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Honduras: Expertas de la ONU deploran la enmienda constitucional que ataca el derecho al aborto seguro

Fuente: Naciones Unidas

19 de enero, 2021

Expertas en derechos humanos de la ONU condenaron este martes un proyecto de ley que básicamente bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras, un país donde una de cada cuatro niñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años.

La enmienda constitucional presentada por un diputado del Partido Nacional y vicepresidente del Congreso de Honduras el 11 de enero incorporaría la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución nacional. 

“Este proyecto de ley es alarmante. En lugar de dar un paso hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, el país está retrocediendo”, expresaron las expertas en un comunicado.

Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro así como en casos de malformación grave del feto.

“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, dijeron las expertas. Estas denuncias de los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.

“Lamentamos que los esfuerzos para enmendar el Código Penal con miras a despenalizar el aborto hayan fracasado en el pasado y recordamos que penalizar a las mujeres por abortar va en contra de las normas internacionales de derechos humanos”, añadieron las relatoras especiales y miembros de grupos de trabajo, diciendo que la influencia de los grupos religiosos en cuestiones de salud pública es perjudicial.

La segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina

La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto.

“La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes”, dijeron. Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.

Muchos embarazos forzados y precoces son el resultado de delitos de violación sexual e incesto“, dijeron las expertas. También citaron las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres tienen derecho a interrumpir sus embarazos -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen la tasa más baja de interrupciones del embarazo.

“Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos”, dijeron las expertas. El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año, dijeron.

De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.

Las conclusiones y recomendaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Honduras figuran en el informe de la visita al país del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas.

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La condena a un periodista por violar el secreto de una investigación policial no es un ataque a la libertad de expresión

Fuente: El Economista España

17 de diciembre, 2020

La condena de un periodista por utilizar información obtenida violando el secreto de una investigación policial no constituye una interferencia excesiva en su libertad de expresión, según determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 17 de diciembre de 2020.

La Sala confirma la condena impuesta al periodista que publicó el retrato robot realizado por la policía en una investigación que pretendía descubrir a un asesino en serie y violador. La dirección de la investigación le había negado la entrega de la imagen ante el posible daño que podía causar a la investigación. Sin embargo, el periodista se hizo con ella y la publicó en una revista especializada y en un diario de tirada nacional.

El TEDH no ve ninguna razón de peso para cuestionar la evaluación hecha por los tribunales nacionales, en sentencia de del 21 de noviembre de 2012, que determinaron, en primer lugar, que el interés por informar al público no había justificado el uso en el artículo de la pruebas policial en cuestión y, en segundo lugar, que la publicación del material había tenido un impacto negativo sobre la conducción del proceso penal.

Tras la publicación de los artículos y en vista del hecho de que la imagen compuesta no coincidía con el sospechoso que había sido identificado por fotografías mientras tanto, el juez de instrucción y el departamento de investigación criminal decidió hacer un llamamiento a los testigos, publicando una fotografía de la persona que eran buscando un rastreo.

En una sentencia del 21 de noviembre de 2012, el Tribunal Penal de París declaró al demandante culpable de utilizar información obtenida en violación del secreto profesional y lo condenó a pagar una multa de 8.000 euros, junto con un euro en concepto de daños y perjuicios a las víctimas que se habían unido al proceso. En una sentencia del 16 de enero de 2014, el Tribunal de confirmó la primera instancia …pero redujo la sentencia a una multa de 3.000 euros.

Aplicación de la jurisprudencia

En vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta el margen de apreciación que se deja a los Estados y el hecho de que el ejercicio de equilibrar los intereses en juego se había llevado a cabo correctamente por los tribunales nacionales, que habían aplicado los criterios pertinentes en virtud de la jurisprudencia del TEDH, el Tribunal concluyó que no había habido violación del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión.

Basándose en el artículo 10 de la Convención (libertad de expresión), el demandante sostuvo que su condena por utilizar información obtenida en violación del secreto profesional, tras la publicación de un compuesto imagen producida por la policía en relación con una investigación en curso, había sido contraria a la Convención.

Considera la Sala, que la inclusión de la figura aplicada, en el Código Penal (en este caso el francés), cumple con la exigible previsibilidad. Además, razonan los magistrados que la jurisprudencia del TEDH ya ha dictaminado que la interferencia basada en la necesidad de salvaguardar el secreto de la investigación judicial tiene por objeto garantizar la correcta realización de la investigación y por lo tanto manteniendo la autoridad e imparcialidad del poder judicial.

Esta doctrina también se aplica cuando el caso se refiere al secreto profesional destinado a impedir la divulgación de información confidencial.

En el presente caso la interferencia se había basado en la necesidad de garantizar la confidencialidad necesaria de información relativa a la realización de una investigación criminal y, más en general, para mantener la autoridad e imparcialidad del poder judicial. Por lo tanto, la sentencia condenatoria había perseguido un objetivo legítimo.

La sentencia considera que “el riesgo de influir en los procedimientos justificaba por sí mismo la adopción por las autoridades nacionales de medidas disuasorias como la prohibición de revelar información secreta”.

En cuanto a la sanción económica impuesta, La Sala considera que el recurso al procedimiento penal y la pena impuesta al demandante -una multa de 3.000 euros en lugar de la cantidad de 8.000 euros ordenada originalmente por el Tribunal Penal- no ha supuesto una interferencia desproporcionada con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

En opinión del Tribunal, no se podía mantener que dicha pena podía tener un efecto disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión por el solicitante o cualquier otro periodista que desee informar al público sobre los criminales en curso procedimientos.

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Comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos básicos, asegura experto

Fuente: Naciones Unidas

11 de diciembre, 2020

 Un experto de la ONU en derechos humanos expresó su preocupación por la creación del primer mercado de futuros del agua en el mundo, y aseguró que esto invitará a los especuladores a comercializarlo como el oro y el petróleo.

El pasado 7 de diciembre, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo con el pretexto de ayudar a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro de agua en medio de la incertidumbre que las sequías graves y las inundaciones traen a su disponibilidad. Por supuesto, todo ello con unas ganancias para quienes la comercializan.

El nuevo contrato de futuros de agua permite a compradores y vendedores intercambiar un precio fijo por la entrega de una cantidad fija de agua en una fecha futura.

“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública”, expresó en un comunicado Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

Arrojo-Agudo recalcó además la importancia de este líquido vital como parte de la lucha contra la pandemia de COVID-19.

“El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático. Me preocupa mucho que el agua ahora se trate como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en el mercado de futuros de Wall Street”, dijo.

El peligro de la especulación

El experto explicó que mientras los agricultores, las fábricas y las empresas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008.

“En este contexto, el riesgo es que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores”, dijo Arrojo-Agudo.

El relator especial resaltó que el agua es, de hecho, un recurso vital para la economía, tanto para los actores grandes como para los de pequeña escala, pero el valor del agua es más que eso.

“El agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionar adecuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a la especulación”, explicó.

Agregó que, si bien hay discusiones globales en curso sobre los valores ambientales, sociales y culturales del agua, la noticia de que el agua se comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra “que el valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado”

El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos en 2010.

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Expertos instan a Estados Unidos a garantizar los derechos del líder indígena arrestado en una protesta contra Trump

Fuente: Naciones Unidas

15 de diciembre, 2020

Nicholas Tilsen es un indígena defensor de los derechos humanos de la Nación Sioux Oglala-Lakȟóta de Estados Unidos que fue arrestado junto con 15 personas más cuando protestaba contra el presidente Donald Trump por el mitin que éste convocó para celebrar la independencia del país el 4 de julio pasado en el monumento nacional de Mount Rushmore en el estado de Dakota del Sur.

Ese icono nacional se localiza en el territorio de la Gran Nación Sioux según el Tratado Sioux de 1868 y el evento fue organizado sin el consentimiento de los pueblos indígenas implicados.

Un grupo de cinco relatores especiales de la ONU en derechos humanos expresó gran preocupación este martes por las imputaciones contra el también presidente del Colectivo indígena NDN, que deberá comparecer ante un tribunal el próximo 18 de diciembre.

Acusaciones

Tilsen es acusado de cuatro delitos graves y tres delitos menores luego de haber bloqueado junto con otras personas una carretera que lleva al lugar de la manifestación celebratoria de la independencia. De ser declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar 17 años de prisión.

En un comunicado conjunto, los expertos señalaron que no pueden prejuzgar el resultado del caso, pero recalcaron su inquietud por el arresto y las imputaciones que se hacen a Tilsen en relación con el ejercicio de sus derechos como indígena, particularmente el derecho de asamblea.

“Llamamos a Estados Unidos a garantizar que se respete el derecho de Tilsen al debido proceso durante el proceso penal y también recordamos al país su obligación de garantizar la igualdad de protección sin discriminación que marca la ley”, apuntaron.

Los relatores enfatizaron su alarma, asimismo, por las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra los activistas indígenas por parte de las fuerzas públicas y por los informes de vigilancia e intimidación ejercida por la policía local después de los arrestos.

Sin protección contra el COVID-19

Además, recalcaron que el mitin de Trump, realizado sin el consentimiento de la Gran Nación Sioux, atrajo a unas 7500 personas que no usaban máscaras ni respetaban el distanciamiento físico. Dakota del Sur es uno de los estados más afectados del país por la pandemia de COVID-19.

Los expertos afirmaron que es esencial que las autoridades se esfuercen más por apoyar y proteger a las comunidades indígenas “que han sido afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19”.

“También pedimos a las autoridades que inicien un diálogo con la Gran Nación Sioux para la resolución de las violaciones del Tratado”, concluyeron.

Los firmantes del comunicado son los relatores especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la libertad de asamblea pacífica, Clément Nyaletsossi Voule; sobre las formas contemporáneas de racismo, Tendayi Achiume; y sobre los derechos culturales, Karima Bennoune.

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Los parlamentarios sufren cada vez más violaciones de sus derechos, especialmente si son mujeres

Fuente: Naciones Unidas

03 de diciembre, 2020

En vísperas del Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, la Unión Interparlamentaria ha publicado sus cifras anuales sobre los abusos de los derechos humanos experimentados por parlamentarios de todo el mundo.

Los números confirman una tendencia ascendente en las denuncias de violaciones de sus derechos, una tesitura al alza desde hace cuarenta años, cuando se creó el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria*.

También revelan un repunte en los actos de intimidación y violencia, siendo las parlamentarias las que los sufren de manera más desproporcionada. De los 552 casos examinados este año por el citado Comité 98 se referían a abusos contra hombres y 454 contra mujeres.

Significativamente, el 85 % de los casos examinados afectan a parlamentarios de la oposición.

Las violaciones más habituales de los derechos humanos fueron:

1.            Suspensión y pérdida del mandato parlamentario de manera injustificada

2.            Falta de un juicio justo y otros procedimientos imparciales

3.            Amenazas y actos de intimidación

4.            Violación de la libertad de expresión

Las amenazas y actos de intimidación suben en la lista

Una de las novedades más preocupantes del informe es que, en 2020, las amenazas y los actos de intimidación ascendieron del cuarto al tercer lugar en la lista de las violaciones más habituales de los derechos humanos que afectan a los parlamentarios.

Las cifras revelan que las parlamentarias están mucho más expuestas a la tortura, el maltrato y los actos de violencia, ya que en los casos examinados hay un 34 % de parlamentarias afectadas en comparación con el 18 % de sus homólogos hombres.

En 2020, la Unión Interparlamentaria examinó 98 casos que concernían a parlamentarias, lo que supone un aumento en relación con los 85 casos de 2019. Esto representa el 18 % de todos los casos llevados ante el Comité, un número casi tres veces superior al de hace seis años (34 mujeres en 2014).

Las Américas a la cabeza, también de las amenazas y actos de intimidación

Por quinto año consecutivo, las Américas acaparan el mayor porcentaje de violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios, el 32 % o 178 de los 552 casos, impulsadas por el gran número de casos de Venezuela.

En ese país, la Unión Interparlamentaria sigue supervisando estrechamente las acusaciones que afectan a 134 parlamentarios venezolanos de la coalición de partidos de la oposición con el telón de fondo de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.

Según las pruebas de que dispone el Comité, casi todos los parlamentarios han sido objeto de ataques, amenazas, acoso o intimidación de otro tipo por parte de partidarios del Gobierno.

Las Américas son, además, la única región donde la violación más frecuente de los derechos humanos es “Amenazas y actos de intimidación”, la cual afecta directamente a la integridad física de los parlamentarios.

La región de Oriente Medio y Norte de África es el origen del segundo mayor porcentaje de casos denunciados, el 25%.

El Comité de la Unión Interparlamentaria está observando más casos originados en los mismos países que en los últimos años, lo que indica que la situación en estos países (Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Venezuela y el Yemen) está empeorando, especialmente para los parlamentarios de la oposición.

Violaciones de los derechos humanos en tiempos de COVID-19

La pandemia provocada por el coronavirus ha proporcionado a algunos gobiernos la oportunidad de actuar contra los parlamentarios de la oposición por medio del uso de leyes sobre el confinamiento para detenerlos o vulnerar de otra manera sus derechos, especialmente en Venezuela, Uganda y Zimbabwe, asegura la Unión Interparlamentaria. 

En diciembre de 2020, el Comité tiene previsto examinar los casos de 30 parlamentarios detenidos en nueve países (Côte d’Ivoire, Eritrea, Gabón, Iraq, Mongolia, Níger, Palestina, Filipinas y Turquía).

Puesta en libertad de algunos parlamentarios tras la actuación de la UIP

Las buenas noticias son que la presión ejercida por la Unión Parlamentaria y la comunidad parlamentaria mundial ha contribuido a la puesta en libertad de algunos parlamentarios detenidos. Por ejemplo, cuatro parlamentarios de Côte d’Ivoire pudieron volver a sus hogares recientemente.

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Aprueban subvenciones para que los niños migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida puedan estudiar

Fuente: Naciones Unidas

04 de diciembre, 2020

 El programa la Educación No Puede Esperar*, coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acaba de anunciar un presupuesto de 27,2 millones en ayudas para programas de estudio de niños y jóvenes venezolanos y sus comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú.

Estos países reciben un gran número de personas que huyen de la violencia e inestabilidad en Venezuela. El programa, de tres años, llegará a más de 350.000 niños y jóvenes. 

“El contexto en Venezuela ha forzado aproximadamente a cinco millones de refugiadas y refugiados e inmigrantes a dejar su país de origen, y a millones de niñas y niños a abandonar la escuela buscando seguridad en otros países de la región. Estos menores de edad ahora pueden continuar su educación en sus comunidades receptoras, brindándoles protección y esperanza para su futuro. Esto es precisamente lo que necesitan ahora. Su educación no puede esperar hasta que esta prolongada crisis termine”, dijo Yasmine Sherif, directora del programa.

Sherif explicó que se necesita una acción colectiva e hizo un llamado urgente a donantes públicos y privados para que financien por completo el programa.  

“Estas inversiones multianuales abordan tanto las necesidades humanitarias inmediatas como también el fortalecimiento del sistema educativo. Juntos podemos hacer una diferencia ahora y al mismo tiempo marcar el camino para el futuro”, agregó.

Esta inversión se suma a la primera respuesta de emergencia de siete millones que el programa desembolsó en 2019.

El programa en Colombia

El número de venezolanos que han huido a Colombia ha crecido exponencialmente, de 40.000 en 2015 a 2,4 millones a fines de 2020, lo que convierte a esta prolongada crisis humanitaria en la más grande del hemisferio occidental y entre las más grandes del mundo.

Otros dos millones de venezolanos cruzan la frontera de manera regular para acceder a servicios básicos, incluyendo la educación.

Este movimiento masivo expone a los niños y jóvenes ya vulnerables a riesgos mayores. Las niñas, en particular las adolescentes, corren el riesgo de sufrir violencia sexualexplotación sexual, matrimonio infantil y embarazo precoz e involuntario. Los niños corren el riesgo de ser reclutados por bandas criminales y otros grupos armados.

Colombia permite que todos los menores venezolanos se matriculen en su sistema educativo nacional, independientemente de su situación migratoria. El número de niños venezolanos matriculados en el sistema educativo formal de Colombia se ha multiplicado por diez en los últimos dos años, pasando de 34.000 en 2018 a 334.000 en 2020.

Sin embargo, con el COVID-19, la capacidad de absorción se ha vuelto insuficiente en las escuelas, con limitaciones financieras severas, falta de materiales de instrucción y aprendizaje, y la discriminación y xenofobia mantienen a muchas y muchos fuera de los ámbitos escolares.

El programa multianual de resiliencia de Colombia se beneficiará de 12,4 millones de, que serán administrados por Save the Children y UNIICEF, junto con Norwegian Refugee Council, World Vision, Plan International y ONG nacionales

El programa inicial tendrá una duración de tres años, con el objetivo de reunir 70,5 millones adicionales en cofinanciamiento de socios nacionales y mundiales, el sector privado y fundaciones filantrópicas. El programa alcanzará a por lo menos 30.000 niños en edad preescolar, 90.000 en educación primaria y 30.000 en educación secundaria.

El programa en Ecuador

Desde 2015, alrededor de 1,5 millones de venezolanos han huido a Ecuador. Si bien muchos viajaron hacia Perú y otros países, alrededor de 380.000 se establecieron en Ecuador. Los drásticos recortes presupuestarios y una creciente crisis social y económica en este país están reduciendo la capacidad de la nación para brindar servicios humanos básicos, como educación y atención médica.

Datos recientes del Banco Mundial indican que más del 30% de los venezolanos en búsqueda de seguridad sufren desnutrición crónica. La mayoría carecen de acceso a la educación, salud, vivienda y a medios de subsistencia, y muchos han sido víctimas de violencia sexual y de género, incluyendo la trata de personas con fines de explotación sexual.

A pesar de estos desafíos, el número de venezolanos matriculados en el sistema educativo formal de Ecuador se ha cuadriplicado en los últimos dos años, de 10.730 en 2018 a 47.319 en 2020. No obstante, aproximadamente 35.000 niños, niñas y jóvenes venezolanos que viven en Ecuador no van a la escuela.

La Educación No Puede Esperar ha asignado una subvención inicial de 7,4 millones en Ecuador, que será implementada por la UNESCO en colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, y pide a los donantes del sector público y privado que ayuden a financiar por completo la brecha restante de US$ 32 millones para la respuesta de la educación en situaciones de emergencia. Totalmente financiado, el programa llegará a 105.000 niños, incluido 10.000 niños con discapacidades.

El programa en Perú

Se estima que 830.000 venezolanos han huido a Perú. La pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena asociadas han afectado particularmente a estos migrantes y los niños se enfrentan ahora a riesgos que se multiplican, como el hambre, la pobreza, el aumento de los problemas de salud mental y la violencia de género. Hay picos notables en el número de niñas desaparecidas, abusos y embarazos precoces y no deseados.

El Gobierno de Perú está dando pasos importantes para incluirlos en el sistema educativo del país. Los datos del Ministerio de Educación indican que un total de 96.613 estudiantes venezolanos migrantes y refugiados (52.319 niñas y 44.294 niños) están matriculados en escuelas peruanas en 2020, un número que ha aumentado de manera constante en los últimos años. A pesar de estos esfuerzos, hay 67.957 niños refugiados que no están registrados en el sistema del Ministerio de Educación.

La inciativa la Educación No Puede Esperar ha asignado una subvención inicial de 7,4 millones de dólares en Perú, que será implementada por UNICEF en colaboración con las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. El programa pide a los donantes y al sector privado que ayuden a financiar la brecha restante de 14 millones para la respuesta de educación en situaciones de emergencia.

Una vez que esté totalmente financiado, el programa llegará a 100.000 niños y jóvenes, y mejorará la inclusión y la calidad del sistema educativo peruano.

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México y Centroamérica mantienen su compromiso con los migrantes

Fuente: Naciones Unidas

08 de diciembre, 2020

 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá se reunieron este martes para refrendar su compromiso de proteger y atender de la mejor manera posible las necesidades de los cientos de miles de personas desplazadas forzosamente en la región.

En su tercer cónclave anual, los siete países integrantes del mecanismo de solidaridad y responsabilidad compartida conocido como Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, presentaron los avances logrados hasta el momento y definieron las prioridades para el futuro.

Asimismo, evaluaron la situación actual y trazaron políticas nacionales y regionales para abordar el fenómeno del desplazamiento con respuestas integrales que abarquen las áreas de protección, educación, salud, medios de vida y empleo a las personas que han debido huir de sus comunidades.

Cerca de un millón de centroamericanos

Casi un millón de centroamericanos se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia y la persecución y se asientan ahora en otras zonas de su país o bien en alguna nación vecina. Del total de esas personas, cerca de 833.000 son del Triángulo Norte de Centroamérica y 108.000 de Nicaragua.

En la reunión, el grupo de países reportó que pandemia de COVID-19 y las recientes y devastadoras tormentas tropicales en la región han agudizado las carencias de fondo de esta crisis de desplazamiento, además de multiplicar los retos de integración de los migrantes en las comunidades anfitrionas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo que es precisamente en este momento de crisis y desafíos para proteger y asistir a los desplazados cuando el Marco Integral Regional “se revela como testimonio del papel fundamental de la cooperación regional y del sentimiento de responsabilidad compartida que encarna”.

ACNUR afirmó que el Marco avanza como instrumento político y operativo para responder a las necesidades humanitarias y de desarrollo de cientos de miles de personas, tanto las que huyen como las que las acogen.

Inclusión en los planes de recuperación

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, país que ocupó hasta hoy la presidencia pro-tempore del Marco, consideró que el trabajo de ese grupo de países “se traduce en beneficio para una población en alta vulnerabilidad que requiere atención prioritaria”.

Los participantes en la reunión subrayaron la importancia del apoyo constante de la comunidad internacional y destacaron la responsabilidad de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral Regional, creada durante el primer Foro Mundial sobre Refugiados en diciembre de 2019.

En la reunión anual, los países adoptaron la Declaración de la Ciudad de San Salvador, en la que se comprometen a seguir trabajando conjuntamente y a velar por la inclusión de las personas desplazadas y retornadas con necesidades de protección, haciéndolas parte de sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19 y los desastres naturales.

Al término del evento, El Salvador entregó oficialmente la presidencia a Guatemala, que la ejercerá durante el 2021.

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Bachelet: Los derechos humanos son la vacuna contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático

Fuente: Naciones Unidas

09 de diciembre, 2020

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho este miércoles un duro balance de una pandemia que ha expuesto todas nuestras debilidades como sociedad. Al acabar de mostrar las fisuras de nuestros sistemas, Michelle Bachelet ha advertido a la humanidad de que volver a lo que se tenía antes de que el coronavirus hiciera irrupción en nuestras vidas, será un fracaso.

Las vacunas por sí solas no pueden curar el daño que ha causado la pandemia.

“El 2020 es un año que ninguno de nosotros olvidará jamás. Un año terrible y devastador que ha marcado a muchos de nosotros de muchas maneras”, aseguró Michelle Bachelet antes de recordar que al menos 67 millones de personas han sido infectadas, y 1,6 millones han muerto por una pandemia que está lejos de haber terminado.

También indicó que la COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la economía de los países y en el empleo, en los ingresos, la educación, la salud y el suministro de alimentos para cientos de millones de personas, lo que ha supuesto un enorme retroceso en el desarrollo, en los esfuerzos por aliviar la pobreza y en la mejora de la situación de las mujeres.

Para la Alta Comisionada, el año 2020 ha pasado factura no sólo a todas las regiones y prácticamente a todos los países, sino también a todos los derechos humanos, ya sean económicos, sociales, culturales, civiles o políticos.

“La COVID-19 se ha cebado en las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades, exponiendo todos nuestros fracasos a la hora de invertir en la construcción de sociedades justas y equitativas. Ha mostrado la debilidad de sistemas que no han logrado dar centralidad a la defensa de los derechos humanos”, dijo.

Según la Alta Comisionada, nos enfrentamos a tres futuros posibles muy diferentes:

  • Se puede salir de esta crisis en un estado aún peor que cuando comenzó, y estar aún menos preparados para la próxima conmoción de nuestras sociedades
  • Se puede luchar poderosamente para volver a la normalidad, pero la normalidad es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy
  • O se puede salir mejor

Las vacunas no previenen los estragos económicos

“En las últimas semanas se han producido avances extraordinarios en el desarrollo de la vacuna. Esto es fruto del ingenio y la determinación de las personas en un momento de crisis. Pero las vacunas por sí solas no pueden resolver la pandemia, o curar el daño que ha causado”, declaró.

Bachelet hizo un llamado para que los Estados no sólo distribuyan estas vacunas equitativamente, sino que también reconstruyan la economía, reparen el daño causado por la pandemia y aborden las lagunas que ésta ha expuesto.

Muchos gobiernos no actuaron con la rapidez o la decisión suficientes para detener la propagación de la COVID-19. Otros se negaron a tomarla en serio.

La Alta Comisionada también reflexionó sobre el hecho de que las vacunas “no prevendrán ni curarán los estragos socioeconómicos resultado de la pandemia y que han ayudado a su propagación”.

“Pero hay una vacuna para el hambre, la pobreza, la desigualdad y posiblemente – si se toma en serio – para el cambio climático, así como para muchos de los otros males que enfrenta la humanidad. Es una vacuna que desarrollamos a raíz de anteriores crisis mundiales masivas, incluidas las pandemias, las crisis financieras y las dos guerras mundiales. El nombre de esa vacuna es ‘derechos humanos’”, recalcó.

Para Bachelet, la COVID-19 ha puesto de relieve nuestra incapacidad de defender esos derechos: “no sólo porque no pudimos, sino porque no lo hicimos o decidimos no hacerlo”.

Agregó que la incapacidad de muchos países para invertir suficientemente en la atención sanitaria universal y primaria, de conformidad con el derecho a la salud, ha quedado expuesta como “algo extremadamente miope” y, aunque reconoció que estas medidas preventivas vitales son costosas, razonó que no hay nada tan costoso como no invertir en ellas.

Politización de la pandemia

Bachelet reservó duras palabras para quienes han politizado la pandemia.

“Muchos gobiernos no actuaron con la rapidez o la decisión suficientes para detener la propagación de la COVID-19. Otros se negaron a tomarla en serio, o no fueron totalmente transparentes sobre su propagación.

En lugar de unirnos, la respuesta a la pandemia ha llevado en algunos lugares a una mayor división.

Sorprendentemente, incluso hoy en día, algunos líderes políticos siguen restando importancia a su impacto, menospreciando el uso de medidas simples como el uso de mascarillas y evitando las grandes reuniones. Incluso algunas figuras políticas siguen hablando casualmente de ‘inmunidad de la manada’, como si la pérdida de cientos de miles de vidas fuera un costo que se puede soportar fácilmente en aras del bien común. Politizar una pandemia de esta manera va más allá de la irresponsabilidad, es algo totalmente reprochable.

Peor aún, en lugar de unirnos, la respuesta a la pandemia ha llevado en algunos lugares a una mayor división. Se han descartado las pruebas y procesos científicos, y se han sembrado teorías de la conspiración y de desinformación y se ha permitido o alentado que prosperen”, dijo. 

Otro efecto del COVID-19: la desconfianza

Todo ello ha tenido unas consecuencias que van más allá de las cuestiones materiales: “Estas acciones han clavado un cuchillo en el corazón del bien más preciado, la confianza. Confianza entre naciones, y confianza dentro de las naciones. Confianza en el gobierno, confianza en los datos científicos, confianza en las vacunas, confianza en el futuro”.

Por ese motivo, declaró que si queremos lograr un mundo mejor tras esta calamidad, como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, hay que “reconstruir esa confianza entre nosotros”. 

Para la Alta Comisionada “ha sido chocante, pero lamentablemente no sorprendente”, ver el desproporcionado número de víctimas de la COVID-19 entre los individuos y grupos marginados y discriminados, en particular las personas de ascendencia africana, las que pertenecen a minorías étnicas, nacionales o religiosas, y los pueblos indígenas.

La pandemia está teniendo un impacto negativo tan vasto y de tan amplio alcance que nos resulta casi imposible comprender su enormidad.

“Así ha ocurrido en algunos de los países más ricos del mundo, donde la tasa de mortalidad de algunas minorías raciales y étnicas ha sido hasta tres veces superior a la de la población en general”, señaló antes de destacar que “muchas de las personas que de repente empezamos a reconocer y a referirnos como esenciales – trabajadores de la salud, limpiadores, trabajadores del transporte, empleados de tiendas – provienen de tales minorías”.

Los pobres más pobres

Además, destacó que, en los últimos 11 meses, los pobres se han empobrecido, los niños de hogares sin acceso o con restringida conectividad a internet o con equipos informáticos limitados o inexistentes se han retrasado en su educación, o la han abandonado por completo, y las niñas se han visto especialmente afectadas.

Con respecto a la seguridad económica básica, el empleo, la educación, la vivienda y la alimentación, “la pandemia está teniendo un impacto negativo tan vasto y de tan amplio alcance que nos resulta casi imposible comprender su enormidad”, continuó.

Todo esto no habría sucedido si se hubieran establecido protecciones sociales y económicas adecuadas para una proporción mucho mayor de la población mundial, en los países pobres y en los ricos.

En definitiva, “si hubiéramos aplicado la vacuna de los derechos humanos” no estaríamos en tan mala situación como lo estamos hoy.

La mujer entre las más golpeadas por la pandemia

También resaltó que las repercusiones en las mujeres han sido particularmente devastadoras y alertó de que, en algunas zonas, los derechos de la mujer corren el riesgo de sufrir un retroceso de decenios, incluso con respecto a un acceso más limitado a los derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, indicó que, para crear un futuro mejor, las mujeres tendrán que desempeñar un papel mucho más importante en la toma de decisiones y el establecimiento de prioridades. A este respecto, subrayó: “No es una coincidencia que en un mundo en el que tan pocos países tienen mujeres líderes, varios de los países que se considera que han manejado la pandemia de manera más efectiva sean liderados por mujeres”.

Las acciones de algunos gobiernos que se han aprovechado de la situación para acabar con la disidencia política y las críticas.

Otro aspecto que ha marcado 2020, según Bachelet, ha sido la discriminación, debido a la injusticia racial y la brutalidad policial que se pusieron claramente de manifiesto con el asesinato de George Floyd y las protestas mundiales que generó.

A juicio de Bachelet, otros derechos como el de la libre expresión o el de reunirse y a participar en la vida pública se han visto afectados durante la pandemia no por las restricciones de movimiento justificadas para limitar la propagación de la COVID-19, sino por las acciones de algunos gobiernos que se han aprovechado de la situación para acabar con la disidencia política y las críticas, incluso deteniendo a actores de la sociedad civil y a periodistas.

“Algunos también parecen haber utilizado los temores y restricciones de la COVID-19 como una forma de inclinar las elecciones a favor del partido gobernante”, añadió.

La esperanza es una verdadera voluntad política

Para Bachelet, la pandemia nos ha dejado expuestos, vulnerables y debilitados. Sin embargo, en su devastación, también ha proporcionado una clara visión de cómo podemos convertir el desastre en una oportunidad para reajustar nuestras prioridades y mejorar nuestras perspectivas de un futuro mejor.

“El principal ingrediente que necesitamos para construir ese futuro es la voluntad política. La voluntad de poner nuestro dinero donde más se necesita, no donde se quiere, sino donde se necesita. La voluntad de luchar contra la corrupción, porque en muchos países, incluso en los más pobres, hay más dinero disponible, pero se pierde cuando va directamente a los bolsillos de unos pocos. Tenemos que abordar la desigualdad, incluso con reformas fiscales que podrían ayudar a financiar importantes mejoras socioeconómicas”, afirmó.

Del mismo modo, consideró que los países más ricos deben ayudar a los más pobres a superar esta crisis y a recuperarse mejor, y que se debe reparar el sistema deshilachado del multilateralismo para gestionar la recuperación.

Las respuestas nacionalistas simplistas simplemente socavarán la recuperación colectiva.

“La labor debe comenzar en casa, pero los dirigentes de los países poderosos deben reconocer una vez más que, más que nunca, nuestro mundo sólo puede hacer frente a los desafíos mundiales mediante la cooperación mundial. Las respuestas nacionalistas simplistas simplemente socavarán la recuperación colectiva. La primera prueba de esto será nuestra capacidad de asegurar que las nuevas vacunas y herramientas de la COVID-19 lleguen a todos los que las necesitan. La pandemia ha puesto de manifiesto una y otra vez que nadie está seguro hasta que todos lo estén”, afirmó.

Una advertencia final

Bachelet se preguntó a continuación si ¿aprovecharemos este momento para idear maneras de recuperar mejor?, si ¿aplicaremos adecuadamente la vacuna de los derechos humanos que puede ayudarnos a construir sociedades más resistentes, prósperas e inclusivas?, y si ¿tomaremos las medidas necesarias inmediatas para combatir la mayor amenaza existencial de todas, el cambio climático?

“Esperemos que así sea. Porque si no lo hacemos, especialmente en lo que respecta al cambio climático, el año 2020 será simplemente el primer paso en el camino hacia una mayor calamidad”, auguró antes de sentenciar: “Hemos sido advertidos”.

Bachelet hizo todas esas reflexiones en una rueda de prensa celebrada con motivo de la celebración mañana, 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos.

Derechos Humanos / Human Rights

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Perú: La Oficina de Derechos Humanos llama a las autoridades a respetar el derecho a la reunión pacífica

Fuente: Naciones Unidas

12 de noviembre, 2020

El lunes pasado, el jefe de Estado de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Al día siguiente asumió el puesto vacante el presidente del Congreso, Manuel Merino.

Estos acontecimientos desencadenaron una serie de protestas en el país que se han topado con una actuación policial preocupante, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El representante en América del Sur de esa dependencia regional  señaló que están recibiendo “información inquietante” y recordó que la policía “tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones”.

Jan Jarab detalló que el apego a esos estándares implica no utilizar la fuerza de manera ilegal, excesiva o arbitraria. “Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas sólo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, recalcó.

En un comunicado, Jarab instó a las autoridades peruanas a no restringir arbitrariamente el derecho de asamblea pacífica ni otras garantías fundamentales.

Por otra parte, exhortó a quienes deseen manifestarse a hacerlo pacíficamente y respetando las leyes.

Detenciones arbitrarias

Señaló que su Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales y llamó a poner fin a este tipo de procedimientos “incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.

Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención, así como la notificación a sus familiares.

El representante se refirió en particular a la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien se privó de la libertad durante 17 horas.

Jarab afirmó que la labor de Rodríguez se centra en el derecho a la defensa legal de las personas detenidas. “Insto a las autoridades a que la investigación en su contra sea independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”, dijo.

Ataques a periodistas

Por otra parte, calificó de alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación que desempeñaban su tarea en medio de las protestas.

A este respecto, el representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger la función de los defensores de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales. 

Denunció, asimismo, el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria y sostuvo que no se puede suspender de forma permanente un derecho fundamental -como el de reunión- sin considerar medidas que permitan ejercerlo, como son cumplir con los requisitos sanitarios. 

Derechos Humanos / Human Rights

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Congreso de Jalisco aprueba que se reconozca la movilidad como derecho humano

Fuente: El informador México

24 de octubre, 2020

-México-

El Congreso de Jalisco dio su voto a favor para que la movilidad y seguridad vial serán considerados como un derecho humano, lo cual quedará patente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tan pronto como sea aprobado el decreto por la mayoría absoluta de las entidades federativas.

Fueron 28 los diputados que votaron a favor de diversas adiciones y reformas a la Constitución, por ejemplo, añadir un último párrafo al artículo 4o: “Toda persona tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

También avaló reformar a la fracción XXIX-C del artículo 73, que indica que el Congreso Federal tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, entidades y municipios en materia de movilidad y seguridad vial.

Otra fue sobre el inciso a) de la fracción VI del artículo 115, donde se indica que los municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

El diputado Jonadab Martínez festejó el que el Congreso de Jalisco haya sido de los primeros en avalar tales reformas, con lo que se buscará rectificar que el desarrollo urbano haya favorecido durante décadas al automóvil sobre los peatones, la movilidad no motorizada y personas con discapacidad.

“La visión de las instituciones, los gobiernos locales y federal y también municipales (…) facultan a que sus políticas públicas, planes y desarrollos urbanos sea con perspectiva humana, que no se sigan construyendo calles sin banquetas, o banquetas sin pensar en personas con discapacidad”.

Otra reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado fue sobre materia de juventud, que también adiciona un párrafo al artículo 4o, para establecer que el estado promueva el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas, así como reforma al artículo 73 para establecer leyes en materia de formación y desarrollo integral de la juventud.