Corte IDH

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia es responsable por ejecuciones extrajudiciales en departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre años 1992 y 1997

Fuente: Corte IDH

 21 de diciembre del 2018

En la Sentencia notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Colombia responsable por la muerte de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, Elio Gelves Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge ocurridas en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 19971 . El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 Los hechos del caso se relacionan con ejecuciones extrajudiciales de integrantes de la población civil, llevadas a cabo por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado colombiano, específicamente en la década de los años 1990.

En el trámite del caso ante la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por determinadas acciones y omisiones relacionadas con las ejecuciones de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Estado no reconoció su responsabilidad por todos los hechos, y en particular se negó a reconocer su responsabilidad por las violaciones a diversos derechos que habrían tenido lugar como consecuencia de la muerte de Carlos Arturo Uva Velandia.

 En el caso concreto se constató que Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo, Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge fueron ejecutados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas siguiendo el modus operandi de lo que después se conoció como los “falsos positivos”, entre los años 1995 y 1997 en tres departamentos del país, a saber Arauca, Santander y Casanare.

 Por otra parte, con respecto al caso de Carlos Arturo Uva Velandia, quien fue víctima de un homicidio cometido por un soldado que se encontraba fuera de servicio, en la noche del 20 de junio de 1992, en el municipio de Hato Corozal, la Corte encontró que el Estado había violado sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en tanto éste fue víctima de un hecho perpetrado por una persona facultada para ejercer atribuciones del poder público que pudo razonablemente ser percibido como alguien que ejecutaba esas acciones en nombre del Estado.

Por último, la Corte estableció que, como consecuencia directa de los hechos del caso, los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación al Estado, entre otras, publicar la Sentencia; que continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas; y pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material e inmaterial.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Eduardo Vio Grossi (Chile), Vicepresidente; Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Chile es responsable por no haber dado acceso judicial a reparaciones civiles a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad

Fuente: Corte IDH

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valorando el amplio reconocimiento de responsabilidad del Estado, declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación del derecho de acceso a la justicia, como consecuencia de las decisiones de autoridades judiciales de rechazar demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestas por siete grupos de personas entre 1997 y 2001, en relación con el secuestro o detención y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1999 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

En el trámite del caso ante la Corte el Estado manifestó que los familiares de las víctimas de este caso ante el Tribunal “forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) del 8 de febrero de 1991”; y que las víctimas no han recibido una reparación económica por la vía judicial, aún si la mayoría ha recibido “diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones del Estado una vez reestablecida la democracia”. Manifestó que el Estado reconoce “su responsabilidad internacional total por la violación de los derechos a las garantías judicial y a la protección judicial” en perjuicio de las víctimas, por no haber determinado su derecho a obtener una reparación en el ámbito civil, ni hacer lo necesario para remediar violaciones a derechos humanos reconocidas como delitos de lesa humanidad por el propio Estado a través de las comisiones de verdad. Reconoció que “la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las víctimas, imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación” y señaló que la práctica judicial ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte consideró que el reconocimiento del Estado constituye un allanamiento a las pretensiones sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de las víctimas, y valoró positivamente el acto efectuado por el Estado, señalando que éste “constituye una valiosa contribución al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación, que el Estado pague las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias y reintegro de gastos; y que publique la Sentencia.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (Presidente) Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

Derechos Humanos / Human Rights

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Corte IDHCorte Interamericana homologa acuerdo de solución amistosa en el caso Escaleras Mejía y otros vs. Honduras sobre homicidio de ambientalista    

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

20 de noviembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy recaída en el Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) homologó y otorgó plenos efectos jurídicos al acuerdo de solución amistosa alcanzado por el Estado y los representantes de los familiares del señor Escaleras Mejía (“las partes”). El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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guatemalaGuatemala es responsable por violar el derecho a la salud de personas que viven con el VIH  

Fuente: Corte IDH

25 de octubre, 2018

En la sentencia notificada en el día de hoy, recaída en el Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por violar los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial de varias personas que viven o vivieron con el VIH. Asimismo, el Tribunal determinó que el Estado cometió actos de discriminación por razón de género en contra de dos mujeres embarazadas. También estableció por primera vez la responsabilidad de un Estado por la violación al principio de progresividad, dado que Guatemala incumplió con su obligación de desarrollo progresivo del derecho a la salud. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf.  Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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peruPerú es responsable por la desaparición forzada de cinco personas      

Fuente: Corte IDH

30 de octubre, 2018

San José, Costa Rica, 30 de octubre de 2018. – En la Sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado del Perú responsable por la desaparición forzada de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, así como por la desaparición forzada y tortura sufrida por Santiago Antezana Cueto. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La Corte identificó que dichas desapariciones forzadas, ocurridas entre 1984 y 1992, se enmarcaron en el contexto que existía en el Perú, en el cual se hacía uso de una práctica sistemática de desapariciones forzadas como una forma de lucha contra el terrorismo. Esta se desarrollaba, entre otros, en contra de miembros del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso e iba dirigida sin distinción a sus miembros, colaboradores o simpatizantes.

En particular, la Corte determinó que entre los años 1980 y 1995 hubo una especial persecución a universitarios, ya que las universidades fueron instituciones referenciales en el surgimiento de Sendero Luminoso. Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal estimó suficientemente acreditado que las cinco víctimas fueron objeto de desaparición forzada en violación de sus derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad.

Igualmente, la Corte concluyó que Perú violó las garantías judiciales y la protección judicial, toda vez que las investigaciones no fueron iniciadas de oficio, ni llevadas a cabo con la debida diligencia en un tiempo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de dichos hechos ni para determinar el paradero de las referidas personas.

El Tribunal estimó que el Estado tampoco fue diligente en la ejecución de la sentencia penal dictada en contra de una de las personas responsables de la desaparición forzada de Santiago Antezana Cueto, ni inició una investigación por los hechos de tortura que habría sufrido este último. La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la violación al derecho a conocer la verdad. Por último, el Tribunal determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares, debido a las afectaciones ocasionadas como consecuencia de los hechos. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). La Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), no participó en la deliberación ni firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal.

 

Derechos Humanos / Human Rights

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peru.jpgPerú es responsable por desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar        

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

01 de octubre, 2018

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado del Perú responsable por la desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace. El 20 de marzo de 1999, aproximadamente a las 4:00 a.m., Walter Munárriz Escobar se dirigió al Hospedaje “Los Manolos” para visitar a un inquilino del lugar. El señor Munárriz Escobar entró a una habitación de unos huéspedes e intentó entrar a otra habitación donde se hospedaba la esposa de un Alférez de la Policía Nacional del Perú. Leer el resto de esta entrada »

General

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entrega de libros CORTE IDHCorte IDH “40 Años Protegiendo Derechos”             

Fuente: DIRAJus

22 de Agosto, 2018

-Costa Rica-

Costa Rica, San José 22 de agosto de 2018. El pasado 16 de agosto, la directora del programa de Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina (DIRAJus), la Dra. iur. Helen Ahrens, realizo la entrega oficial de los libros conmemorativos al “40 aniversario de la entrada en Vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” a la secretaria adjunta de la Corte IDH, la Dra. Emilia Segares. Leer el resto de esta entrada »