Colombia

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

Colombia descriminaliza la transmisión del VIH              

Fuente: Naciones Unidas

13 de junio, 2019

Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH de manera, algo que ONUSIDA considera una política punitiva y discriminatoria contra las personas que viven con el virus.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA dio la bienvenida a la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de eliminar la sección del código penal que criminaliza la transmisión del VIH. 

En un comunicadoONUSIDA recalcó que la criminalización demasiado amplia de la transmisión del virus es ineficaz, discriminatoria y no apoya los esfuerzos para prevenir nuevas infecciones. La agencia había presentado una alegación ante el Tribunal Constitucional demostrando esa afirmación. 

“Los objetivos de salud pública no pueden perseguirse negando a las personas sus derechos individuales. La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella. ONUSIDA continuará abogando por un entorno legal protector y la eliminación de leyes, políticas, prácticas, estigmas y discriminación punitivos que bloqueen las respuestas efectivas al VIH“, expresó Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la agencia. 

La decisión del Tribunal Constitucional de Colombia es un paso concreto para garantizar que la ley funcione para la respuesta al VIH, y no en contra de ella.

El Tribunal Constitucional de Colombia estableció que la ley violaba los principios de igualdad y no discriminación, ya que discriminaba a las personas que viven con este virus, las estigmatizaba y limitaba sus derechos.

La Corte además dijo que la ley creaba un tratamiento diferencial que no es razonable y, por lo tanto, constituía una discriminación.También determinó que dicha ley violaba los derechos sexuales de las personas que viven con el VIH y que no era efectivo para cumplir con los objetivos de salud pública. 

Según ONUSIDA, la aplicación demasiado amplia e inadecuada de la ley penal contra las personas que viven con el virus del VIH  sigue siendo una preocupación grave en todo el mundo. Nueve jurisdicciones en América del Sur y Central y al menos otras 77 en todo el mundo aún criminalizan que las personas con el virus no divulguen que lo tienen, expongan a otras o transmitan el VIH.  

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA y la Sociedad Internacional del SIDA reunieron a un grupo de expertos y científicos que desarrollaron una declaración de consenso sobre la ciencia del VIH en el contexto del derecho penal. La declaración hace un llamado al sistema de justicia penal para garantizar que la ciencia informe la aplicación de la ley en casos penales relacionados con el VIH. 

Anuncios

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

¿Por qué implementar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia?       

Fuente: RIDH

15 de mayo, 2019

 “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente”. Esta fue la traducción que con la ayuda de Jaime Garzón se hizo del artículo 12 de la Constitución Política colombiana, para el pueblo wayuu. El artículo, tal y como aparece en la carta política, dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En Colombia, la desaparición forzada es una práctica que ha dejado decenas de miles de víctimas en los últimos cuarenta años, en donde la mayoría de los casos siguen actualmente en la impunidad. Y, lo que es peor, es un delito que ha sido cometido mayoritariamente por el Estado colombiano en alianza con grupos paramilitares y/o narcotraficantes[1]. Hasta hace no mucho tiempo, este crimen era considerado como una forma de secuestro y no se podía declarar legalmente a una persona como desaparecida hasta que pasaran dos años sin que su muerte fuera confirmada[2].

El hecho de que la normatividad colombiana haya reconocido solo en 1991 (con la Constitución Política) el derecho fundamental a no ser sometido a desaparición forzada, y el que esta haya sido tipificada como delito en el Código Penal solamente en el año 2000, da cuenta de la dificultad de contabilizar y dar seguimiento a la mayoría de los casos que se han presentado en el país desde 1977 cuando, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se conoce la primera desaparición forzada en la ciudad de Barranquilla. La de Omaira Montoya.

El aumento de las desapariciones forzadas es atribuible a las prácticas que asumió el Estado colombiano para hacer frente al surgimiento de grupos beligerantes. Si bien es cierto que las luchas partidistas dieron inicio a la violencia política en el país, es en el contexto del surgimiento de guerrillas, en la década de mil novecientos setenta, cuando se registra el inicio de las desapariciones forzadas en Colombia.

La imposición y prolongación indefinida del estado de sitio, la reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión pacíficas, y, en especial, “la asignación de competencias a las autoridades militares para el juzgamiento de civiles y la autorización a los miembros de la población civil de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Militares con fines autodefensivos[3]” fueron elementos que coadyuvaron en la utilización de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado y de los grupos paramilitares que surgieron en respuesta al creciente control territorial que mantenían las distintas guerrillas del país y que fueron impulsados desde el Estado con las prácticas arriba mencionadas.

Hoy, cuando el Acuerdo de Paz con las FARC abre una nueva ventana para que el Estado colombiano reconozca su papel dentro del conflicto armado es imprescindible que el país tome en cuenta los avances normativos que se hacen en esta materia en el sistema internacional de derechos humanos. Para su 16. ° periodo de sesiones (08 al 18 de abril 2019) el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada publicó los Principios rectores sobre la búsqueda de personas desaparecidas: un marco de acción para inclusión de enfoques de género, diferenciales y del respeto de otros derechos humanos en el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas.

Según el CNMH, la falta de coordinación y coherencia interinstitucional en el momento de desarrollar acciones encaminadas a prevenir, investigar y aclarar los casos de desaparición forzada ha hecho que Colombia haya fallado históricamente en la reparación de las víctimas de este delito, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos Gobiernos, como la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2007.

Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas son un mecanismo para la aplicación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue ratificada por Colombia en 2010. La aplicación de estos principios en el marco normativo e institucional de Colombia será un paso adelante para la eliminación de esta práctica nefasta de la cual el Estado es en gran parte responsable.

Derecho Ambiental / Environmental Law

Posted on

Consulta legítima minera y ordenamiento territorial en San Lorenzo (Nariño): construyendo democracia participativa y justicia ambiental desde el territorio     

Fuente: RIDH

14 de febrero, 2019

-Colombia-

En los últimos años, la consulta popular se había consolidado en Colombia como una alternativa para las comunidades que no desean que proyectos de economía extractiva se implementen en sus territorios, porque tienen visiones del desarrollo diferentes a la que el Estado central viene imponiendo desde la primera presidencia de Álvaro Uribe hasta el día de hoy. Frente a la oleada de consultas que empezaron a realizarse a lo largo y ancho del país, a través de las que muchas comunidades ejercieron su derecho a la participación ciudadana, bloqueando más de 100 proyectos extractivos, la respuesta ha sido regular de forma cada vez más restringida el alcance de este instrumento.

Así las cosas, en la sentencia SU 095 del 11 de octubre de 2018, emitida como respuesta a la consulta llevada a cabo en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional manifestó que este instrumento no tenía la potestad de bloquear las decisiones del Estado central en materia minero-energética. La Corte manifestó que en la aplicación de procesos de consulta popular no se puede ir en contra de la ley que establece que el subsuelo y los recursos naturales son de “todos los colombianos”, en cabeza del Estado central, y no de las comunidades locales. Esta sentencia causó mucha preocupación dentro de círculos académicos, de derechos humanos y organizaciones sociales tanto a nivel nacional como internacional, quienes a través de un comunicado solicitaron a la Corte Constitucional declarar su nulidad.

Entre los argumentos de quienes firman esta petición se destaca que la participación ciudadana es un derecho fundamental del orden constitucional colombiano y un principio básico de la lógica democrática, y que la consulta popular es un mecanismo que permite frenar los conflictos socio-territoriales de forma no violenta en un país donde aún existe un grave conflicto armado. Por otra parte, se afirma que la misma Corte Constitucional en el pasado había emitido sentencias en las que reconocía la capacidad de los entes territoriales para implementar diferentes instrumentos con el fin de determinar el uso del suelo a nivel local, ya que estos también son instituciones del Estado. Por otra parte, este comunicado resalta el hecho de que tanto en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia ante el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018), como en el reciente examen del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), realizado en 2017, se hicieron recomendaciones y observaciones el Estado sobre la implementación correcta de las consultas populares. Además, se afirma que esta sentencia viola el derecho fundamental al ambiente sano, consignado en la Constitución de 1991.

Como si fuera poco, el pasado miércoles 13 de febrero de 2019, la Corte Constitucional tumbó por unanimidad el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 sobre uso del suelo, que exigía que se realizaran consultas populares cuando existieran proyectos de turismo, minería o hidrocarburos que amenazaran con cambiar las actividades tradicionales de un territorio, declarándolo inexequible. De esta manera, la Corte Constitucional acaba de eliminar el único mecanismo de participación ciudadana que permitía a las comunidades expresarse en contra de la realización de proyectos extractivos en sus territorios, dejándolas en una casi total desprotección.

En este escenario tan preocupante, la iniciativa de la consulta popular legítima minera organizada por la comunidad campesina del municipio de San Lorenzo, ubicado en el Macizo andino en el norte de Nariño, adquiere una gran relevancia. Este ejercicio, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2018, puede orientar a otras organizaciones a que busquen alternativas para la defensa de los derechos humanos, constituyendo un ejemplo de construcción de democracia participativa y justicia ambiental desde abajo. Es por eso que la historia del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo cobra hoy más actualidad que nunca.

Todo inició en el año 2010, cuando para la sorpresa de la población lorenceña, la empresa minera Mazamorras Gold comenzó labores de exploración en los corregimientos de San Rafael y Santa Martha de este municipio, así como en las veredas Olaya y El Volador del vecino municipio Arboleda. Tras varias averiguaciones, organizaciones locales se dieron cuenta de que numerosos títulos para la exploración y explotación de oro, plata y coltán les habían sido concedidos a diversas multinacionales en la zona. Entonces, sorprendidas y temerosas de los numerosos impactos negativos sociales y ambientales que estos proyectos extractivos podían tener, las comunidades emprendieron acciones de resistencia frente a la llegada de las empresas. Desde ese momento hasta el día de hoy, han venido llevando a acabo una serie de estrategias creativas con el fin de garantizar su determinación de proteger el territorio.

La más destaca de estas estrategias ha sido la constitución del primer Territorio Campesino Agroalimentario de Colombia (TCAM). Organizaciones sociales del Macizo se reunieron y decidieron unificar a 17 municipios del Norte de Nariño y del sur del Cauca para crear una figura de territorialidad colectiva campesina alternativa bajo la figura del TCAM. A través de esta, las organizaciones de la región buscan promover el reconocimiento del campesinado como un sujeto colectivo de derechos, y así poder construir procesos organizativos sólidos que hagan posible implementar las visiones del desarrollo que las comunidades locales sueñan para sus territorios. Dada la coyuntura de la intensificación del extractivismo en Colombia, paralelo al desmonte progresivo de las herramientas jurídicas para detener su expansión, las comunidades reunidas en el TCAM se dieron a la tarea de realizar foros mineros locales, regionales y departamentales. En uno de estos foros, realizado el 2 de julio de 2017 en el municipio de Arboleda, las organizaciones vinculadas decidieron adelantar procesos de consulta popular para oficializar la voluntad de las comunidades y las instituciones locales de proteger la vocación agropecuaria de su economía y su desacuerdo con la imposición del extractivismo como visión de desarrollo del gobierno central.

Desde ese momento se dio inicio a la gestión necesaria para la realización de las consultas en 5 Municipios del TCAM. Según los integrantes del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo, los líderes y lideresas iniciaron acercamientos con la Alcaldía y el Concejo Municipal, quienes aceptaron apoyar la propuesta. Esta fue también revisada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, que dio el aval de constitucionalidad al proceso. Se había decidido entonces notificar a la Registraduría Nacional, para que iniciara el proceso logístico para realizar la consulta durante el mes de diciembre de 2017. Pero al igual que en muchos otros municipios de Colombia, obstáculos administrativos empezaron a surgir. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda afirmó que no contaba con recursos para financiar la consulta, y que había un conflicto de competencias entre el Estado nacional y los entes territoriales, negando en la práctica el derecho fundamental a la participación. Frente a esta traba, la alcaldía municipal de San Lorenzo se ofreció a adjudicar recursos propios para la realización de la consulta, pero la Registraduría se negó a aceptar el financiamiento, arguyendo que no podía ejecutar ninguna acción utilizando el dinero de un municipio.

Ante esta situación, el nueve de septiembre de 2018, varios líderes y lideresas del municipio de San Lorenzo se reunieron para pensar alternativas frente a la constante amenaza del reinicio de la actividad minera en el municipio, y la incapacidad de ejercer de manera concreta su derecho a la participación ciudadana. Entonces decidieron organizar la Consulta Popular Legítima, con el fin de volver esta situación en una oportunidad para hacer pedagogía y sensibilizar a la opinión pública nacional sobre la importancia de la democracia participativa construida desde el territorio, y dar un mensaje de protesta frente a las múltiples limitaciones que habían encontrado para ejercer la ciudadanía activa.

Es así como nace el Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio, espacio de articulación de diversas organizaciones sociales, comunitarias y de la institucionalidad local de San Lorenzo, a través del cual se decidió hacer realidad la consulta de manera autónoma y auto-gestionada, convocada para el día 25 de noviembre de 2018. Entonces empezó un maratónico proceso de dos meses, durante los que el Comité tuvo que encargarse de todos los aspectos de la realización de la consulta. Desde la preparación de los listados del censo electoral, pasando por la organización de los puestos de votación en cada uno de los corregimientos del municipio, incluyendo la coordinación de quiénes serían los jurados, conseguir las urnas y la papelería, y organizar los controles de seguridad de la mano de la policía. Los miembros del comité también tuvieron que responsabilizarse de hacer el conteo, de publicar los resultados, y por supuesto, de conseguir el presupuesto para financiar la actividad. El objetivo trazado fue obtener al menos 6.500 votos, es decir un poco más de la mitad del censo electoral de San Lorenzo. El proceso fue una carrera contrarreloj.

La realización de la consulta autónoma fue posible gracias al enfoque participativo, colaborativo e inclusivo con el que el Comité enfrentó este desafío. Sus integrantes se dieron a la tarea de convocar a todos los sectores de la comunidad alrededor de este proceso. Prácticamente la totalidad de las organizaciones, instituciones y sectores sociales, comunitarios, productivos, políticos e incluso religiosos de la comunidad de San Lorenzo fueron contactados para invitarlos a que se sumaran a este objetivo. También se convocó a diversas instituciones departamentales, regionales, nacionales e internacionales, para que participaran como observadores del proceso y garantizaran la total transparencia y la seriedad de este ejercicio de democracia desde abajo. La base jurídica del proceso sería la Constitución de 1991, que consagra el derecho al agua, al ambiente sano y a la participación ciudadana.

Así, iglesias, colegios, magisterio, partidos políticos, organizaciones, niños y adultos, universidades, ONG nacionales e internacionales, así como la Alcaldía municipal y la policía, estuvieron involucrados en la realización de la consulta. Fue un proceso altamente participativo y construido desde cada uno de los territorios que hacen parte de San Lorenzo. La campaña implicó un fuerte proceso de formación de la comunidad. Se llevaron a cabo asambleas corregimentales y veredales, reuniones de las juntas de acción comunal y de los acueductos comunitarios, y procesos pedagógicos en las escuelas y colegios. Vereda por vereda, casa por casa, el comité logró involucrar cada vez a más personas. Las plazas, escuelas y coliseos del municipio se llenaron de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a promover la democracia, con el fin de proteger el agua, base indispensable de la vida.

Esto es sin duda una experiencia democrática muy particular en un país como Colombia, en el que lo usual en las votaciones es que estas estén mediadas por un sinnúmero de prácticas nocivas como el clientelismo, la compra de votos y el intercambio de favores. La consulta popular legítima de San Lorenzo fue un proceso completamente libre de ofrecimientos, clientelismo, e intereses personales, impulsada por la única convicción de convencer a la ciudadanía de que la minería no es la mejor opción para el desarrollo del municipio, y que es necesario prevenir la violencia que esta conlleva. El aporte de cada ciudadano fue ir a votar. Incluso, varios transportadores se unieron y pusieron a disposición del Comité chivas para poder llevar a las personas que viven en veredas muy lejanas a las cabeceras corregimentales, donde se ubicaron los puestos de votación. El Comité organizó también una intensa campaña de comunicación. Publicaciones en Facebook, cuñas en la radio, perifoneo, y contactos con medios regionales y nacionales fueron permanentes.

El rol de la niñez y la juventud fue también central en el proceso de la consulta. El Colectivo Juvenil Semillas de Vida coordinó una gran variedad de actividades como el diseño de jingles, videos, murales, concursos de fotografía y carreras de bicicrós para socializar el proceso de la consulta. Además, se llevó a cabo una consulta pedagógica con los estudiantes de casi todos los colegios de San Lorenzo, con el apoyo de los docentes y directivas. En esta, 3.438 niños y jóvenes, de los cuales 3.421, es decir el 99,5%, votaron que estaban en desacuerdo con la minería de metales e hidrocarburos. Este ejercicio se convirtió en una muy importante experiencia de educación para la ciudadanía y la cultura democrática, que logró generar interés por los asuntos ambientales y comunitarios en los niños y niñas de San Lorenzo.

Finalmente llegó el gran día, y la comunidad respondió. En la consulta participaron 6.674 personas, de las cuales 6.660 votaron por el no, lo que representa el 98,46 % de los escrutinios. La participación en las urnas y la realización de la consulta por parte de las mismas comunidades hace que este sea un referente histórico a nivel municipal, departamental y nacional, en tanto acto simbólico democrático, que cuestiona y refleja la carencia de mecanismos de participación ciudadana eficaces frente a la constante profundización del extractivismo.

¿Y ahora qué sigue? Es necesario empezar un proceso de incidencia política para que la consulta legítima se transforme en una orden de carácter vinculante para el uso del suelo en San Lorenzo. Para esto, el próximo sábado 16 de febrero de 2019, en la cabecera municipal del municipio se llevará a cabo un acto público de entrega de los resultados de la consulta simbólica a las autoridades municipales. De esta manera, el ejercicio de democracia directa organizado por la comunidad empezará el proceso de pasar de ser un acto simbólico para convertirse en una decisión vinculante. Al evento están invitados funcionarios departamentales, entes de control, integrantes de varias organizaciones que apoyaron la consulta como observadores externos, así como alcaldes y miembros de organizaciones sociales de varios municipios aledaños del norte de Nariño. El objetivo del encuentro es que “el mandato de las comunidades lorenceñas, sea reconocido y acogido, se elaboren políticas públicas para la protección del territorio y sus bienes naturales y para adelantar acciones hacia la construcción de vida digna en el Municipio de San Lorenzo Nariño”, en palabras de los organizadores.

En un contexto tan complejo como el que actualmente vive Colombia, en el que se desmontan los acuerdos de paz, se cierran los espacios para la participación ciudadana y arrecian los asesinatos y amenazas para los líderes sociales, ejemplos de resistencia creativa, pedagógica, democrática, incluyente y comprometida como la que lideran los y las ciudadanas de San Lorenzo se hacen más indispensables y valiosas que nunca.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Colombia es responsable por ejecuciones extrajudiciales en departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre años 1992 y 1997

Fuente: Corte IDH

 21 de diciembre del 2018

En la Sentencia notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Colombia responsable por la muerte de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge ocurridas en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 19971 . El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 Los hechos del caso se relacionan con ejecuciones extrajudiciales de integrantes de la población civil, llevadas a cabo por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado colombiano, específicamente en la década de los años 1990.

En el trámite del caso ante la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por determinadas acciones y omisiones relacionadas con las ejecuciones de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Estado no reconoció su responsabilidad por todos los hechos, y en particular se negó a reconocer su responsabilidad por las violaciones a diversos derechos que habrían tenido lugar como consecuencia de la muerte de Carlos Arturo Uva Velandia.

 En el caso concreto se constató que Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge fueron ejecutados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas siguiendo el modus operandi de lo que después se conoció como los “falsos positivos”, entre los años 1995 y 1997 en tres departamentos del país, a saber Arauca, Santander y Casanare.

 Por otra parte, con respecto al caso de Carlos Arturo Uva Velandia, quien fue víctima de un homicidio cometido por un soldado que se encontraba fuera de servicio, en la noche del 20 de junio de 1992, en el municipio de Hato Corozal, la Corte encontró que el Estado había violado sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en tanto éste fue víctima de un hecho perpetrado por una persona facultada para ejercer atribuciones del poder público que pudo razonablemente ser percibido como alguien que ejecutaba esas acciones en nombre del Estado.

Por último, la Corte estableció que, como consecuencia directa de los hechos del caso, los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación al Estado, entre otras, publicar la Sentencia; que continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas; y pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Eduardo Vio Grossi (Chile), Vicepresidente; Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

Derecho Ambiental / Environmental Law

Posted on

banderacolombia_dt-3Colombia citizens file first ever climate change litigation in Latin America      

Source: Jurist

January 30, 2018

Twenty-five children and young citizens of Colombia between the ages of seven and 26 on Monday filed the first ever climate change litigation[lawsuit, PDF, in Spanish] in Latin America. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Internacional / International Law

Posted on Actualizado enn

Unión-EuropeaLuxemburgo impone la política europea que limita abusos en el IVA

Fuente:El Economista
22 de noviembre, 2017

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que “la prohibición de prácticas abusivas en el ámbito del IVA es aplicable con independencia de que exista o no una normativa nacional que la incorpore al ordenamiento jurídico de los Estados miembros”. En este sentido, la sentencia, dictada ayer, apunta que la prohibición de prácticas abusivas en materia de IVA “es un principio general del Derecho de la Unión que no requiere ninguna medida de transposición nacional”. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Internacional / International Law

Posted on

banderacolombia_dt-3Colombia firma un acuerdo con la ONU con la esperanza de consolidar la paz en el campo

Fuente: El Pais
06 de noviembre, 2017

Las regiones en Colombia se siguen desangrando por culpa de los cultivos ilícitos. Solo en el Catatumbo (Norte de Santander) de 2015 a 2016 la extensión pasó de 11.527 a 24.831 hectáreas. El país sigue siendo el mayor productor de coca del mundo. El año pasado, las superficies cultivadas aumentaron un 52%, hasta 146.000 hectáreas. Todos saben que buena parte de las economías regionales dependen de la coca y que los campesinos están en medio de la violencia, sin saber qué hacer, entre las labores de limpieza de las zonas y con la incertidumbre de si funcionarán los programas de sustitución voluntaria. Por eso, el acuerdo firmado este viernes entre Colombia y la ONU aparece como un bálsamo para la difícil situación que se vive en los 118 municipios que tienen estos cultivos en sus tierras.
Leer el resto de esta entrada »