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Derecho Ambiental / Environmental Law

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Consulta legítima minera y ordenamiento territorial en San Lorenzo (Nariño): construyendo democracia participativa y justicia ambiental desde el territorio     

Fuente: RIDH

14 de febrero, 2019

-Colombia-

En los últimos años, la consulta popular se había consolidado en Colombia como una alternativa para las comunidades que no desean que proyectos de economía extractiva se implementen en sus territorios, porque tienen visiones del desarrollo diferentes a la que el Estado central viene imponiendo desde la primera presidencia de Álvaro Uribe hasta el día de hoy. Frente a la oleada de consultas que empezaron a realizarse a lo largo y ancho del país, a través de las que muchas comunidades ejercieron su derecho a la participación ciudadana, bloqueando más de 100 proyectos extractivos, la respuesta ha sido regular de forma cada vez más restringida el alcance de este instrumento.

Así las cosas, en la sentencia SU 095 del 11 de octubre de 2018, emitida como respuesta a la consulta llevada a cabo en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional manifestó que este instrumento no tenía la potestad de bloquear las decisiones del Estado central en materia minero-energética. La Corte manifestó que en la aplicación de procesos de consulta popular no se puede ir en contra de la ley que establece que el subsuelo y los recursos naturales son de “todos los colombianos”, en cabeza del Estado central, y no de las comunidades locales. Esta sentencia causó mucha preocupación dentro de círculos académicos, de derechos humanos y organizaciones sociales tanto a nivel nacional como internacional, quienes a través de un comunicado solicitaron a la Corte Constitucional declarar su nulidad.

Entre los argumentos de quienes firman esta petición se destaca que la participación ciudadana es un derecho fundamental del orden constitucional colombiano y un principio básico de la lógica democrática, y que la consulta popular es un mecanismo que permite frenar los conflictos socio-territoriales de forma no violenta en un país donde aún existe un grave conflicto armado. Por otra parte, se afirma que la misma Corte Constitucional en el pasado había emitido sentencias en las que reconocía la capacidad de los entes territoriales para implementar diferentes instrumentos con el fin de determinar el uso del suelo a nivel local, ya que estos también son instituciones del Estado. Por otra parte, este comunicado resalta el hecho de que tanto en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia ante el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018), como en el reciente examen del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), realizado en 2017, se hicieron recomendaciones y observaciones el Estado sobre la implementación correcta de las consultas populares. Además, se afirma que esta sentencia viola el derecho fundamental al ambiente sano, consignado en la Constitución de 1991.

Como si fuera poco, el pasado miércoles 13 de febrero de 2019, la Corte Constitucional tumbó por unanimidad el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 sobre uso del suelo, que exigía que se realizaran consultas populares cuando existieran proyectos de turismo, minería o hidrocarburos que amenazaran con cambiar las actividades tradicionales de un territorio, declarándolo inexequible. De esta manera, la Corte Constitucional acaba de eliminar el único mecanismo de participación ciudadana que permitía a las comunidades expresarse en contra de la realización de proyectos extractivos en sus territorios, dejándolas en una casi total desprotección.

En este escenario tan preocupante, la iniciativa de la consulta popular legítima minera organizada por la comunidad campesina del municipio de San Lorenzo, ubicado en el Macizo andino en el norte de Nariño, adquiere una gran relevancia. Este ejercicio, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2018, puede orientar a otras organizaciones a que busquen alternativas para la defensa de los derechos humanos, constituyendo un ejemplo de construcción de democracia participativa y justicia ambiental desde abajo. Es por eso que la historia del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo cobra hoy más actualidad que nunca.

Todo inició en el año 2010, cuando para la sorpresa de la población lorenceña, la empresa minera Mazamorras Gold comenzó labores de exploración en los corregimientos de San Rafael y Santa Martha de este municipio, así como en las veredas Olaya y El Volador del vecino municipio Arboleda. Tras varias averiguaciones, organizaciones locales se dieron cuenta de que numerosos títulos para la exploración y explotación de oro, plata y coltán les habían sido concedidos a diversas multinacionales en la zona. Entonces, sorprendidas y temerosas de los numerosos impactos negativos sociales y ambientales que estos proyectos extractivos podían tener, las comunidades emprendieron acciones de resistencia frente a la llegada de las empresas. Desde ese momento hasta el día de hoy, han venido llevando a acabo una serie de estrategias creativas con el fin de garantizar su determinación de proteger el territorio.

La más destaca de estas estrategias ha sido la constitución del primer Territorio Campesino Agroalimentario de Colombia (TCAM). Organizaciones sociales del Macizo se reunieron y decidieron unificar a 17 municipios del Norte de Nariño y del sur del Cauca para crear una figura de territorialidad colectiva campesina alternativa bajo la figura del TCAM. A través de esta, las organizaciones de la región buscan promover el reconocimiento del campesinado como un sujeto colectivo de derechos, y así poder construir procesos organizativos sólidos que hagan posible implementar las visiones del desarrollo que las comunidades locales sueñan para sus territorios. Dada la coyuntura de la intensificación del extractivismo en Colombia, paralelo al desmonte progresivo de las herramientas jurídicas para detener su expansión, las comunidades reunidas en el TCAM se dieron a la tarea de realizar foros mineros locales, regionales y departamentales. En uno de estos foros, realizado el 2 de julio de 2017 en el municipio de Arboleda, las organizaciones vinculadas decidieron adelantar procesos de consulta popular para oficializar la voluntad de las comunidades y las instituciones locales de proteger la vocación agropecuaria de su economía y su desacuerdo con la imposición del extractivismo como visión de desarrollo del gobierno central.

Desde ese momento se dio inicio a la gestión necesaria para la realización de las consultas en 5 Municipios del TCAM. Según los integrantes del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Lorenzo, los líderes y lideresas iniciaron acercamientos con la Alcaldía y el Concejo Municipal, quienes aceptaron apoyar la propuesta. Esta fue también revisada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, que dio el aval de constitucionalidad al proceso. Se había decidido entonces notificar a la Registraduría Nacional, para que iniciara el proceso logístico para realizar la consulta durante el mes de diciembre de 2017. Pero al igual que en muchos otros municipios de Colombia, obstáculos administrativos empezaron a surgir. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda afirmó que no contaba con recursos para financiar la consulta, y que había un conflicto de competencias entre el Estado nacional y los entes territoriales, negando en la práctica el derecho fundamental a la participación. Frente a esta traba, la alcaldía municipal de San Lorenzo se ofreció a adjudicar recursos propios para la realización de la consulta, pero la Registraduría se negó a aceptar el financiamiento, arguyendo que no podía ejecutar ninguna acción utilizando el dinero de un municipio.

Ante esta situación, el nueve de septiembre de 2018, varios líderes y lideresas del municipio de San Lorenzo se reunieron para pensar alternativas frente a la constante amenaza del reinicio de la actividad minera en el municipio, y la incapacidad de ejercer de manera concreta su derecho a la participación ciudadana. Entonces decidieron organizar la Consulta Popular Legítima, con el fin de volver esta situación en una oportunidad para hacer pedagogía y sensibilizar a la opinión pública nacional sobre la importancia de la democracia participativa construida desde el territorio, y dar un mensaje de protesta frente a las múltiples limitaciones que habían encontrado para ejercer la ciudadanía activa.

Es así como nace el Comité por la Protección del Agua, la Vida y el Territorio, espacio de articulación de diversas organizaciones sociales, comunitarias y de la institucionalidad local de San Lorenzo, a través del cual se decidió hacer realidad la consulta de manera autónoma y auto-gestionada, convocada para el día 25 de noviembre de 2018. Entonces empezó un maratónico proceso de dos meses, durante los que el Comité tuvo que encargarse de todos los aspectos de la realización de la consulta. Desde la preparación de los listados del censo electoral, pasando por la organización de los puestos de votación en cada uno de los corregimientos del municipio, incluyendo la coordinación de quiénes serían los jurados, conseguir las urnas y la papelería, y organizar los controles de seguridad de la mano de la policía. Los miembros del comité también tuvieron que responsabilizarse de hacer el conteo, de publicar los resultados, y por supuesto, de conseguir el presupuesto para financiar la actividad. El objetivo trazado fue obtener al menos 6.500 votos, es decir un poco más de la mitad del censo electoral de San Lorenzo. El proceso fue una carrera contrarreloj.

La realización de la consulta autónoma fue posible gracias al enfoque participativo, colaborativo e inclusivo con el que el Comité enfrentó este desafío. Sus integrantes se dieron a la tarea de convocar a todos los sectores de la comunidad alrededor de este proceso. Prácticamente la totalidad de las organizaciones, instituciones y sectores sociales, comunitarios, productivos, políticos e incluso religiosos de la comunidad de San Lorenzo fueron contactados para invitarlos a que se sumaran a este objetivo. También se convocó a diversas instituciones departamentales, regionales, nacionales e internacionales, para que participaran como observadores del proceso y garantizaran la total transparencia y la seriedad de este ejercicio de democracia desde abajo. La base jurídica del proceso sería la Constitución de 1991, que consagra el derecho al agua, al ambiente sano y a la participación ciudadana.

Así, iglesias, colegios, magisterio, partidos políticos, organizaciones, niños y adultos, universidades, ONG nacionales e internacionales, así como la Alcaldía municipal y la policía, estuvieron involucrados en la realización de la consulta. Fue un proceso altamente participativo y construido desde cada uno de los territorios que hacen parte de San Lorenzo. La campaña implicó un fuerte proceso de formación de la comunidad. Se llevaron a cabo asambleas corregimentales y veredales, reuniones de las juntas de acción comunal y de los acueductos comunitarios, y procesos pedagógicos en las escuelas y colegios. Vereda por vereda, casa por casa, el comité logró involucrar cada vez a más personas. Las plazas, escuelas y coliseos del municipio se llenaron de ciudadanos y ciudadanas dispuestas a promover la democracia, con el fin de proteger el agua, base indispensable de la vida.

Esto es sin duda una experiencia democrática muy particular en un país como Colombia, en el que lo usual en las votaciones es que estas estén mediadas por un sinnúmero de prácticas nocivas como el clientelismo, la compra de votos y el intercambio de favores. La consulta popular legítima de San Lorenzo fue un proceso completamente libre de ofrecimientos, clientelismo, e intereses personales, impulsada por la única convicción de convencer a la ciudadanía de que la minería no es la mejor opción para el desarrollo del municipio, y que es necesario prevenir la violencia que esta conlleva. El aporte de cada ciudadano fue ir a votar. Incluso, varios transportadores se unieron y pusieron a disposición del Comité chivas para poder llevar a las personas que viven en veredas muy lejanas a las cabeceras corregimentales, donde se ubicaron los puestos de votación. El Comité organizó también una intensa campaña de comunicación. Publicaciones en Facebook, cuñas en la radio, perifoneo, y contactos con medios regionales y nacionales fueron permanentes.

El rol de la niñez y la juventud fue también central en el proceso de la consulta. El Colectivo Juvenil Semillas de Vida coordinó una gran variedad de actividades como el diseño de jingles, videos, murales, concursos de fotografía y carreras de bicicrós para socializar el proceso de la consulta. Además, se llevó a cabo una consulta pedagógica con los estudiantes de casi todos los colegios de San Lorenzo, con el apoyo de los docentes y directivas. En esta, 3.438 niños y jóvenes, de los cuales 3.421, es decir el 99,5%, votaron que estaban en desacuerdo con la minería de metales e hidrocarburos. Este ejercicio se convirtió en una muy importante experiencia de educación para la ciudadanía y la cultura democrática, que logró generar interés por los asuntos ambientales y comunitarios en los niños y niñas de San Lorenzo.

Finalmente llegó el gran día, y la comunidad respondió. En la consulta participaron 6.674 personas, de las cuales 6.660 votaron por el no, lo que representa el 98,46 % de los escrutinios. La participación en las urnas y la realización de la consulta por parte de las mismas comunidades hace que este sea un referente histórico a nivel municipal, departamental y nacional, en tanto acto simbólico democrático, que cuestiona y refleja la carencia de mecanismos de participación ciudadana eficaces frente a la constante profundización del extractivismo.

¿Y ahora qué sigue? Es necesario empezar un proceso de incidencia política para que la consulta legítima se transforme en una orden de carácter vinculante para el uso del suelo en San Lorenzo. Para esto, el próximo sábado 16 de febrero de 2019, en la cabecera municipal del municipio se llevará a cabo un acto público de entrega de los resultados de la consulta simbólica a las autoridades municipales. De esta manera, el ejercicio de democracia directa organizado por la comunidad empezará el proceso de pasar de ser un acto simbólico para convertirse en una decisión vinculante. Al evento están invitados funcionarios departamentales, entes de control, integrantes de varias organizaciones que apoyaron la consulta como observadores externos, así como alcaldes y miembros de organizaciones sociales de varios municipios aledaños del norte de Nariño. El objetivo del encuentro es que “el mandato de las comunidades lorenceñas, sea reconocido y acogido, se elaboren políticas públicas para la protección del territorio y sus bienes naturales y para adelantar acciones hacia la construcción de vida digna en el Municipio de San Lorenzo Nariño”, en palabras de los organizadores.

En un contexto tan complejo como el que actualmente vive Colombia, en el que se desmontan los acuerdos de paz, se cierran los espacios para la participación ciudadana y arrecian los asesinatos y amenazas para los líderes sociales, ejemplos de resistencia creativa, pedagógica, democrática, incluyente y comprometida como la que lideran los y las ciudadanas de San Lorenzo se hacen más indispensables y valiosas que nunca.

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Rousseff califica a la CorteIDH como un “factor fundamental” de la democracia

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IMG_0649La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se ha convertido en un “factor fundamental” para el fortalecimiento de la democracia en América, afirmó hoy la jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff, en un mensaje enviado a ese tribunal.

El mensaje fue leído por el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, durante la apertura del 49 período de sesiones extraordinarias de la CorteIDH en Brasilia, a la que Rousseff no pudo asistir porque hoy se encuentra en Perú en una visita oficial. Leer el resto de esta entrada »