Corte IDH

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Conferencia “Personas privadas de libertad y COVID-19”

Fuente: Corte IDH

12 de mayo, 2020

 El próximo viernes 22 de mayo a partir de las 8:00 am (Hora de Costa Rica), 11:00 horas (Hora de Argentina) y 9:00 horas (Hora de Colombia) se desarrollará la Conferencia Virtual “Personas privadas de libertad y COVID-19” en el marco del Ciclo de Conferencias “Los desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”, organizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Participarán en esta primera Conferencia:

  • Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte IDH. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
  • Ana Isabel Garita, Exministra de Justicia de Costa Rica.
  • Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Leonor Arteaga, Directora de Programas de Due Process of Law Foundation. Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda Personas Adultas Desaparecidas en Conflicto Armado El Salvador.
  • Luis Carlos de Valois, Juez de Ejecución Penal en Amazonas, Brasil.
  • Luciana Simas, Integrante del Grupo de Investigación de Prisiones de la Fiocruz, Escuela Nacional de Salud Pública.
  • Fernando Tenorio Tagle, Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
  • Alejandro W. Slokar, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina. Catedrático de Derecho Penal de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata.
  • Rollen Eddi Obregón Rodríguez, Investigador del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (INCRIDES).
  • Nadia Espina, Profesora Adjunta de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (moderadora).

A través de este ciclo de conferencias se busca crear un espacio de diálogo y reflexión académica sobre cómo abordar, desde la perspectiva de derechos humanos, las respuestas, estrategias y esfuerzos por parte de los Estados para mitigar y suprimir la transmisión del nuevo coronavirus acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos y en el marco de un Estado de Derecho. Las ponencias en portugués contarán con interpretación simultánea al español. Para inscripciones se requiere el registro previo en el siguiente enlace: https://forms.gle/bmBfGjYyQxLuzGmC7

Descargue el programa de la conferencia aquí

Derechos Humanos / Human Rights

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Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina

Fuente: Corte IDH

02 de abril, 2020

En la sentencia del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas.

Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) dentro de la Provincia de Salta (en el límite con Paraguay y Bolivia).

Dichas tierras han sido también ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado. En la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629. En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos”, no indígenas, en el territorio. Lo anterior, pese a que el reclamo indígena de propiedad lleva más de 28 años.

 También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. A su vez, el Tribunal señaló que no se siguieron mecanismos adecuados de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido en su territorio. Resolvió, asimismo, que autoridades judiciales no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra.

La Corte, además, determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.

En su sentencia, el Tribunal entendió que la tala ilegal, así como otras actividades, desarrolladas en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua.

 Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural. El Tribunal ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Paraguay es responsable por la muerte de un joven mientras se encontraba realizando el servicio militar

Fuente: Corte IDH

01 de abril, 2020

 En la Sentencia, notificada en el día de hoy, en el Caso Noguera y otra Vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado de Paraguay es responsable por la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y a los derechos del niño en perjuicio de Vicente Noguera, de 17 años de edad, mientras se encontraba llevando a cabo el segundo año de servicio militar, toda vez que las autoridades no aclararon las circunstancias que llevaron a su muerte en un establecimiento militar, ni desvirtuaron satisfactoriamente los indicios respecto de la posibilidad de una muerte violenta. Lo anterior conlleva a una vulneración a los artículos 4 (derechos a la vida), 5 (derechos a la integridad personal), 19 (derechos del niño) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos0.

 El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

 Los hechos del caso tuvieron lugar el 11 de enero de 1996 en la Tercera Compañía de la Agrupación CIMEFOR en Mariscal Estigarribia, en el Chaco Paraguayo. En esa fecha, mientras se encontraba cursando el segundo año de servicio militar, Vicente Noguera apareció muerto en su cama a las 05:00 de la mañana. De acuerdo a las investigaciones, exámenes forenses y autopsias que fueron practicadas, se estableció que la causa de muerte fue una infección de tipo neumonitis intersticial.

En virtud del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal encontró que el Estado de Paraguay era responsable por una vulneración a esos derechos en perjuicio de Vicente Noguera tomando en consideración que la muerte del joven, de 17 años de edad al momento de su fallecimiento, se produjo en un establecimiento militar, bajo tutela del Estado, sin que se hubieran aclarado las circunstancias en las que se produjo ni desvirtuado satisfactoriamente los indicios respecto de la posibilidad de una muerte violenta.

 Por otra parte, la Corte advirtió que la falta de control para detectar un padecimiento físico de Vicente Noguera, así como su sometimiento a ejercicios físicos que podrían haber agravado su estado de salud, eran elementos que reforzaban la responsabilidad del Estado, a pesar de que a la luz de la prueba presentada no era posible llegar a una conclusión precisa con relación a que su muerte fuera el resultado de malos tratos que habría sufrido.

A su vez, el Tribunal determinó que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en perjuicio de la señora María Noguera en el marco de las investigaciones relacionadas con la muerte de su hijo Vicente Noguera. Por último, el Tribunal aceptó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y consideró que se había vulnerado el derecho a la integridad (artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en perjuicio de María Noguera por el sufrimiento que le produjo la muerte de su hijo Vicente Noguera. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Ecuador es responsable por la detención ilegal, prisión indebida y tratos inhumanos a un ciudadano

Fuente: Corte IDH

25 de febrero, 2020}

 En la sentencia del Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado del Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial del ciudadano Mario Alfonso Montesinos Mejía.

A su vez, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación del derecho a su integridad personal, así como del derecho a las garantías judiciales. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí. El caso se vincula con las violaciones de derechos humanos sufridas por el señor Mario Montesinos luego de ser detenido el 21 de junio de 1992, sin orden judicial previa, por agentes policiales en la ciudad de Quito, Ecuador, y posteriores maltratos sufridos durante su reclusión.  

En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que la captura del señor Montesinos fue ilegal debido a que no fue detenido en flagrancia ni existía orden judicial previa, como ordenaba la normativa vigente al momento de los hechos. Igualmente, la Corte advirtió que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada ni revisada por las autoridades judiciales y que el período de seis años y dos meses durante los cuales el señor Montesinos estuvo en prisión preventiva, resultó irrazonable y excesivo.

Por las anteriores razones concluyó que su privación de libertad fue arbitraria. A juicio de la Corte, la detención ilegal, la falta de justificación y de revisión de la orden de prisión preventiva, la prolongación irrazonable de la privación de libertad del señor Montesinos hasta el momento en que se resolvió el segundo recurso de hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional, fueron equivalentes a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia. Las constataciones fácticas y jurídicas, realizadas por la Corte Interamericana previamente en la sentencia emitida por esta Corte en el Caso Suárez Rosero (1997) sobre el tratamiento recibido durante su detención, llevaron a la Corte a establecer que las condiciones de detención y tratamiento a las que fue sometido el señor Montesinos representaron un trato cruel, inhumano y degradante.

 Asimismo, la Corte concluyó que la falta de investigación de la alegada tortura y malos tratos denunciados resultó en la vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Corte Interamericana determinó que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad del señor Montesinos, razón por la cual los procesos penales seguidos en su contra excedieron el plazo razonable.

 Adicionalmente, encontró acreditado que el señor Montesinos rindió sus declaraciones indagatorias sin contar con un/a abogado/a. Del mismo modo, el señor Montesinos estuvo incomunicado durante 38 días de su detención, lo cual, en consideración de la Corte Interamericana, era prueba suficiente de que no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, al no contar con el patrocinio letrado de un defensor público u obtener un abogado de su elección con el cual pueda comunicarse en forma libre y privada. En el mismo sentido, la Corte señaló que las declaraciones presumariales del señor Montesinos fueron obtenidas bajo coacción, a pesar de lo cual, tuvieron valor probatorio en los procesos judiciales. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Solicitud de Opinión Consultiva sobre la reelección presidencial indefinida presentada por el estado de Colombia

Fuente: Corte IDH

18 de febrero, 2020

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado de Colombia sobre la “Figura de reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En atención al artículo 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana, se invita a todos los interesados a presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta.

La Presidenta de la Corte IDH, Jueza Elizabeth Odio Benito ha fijado el 18 de mayo de 2020 como plazo límite para la presentación de las observaciones escritas.

 Encuentre la Solicitud del Estado de Colombia aquí.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por la imposición de la pena de muerte en el caso Rodríguez Revolorio y otros.

Fuente: Corte IDH

02 de diciembre, 2019

 En la Sentencia del Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala notificada hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable por la imposición de la pena de muerte de una de las víctimas, así como la violación del derecho a la integridad personal debido a las condiciones carcelarias y del derecho a recurrir el fallo judicial de las tres víctimas. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí. El 23 de mayo de 1996 el Tribunal de Sentencia Penal dictó una sentencia condenando a pena de muerte a Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez por el delito de asesinato.

Para determinar su condena, el Tribunal de Sentencia Penal aplicó el artículo 132 del Código Penal guatemalteco vigente en dicha época, en virtud del cual, en caso de que una persona fuera declarada culpable por asesinato, se le impondría la pena de muerte en lugar del máximo de prisión “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente”.

 Las tres víctimas interpusieron, diversos recursos que fueron desestimados. El señor Archila Pérez falleció el 16 de julio de 1999. Años más tarde, dos de ellas, Rodríguez Revolorio y López Calo, interpusieron un nuevo recurso de revisión. El 2 de julio de 2012 la Corte Suprema declaró con lugar dicho recurso, anuló la pena de muerte y les impuso la pena superior inmediata, que era de treinta años de prisión inconmutables. Ambas víctimas obtuvieron finalmente su libertad en 2016 por el beneficio de redención de penas por trabajo y buena conducta. El Tribunal observó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 de julio de 2012 reconoció las violaciones producidas por la imposición de la pena de muerte y reparó adecuadamente el daño en tanto que se modificó la pena impuesta por pena privativa de la libertad, a la luz de lo que había sido resuelto por la Corte IDH en el caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala el 20 de junio de 2005, lo que constituyó un oportuno y adecuado control de convencionalidad.

En lo que respecta al señor Archila, quien falleció sin la revisión de su condena, el Tribunal sí consideró a Guatemala responsable internacionalmente por la violación a la Convención Americana por la imposición de la pena de muerte. Al respecto, la Corte observó que el empleo del criterio de peligrosidad del agente, tanto en la tipificación de los hechos del ilícito como en la determinación de la sanción correspondiente, resultó incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte concluyó que las condiciones carcelarias en que estuvieron las tres víctimas no cumplieron con los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno y constituyeron en su conjunto un trato cruel, inhumano y degradante violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Aunado a esto, la Corte consideró que las tres víctimas del presente caso sufrieron graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de estar sometidos al “corredor de la muerte” tras un procedimiento que tuvo numerosas falencias, en condiciones carcelarias incompatibles con los estándares de la Convención Americana, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral y constituyó también un trato cruel, inhumano y degradante.

Finalmente, en relación con el proceso penal seguido contra las víctimas, el Tribunal observó que la Corte de apelaciones rechazó las alegaciones de los recurrentes sobre la base de que la legislación vigente no le permitía realizar ningún tipo de revisión de la sentencia a este respecto, sin analizar de manera individualizada los argumentos esgrimidos por las víctimas. Esta negativa de revisar las cuestiones fácticas planteada por la defensa las tres víctimas constituyó un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en la Convención Americana.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Costa Rica cumplió con sentencia de Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro)

Fuente: Corte IDH

03 de diciembre, 2019

 De conformidad con lo señalado en la Resolución de 22 de noviembre de 2019, notificada el día de hoy Costa Rica cumplió con todas las reparaciones ordenadas a favor de las víctimas del caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica en la Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Por lo tanto, la Corte Interamericana decidió dar por concluido y archivar el caso.

Las víctimas del caso son 18 personas que no pudieron acceder a la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro (FIV), en virtud de la prohibición general que existía en Costa Rica desde el 2000 para práctica dicha técnica. Tal prohibición se originó con una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto emitido en 1995 que regulaba dicha técnica de reproducción asistida.

En virtud de lo anterior, la Corte encontró al Estado responsable por la haber vulnerado los derechos a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal, el derecho a decidir si tener hijos bilógicos a través de una técnica de reproducción asistida, la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como el principio de no discriminación.

En virtud de las mencionadas violaciones, la Corte ordenó en la Sentencia las siguientes medidas de reparación: 1. Dejar sin efecto la prohibición de practicar la FIV para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la Sentencia; 2. Regular los aspectos que considere necesario para la implementación de la FIV y establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida; 3. Incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud; 4. Brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas; 5. La publicación y difusión de la Sentencia y de su resumen oficial; 6. Implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial; 7. Pagar a las víctimas las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales generados por la violación, y 8. Reintegrar las costas y gastos a favor de los representantes de las víctimas.

La delegación estuvo compuesta por el Juez L. Patricio Pazmiño Freire y abogados de la Unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Secretaría del Tribunal. Para mayor información, puede consultar la Sentencia de 28 de noviembre de 2012 aquí y las Resoluciones de 26 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2019, que declaran el cumplimiento de todas las medidas de reparación y el archivo del caso aquí.