Últimas Actualizaciones del Evento

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Supreme Court hears arguments in landmark LGBTQ+ employment cases

Source: Jurist

October 09, 2019

-United States-

The US Supreme Court heard oral arguments Tuesday in two landmark cases concerning LGBTQ+ employment rights.

The court first heard oral argument in Bostock v. Clayton County, Georgia. This case was consolidated for oral argument with a similar case, Altitude Express Inc. v. Zarda. Both cases involved a gay male plaintiff who alleged that he was fired on the basis of sexual orientation in violation of Title VII of the Civil Rights Act. Specifically, the plaintiffs argued that “because of … sex” in the Civil Rights Act implies coverage of sexual orientation.

The court heard first from Bostock’s counsel who argued that treating a man who wishes to date men differently than a woman who wishes to date men is inherently sex discrimination. The justices questioned repeatedly whether they should get involved by extending the Civil Rights Act where many states have addressed this discrimination in state legislatures rather than the courts and where Congress has had numerous opportunities to intervene and chosen not to act, most recently in the Equality Act which passed the House, but has yet to be heard in the Senate. The court also signaled to the second case by asking how this would affect usage of bathrooms by transgender individuals. The court then challenged the employer by analogizing firing a gay man to firing a man involved in an interracial or inter-religion marriage.

The court then heard oral argument in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission. This case centered on transgender woman, Aimee Stephens, who alleges that she was fired from the funeral home that had employed her for six years after coming out as a trans woman to her boss. This case asked whether Title VII prohibits discrimination against transgender people either inherently as being transgender or under the sex stereotyping decision in the earlier Price Waterhouse v. Hopkins case.

The respondent argued that the discrimination occurring here was based on sex stereotyping of an individual based on the sex assigned at birth. The court likewise challenged this respondent on how this would affect a future case on transgender usage of single-sex bathrooms, which several justices asserted would quickly follow this case. Justice Neil Gorsuch also questioned whether the court should exercise restraint in favor of the potential for massive upheaval, but the respondent noted that federal courts have recognized discrimination against transgender people as sex discrimination for 20 years with no major upheaval. The petitioner (the funeral home) argued that if the court ruled in favor of Stephens, bona fide occupational qualifications, which allow limited Title VII discrimination, would become per se sex discrimination, but the court challenged this view and argued that those qualifications would likely still remain.

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Derecho Constitucional / Constitucional Law

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US lawmakers introduce bill to deter foreign interference in elections

Source: Jurist

October 09, 2019

-United States-

House Democrats on Tuesday introduced a new bill designed to detect and limit foreign interference in US elections.

The SHIELD Act would amend the Federal Election Campaign Act of 1971 to clarify the obligation for campaigns to report acts of foreign “election influence” and require campaigns to adhere to a new implementation and reporting system to disclose such acts.

The Act seeks to deter foreign interference by enhancing campaign reporting and closing loopholes that allow foreign investments in US elections. The Act would would require that campaigns report illicit offers of election assistance from foreign governments and agents, in addition to ensuring that political advertisements on social media meet the same stricter standards as ads on TV or radio.

The legislation was introduced after reports of Russian interference in the 2016 election through the spread of disinformation on social media.

The bill was introduced by Administration Committee Chairwoman Zoe Lofgren.

Derecho Civil / Civil Law

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El alquilado que no recoge la carta de requerimiento de pago estando avisado no puede impedir el desahucio

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de octubre, 2019

-España-

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en su sentencia 309/2019, ha estimado el recurso de los arrendadores de una vivienda, que remiteron correctamente por correos la comunicación de requerimiento de pago a la inquilina, a la que se le imputa la pasividad o desinterés por no acudir a recogerla.

En primera instancia se enervó la acción de desahucio

La sentencia dictada en primera instancia declaró enervada la acción de desahucio por falta de pago por la arrendataria de las cantidades asimiladas a la renta.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas declara resuelto el contrato de arriendo por no considerar procedente la enervación de la acción de desahucio por estar precedida de intimación, con treinta días de antelación a la presentación de la demanda, sin que el pago se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

El funcionario de Correos ha certificado que los arrendadores remitieron, mediante burofax, un requerimiento de pago a la arrendataria, con certificación de su contenido, que no fue entregado a su destinataria pero fue dejado aviso, deviniendo sobrante al no ser recogido en la oficina.

La Sala señala que los actos de comunicación producen plenos efectos cuando su frustración se debe únicamente a la voluntad expresa o tácita de su destinatario, o a su pasividad, desinterés, negligencia, error o impericia.

Es cierto que el requerimiento ha de realizarse por un medio idóneo que permita demostrar su efectiva realización y que evidencie el intento de llegar a su destino. Ahora bien, no puede dejarse su recepción al libre albedrío de su destinatario, por lo que basta que este pueda conocerlo, aunque prescinda de querer conocerlo si ha estado a su disposición.

Conclusión de la Audiencia

En conclusión, dado que en el presente supuesto ha quedado constancia del envío del requerimiento de pago y del contenido intimatorio del mismo, así como de su recepción y fecha, declara el Tribunal que el mismo es válido a efectos de impedir la enervación de la acción de desahucio, conforme a lo dispuesto en el art. 22.4 LEC, párrafo último, por cuanto la falta de conocimiento de su contenido por la arrendataria es imputable a la intención, negligencia o desidia de la propia destinataria, que no lo retiró de las oficinas de Correos a pesar de que se le dejó nota de aviso.

Derechos Humanos / Human Rights

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Victoria judicial de Glovo: sus trabajadores no son falsos autónomos

Fuente: El Economista España

07 de octubre, 2019

-España-

Victoria legal de Glovo frente a sus repartidores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha validado el modelo de negocio de la plataforma de reparto reconociendo que su modelo está basado en la independencia que les otorga a la figura del autónomo. Y eso en un momento en el que hay varios operadores interesados en entrar en su capital, como Uber o Deliveroo.

Así consta en una sentencia, en la que los magistrados desestiman el recurso presentado por un repartidor contra la decisión del juez de lo Social número 39 que rechazó reconocer la existencia de una relación laboral con la aplicación.

El juez defendía que la relación no es de carácter laboral, ya que Glovo “no tenía trabajadores a su servicio” y se trata de una plataforma “de intermediación. De este modo, la sentencia del Alto Tribunal madrileño confirma que la relación entre el repartidor y la plataforma es ajena al orden laboral y típica de una relación de Trade (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente).

La sentencia se basa en que Glovo ofrece a los autónomos  libertad de elección horaria en la que desea colaborar el repartidor, “con fijación de la hora de inicio y de finalización de su actividad; e incluso dentro de ese periodo, la posibilidad de no activar la posición de auto asignación, lo que significa que no desea estar disponible”.

Libertad de aceptar pedidos

También alude el fallo a “la libertad de aceptar aquellos pedidos que desea realizar sin tener que ejecutar un mínimo de ellos, con posibilidad de su rechazo incluso una vez aceptada e iniciada su ejecución (sin penalización alguna)”. Y se refiere a “la libertad de elegir la ruta para llegar al destino final, fijado por el cliente, siendo éste quien establece las características del producto a adquirir y de la forma de entrega, estableciéndose una relación directa entre repartidor y cliente”.

Glovo suma ya nueve sentencias a favor de juzgados de lo Social (como el 17 y el 39 de Madrid)  y nueve en contra (como las de los juzgados 33 de Madrid y 1 de Gijón.

Aunque, desde la compañía, han resaltado que es la primera sentencia favorable a sus intereses emitida por un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de 25 de julio de 2019, falló a favor de un ‘rider’ señalando que la relación de éste con Glovo es laboral. Estas discrepancias aseguran que tendrá que ser el Tribunal Supremo quien decida finalmente sobre la naturaleza de la relación entre los ‘riders’ y Glovo.  

El fallo, de 19 de septiembre de 2019, desestima el recurso de suplicación de tres de riders y valida la relación de Glovo con los repartidores, basado en la independencia que les otorga la figura del autónomo dependiente (trade). 

No obstante, la sentencia cuenta con un voto particular, de uno de los tres magistrados, que considera que la relación entre Glovo y los riders es laboral.

Un modelo cuestionado

Tanto Glovo como otras empresas de reparto han sido protagonistas en los últimos meses de un goteo de resoluciones judiciales sobre la vinculación laboral que existe con los mensajeros. Además de estos procesos judiciales- en su mayoría de carácter individual-, hay abiertos procedimientos colectivos como consecuencia de expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo. Glovo así afronta un juicio de este tipo en Zaragoza, que recientemente fue aplazado hasta marzo; y Deliveroo ya ha recibido dos sentencias contrarias a sus intereses en procesos similares en Valencia y Madrid.

El pasado mes de julio, el Juzgado de lo social número 19 de Madrid condenó, de hecho, a Deliveroo, estimando la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acusó a la empresa de mantener a 500 falsos autónomos trabajando como repartidores. El modelo de Deliveroo, sin embargo, es distinto al de Glovo, al controlar los horarios y entregas de sus empleados.

Derechos Humanos / Human Rights

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La caída del volumen de una contrata es causa de extinción de contrato, según la Audiencia Nacional

Fuente: El Economista España

08 de octubre, 2019

-España-

La reducción del volumen de una contrata puede operar como causa de extinción del contrato de obra o servicio vinculado a la contrata cuando así se ha estipulado en el convenio, fijándose los criterios que deben seguirse en orden a determinar los contratos a extinguir, según establece la Audiencia Nacional, en una sentencia de 16 de septiembre de 2019.

El ponente, el magistrado Gallo Llanos, rechaza que exista jurisprudencia contraria del Tribunal Supremo sobre esta materia, puesto que considera que la sentencia de 4 de abril de 2019, puesto que la doctrina que incluye “no es reiterada, ni supone que la Sala considere el precepto ilegal, pues no obró con arreglo al artículo 163.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS)”.

Esta sentencia determina que el convenio colectivo no puede regular la extinción de los contratos por obra o servicio determinado por causa de disminución o reducción del volumen de la contrata, al margen de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, ni que en el artículo 49 del mismo se regule ninguna causa nueva de extinción de las que señala, sino que tal situación tiene encaje en lo dispuesto en los artículos 51 ó 52 c) del ET, ni justifica al cambio de criterio doctrinal, ni es doctrina jurisprudencial.

Es importante tener en cuenta que la sentencia del TS, aun tratándose de una sentencia del Pleno de la Sala, no supone doctrina reiterada, tal y como exige el artículo 1.6 del Código Civil para que constituya jurisprudencia. Resulta que se trata, en cierto modo, de una sentencia contradictoria con lo que la misma Sala había venido sosteniendo en resoluciones anteriores, que no son siquiera mencionadas en la misma, sin que, por otro lado, se justifique de forma expresa el cambio de criterio.

A este respecto, Alfredo Aspra, socio de Andersen Tax & Legal, responsable del Departamento de Derecho Laboral, señala que “el trabajador que celebra un contrato temporal para obra o servicio determinado al amparo del precepto que se impugna es consciente desde el momento de la firma del mismo de que este puede extinguirse no solo por la finalización de la contrata, sino también por la disminución del volumen de la misma. El TS en sentencia de 16 de marzo de 2005, dictaminó que esta situación tiene cabida en la regulación del contrato para obra o servicio determinado que se contiene en el artículo 15 del ET”.

Añade Alfredo Aspra que “de igual forma, no puede hablarse con arreglo a la reciente doctrina comunitaria de que exista una diferencia de trato proscrita por la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE, puesto que el trabajador conoce desde el momento de la celebración del mismo, el acontecimiento que determina su término, lo cual, además, se ajusta a las previsiones del derecho interno”.

Derecho Laboral / Labor Law

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La justicia avala el despido de un delegado sindical por absentismo laboral

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de octubre, 2019

Los representantes sindicales también están sometidos a los límites de absentismo laboral previstos en el Estatuto de los Trabajadores. Cuando las faltas de asistencia superan los umbrales previstos en la ley, el despido es procedente salvo que existan indicios fundados de que se están vulnerando sus derechos. Así lo establece una reciente resolución del Juzgado de lo Social n.º 3 de Burgos (cuyo texto puede consultar aquí), que avala el cese de un delegado sindical de una empresa cárnica por estar de baja durante nueve días en dos meses consecutivos, y veinticuatro días en un año. En su sentencia, el juez rechaza que la medida hubiera lesionado sus derechos a la libertad sindical, la garantía de indemnidad o a la igualdad. “El hecho de estar afiliado a un sindicato con gran actividad sindical e incómodo para la empresa no es indicio suficiente de vulneración del derecho de libertad sindical del actor”, dice el fallo.

La empresa aplicó la causa prevista en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permite cesar al empleado que acumule un nivel alto de bajas, aún justificadas. En estos casos no se aplica la prioridad de permanencia de los miembros del comité en la empresa respecto del resto de trabajadores en caso de despidos por causas tecnológicas o económicas establecida en el artículo 68 de la norma laboral.

Riesgo de contagio

El empleado despedido llevaba trabajando como operario en la empresa más de quince años, los últimos siete como delegado sindical y miembro del comité de empresa, actividad por la que presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo y participó activamente en reclamaciones y juicios contra la compañía. Verdadero motivo por el que, según el sindicalista, fue despedido. Sin negar las faltas al trabajo, el empleado justificó alguna de estas ausencias. En aquellos casos que se quedó en su casa por estar aquejado de procesos durante los que podía contagiar patógenos al manipular la carne, según afirmó, se acogió a las previsiones del código de buenas prácticas. Además, afirmó, hubo dos días que estaba haciendo uso de su “crédito de horas sindicales”.

En su demanda, solicitó la nulidad del cese por vulneración de sus derechos a la libertad sindical e indemnidad, al tratarse de una “represalia” por su “importante” actividad en este terreno. Además, alegó el empleado, había sido discriminado, al tratarse del único caso de despido por este motivo, existiendo más trabajadores que acumulaban estos niveles de baja. Por todo ello pedía 125.000 euros de indemnización. En su defecto, solicitaba la declaración de improcedencia del despido, por falta de preaviso y comunicación al comité sindical.

La compañía, por su parte, justificó el cese en respuesta a la “gran preocupación por los altos índices de absentismo de la compañía en general”. Conforme a los datos aportados, el nivel había subido de un 5,76 % en el año 2017, a un 11,65 % en el primer semestre de 2018, hasta quedarse en un 8,10 % en noviembre de ese mismo año. Estas cifras habían motivado un “plan de lucha” contra el absentismo, por el que se fijó, entre otras medidas, un “plus individual de reducción de absentismo” y la fijación de un nivel de absentismo como criterio para ascender dentro del Pacto de la empresa para el ejercicio 2017 a 2020.

En cuanto a los motivos de la ausencia del empleado, la empresa adujo que su actuación no había sido correcta. En caso de peligro de transmisión de patógenos, y conforme al código de buenas prácticas, debió comunicar la situación para que desde recursos humanos de valorase la posibilidad de encomendarle otro tipo de tareas. Por otro lado, rechazó que se pudieran computar como “horas sindicales” los días en que estaba de baja por enfermedad común.

Dos años y medio de bajas acumuladas

La sentencia rechaza uno a uno los argumentos del trabajador y considera probadas las faltas al puesto de trabajo por enfermedad común (catarros y gastroenteritis). Un total de nueve días en dos meses consecutivos, y veinticuatro en todo el año, lo que superaba los márgenes de absentismo permitidos. Además, según los documentos presentados, el empleado había estado un total de 1.054 días de baja desde 2003 (año de su incorporación), es decir, 2,8 años de los 15 trabajado. Cifras que, según confirma el juez, avalan su despido en aplicación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Según afirma el juzgador, no existían, conforme a las pruebas presentadas, indicios suficientes que hicieran sospechoso el cese. Como recuerda en su resolución, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional exigen un “principio de prueba” revelador de la existencia de discriminación o vulneración de derechos. No es suficiente con denunciarlo, afirma.

Por otro lado, argumenta, tampoco existe un vicio formal que provoque la improcedencia del despido. Ni la falta de comunicación a los representantes sindicales (tan solo preceptiva en el supuesto de despido disciplinario), ni la ausencia de preaviso (lo que, en todo caso, daría lugar a una compensación económica), desvirtúa, concluye, la validez del cese.

Causa de despido en entredicho

Según recoge la norma laboral, la acumulación de faltas de asistencia al trabajoaún justificadas pero intermitentes, puede ser motivo de despido objetivo. Un tipo de cese distinto del permitido por faltas injustificadas al trabajo (incumplimientos contractuales que se identifican popularmente con el absentismo), que pueden motivar el despido disciplinario.

Con el objetivo de proteger la productividad y competitividad de la compañía, el empresario puede despedir al trabajador que alcance un determinado nivel de absentismo. Según exige el apartado d) del artículo 52 del Estatuto, el empleado debe haber faltado el 20 % de las jornadas en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos, siempre que estas faltas supongan el 5 % de las jornadas hábiles del año. Quedan excluidas del cómputo, entre otras, las bajas por maternidad, paternidad, licencias y vacaciones, accidente laboral, huelga, cáncer o enfermedades comunes de más de 20 días de duración.

Se trata de una causa de despido polémica, que ha sido objeto de pronunciamientos del Tribunal Supremo, en especial en lo referente al cálculo de los porcentajes de absentismo. Hay que recordar que la reforma laboral de 2012 facilitó su aplicación al eliminar el requisito de contar con un determinado nivel colectivo de absentismo de la plantilla. Actualmente, su validez se encuentra discutida ante el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de julio admitió un recurso de inconstitucionalidad por posible vulneración de distintos derechos fundamentales, como la integridad física, el derecho al trabajo y a la salud de los asalariados.

¿Un repunte de despidos por absentismo?

Durante la crisis, el miedo a perder el puesto de trabajo redujo el gasto de la Seguridad Social en bajas laborales. Sin embargo, los últimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo han dado al traste con el plan de revertir la tendencia al alza en el desembolso por esta causa: en el primer semestre de 2019, el gasto en bajas ha subido un 12 %.

Tras la entrada en vigor del registro obligatorio de jornada el pasado mes de mayo (establecido en el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación), cobran protagonismo las sentencias de despido objetivo por absentismo. Este sistema facilitará, al menos teóricamente, la prueba de que los trabajadores han rebasado el número mínimo de faltas exigido por la normativa.

Derechos Humanos / Human Rights

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El Gobierno iraquí debe escuchar a los jóvenes y respetar su derecho a protestar

Fuente: Naciones Unidas

04 de octubre, 2019

-Irak-

Hasta 30 personas podrían haber muerto en Bagdad en el contexto de protestas generalizadas por el desempleo y la falta de servicios básicos. La ONU ha pedido a Iraq controlar el uso de la fuerza y respetar los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica de sus ciudadanos.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las denuncias de que las fuerzas de seguridad iraquíes han usado munición real y balas de goma, así como gases lacrimógenos directamente contra manifestantes que han participado en una serie de protestas en  todo el país por la escasez de empleo y la provisión desigual de servicios básicos.

La mayoría de los que han salido a las calles son jóvenes y desempleados, que exigen que se respeten sus derechos económicos y sociales.

“Recordamos a las autoridades iraquíes que esas son demandas legítimas y que deben escucharse las quejas de las personas. Las autoridades tienen la obligación de hacer todo lo posible para ayudar a sus ciudadanos a llegar a fin de mes, incluso abordando su derecho al empleo. Las autoridades estatales también deben permitir que las personas expresen sus quejas de manera pacífica”, expresó al portavoz de la Oficina de Bachelet, Martha Hurtado.

Las autoridades tienen la obligación de hacer todo lo posible para ayudar a sus ciudadanos a llegar a fin de mes.

Hurtado confirmó que, hasta el momento, la ONU ha confirmado la muerte de 12 personas en Bagdad en el contexto de las protestas, sin embargo, se han recibido informes que aún no se han verificado, de un total de  30 personas asesinadas hasta el momento.

“Según los informes, cientos de otras personas han resultado heridas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Decenas de manifestantes han sido detenidos, aunque la mayoría fueron liberados posteriormente”, agregó la portavoz.

La Oficina hizo un llamado al Gobierno iraquí para que permita a las personas ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y recordó que el uso de la fuerza debe ser excepcional.

“Cualquier uso de la fuerza debe cumplir con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los principios de necesidad y proporcionalidad. En cualquier caso, el uso de armas de fuego está prohibido, excepto como último recurso para protegerse contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad hayan provocado la muerte o lesiones deben investigarse de manera inmediata, independiente y transparente”, afirmó Hurtado.

Agregó que a Michelle Bachelet también le preocupan las informaciones sobre la detención que al menos tres periodistas que cubren las protestas,  dos de los cuales  fueron liberados posteriormente. “Estas detenciones corren el riesgo de disuadir a otros periodistas de informar sobre la situación”, dijo.

A la Oficina, también le preocupan los recortes en el servicio de internet en la mayoría de las provincias del país lo que contraviene la libertad de expresión, restringiendo indebidamente el derecho a recibir e impartir información y pueden exacerbar las tensiones.

Protestas en todo el mundo

Por su parte el portavoz del Secretario General de la ONU emitió un comunicado este viernes asegurando que António Guterres sigue de cerca las recientes oleadas de manifestaciones que han tenido lugar en varios países del mundo.  

“Está profundamente preocupado porque algunas de estas protestas han provocado violencia y, lamentablemente, en algunos casos han resultado en la pérdida de vidas y lesiones graves”, aseguró Stepháne Dujarric.

Guterres reiteró que la libertad de expresión y de reunión pacífica son derechos fundamentales que deben respetarse. “La defensa de estos derechos es una de las bases de nuestra sociedad y es crucial para el avance de la democracia, el desarrollo y la paz”, dijo.

El Secretario General hizo un llamado a las fuerzas de seguridad para que actúen en todo momento con la máxima moderación y respondan a cualquier acto de violencia de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También llama a los manifestantes a protestar pacíficamente y a abstenerse de la violencia.

Tal y como declaró en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, Guterres instó a todos los Estados a salvaguardar el espacio cívico y defender los derechos humanos para ayudar a lograr el desarrollo sostenible y la paz.