Derechos humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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El Salvador se suma a la iniciativa para atender la ola migratoria en Centroamérica    

Fuente: Naciones Unidas

26 de julio, 2019

El nuevo Gobierno salvadoreño anunció que se unirá al plan regional de protección a las personas que se ven obligadas a migrar en América Central. La Agencia de la ONU para los Refugiados encomió esta decisión y reiteró su compromiso de asistir al país en el proceso.

El Salvador se ha convertido en el séptimo país en adherirse a la iniciativa que une a actores nacionales y regionales para ayudar a las personas desplazadas y a las comunidades que las acogen.

El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones atiende las necesidades de migrantes y anfitriones en ámbitos como la seguridad, la salud, los medios de vida y la educación, como lo estipula el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acogió con beneplácito la decisión del nuevo Gobierno de El Salvador, recordando que ese país ocupa el sexto lugar mundial como origen de ciudadanos buscando asilo.

“Al unirse a esta iniciativa, conocida como MIRPS, El Salvador está dando un paso importante en materia de asistencia y protección a las personas desplazadas forzadamente”, apuntó ACNUR en un comunicado emitido este viernes.

Los otros países que forman parte de este Marco Integral son México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

Realidad de violencia

El Salvador vive una realidad de violencia debida principalmente a las pandillas que matan, violan, extorsionan y acosan a la población, obligándola a huir en busca de seguridad. Los datos de ACNUR indican que 46.800 salvadoreños solicitaron asilo en otros países en 2018, y que al menos 71.500 se desplazaron a otros puntos del territorio nacional.

El representante regional de esta agencia para América Central y Cuba recordó el caso del migrante Óscar Martínez, ahogado con su hija Valeria de 23 meses cuando trataba de cruzar el río Bravo, y cuya fotografía llamó la atención mundial sobre la tragedia que acecha a miles de migrantes en su rumbo al norte.

“El presidente Nayib Bukele [de El Salvador] ha dicho claramente que su objetivo es hacer de su país un lugar más seguro para todos los salvadoreños. Su decisión de sumarse a este marco de trabajo regional es un excelente primer paso”, afirmó Giovanni Bassu.

Como parte del acuerdo, El Salvador deberá ahora desarrollar e implementar un plan de acción nacional en consultas con la población desplazada, las instituciones nacionales y locales, la sociedad civil y los organismos internacionales. 

Dicha hoja de ruta deberá establecer vías concretas para mejorar la protección de los desplazados y de los retornados a El Salvador.

ACNUR reafirmó su compromiso de apoyo a El Salvador en este proceso y aseveró que continuará dando asistencia técnica a la Asamblea Legislativa en la redacción de leyes para proteger a las personas desplazadas.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Son insuficientes los avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay  

Fuente: Naciones Unidas

25 de julio, 2019

El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó la pobreza y falta de acceso a la educación y la salud entre otros flagelos que sufren las comunidades amerindias paraguayas. El informe periódico sobre el país sudamericano también se refirió a la limitada participación de las mujeres en la vida pública y a las restricciones de los derechos reproductivos, así como a los abusos contra las garantías de la población por parte de las fuerzas de seguridad.

 Los pueblos indígenas de Paraguay sufren todavía elevados niveles de pobreza y tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación, además de que carecen de un acceso integral a sus territorios y recursos naturales debido a la lentitud del proceso de registro y devolución de tierras, señala el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de esas garantías en el país sudamericano.

En su cuarta revisión periódica de Paraguay, el Comité encomia la reciente aprobación del Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, pero recuerda los pocos avances en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en junio de 2015 ordenaron reparaciones relacionadas con la identificación y entrega de tierras tradicionales a las comunidades Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek.

Con respecto a la comunidad Ayoreo-totobiegosode, el Comité lamenta no haber recibido suficiente información sobre el cumplimiento de la resolución para contrarrestar la deforestación causada por empresas privadas en los territorios de esos grupos originarios.

La evaluación también halló preocupante la limitada participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública del país.

Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el Comité llamó al Estado a garantizar la promoción y protección de sus derechos, enfatizando la necesidad de su acceso a la educación y a la salud.

Además, recomendó que se cumpla el mecanismo nacional de consulta para asegurar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que los afecten, y abogó por el acceso de estos pueblos a procedimientos de resolución de conflictos y por la aceleración de los procesos de devolución y registro de tierras y recursos naturales.

En este renglón, el Comité instó a asegurar la participación plena de los pueblos indígenas en la vida política de Paraguay.

Mujeres y niñas

Las mujeres paraguayas tienen una participación muy limitada en la vida pública y política del país y se encuentran subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones y en cargos de elección popular en todos los poderes del gobierno.

El informe manifiesta preocupación por la persistencia de estereotipos patriarcales y prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad. Subraya asimismo la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

La violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres ha aumentado y los feminicidios se incrementan de forma alarmante, por lo que el Comité exhorta a intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes y todos los actos de violencia de género, al igual que a investigar expedita e imparcialmente todas las atrocidades contra las mujeres y niñas para hacerles justicia y ofrecerles una reparación integral.

La revisión de Paraguay encontró limitados los derechos reproductivos de las mujeres y destacó la criminalización de la interrupción involuntaria del embarazo bajo todas las circunstancias, afirmando que esto obliga a las afectadas a recurrir a abortos que ponen en riesgo su vida y su salud. También consideró inquietante que se penalice a las madres de niñas embarazadas y a los profesionales de la salud que realicen abortos.

El Comité llamó a modificar la legislación para facilitar un acceso seguro y legal al aborto para los casos de violación, incesto, riesgo de vida de la madre o cuando el embarazo no sea viable.

Fuerzas de seguridad

El Comité denunció numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Tarea Conjunta, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, con el ejército participando en tareas de seguridad ciudadana.

La recomendación en este punto es fortalecer a la Policía Nacional e investigar los atropellos, procesar a los responsables y reparar a las víctimas, además de capacitar a las fuerzas de seguridad en una cultura de respeto a los derechos humanos.

La próxima revisión periódica de los derechos humanos en Paraguay será en julio de 2025, cuando se evaluará si se han tomado en cuenta la recomendaciones emitidas por el Comité.

Derechos Humanos / Human Rights

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Empresas y derechos de las mujeres en Colombia         

Fuente: RIDH

09 de junio, 2019

En el marco de la 41. ª sesión del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas, la RIDH presenta algunas consideraciones concernientes a la actividad empresarial y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ en Colombia.

Tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en Colombia se han agudizado las violaciones de derechos humanos con una mayor incidencia en las zonas rurales y sobre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Las agresiones en contra de mujeres han aumentado un 97 % en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período del año anterior (Somos Defensores, 2019). Según el último informe de Somos Defensores, entre las agresiones de las que son víctimas estas mujeres se encuentran el acoso judicial, la restricción de movimientos, la vigilancia ilegal, las amenazas y hostigamientos, ataques físicos, desaparición forzada, acoso sexual, amenazas a la familia y chantaje. Este informe también recalca su vulnerabilidad desproporcionada frente a actos violentos motivados por el hecho de ser mujeres, lo que supone tratos más crueles, generalmente representados por agresiones de tipo sexual.

Nos preocupa el hecho de que en Colombia se ha utilizado el concepto de “ideología de género” con fines políticos diferentes a aquellos que buscan avanzar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. En efecto, representantes de la extrema derecha y los partidos políticos católicos y cristianos, quienes afirman que la “ideología de género” implica la destrucción de la familia y de los códigos morales que esta representa en las sociedades occidentales tradicionales, manipularon la opinión publica mediante campañas difamatorias que pretendían relacionar los acuerdos de paz con la adopción de una sociedad promiscua e inmoral, en donde la homosexualidad sería promulgada desde los planteles educativos.

En realidad, los textos del Acuerdo de Paz pretendían la inclusión de un enfoque de género y diferenciado dentro de las acciones emprendidas por las partes para su aplicación.  Las campañas mediáticas en redes sociales y medios de comunicación tuvieron el poder suficiente para influenciar la opinión pública, lo que conllevó, de una parte, a la desaprobación del plebiscito de consulta sobre la aceptación de los acuerdos, y, de otra parte, a una comprensión tergiversada del concepto de “ideología de género”, lo que actualmente afecta de manera negativa la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ, especialmente en comunidades indígenas y campesinas.

El plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos aprobado por Colombia, aun cuando contempla algunas  acciones dirigidas a evitar la discriminación de las mujeres y la población LGTBIQ, no ha avanzado de manera efectiva en su implementación y  no ha sido adecuadamente consultado con la sociedad civil. Este plan es principalmente un instrumento que depende de la buena voluntad de las empresas y no contempla herramientas que aseguren la imparcialidad y la neutralidad de las acciones emprendidas tanto por el Estado como por las empresas que operan en su jurisdicción, dado que las medidas de precaución, prevención, evaluación y reparación de violaciones de derechos humanos son responsabilidad de las mismas empresas.

En ese sentido, invitamos al Gobierno a revisar este documento llevando a cabo una consulta abierta con la sociedad civil y las organizaciones LGTBIQ y de mujeres, presentes en todo el territorio nacional.

Nos preocupa el hecho de que Colombia no haya respondido a la comunicación OL COL 3/2019, en donde se recomienda reconsiderar las condiciones de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE), dado el riesgo que estos representan frente al incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bien sabido que una gran parte de las violaciones de derechos humanos son cometidas en el contexto de las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil frente a la actividad empresarial en sus territorios, y que el Estado es, muchas veces, un cómplice de estas violaciones. Dada la debilidad institucional de Colombia para regular la actividad de las empresas transnacionales, se debería redoblar la atención sobre los acuerdos y normas existentes.

Reconociendo el especial papel que juegan las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas en la defensa del medio ambiente y el territorio, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que reconozca su vulnerabilidad desproporcionada frente a los impactos nocivos de los hechos antes mencionados e implemente medidas especiales  para estos grupos poblacionales (incluyendo a la población LGBTIQ), dentro de los procesos de consulta e implementación de proyectos que puedan afectar sus derechos, así como para permitirles el acceso a la justicia, la participación y la reparación adecuadas.

Finalmente, instamos al Gobierno colombiano a permitir una vista oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, concretando prontamente una invitación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Hong Kong Ruling Strengthens Rights Protection on Same-Sex Relations

Source: Jurist

June 29, 2019

 Nearly 120 years after Hong Kong made sodomy punishable by a possible life sentence, a recent court ruling marks a further step toward completely decriminalizing same-sex relations.

In 2007, Hong Kong scrapped its British-era sodomy law. But, for over a decade, several remaining provisions in its Crime Ordinance continued to single out male same-sex relations, either through disproportionate sentencing or by specifically criminalizing sexual acts between men. In 2017, an activist, Yeung Chu Wing, brought a lawsuit challenging the constitutionality of seven discriminatory provisions.

On May 30, the Hong Kong High Court struck down the four offenses that applied specifically to sexual relations between men and eliminated the discriminatory aspects of three other provisions. With this ruling, the court consolidated the decriminalization process by eliminating residual discriminatory provisions in the criminal code.

The efforts form a part of the global trend toward abolishing discriminatory colonial-era laws that criminalize same-sex relations. In 2018, courts in India and Trinidad and Tobago both ruled that laws that criminalized same-sex relations are unconstitutional. This year, Botswana decriminalized same-sex conduct, but there was a setback in Kenya, where the court upheld similar discriminatory laws.

Hong Kong’s justice secretary did not contest the four scrapped provisions. But she asked the High Court to retain the remaining three provisions by making them non-discriminatory.

The four uncontested provisions criminalized “procuring others” to engage in anal intercourse, “gross indecency” with or by a boy under the age of 16, “gross indecency” between men otherwise in private, as well as “procuring gross indecency” between men. All four were struck down as unconstitutional by the High Court. By doing so, the court was mindful that sexual offenses against minors are covered by other provisions that are gender-neutral and non-discriminatory.

The court explained in detail why the four provisions were unconstitutional. Judge Thomas Au eloquently grounded his analysis in the fundamental principle of equality, invoking article 25 of the Hong Kong Basic Law and article 22 of the Hong Kong Bill of Rights. He reasoned that these four provisions punished sexual intercourse between men, while there are no comparable offenses between women or between a man and a woman. The court held that the differential treatment targeting sex between men is discriminatory in nature and violates equal protections.

The remaining three provisions were challenged because they imposed either differential sentencing or age of consent provisions that disproportionately punished sexual relations between men.

For example, one of the provisions punished “gross indecency with the mentally incapacitated” only when it is between men. In dealing with this provision, the court held that all terms “a man” must be read as “a person” for purposes of this provision. Through such remedial interpretation techniques, the court rendered the three provisions gender-neutral or equalized the age of consent, making them compliant with the constitution.

Hong Kong’s Court of Final Appeal struck down the city’s sodomy law in the 2007 case Secretary for Justice v. Yau Yuk Lung, reasoning that the law only criminalized sexual intercourse between men and was therefore unconstitutional. Following the same principle in applying the doctrine of non-discrimination, this current ruling extends equal protection by scrapping or by judicially interpreting the remaining discriminatory provisions in the Crime Ordinance — thus completing the decriminalization process in Hong Kong.

The criminalization of same-sex relations contradicts the fundamental principles of equality and nondiscrimination under international law. Repealing laws that punish consensual same-sex relations from statute books is an essential step toward eliminating discrimination on the basis of gender identity and sexual orientation.

The recent moves toward decriminalization demonstrate the significant role that the judiciary can play in safeguarding the rights of minorities, especially in communities with repressive and unjust laws. Despite residing in their different jurisdictions with different societal and cultural norms, a growing number of courts are in agreement that human dignity, autonomy, and equality must be afforded to all.

Derechos Humanos/ Human Rights

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France’s top court rules quadriplegic has right to die   

Source: Jurist

July 01, 2019

 After years of back and forth, France’s Court of Cassation ruled on Friday that artificial life support for Vincent Lambert, a person who has been in a vegetative state since a road accident in 2008, can be terminated.

The court’s ruling reverses a previous decision by a Paris Court of Appeal last month, which forced his continued feeding and hydration despite his doctors’ advice and the will of Lambert’s wife and siblings.

The Paris court’s decision last month was made in response to an appeal by Lambert’s parents to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities. In the appeal, they argued that Lambert is a disabled individual and should be kept on artificial life support. The UN Committee expressed an interest in investigating the situation, but the French government is not bound by any legal obligations to allow this investigation to proceed.

With the top court’s new ruling, no further appeals are possible in France, and passive euthanasia via the withholding of supportive assistance can be used to allow Lambert to die. This is consistent with a 2016 law that allows terminally ill patients to be placed in continuous deep sedation until death.

Derechos Humanos / Human Rights

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Cinco sentencias que fueron imprescindibles para la lucha LGTBI+        

Fuente: Noticias Jurídicas

02 de julio, 2019

-España-

Han pasado catorce años desde que España aprobase el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces, han sido muchas las sentencias que paulatinamente han ido reconociendo la igualdad entre personas con independencia de su orientación sexual en el ámbito del derecho civil, tocando asuntos tales como la adopción, el derecho a la pensión de viudedad, de residencia en la UE o la intimidad personal.  

España fue el tercer país en reconocer el derecho al matrimonio homosexual. ¿Cómo han desarrollado sus tribunales la igualdad en este ámbito? 

Estas han sido las sentencias más relevantes en materia LGTBI+:

1.    Las parejas homosexuales tienen derecho a viudedad sin necesidad de tener hijos

Como cualquier casado, una persona homosexual tiene derecho a recibir viudedad en caso de fallecer su cónyuge. Parece evidente, pero hace unos años el legislador no lo tuvo tan claro a la hora de redactar los requisitos legales para conseguir ver reconocido dicho derecho.  

El caso surgió con la promulgación de la ley 40/2007 sobre medidas de seguridad social, donde se establecía el requisito de disponer de hijos comunes para poder acceder a la pensión de viudedad en caso de no cumplir el requisito de los cinco años de convivencia. 

El Tribunal Constitucional metió baza en el asunto en la Sentencia 55/2013 de 11 marzo de 2013, disponible aquí. 

La ley en cuestión regulaba el acceso al derecho a pensión de viudedad de las parejas supervivientes, estableciendo el requisito de acreditar una convivencia con el fallecido o fallecida durante al menos cinco años inmediatamente anteriores a la muerte y con dependencia económica.

Sin embargo, se introdujo una disposición adicional que otorgaba la opción de acceder a la pensión sin cumplir el requisito de los cinco años para aquellos que demostrasen tener hijos comunes. El TC concluyó que dicho requisito era “imposible” para las parejas homosexuales, máxime teniendo en cuenta las trabas aún existentes en materia de adopción para este colectivo por entonces. Por ello tachó el precepto de discriminatorio y lo anuló.  

Hoy la ley se encuentra corregida y el régimen de adopción actual es igualitario. La orientación sexual no condiciona en absoluto el acceso a la pensión de viudedad. 

2.    El primer niño con dos madres en el Registro Civil

En materia de adopción fue especialmente relevante el caso ventilado por el Tribunal Supremo en 2014 (sentencia de 15 de enero, disponible aquí), por el que se le dio la razón a una mujer que reclamaba poder inscribir a su hijo como propio, a pesar de haber sido gestado por técnicas de reproducción asistida por la que fuese su esposa, de la que se había divorciado. 

En este caso el Supremo realiza una distinción vital entre realidad biológica y voluntad de las partes para reconocer el derecho de filiación con respecto a un hijo no biológico. 

Así, el TS llega a la conclusión de que no es “la verdad biológica” el principio inspirador que sirve de título para atribuir la filiación, sino la voluntad de las partes. 

Por ello, la coexistencia de dos filiaciones a favor de personas del mismo sexo no es contraria a la ley: es perfectamente legal que un niño tenga dos madres o dos padres en el Registro Civil.  

3.    Derecho a mantener tu vida sexual en privacidad

Los derechos civiles de los homosexuales también se pusieron en tela de juicio en lo que respecta al derecho a la intimidad y su relación con la libertad de prensa. 

El caso más sonado fue el que envolvió a un conocido periodista de la prensa rosa y un reconocido personaje público, al que tildó de ‘lesbiana’ en una revista del momento. 

La Sala Civil del Supremo, presidida por Antonio Xiol, consideró necesario en 2013 (sentencia disponible aquí) entrar en la cuestión, para declarar que hablar sobre la sexualidad de alguien puede ser contrario al honor y una vulneración de la intimidad pues la información nada aporta “en relación con la noticia difundida”. 

Así, la sentencia concluye: ”los hechos que afectan al honor o la intimidad” son ”irrelevantes para el interés público de la información”, y por tanto suponen una vulneración tanto a su honor como a su intimidad. 

La sentencia condenó al periodista a indemnizar al afectado por vulneración de su honor e intimidad con 15.000 euros. 

4.    Derecho a residir en países de la UE

En el ámbito comunitario, el TJUE se pronunció en 2016 (asunto C673/16) sobre uno de los derechos base de la filosofía de la Unión Europea, la libertad ambulatoria, para explicar cómo se ejecuta este derecho en cuanto a parejas homosexuales donde un cónyuge no es comunitario. 

El Supremo fue tajante: una cosa era que los países miembros gozasen de competencia para decidir sobre la legalidad del matrimonio homosexual y otra muy diferente era prohibir a estas parejas residir en los países de la Unión por su condición de no comunitarios, aun estando casados con cónyuges sí comunitarios – quienes tienen garantizada la residencia en la Unión -.

Por ello, el TJUE sienta la idea de que el concepto “cónyuge” es neutro, por lo que es indiferente el género a la hora de aceptar la movilidad de un casado o casada con un ciudadano de la Unión. 

A la pareja que inició el pleito se le denegó su petición para convivir en Rumanía al ser tener uno de los cónyuges pasaporte rumano y el otro no. Renunciaron a su vida en común en el país rumano y establecieron raíces en Nueva York, pero decidieron continuar con el litigio para sentar jurisprudencia sobre el asunto a nivel comunitario. Tras años de pleiteo consiguieron la razón.  

5.    Sí que es matrimonio

La sentencia clave que reconoció el total régimen de igualdad entre el matrimonio homosexual y el heterosexual llegó en 2012, en sentencia del TC de pleno de 6 de noviembre de 2012 (disponible aquí).

Con esta resolución el Tribunal sentó que la unión entre dos personas del mismo sexo sí es matrimonio, pues el heterosexual no es la única forma de unión matrimonial “constitucionalmente legítimo” y el homosexual es el resultado de una interpretación “evolutiva” inevitable del texto constitucional. 

Se tumbaron así las posturas conservadoras que defendían que el reconocimiento del matrimonio homosexual supondría una limitación al ejercicio del mismo derecho por los heterosexuales, o que en todo caso la unión entre personas del mismo sexo sería otra cosa, pero nunca matrimonio. 

El Constitucional fue claro al respecto. El matrimonio debía verse como una mera “comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que deciden unirse en un proyecto de vida familiar común”. No debía exigirse, pues, requisito de género alguno para casarse. 

El matrimonio homosexual, legal desde 2005

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en España desde el 3 de julio de 2005 por la entrada en vigor de la Ley 13/2005, por la que se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Con este cambio España se convirtió en el tercer país en el mundo en legalizar el matrimonio homosexual, detrás de Países Bajos y Bélgica. También fue de los primeros en otorgar al colectivo una amplia gama de derechos en relación, como la adopción conjunta, el derecho a herencia o de pensión. 

Derechos Humanos / Human Rights

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Unos 70 países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo              

Fuente: Naciones Unidas

30 de junio, 2019

-Naciones Unidas-

Marchas en todo el mundo por el Orgullo LGBTI recuerdan que todas las personas nacen ‘libres e iguales’ en dignidad y derechos humanos, cómo está descrito en la Declaración Universal.

Si bien la atmósfera del día del Orgullo LGBTI fue de alegría y celebración en Nueva York y varias capitales del planeta, a pesar de los avances en las últimas dos décadas, las personas LGBTI continúan enfrentándose a una amplia exclusión, discriminación y violencia en muchos países.

Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados Miembros de la ONU, unos 70 países, continúan criminalizando la homosexualidad y existe un estigma profundamente arraigado contra ellos que no solo afecta negativamente a las personas LGBTI, sino también a las comunidades y economías en las que viven, asegura el Banco Mundial.

Abordar esta situación es especialmente difícil porque la falta de protección legal perpetúa la lucha.

Otra barrera importante es la ausencia de datos sobre la vida de las personas LGBTI, que según la agencia pone en peligro el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de los países con el principio de “no dejar a nadie atrás” en el esfuerzo para acabar con la pobreza y la desigualdad.

Según ONU Mujeres, actualmente solo hay 23 países o territorios donde se permite que las personas del mismo sexo se cases on establezcan uniones reconocidas legalmente.

Orgullo desde la sede de la ONU

El mensaje directo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos humanos” resonó el domingo a través de los los miembros de ONU-GLOBE que participaron en el desfile del Orgullo Mundial en la ciudad de Nueva York.

Con pancartas recordaron las conmovedoras palabras de la Declaración: “Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad” y “actuemos unos con otros en un espíritu de hermandad”.

Entre otras cosas, el grupo interinstitucional  combate la homofobia, la bifobia y la transfobia en todo el sistema de las Naciones Unidas.
Según el secretario de UN-GLOBE, Gabe Scelta, la celebración de este año es “especialmente importante” porque marca el 50 aniversario de las protestas de Stonewall, que para muchos representa el comienzo de la lucha por la igualdad y la no discriminación para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales “con las que aún nos enfrentamos hoy”.

Scelta dijo a Noticias ONU que su comunidad se enfrenta a una discriminación y violencia sin paralelo en todo el mundo, especialmente dirigida a aquellos con identidades intersectoriales, incluidas las mujeres trans afrodescendientes o latinas.

Agregó que tasas extremadamente altas de depresión y suicidio se experimentan “en proporciones epidémicas” como una respuesta natural a las presiones de ser una minoría, especialmente para los jóvenes.

“Ver a personas como nosotros viviendo nuestras vidas con alegría, con el amor y el apoyo de amigos, aliados y lugares de trabajo puede ser un salvavidas”, subrayó Scelta.