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Derecho Internacional / Internationa Law

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La Justicia europea avala el arbitraje creado en el acuerdo comercial con Canadá          

Fuente: El Economista España

30 de abril, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el mecanismo de arbitraje creado en el marco del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (Ceta). “Un acuerdo internacional que contemple la creación de un órgano jurisdiccional encargado de interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones vinculen a la Unión es, en principio, compatible con el Derecho de la Unión”, destaca el Tribunal en su sentencia, dictada hoy.

En la línea de las conclusiones del Abogado General, el Tribunal europeo concluye que el Ceta no atribuye a este mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados ninguna competencia de interpretación o de aplicación del Derecho de la Unión, aparte de la relativa a las disposiciones de dicho Acuerdo. “Cuando un inversor canadiense pretenda impugnar medidas adoptadas por un Estado miembro o por la Unión, el Acuerdo atribuye a la UE la facultad de determinar si la diferencia debe dirigirse contra ese Estado miembro o contra la Unión”, explica el fallo. De este modo, el TJUE entiende que se preserva la competencia exclusiva del Tribunal de Luxemburgo para resolver sobre el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros.

“Contiene garantías suficientes para asegurar la independencia de los miembros de los tribunales arbitrales proyectados”, señala la sentencia

Por otra parte, la sentencia reconoce que el arbitraje del Ceta vulneraría la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, pero solo si estuviera concebida de modo que, al apreciar las restricciones a la libertad de empresa mencionadas en una demanda, estos pudieran cuestionar el nivel de protección del interés público que haya motivado el establecimiento de esas restricciones por parte de la Unión respecto al conjunto de operadores que invierten en el sector comercial o industrial de que se trate del mercado interior. Sin embargo, subraya que este no es el caso del mecanismo.

En este sentido, recuerda que “el Ceta contiene cláusulas que privan a esos tribunales de competencia para cuestionar las opciones elegidas democráticamente por una Parte del Acuerdo en materia, en particular, del nivel de protección del orden público, de la seguridad pública, de la moral pública, de la salud y de la vida de las personas y de los animales, o de preservación de la seguridad alimentaria, los vegetales, el medio ambiente, el bienestar en el trabajo, la seguridad de los productos, los consumidores y los derechos fundamentales”. Por lo tanto, el Tribunal rechaza que vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.

Igualdad de trato

En cuanto a la compatibilidad del mecanismo previsto con el principio general de igualdad de trato, el Tribunal de Justicia señala que, si bien el Ceta tiene como finalidad proporcionar a los inversores canadienses que invierten en la Unión una vía específica de recurso contra las medidas de la Unión, su situación no es comparable con la de los inversores de los Estados miembros que invierten en la Unión. “No vulnera la efectividad del Derecho de la Unión por el único motivo de que un laudo dictado por el Tribunal creado por este Acuerdo pueda tener como consecuencia, en circunstancias excepcionales, que se neutralice una multa por infracción del Derecho de la competencia impuesta por la Comisión o por una autoridad de la competencia de un Estado miembro”, explica la sentencia. “En efecto, el propio Derecho de la Unión permite anular una multa cuando ésta adolece de un vicio similar al que podría declarar el Tribunal del Ceta”, añade.

Garantizado el acceso

“Ante la falta de un régimen que garantice la accesibilidad, desde un punto de vista económico, de las personas físicas y de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en la práctica, el mecanismo podría resultar exclusivamente accesible a los inversores que dispongan de elevados recursos financieros”, reconoce. Sin embargo, Luxemburgo considera que los compromisos adoptados por la Comisión y el Consejo para garantizar que las pymes puedan acceder a los tribunales proyectados son suficientes. El Ceta es pues compatible con la exigencia de accesibilidad.

Además, contiene garantías suficientes para asegurar la independencia de los miembros de los tribunales proyectados, según el Tribunal europeo.

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Derecho Internacional/ International Law

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La Justicia europea avala el mecanismo de resolución de conflictos del acuerdo comercial entre Canadá y la UE (Ceta)           

Fuente: El Economista España

29 de enero, 2019

-Unión Europea-

 El Abogado General de la Unión Europea, Bot, considera que el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados previsto por el Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá es compatible con el Derecho de la UE. De esta forma, el Abogado General avala la creación de un Tribunal específico en materia de inversiones y rechaza que esta medida, contemplada en el acuerdo, vulnere la autonomía del Derecho de la Unión y afecte al principio de competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para la interpretación definitiva del Derecho de la Unión.

En sus conclusiones, presentadas hoy, Bot asegura que el mecanismo de solución de diferencias es compatible con el Tratado UE, el Tratado FUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. “Las garantías que acompañan el establecimiento del mecanismo de solución de diferencias son suficientes”, apunta. Las conclusiones del Abogado General son ratificadas por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en más de un 90 por ciento de los casos.

“Las garantías que acompañan el establecimiento del mecanismo de solución de diferencias son suficientes”, señala el Abogado General

El 30 de octubre de 2016, Canadá y la Unión Europea firmaron un acuerdo de libre comercio, el Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta). Este Acuerdo incluye una sección que tiene por objeto instaurar un mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados en relación con la interpretación y la aplicación del Acuerdo (Investor State Dispute Settlement System, ISDS). En este contexto se prevé la creación de un Tribunal y de un Tribunal de Apelación y, a más largo plazo, de un tribunal multilateral en materia de inversiones. Así, se prevé el establecimiento de un sistema de tribunales de inversiones (Investment Court System, ICS).

“El establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias se explica por la exigencia de reciprocidad en la protección concedida a los inversores de cada Parte contratante y es coherente con el hecho de que el Acuerdo no tenga efecto directo”, señala el instructor. “Expone igualmente que la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia no puede trasladarse al examen del mencionado mecanismo”, añade.

En su opinión, el tribunal del Ceta dispone de una competencia estrechamente delimitada que consiste, en caso de infracción de las disposiciones pertinentes del Acuerdo por una Parte contratante, en conceder una indemnización a los inversores perjudicados. Dicho tribunal no está facultado para anular una medida que considere contraria al Acuerdo ni para exigir que dicha medida se adecúe a lo establecido en dicho Acuerdo. “Cuando toma en consideración el Derecho de la Unión, el tribunal está vinculado por la interpretación dada por el Tribunal de Justicia y no puede imponer una interpretación de ese Derecho en el seno del ordenamiento jurídico de la Unión”, asegura. “Además, el Comité Mixto puede adoptar interpretaciones vinculantes del Acuerdo y se ha establecido un procedimiento de apelación”, añade.

No afecta la misión de los juzgados

El Abogado General indica que el mecanismo de solución de diferencias no afecta a la misión de los órganos jurisdiccionales nacionales de garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión. Aunque, dada la ausencia de efecto directo del Acuerdo, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no tienen como misión aplicar este último, no se ven privados de su estatuto de tribunales de Derecho común del ordenamiento jurídico de la Unión, incluida su función en el eventual planteamiento de cuestiones prejudiciales. “Además, no se priva al Tribunal de Justicia de su competencia para responder con carácter prejudicial a las cuestiones planteadas por dichos órganos jurisdiccionales. Según el Abogado General, no se desvirtúan las competencias que los Tratados atribuyen a las instituciones de la Unión y a sus Estados miembros”, apunta.

Derecho Internacional / International Law

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Canada: the ICJ intervenes to ensure access to justice in corporate complicity case before Canada’s Supreme Court   

Source: International Comission of Jurists

February 23, 2019

The ICJ and Amnesty International–Canada, have intervening in appeal proceedings before the Supreme Court of Canada in the Case Araya et al versus Nevsun Resources Ltd on appeal from the British Columbia Court of Appeal.

This case concerns a civil suit by Eritrean refugees against Nevsun for its involvement in the commission of forced labour, slavery, torture and other serious breaches of international law against them and many other victim. It is being heard today (23 January).

The joint intervention sets out the basis of the right to an effective remedy under international law and the importance of giving effect to that right in the proceedings of the case and in the development of common law in Canada.

The proceedings before the Supreme Court originate in an appeal by the defendant company Nevsun Resources Ltd against the British Columbia Court of Appeal’s judgment of 2017 which upheld the rights of claimants to sue in Canada.

The company argues that the “act of State” doctrine precludes Canadian courts from sitting to judge the lawfulness or validity of sovereign acts of foreign states, in this case the implementation of Eritrean National Service Programme, within the territory of that state.

The alleged forced labour, slavery and torture had been committed in this context. The company also contends that the claimants’ suit is based on allegations of breach of customary international law rules applicable only to States and which are not recognized under Canadian tort law as applicable to companies.

The ICJ and AI-Canada argue that the development of common law doctrines of judicial abstention and causes of action should be consistent with the right to an effective remedy for human rights violations as protected by international law and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. In this line, the company’s grounds of appeal should be rejected or, if accepted, should be made consistent with the full respect to the right of the claimants to an effective remedy.

The claim filed in 2015 argues that Nevsun Resources was involved in various ways in the practice of forced labour, slavery, torture, cruel, inhuman or degrading treatment, and crimes against humanity at the Bisha mine against hundreds of Eritreans who were conscripted into the Eritrean National Service Programe and forced to working in the mine operated jointly by Nevsun and Eritrean State companies.

The claimants, Gize Yebeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion and Mihretab Yemane Tekle, three of those who were forced to work in the Bisha mine and fled the country to find refuge in Canada, sued Nevsun alleging private law torts and breaches of peremptory principles of international law (forced labour, slavery, torture, inhuman or degrading treatment, and crimes against humanity).

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Canada Supreme Court allows non-resident citizens to vote    

Source: Jurist

January 11, 2019

The Supreme Court of Canada on Friday struck down a restrictive law that prevented Canadian citizens living outside the country from casting ballots in national elections.

The question before the court revolved around a section of the Canada Elections Act that stated that citizens of Canada have the right to vote as long as they have “been absent from Canada for less than five consecutive years.” This section of the law had the effect of disenfranchising more than a million and a half Canadian citizens who lived outside the country for five or more years, including Gillian Frank and Jamie Duong, two Canadian citizens who teach at universities in the US. The two sued the Canadian government after being barred from voting in the election of 2011, alleging that the five-year limitation was “arbitrary” and blocking their right to vote was unconstitutional. The Canadian government argued that the limitation of voting rights was justified under Section 1 of the Canadian Charter, which allows for constitutional rights to be curtailed in a “reasonable” and “minimally impairing” manner if there is a strong policy reason for doing so.

In its 5-2 decision, the Supreme Court of Canada agreed with Frank and Duong. In the judgment, Chief Justice Richard Wagner stated that the government’s invocation of Section 1 of the Charter “must be carefully scrutinized and cannot be tolerated without a compelling justification.” Without a clear and reasonable policy reason for limiting the rights of non-resident citizens, the court felt that the government’s use of Section 1 to justify the five-year residency limitation on the right to vote of the Charter was improper. “Voting is the cornerstone of our democracy,” Wagner stated, going on to write that “denial of the fundamental right to vote, in and of itself, inflicts harm on affected citizens.” The two dissenting judges stated, however, that the five-year limitation was justifiable, writing that “a five-year time period falls within the range of reasonable options that were open to Parliament, and it is not this Court’s prerogative, let alone within this Court’s expertise, to second-guess the precise location at which Parliament chose to draw the line” in their dissent.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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canadaSupreme Court of Canada rules for Yukon First Nations in watershed development suit

Source:Jurist
December 04, 2017

[JURIST] The Supreme Court of Canada ruled[judgment, PDF] Friday in favor of the Yukon First Nations in their action to fight the Yukon government’s proposed plan to allow further economic development of the Peel Watershed.
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Derecho Constitucional/ Constitutional Law

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hammer-719066_1280Canadá prohíbe el uso de internet a condenados por delitos sexuales
Fuente: La Información 
La Corte Suprema de Canadá autorizó el jueves a los tribunales prohibir a los condenados por abuso sexual el uso de internet para prevenir nuevas agresiones.
“Internet es cada vez más utilizado para cometer delitos sexuales contra los jóvenes y (…) los delincuentes sexuales que se aprovechan de niños son más susceptibles de reincidir que otros delincuentes sexuales”, escribe la magistrada Andromache Karakatsanis en su fallo.

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Derecho Internacional/ International Law

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oficina_15La normativa UE sobre cláusulas abusivas también es aplicable a los procedimientos concursales 

Fuente: Noticias Jurídicas 

En su sentencia de fecha 21 de abril de 2016, en el asunto C 377/14 Ernst Georg Radlinger y Helena Radlingerová / Finway a.s, el TJUE declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio que los profesionales se atengan a las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores, también se aplica en los procedimientos concursales. Lo mismo cabe decir respecto de las normas relativas a los contratos de crédito al consumo.
La existencia de esta obligación ya ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia en lo que concierne a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en materia de las cláusulas abusivas estipuladas en los contratos celebrados con los consumidores, de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales y de venta y garantías de los bienes de consumo.

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