Colombia

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia es responsable por violar la garantía de estabilidad que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia

Fuente: Corte IDH

14 de diciembre, 2020

– En la Sentencia notificada el día de hoy en el Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desvinculación arbitraria de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia de su cargo de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Cartagena. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La señora Martínez Esquivia se desempeñaba como Fiscal Delegada, cargo que desempeñó en provisionalidad por más de 12 años. El 29 de octubre de 2004, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente su nombramiento sin motivación alguna.

En esta Sentencia la Corte, tomando en cuenta la naturaleza de la función de las y los fiscales, consideró que las mismas deberían ser amparadas por garantías que protejan su independencia y objetividad. La Corte precisó que, al igual que a los y las jueces, a las y los fiscales les cobija la garantía de estabilidad, que implica los siguientes mecanismos de protección: a) la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato; b) que las y los fiscales solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia, y c) que todo proceso contra fiscales se resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de ejercer sus funciones sin temor a represalias

Con respecto a los nombramientos en provisionalidad, la Corte observó que esta provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño de su función y la salvaguarda de los propios justiciables. En todo caso, la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.

Estas garantías no fueron observadas en la desvinculación de la señora Martínez Esquivia, por lo que se consideró a Colombia responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención. De la misma manera, se consideró que la discrecionalidad no fundamentada transformó el acto administrativo de desvinculación en un acto arbitrario, al afectar indebidamente su derecho a la estabilidad en el cargo, por lo que, además, resultó violatoria al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de la peticionaria, protegido por el artículo 23.1.c de la Convención.

La Corte consideró, asimismo, que el Estado no proporcionó a la señora Martínez Esquivia un recurso eficaz para proteger esta garantía de estabilidad, por lo que declaró la responsabilidad de Colombia por violación a los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales.

Finalmente, la Corte concluyó que Colombia violó el plazo razonable al haber tardado casi cuatro años en la resolución del recurso de apelación en sede laboral.

En este caso la Corte dispuso diversas medidas de reparación.

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente.

Derechos Humanos / Human Rights

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Bachelet pidió al Gobierno colombiano dar apoyo incondicional al sistema de justicia transicional

Fuente: Panorama RIDH

22 de octubre, 2020

 La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó este jueves el total apoyo de su Oficina al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, al que definió como la piedra angular del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP y que puso fin a un conflicto armado de más de 50 años en el país.

La declaración de Bachelet ocurrió al término de una reunión virtual en la que dialogó con Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, los tres mecanismos de justicia transicional existentes en Colombia.

“Quisiera reconocer los avances significativos logrados por estas instituciones y la valentía de todos aquellos que están trabajando para que se conozca la verdad. Todas cumplen un rol fundamental y único para asegurar la participación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, dijo la alta comisionada.

A la reunión virtual, en la que se discutió la grave situación de los líderes sociales y los excombatientes en Colombia así como el estado de la implementación del acuerdo de paz, también asistieron la representante de Bachelet en el país, Juliette de Rivero, y el jefe de la División de las Américas de la OACNUDH, José María Aranaz.

Mientras que en Colombia el partido de Gobierno y el mismo presidente de la República no cesan de atacar a estos mecanismos, en particular a la Jurisdicción Especial para la Paz, Bachelet aseguró que la labor de este sistema de justicia transicional es esencial para consolidar la paz.

“Insto a las autoridades del Estado a apoyar y cooperar incondicionalmente con el sistema, así como garantizar la plena independencia de sus mecanismos, incluyendo su autonomía financiera y la posibilidad de operar en un entorno seguro”, afirmó la alta comisionada, quien finalizó su declaración recordando que establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas es crucial para restaurar la dignidad de las víctimas y contribuir a la reconciliación nacional.

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia top court declines to rule on abortion case

Source: Jurist

March 03, 2020

 The Corte Constitucional, Colombia’s highest judicial body, on Monday dismissed a high-profile abortion case, declining to rule on the issue.

The move effectively preserves the legal status quo for abortion rights in Colombia, with access to abortion only in cases of threats to the mother’s life, rape or fatal medical problems for the fetus. The case, which was brought by a hardliner opposed to even those carve-outs for abortion, presented the court an opportunity to either further restrict abortion, as the plaintiff sought, or to further expand it to be generally allowed in the early months of pregnancy. By a 6-3 vote, the court elected neither path.

The dissenting judges wrote opinions asserting that they would have expanded legal access to abortion, an approach that appeared to motivate the court’s initial willingness to hear the case. By electing to dismiss the claim, however, the court’s majority also declined to rule in any new way on the matter. This absence of further clarity, while a setback for abortion rights groups, leaves the door open for further legalization efforts because it created no additional legal barriers.

Derechos Humanos / Human Rights

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La crítica situación de los defensores en Colombia

Fuente: RIDH

21 de febrero, 2020

Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 el Gobierno de Colombia recibió la visita del relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.

¿Qué concluyó el relator?

  • La gran mayoría de las personas defensoras de derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
  • Las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente; frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder.
  • Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad.
  • Las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo y son deslegitimizadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales.

¿Cuáles son las causas de esta problemática?

  • La desmovilización de las FARC-EP que no conllevó la movilización y presencia estatal integral en las zonas antes bajo su control, permitiendo la reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales y grupos criminales en torno a economías ilícitas, ante la inacción y/o ausencia del Estado. Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques.
  • El retraso y falta de determinación política y de designación de fondossuficientes para la implementación del Acuerdo de Paz, que prioriza eldesmantelamiento de estos grupos y la presencia integral del Estado, es sin duda unade las causas estructurales que mantienen la situación de riesgo de los Está también por verse el impactoque el reciente rearme de una minoría de los excombatientes de las FARC-EP tendráen la implementación del Acuerdo de Paz y en la situación de las personas defensoras.
  • El factor estructural de la deuda histórica del Estado con los derechos humanos de las comunidades étnicas, su acceso a la tierra y el de los campesinos, que hasta ahora ha resultado en favor de los intereses de las empresas nacionales e internacionales y ciertas élites.
  • El factor estructural de la falta de una reforma agraria y la restitución de tierras. El número de conflictos relacionados con la protección de la tierra y los derechos ambientales seguirá en aumento mientras el tema del modelo de desarrollo y su sostenibilidad no se aborde y se llegue a un acuerdo con las comunidades afectadas basado en los derechos humanos.

¿Qué recomienda el relator?

  • El relator especial destaca la importancia de la implementación efectiva del Acuerdo de Paz y la elaboración de una política integral por parte del gobierno para la defensa de los derechos humanos, con la plena participación de las personas defensoras y la sociedad civil, y mayores avances en la lucha contra la impunidad para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores.
  • El funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional de Garantías deSeguridad y la adopción e implementación de una política pública y criminalpara desmantelar organizaciones criminales o conductas que ataquen adefensores;
  • Al Gobierno, el despliegue integral de instituciones civiles y servicios del Estado(seguridad, justicia, educación, salud, etc.), priorizando las zonas donde losdefensores están más en riesgo, un enfoque de seguridad humana en asuntos deseguridad y haciendo hincapié en la formación de las fuerzas de seguridad enderechos humanos, cuestiones de género y la Declaración sobre los Defensoresde los Derechos Humanos.
  • Garantizar la autonomía del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo y la puesta en práctica de una respuesta articulada y efectiva ante los riesgos para los defensores por las autoridades correspondientes, y el buen funcionamiento del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios;
  • Las empresas deben respetar, en particular, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Antes de desarrollar proyectos deben evaluar su impacto en los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano, y cuando afecten a pueblos indígenas y/o afrocolombianos deben celebrar consultas previas y efectivas, respetando las decisiones de las mismas en consonancia con las normas y principios internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Terminando 2019, iniciando 2020

Se finalizó el año 2019 con por lo menos 107 homicidios en contra de defensores y defensoras. Esta terrible tendencia no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero.

La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98 %) en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86% del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional.

Los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes, principalmente en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. El grupo más afectado, fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

Derechos Humanos / Human Rights

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Relator de la ONU denuncia falta de determinación para implementar el Acuerdo de Paz

Fuente: Panorama RIDH

21 de enero, 2020

-Colombia-

 Michel Forst, relator especial de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, hizo público su muy esperado informe acerca de la grave situación de los defensores y líderes sociales en Colombia. A lo largo de 18 páginas, el experto francés da cuenta de los hallazgos de su visita al país, que tuvo lugar, por invitación del Gobierno, entre noviembre y diciembre de 2018.

En sus conclusiones, Forst indicó que “el retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes para la implementación del Acuerdo de Paz, que prioriza, entre otros, el desmantelamiento de estos grupos [armados ilegales] y la presencia integral del Estado, es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”.

“Tras analizar la información recibida del Gobierno, la sociedad civil y otros actores, el Relator Especial concluye que la gran mayoría de las personas defensoras en Colombia no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio”, consignó en su informe Forst, quien también observó que los defensores en el país no cuentan con un reconocimiento social positivo, y que son deslegitimados y criminalizados por actores estatales y no estatales.

El relator concluyó también que el riesgo para quienes defienden los derechos humanos ha aumentado desde la firma del Acuerdo de Paz, y que precisamente los líderes sociales que promueven su implementación en las zonas rurales más afectadas por el conflicto “son el principal blanco de asesinatos, ataques y otras violaciones”.

Al menos 323 personas defensoras han sido asesinadas desde entonces en un contexto de altos índices de impunidad. Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado”, afirmó el experto.

Según pudo determinar en su análisis de la situación en Colombia, la violencia contra los líderes, incluyendo a los que defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos “frente a los intereses estatales y de actores no estales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, se debe a “una combinación de factores y problemas estructurales todavía no resueltos”.

Además de la falta de implementación del Acuerdo, el experto coincide con lo que analistas, defensores y periodistas denuncian desde hace tiempo: “La desmovilización de las FARC-EP no conllevó la movilización y presencia estatal integral en las zonas antes bajo su control, lo que permitió la reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales y grupos criminales en torno a economías ilícitas, ante la inacción y/o ausencia del Estado”.

Los otros dos factores estructurales identificados por Forst son “la deuda histórica del Estado con los derechos humanos de las comunidades étnicas” y los campesinos, en particular el acceso a la tierra “que hasta ahora ha resultado en favor de los intereses de las empresas nacionales e internacionales y ciertas élites”, y la falta de una reforma agraria y de una política efectiva de restitución de tierras.

El número de conflictos relacionados con la protección de la tierra y los derechos ambientales seguirá en aumento mientras el tema del modelo de desarrollo y su sostenibilidad no se aborde y se llegue a un acuerdo con las comunidades afectadas basado en los derechos humanos”, sostuvo el relator, quien formuló al Gobierno ocho recomendaciones para hacer frente a la situación de violencia contra los defensores y líderes sociales.

Las recomendaciones de Forst a Colombia

La primera y más detallada es reafirmar su compromiso político con el Acuerdo de Paz, priorizar su implementación y garantizar los recursos necesarios para hacerlo.

En esta recomendación, el experto pide específicamente al Gobierno asegurar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el despliegue integral de instituciones civiles y servicios del Estado en las zonas de mayor riesgo para los defensores, la permanencia, con recursos y personal suficientes, de la Unidad Especializada de la Fiscalía, la autonomía del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la puesta en marcha de un plan nacional de desarrollo, reforma agraria y restitución de tierras con enfoque de derechos humanos.

Las otras recomendaciones del relator especial de la ONU incluyen adoptar e implementar la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos; reconocer de manera pública y regular el carácter fundamental de la labor de los defensores y líderes sociales; priorizar la lucha contra la impunidad por los asesinatos, amenazas y todo tipo de violencia en su contra, y garantizar que la legislación sea compatible con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como los de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Este informe de Michel Forst será presentado y discutido en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar del 24 de febrero al 20 de marzo en Ginebra. En el debate podrán participar los Estados miembros de Naciones Unidas, el relator especial y las organizaciones de la sociedad civil.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Experta de la ONU destaca reforma de capacidad legal en Colombia para poner fin a al régimen de tutela

Fuente: Naciones Unidas

29 de agosto, 2019

 Una experta de la ONU destaca la nueva ley colombiana que garantiza a las personas con discapacidad el ejercicio de su capacidad legal, señalándola como un logro importante en el reconocimiento de su plena ciudadanía.

“La ley recientemente aprobada elimina toda forma de interdicción e inhabilitación de la capacidad legal en Colombia, al tiempo que establece mecanismos de apoyo que permiten el ejercicio pleno de este derecho fundamental,” dijo la Sra. Devandas, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. “Este es un gran paso hacia el reconocimiento pleno de la igualdad de las personas con discapacidad ante la ley”.

La iniciativa colombiana se une a procesos de reforma similares que se están llevando a cabo en Perú y Costa Rica, colocando a los países de América Latina como líderes mundiales en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Estamos frente a un cambio de paradigma en la región latinoamericana, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y de obligaciones iguales a todos los demás. Debemos reconocer la importancia de esta reforma que se está llevando a cabo en Colombia y alentar su implementación inmediata por parte del Gobierno” , dijo la experta de la ONU.

La Sra. Devandas convocó a los Estados del resto del mundo a seguir el ejemplo colombiano y a emprender reformas similares, eliminando las barreras legales que restringen la capacidad legal de las personas con discapacidad.

“El compromiso internacional de no dejar a nadie atrás está a nuestro alcance. El reconocimiento de la capacidad legal como un derecho inalienable de todas las personas, con o sin discapacidad, es un paso fundamental para su cumplimiento”, dijo la Relatora Especial.

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia otorgará la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en su territorio a partir de 2015

Fuente: Naciones Unidas

06 de agosto, 2019

Más de 24.000 niños que corrían el riesgo de convertirse en parias por haber nacido en Colombia de migrantes venezolanos podrán ahora obtener la nacionalidad del país de acogida. La Organización Internacional para las Migraciones encomió la medida y junto con UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiado hará una campaña para informar sobre la medida.

Más de 24.000 niños nacidos en Colombia a partir de 2015 de padres migrantes venezolanos podrán ostentar lanacionalidad colombiana gracias a una medida administrativa excepcional y temporal anunciada el lunes por el presidente del país de acogida, Iván Duque.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acogió con beneplácito esta decisión, que evitará que miles de menores se conviertan en apátridas y que “confirma el compromiso [del Gobierno colombiano] con los derechos humanos y las convenciones internacionales al garantizar a los niños y niñas el derecho a una nacionalidad, independientemente de su condición migratoria”.

La jefa de la Misión de la OIM en Colombia afirmó que la resolución es una contribución para lograr un proceso de migración regular y seguro que, “con suerte, facilitaría el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños venezolanos, así como su integración a la sociedad”.

La medida entrará en vigor el 20 de agosto próximo y amparará a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015.

Según la OIM, la nueva provisión representa un paso muy importante hacia la protección integral de uno de los colectivos más vulnerables.

Campaña de información

Para enterar a la población migrante venezolana asentada en Colombia de este nuevo derecho, la Oficina Nacional de Registros llevará a cabo la campaña de información “Primero la Niñez”, apoyada por la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La campaña detallará cómo acceder a este derecho, qué trámites seguir, la fecha de entrada en vigor de la iniciativa y el papel de las diferentes entidades en el proceso.

Los datos oficiales de Colombia indican que hasta el 30 de junio de 2019 había más de 1,4 millones de venezolanos su territorio, lo que lo hace el país con el mayor número de migrantes de Venezuela en la región.

Según las agencias de la ONU, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo ha superado los 4 millones.

Derechos Humanos / Human Rights

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Empresas y derechos de las mujeres en Colombia         

Fuente: RIDH

09 de junio, 2019

En el marco de la 41. ª sesión del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas, la RIDH presenta algunas consideraciones concernientes a la actividad empresarial y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ en Colombia.

Tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en Colombia se han agudizado las violaciones de derechos humanos con una mayor incidencia en las zonas rurales y sobre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Las agresiones en contra de mujeres han aumentado un 97 % en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período del año anterior (Somos Defensores, 2019). Según el último informe de Somos Defensores, entre las agresiones de las que son víctimas estas mujeres se encuentran el acoso judicial, la restricción de movimientos, la vigilancia ilegal, las amenazas y hostigamientos, ataques físicos, desaparición forzada, acoso sexual, amenazas a la familia y chantaje. Este informe también recalca su vulnerabilidad desproporcionada frente a actos violentos motivados por el hecho de ser mujeres, lo que supone tratos más crueles, generalmente representados por agresiones de tipo sexual.

Nos preocupa el hecho de que en Colombia se ha utilizado el concepto de “ideología de género” con fines políticos diferentes a aquellos que buscan avanzar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. En efecto, representantes de la extrema derecha y los partidos políticos católicos y cristianos, quienes afirman que la “ideología de género” implica la destrucción de la familia y de los códigos morales que esta representa en las sociedades occidentales tradicionales, manipularon la opinión publica mediante campañas difamatorias que pretendían relacionar los acuerdos de paz con la adopción de una sociedad promiscua e inmoral, en donde la homosexualidad sería promulgada desde los planteles educativos.

En realidad, los textos del Acuerdo de Paz pretendían la inclusión de un enfoque de género y diferenciado dentro de las acciones emprendidas por las partes para su aplicación.  Las campañas mediáticas en redes sociales y medios de comunicación tuvieron el poder suficiente para influenciar la opinión pública, lo que conllevó, de una parte, a la desaprobación del plebiscito de consulta sobre la aceptación de los acuerdos, y, de otra parte, a una comprensión tergiversada del concepto de “ideología de género”, lo que actualmente afecta de manera negativa la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ, especialmente en comunidades indígenas y campesinas.

El plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos aprobado por Colombia, aun cuando contempla algunas  acciones dirigidas a evitar la discriminación de las mujeres y la población LGTBIQ, no ha avanzado de manera efectiva en su implementación y  no ha sido adecuadamente consultado con la sociedad civil. Este plan es principalmente un instrumento que depende de la buena voluntad de las empresas y no contempla herramientas que aseguren la imparcialidad y la neutralidad de las acciones emprendidas tanto por el Estado como por las empresas que operan en su jurisdicción, dado que las medidas de precaución, prevención, evaluación y reparación de violaciones de derechos humanos son responsabilidad de las mismas empresas.

En ese sentido, invitamos al Gobierno a revisar este documento llevando a cabo una consulta abierta con la sociedad civil y las organizaciones LGTBIQ y de mujeres, presentes en todo el territorio nacional.

Nos preocupa el hecho de que Colombia no haya respondido a la comunicación OL COL 3/2019, en donde se recomienda reconsiderar las condiciones de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE), dado el riesgo que estos representan frente al incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bien sabido que una gran parte de las violaciones de derechos humanos son cometidas en el contexto de las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil frente a la actividad empresarial en sus territorios, y que el Estado es, muchas veces, un cómplice de estas violaciones. Dada la debilidad institucional de Colombia para regular la actividad de las empresas transnacionales, se debería redoblar la atención sobre los acuerdos y normas existentes.

Reconociendo el especial papel que juegan las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas en la defensa del medio ambiente y el territorio, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que reconozca su vulnerabilidad desproporcionada frente a los impactos nocivos de los hechos antes mencionados e implemente medidas especiales  para estos grupos poblacionales (incluyendo a la población LGBTIQ), dentro de los procesos de consulta e implementación de proyectos que puedan afectar sus derechos, así como para permitirles el acceso a la justicia, la participación y la reparación adecuadas.

Finalmente, instamos al Gobierno colombiano a permitir una vista oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, concretando prontamente una invitación.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Colombia descriminaliza la transmisión del VIH              

Fuente: Naciones Unidas

13 de junio, 2019

Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH de manera, algo que ONUSIDA considera una política punitiva y discriminatoria contra las personas que viven con el virus.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH. 

En un comunicadoONUSIDA recalcó que la criminalización demasiado amplia de la transmisión del virus es ineficaz, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones. La agencia había presentado una alegación ante el Tribunal Constitucional demostrando esa afirmación. 

“Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivos que bloqueen las respuestas efectivas al VIH“, expresó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la agencia. 

La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella.

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.

La Corte además dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación.También determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública. 

Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH  sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH.  

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH. 

Derechos Humanos / Human Rights

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¿Por qué implementar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia?       

Fuente: RIDH

15 de mayo, 2019

 “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente”. Esta fue la traducción que con la ayuda de Jaime Garzón se hizo del artículo 12 de la Constitución Política colombiana, para el pueblo wayuu. El artículo, tal y como aparece en la carta política, dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En Colombia, la desaparición forzada es una práctica que ha dejado decenas de miles de víctimas en los últimos cuarenta años, en donde la mayoría de los casos siguen actualmente en la impunidad. Y, lo que es peor, es un delito que ha sido cometido mayoritariamente por el Estado colombiano en alianza con grupos paramilitares y/o narcotraficantes[1]. Hasta hace no mucho tiempo, este crimen era considerado como una forma de secuestro y no se podía declarar legalmente a una persona como desaparecida hasta que pasaran dos años sin que su muerte fuera confirmada[2].

El hecho de que la normatividad colombiana haya reconocido solo en 1991 (con la Constitución Política) el derecho fundamental a no ser sometido a desaparición forzada, y el que esta haya sido tipificada como delito en el Código Penal solamente en el año 2000, da cuenta de la dificultad de contabilizar y dar seguimiento a la mayoría de los casos que se han presentado en el país desde 1977 cuando, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se conoce la primera desaparición forzada en la ciudad de Barranquilla. La de Omaira Montoya.

El aumento de las desapariciones forzadas es atribuible a las prácticas que asumió el Estado colombiano para hacer frente al surgimiento de grupos beligerantes. Si bien es cierto que las luchas partidistas dieron inicio a la violencia política en el país, es en el contexto del surgimiento de guerrillas, en la década de mil novecientos setenta, cuando se registra el inicio de las desapariciones forzadas en Colombia.

La imposición y prolongación indefinida del estado de sitio, la reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión pacíficas, y, en especial, “la asignación de competencias a las autoridades militares para el juzgamiento de civiles y la autorización a los miembros de la población civil de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Militares con fines autodefensivos[3]” fueron elementos que coadyuvaron en la utilización de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado y de los grupos paramilitares que surgieron en respuesta al creciente control territorial que mantenían las distintas guerrillas del país y que fueron impulsados desde el Estado con las prácticas arriba mencionadas.

Hoy, cuando el Acuerdo de Paz con las FARC abre una nueva ventana para que el Estado colombiano reconozca su papel dentro del conflicto armado es imprescindible que el país tome en cuenta los avances normativos que se hacen en esta materia en el sistema internacional de derechos humanos. Para su 16. ° periodo de sesiones (08 al 18 de abril 2019) el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada publicó los Principios rectores sobre la búsqueda de personas desaparecidas: un marco de acción para inclusión de enfoques de género, diferenciales y del respeto de otros derechos humanos en el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas.

Según el CNMH, la falta de coordinación y coherencia interinstitucional en el momento de desarrollar acciones encaminadas a prevenir, investigar y aclarar los casos de desaparición forzada ha hecho que Colombia haya fallado históricamente en la reparación de las víctimas de este delito, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos Gobiernos, como la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2007.

Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas son un mecanismo para la aplicación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue ratificada por Colombia en 2010. La aplicación de estos principios en el marco normativo e institucional de Colombia será un paso adelante para la eliminación de esta práctica nefasta de la cual el Estado es en gran parte responsable.