Últimas Actualizaciones del Evento

Derechos Humanos / Human Rights

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South Africa court declares display of apartheid-era flag hate speech

Source: Jurist

August 22, 2019

South Africa’s Equality Court ruled Wednesday that the gratuitous display of the apartheid-era national flag constitutes hate speech.

The Nelson Mandela Foundation (NMF) sought “an order declaring that any display of the Old Flag that does not serve any genuine journalistic, academic or artistic purpose in the public interest” constitutes hate speech, unfair discrimination, and harassment of black people under the Equality Act.

This case was brought following Black Monday, on October 30, 2017, where public demonstrations against farm murders and violence against farmers took place and the Old Flag was displayed. These demonstrations sparked a debate about the use of the Old Flag, which led to the NMF filing the complaint in the present case.

The case focuses on two things: the Old Flag, and hate speech and freedom of expression.

Judge Phineas Mojapelo discussed each of the issues in turn, first stating that: “The Old Flag must be interpreted against its history and meaning in order to ascertain its objective meaning(s) and thus to asses the effect of its display on the rights to dignity and equality.”

The adoption of the Old Flag in 1927 served the purpose of severing ties with imperial Britain, and as a symbol of unity between English and Afrikaans speakers. Africans and other people of color were excluded from the discussion and subsequent adoption of the Old Flag. “The Flag Act was part of a scheme of statutes that … [entrenched] racialized segregation and white supremacy.” The Old Flag was replaced in 1994 as part of the republic’s transitional constitution and the end of apartheid.

In determining whether the display of the Old Flag legally constitutes hate speech under the Equality Act, Mojapelo said that section 10 of the Act “should be interpreted in a manner that prohibits all expressions of ideas, verbal and otherwise (including the displaying of a flag), that amount to hate speech.”

It is determined that the display of the old national flag of South Africa, introduced from 31 May 1928, and used throughout apartheid until it was abolished on 27 April 1994, at the “Black Monday” demonstrations on 30 October 2017 constituted: hate speech, unfair discrimination on the basis of race, and harassment. Further, it is determined that any display of the Old Flag constitutes hate speech, unfair discrimination on the basis of race, and harassment.

The Nelson Mandela Foundation issued a statement following the judgement, calling the Old Flag a “globally recognized symbol of white supremacy, exclusion and hatred,” and celebrating the ruling as an affirmation of South Africans’ rights to dignity and meaningful freedom of speech.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Un Comité de la ONU insta a compensar a las víctimas de fumigaciones en Paraguay

Fuente: Naciones Unidas

16 de agosto, 2019

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este miércoles que Paraguay debe investigar una serie de fumigaciones con agroquímicos que provocaron la intoxicación de varias personas, entre ellos niños, además de contaminar el agua, el suelo y los cultivos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un dictamen en el que insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas y difundir la disposición en un diario de amplia circulación. Según el Comité, la nación sudamericana no realizó “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.

Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Graves consecuencias ambientales

Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, y causaron la muerte de varios animales de cría.

La contaminación también dejó muerta a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras indisposiciones.

El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de “disfrutar de una vida digna “ y a no formar parte de “acciones u omisiones” que tengan como resultado “una muerte prematura o no natural”.

Una resolución ejemplar

Una de las expertas integrantes del Comité, Hélène Tigroudja, calificó el dictamen como “histórico” y añadió que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”.

Tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.

Esa entidad solicitó a Paraguay que informara en un plazo de plazo de 180 días sobre las medidas que piensa efectuar para poner en práctica el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

Derechos Humanos / Human Rights

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Las leyes que implican una discriminación de género causan apatridia en los niños

Fuente: Naciones Unidas

22 de agosto, 2019

 La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus hijos su nacionalidad. Tres agencias de la ONU llaman a reformar esas leyes, consideradas una de las grandes causas de apatridia en los niños. Actualmente hay 3,9 millones de apátridas en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta.

Un nuevo informe de tres organismos de las Naciones Unidas reveló este jueves que las leyes de 25 países no permiten que las mujeres les transmitan su nacionalidad a los hijos en términos de igualdad con los hombres y que tres países más no dejan que los hombres les den la nacionalidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Estas legislaciones implican una discriminación de género y son una de las causas de fondo de la apatridia en los niños a nivel global, afirmaron la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Según los datos de esas agencias, actualmente hay 3,9 millones de apátridas registrados en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta, han advertido.

Reformar la legislación

En un comunicado conjunto que incluye a la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad, los organismos urgieron a reformar las leyes discriminatorias para combatir el fenómeno de la apatridia, que no permite que las personas en esa situación ejerzan una serie de derechos fundamentales como la educación y los servicios de salud, y exponiéndolas a una vida de discriminación.

“Ser paria también puede colocar a los niños en un alto riesgo de violencia, abusos y trata de personas, y dejarlos, junto con sus familias, expuestos a arrestos y detenciones”, dijo Grainne O´Hara, directora de Protección Internacional de ACNUR.

Históricamente, las leyes que implicaban discriminación de género fueron la norma en muchos países, pero en la actualidad el 85% de los Estados garantizan a hombres y mujeres por igual el derecho de transmitir su nacionalidad a los hijos.

Los organismos de la ONU recordaron que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las madres y los padres a transmitir su nacionalidad a los hijos y que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente todos los países, estipula que todos los menores tienen el derecho a una nacionalidad desde que nacen.

“Ningún niño elige ser paria, es algo que no depende de ellos y, muy a menudo, está fuera del control de sus padres”, apuntó Cornelius Williams, director adjunto de Protección de Menores de UNICEF.

Williams explicó que la apatridia excluye y aísla a los niños y enfatizó que es fundamental garantizar que todos los menores tengan una nacionalidad para que puedan aspirar a un futuro de bienestar.

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Environmental Crimes Law Conference – St. Helier, Jersey, Channel Islands    

Source: Legal Scholarship Blog

August 05, 2019

The Common Good Foundation in partnership with The Resolution CentreJersey Law Commission, and The Resolution Journal, is hosting an Environmental Crimes Law Conference October 31st and November 1st2019 in St. Helier, Jersey, Channel Islands.

The purpose of the conference is to bring together diverse professionals from different disciplines to discuss emerging trends and responses to environmental crimes. The conference welcomes papers on topics such as (but not limited to):

  • Wildlife crimes
  • Environmental criminal laws, policies, or prosecutions
  • The impact of environmental crimes on specific communities
  • Environmental/Social movements which respond to or address an environmental crime
  • Technological responses to environmental crime

All papers that are accepted will have an opportunity for publication in The Resolution Journal, an open access law journal.

The conference fee will be £150 per person. All expenses will be paid for by the attendee, there are no stipends offered for travel or other expenses. Further information for registration will be posted by September.

If you are interested in presenting, please submit the following to Regina Paulose: (reginapaulose@gmail.com):

  • A brief bio
  • Abstract – 300 words

The deadline for abstract submission is Friday, August 30, 2019.  Notifications of acceptance will be delivered by early September.

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Chapman Law Review – Orange, CA     

Source: Legal Scholarship Blog

August 05, 2019

The Chapman Law Review at the Dale E. Fowler School of Law at Chapman University will hold its symposium on “1920-2020: The Effects of Women’s Suffrage 100 Years After Ratification of the 19th Amendment” on January 24, 2020.

Abstracts are due by by August 31, 2019 to Bethany Ring, espin165@mail.chapman.edu.

For more information, please see the Call for Papers.

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ACS Fifth Annual Constitutional Law Scholars Forum – Orlando, FL       

Source: Legal Scholarship Blog

August 06, 2019

 The student chapter of the American Constitution Society and the Law Review at Barry University School of Law and Texas A&M University School of Law are hosting the Fifth Annual Constitutional Law Scholars Forum in Orlando, FL on Friday, February 28, 2020.  The deadline to submit proposals is December 1, 2019.

For more information, please see the Call for Papers.

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ASCL Fifth Workshop on Comparative Business and Financial Law – Akron, OH              

Source: Legal Scholarship Blog

 August 8, 2019

he Younger Comparativists Committee (YCC) of the American Society of Comparative Law (ASCL) is pleased to invite submissions for its Fifth Workshop on Comparative Business and Financial Law to be held on February 7-8, 2020 at the University of Akron School of Law in Akron, Ohio. The purpose of the workshop is to highlight, develop, and promote the scholarship of new and younger comparativists in accounting, banking, bankruptcy, corporations, commercial law, economics, finance, and securities.

The deadline to submit proposals is October 25, 2019. For more information, please see the Call for Papers.