Chile

Derechos Humanos / Human Rigths

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La pandemia y el problema del acceso al agua en Chile

Fuente: Red Internacional de Derechos Humanos

22 de mayo, 2020

El impacto del covid-19 trae consigo retos y preguntas que se expanden a varias esferas. En la de los derechos humanos, la pandemia pone en evidencia la importancia de recordar las obligaciones que tienen los Estados con su promoción y protección.

Al enfrentar una emergencia sanitaria global de tal magnitud, los Estados deben prestar especial atención a la contención de la propagación del virus, pero siempre teniendo en cuenta que, aunque el derecho internacional permite que los Gobiernos restrinjan algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la actual, estas restricciones deben estar en concordancia con la Constitución nacional y con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo anterior quiere decir que, incluso en un estado de emergencia, los Estados no tienen la facultad restringir o suspender algunos derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la libre circulación, o a la no discriminación.

Una de las regiones más afectadas es el continente americano, en donde hay la mayor desigualdad del planeta, con profundas brechas sociales y pobreza extrema, problemas transversales que afectan a todos los Estados de la región.

El COVID-19 ha puesto el foco sobre problemáticas ya existentes como las altas tasas de informalidad, trabajos e ingresos precarios, inseguridad alimentaria y falta de acceso a saneamiento y agua potable, lo que dificulta que las personas puedan tomar las medidas preventivas adecuadas frente a la pandemia.

Por otra parte, los altos índices de violencia, incluso por motivos de género, raza y etnia, o la discriminación contra personas migrantes, desplazadas, refugiadas o apátridas supone desafíos aún mayores para los Estados, en especial los americanos, en términos económicos, políticos y sanitarios.

En Chile preocupa la situación que viven mujeres, niños y adolescentes, que están propensos a ser víctimas de violencia durante la pandemia. También es preocupante la poca eficacia de los mecanismos de participación de la sociedad civil y los serios problemas del sistema de salud y su incapacidad para brindar el servicio de manera igualitaria a toda la población, en especial en las zonas rurales, y para cumplir con estándares adecuados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para todos los ciudadanos.

Esto ha provocado una clara preocupación entre los habitantes en cuanto el impacto que puede tener esta pandemia, sobre todo para las personas vulnerables como los adultos mayores, enfermos crónicos, personas con discapacidad, o aquellas que se encuentran en situación de pobreza o de indigencia.

Considerando que si bien existen varios impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diferentes contextos ocasionados por la pandemia, la catástrofe hídrica que vive Chile acentúa que las medidas y la contención del virus sean más difíciles de llevar a cabo. Se estima que un millón de personas, entre ellas 383 mil viviendas en zonas rurales, no tienen acceso a agua potable o saneamiento. Las zonas más afectadas son las comunas entre las provincias de Coquimbo y Maule, donde se encuentra la mayoría de población del país.

Esto quiere decir que los habitantes de estas zonas no pueden seguir la primera recomendación para frenar la propagación del coronavirus o de otras enfermedades infecciosas, que es lavarse las manos minuciosamente con frecuencia. En muchas comunas el porcentaje de abastecimiento de agua es de apenas 50 litros por día, porcentaje que está por debajo del índice mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud.

Aun cuando no estuviéramos en tiempos de pandemia, el agua es un recurso esencial para garantizar la vida, para beber, cocinar, para la higiene personal, entre otras, y en una crisis como la actual es aún más necesario garantizar un adecuado suministro y acceso. Muchos habitantes de Chile tienen abastecimiento de agua por medio de camiones cisterna, pero no en cantidad suficiente para subsistir por más de una semana.

Aunque, en gran parte, para algunos este problema de abastecimiento tiene relación con el cambio climático, la esfera política, y las políticas públicas adoptadas han cumplido un rol importante. Chile ha adoptado una política de privatización y del acceso del agua: este servicio y su explotación ha sido entregado casi en su totalidad a empresas privadas desde 1988, por medio de la Ley del Acceso al Agua Nº 19.549.  Las empresas privadas no pueden, ellas solas, hacer frente al cambio climático, pues se ha definido un presupuesto de 700 millones de dólares para adaptar de la forma correcta toda la infraestructura hídrica.

El 11 y 12 de julio de 2019, 140.560 chilenos se vieron afectados por un corte en el suministro de agua potable que generó una crisis sanitaria y puso en peligro inminente a varias familias por la falta de acceso al agua necesaria para el consumo y para para desarrollar otras tareas cotidianas como aseo, cocina y evacuación de aguas negras.

Tal como lo ha mencionado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), se deben seguir tomando las medidas necesarias para asegurar el acceso al agua, ya que los grupos en situación de marginalidad son más vulnerables y pocas veces se ven situados en el centro de las políticas públicas relativas al saneamiento y el acceso al agua. Las poblaciones que son económicamente vulnerables son víctimas de un círculo vicioso: la falta de acceso al agua las hace más propensas a posibles infecciones, que luego se traducen en enfermedades y medidas de aislamiento, sin protección de las instituciones de seguridad social, e impedidos de ejercer actividades productivas.

Las comunidades pertenecientes a los segmentos socioeconómicos D y E, según la clasificación chilena, son las que tienen el nivel mas alto de vulnerabilidad. Por lo anterior es importante que las medidas que se adopten sean fundamentadas en objetivos legítimos de salud pública, protección de derechos humanos y el bien general e individual de la población.

Sectores de la sociedad chilena han insistido por años en que se deben hacer reformas profundas en el sistema y que no es suficiente una reforma al Código de Aguas, sino que se debería contemplar la   reformar Constitución Política derogando el artículo 19 numeral 24, que consagra la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Sin embargo, estas decisiones requerirían la aprobación de dos tercios del Senado chileno.

Según la ONU, “la amplia participación política cumple una función crucial en la promoción de la gobernanza democrática, en respeto del Estado de derecho, la inclusión social y el desarrollo económico, y el progreso de los derechos humanos”. El respeto de los derechos humanos, de manera trasversal e indivisible, es fundamental tanto para el empoderamiento colectivo como para el individual, un paso indispensable para erradicar la marginalidad y la discriminación; incluso cuando no hay discriminación específica en la participación política, la desigualdad en otros derechos puede suponer una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

En conclusión, es importante recordar que los Gobiernos tienen el deber de proporcionar atención sanitaria básica a sus ciudadanos, utilizando medidas que se apliquen de manera equitativa.

Michelle Bachelet ha dicho recientemente que “la salud de cualquier persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la sociedad. Para prevenir la propagación de este virus es preciso llegar a todos y velar por que exista un acceso equitativo al tratamiento”.

De igual manera, la alta comisionada señala que este acceso debe estar disponible “lo mismo si la persona se encuentra en un asilo de ancianos que si se halla en una cárcel o en un campamento de migrantes o refugiados”. Finalmente, Bachelet indica que si la respuesta al coronavirus se basa en los principios de confianza pública, transparencia, respeto y empatía hacia los más vulnerables, “no solo lograremos defender los derechos intrínsecos de cada ser humano, sino que además usaremos y consolidaremos los instrumentos más eficaces para garantizar que vamos a superar esta crisis y adquirir experiencia para el futuro”.

Los retos en materia de privatización del agua y su acceso plantean en el caso de Chile, como en otros países de la región, la necesidad de abrir un debate en torno a la responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio y el papel del Estado, que no puede renunciar a su obligación de garantizar el acceso universal, como medio para proteger la integralidad de derechos vinculados.

El relator especial sobre los derechos al agua potable y el saneamiento, con el propósito de actualizar sus informes, hace una consulta con diferentes actores, quienes tendrán plazo hasta el 28 de mayo de 2020 para responder un cuestionario en el que pueden aportar información relacionada con diferentes áreas de su mandato.

En el formato se pregunta, por ejemplo, si durante el último decenio (2010-2020), los estados y agentes humanitario han asegurado, y cómo, el acceso inmediato al nivel mínimo esencial de agua y saneamiento de forma no discriminatoria durante las situaciones de emergencia.

De igual manera, requiere información sobre si los Estados y los agentes humanitarios han asegurado la igualdad de acceso a la cantidad mínima esencial de agua, si han proporcionado los elementos que toda persona necesita para la salud y la supervivencia, para vivir con dignidad, o si han monitoreado el grado de realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento tomando las medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento [15].

El cuestionario está disponible en este enlace.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Chile postpones referendum on new constitution amid coronavirus concerns

Source: Jurist

March 22, 2020

 Lawmakers in Chile on Thursday agreed to postpone a nationwide referendum on a new constitution amid concerns about the outbreak of the novel coronavirus.

President Sebastian Pinera signed a law last December scheduling a national referendum on a new constitution following months of protests. The vote was set for April 26, but the ministry of health recently predicted that date would be the height of coronavirus infections in the country. There are currently 434 confirmed cases in Chile, among the highest per capita in South America.

Lawmakers have tentatively set a new date of October 26, but officially setting the date will require approval by two-thirds of congress in a formal vote.

Derechos Humanos / Human Rights

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Manifestaciones en Chile: No hay avances significativos para salvaguardar los derechos humanos

Fuente: Naciones Unidas

13 de marzo, 2020

Aunque algunas medidas, como la colocación de cámaras que registran la actuación policial, van en la dirección correcta, ONU Derechos Humanos continúa recibiendo denuncias sobre palizas, atropellos, uso indebido de las herramientas de represión y otras abusos y violaciones.

El representante para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó que continúa recibiendo alegaciones sobre vulneración de las garantías fundamentales “en el marco de las de manifestaciones sociales” en el país sudamericano.

Jan Jarab destacó que esta situación sucede tras cumplirse tres meses de la publicación del informe de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada sobre Chile en el que se daba 21 recomendaciones para el Estado.

Jarab destacó que algunas medidas implementadas por el ejecutivo “van en la dirección correcta, como el aumento de cámaras corporales que registran el actuar policial, entre otras”, pero indicó que su Oficina no verificó “avances significativos” en la puesta en marcha de gran parte de las recomendaciones.

Entre las sugerencias del informe, se apunta la posibilidad de crear un mecanismo conjunto, que incluiría a la Oficina de la Alta comisionada en América del Sur y a la sociedad civil, y que daría seguimiento a la puesta en funcionamiento de dichas medidas junto a las de otros expertos internacionales en materia de derechos humanos.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó a todas las autoridades, en especial a las que ostentan responsabilidades directas en materia de derechos humanos, “a redoblar sus esfuerzos” para llevar a cabo las recomendaciones del informe “de forma efectiva”, o de cualquier otra medida que sirva para afianzar “la plena vigencia” de las garantías fundamentales en el país sudamericano.

El problema de la violencia y el uso debido de la fuerza

Entre las varias recomendaciones del informe se encuentran las ligadas al uso apropiado de la fuerza, que incluye a las armas de baja capacidad letal, donde se indica que “los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales”, explicó el representante de la Oficina.

Pese a ello, Jarab señaló que continúa recibiendo información “sobre el uso indebido de estas armas por personal de Carabineros, en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión”. Añadió que durante la semana pasada una persona falleció “presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad”.

Asimismo, destacó haber recibido informaciones y testimonios audiovisuales “sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Recordó que, ante estas situaciones, es el Estado quien debe garantizar la protección de las personas que defienden los derechos humanos ya que contribuyen “a un ambiente propicio” para ejercer otros derechos.

“Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial”, dijo.

Jarab añadió que el uso legal, proporcional y necesario de la fuerza solo puede estar justificado ante agresiones a policías o actos de vandalismo, pero no contra los individuos que ejercen su derecho a la protesta pacíficamente.

Centrar la situación a través de los derechos humanos

Entre las medidas urgentes de protección y prevención la Oficina contactó con múltiples interlocutores, entre ellos altas autoridades de todos los poderes del Estado,  y puso a su disposición la asesoría técnica y experiencia internacional de la Oficina para abordar la situación “desde un enfoque de derechos humanos”.

ONU Derechos Humanos recordó que la sociedad civil, las víctimas y sus familiares deben ocupar un rol central en la respuesta del Estado a las tensiones sociales.

“Como Oficina del Alto Comisionado tenemos el mandato de promover y proteger los derechos humanos, en Chile como en el resto de la región y en el mundo. Reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando con el Gobierno y con todos los actores relevantes para apoyar el desarrollo de legislación, políticas y planes armónicos con las normas de derechos humanos ratificadas por el Estado de Chile”, concluyó el representante.

El informe de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dedicó tres semanas de noviembre a conocer la situación en Chile.

El documento detalla alegaciones de tortura, malos tratos, violencia sexual por parte de Carabineros y presuntas detenciones arbitrarias.

También presenta 21 recomendaciones como una hoja de ruta sostenible guiada por las normas de derechos humanos sobre cuestiones como el uso de la fuerza y la gestión adecuada de asambleas; investigación, acceso a la justicia y rendición de cuentas; fortalecimiento de capacidades, así como la participación y las causas profundas de las protestas.

Derechos Humanos / Human Rights

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La misión de derechos humanos en Chile examinará las denuncias de violaciones durante las protestas

Fuente: Naciones Unidas

25 de octubre, 2019

 Los tres miembros de la misión llegarán el 28 de octubre y examinará las denuncias sobre 18 muertes, entre ellas varias en las que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad. La Oficina de Derechos Humanos también ha recibido denuncias de delitos cometidos por terceros.

“Seguimos de cerca la creciente crisis en Chile, incluidos los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las recientes protestas y la declaración del estado de emergencia. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de violaciones de las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También hemos recibido informes de delitos cometidos por terceros”, ha asegurado este viernes Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La Oficina, que dirige Michelle Bachelet, ha recibido denuncias sobre la muerte de 18 personas, entre ellas un niño de 4 años. Las circunstancias de todas esas muertes no están claras.

“La institución nacional de derechos humanos había seguido de cerca esos casos y ha indicado que, en al menos cinco de esas muertes, hubo participación de las fuerzas de seguridad. La Oficina examinará esos informes durante su misión”, dijo Ravina Shamdasani.

Además de los fallecimientos, la portavoz dijo que también han recibido reportes de que 582 personas han resultado heridas, 295 con munición real.

El jueves, Michelle Bachelet anunció que una misión de su Oficina será desplegada al país por petición del Gobierno y un grupo de parlamentarios.

Sede en Santiago

Tres oficiales de derechos humanos llegarán al país el lunes 28 de octubre y permanecerán hasta el 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y recopilar  información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar la situación. El equipo de la misión tendrá su sede en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país.

Preguntada sobre el hecho de que Michelle Bachelet sea nacional de Chile, la portavoz recordó que el mandato de la Alta Comisionada es “mundial”.

“En el pasado, hubo muchas ocasiones en que los altos comisionados anteriores se vieron obligados por las circunstancias en su país de origen a hablar y participar”, aseguró Shamdasani, antes de añadir que el Gobierno de Chile “está completamente de acuerdo” con la misión.

Derechos Humanos / Human Rights

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Chile es responsable por no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad

Fuente: Corte IDH

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de las decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal “forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991”; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido “diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia”. Manifestó que el Estado reconoce “su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial” en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de verdad. Reconoció que “la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación” y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste “constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la Sentencia.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

Derecho Internacional / International Law

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Bolivia-y-Chile.jpgCorte Internacional de Justicia: Chile no tiene obligación de negociar el acceso de Bolivia al mar           

Fuente: Naciones Unidas

01 de octubre, 2018

El principal órgano judicial de la ONU ha rechazado la demanda impuesta por Bolivia, que solicitaba a la Corte reconocer la obligación de Chile de negociar un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, derecho que este último país había cedido en un acuerdo de 1904 a cambio de una indemnización y otras compensaciones, entre ellas una garantía de libre tránsito hacia los puertos de Chile. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Internacional / International Law

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chileEl Congreso chileno rechaza el cese de tres jueces por dar libertad condicional a violadores de derechos humanos 

Fuente: El País.com

15.09.18

Por 73 votos contra 64, la Cámara de Diputados no aprobó la acusación constitucional contra los magistrados de la Corte Suprema. Leer el resto de esta entrada »