Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

 En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) declaró que el Estado de Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

De acuerdo a lo declarado por Juan Arrom y Anuncio Martí, el 17 de enero de 2002 a las 22:00 horas habrían sido detenidos por hombres armados vestidos de civiles, quienes los habrían golpeado, asfixiado e interrogado sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón y la organización Patria Libre. Los señores Arrom y Martí habrían permanecido detenidos hasta el 30 de enero de 2002, cuando fueron encontrados en una casa en Villa Elisa. Tras su liberación, Juan Arrom y Anuncio Martí identificaron como sus captores a diversos agentes estatales.

El Estado tomó conocimiento de la alegada desaparición a través de los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las presuntas víctimas los días 19 y 23 de enero de 2002. Los jueces que conocieron los recursos libraron oficios al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informaran si Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí se encontraban detenidos, lo cual fue negado por dichas instituciones. En consecuencia, el Juzgado resolvió no haber lugar a los hábeas corpus solicitados. Paralelamente se realizó una investigación penal por la alegada desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, en la cual se realizaron múltiples diligencias tendientes a indagar lo sucedido. Después de esta investigación se dictó el sobreseimiento definitivo de los imputados y se desestimaron las querellas presentadas, lo cual fue confirmado el 24 de marzo de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana concluyó que los indicios presentados ante ella fueron insuficientes para concluir que los señores Arrom y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos. Igualmente, la Corte concluyó que Paraguay no incumplió con su su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la presunta desaparición de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez y no era internacionalmente responsable por la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte señaló que no fue posible determinar que las presuntas omisiones en la investigación, señaladas por los representantes y la Comisión, resultaran suficientes para configurar la responsabilidad internacional del Estado.

Por último, la Corte también concluyó que Paraguay no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, pues esta violación tenía como único fundamento la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada los señores Arrom y Martí, o por la aducida falta de investigación adecuada de los hechos, la cual fue desvirtuada por el Tribunal. Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.

**** La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni se excusó de participar en el presente caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte y 21 de su Reglamento, lo cual fue aceptado por el Presidente mediante resolución de 16 de enero de 2019

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Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por aplicación de pena de muerte en violación del derecho a la vida y del principio de legalidad, así como por violación de las garantías judiciales           

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por la privación de la vida, así como por la violación del principio de legalidad y de las garantías judiciales en perjuicio de Manuel Martínez Coronado. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 El señor Martínez Coronado y un coimputado fueron acusados de cometer un delito de asesinato de siete personas ocurrido el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En el proceso penal el señor Martínez Coronado y su coimputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio por el Estado. El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados culpables de los siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez Coronado a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El tribunal interno, para fundar la responsabilidad del señor Martínez Coronado, aplicó el elemento de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, entonces vigente, el cual imponía la pena capital “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.

La Corte resaltó que el artículo 4 de la Convención Americana establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, que revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. El Tribunal recalcó que en esta materia la Convención Americana apunta hacia una progresiva eliminación al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión total.

Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal consideró que el Estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida), ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ello debido a la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y la posterior aplicación al señor Martínez de pena de muerte que establece dicha disposición.

Por otro lado, la Corte notó que en el presente caso existían elementos de contradicción relevantes entre las declaraciones del señor Martínez Coronado y su coimputado, las cuales recaían sobre aspectos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado. Sobre este particular, el Tribunal indicó que las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por dicha defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

 En consecuencia, la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez incumplió el deber de brindar las garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa, todo ello en contravención de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 *** La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

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Bachelet pide a El Salvador que se abstenga de amnistías         

Fuente: Naciones Unidas

23 de mayo, 2019

Un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes perpetrados durante el conflicto armado, y reemplazarlas con servicios comunitarios. Para Michelle Bachelet, esto beneficia de forma indebida a los responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad. 

El Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa del El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podría traducirse en una amnistía de facto,advirtió la Alta Comisionada para los Derechos Humanos

Michelle Bachelet aseguró en un comunicado que “tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”.  

El anteproyecto de ley presentado recientemente toma como base principal el trabajo de una Comisión que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las víctimas durante su formación.  

Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas.

Esta Comisión se conformó en respuesta a una sentencia de la Corte Suprema, que en julio de 2016, declaró como inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de 1993 y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.  

“Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora, y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado”, dijo Bachelet. 

El proyecto de ley presentado busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes cometidos durante el conflicto y reemplazar los castigos con servicios comunitarios. 

Disposiciones preocupantes 

Recientemente el relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición aseguró en otro comunicado que las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros.  

Además, la impunidad en relación con estos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país. 

Según la Oficina de la Alta Comisionada, el anteproyecto contiene otras disposiciones preocupantes. Entre ellas, permite atribuir la responsabilidad penal solamente a quienes participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que ordenaron las atrocidades. 

Las víctimas deben participar 

Michelle Bachelet saludó el hecho de que la Sub-Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa haya recibido a representantes de organizaciones de sociedad civil integradas en la Mesa contra la Impunidad.  

La propuesta alternativa de esta Mesa – la Ley de Reparación Integral y Acceso a la Justicia – intenta recoger la visión de las víctimas y está en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

“Espero que estos insumos, así como los otros que podrían llegar de un proceso amplio de consulta a nivel central, local y comunitario, puedan orientar a las y los diputados, evitando disposiciones que contravienen el derecho internacional o que puedan menoscabar la búsqueda incesante de justicia de las personas que todavía hoy sufren las secuelas de las atrocidades vividas durante el conflicto”, aseguró la Alta Comisionada. 

Bachelet instó a las instituciones competentes a reflexionar profundamente sobre los importantes progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como condiciones para la reconciliación nacional.  

“Mi Oficina reitera su ofrecimiento de proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para este fin”, concluyó. 

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La ONU pide eliminar las leyes discriminatorias contra las personas LGTBI        

Fuente: Naciones Unidas

17 de mayo, 2019

-Naciones Unidas-

Más de 65 países criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La Organización Mundial de la Salud se unió al llamado, que coincide con el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Por su parte, otros dirigentes de la ONU enviaron un mensaje a su personal para celebrar la diversidad y reiterar el compromiso de construir un ambiente de trabajo libre del acoso y la discriminación.

ONUSIDA, la agencia de la ONU encargada de luchar contra la propagación del VIH/sida, ha pedido a los países que tienen leyes discriminatorias contra las personas que componen la comunidad LGTBI (las lesbianas, los gais, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales) que las eliminen de sus legislaciones.

El estigma hacia  grupos como personas que se inyectan drogas y los presos, se ve reforzado por las leyes penales. Todo esto  alimenta la violencia, la explotación y un clima de temor, que dificultan los esfuerzos para hacer que los servicios de VIH estén disponibles para quienes los necesitan.

“Todos tenemos la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar leyes que protejan a las personas contra la discriminación”, dijo Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la citada agencia.  “Para terminar con la epidemia de SIDA, las personas necesitan estar protegidas de cualquier daño. Necesitamos justicia e igualdad para todos”.

Esta petición coincide con la conmemoración, este 17 de mayo, del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia*, que este año tiene por lema Justicia y protección para todos.

Más de 65 países criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incluyendo al menos ocho que imponen la pena de muerte.

A más estigmatización, mayor riesgo

Los  hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres tienen aproximadamente 28 veces más probabilidades de contraer el VIH que la población general y son mucho menos propensos a acceder a los servicios de diagnóstico y tratamiento del virus. En 2017, este grupo de población representó el 18% de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo.

“Es de vital importancia que creemos un mundo donde todas las personas puedan acceder a los servicios sociales y de salud que necesitan sin la amenaza de la violencia y la discriminación. La cobertura universal de salud significa llegar a todas las personas: las minorías sexuales y de género tienen el mismo derecho a la salud que todos los demás”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.Las personas transgénero, que representan aproximadamente entre el 0,1 y el 1.1% de la población mundial, a menudo enfrentan el estigma, la discriminación y el rechazo social en sus hogares y comunidades.

La discriminación, la violencia y la criminalización evitan que accedan a los servicios de VIH que necesitan para mantenerse saludables. Se estima que las mujeres transgénero tienen 13 veces más probabilidades de contraer el VIH que otros adultos en edad reproductiva y que el 16,5% de las mujeres transgénero viven con el VIH.

“La justicia y la protección de todos es fundamental para impulsar el avance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus Objetivos. La promulgación y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias, la derogación de leyes punitivas y el acceso a la justicia universal son fundamentales para cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás“, dijo por su parte Achim Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ONUSIDA se une al Secretario General de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su petición de despenalizar las leyes que discriminan a las personas LGBTI y proteger de la violencia y la discriminación y tengan pleno acceso a la salud y otros servicios sociales.

Por su parte, los responsables de varios Departamentos de la ONU, como el de Asuntos Políticos y de la Paz, enviaron un mensaje a su personal para celebrar la diversidad y reiterar el compromiso de construir un ambiente de trabajo libre del acoso y la discriminación.

*No es un día oficial de las Naciones Unidas.

Derechos Humanos / Human Rights

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Expertos de la ONU llaman a México a rechazar públicamente la práctica de la tortura

Fuente: Panorama RIDH

Fuente: Panorama RIDH

 17 de mayo, 2019

El grupo de expertos recibió información de mecanismos internacionales y de ONG según la cual hay una «muy alta incidencia» de la tortura por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura” y a “anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley y estará sujeto a enjuiciamiento penal y las sanciones apropiadas”.

Este grupo de diez expertos internacionales examinó la situación en México los pasados 25 y 26 de abril y este viernes publicó las recomendaciones que le formuló para que cumpla las disposiciones de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, un instrumento jurídico internacional ratificado por el Estado en 1986.

Durante su examen, la delegación mexicana aseguró que no es una política de Estado y negó que sea una práctica generalizada.

Sin embargo, el Comité destacó que, según mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la situación es extremadamente grave: los expertos recibieron informes en los que se documenta “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

El Comité llamó a las autoridades a terminar de elaborar y adoptar un Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, tal como está contemplado en la Ley General contra la Tortura. Este programa, dijeron los expertos, deberá contar con recursos financieros suficientes para su correcto funcionamiento y garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura o en el acompañamiento a las víctimas.

Salvaguardias para las personas privadas de la libertad

Este órgano especializado de la ONU recomendó a México asegurarse de que todas las personas detenidas “gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el principio de su privación de la libertad de conformidad con las normas internacionales”.

De manera particular, el Comité pidió a las autoridades garantizar a los detenidos la asistencia legal oportuna, y, de ser necesario, gratuita, tener acceso a un médico independiente, recibir información del porqué de su detención, informar a la familia de la detención, poder impugnar su legalidad y ser llevado ante un juez sin demora.

Confesiones obtenidas bajo tortura

Adicionalmente, México deberá adoptar todas las medidas necesarias para “asegurar en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura” y garantizar que todas las denuncias en este sentido sean investigadas de inmediato. Así mismo, deberá velar por que, en estos casos, la carga de la prueba recaiga en el Estado y no en la víctima.

En complemento de estas medidas, el Estado debe proveer formación técnica a jueces y fiscales “a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular fortalecer su capacidad institucional permitiéndoles desestimar las declaraciones obtenidas bajo tortura”.  

Adicionalmente, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales deberán recibir cursos obligatorios “en los que se ponga de relieve la relación entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura”.

México tiene un año de plazo para informar al Comité qué ha hecho para cumplir con las recomendaciones relativas al rechazo público de la práctica de la tortura, la puesta en marcha del Programa Nacional y la garantía de las salvaguardias para las personas privadas de la libertad. Posteriormente, en mayo de 2023, el Estado volverá a ser examinado por el Comité contra la Tortura.

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Alabama governor signs near total abortion ban            

Source: Jurist

May 16, 2019

-United States-

Alabama Governor Kay Ivey signed a controversial bill Wednesday that bans nearly all abortions in the state, including in cases of incest and rape.

The Alabama Human Life Protection Act is one the most restrictive anti-abortion laws since Roe v. Wadelegalized the procedure nationwide in 1973. The act bans performing abortions in the state and imposes criminal penalties of up to 99 years in prison on doctors who perform an abortion. In addition, the Act goes further than most other recent abortion bans, with no exceptions to the ban except when the mother’s life is threatened by the pregnancy, including banning abortions when the fetus is conceived from rape or incest. These “carve out” exceptions to abortion laws are widely popular even among people who are otherwise anti-abortion, with a 2018 Gallup poll showing 77% of Americans favor allowing abortions in cases of rape or incest. The bill passed through Alabama’s Republican dominated House of Representatives and Senate with overwhelming majorities.

In a statement issued following her signing of the bill, Ivey described the act as “unenforceable” and directly contrary to the precedent set by Roe v. Wade. Echoing the sponsors of the bill, she stated that the purpose in passing such a restrictive law was to force the federal courts to weigh in on the legality of abortion and “for the U.S. Supreme Court to revisit this important matter” in the hope that they will overturn Roe.

The American Civil Liberties Union has already committed to bringing a lawsuit to block the law’s implementation.

Since the confirmation of Justice Brett Kavanaugh to the Supreme Court last year, numerous states have raced to implement restrictive abortion laws with the hope that the new conservative majority on the court will overturn Roe. GeorgiaTennesseeOhio and Kentucky have all recently passed “fetal heartbeat” bills that bans abortions later than six weeks into the pregnancy, while Texas and North Carolina have implemented “born alive” bills.

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El Tribunal de la UE avala la normativa sobre devolución de refugiados             

Fuente: El Economista España

14 de mayo, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala las disposiciones de la normativa europea sobre los refugiados relativas a la revocación y a la denegación de la concesión del estatuto de refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado miembro de acogida. En una sentencia dictada hoy, destaca que la revocación y la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no tienen por efecto privar a una persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen ni de la condición de refugiado ni de los derechos que la Convención de Ginebra asociados a dicha condición.

El fallo reconoce que mientras un nacional de un país no miembro de la UE o un apátrida tenga temores fundados a ser perseguido en su país de origen o de residencia, esa persona debe tener la consideración de refugiado en el sentido de la Directiva y de la Convención de Ginebra, con independencia de que se le haya concedido o no formalmente el estatuto de refugiado. Sin embargo, precisa que “el estatuto de refugiado aparece definido en la normativa europea como el reconocimiento por un Estado miembro de la condición de refugiado y que este acto de reconocimiento tiene carácter puramente declaratorio, no constitutivo, de dicha condición”.

Por ello, entiende que la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas debe interpretarse y aplicarse dentro del respeto de los derechos garantizados por la Carta, que excluyen la posibilidad de proceder a una devolución a un país de estas características.

El magistrado Von Danwitz, ponente del fallo, considera que en la medida en que, con la finalidad de garantizar la protección de la seguridad y de la comunidad del Estado miembro de acogida, la Directiva prevé la posibilidad de que éste revoque o deniegue la concesión del estatuto de refugiado, mientras que la Convención de Ginebra permite, por los mismos motivos, devolver a un refugiado a un Estado donde peligre su vida o su libertad, el Derecho de la UE concede a los refugiados de que se trata una protección internacional más amplia que la garantizada por la Convención.

El Tribunal estima que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión no tienen por efecto que la persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen pierda la condición de refugiado. En consecuencia, aunque esa persona no pueda disfrutar o deje de disfrutar del conjunto de derechos y prestaciones que la Directiva reserva a los titulares del estatuto de refugiado, disfruta o sigue disfrutando de los derechos de la Convención de Ginebra.