Últimas Actualizaciones del Evento

Derecho Administrativo / Administrative Law

Posted on

Supremo rechaza el acceso a la sanidad pública de los familiares no residentes            

Fuente: El Economista España

05 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo r echaza que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. La sentencia, de 5 de mayo de 2019, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario.

“La dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”, establece la sentencia.

El fallo establece que la tarjeta de residencia temporal no da el derecho “automático” a la asistencia a cargo del Estado

El magistrado Gullón Rodríguez, ponente del fallo, explica que “partiendo del principio de universalidad y sin olvidar el de financiación pública y su sostenibilidad, que igualmente informan el sistema nacional de salud, el concepto de cobertura obligatoria de la prestación de asistencia sanitaria es el que se pretende por la parte recurrente porque la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, cuando el solicitante es extranjero con residencia legal, solo se otorga en el caso de que no se tenga cubierta dicha prestación de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados”.

De este modo, señala que si hay un tercero obligado a cubrir dicha protección o existe una norma que así lo imponga o que tal prestación venga siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto. “Esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante”, añade.

El Supremo destaca que dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. “Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida”, apunta. “Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa”, explica.

El Tribunal invoca la reforma operada en el año 2018 en la que, en lógica con las regulaciones que hemos expuesto a lo largo de esta resolución, sigue manteniendo en su exposición de motivos, que no es adecuado hacer un uso indebido del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos cuando existe esa protección por otras vías.

“En definitiva, no cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se debe alcanzar es la que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, concluye el Supremo. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar al TSJ.

Anuncios

Derecho Administrativo / Administrative Law

Posted on

El Supremo permite prorrogar más de un año el permiso de residencia temporal         

Fuente: El Economista España

10 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS) ha fijado que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son prorrogables más de un año. La sentencia, de 27 de mayo de 2015, avala esta medida aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, si concurren las circunstancias para ello.

El fallo invoca el apartado 1 del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, que regula este asunto. “Es un claro ejemplo de una norma oscura que dificulta una respuesta segura a la hora de su aplicación, lo que ha provocado una disparidad de criterios exteriorizada por distintos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa”, destaca el Supremo. El fallo da la razón al padre extranjero de un niño español a quien se denegó la prórroga de la autorización excepcional de residencia por arraigo familiar.

La norma prevé que “en virtud de su carácter excepcional, las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, así como sus prórrogas, tendrán una vigencia de un año, sin perjuicio de lo establecido en este artículo y de la normativa sobre protección internacional”. Según el Supremo, este precepto “puede plantear dudas en orden a si la vigencia de un año constituye el plazo máximo de las autorizaciones y sus prórrogas, de modo que agotado ese plazo con la autorización inicial o con la suma del correspondiente a las sucesivas prórrogas no es viable la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales, o si ese plazo anual de vigencia rige individualmente para la autorización inicial y, en su caso, para las prórrogas consecutivas que puedan concederse”.

El magistrado Trillo Alonso, ponente del fallo, apunta que “el carácter excepcional que proclama la norma respecto a las autorizaciones concedidas con base en los artículos precedentes, esto es, por razones de arraigo, protección internacional, razones comunitarias, colaboración con las autoridades, seguridad nacional o interés público, no permite por sí solo entender que el plazo de un año constituye el máximo de las autorizaciones, incluidas sus prórrogas”.

Añade que, siendo la finalidad de estas autorizaciones responder a la excepcionalidad, “su plazo de vigencia no puede ser otro que aquel en el que perdura la situación de excepcionalidad. Así se explica por qué la disposición reglamentaria establece un plazo de autorización y prórrogas de un año. Tiene por finalidad que mediante el ajuste de autorización y prórrogas a periodos de un año la situación de autorización temporal no se prolongue mucho más allá del necesario para afrontar la excepcionalidad”.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

El TC declara vulnerada la integridad moral de un funcionario al que no le otorgaban ni tareas ni despacho    

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-España-

Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado. 
El Alto Tribunal ha estimado, en sentencia de 6 de mayo de 2019 (cuyo texto puede consultar aquí), que el empleado público estaba siendo marginado al no disponer de ocupación alguna durante su horario laboral, así como ni despacho, ni acceso a las reuniones como otros funcionarios de su mismo nivel, siendo denegada además la movilidad a otro destino. 
El funcionario había intentado conseguir un reconocimiento de situación de acoso laboral tanto ante la Administración como ante los tribunales. Todos los intentos fueron en vano, los órganos jurisdiccionales se negaron a apreciar acoso al no apreciar un agravio relevante y grave contra el denunciante.
El Tribunal Constitucional sin embargo da ahora la razón al reclamante: sí existe vulneración de la integridad moral relevante por pasar más de 15 meses recibiendo este trato. Existía una marginalidad laboral evidente en comparación con sus compañeros, con intencionalidad, menoscabo y vejación en el trato recibido, situación que se prolongó sin que existiese motivo legítimo para ello apreciable y con gravedad suficiente como para apreciar la existencia de acoso laboral. 

Funcionario invitado

Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012. 
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores. 
El puesto, no obstante, era un trabajo fantasma. No se le asignaron tareas ni tampoco despacho. A pesar de instar a sus superiores a que le informasen sobre qué consistía el nuevo puesto de trabajo no obtuvo ninguna asignación de tarea durante más de un año, en el que no era informado de las reuniones ni de los asuntos de la Gerencia.  
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería. 

La resolución del TSJ

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acude al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.  
Con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista situación violenta para que exista acoso laboral por vía casacional ante el Tribunal Supremo. 
El máximo órgano ordinario no entra en el fondo del asunto por no considerar que existe interés casacional objetivo. 

La resolución del TC

Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación. 
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona. 
Se confirma así la existencia de marginación laboral con menoscabo relevante de la integridad moral del trabajador y se inadmiten los argumentos sobre la crisis y la menos carga de trabajo, al considerar entonces inútil crear un puesto extra. 
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.  
“La administración, sin una finalidad u objetivo legítimo (…) marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo”, con el fin de “desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, sentencia. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

Colombia descriminaliza la transmisión del VIH              

Fuente: Naciones Unidas

13 de junio, 2019

Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH de manera, algo que ONUSIDA considera una política punitiva y discriminatoria contra las personas que viven con el virus.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH. 

En un comunicadoONUSIDA recalcó que la criminalización demasiado amplia de la transmisión del virus es ineficaz, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones. La agencia había presentado una alegación ante el Tribunal Constitucional demostrando esa afirmación. 

“Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivos que bloqueen las respuestas efectivas al VIH“, expresó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la agencia. 

La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella.

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.

La Corte además dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación.También determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública. 

Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH  sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH.  

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

New York lawmakers introduce bill to decriminalize sex work

Source: Jurist

June 12, 2019

 New York lawmakers introduced a bill in the state assembly Monday that would make it the first state the fully decriminalize sex work.

Introduced by Senators Julia Salazar and Jessica Ramos, the bill would make it legal under certain circumstances to both buy and sell sex. The hope is that more regulation of sex work will make it safer for sex workers and remove legal barriers to survival sex work. The bill also removes certain misdemeanor charges related to prostitution. The goal is to also reduce stigma around sex work by letting sex workers know that they are protected under the law and can feel more confident reporting abusive employers.

Opponents of the bill are doubtful the bill will pass and fear that the legislation will have the adverse effect of increasing sex trafficking by incentivizing traffickers to increase profits in a now legal market.

Derecho Civil / Civil Law

Posted on

A partir de hoy, prohibido por ley el matrimonio infantil en México    

Fuente: Informador México

04 de junio, 2019

 A partir de este martes, entró en vigor en 31 Códigos Civiles de los estados de la República la prohibición del matrimonio de menores de 18 años de edad, salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Con la publicación de un decreto, quedaron derogadas diversas disposiciones que permitían el matrimonio a partir de 16 años de edad para los hombres y 14 años para las mujeres, así como la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para que se llevara a cabo.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto con el que se reformó el Artículo 148 y otros del Código Civil Federal, en materia de prohibición de matrimonio infantil.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) celebró la entrada en vigor de esa reforma, pues ayudará “a impulsar un cambio cultural para erradicar las uniones forzadas”, y con ello proteger los derechos y el interés superior de los infantes, destacó.

En 2016, la prohibición del matrimonio entre o de personas menores de 18 años de edad estaba vigente en 18 entidades del país y varias de ellas aún contaban con excepciones y dispensas legales que lo permitían.

Desde su creación a finales de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna se unió al esfuerzo conjunto para prohibir el matrimonio infantil a nivel federal y local, entonces encabezado por organismos internacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta labor también han participado dependencias como la Secretaría de Salud(SS); el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Además, los consejos nacionales de Población (Conapo) y para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

El 21 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó, por votación unánime, las reformas para prohibir el matrimonio infantil en el Código Civil Federal del país, que es uno de los 10 con mayor número de casos, con casi un millón 300 mil al año. El dictamen también fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Este esfuerzo conjunto ha logrado un avance significativo, primero con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se redujo de manera importante el número de matrimonios infantiles, y ahora con su prohibición.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

 En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) declaró que el Estado de Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

De acuerdo a lo declarado por Juan Arrom y Anuncio Martí, el 17 de enero de 2002 a las 22:00 horas habrían sido detenidos por hombres armados vestidos de civiles, quienes los habrían golpeado, asfixiado e interrogado sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón y la organización Patria Libre. Los señores Arrom y Martí habrían permanecido detenidos hasta el 30 de enero de 2002, cuando fueron encontrados en una casa en Villa Elisa. Tras su liberación, Juan Arrom y Anuncio Martí identificaron como sus captores a diversos agentes estatales.

El Estado tomó conocimiento de la alegada desaparición a través de los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las presuntas víctimas los días 19 y 23 de enero de 2002. Los jueces que conocieron los recursos libraron oficios al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informaran si Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí se encontraban detenidos, lo cual fue negado por dichas instituciones. En consecuencia, el Juzgado resolvió no haber lugar a los hábeas corpus solicitados. Paralelamente se realizó una investigación penal por la alegada desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, en la cual se realizaron múltiples diligencias tendientes a indagar lo sucedido. Después de esta investigación se dictó el sobreseimiento definitivo de los imputados y se desestimaron las querellas presentadas, lo cual fue confirmado el 24 de marzo de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana concluyó que los indicios presentados ante ella fueron insuficientes para concluir que los señores Arrom y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos. Igualmente, la Corte concluyó que Paraguay no incumplió con su su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la presunta desaparición de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez y no era internacionalmente responsable por la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte señaló que no fue posible determinar que las presuntas omisiones en la investigación, señaladas por los representantes y la Comisión, resultaran suficientes para configurar la responsabilidad internacional del Estado.

Por último, la Corte también concluyó que Paraguay no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, pues esta violación tenía como único fundamento la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada los señores Arrom y Martí, o por la aducida falta de investigación adecuada de los hechos, la cual fue desvirtuada por el Tribunal. Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.

**** La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni se excusó de participar en el presente caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte y 21 de su Reglamento, lo cual fue aceptado por el Presidente mediante resolución de 16 de enero de 2019