Derecho Penal

Derecho Penal / Criminal Law

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Transposición al Código Penal de diversas Directivas comunitarias y modificación del delito de tráfico de órganos              

Fuente: Noticias Jurídicas

22 de febrero, 2019

-España-

El Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero ha publicado la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, de modificación del Código Penal. El texto tiene los siguientes objetivos:

Objetivos

– La trasposición de la Directiva 2014/57/UE, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado; la Directiva 2017/541/UE, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, así como el perfeccionamiento de la transposición de la Directiva 2014/62/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

– Modificar el Código Penal para completar el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos, adaptándolo a las previsiones contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos que se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015.

– Completar la regulación de los delitos de corrupción de acuerdo con las directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).

Abuso de mercado

La transposición de la Directiva 2014/57/UE contempla tres tipos penales diferenciados: cuando se hayan cometido intencionalmente las operaciones con información privilegiada, incluyendo la recomendación o inducción a otra persona a realizar operaciones con información privilegiada; la comunicación ilícita de información privilegiada; y la manipulación de mercado. Asimismo exige la consideración como infracciones penales de los actos de incitación, complicidad y tentativa de las indicadas operaciones, e igualmente la responsabilidad de las personas jurídicas en relación con la comisión de tales hechos delictivos.

Estos supuestos no venían contemplados en el Código Penal y ahora se sancionan de forma expresa. Se opta por unos tipos penales que, en las conductas de mayor gravedad de manipulación de mercado y realización de operaciones con información privilegiada, se configuran como delitos graves, configurándose el bien jurídico protegido en atención a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores que actúan en ellos.

Con la modificación de su artículo 284 se incorpora, en los medios comisivos, la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios; en el objeto de protección, los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia y, en la punición, un incremento de las sanciones para cumplir con las exigencias de la directiva. Además se prevé una agravación específica para los supuestos en que el autor del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación.

Y al modificar el artículo 285 se tipifican nuevas formas de comisión del hecho delictivo, se especifican los supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información privilegiada y se añade una agravación específica cuando el responsable del hecho sea trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación.

Por otra parte, se incorporan tres nuevos preceptos: el artículo 285 bis para tipificar la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores; el artículo 285 ter para remitir los contenidos conceptuales (instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos) a la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros; y el artículo 285 quater para establecer de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación a los tres delitos mencionados. Asimismo se reordena el reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare la responsabilidad penal de ésta, en consonancia con la gravedad de las conductas de la persona física.

Lucha contra el terrorismo

Con la transposición de la Directiva 2017/541/UE se modifican los artículos 572 y 573 para adaptarlos a la exigencia de imposición de una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista, para pasar a ser absoluta la pena de inhabilitación y para incluir entre los delitos terroristas la falsedad documental. Y se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo.

Delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, cohecho y malversación

Para la trasposición de la Directiva (UE) 2017/1371 deben modificarse los artículos relativos a la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea, que aquella aumenta; se modifican los artículos 306 y 308 para solucionar los problemas concursales surgidos con su aplicación; se incorpora al artículo 427 la ampliación del concepto de funcionario público que debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho y malversación; se introduce un nuevo artículo 435 bispara extender la responsabilidad de estos funcionarios en relación con el delito de malversación, y por último, se establece también la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de malversación a aquellas personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.

Falsificación de moneda

En la transposición de la Directiva 2014/62/UE se amplía el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando sean responsables penales de delitos de falsificación de moneda; se mejora la redacción del artículo 387 para aquellos casos en los que se anticipa la protección penal de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en circulación y se amplía la protección penal del euro y de cualquier moneda extranjera cuando la falsificación afecte en general a las fronteras de la Unión Europea.

Tráfico de órganos humanos

Por lo que respecta al régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos, se modifica el artículo 156 bis con el fin de adaptarlo a las previsiones contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos. Con ello se delimitan de forma más clara las conductas típicas, se agravan las penas en supuestos de especial reproche y se explicitan los supuestos de actuación de organización o grupo criminal de forma análoga al tratamiento en estos supuestos del delito de trata de seres humanos, incluyendo, además, la agravante de reincidencia internacional.

Delitos de corrupción

La nueva ley pretende solucionar determinadas grietas detectadas en la regulación del Código penal, conforme a los criterios establecidos or el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), constituido en 1999 por el Consejo de Europa. Así, se disipan dudas sobre las conductas de corrupción en el ámbito privado y se revisa la corrupción de jurados y árbitros para asegurar su incriminación no sólo cuando actúan en ejercicio de funciones públicas sino también privadas, tanto en el aspecto activo como en el pasivo. Por último, se ajusta la definición de funcionarios públicos extranjeros en relación con el delito de tráfico de influencias.

Modificaciones legislativas

– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: se modifican los artículos 156 bis, 284 y 285, un nuevo artículo 285 quater, el artículo 288, el apartado 3 del artículo 305, el artículo 308, los apartados 1 y 5 del artículo 386, el párrafo primero del artículo 387, el artículo 423, 427, 431 y 572, el primer párrafo del apartado 1 del artículo 573 y el apartado 3 del artículo 575; se incorpora una nueva letra a bis) en el apartado 1 del artículo 127 bis, un nuevo artículo 285 bis, un nuevo artículo 285 ter, un nuevo artículo 285 quater, un nuevo ordinal 5.º en el artículo 435, el artículo 435 bis y un artículo 580 bis; y se suprime el apartado 5 del artículo 576.

– Se incorporan al Derecho español la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, y la Directiva 2017/1371/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

– Se completa la transposición al Derecho español de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

– Se adapta la normativa penal española al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, hecho en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015.

Entrada en vigor

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero entra en vigor el 13 de marzo de 2019, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Derecho Penal / Criminal Law

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El TS determina la influencia de la condición de bebedor habitual en la capacidad cognitiva del conductor causante de un siniestro            

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de febrero, 2019

-Esapaña-

El acusado, tras un consumo abusivo de alcohol, se introdujo con su camión en una autopista circulando en sentido contrario, siendo consciente que estaba creando un importante riesgo para los demás usuarios de la vía, como lamentablemente así fue porque aunque varios conductores consiguieron esquivarlo, no pudo hacerlo una conductora que se encontró de frente con el camión, produciéndose de inmediato un violento choque frontal que provocó la muerte de la conductora.

Condenado en la instancia como autor de un delito contra la seguridad vial, en concurso con un delito de homicidio imprudente con la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de doce años y medio de prisión, centra su recurso en la consideración de ser el acusado consumidor habitual de alcohol, o al menos, una persona acostumbrada a beber, y tener por ello una mayor capacidad para soportar sus efectos.

El día de los hechos, según el propio acusado manifestó, había bebido bastante alcohol.

Sus capacidades, pese a la ingesta del alcohol, se mantenían de forma suficiente como para entender que con su conducción comprometía la vida de los demás usuarios de la vía. Tuvo capacidad suficiente para poder insertar el tacógrafo al arrancar de nuevo el camión tras parar en una gasolinera, y lo condujo sin incidente alguno entre los surtidores de la gasolinera para dirigirse a la salida de la estación de servicio a pesar de que el espacio era reducido. 

En el recorrido realizado por la autopista en dirección contraria, fue advertido en varias ocasiones por los conductores que circulaban correctamente, respondiendo él con las luces largas, pero sin detener el vehículo y sin hacer intento alguno de modificar su circulación para interrumpir el riesgo que estaba creando. 

A juicio de la Sala, en su sentencia 4/2019, de 14 de enero (Recurso 1035/2018), el dolo está presente en su actuar. Era consciente de que utilizaba el vehículo después de haber consumido dosis importantes de alcohol y de que circulaba en dirección contraria por la autopista. Es innegable que era conocedor de que existían altas probabilidades de que se produjera una colisión frontal contra otro usuario de la carretera que circulara correctamente y también lo era de que en caso de producirse una colisión por el peso y características de camión, existía una probabilidad alta o altísima de que se causara la muerte de los usuarios del otro vehículo, y a pesar de ello, continuó en la conducción del vehículo en sentido contrario, decisión que revela su intención de continuar con la acción típica admitiendo el altamente probable resultado.

Confirmada la correcta aplicación de la atenuante de embriaguez y el dolo de la conducta típica, el Supremo desestima el recurso confirmando en su integridad la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Derechos Humanos/ Human Rights

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imagesEl Consejo de Europa aprueba un convenio de Derecho Penal

Fuente: El Economista
10 de mayo, 2017
El Consejo de Europa ha aprobado un nuevo convenio de Derecho Penal para prevenir y combatir el tráfico y la destrucción ilícitos de bienes culturales, dentro de las acciones para combatir terrorismo y delincuencia organizada. Leer el resto de esta entrada »

Cuatro millones de sentencias a disposición del ciudadano

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IMG_0736El Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), pone cuatro millones de sentencias de todos los tribunales españoles a disposición del ciudadano de forma libre y gratuita. A eso habrá que añadir más de 9.000 publicaciones, muchas de las cuales antes se editaban en papel y ahora se podrán consultar y descargar en la página web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), que ha sido completamente rediseñada.

La primera vez que se habló de este tema, hace cinco años, los vocales del anterior Consejo del Poder Judicial Javier Laorden y Javier Martínez Lázaro anunciaron que las sentencias a disposición del público eran algo más de un millón. Leer el resto de esta entrada »

Llegó la hora de evaluar la efectividad del sistema penal acusatorio: Minjusticia

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IMG_0893El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que llegó el momento de hacer una revisión del sistema penal acusatorio, con respecto a sus dos principales metas: agilizar el procedimiento penal y hacer efectivo el principio de libertad como una norma y no como una excepción.

El funcionario invitó a los colombianos a “despenalizar la mente”, no solo de cara a los diálogos de paz, sino también para entender que no todas las tensiones sociales se deben resolver con cárcel. En su opinión, la política criminal colombiana está concebida como una política represiva, cuando debería estar enfocada a la prevención. Leer el resto de esta entrada »

International Criminals: Extradite or Prosecute?

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Briefing Paper
Miša Zgonec-Rožej and Joanne Foakes, July 2013

Download paper here

  • International courts do not have the resources or the powers to prosecute all perpetrators of international crimes.
  • Various treaties impose obligations on states to extradite or prosecute a person found in their territory who is suspected of certain specific offences. This obligation is known as aut dedere aut judicare.
  • For the ‘core crimes’ of genocide, war crimes and crimes against humanity, there is a treaty-based obligation aut dedere aut judicare only for grave breaches of the Geneva Conventions and Additional Protocol I. For the other core crimes it is questionable whether customary international law imposes such an obligation.
  • The obligation aut dedere aut judicare is distinct from the principle of universal jurisdiction, which provides a basis for prosecution but does not, in itself, imply any obligation to extradite or prosecute.
  •  Immunity of state officials, which acts as an obstacle to the exercise by a state of its jurisdiction, could, in practice, preclude the effective application of the obligation to extradite or prosecute.
  •  For the core crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity a treaty imposing an international obligation on states to extradite or prosecute would help to bring perpetrators to justice.

 

Source: Chatham House

Rules, Politics, and the International Criminal Court

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Why did states decide to create the International Criminal Court (ICC) and design it with a uniquely strong enforcement mechanism that can punish noncompliant behavior?  After all, by joining the ICC, states agree that the court may investigate, arrest, prosecute, and punish state nationals for genocide, crimes against humanity, and war crimes should the ICC conclude the state is unwilling or unable to do so domestically.

One may not be surprised that more than 100 states have joined one of the many international human rights treaties with weak enforcement mechanisms that require the state to only self-report compliance. But, why would states–particularly states with poor human rights practices–join the ICC and risk having their citizens tried in The Hague?  On the other hand, if states that most need to improve their protections against human rights  abuses do not join the court, is there any hope that the threat of punishment by the ICC can help improve state practices and deter individuals from committing mass atrocities? Leer el resto de esta entrada »