Corte IDH

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela es responsable internacionalmente por la muerte de cinco jóvenes producto de un incendio en un centro de detención

Fuente: Corte IDH

11 de diciembre, 2020

En la Sentencia del Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por las violaciones a los derechos a la vida (artículo 4.1), a la integridad personal (artículo 5) y a los derechos del niño (artículo 19) en perjuicio de cinco jóvenes que murieron en un incendio en un centro de detención estando bajo custodia del Estado.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El 30 de junio de 2005, murieron a causa de un incendio en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal, los jóvenes José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, quienes habían ingresado a ese centro antes de cumplir los 18 años de edad. El incendio no pudo ser controlado por la falta de equipamiento adecuado y la actuación tardía de las autoridades.

El Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos cometida en esta situación y se comprometió, además, a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes. El Tribunal valoró el reconocimiento, pero entendió que debía profundizar en el esclarecimiento de los hechos.

En su Sentencia, la Corte determinó que correspondía examinar el caso a la luz de las medidas especiales de protección que deben ser garantizadas a adolescentes, dado que la privación de libertad de los cinco jóvenes comenzó cuando todavía eran menores de 18 años de edad.

Ante la constatación del hacinamiento, las malas condiciones en que se encontraba el Centro, y la actuación demorada del personal para actuar frente al incendio, la Corte declaró que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y los derechos del niño de los cinco jóvenes.

Respecto a la investigación sobre los hechos del caso, la Corte determinó que hubo actuaciones negligentes y que no se observó un plazo razonable. Aunque tres personas fueron imputadas, la audiencia de juicio fue diferida en múltiples ocasiones, y el proceso, luego de más de 15 años, no ha concluido. A razón de ello, la Corte dictaminó que el Estado de Venezuela violó los derechos a las garantías y protección judicial en perjuicio de los familiares de los jóvenes fallecidos.

A su vez la Corte comprobó la afectación que la forma en que fallecieron causó a los familiares de los jóvenes y que, por ende, se vulneró el derecho a la integridad personal de éstos. En este caso la Corte dispuso diversas medidas de reparación

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia es responsable por violar la garantía de estabilidad que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia

Fuente: Corte IDH

14 de diciembre, 2020

– En la Sentencia notificada el día de hoy en el Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Colombia responsable por la desvinculación arbitraria de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia de su cargo de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Cartagena. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La señora Martínez Esquivia se desempeñaba como Fiscal Delegada, cargo que desempeñó en provisionalidad por más de 12 años. El 29 de octubre de 2004, el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente su nombramiento sin motivación alguna.

En esta Sentencia la Corte, tomando en cuenta la naturaleza de la función de las y los fiscales, consideró que las mismas deberían ser amparadas por garantías que protejan su independencia y objetividad. La Corte precisó que, al igual que a los y las jueces, a las y los fiscales les cobija la garantía de estabilidad, que implica los siguientes mecanismos de protección: a) la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato; b) que las y los fiscales solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia, y c) que todo proceso contra fiscales se resuelva mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales según la Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de ejercer sus funciones sin temor a represalias

Con respecto a los nombramientos en provisionalidad, la Corte observó que esta provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño de su función y la salvaguarda de los propios justiciables. En todo caso, la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria.

Estas garantías no fueron observadas en la desvinculación de la señora Martínez Esquivia, por lo que se consideró a Colombia responsable por la violación del artículo 8.1 de la Convención. De la misma manera, se consideró que la discrecionalidad no fundamentada transformó el acto administrativo de desvinculación en un acto arbitrario, al afectar indebidamente su derecho a la estabilidad en el cargo, por lo que, además, resultó violatoria al derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de la peticionaria, protegido por el artículo 23.1.c de la Convención.

La Corte consideró, asimismo, que el Estado no proporcionó a la señora Martínez Esquivia un recurso eficaz para proteger esta garantía de estabilidad, por lo que declaró la responsabilidad de Colombia por violación a los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales.

Finalmente, la Corte concluyó que Colombia violó el plazo razonable al haber tardado casi cuatro años en la resolución del recurso de apelación en sede laboral.

En este caso la Corte dispuso diversas medidas de reparación.

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente.

Derechos Humanos / Human Rights

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Opinión Consultiva sobre la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos

Fuente: Corte IDH

16 de diciembre, 2020

 El 9 de noviembre de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte”) emitió una Opinión Consultiva sobre la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, la cual fue notificada el día de hoy. Dicha solicitud fue presentada por el Estado de Colombia. El texto de la Opinión Consultiva se encuentra disponible aquí.

De modo inicial, la Corte determinó que era posible derivar como regla general que la denuncia de un tratado internacional debe ajustarse a los términos y condiciones establecidos en el propio texto de las disposiciones del tratado. Advirtió que la denuncia de la Convención Americana representa una regresión en el nivel de protección interamericana de los derechos humanos y en la procura de la universalización del Sistema Interamericano. La Corte constató que no es posible denunciar la Convención Americana con efectos inmediatos. Así, su artículo 78.1 dispone de un período de transición de un año, en el cual corresponde a los Estados parte de la Convención exponer, en el marco de los espacios institucionales de la OEA, sus observaciones u objeciones de forma oportuna y como garantes colectivos de la Convención Americana, a fin de resguardar la efectiva protección de los derechos humanos y el principio democrático, para prevenir que, a través de una denuncia se procure evadir de mala fe los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, disminuir o cercenar la efectiva protección de los mismos, debilitar el acceso al mecanismo jurisdiccional de carácter internacional, y dejar al ser humano al desamparo de la protección complementaria del Sistema Interamericano.

Al respecto, la Corte hizo hincapié en la necesidad de aplicar un escrutinio más estricto ante denuncias que se dan en situaciones que denotan una especial gravedad y pueden acarrear una afectación a la estabilidad democrática, la seguridad y la paz hemisférica, con la consiguiente afectación generalizada a los derechos humanos, como son: (1) por una disconformidad con una decisión adoptada por el órgano de protección y motivada por una voluntad manifiesta de incumplir los compromisos internacionales adoptados en la misma; (2) en el escenario de una situación de suspensión de garantías de manera indefinida o que atente contra el núcleo inderogable de derechos; (3) en un contexto de violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos; (4) en el marco de la progresiva erosión de las instituciones democráticas; (5) ante una alteración o ruptura manifiesta, irregular o inconstitucional del orden democrático, y/o (6) durante la ocurrencia de un conflicto armado.

En particular, la Corte determinó que, cuando un Estado Miembro de la OEA denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho acto tiene las siguientes consecuencias sobre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: (1) las obligaciones convencionales permanecen incólumes durante el período de transición hacia la denuncia efectiva; (2) la denuncia efectiva de la Convención Americana no surte efectos retroactivos; (3) la vigencia de las obligaciones que surgen de la ratificación de otros tratados interamericanos de derechos humanos se mantiene activa; (4) la denuncia efectiva de la Convención Americana no anula la eficacia interna de los criterios derivados de la norma convencional interpretada como parámetro preventivo de violaciones a los derechos humanos; (5) las obligaciones asociadas al umbral de protección mínimo a través de la Carta de la OEA y la Declaración Americana perduran bajo la supervisión de la Comisión Interamericana; y (6) las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho internacional y las pertenecientes al ius cogens continúan obligando al Estado en virtud del derecho internacional general.

 En segundo lugar, el Tribunal analizó los efectos de la denuncia y retiro de la Carta de la OEA sobre las obligaciones internacionales emanadas de la misma en materia de derechos humanos. Al respecto, la Corte subrayó que una denuncia de la Carta de la OEA y el retiro de la Organización dejaría en total desprotección a las personas bajo la jurisdicción del Estado denunciante frente a las instancias de protección internacional regionales. En este sentido, el Tribunal recordó que no puede denunciarse la Carta con efectos inmediatos, por lo que en el período de transición de dos años adquiere especial gravitación que el resto de los Estados Miembros de la OEA, como garantes colectivos de su eficacia en lo que se refiere a la observancia de los derechos humanos, puedan expresar de forma oportuna a través de los canales institucionales las observaciones u objeciones que estimen pertinentes ante denuncias que no resistan un escrutinio a la luz del principio democrático y afecten el interés público interamericano, de modo tal que se active la garantía colectiva.

La Corte determinó que, cuando un Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos denuncia la Carta, se verifican las siguientes consecuencias sobre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: (1) las obligaciones de derechos humanos derivadas de la Carta de la OEA permanecen incólumes durante el período de transición hacia la denuncia efectiva; (2) la denuncia efectiva de la Carta de la OEA no surte efectos retroactivos; (3) el deber de cumplir con las obligaciones derivadas de las decisiones de los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano se mantiene hasta su cumplimiento total; (4) el deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados conforme a sus propios procedimientos permanece vigente; (5) las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho y las pertenecientes al ius cogens continúan obligando al Estado en virtud del derecho internacional general, así como subsiste el deber de cumplir con las obligaciones que se derivan de la Carta de las Naciones Unidas.

La Corte abordó la noción de garantía colectiva y sostuvo que esta se proyecta sobre el interés directo de cada Estado Miembro de la OEA y de todos ellos en conjunto, a través también del actuar de los órganos políticos de la Organización, que requiere de la implementación de una serie de mecanismos institucionales y pacíficos que permitan abordar de forma temprana y colectiva posibles denuncias de la Convención Americana y/o de la Carta de la OEA en situaciones en que la estabilidad democrática, la paz y la seguridad pueden verse afectadas y ocasionar violaciones a los derechos humanos. Puede encontrar el texto íntegro de la Opinión Consultiva aquí y el resumen oficial aquí. El Juez Patricio Pazmiño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual a favor y parcialmente disidente. El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni dio a conocer a la Corte su voto individual disidente.

Derechos Humanos / Human Rights

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Corte Interamericana otorga medidas provisionales en el caso Vicky Hernández y otros vs. Honduras

Fuente: Corte IDH

12 de noviembre, 2020

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notificado el día de hoy la Resolución de Medidas Provisionales en el Caso Vicky Hernández y otros Vs. Honduras.

 A través de la Resolución, la Corte Interamericana requirió al Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández, así como de los integrantes de la organización Red Lésbica “Cattrachas”, la cual se encuentra litigando el caso ante la Corte.

A su vez, el Estado deberá darles participación a las beneficiarias en la planificación e implementación de estas medidas de protección y mantenerlas informadas sobre el avance de su ejecución. Vea la Resolución de Medidas Provisionales aquí.

Derechos Humanos / Human Rights

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Chile es responsable internacionalmente por coartar la libertad de pensamiento y expresión de un Juez

Fuente: Corte IDH

6 de noviembre, 2020

En la Sentencia del Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile notificada el 06 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión (artículo 13), a las garantías judiciales (artículo 8.1, 8.2.b y 8.2.c), y al principio de legalidad (artículo 9), en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos (artículo 1.1) y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2), en perjuicio del Juez Daniel David Urrutia Laubreaux.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

En el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de Chile autorizó al señor Urrutia Laubreaux, entonces Juez de Garantía de Coquimbo, a asistir al “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización”. El 30 de noviembre de 2004 el Juez informó a la Corte Suprema que aprobó el diplomado y remitió el trabajo final en que proponía que el Poder Judicial adoptara determinadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar chileno. La Corte Suprema remitió el trabajo presentado al órgano competente para sancionar disciplinariamente al señor Urrutia Laubreaux, y posteriormente le devolvió el trabajo académico a este mismo, informándole que la Corte Suprema había estimado que contenía “apreciaciones inadecuadas e inaceptables” para dicho tribunal. El 31 de marzo de 2005, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar al señor Urrutia Laubreaux con una medida disciplinaria de “censura por escrito”.

Tras una apelación, la Corte Suprema confirmó la resolución impugnada y redujo la condena a una “amonestación privada”. El 29 de mayo de 2018, y en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Corte Suprema de Justicia de Chile dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima. En la Sentencia, la Corte constató que no era acorde a la Convención Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por el Juez Urrutia.

Por otro lado, la Corte consideró que, si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia derogó la sanción impuesta al Juez, esta se mantuvo en la hoja de vida del señor Urrutia Laubreaux por más de 13 años, afectando su carrera judicial. La Corte constató que (i) en ningún momento previo a la imposición de la sanción, el señor Urrutia Laubreaux fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas, ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas, lo que constituyó violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, y que (ii) la Corte de Apelaciones de La Serena no brindó al señor Urrutia Laubreaux una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa del Juez. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH_CP-118/2020 Español A su vez, dada la participación de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de apelación de la decisión sancionatoria, se comprometió la imparcialidad de este órgano en la resolución de la apelación interpuesta por Urrutia Laubreaux. En la Sentencia, el Tribunal determinó que la normativa utilizada para sancionar al Juez Urrutia Laubreaux, permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que deben ostentar las normas, y con esto se violó el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención.

Asimismo, el Tribunal advirtió que normas como la presente vulneran no solo el principio de legalidad sino la independencia judicial. En este caso la Corte dispuso diversas medidas de reparación.

Los Jueces Patricio Pazmiño Freire y Eugenio Raúl Zaffaroni dieron a conocer a la Corte sus votos individuales concurrentes

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; (Ecuador), Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eduardo Vio Grossi no participó de la discusión ni deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad chilena conforme al artículo 19 del Reglamento de la Corte Interamericana.

Derechos Humanos / Human Rights

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Por el uso de perfiles raciales Argentina es responsable de la detención ilegal, arbitraria, discriminatoria y posterior muerte de una persona afrodescendiente

Fuente: Corte IDH

14 de octubre, 2020

En la Sentencia notificada el día de hoy en el Caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el reconocimiento total de responsabilidad efectuado por Argentina y, por consiguiente, la encontró responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, igualdad y no discriminación del señor José Delfín Acosta Martínez.

Asimismo, consideró también la responsabilidad estatal por la violación a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial de sus familiares. Como consecuencia de esto, la Corte concluyó que Argentina es responsable de violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 5.1 (derecho a la integridad personal), 5.2 (prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes), 7.2, 7.3, 7.4 (derecho a la libertad personal y sus garantías) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar decisiones de derecho interno) del mismo instrumento, en perjuicio de José Delfín Acosta Martínez, así como de la violación de los artículos 5.1 (derecho a la integridad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de su madre, Blanca Rosa Martínez, y su hermano, Ángel Acosta Martínez.

Derechos Humanos / Human Rights

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Argentina es responsable por la detención ilegal, arbitraria y discriminatoria de los señores Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro

Fuente: Corte IDH

06 octubre, 2020

 En la Sentencia del Caso Fernández Prieto y Tumbeiro Vs. Argentina notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, protección de la honra y de la dignidad, y a las garantías judiciales y protección judicial de los señores Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, así como del derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, en perjuicio de este último. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. El caso se relaciona con las violaciones que se produjeron por las detenciones ilegales y arbitrarias que sufrieron los señores Fernández Prieto y Tumbeiro por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina, respectivamente, así como por la falta de un adecuado control por parte de las autoridades judiciales que conocieron de sus casos.

El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional en el presente caso. Al analizar el caso, la Corte consideró que el derecho a la libertad personal del señor Fernández Prieto se vio afectado pues la presunta “actitud sospechosa”, que motivó la interceptación del vehículo en que viajaba, no era un supuesto previsto por la ley que habilitara su detención sin orden judicial. En ese sentido, al incumplirse el requisito de legalidad de la detención, la Corte concluyó la violación a los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención (derecho a la libertad personal), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) del mismo instrumento. En relación con el señor Tumbeiro, el Tribunal concluyó que su derecho a la libertad personal, y a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, se vio afectado por la detención con fines de identificación de la que fue objeto.

La Corte consideró que la falta de elementos objetivos que motivaran su detención, así como la aplicación de estereotipos sobre su apariencia, constituyeron un incumplimiento del requisito de legalidad, un acto de arbitrariedad y una actuación discriminatoria. Estos elementos derivaron en que la detención constituyera un incumplimiento de los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

 Adicionalmente, el Tribunal encontró que la forma genérica e imprecisa en que legislación aplicable contemplaba los supuestos habilitantes para la detención de una persona sin orden judicial, reflejaba un problema de diseño normativo, pues no permitía evitar la arbitrariedad y el abuso de autoridad, y por el contrario las podía incentivar. En ese sentido, concluyó que existió una violación al artículo 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento.

A su vez, la Corte concluyó que tanto la requisa del automóvil en que viajaba el señor Fernández Prieto, como la requisa corporal de la que fue objeto el señor Tumbeiro, incumplieron el requisito de legalidad; en el caso del señor Tumbeiro, además la requisa corporal fue arbitraria y desproporcionada. Los anteriores hechos constituyeron una violación al artículo 11 (protección de la honra y de la dignidad) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre otras: 1) adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en la Sentencia, de forma tal que se evite la arbitrariedad en los supuestos de detención, requisa corporal o registro de un vehículo; 2) implementar un plan de capacitación de los cuerpos policiales de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina, el Ministerio Público y el Poder Judicial, incluyendo información sobre la prohibición de fundamentar las detenciones sobre fórmulas dogmáticas y estereotipadas; y 3) la producción de estadísticas oficiales respecto a la actuación de las Fuerzas de Seguridad en materia de detenciones, registros y requisas.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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Corte IDH: ¿hacia un eventual litigio climático?

Fuente: Academia Colombiana de Derecho Internacional

24 de julio, 2020

El pasado 6 de febrero, en la sentencia del caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina[2] (en adelante, Lhaka Honhat), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró por primera vez en su historia la responsabilidad internacional de un Estado por violación de los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación y a participar de la vida cultural, con fundamento en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Esta declaración supone un importante avance en un camino que podría convertir a la Corte IDH en la primera instancia judicial internacional en decidir favorablemente un litigio climático.

En la última década, una cantidad significativa de estos litigios ha sido promovida ante instancias judiciales, cuasi-judiciales o administrativas, internas e internacionales, con el fin de cuestionar la insuficiencia de las medidas adoptadas, principalmente por los Estados, para enfrentar las causas y consecuencias del calentamiento global[3]. Aunque los fundamentos jurídicos invocados varían, una tendencia reciente especialmente presente en Estados del Sur Global consiste en alegar la violación de normas internacionales, constitucionales o legales relativas a la protección de los derechos humanos[4]. Esta alternativa permite evitar algunos obstáculos relacionados con la justiciabilidad de las obligaciones ambientales y resaltar la grave amenaza generada por el cambio climático sobre derechos como la vida digna, la salud, el acceso al agua, la seguridad alimentaria y, por supuesto, el derecho a gozar de un ambiente sano. Pese a las innegables ventajas de este enfoque, los litigios climáticos que lo han seguido se han enfrentado a dificultades significativas en relación con la prueba de la afectación concreta de los derechos de las víctimas y del nexo causal entre dicha afectación y el comportamiento del Estado demandado.

La creatividad de los litigantes y la receptividad de los jueces ha permitido superar estos obstáculos en algunos casos célebres como los fallados por las jurisdicciones nacionales de Holanda, Pakistán y Colombia[5]. Sin embargo, a la fecha ninguna instancia internacional ha decidido favorablemente un litigio climático[6]. En este escenario y ante la urgencia de respuestas contundentes a la crisis climática, la posibilidad de que la Corte IDH acoja favorablemente este tipo de litigios despierta gran interés. Esta posibilidad parece estar cada vez más cerca tras la sentencia Lhaka Honhat. A pesar de la forma poco rigurosa en la que esta decisión profundiza la línea jurisprudencial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) como derechos autónomos consagrados en el artículo 26 de la CADH[7], es innegable que en ella la Corte IDH abre una interesante vía que con certeza seguirá explorando en futuras decisiones.

Este camino permitiría a la Corte pronunciarse sobre afectaciones a individuos o grupos, distintos de los grupos étnicos, generadas por acciones u omisiones estatales que agraven o no atiendan suficientemente las causas y consecuencias del cambio climático. Para ello, de acuerdo con lo señalado en Lhaka Honhat, la Corte IDH no tendría que justificar la violación de derechos consagrados expresamente en la Convención (como la propiedad, la vida o la integridad personal), sino que bastaría demostrar la vulneración del derecho a gozar de un ambiente sano con fundamento en el artículo 26 de la CADH. Esta decisión reafirma así el argumento expuesto en la Opinión consultiva 23 de 2017 (OC-23/17), según el cual, la Corte IDH puede declarar la responsabilidad de un Estado por afectaciones al medio ambiente como interés jurídico en sí mismo, aún ante la “ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales”[8]. De esta forma, el fallo anticipa un obstáculo propio de los litigios climáticos: el reconocimiento de la calidad de víctimas en favor de grupos e individuos como, por ejemplo, las generaciones futuras y sus miembros, ante la imposibilidad de demostrar la afectación concreta de la vida, la salud, la integridad personal o la propiedad de cada uno de ellos.

Este mismo argumento, aunado a la forma amplia en la que el fallo concibe la obligación de garantía respecto de los DESCA, supone un avance adicional frente a otra de las dificultades que enfrentan los demandantes en los litigios climáticos: la prueba del nexo causal. Sobre este punto, en la sentencia Lhaka Honhat la Corte IDH parece reducir el nivel de exigencia fijado en la OC-23/17. La Opinión plantea, en efecto, que la obligación de prevención que se integra al deber de garantía de los derechos (art. 1.1 CADH) se aplica respecto de daños ambientales “significativos”, es decir, aquellos que pueden afectar la vida o la integridad de las personas[9]. La Sentencia Lhaka Honhat sugiere, en cambio, que esta obligación implica adoptar medidas efectivas para evitar degradaciones ambientales susceptibles de lesionar otros derechos, como los DESCA previstos por el artículo 26 de la CADH. De esta forma, a efectos de establecer la responsabilidad derivada del comportamiento de un Estado frente a la emergencia climática bastaría demostrar, como lo hizo la Corte en el caso Lhaka Honhat, que el comportamiento estatal no satisfizo el estándar de debida diligencia respecto de la prevención de una “amenaza ambiental” y que esto generó una degradación de los componentes del ambiente que, a su vez, tuvo un impacto en el modo de vida de una comunidad[10]. Como parte de la ratio decidendi de la sentencia Lhaka Honhat, estos argumentos podrían ser utilizados como precedente en un eventual litigio climático puesto en conocimiento de la Corte IDH. Así, esta instancia estaría preparada para declarar la violación de los DESCA ocasionada por el comportamiento de los Estados frente al cambio climático y, en consecuencia, para ordenar las medidas de cesación del hecho ilícito, reparación y garantías de no repetición respectivas. El fallo puede entonces considerarse un excelente augurio respecto del rol que estaría dispuesto a desempeñar este tribunal frente a la emergencia climática.

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Nuevo Libro de la Corte Interamericana: “Diálogos entre Cortes Regionales de Derechos Humanos”

Fuente: Corte IDH

01 de junio, 2020

La Corte Interamericana tiene el agrado de publicar su nuevo libro “Diálogo entre Cortes Regionales de Derechos Humanos”.

El 17 de julio de 2018 tuvo lugar en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el primer Diálogo entre Cortes Regionales de Derechos Humanos. Este evento contó con la participación de los Presidentes, Juezas y Jueces de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como especialistas internacionales de reconocida trayectoria.

El Diálogo entre Cortes Regionales de Derechos Humanos tuvo como propósito fortalecer la interacción y la cooperación entre los tres Tribunales. Esta publicación incluye las intervenciones ocurridas en el Diálogo, con el propósito de resguardar la memoria de este evento histórico y, a su vez, difundir la fructífera discusión que se mantuvo en aquella ocasión. Asimismo, la publicación incluye los discursos del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y del Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, quienes acompañaron a la Corte Interamericana el 16 de julio de 2018 en la inauguración de la semana de conmemoración del 40 Aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, esta publicación incluye la Declaración de San José de Costa Rica suscripta por los presidentes de las tres Cortes regionales y por el Presidente de la República de Costa Rica en calidad de testigo de honor. La Declaración de San José, formaliza la voluntad de las tres Cortes Regionales de Derechos Humanos de profundizar su trabajo conjunto mediante la celebración de un Foro Permanente de Diálogo Institucional. El Foro tiene el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia internacional de las personas bajo la jurisdicción de los tres Tribunales; contribuir con los esfuerzos estatales al fortalecimiento de sus instituciones democráticas y de los mecanismos de protección de derechos humanos, y superar los retos y desafíos comunes para la efectiva vigencia de los derechos humanos. Esta publicación, así como la reunión en San José de las Cortes Regionales de Derechos Humanos se realizaron gracias al generoso aporte de la Cooperación Alemana, a través de la Agencia GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en el marco del Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina II (Dirajus II), financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). *** El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

General

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Conferencia “Personas privadas de libertad y COVID-19”

Fuente: Corte IDH

12 de mayo, 2020

 El próximo viernes 22 de mayo a partir de las 8:00 am (Hora de Costa Rica), 11:00 horas (Hora de Argentina) y 9:00 horas (Hora de Colombia) se desarrollará la Conferencia Virtual “Personas privadas de libertad y COVID-19” en el marco del Ciclo de Conferencias “Los desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”, organizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Participarán en esta primera Conferencia:

  • Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte IDH. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
  • Ana Isabel Garita, Exministra de Justicia de Costa Rica.
  • Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario.
  • Leonor Arteaga, Directora de Programas de Due Process of Law Foundation. Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda Personas Adultas Desaparecidas en Conflicto Armado El Salvador.
  • Luis Carlos de Valois, Juez de Ejecución Penal en Amazonas, Brasil.
  • Luciana Simas, Integrante del Grupo de Investigación de Prisiones de la Fiocruz, Escuela Nacional de Salud Pública.
  • Fernando Tenorio Tagle, Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
  • Alejandro W. Slokar, Juez de la Cámara Federal de Casación Penal de la República Argentina. Catedrático de Derecho Penal de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de La Plata.
  • Rollen Eddi Obregón Rodríguez, Investigador del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (INCRIDES).
  • Nadia Espina, Profesora Adjunta de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (moderadora).

A través de este ciclo de conferencias se busca crear un espacio de diálogo y reflexión académica sobre cómo abordar, desde la perspectiva de derechos humanos, las respuestas, estrategias y esfuerzos por parte de los Estados para mitigar y suprimir la transmisión del nuevo coronavirus acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos y en el marco de un Estado de Derecho. Las ponencias en portugués contarán con interpretación simultánea al español. Para inscripciones se requiere el registro previo en el siguiente enlace: https://forms.gle/bmBfGjYyQxLuzGmC7

Descargue el programa de la conferencia aquí