Derechos Humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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Un Comité de la ONU insta a compensar a las víctimas de fumigaciones en Paraguay

Fuente: Naciones Unidas

16 de agosto, 2019

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este miércoles que Paraguay debe investigar una serie de fumigaciones con agroquímicos que provocaron la intoxicación de varias personas, entre ellos niños, además de contaminar el agua, el suelo y los cultivos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un dictamen en el que insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas y difundir la disposición en un diario de amplia circulación. Según el Comité, la nación sudamericana no realizó “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.

Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Graves consecuencias ambientales

Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, y causaron la muerte de varios animales de cría.

La contaminación también dejó muerta a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras indisposiciones.

El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de “disfrutar de una vida digna “ y a no formar parte de “acciones u omisiones” que tengan como resultado “una muerte prematura o no natural”.

Una resolución ejemplar

Una de las expertas integrantes del Comité, Hélène Tigroudja, calificó el dictamen como “histórico” y añadió que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”.

Tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.

Esa entidad solicitó a Paraguay que informara en un plazo de plazo de 180 días sobre las medidas que piensa efectuar para poner en práctica el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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Las leyes que implican una discriminación de género causan apatridia en los niños

Fuente: Naciones Unidas

22 de agosto, 2019

 La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus hijos su nacionalidad. Tres agencias de la ONU llaman a reformar esas leyes, consideradas una de las grandes causas de apatridia en los niños. Actualmente hay 3,9 millones de apátridas en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta.

Un nuevo informe de tres organismos de las Naciones Unidas reveló este jueves que las leyes de 25 países no permiten que las mujeres les transmitan su nacionalidad a los hijos en términos de igualdad con los hombres y que tres países más no dejan que los hombres les den la nacionalidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Estas legislaciones implican una discriminación de género y son una de las causas de fondo de la apatridia en los niños a nivel global, afirmaron la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Según los datos de esas agencias, actualmente hay 3,9 millones de apátridas registrados en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta, han advertido.

Reformar la legislación

En un comunicado conjunto que incluye a la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad, los organismos urgieron a reformar las leyes discriminatorias para combatir el fenómeno de la apatridia, que no permite que las personas en esa situación ejerzan una serie de derechos fundamentales como la educación y los servicios de salud, y exponiéndolas a una vida de discriminación.

“Ser paria también puede colocar a los niños en un alto riesgo de violencia, abusos y trata de personas, y dejarlos, junto con sus familias, expuestos a arrestos y detenciones”, dijo Grainne O´Hara, directora de Protección Internacional de ACNUR.

Históricamente, las leyes que implicaban discriminación de género fueron la norma en muchos países, pero en la actualidad el 85% de los Estados garantizan a hombres y mujeres por igual el derecho de transmitir su nacionalidad a los hijos.

Los organismos de la ONU recordaron que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las madres y los padres a transmitir su nacionalidad a los hijos y que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente todos los países, estipula que todos los menores tienen el derecho a una nacionalidad desde que nacen.

“Ningún niño elige ser paria, es algo que no depende de ellos y, muy a menudo, está fuera del control de sus padres”, apuntó Cornelius Williams, director adjunto de Protección de Menores de UNICEF.

Williams explicó que la apatridia excluye y aísla a los niños y enfatizó que es fundamental garantizar que todos los menores tengan una nacionalidad para que puedan aspirar a un futuro de bienestar.

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El Supremo considera delito de trata la actividad de clubs de carretera donde se esclaviza a mujeres extranjeras       

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de julio, 2019

-España-

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que advierte que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se comete en algunos clubs de alterne, salpicados por la geografía nacional, donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España, como si fueran “seres cosificados”, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas.

El tribunal considera que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”.

La Sala ha confirmado las condenas impuestas a dos responsables y a tres miembros de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en distintos clubs de alterne de Córdoba, Vigo y A Coruña a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas de Nigeria mediante engaño.  Por un lado, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el jefe de la red, 0.J.M., y su pareja, A.V.O., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les impuso 39 años y dos meses de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre persona menor de edad, por un delito cometido sobre persona mayor de edad, un delito de prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal. 

Por otro lado, estima de forma parcial los recursos planteados por los otros tres condenados contra la misma sentencia. En el caso de dos de ellos -K.O. y F.E.- la estimación parcial supone una rebaja de tres años de la pena de prisión –de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses por los mismos delitos que los anteriores- ya que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a más años que los que había solicitado el fiscal, lo que supone una vulneración del principio acusatorio. Para K.J.O, la estimación de su recurso implica la anulación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa que se le impuso, pero se mantiene intacta la pena de 13 años y dos meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Uso de vudú para atemorizar a la víctima

Los hechos se remontan a 2009 cuando 0.J.B., alias “papá Busch y Mr. Godwin”, contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Tras hablar con ella, el condenado le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. La mujer accedió y después de hacerse el pasaporte se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, creía que, si desobedecía al acusado, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males.

La víctima realizó el viaje en compañía de un hombre y de una mujer, ambos colaboradores de 0.J.B., y al llegar a Madrid se encontró con una vida distinta a la prometida: le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, le prohibieron contactar con su familia en Nigeria y salir sola a la calle.

Después, el condenado le hizo saber que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para saldar la deuda. Tras legalizar su situación en España, llevó a la mujer a un club de alterne de Lucena (Córdoba) para ejercer la prostitución, pero después rotó por otro de La Carlota (Córdoba). Su horario de trabajo era de 17:00 hasta las 4:00. El dinero que obtenía, salvo el que pagaba por su estancia en el club, lo entregaba a 0.J.B y a su pareja, A.V.O. Tres años después, en 2012, consiguió pagar su deuda y otras cantidades que le reclamaban los condenados. Con las otras tres víctimas –dos de ellas menores de edad-, procedentes del mismo país, actuó del mismo modo. Sólo una de ellas, que sabía a lo que se dedicaba 0.J.B., aceptó venir a España para trabajar como prostituta, aunque fue engañada como el resto de las víctimas.

Tras analizar el papel de cada uno de los condenados en la red, la Sala concluye que la participación en una organización delictiva, como la enjuiciada, dedicada a la trata de seres humanos, “supone una actividad que requiere el concurso de varias sujetos dispuestos a culminar el fin perseguido, de modo que cada una de las aportaciones satisface las exigencias del tipo en cuestión (el artículo 177 bis del Código Penal), siendo claro que en este caso, la trata de seres humanos lo era con la finalidad de explotación sexual, y para ello era necesario burlar los controles administrativos de inmigración, y ya en nuestro país, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubs de alterne…”.

En este caso, la Sala afirma que concurren los elementos que conforme a su jurisprudencia son necesarios para entender que “nos encontramos ante una organización criminal: pluralidad de personas, utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera”.

De esta forma, “existía un reparto de tareas entre los acusados y otras personas que no han podido ser debidamente identificadas, dentro de una red creada con la finalidad de proceder al traslado a Europa desde Nigeria de jóvenes de este país, a fin de destinarlas a la prostitución”, subraya el tribunal.

Delito trata seres humanos: captación, traslado y explotación

La Sala examina las distintas fases en las que se articula el delito de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Así, explica que hay una primera fase de captación, que equivale al reclutamiento de la víctima, en la que se utiliza el engaño, combinado a veces con la coacción, para lograr el “enganche” o aceptación de la protesta y para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación. 

La segunda fase de la actividad delictiva es la de traslado –dentro del país o con cruce de fronteras- que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie. Esta fase, según la sentencia, está relacionada con la técnica del “desarraigo”, cuyo objetivo es aislar a la víctima de sus redes sociales de apoyo – familia, amistades y vecinos- para conseguir su aislamiento y, de esa manera, el tratante puede mantener el control y explotarla. La Sala explica que el “desarraigo” se materializa con el traslado de la víctima al lugar de explotación. 

La última fase es la de explotación que consiste, según la Sala, en la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos.

La sentencia explica que, tras la tipificación del delito de trata de seres humanos como delito autónomo, L0 5/2010, la diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes –artículo 318 bis Código Penal- y la trata de personas –artículo 177 bis Código Penal- ha sido confusa. Aunque ambas conductas entrañan el movimiento de seres humanos, generalmente para obtener algún beneficio, la Sala destaca, sin embargo, que en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, principalmente sexual.

Por otro lado, la sentencia reitera la jurisprudencia de la Sala sobre el delito de trata de seres humanos que afirma que se cometen tantos delitos como víctimas, por lo que no es posible considerar un único delito ni un delito continuado. 

Derechos Humanos / Human Rights

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Son insuficientes los avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay  

Fuente: Naciones Unidas

25 de julio, 2019

El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó la pobreza y falta de acceso a la educación y la salud entre otros flagelos que sufren las comunidades amerindias paraguayas. El informe periódico sobre el país sudamericano también se refirió a la limitada participación de las mujeres en la vida pública y a las restricciones de los derechos reproductivos, así como a los abusos contra las garantías de la población por parte de las fuerzas de seguridad.

 Los pueblos indígenas de Paraguay sufren todavía elevados niveles de pobreza y tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación, además de que carecen de un acceso integral a sus territorios y recursos naturales debido a la lentitud del proceso de registro y devolución de tierras, señala el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de esas garantías en el país sudamericano.

En su cuarta revisión periódica de Paraguay, el Comité encomia la reciente aprobación del Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, pero recuerda los pocos avances en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en junio de 2015 ordenaron reparaciones relacionadas con la identificación y entrega de tierras tradicionales a las comunidades Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek.

Con respecto a la comunidad Ayoreo-totobiegosode, el Comité lamenta no haber recibido suficiente información sobre el cumplimiento de la resolución para contrarrestar la deforestación causada por empresas privadas en los territorios de esos grupos originarios.

La evaluación también halló preocupante la limitada participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública del país.

Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el Comité llamó al Estado a garantizar la promoción y protección de sus derechos, enfatizando la necesidad de su acceso a la educación y a la salud.

Además, recomendó que se cumpla el mecanismo nacional de consulta para asegurar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que los afecten, y abogó por el acceso de estos pueblos a procedimientos de resolución de conflictos y por la aceleración de los procesos de devolución y registro de tierras y recursos naturales.

En este renglón, el Comité instó a asegurar la participación plena de los pueblos indígenas en la vida política de Paraguay.

Mujeres y niñas

Las mujeres paraguayas tienen una participación muy limitada en la vida pública y política del país y se encuentran subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones y en cargos de elección popular en todos los poderes del gobierno.

El informe manifiesta preocupación por la persistencia de estereotipos patriarcales y prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad. Subraya asimismo la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

La violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres ha aumentado y los feminicidios se incrementan de forma alarmante, por lo que el Comité exhorta a intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes y todos los actos de violencia de género, al igual que a investigar expedita e imparcialmente todas las atrocidades contra las mujeres y niñas para hacerles justicia y ofrecerles una reparación integral.

La revisión de Paraguay encontró limitados los derechos reproductivos de las mujeres y destacó la criminalización de la interrupción involuntaria del embarazo bajo todas las circunstancias, afirmando que esto obliga a las afectadas a recurrir a abortos que ponen en riesgo su vida y su salud. También consideró inquietante que se penalice a las madres de niñas embarazadas y a los profesionales de la salud que realicen abortos.

El Comité llamó a modificar la legislación para facilitar un acceso seguro y legal al aborto para los casos de violación, incesto, riesgo de vida de la madre o cuando el embarazo no sea viable.

Fuerzas de seguridad

El Comité denunció numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Tarea Conjunta, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, con el ejército participando en tareas de seguridad ciudadana.

La recomendación en este punto es fortalecer a la Policía Nacional e investigar los atropellos, procesar a los responsables y reparar a las víctimas, además de capacitar a las fuerzas de seguridad en una cultura de respeto a los derechos humanos.

La próxima revisión periódica de los derechos humanos en Paraguay será en julio de 2025, cuando se evaluará si se han tomado en cuenta la recomendaciones emitidas por el Comité.

Derechos Humanos / Human Rights

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Unos 70 países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo              

Fuente: Naciones Unidas

30 de junio, 2019

-Naciones Unidas-

Marchas en todo el mundo por el Orgullo LGBTI recuerdan que todas las personas nacen ‘libres e iguales’ en dignidad y derechos humanos, cómo está descrito en la Declaración Universal.

Si bien la atmósfera del día del Orgullo LGBTI fue de alegría y celebración en Nueva York y varias capitales del planeta, a pesar de los avances en las últimas dos décadas, las personas LGBTI continúan enfrentándose a una amplia exclusión, discriminación y violencia en muchos países.

Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados Miembros de la ONU, unos 70 países, continúan criminalizando la homosexualidad y existe un estigma profundamente arraigado contra ellos que no solo afecta negativamente a las personas LGBTI, sino también a las comunidades y economías en las que viven, asegura el Banco Mundial.

Abordar esta situación es especialmente difícil porque la falta de protección legal perpetúa la lucha.

Otra barrera importante es la ausencia de datos sobre la vida de las personas LGBTI, que según la agencia pone en peligro el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el compromiso de los países con el principio de “no dejar a nadie atrás” en el esfuerzo para acabar con la pobreza y la desigualdad.

Según ONU Mujeres, actualmente solo hay 23 países o territorios donde se permite que las personas del mismo sexo se cases on establezcan uniones reconocidas legalmente.

Orgullo desde la sede de la ONU

El mensaje directo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos humanos” resonó el domingo a través de los los miembros de ONU-GLOBE que participaron en el desfile del Orgullo Mundial en la ciudad de Nueva York.

Con pancartas recordaron las conmovedoras palabras de la Declaración: “Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad” y “actuemos unos con otros en un espíritu de hermandad”.

Entre otras cosas, el grupo interinstitucional  combate la homofobia, la bifobia y la transfobia en todo el sistema de las Naciones Unidas.
Según el secretario de UN-GLOBE, Gabe Scelta, la celebración de este año es “especialmente importante” porque marca el 50 aniversario de las protestas de Stonewall, que para muchos representa el comienzo de la lucha por la igualdad y la no discriminación para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, e intersexuales “con las que aún nos enfrentamos hoy”.

Scelta dijo a Noticias ONU que su comunidad se enfrenta a una discriminación y violencia sin paralelo en todo el mundo, especialmente dirigida a aquellos con identidades intersectoriales, incluidas las mujeres trans afrodescendientes o latinas.

Agregó que tasas extremadamente altas de depresión y suicidio se experimentan “en proporciones epidémicas” como una respuesta natural a las presiones de ser una minoría, especialmente para los jóvenes.

“Ver a personas como nosotros viviendo nuestras vidas con alegría, con el amor y el apoyo de amigos, aliados y lugares de trabajo puede ser un salvavidas”, subrayó Scelta.

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Guatemala es responsable por aplicación de pena de muerte en violación del derecho a la vida y del principio de legalidad, así como por violación de las garantías judiciales           

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por la privación de la vida, así como por la violación del principio de legalidad y de las garantías judiciales en perjuicio de Manuel Martínez Coronado. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 El señor Martínez Coronado y un coimputado fueron acusados de cometer un delito de asesinato de siete personas ocurrido el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En el proceso penal el señor Martínez Coronado y su coimputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio por el Estado. El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados culpables de los siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez Coronado a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El tribunal interno, para fundar la responsabilidad del señor Martínez Coronado, aplicó el elemento de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, entonces vigente, el cual imponía la pena capital “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.

La Corte resaltó que el artículo 4 de la Convención Americana establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, que revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. El Tribunal recalcó que en esta materia la Convención Americana apunta hacia una progresiva eliminación al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión total.

Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal consideró que el Estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida), ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ello debido a la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y la posterior aplicación al señor Martínez de pena de muerte que establece dicha disposición.

Por otro lado, la Corte notó que en el presente caso existían elementos de contradicción relevantes entre las declaraciones del señor Martínez Coronado y su coimputado, las cuales recaían sobre aspectos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado. Sobre este particular, el Tribunal indicó que las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por dicha defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

 En consecuencia, la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez incumplió el deber de brindar las garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa, todo ello en contravención de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 *** La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

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El Tribunal de la UE avala la normativa sobre devolución de refugiados             

Fuente: El Economista España

14 de mayo, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala las disposiciones de la normativa europea sobre los refugiados relativas a la revocación y a la denegación de la concesión del estatuto de refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado miembro de acogida. En una sentencia dictada hoy, destaca que la revocación y la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no tienen por efecto privar a una persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen ni de la condición de refugiado ni de los derechos que la Convención de Ginebra asociados a dicha condición.

El fallo reconoce que mientras un nacional de un país no miembro de la UE o un apátrida tenga temores fundados a ser perseguido en su país de origen o de residencia, esa persona debe tener la consideración de refugiado en el sentido de la Directiva y de la Convención de Ginebra, con independencia de que se le haya concedido o no formalmente el estatuto de refugiado. Sin embargo, precisa que “el estatuto de refugiado aparece definido en la normativa europea como el reconocimiento por un Estado miembro de la condición de refugiado y que este acto de reconocimiento tiene carácter puramente declaratorio, no constitutivo, de dicha condición”.

Por ello, entiende que la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas debe interpretarse y aplicarse dentro del respeto de los derechos garantizados por la Carta, que excluyen la posibilidad de proceder a una devolución a un país de estas características.

El magistrado Von Danwitz, ponente del fallo, considera que en la medida en que, con la finalidad de garantizar la protección de la seguridad y de la comunidad del Estado miembro de acogida, la Directiva prevé la posibilidad de que éste revoque o deniegue la concesión del estatuto de refugiado, mientras que la Convención de Ginebra permite, por los mismos motivos, devolver a un refugiado a un Estado donde peligre su vida o su libertad, el Derecho de la UE concede a los refugiados de que se trata una protección internacional más amplia que la garantizada por la Convención.

El Tribunal estima que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión no tienen por efecto que la persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen pierda la condición de refugiado. En consecuencia, aunque esa persona no pueda disfrutar o deje de disfrutar del conjunto de derechos y prestaciones que la Directiva reserva a los titulares del estatuto de refugiado, disfruta o sigue disfrutando de los derechos de la Convención de Ginebra.