Derechos Humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión de persona que denunció irregularidades financieras en la Asamblea Nacional

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

04 de octubre, 2019

 En la Sentencia, notificada en el día de hoy, en el Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Venezuela responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión, participación política, circulación, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Tulio Álvarez Ramos.

Tulio Alberto Álvarez Ramos publicó, en el 2003, un artículo en un diario el cual daba a conocer supuestas irregularidades en el manejo financiero de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del entonces presidente de dicho Poder del Estado. Este artículo originó un proceso penal en contra de Álvarez Ramos, donde se le condenó a prisión por 2 años y 2 meses, inhabilitación política y prohibición de salida del país por la comisión del delito de difamación agravada continuada. El 4 de marzo de 2009 se decretó el cumplimiento de dicha condena.

 La Corte consideró que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario en caso de discursos referidos a conductas de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Reiteró, el Tribunal, que la libertad de expresión protege no sólo la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Por tanto, la sanción penal por difundir noticias de esta naturaleza produciría, directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. Lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático. De esta manera, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión de Álvarez Ramos en cuanto no podía considerarse penalmente prohibida su conducta al publicar dicho artículo. A su vez, al habérsele impuesto una pena accesoria de inhabilitación política, la Corte determinó que se vulneraron sus derechos políticos.

Al revisar el proceso penal, la Corte también consideró que a Álvarez Ramos se le restringió el acceso a los medios adecuados para preparar su defensa. Asimismo, un testigo en el proceso penal fue acusado y detenido durante la audiencia pública en base a sus declaraciones y éstas rechazadas como medio probatorio. Por otro lado, la Corte también encontró internacionalmente responsable a Venezuela por la violación al derecho a la libre circulación, así como a la protección judicial. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-48/19 Español Si tiene problemas para visualizar este mensaje haga clic aquí En razón de estas violaciones, la Corte ordenó, entre otras medidas de reparación, que se adopten todas las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia contra el señor Álvarez y las consecuencias que de ella deriven, así como los antecedentes en su contra a raíz del proceso; y pagar las sumas monetarias por el daño material e inmaterial. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

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Ecuador: Experto recomienda vetar decisión sobre la despenalización del aborto en caso de violación

Fuente: Naciones Unidas

27 de septiembre, 2019

 Un experto de la ONU en derechos humanos estima que el país ha dado varios avances en favor del derecho a la salud, pero observa que la violencia contra la mujer y los bajos indicadores de los pueblos indígenas y afroecuatorianos son factores que impiden el goce pleno de este derecho.

El relator especial* sobre el Derecho a la Salud lamentó este viernes lamentó que durante su estancia la Asamblea Nacional votara en contra de despenalizar el aborto en casos de violación, una decisión que, en opinión del relator, es contraria a los derechos humanos y “los principios modernos de salud pública”.

La decisión, según el relator, “expone a las niñas y mujeres más empobrecidas a embarazos precoces, abortos inseguros y a mayor mortalidad materna”.

Puras emplazó a las autoridades competentes a vetar esa decisión y a promulgar una legislación que cumpla con las garantías fundamentales.

Tras una visita de diez días al país sudamericano, Dainius Puras presentó sus observaciones preliminares en Quito donde indicó que la violencia contra la mujer continúa representando una amenaza para la salud en Ecuador.

“La violencia contra las mujeres y las niñas en Ecuador es endémica y sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Toda violencia debe ser abordada con determinación y valentía”.

En otro apartado, el experto en derechos humanos también pidió destinar una mayor inversión en atención primaria y servicios modernos de salud mental.

Avances y retrocesos

El relator felicitó a Ecuador por haber logrado varios avances como el reconocimiento constitucional del derecho a la salud y las importantes inversiones en infraestructuras en el sector sanitario, entre otros.

Sin embargo, observó como retos pendientes “hacer realidad” el derecho a la salud de las mujeres y niñas, los niños y adolescentes, la comunidad LGBTI, las personas que viven con VIH / SIDA y los migrantes.

Además, especificó que los pueblos indígenas y las comunidades afroecuatorianas presentan peores indicadores de salud que el resto de la población.  

Puras resaltó la necesidad de seguir invirtiendo en servicios de salud incluso en tiempos de restricciones financieras.

“Los recortes presupuestarios de los que me han informado, pueden ser perjudiciales para la efectividad y la sostenibilidad del progreso logrado y pueden añadir tensión adicional a un sistema ya sobrecargado”, alertó.

El relator especial presentará un informe completo con los principales hallazgos de su visita a Ecuador el próximo mes de junio ante el Consejo de Derechos Humanos.

*Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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El Consejo de Derechos Humanos establece una misión internacional para Venezuela

Fuente: Naciones Unidas

 27 de septiembre, 2019

Una resolución del órgano de la ONU que se ocupa de las garantías fundamentales señala que la misión tiene como objetivo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Además, condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido establecer este viernes “una misión internacional independiente de determinación de los hechos (…) y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

La decisión fue adoptada en una resolución en la que señala que los miembros de la misión serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que tiene una duración de un año y que deberán presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones.  

En la misma resolución, el Consejo condenó enérgicamente “todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas” en Venezuela.

Además, condena enérgicamente “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.

Expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

El órgano expresa también su “gran preocupación” por la muerte de 6000 personas, desde enero de 2018, durante las operaciones de las fuerzas de seguridad, y señala que, según la información analizada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.

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Abusos sistemáticos

Además, deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado, “que aceleran la erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso”.

El Consejo de Derechos Humanos insta a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”.

Especialmente, pide la libertad de 27 detenidos “señalados como casos prioritarios” por la Alta Comisionada.

Preocupa la crisis económica

En la resolución, el Consejo expresa asimismo “gran preocupación por la grave crisis económica y social” de Venezuela, que asegura ha tenido hondas repercusiones en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una alimentación adecuada, como consecuencia del desmoronamiento de los servicios públicos.

Y tras expresar profunda preocupación por el hecho de que el principal programa de asistencia alimentaria no atienda las necesidades nutricionales básicas de la población y de que padezcan malnutrición por lo menos 3,7 millones de personas, la resolución condena enérgicamente “la discriminación por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales”.

Preocupación por la salud…

Otros motivos de preocupación están relacionados con la salud, debido a la escasez generalizada de vacunas, medicamentos y tratamientos, y la falta de acceso a los mismos, así como el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas, entre ellas enfermedades prevenibles mediante vacunación, y de que aumente el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

… particularmente de la mujer

El Consejo “expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la falta de servicios sanitarios integrales” y “los testimonios de un incremento de las tasas de mortalidad materna, embarazo en la adolescencia, malnutrición y enfermedades prevenibles”.

Por ese motivo, insta a las autoridades venezolanas a que adopten las medidas apropiadas para hacer frente a los actos denunciados de violencia y acoso y de violencia sexual contra mujeres y niñas privadas de libertad, actos que incluyen, según los testimonios recogidos, abusos físicos, sexuales y verbales, amenazas e intimidaciones, la explotación sexual de las mujeres y las niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos.

Libertad de prensa y desplazados

En relación con la libertad de opinión y expresión, el documento condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales.

Además, deplora la denegación sistemática de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a la verdad, la justicia y la reparación.

Con respecto a los migrantes y refugiados, el Consejo de Derechos recuerda que cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y deplora que los venezolanos en movimiento encuentren obstáculos dentro del país para obtener o legalizar sus documentos, así como que quienes salen del país o vuelven a entrar en él sean, con frecuencia, víctimas de extorsiones y requisiciones.

En este sentido, la resolución insta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo y lo intensifique para que los Estados anfitriones puedan responder a las necesidades crecientes de los venezolanos en movimiento, en particular las necesidades específicas de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

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La ONU y Venezuela firman un documento de cooperación en materia de derechos humanos

Fuente: Naciones Unidas

23 de septiembre, 2019

El acuerdo permitirá mantener dos oficiales de la Oficina de Derechos Humanos de manera continua en el país. También incluye el refuerzo de mecanismos de protección de las garantías fundamentales y abre la puerta a la visita de los relatores especiales durante los próximos dos años.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Venezuela han firmado Memorando de Entendimiento que crea un marco para futuras discusiones y cooperación, junto a una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU.

El documento de cooperación establece una base para un diálogo continuo y apunta a la posibilidad de un futuro acuerdo que permita establecer una oficina de país de ONU Derechos Humanos en Venezuela.

El Memorando incluye el refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia, al igual que facilita la posibilidad de futuras visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años.

Los detalles de estas actividades se acordarán en un plan de trabajo que deberá concertarse entre el Gobierno de la nación sudamericana y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU “dentro de 30 días a partir de la firma”.

De la misma forma, el acuerdo permite el acceso de los oficiales de derechos humanos a los centros de detención y se les otorga libertad de movimiento a lo largo del país.

“Mi Oficina y yo estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”, señaló Bachelet.

La firma del acuerdo, que tiene una duración anual, tuvo como protagonistas a la Alta Comisionada Michelle Bachelet, y al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

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México: La protección para periodistas necesita más recursos, pero sobre todo una respuesta de Estado

Fuente: Naciones Unidas

26 de agosto, 2019

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este lunes, a petición de la Secretaría de Gobernación, un centenar de recomendaciones que servirán para reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que lanzó el gobierno mexicano en 2012.

Para la confección del informe se contó con un amplio volumen de documentos sobre el Mecanismo, más de 100 horas de entrevistas a 147 a personas relacionadas con ese instrumento, el análisis detallado de cómo actuó el Mecanismo en diversos procesos y el intercambio de pareceres con expertos y entidades especializadas en protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.

La Oficina resaltó la gran importancia que supone contar con el Mecanismo ya que 62 los beneficiarios entrevistados destacaron que la protección proporcionada por esa salvaguarda es el motivo por el cual siguen vivos.

El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, explicó que el “desarrollo progresivo” del instrumento se debe a un aprendizaje de seis años, a que el marco legal ha sido lo suficientemente flexible y  a que prevé un esquema de gobernanza participativa de la ciudadanía.

Sin embargo, indicó que la disposición continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones y que algunas de ellas se remontan al inicio de la creación del instrumento.

Falta de personal y recursos económicos

En concreto, el estudio destaca la insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades de protección. Por ejemplo, subraya que mientras el número de trabajadores no aumentó desde el año 2014, cifra de personas protegidas creció hasta un 236%.

Así, las previsiones de la Secretaría de Gobernación para 2019 contemplan la protección de 1131 personas y con un gasto de 325 millones de pesos ( equivalente a unos 16 millones de dólares), pese a que el presupuesto asignado para el actual ejercicio fue de 207 millones de pesos (alrededor de 10,5 millones de dólares).

Indefinición de las prioridades políticas

Otro apartado del estudio indica que no hay “un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas” para la protección de los afectados.

Del mismo modo, tanto los funcionarios como las personas protegidas destacaron la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno.

Además, el documento destaca la necesidad de comprender que, sin un enfoque de prevención, la principal guía para evitar la consumación del daño, “combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual”, lo que haría  ineficaz e insostenible al mecanismo.

Según los datos publicadas por el Mecanismo, en más de la mitad de los casos en que se identificó a los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos. Sin embargoel análisis revela que hasta la fecha ese instrumento carece de criterios de actuación adecuados para “condenar públicamente cualquier ataque por parte de los servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa”.

El estudio concluye que los cambios necesarios no se ciñen únicamente a una mayor partida presupuestaria, sino que demandan una respuesta de Estado que establezca “una ruta con una visión amplia para dar seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas”.

Las 104 recomendaciones finales del informe se divididen en tres apartados que buscan reforzar la protección del Estado Mexicano en su conjunto, el propio Mecanismo y la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), el órgano responsable de coordinar el funcionamiento del Mecanismo con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos.

Puede leer la totalidad de las recomendaciones incluidas en el Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo en el siguiente enlace

Durante 2019 la Oficina de la ONU ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas y por lo menos de 13 asesinatos de defensores de derechos humanos.

En 2018 registró 12 asesinatos de periodistas y 14 de personas defensoras de derechos humanos. En 2017 documentó 12 asesinatos de periodistas y 7 de personas defensoras de derechos humanos .

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Un Comité de la ONU insta a compensar a las víctimas de fumigaciones en Paraguay

Fuente: Naciones Unidas

16 de agosto, 2019

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este miércoles que Paraguay debe investigar una serie de fumigaciones con agroquímicos que provocaron la intoxicación de varias personas, entre ellos niños, además de contaminar el agua, el suelo y los cultivos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un dictamen en el que insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas y difundir la disposición en un diario de amplia circulación. Según el Comité, la nación sudamericana no realizó “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.

Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Graves consecuencias ambientales

Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, y causaron la muerte de varios animales de cría.

La contaminación también dejó muerta a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras indisposiciones.

El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de “disfrutar de una vida digna “ y a no formar parte de “acciones u omisiones” que tengan como resultado “una muerte prematura o no natural”.

Una resolución ejemplar

Una de las expertas integrantes del Comité, Hélène Tigroudja, calificó el dictamen como “histórico” y añadió que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”.

Tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.

Esa entidad solicitó a Paraguay que informara en un plazo de plazo de 180 días sobre las medidas que piensa efectuar para poner en práctica el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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Las leyes que implican una discriminación de género causan apatridia en los niños

Fuente: Naciones Unidas

22 de agosto, 2019

 La legislación de 25 países niega a las mujeres el derecho de pasar a sus hijos su nacionalidad. Tres agencias de la ONU llaman a reformar esas leyes, consideradas una de las grandes causas de apatridia en los niños. Actualmente hay 3,9 millones de apátridas en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta.

Un nuevo informe de tres organismos de las Naciones Unidas reveló este jueves que las leyes de 25 países no permiten que las mujeres les transmitan su nacionalidad a los hijos en términos de igualdad con los hombres y que tres países más no dejan que los hombres les den la nacionalidad a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Estas legislaciones implican una discriminación de género y son una de las causas de fondo de la apatridia en los niños a nivel global, afirmaron la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

Según los datos de esas agencias, actualmente hay 3,9 millones de apátridas registrados en 78 países, pero la cifra real podría ser bastante más alta, han advertido.

Reformar la legislación

En un comunicado conjunto que incluye a la Campaña Global por la Igualdad de Derechos de Nacionalidad, los organismos urgieron a reformar las leyes discriminatorias para combatir el fenómeno de la apatridia, que no permite que las personas en esa situación ejerzan una serie de derechos fundamentales como la educación y los servicios de salud, y exponiéndolas a una vida de discriminación.

“Ser paria también puede colocar a los niños en un alto riesgo de violencia, abusos y trata de personas, y dejarlos, junto con sus familias, expuestos a arrestos y detenciones”, dijo Grainne O´Hara, directora de Protección Internacional de ACNUR.

Históricamente, las leyes que implicaban discriminación de género fueron la norma en muchos países, pero en la actualidad el 85% de los Estados garantizan a hombres y mujeres por igual el derecho de transmitir su nacionalidad a los hijos.

Los organismos de la ONU recordaron que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las madres y los padres a transmitir su nacionalidad a los hijos y que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente todos los países, estipula que todos los menores tienen el derecho a una nacionalidad desde que nacen.

“Ningún niño elige ser paria, es algo que no depende de ellos y, muy a menudo, está fuera del control de sus padres”, apuntó Cornelius Williams, director adjunto de Protección de Menores de UNICEF.

Williams explicó que la apatridia excluye y aísla a los niños y enfatizó que es fundamental garantizar que todos los menores tengan una nacionalidad para que puedan aspirar a un futuro de bienestar.