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Las personas con discapacidad no pueden ser aún más discriminadas a causa del coronavirus

Fuente: Naciones Unidas

Las Naciones Unidas lanzaron un nuevo informe en el que piden a los países que pongan a las personas con discapacidad en el centro de la respuesta al coronavirus. Estas personas tienen más probabilidades de desarrollar condiciones severas de salud y son víctimas de discriminación sistémica.

La pandemia de COVID-19 está intensificando las desigualdades experimentadas por los mil millones de personas con discapacidad del mundo, aseguró el Secretario General de la ONU este miércoles durante el lanzamiento de un informe que pide una recuperación y respuesta a la crisis que incluya a esta población.

Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación, la atención médica y las oportunidades de ingresos, o participar en sus comunidades, asegura António Guterres.

También tienen más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir mayores tasas de violencia, negligencia y abuso.

“La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas”, aseguró.

Guterres dijo que las personas con discapacidad se encuentran entre las más afectadas. Además, enfrentan una falta de información de salud pública accesible, así como barreras significativas para implementar medidas básicas de higiene.

“Si contraen COVID-19, muchos tienen más probabilidades de desarrollar condiciones de salud severas, que pueden resultar en la muerte”, agregó.

Tasas de mortalidad alarmantes en hogares de ancianos

El titular de la ONU recordó que la proporción de muertes relacionadas con COVID-19 en hogares de ancianos, donde las personas mayores con discapacidades están sobrerrepresentadas, oscila entre el 19% y 72%.

Además, en algunos países, las decisiones de racionamiento de atención médica se basan en criterios discriminatorios, como la edad o las suposiciones sobre la calidad o el valor de la vida, en función de la discapacidad: algo que no debe permitirse que continúe.

“Debemos garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad para acceder a la atención médica y los procedimientos de salvamento durante la pandemia”, dijo Guterres.

Mayor riesgo de pérdida de empleo y violencia doméstica

La pandemia de COVID-19 está afectando a personas con discapacidades de otras maneras.

Guterres dijo que aquellos que enfrentaron la exclusión laboral antes de la crisis ahora tienen más probabilidades de perder sus empleos. También experimentarán mayores dificultades para volver al trabajo.

Sin embargo, menos del 30% de las personas con discapacidades significativas tienen acceso a los beneficios. En los países de bajos ingresos, el número es solo del 1%.

Mientras tanto, las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas, enfrentan un mayor riesgo de violencia doméstica, que ha aumentado durante la pandemia.

Asegurar los derechos, promover la inclusión

El Secretario General instó a los gobiernos a poner a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos de respuesta y recuperación de COVID-19, y a consultarles y permitirles que participen.

Según Guterres, ese sector de la población también tiene una valiosa experiencia para ofrecer en relación con prosperar en situaciones de aislamiento y arreglos de trabajo alternativos.

“Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidad, estamos invirtiendo en nuestro futuro común”, dijo el titular de la ONU.

También subrayó la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la creación de sociedades más inclusivas y accesibles.

El Secretario General agregó que la ONU está haciendo su parte a través de la Estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de personas con discapacidad que lanzó el año pasado.

A través de la Estrategia, el sistema de las Naciones Unidas incorporará la inclusión de la discapacidad en su trabajo, con el objetivo de lograr un cambio transformador y duradero.

En relación con esto, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU emitió la semana pasada una guía que establece acciones clave que los gobiernos y las partes interesadas pueden tomar para apoyar a las personas con discapacidad durante la pandemia.

También detalla prácticas prometedoras ya implementadas por algunos países, como sacar a algunas personas con discapacidad de entornos institucionales para estar en casa con sus familias.

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Los presos también deben ser protegidos de la pandemia de coronavirus

Fuente: Naciones Unidas

05 de mayo, 2020

Decenas de presos han perdido la vida en incidentes ocurridos en cárceles de Venezuela, Colombia y Perú, y se han producido intentos de fuga en muchos otros países. El coronavirus se expande rápidamente y miles de internos se han infectado en América del Norte y del Sur. ONU Derechos Humanos pide una investigación por los motines que han ocurrido en las últimas semanas.
 

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió investigar los motines que están ocurriendo en cárceles de las Américas para protestar por la falta de protección.

El coronavirus se está expandiendo rápidamente por cárceles sobrepobladas y con falta de higiene. “Miles de prisioneros y funcionarios se han infectado en América del Norte y del Sur”, dijo el portavoz.

El peor incidente tuvo lugar el pasado 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela, donde 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo, en Colombia, dejó en marzo 23 muertos. En Perú, nueve reos perdieron la vida el 27 de abril. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, han ocurrido en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

“La escala y gravedad de los incidentes mencionados parece indicar que en algunos casos los Estados no han adoptado las medidas adecuadas para prevenir la violencia en las instalaciones de detención y que los agentes estatales habrían cometido violaciones del uso de la fuerza en su intento por recuperar el control de dichas instalaciones”, dijo el portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville.

Además, algunos países están deteniendo a gente por incumplir las cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección. Colville habló de la situación en El Salvador donde se están tomando medidas “extremadamente severas” que pueden constituir trato cruel, inhumano y degradante y que pueden exacerbar las condiciones de higiene ya precarias.

“Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención médica han permitido la rápida propagación de COVID-19 en muchas instalaciones”, advirtió la Oficina de Bachelet. 

Además, en muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado protestas y disturbios.

Investigaciones, acción y justicia

“Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela”, aseguró el portavoz de Bachelet.

La Oficina de la Alta Comisionada hizo un llamado a los países para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

También pidió a los países que tomen las medidas apropiadas para evitar una mayor propagación del virus garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a las pruebas y acceso a la atención médica necesaria para los detenidos, así como equipos de protección personal y pruebas para el personal de la prisión.

Las autoridades además deben garantizar un nivel mínimo de contactos personales con los miembros de la familia y el acceso adecuado a alimentos y agua potable, así como proporcionar información periódica y transparente sobre el impacto de la enfermedad en los presos y el personal. Las condiciones en los centros de detención y las cárceles, y el tratamiento de los detenidos deben ser monitoreados regularmente por organismos independientes, y los presos que se enferman deben ser colocados en aislamiento no punitivo o en cuarentena en instalaciones donde puedan recibir la atención médica adecuada.

Liberación en la pandemia sin impunidad

Rupert Colville agradeció las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a convictos y a los detenidos preventivamente más vulnerables a COVID-19, incluidos los que tienen afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, los  más mayores, los que viven con el VIH y los que cuenta con alguna discapacidad.

“Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de presos que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños y personas detenidas por delitos de inmigración”, dijo.

También es esencial que los Estados garanticen que esas medidas no contribuyan a la impunidad de los crímenes violentos. Las personas condenadas por delitos reconocidos por el derecho internacional después de un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial deben considerarse para la liberación temporal de la custodia solo en circunstancias excepcionales.

Según la Oficina de Bachelet, en el contexto de la pandemia, es urgente reducir el uso de la detención preventiva, una medida que siempre debe ser excepcional, pero que se ha utilizado de manera crónica en las Américas. La Orientación provisional del Comité Permanente entre Organismos sobre COVID-19 y las personas privadas de libertad ofrece sugerencias prácticas a los Estados que desean implementar medidas para reducir el hacinamiento en los lugares de detención.

“Las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, también deben ser liberados”, expresó el portavoz.

Finalmente, las autoridades además deben asegurarse de que las personas que han sido liberadas reciban atención médica adecuada.

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Tras 10 años en vigor, Sierra Leona deroga prohibición a estudiantes embarazadas de asistir a la escuela

Fuente: Global Voices

27 de abril, 2020

El 30 de marzo de 2020, el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, junto con el ministro de Educación, David Moinina Sengeh, anunciaron el fin inmediato de la norma que prohibía la asistencia a clase a las chicas visiblemente embarazadas y a las madres adolescentes. La disposición estuvo vigente diez años.

Bio, que ocupa la presidencia desde abril de 2018, afirmó que su gobierno trabaja en la creación de un país más inclusivo.

Sobre esta acción, Elin Martinez, investigador sobre derechos infantiles de Human Rights Watchcomentó: “Al terminar esta prohibición de que las chicas embarazadas y las madres adolescentes asistan a la escuela, vigente durante diez años, el Gobierno de Sierra Leona aborda por fin una antigua injusticia. Esta medida da a todas las chicas la oportunidad de utilizar todo su potencial y lograr su educación.”

La decisión se tomó después de que varias ONG, entre las que se cuentan Equality NowWomen Against Violence Exploitation in Society (WAVES), Child Welfare Society y el Institute for Human Rights and Development in Africa, presentaron una demanda el 17 de mayo de 2018 ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) contra la prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela, vigente entonces en Sierra Leona.

En diciembre de 2019, el tribunal consideró que el Gobierno de Sierra Leona vulneraba el derecho de las chicas embarazadas a la educación al prohibirles el acceso a la escuela.

La ONG Equality Now explica la decisión del tribunal: “En un sucinto y poderoso veredicto, el tribunal consideró que el Gobierno no solo había adoptado una política discriminatoria cuando prohibió la asistencia al colegio a las jóvenes embarazadas sino que tampoco había tomado medidas para reducir los embarazos adolescentes de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Reducción de Embarazos Adolescentes que se aprobó después de la guerra civil. Además, el tribunal estimó que el Gobierno discriminaó a las chicas cuando implantó escuelas paralelas de menor calidad y limitar el aprendizaje de las chicas pues limitaba a cuatro el número de asignaturas y el aprendizaje a tres días a la semana.”

El sitio web East African informa que el Tribunal de Justicia de la ECOWAS impuso a Sierra Leona una multa de 10 000 dólares el 7 de mayo de 2019 por su tardanza en exponer su defensa en la demanda presentada por los grupos de derechos humanos contra la prohibición.

Tras una larga guerra civil, de 1991 a 2002, el país sufrió una epidemia de ébola en 2014 y 2015. Durante este periodo, numerosas jóvenes sufrieron violencia sexual y violaciones, y como resultado, quedaron embarazadas. La tasa de embarazos adolescentes creció un 65 % durante la crisis del ébola, según un estudio del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas.

Algunas adolescentes también establecieron acuerdos con hombres casados a cambio de seguridad financiera.

Mohamed Hashim Rogers, experto en salud pública que imparte clases en el departamento de microbiología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Sierra Leona, escribió sobre esta crisis y sobre lo que motiva a las jóvenes a crear vínculos con hombres casados: “Eligen entablar relaciones con hombres que tienen la capacidad de mantenerlas financieramente, lo que permite a algunas chicas avanzar en su preparación para el trabajo. Esta determinación quedó revelada en conversaciones que tuve con jóvenes de la comunidad de Aberdeen, Freetown, en mayo de 2019.”

La internauta Yanoh Jalloh comentó el artículo de Rogers, y destacó el papel que desempeñan los padres en la vida de las jóvenes que se han emparejado con hombres mayores y casados: “Debo añadir que estas relaciones no siempre carecen de las bendiciones de los padres. A menudo los padres miran hacia otro lado o incentivan esta relaciones, ya que les liberan de una carga financiera. En este punto es donde se convierten en un problema, porque a veces las jóvenes son explotadas para que se ocupen de su familia. No olvidemos el ébola, cuando muchas niñas quedaron huérfanas, y sin figuras paternas, fueron empujadas a manos de hombres maduros por sus parientes lejanos.”

Un estudio realizado por el Gobierno de Sierra Leona y el Fondo de Población de Naciones Unidas entre julio y agosto de 2015 en 12 de los 14 distritos del país hizo un recuento de adolescentes embarazadas o que habían dado a luz en los dos meses anteriores. Sumaron 14 386 chicas, la más joven de las cuales tenía solo 11 años.

Numerosos internautas han reaccionado ante esta decisión, la consideran una victoria desde diciembre de 2019, cuando los tribunales declararon por primera vez que la prohibición era una violación de los derechos de mujeres y niñas:

Chernor Bah escribe: “Victoria de las chicas en Sierra Leona. Abrumado de ver que el tribunal de ECOWAS ha dictaminado que la prohibición de escolarización a las chicas embarazadas es una violación de derechos y debe ser derogada. Orgulloso del esfuerzo de este movimiento que ha luchado contra esta prohibición con coherencia y principios.”

En respuesta, ADN sigue cuestionando si es apropiado que las jóvenes embarazadas sigan asistiendo a la escuela: “Victoria de las chicas en Sierra Leona. Abrumado de ver que el tribunal de ECOWAS ha dictaminado que la prohibición de escolarización a las chicas embarazadas es una violación de derechos y debe ser derogada. Orgulloso del esfuerzo de este movimiento que ha luchado contra esta prohibición con coherencia y principios.
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¿Creen que es algo refinado ver chicas embarazadas asistir a la escuela con sus compañeras? ¿Podrían llevar a su hija a una escuela donde asisten muchas chicas embarazadas?

Pero en marzo, David El presidente Bio y el ministerio de Educación han derogado la política implementada en 2010 por el anterior gobierno, que impedía a las chicas embarazadas asistir a la escuela. La sustituiremos por políticas de inclusión radical y seguridad total. Transformaremos la educación en Sierra Leona.

Mientras Sierra Leona celebra la decisión del tribunal de la ECOWAS, Human Rights Watch recuerda al mundo que todavía quedan países en África donde a las chicas embarazadas y a las madres jóvenes se les despoja de sus derechos humanos, incluido el derecho a la escolarización: “Por todo África muchas colegialas tienen prohibido asistir a la escuela porque quedaron embarazadas o son madres. (…) En noviembre de 2018, el Banco Mundial retuvo un préstamo de 300 millones de dólares destinado a la educación secundaria de Tanzania, expresaron sus temores sobre la exclusión de las chicas embarazadas y las madres adolescentes.

No obstante, tras casi tres años de protestas por parte de grupos de derechos femeninos contra esta prohibición en las escuelas tanzanas, el 7 de abril, el Gobierno decidió permitir la asistencia a clase de las chicas embarazadas para cumplir las condiciones del crédito de 500 millones de dólares concedido por el Banco Mundial.”

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Derechos de grupos vulnerables no se pierden con la pandemia: CICR

Fuente: El Informador México

22 de abril, 2020

-México-

La pandemia del COVID-19 ha puesto al mundo en un alto grado de vulnerabilidad, pero más a aquellos grupos que frente a esta situación, sus derechos se ven amenazados, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Estamos conscientes de que el COVID paraliza, pero los derechos no se detienen”

Al presentar el Informe Humanitario 2020, Jordi Raich, jefe de la delegación de CICR para México y Centroamérica, señaló que frente a la enfermedad del coronavirus, este organismo internacional está concentrado en los más vulnerables: migrantes, desplazados, personas privadas de su libertad; comunidades afectadas por la violencia. Advirtió que, a pesar de la contingencia sanitaria que se vive, ningún derecho se pierde. En el caso de los migrantes, manifestó, no tienen por qué perder sus derechos a desplazarse y a servicios de salud.

Indicó que en las últimas semanas, el CICR se ha dedicado a dar apoyo en diferentes sectores como albergues de migrantes, hospitales, clínicas y prisiones, entre otros.

Martienus De Boer, jefe adjunto de la delegación regional para México y América Central del CICR, subrayó que en el caso de los migrantes, si bien varias naciones han cerrado sus fronteras, no se pueden derogar los derechos internacionales que tienen estas personas que buscan salir de un país para llegar a otro.

“Los derechos de los migrantes no se pueden derogar”, mencionó.

“Si bien existe retorno de migrantes, éste debe hacerse de manera coordinada y sobre todo tomando medidas de prevención: no acumulación de gente, liberación de personas en estaciones migratorias, separar a quienes se considere que pueden estar contagiados y hacerles pruebas”, indicó.

En el caso de familias que buscan a algún ser que está desaparecido, refirió De Boer, viven un momento complejo en este tiempo de COVID-19, ello porque se enfrentan a instituciones que están cerradas y hay poca movilidad.

“Estamos conscientes de que el COVID paraliza, pero los derechos no se detienen”, puntualizó Jordi Raich.

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Seis formas de responder al coronavirus desde los derechos humanos

Fuente: Naciones Unidas

23 de abril, 2020

-Naciones Unidas-

El virus no discrimina, pero su impacto sí. Más allá de la crisis económica y social, la pandemia es una crisis humana. Por ello, la respuesta y la recuperación al COVID-19 tiene que hacerse desde el respeto a los derechos humanos. El titular de la ONU propone seis puntos que permitirán crear un mundo mejor.

El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió este jueves que la pandemia del coronavirus no solo es solo una crisis económica y social, sino que también representa una crisis humana que corre el peligro de convertirse en una crisis de derechos humanos.

Lo avisaba António Guterres en un video que acompaña a la publicación de un informe que destaca cómo los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación del COVID-19.

“Hemos visto cómo el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen – al exponer profundas debilidades en la prestación de servicios públicos y desigualdades estructurales que impiden el acceso a los mismos. Debemos asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta“.

Guterres señaló que, en el actual contexto de crisis, donde crecen el nacionalismo, el populismo y el autoritarismo, algunos países pueden utilizarlo como excusa para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia.

“Esto es inaceptable”, subrayó el Secretario General quien destacó que nos encontramos en un momento en el que los “Gobiernos deben ser transparentes, receptivos y responsables”, sin olvidar que “el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales” y que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado “tienen que desempeñar funciones esenciales”.

“Y en todo lo que hagamos, no lo olvidemos nunca: La amenaza es el virus, no las personas… la mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho”.

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La pandemia del coronavirus no puede frenar los derechos de las personas con autismo

Fuente: Naciones Unidas

02 de abril, 2020

La aparición del coronavirus COVID-19 acentúa las dificultades a las que deben enfrentarse las personas con autismo para ejercer sus derechos a la libre determinación, a la independencia y a la autonomía, así como a la educación y el empleo en igualdad de condiciones.

Así lo destacó este jueves el Secretario General de la ONU con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril.

En su mensaje para la efeméride, António Guterres subrayó que los derechos humanos universales, entre ellos los de las personas con discapacidad, no deben vulnerarse durante una pandemia.

“Debemos asegurarnos de que una interrupción prolongada [del ritmo normal de las sociedades] causada por la emergencia no resulte en un retroceso de los derechos que con tanto esfuerzo han defendido las personas con autismo y las organizaciones que las representan”, manifestó.

El Secretario General recordó que, en su respuesta a la crisis, los Gobiernos acarrean la responsabilidad de velar por las personas con autismo y que nunca se les debe discriminar cuando soliciten atención médica.

Igualmente, indicó que en estos momentos “deben contar con los sistemas de apoyo necesarios para permanecer en sus hogares y comunidades en tiempos de crisis, en lugar de enfrentarse a la posibilidad de un internamiento forzado”.

Al mismo tiempo, señaló que durante este complicado periodo tenemos la responsabilidad común de atender debidamente las necesidades de las personas afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19.

En desventaja

“La información sobre las medidas de precaución debe proporcionarse en formatos accesibles. También debemos tener presente que, cuando las escuelas recurren a la enseñanza en línea, los estudiantes cuyas formas de aprendizaje difieren de la norma pueden encontrarse en desventaja“.

Una situación similar puede producirse en el entorno laboral y el trabajo a distancia.

“Incluso en estos tiempos impredecibles, debemos comprometernos a consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, y a garantizar que nuestras formas no tradicionales de trabajar, aprender y colaborar unos con otros, así como nuestra respuesta mundial al coronavirus, sean amplias y accesibles para todas las personas, incluidas las personas con autismo.”

Por último, el titular de la ONU enfatizó la necesidad de tener en cuenta los derechos de las personas con autismo en los planteamientos de respuesta al COVID-19.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración del Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo el 18 de diciembre de 2017, conmemorándose por primera vez el 2 de abril de 2008.

La resolución al respecto alienta a los Estados miembros a adoptar medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de los niños con autismo.

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Ecuador es responsable internacionalmente por la arbitrariedad y duración irrazonable de la prisión preventiva, así como por la violación del principio de presunción de inocencia

Fuente: Corte IDH

20 de marzo, 2020

En la sentencia del Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos del señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón por: (i) la arbitrariedad de la prisión preventiva a la que estuvo sometido; (ii) la duración irrazonable de la prisión preventiva; (iii) la violación a la presunción de inocencia, y (iv) la violación a las garantías judiciales.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El caso se vincula con las arbitrariedades sufridas por el señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón luego de su detención en noviembre de 1994, después de que un Comisario de la Policía Rural lo declarase prófugo, en conexión con un episodio en que perdió la vida un hombre. El señor Carranza fue aprehendido, negó su vinculación con los hechos y fue colocado en prisión preventiva.

Posteriormente el proceso penal sufrió varias demoras injustificadas, mientras el señor Carranza se mantenía en prisión preventiva. En su sentencia, la Corte Interamericana señaló que la orden de prisión preventiva dictada contra el señor Carranza fue arbitraria, en contravención a los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2, dado que se dictó sin una motivación que diera cuenta de su necesidad y se sustentó en una norma contraria a la Convención.

El Tribunal notó también que la privación preventiva de la libertad del señor Carranza duró lo mismo que el proceso penal seguido en su contra, cerca de cuatro años. No hubo una revisión de la procedencia de la prisión preventiva, inclusive pese a que el señor Carranza solicitó su libertad en septiembre de 1995. Esto hizo que la prisión preventiva se mantuviera en forma arbitraria.

La Corte señaló que, mantener a una persona privada preventivamente de la libertad en forma injustificada, equivale a una pena anticipada, lo que es contrario a la presunción de inocencia. Finalmente, la Corte notó que el proceso penal duró cerca de cuatro años desde que el señor Carranza fue detenido, y que en ese tiempo hubo demoras injustificadas cercanas a tres años.

Determinó, entonces, que Ecuador violó, en perjuicio del señor Carranza, las garantías judiciales establecidas en el artículo 8. 1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, por no llevar a cabo el proceso penal en un plazo razonable. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta, (Costa Rica); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, (México); Juez Eduardo Vio Grossi, (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente, (Ecuador) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia.