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Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Supremo establece que el interés monetario sigue pagándose aunque se anule el de demora           

Fuente: El Economista España

07 de mayo, 2019

-España-

Una vez declarada la nulidad de una cláusula de intereses de demora por abusiva, el consumidor no está obligado a su pago, pero el préstamo sí que devenga el interés remuneratorio respecto del capital pendiente de devolución.

Así lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de abril de 2019, en la que determina que carece de lógica que el interés remuneratorio deje de devengarse cuando, transcurrido un cierto periodo de tiempo durante el que el prestatario se encuentre en mora, el prestamista haya hecho uso de la facultad de vencimiento anticipado, porque el ejercicio de esta facultad no afecta a la función que tiene el interés remuneratorio de retribuir la prestación del prestamista. Así, anulada la cláusula abusiva, el interés remuneratorio sigue devengándose.

Doctrina de la UE

El ponente, el magistrado Baena Ruiz, recuerda que cuando se declara abusiva una cláusula que fija el interés de demora en un contrato de préstamo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 21 de enero de 2015 -asuntos acumulados de Unicaja y CaixaBank-, ha declarado improcedente el pago total inmediato del contrato, pues tal declaración de abusividad no puede acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes sobre los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas.

El juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, no puede reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, pues debe excluir plenamente su aplicación, señala la sentencia europea.

Por esas razones, la consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula que fija el interés de demora es su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del consumidor.

Concluye, así, que en aquellas sentencias lo que procede es anular y suprimir completamente, privándola de su carácter vinculante, esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo -el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio-, pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución.

El Supremo aplica la doctrina de la Justicia europea sobre cláusulas abusivas, que obliga a seguir pagando el interés remuneratorio

El recargo que supone el interés de demora sobre el interés remuneratorio comienza a devengarse cuando el prestatario incurre en mora, porque deja de pagar las cuotas, sin necesidad de que el banco dé por vencido el préstamo anticipadamente.

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Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Código Penal endurece las penas en los delitos financieros en la línea de las exigencias europeas   

Fuente: El Economista España

21 de febrero, 2019

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la reforma del Código Penal para incorporar las exigencias de la Unión Europea en materia de delitos financieros y de terrorismo. Además, la disposición incluye cambios en las penas por el tráfico de órganos.

En concreto, la reforma modifica los artículos 284 y 285 del Código Penal, que ya sancionaban conductas concretas de actuación delictiva por utilización de información privilegiada y manipulación de mercado, pero no abarcaban todos los supuestos específicamente referidos en la norma europea, que ahora deben sancionarse de forma expresa para cumplir con las exigencias del principio de legalidad penal. El legislador ha optado por unos tipos penales que, en las conductas de mayor gravedad de manipulación de mercado y realización de operaciones con información privilegiada, se configuran como delitos graves.

La reforma especifica los supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada

La modificación que se efectúa en el artículo 284 del Código Penal incorpora, en los medios comisivos, la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios. En el objeto de protección, incluye los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia y, en la punición, un incremento de las sanciones para cumplir con las exigencias de Bruselas. Además, la reforma prevé una agravación específica para los supuestos en que el autor del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación.

La reforma del artículo 285 del Código Penal es más amplia. La modificación tipifica nuevas formas de comisión del hecho delictivo. La reforma especifica los supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada. Añade también una agravación específica para el caso de que el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación.

Adicionalmente, se incorporan en el Código Penal tres nuevos preceptos. El artículo 285 bis tipifica la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores. El artículo 285 ter remite, con pleno respeto del principio de legalidad, los contenidos conceptuales a la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros. Y el artículo 285 quater establecede manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación a los tres delitos mencionados. También se reordena el reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare la responsabilidad penal de ésta, en consonancia con la gravedad de las conductas de la persona física.

Cuota defraudada

Otra de las novedades es el aumento de la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea. El legislador ha adaptado los correspondientes artículos en la materia. Igualmente, y para dar solución a problemas concursales que en la práctica se producían en la aplicación de los artículos 306 y 308, se ha optado por una regulación conjunta.

Cohecho y malversación

Se produce una ampliación del concepto de funcionario público que debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho y malversación. La nueva definición es más expansiva que las reguladas en anteriores directivas y excede del concepto previsto en el artículo 427 del Código Penal, que precisamente establecía la definición de los funcionarios extranjeros y de la Unión Europea para los delitos de cohecho. El Código Penal introduce un nuevo artículo 435 bis que sirve como base para extender la responsabilidad de estos funcionarios en el ámbito de la directiva, también en relación con el delito de malversación, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 de la norma europea de manera completa.

Derecho Internacional / International Law

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La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo: breves apuntes  

Fuente: Derecho Internacional Publico

10 de febrero, 2019

 La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo: breves apuntes 

El 7 de febrero pasado, el denominado “Grupo de Contacto Internacional (GCI)” adoptó una primera declaración sobre Venezuela. Pocamente divulgado en medios de prensa internacional, su contenido evidencia un nuevo esfuerzo diplomático, promovido esta vez por la Unión Europea (UE), en aras de encontrar alguna salida al impasse en el que pareciera mantenerse la profunda crisis política en Venezuela. El tono de esta declaración conjunta difiere sensiblemente del de otros comunicados conjuntos o resoluciones sobre Venezuela leídos en los últimos meses. 

El Grupo de Contacto Internacional (GCI) 

Se trata de una iniciativa desplegada por la diplomacia europea a la que se han sumado Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México en América Latina, en aras de encontrar algún mecanismo de acompañamiento en Venezuela que permita una salida negociada a la crisis que ahí se vive: como bien es sabido, el mes de enero del 2019 ha visto agudizarse significativamente la crisis política que azota a Venezuela desde varios años, al haber iniciado formalmente su segundo mandato por 6 años el Presidente Nicolás Maduro (10 de enero) y al haberse proclamado “Presidente encargado de Venezuela” Juan Guaidó, actual Presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de enero. 
Desde el punto de vista diplomático, puede resultar extremadamente aventurado intentar mediar en una crisis en la que algunos se han inclinado por reconocer como legítima a una u otra autoridad venezolana. Este nuevo esfuerzo busca encaminar un proceso pese a este delicado escollo, incorporando, además de la UE, a varios Estados de América Latina que mantienen incólumes sus vínculos oficiales con las autoridades lideradas por el Presidente Nicolás Maduro, o que han optado recientemente por replantear su posición con relación a Venezuela (caso de México). 

Nótese que el “Mecanismo de Montevideo sobre Venezuela” (véase comunicado oficial de México sobre esta propuesta en 4 etapas) inicialmente ideado por México, Uruguay y varios Estados caribeños también coïncidió pocas horas antes de la reunión del GCI en la capital uruguaya: véase nota de El Pais (Uruguay) sobre esta iniciativa que dio lugar a una conferencia de prensa de los cancilleres de México y Uruguay el pasado 6 de febrero. Se trata de un mecanismo que posiblemente mantenga vigencia, en particular si el proceso iniciado por el GCI encuentra algún tipo de dificultad y se debe afianzar. Solicitada con relación a este otro esfuerzo impulsado por México y Uruguay durante una conferencia de prensa, la vocera de la UE expresó con respecto al Mecanismo de Montevideo que:

” They are not incompatible with each other. On the contrary, we have discussed ways in which the two can converge towards the aim of having a peaceful, democratic outcome of this crisis, but the composition, the objective and the life of the two initiatives is different. Uruguay is the link – Montevideo is the physical link – to these two initiatives that remain distinct” 

(véase texto completo de sus declaraciones a la prensa con fecha del mismo 7 de febrero del 2019). 

Declaraciones previas a la del GCI 

Esta primera declaración conjunta del GCI fue precedida por otra declaración del denominado “Grupo de Lima“, adoptada el 4 de febrero en Ottawa (véase nota nuestra al respecto). Como bien se sabe, este grupo reúne desde el 2017 a Estados del hemisferio americano partidarios de mantener un tono confrontativo con el Presidente venezolano Nicolás Maduro: entre sus más entusiastas integrantes figuran Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En la reunión de Ottawa, los integrantes del “Grupo de Lima” consideraron útil (y oportuno) integrar en sus futuras reuniones a las autoridades venezolanas que consideran legítimas, al acordar que: 

2. Acogen con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan Guaidó de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida“.

(punto 2 de la Declaración de Ottawa adoptada el 4 de febrero por los siguientes Estados miembros del “Grupo de Lima“: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú). 

Es preciso recordar que el 26 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una larga sesión sabatina sobre Venezuela, por más de 4 horas y media, en la que se pudo apreciar cuán dividida se mantiene la comunidad internacional sobre la crisis institucional que se vive en Venezuela. La inusual duración de esta sesión se debió al hecho que, además de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, 21 Estados del hemisferio quisieron participar para dar a conocer su parecer: véase al respecto breve nota nuestra publicada en el sitio especializado de DIPúblico. 

En América Latina como tal, las divisiones también son evidentes y la región ha quedado desdibujada como pocas veces en su historia reciente. Cabe precisar que, desde diciembre del 2018, México ya no suscribe las declaraciones del “Grupo de Lima” y se puede considerar que ya no es parte del mismo: se trata de una importante baja, al tratarse de uno de sus principales impulsores desde su creación en el 2017, a raíz precisamente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Cancún en la que la diplomacia de Venezuela logró evitar la adopción de una resolución en su contra por parte de este órgano interamericano (obligando a México a retirar la resolución en la tarde del 21 de junio: véase breve nota nuestra sobre este epidosio pocamente analizado). El hecho que los dos integrantes del Caribe anglófono (Guyana y Santa Lucía) que integran el “Grupo de Lima” no suscribieran la declaración de Ottawa del pasado 4 de febrero también puede reflejar algún tipo de divergencias en el seno de este grupo. 

En el marco interamericano, cabe señalar la adopción de una resolución por parte del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela el pasado 10 de enero del 2019, con 19 votos a favor (de 34 votos) y la abstención de El Salvador, México y Uruguay: véase breve nota nuestra al respecto, que reproduce el texto de dicha resolución y el detalle del voto obtenido. 

La declaración del GCI como tal

El texto de la declaración final adoptada por el GCI en Montevideo el pasado 7 de febrero no contó con el apoyo de Bolivia … ni de México. Su contenido se reproduce a continuación tal como difundido por la diplomacia española (véase enlace oficial) se lee como sigue: 

07/02/2019

“Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019.

El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana.

Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional.

El GCI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas. Deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución.

En su primera reunión, el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del GCI.

El GCI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos. El Grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el Representante Especial de la ACNUR/OIM, Sr. Eduardo Stein. 

Para dicho fin, el GCI, a través de sus co-presidentes de esta reunión, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de: I) establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible, II) permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria.

A efectos de implementar ambas metas, el Grupo enviará una misión técnica al país.

El GCI convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar el desarrollo.

La declaración ha sido acordada por los siguientes miembros del Grupo Internacional de Contacto: Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido.”


Tal y como se puede apreciar, el tono de esta declaración difiere sensiblemente del que usualmente se aprecia en las del autodenominado “Grupo de Lima” desde mediados del 2017, priorizando el GCI entre sus objetivos el establecimiento de garantías para un futuro “proceso electoral creíble” en Venezuela. La ausencia de toda mención explícita al carácter legítimo o ilegítimo de las autoridades en Venezuela es otro aspecto a tomar en cuenta: posiblemente explique la ausencia de reacción formal por parte del aparato diplomático venezolano (mediante algún comunicado de prensa) a esta declaración del GCI. Una primera forma de señal que pasó desapercibida para muchos y que, en nuestra opinión, merece una mención. 

Nótese que el único Estado que participa en el “Grupo de Lima” y a la vez en el GCI es Costa Rica. 

A modo de conclusión 

Esta primera declaración del GCI permite canalizar los esfuerzos internacionales en aras de intentar mediar en la crisis venezolana, y abrir un espacio para la diplomacia, el cual pareciera haberse cerrado en el marco de la OEA: una organización regional a la que Venezuela dejará oficialmente de ser Estado Miembro en abril del 2019 (al materializarse la denuncia de la Carta de la OEA presentada formalmente por Venezuela en abril del 2017). Cabe destacar que, a diferencia de su homólogo en la OEA, el Secretario General de Naciones Unidas mantiene de igual forma, pero de manera separada al GCI, su disposición ofreciendo sus buenos oficios para lograr resolver la crisis que se vive en Venezuela (véase comunicado oficial del 4 de febrero del 2019). 

En el marco subregional, la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) también se expresó en términos similares desde Nueva York (véase declaracion oficial del 31 de enero del 2019). 

Con relación a la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC), desde que inició este 2019 no se ha pronunciado sobre la crisis en Venezuela. Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de esta entidad a mediados del mes de enero.

Por su parte, el Estado del Vaticano, cuyo delegado asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, también está intensificando sus esfuerzos diplomáticos en aras de lograr una salida negociada en Venezuela.

Tal y como se puede observar, son varios los intentos diplomáticos desplegados y es muy posible que la UE deba aceptar coordinar sus esfuerzos con el de otras entidades regionales para lograr sus objetivos en Venezuela.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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Vuelco del Supremo a la regulación de pisos turísticos

Fuente: El Economista España

07 de febrero, 2019

-España-

Hace casi más de diez años que empezó la proliferación de viviendas de uso turístico: pisos, apartamentos o casas particulares, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, que se alquilan por cortos periodos de tiempo. Un fenómeno económico que se ha hecho posible gracias a la expansión universal de internet y a las nuevas tecnologías que han comportado la proliferación de potentes canales de oferta turística que facilitan su comercialización.

El boom del alquiler de viviendas de uso turístico está teniendo efectos visibles en la sociedad. Los más relevante son; el encarecimiento del alquiler a particulares en los centros de las ciudades; el consiguiente desplazamiento de los vecinos hacia las periferias y la creciente inseguridad que supone para los vecinos de dichas viviendas la alta rotación de turistas que acceden a ellas. Y también está teniendo efectos visibles en el sentido de añadir caos al ordenamiento jurídico, pues al igual que está pasando con otros fenómenos asociados a la llamada nueva economía, las regulaciones legales inician su andadura mucho después de que el fenómeno económico ya esté funcionando a pleno ritmo, con la consiguiente dificultad de reglamentar actividades que de facto ya llevan su propia dinámica; una falta de previsión cuyas consecuencias acaban en litigios importantes, como se está viendo también con claridad en el actual conflicto del sector del taxi y los VTC.

Las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han tratado de poner cierto orden dictando leyes, decretos y ordenanzas de regulación de las viviendas de uso turístico. Normativa que no ha sido pacífica y que en varias ocasiones ha sido objeto de impugnación por parte de las asociaciones de propietarios de viviendas de uso turístico al considerar que dicha normativa impone restricciones a su actividad que atentan contra la libertad de mercado y contra la libre competencia, por lo que han acudido a los tribunales.

Hasta la fecha, estas asociaciones acumulaban tres sentencias favorables en Barcelona y dos en Oviedo y han recurrido judicialmente la ley de Baleares. Ahora estas asociaciones ya cuentan con otra sentencia favorable, la dictada por el Tribunal Supremo en fecha 10 de diciembre de 2018.

Esta reciente sentencia del alto tribunal da un nuevo vuelco al Decreto 79/2014 de 10 de julio por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid, declarando nulos dos de los requisitos que exigía dicho Decreto para poder operar como viviendas de uso turístico.

Vayamos por pasos: cuando se aprobó el Decreto 79/2014 en julio de 2014 se exigían varios requisitos que debían cumplir las viviendas de uso turístico para poder operar como tales, entre ellos; la presentación de una declaración responsable ante la Dirección General de Turismo; disponer de un plano de la vivienda firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente; no contratar por periodos inferiores a cinco días y no utilizar las viviendas como residencia permanente; inscripción en el Registro de Empresas Turísticas y disponer de cedula de habitabilidad o de primera ocupación.

Pues bien, alguno de los requisitos anteriormente indicados, en particular los relativos a la imposibilidad de contratar por periodo inferiores a cinco días; el disponer de un plano firmado por profesional competente y visado por el colegio profesional correspondiente y, la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas, fueron objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien mediante sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 declaró nulo y dejó sin efecto uno de los requisitos requeridos por el Decreto, en concreto el relativo a la imposibilidad de contratación por periodos inferiores a cinco días y declaró conforme a derecho los otros dos requisitos impugnados.

La sentencia anteriormente citada, fue objeto de recurso de casación al no estimarse la nulidad de los citados requisitos. Dicho recurso ha sido resuelto mediante la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de diciembre de 2018 quien ha declarado nulos los preceptos del Decreto relativos a la exigencia de disponer de planos de la vivienda visados por colegio profesional y de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas y, ello por contravenir principalmente la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, al considerar el alto tribunal que ambas exigencias no superan el test de necesidad y proporcionalidad que impone la citada Ley.

Por tanto, tras esta sentencia que ha anulado parcialmente del Decreto de apartamentos y viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid, los requisitos para operar como vivienda de uso turístico se han visto reducidos de seis a tres, siendo por tanto preciso para ejercer la actividad de vivienda turística la presentación de una declaración responsable ante la Dirección General de Turismo; disponer de un plano de la vivienda firmado por técnico competente y disponer de cedula de habitabilidad o de primera ocupación.

Finalmente y casi cinco años después de la promulgación del Decreto 79/2014 queda fijado el régimen jurídico aplicable a las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid. Por tanto, la regulación de esta importante actividad comercial sigue sumida en una incertidumbre que crea inseguridad jurídica, a la que hay que añadir las diferencias regulatorias de las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del estado Español, algunas de las cuales están también a la espera de las diferentes impugnaciones de que han sido objeto.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Los juristas venezolanos defienden el acceso a la presidencia de Guaidó           

Fuente: El Economista España

06 de febrero, 2019

-Venezuela-

“La figura de Juan Guaidó como presidente encargado es conforme a Derecho. No hay ningún golpe de Estado ni ninguna autoproclamación”. Según los juristas venezolanos, se ha producido un caso claro de usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro. “La Asamblea Nacional de Venezuela tiene la obligación, no la posibilidad, de llenar ese vacío institucional”, señalan.

Así lo destacaron José Luis Villegas, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica del Táchira de Venezuela, y José Araujo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, durante la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela? Un análisis constitucional, realizada en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. “Estamos en presencia de una tiranía, con violación de Derechos Humanos, y lo que hay es una lucha por la libertad”, apuntó Villegas.

“El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, subraya Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello

Los especialistas justifican sus posiciones en la Constitución venezolana. En concreto, aseguran que al artículo 233 exige a la Asamblea Nacional, la cámara que representa la soberanía nacional, asumir de forma temporal las funciones de la presidencia de la república. “La ruta esta clara, poner fin a la usurpación de Maduro, formar un Gobierno de transición y convocar un proceso electoral con garantías para restablecer el Estado de Derecho”, explicó Araujo.

De este modo, los expertos defienden la legitimidad de Juan Guaidó para conducir al país hacia ese escenario. “La sola condición de presidente de la Asamblea Nacional lo habilita para tomar el control hasta que se designe un nuevo presidente de la república”, explicó Araujo. “Debemos rechazar cualquier opinión errónea y sesgada que pretende deslegitimar la Asamblea Nacional”, añadió Villegas.

Por su parte, Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello, subrayó que el Poder Judicial venezolano está secuestrado por el poder político, lo que le impide funcionar. “El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, apostilló.

Según Canónico, una Asamblea Nacional en funciones tras los últimos comicios de 2015, maniobró con 33 leyes en 15 días y nombró a jueces afines al Gobierno para controlar el Tribunal Supremo. “Se designaron ilegalmente y ni si quiera son personas con la capacitación de jueces”, apuntó.

Apoyo estadounidense

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado hoy a Guaidó durante su discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes. “Estamos con el pueblo de Venezuela en su noble búsqueda de libertad, y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a la que fue la nación más rica de Suramérica en un Estado de pobreza extrema y desesperación”, indicó.

Se espera que lleguen a Venezuela unos 65 millones de dólares en ayuda humanitaria. La Administración Trump ha ofrecido una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares, que se suman a os 40 ofrecidos por Canadá el lunes. La Unión Europea, por su parte, anunció una partida adicional de 5 millones de euros. La Comisión Europa ha ofrecido desde el año pasado casi 40 millones de euros.

Varias agencias informan de que el Ejército de Maduro mantiene bloqueado el puente fronterizo de Tienditas que une Venezuela y Colombia, una moderna infraestructura sin estrenar por donde se prevé que entre la ayuda humanitaria. Guaidó, por su parte, ha ordenado a los militares que se retiraran de ese punto estratégico.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La Justicia europea avala la prohibición del tabaco aromatizado            

Fuente: El Economista España

30 de enero, 2019

-Unión Europea-

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala que los Estados europeos prohiban la comercialización de cigarrillos y tabaco de liar aromatizados. El TJUE, en una sentencia dictada hoy, rechaza que esta medida vulnere los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y proporcionalidad ni el de libre circulación de mercancías.

Luxemburgo establece que es válida la prohibición de comercialización, desde el 20 de mayo de 2016, de cigarrillos y tabaco para liar aromatizados siempre que el volumen de ventas a escala de la Unión de dichos productos sea inferior al 3 por ciento en las categorías de cigarrillos y de tabaco para liar, y a partir del 20 de mayo en caso contrario.

“Es incuestionable que determinados aromas son particularmente atractivos para los jóvenes y que facilitan la iniciación en el consumo de tabaco”, apunta el Tribunal europeo

“La prohibición no va manifiestamente más allá de lo necesario para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana, especialmente por lo que respecta a los jóvenes, y no vulnera por tanto el principio de proporcionalidad”, explica la sentencia. “Es incuestionable que determinados aromas son particularmente atractivos para estos últimos y que facilitan la iniciación en el consumo de tabaco”, apunta.

En lo relativo a la prohibición de usar información que haga referencia a sabores, olores, aromatizantes u otros aditivos, el TJUE precisa que la normativa europea impone a los Estados miembros la obligación de prohibir el uso de esa información, aun cuando se trate de información no publicitaria y el uso de los ingredientes en cuestión siga estando autorizado. En efecto, el legislador de la Unión no tuvo intención de distinguir entre información publicitaria y no publicitaria.

En cuanto a la prohibición de colocar en el etiquetado de las unidades de envasado, en el embalaje exterior y en el propio producto del tabaco marcas que hagan referencia a un aromatizante, el Tribunal de Justicia europeo declara que esta restricción no equivale a una privación del Derecho de propiedad, sino únicamente a una limitación de este. En efecto, la Directiva deja a los titulares de estas marcas la libertad de explotarlas de cualquier otra forma, en particular mediante la venta al por mayor.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Se atribuye la guarda y custodia exclusiva a un progenitor por la adicción al tabaco del otro por encima de la salud de los hijos           

Fuente: Noticias Jurídicas

30 de enero, 2019

-España-

La Audiencia Provincial de Córdoba en su sentencia 593/2018, de 18 de septiembre (Recurso 708/2018) sustituye el régimen de guarda y custodia compartida, establecido en primera instancia, por una custodia materna.

Para adoptar esta decisión de atribuir a la madre en exclusiva la custodia de los hijos, el Tribunal de apelación tiene en cuenta el tabaquismo del padre y el ambiente cargado de humo que por este motivo tienen que soportar los menores, de 10 y 13 años de edad.

Además, resalta el poco interés que tiene el progenitor en preservarlos del riesgo objetivoque supone para la salud de los niños estar en este ambiente lleno de humo, toda vez que debe salvaguardarse a los menores de toda situación de peligro para su salud.

Asimismo, la sentencia declara que este proceder del padre, cuya prioridad es su adicción al tabaco por encima de la salud de sus hijos, es irresponsable por perjudicar a los niños al hacerles respirar habitualmente en esas circunstancias. Incluso fuma en la habitación en la que duerme el hijo mayor.

Y concluye la Audiencia señalando que los menores deben ser protegidos en su hogar de este factor de riesgo del que la sociedad se cuida mucho en proteger a cualquier ciudadano, mayor o menor de edad, en lugares públicos, centros escolares o centros de trabajo.

Por último, se establece un régimen de visitas y estancias en vacaciones escolares del padre con sus hijos, pero con apercibimientos derivados del riesgo que supone para los menores fumar en su presencia en lugares cerrados como hasta ahora ha venido haciendo.