución de la situación en sus sesiones de junio próximo y marzo de 2020.

Además de lo anterior, con el texto adoptado hoy el Consejo instó a Nicaragua a cesar cualquier tipo de violación de los derechos humanos, liberar a las personas privadas de la libertad arbitrariamente y a llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones pasadas.

Adicionalmente, el órgano intergubernamental de la ONU pidió a las autoridades cooperar con el sistema interamericano de derechos humanos y con la ACNUDH, los expertos del Consejo y los órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas.

Posiciones de los Estados

Al presentar la resolución ante el Consejo, Argentina, que tomó la palabra en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, manifestó que el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados no puede servir como excusa para que se violen los derechos humanos y dijo esperar que el anuncio de la reanudación de los diálogos conduzca a un proceso creíble, incluyente y transparente que permita encontrar una solución a la crisis.

Durante la discusión también intervinieron Bulgaria, en nombre de la Unión Europea, Islandia, Ucrania, Reino Unido, República Checa y Uruguay, quienes manifestaron su apoyo a la resolución.

Nicaragua, por su parte, rechazó la iniciativa por considerar que no refleja la realidad del país ni la voluntad expresada por el Gobierno de avanzar en el diálogo, la reconciliación y la paz. De igual manera, expuso los resultados ya alcanzados en el proceso de diálogo, y mencionó específicamente la decisión, tomada ayer, de liberar en un plazo de noventa días a las personas privadas de la libertad por hechos relacionados con las protestas que empezaron en abril de 2018.

En contra de la resolución se expresaron Cuba y Egipto. China, por su parte, anunció que se abstendría de votar. Al final, entre los 23 votos a favor que logró la resolución estuvieron los de siete de los ocho miembros latinoamericanos del Consejo de Derechos Humanos. El único del grupo que votó en contra fue Cuba.

En este enlace está disponible el texto completo de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”.

Derechos Humanos / Human Rights

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La Junta Electoral Central se pronuncia sobre el derecho de sufragio de las personas con discapacidad

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de marzo, 2019

-España-

 Con la entrada en vigor el pasado 7 de diciembre de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, que reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de las personas con discapacidad, quedaron eliminados los dos supuestos de incapacidad electoral de naturaleza civil que hasta entonces preveía la LOREG.

El derecho de sufragio de las personas con discapacidad

La reforma consistió en la supresión de las letras b) y c) del artículo 3.1 de la LOREG, conforme a las cuales carecían del derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declarase expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio, así como los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que durara su internamiento, siempre que en la autorización el Juez declarase expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

La Ley Orgánica 2/2018 también modificó el artículo 3.2 de la LOREG, que ahora establece que toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera, e introdujo asimismo una nueva disposición adicional 8ª en la LOREG que deja sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas en las letras b) y c) delartículo 3.1 de la norma, ahora suprimidas, y proclama que las personas a las que se les hubierelimitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley.

Voto consciente, libre y voluntario

La Junta Electoral Central considera, sin embargo, que la nueva redacción del artículo 3.2 de la LOREG, en la que se señala que el derecho de sufragio activo debe ejercerse «consciente, libre y voluntariamente», así como la referencia a las formas de comunicar el ejercicio de este derecho y los medios de apoyo que se requieran, suscitan problemas interpretativos que no han quedado resueltos por el legislador.

En consecuencia, mediante Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, publicada en el BOE de 13 de marzo, acuerda, en primer lugar, que la Oficina del Censo Electoral incorpore a dicho censo a todas aquellas personas que hubieren sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho de sufragio activo.

Además dispone que las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su DNI o, en su caso, por el documento identificativo que aporte.

Las personas con discapacidad que deseen ejercer su derecho de sufragio por correspondencia, si se encuentran en una situación en que por enfermedad o por su incapacidad no puedan realizar la formulación personal del voto, deberán seguir lo dispuesto en el artículo 72 c) de la LOREG y en la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de febrero de 1992.

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North Carolina sued over transgender discrimination in state employee health care   

Fuente: Jurist

March 11, 2019

-United States-

Lambda Legal and the Transgender Legal Defense & Education Fund (TLDEF) filed a lawsuit Monday on behalf of current and former North Carolina state employees, alleging discrimination against transgender persons enrolled in health care coverage.

The plaintiffs argue that because treatment of gender dysphoria is categorically excluded from the health care coverage, the defendants “deny equal compensation for equal work.”

TLDEF alleges harm suffered by the plaintiffs due to the categorical exclusion of coverage for medically necessary gender-conforming heath care. This harm includes the costs that plaintiffs have incurred to pay for the health care out-of-pocket, while other plaintiffs have had to forego the health care.

The complaint claims that:

[T]he North Carolina State Health Plan for Teachers and State Employees’s targeted discrimination against transgender enrollees, [] wrongly deems their health care needs as unworthy of equal coverage.

The lawsuit brings these claims on the basis of violation of the Equal Protection Clause of the Fourteenth AmendmentTitle IX of the Education Amendments of 1972 and Section 1557 of the Affordable Care Act.