Derechos Humanos

Derechos Humanos / Human Rights

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¿Por qué implementar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia?       

Fuente: RIDH

15 de mayo, 2019

 “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente”. Esta fue la traducción que con la ayuda de Jaime Garzón se hizo del artículo 12 de la Constitución Política colombiana, para el pueblo wayuu. El artículo, tal y como aparece en la carta política, dice: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En Colombia, la desaparición forzada es una práctica que ha dejado decenas de miles de víctimas en los últimos cuarenta años, en donde la mayoría de los casos siguen actualmente en la impunidad. Y, lo que es peor, es un delito que ha sido cometido mayoritariamente por el Estado colombiano en alianza con grupos paramilitares y/o narcotraficantes[1]. Hasta hace no mucho tiempo, este crimen era considerado como una forma de secuestro y no se podía declarar legalmente a una persona como desaparecida hasta que pasaran dos años sin que su muerte fuera confirmada[2].

El hecho de que la normatividad colombiana haya reconocido solo en 1991 (con la Constitución Política) el derecho fundamental a no ser sometido a desaparición forzada, y el que esta haya sido tipificada como delito en el Código Penal solamente en el año 2000, da cuenta de la dificultad de contabilizar y dar seguimiento a la mayoría de los casos que se han presentado en el país desde 1977 cuando, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se conoce la primera desaparición forzada en la ciudad de Barranquilla. La de Omaira Montoya.

El aumento de las desapariciones forzadas es atribuible a las prácticas que asumió el Estado colombiano para hacer frente al surgimiento de grupos beligerantes. Si bien es cierto que las luchas partidistas dieron inicio a la violencia política en el país, es en el contexto del surgimiento de guerrillas, en la década de mil novecientos setenta, cuando se registra el inicio de las desapariciones forzadas en Colombia.

La imposición y prolongación indefinida del estado de sitio, la reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión pacíficas, y, en especial, “la asignación de competencias a las autoridades militares para el juzgamiento de civiles y la autorización a los miembros de la población civil de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Militares con fines autodefensivos[3]” fueron elementos que coadyuvaron en la utilización de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado y de los grupos paramilitares que surgieron en respuesta al creciente control territorial que mantenían las distintas guerrillas del país y que fueron impulsados desde el Estado con las prácticas arriba mencionadas.

Hoy, cuando el Acuerdo de Paz con las FARC abre una nueva ventana para que el Estado colombiano reconozca su papel dentro del conflicto armado es imprescindible que el país tome en cuenta los avances normativos que se hacen en esta materia en el sistema internacional de derechos humanos. Para su 16. ° periodo de sesiones (08 al 18 de abril 2019) el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada publicó los Principios rectores sobre la búsqueda de personas desaparecidas: un marco de acción para inclusión de enfoques de género, diferenciales y del respeto de otros derechos humanos en el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas.

Según el CNMH, la falta de coordinación y coherencia interinstitucional en el momento de desarrollar acciones encaminadas a prevenir, investigar y aclarar los casos de desaparición forzada ha hecho que Colombia haya fallado históricamente en la reparación de las víctimas de este delito, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos Gobiernos, como la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2007.

Los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas son un mecanismo para la aplicación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue ratificada por Colombia en 2010. La aplicación de estos principios en el marco normativo e institucional de Colombia será un paso adelante para la eliminación de esta práctica nefasta de la cual el Estado es en gran parte responsable.

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Los derechos de los pueblos indígenas, un tema pendiente para Costa Rica: ONU         

Fuente: Panorama RIDH

14 de mayo, 2019

En apego a su imagen de país respetuoso de los derechos humanos, Costa Rica se encargó este lunes de resolver inquietudes sobre la situación de los pueblos indígenas en su territorio nacional. “El Estado ha tenido una evolución con respecto a la forma en que se relaciona y reconoce la autonomía e identidad de los pueblos indígenas”, aseguró la embajadora Elayne Whyte ante la ONU en Ginebra, en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) del país centroamericano.

Una relación que los indígenas, que conforman el 2.4 % de la población total, perciben sin embargo de manera distinta. Donald Rojas Maroto, presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) comentó en conversación telefónica a PANORAMA el poco avance que existe en algunos temas.

El EPU es un mecanismo de evaluación del Consejo de Derechos Humanos al cual deben someterse todos los Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. Entre los puntos que tiene pendientes Costa Rica –evocados por varios países— están la restitución de tierras, la ley de autonomía indígena y las investigaciones acerca del reciente homicidio del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, por cuyo esclarecimiento pidió específicamente Islandia en su intervención durante el examen.

El doble rasero de la justicia

El asesinato de Rojas Ortiz el pasado 18 de marzo en su vivienda en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, en el sureste del país, había provocado una fuerte reacción por parte de la comunidad internacional. El presidente, Carlos Alvarado, incluso ordenó a las autoridades hacer todo lo posible para esclarecer los hechos.

El defensor de tierras fue asesinado unas horas después de acompañar a dos indígenas a interponer ante la fiscalía una denuncia por amenazas. Él mismo contaba con medidas cautelares por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos meses después, las investigaciones continúan, según explicó la embajadora en su alocución.

Rojas Maroto, por su parte, considera que la justicia avanza demasiado lento y teme que el caso termine en la impunidad. Por otro lado, el defensor observó que el sistema judicial es eficaz cuando se trata de criminalizar a un indígena: “Es un problema de desigualdad y racismo”.

La tierra y los territorios

La restitución de tierras y la aplicación de la Ley Indígena también fueron objeto de debate. “El Estado ha reconocido una deuda histórica con las poblaciones indígenas en cuanto a la devolución de tierras que actualmente están siendo ocupadas por personas no indígenas”, explicó la embajadora White. La diplomática aseguró la existencia de un plan nacional que “se encuentra actualmente en ejecución en su primera etapa, la cual consiste en definir exactamente cuáles son esos territorios y el tiempo estimado para su recuperación”.

Pero, de acuerdo con Rojas Maroto, “el plan tiene más de cuatro años y no se ha iniciado el proceso”. Más bien, explicó, se ha perdido aún más tierra. En ciertos casos la pérdida ha aumentado a proporciones extremadamente altas, como la comunidad china kichá del pueblo bribri, cuyo territorio está siendo ocupado hasta el 94 % por actores no indígenas, entre ellos empresas agroindustriales de piña y banano.

“No hay ningún diálogo”

Otra cuestión señalada por Alemania, República Dominicana y Paraguay, entre otros, fue el proyecto de ley de desarrollo autónomo, recientemente rechazado tras 25 años de mantenerse en manos de la Asamblea Legislativa sin ser considerado.

La embajadora Whyte explicó que “este debió salir de la corriente legislativa por el largo plazo transcurrido sin un dictamen y esto debido a una jurisprudencia constitucional” mas aseguró que “la Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas para diseñar un nuevo proyecto de ley”.

En reacción a esta declaración, Rojas Maroto aseveró que “no hay ningún diálogo con la Asamblea Legislativa”. El defensor considera, por el contrario, que un nuevo proyecto tomaría años, por lo cual ellos “plantearían otras alternativas para avanzar en temas urgentes, como gobernabilidad y restitución de tierras”.

Durante el examen, Alemania exhortó a Costa Rica a actualizar y aprobar el proyecto de ley.

La totalidad de las recomendaciones serán recogidas y publicadas esta semana en un informe. El Estado tendrá hasta la sesión del Consejo de Derechos Humanos de septiembre para comunicar cuáles acepta y se compromete a implementar y cuáles, por el contrario, decide rechazar.

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Relator recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio          

Fuente: Naciones Unidas

16 de mayo, 2019

Un experto de la ONU en derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por un proyecto de ley de El Salvador que puede ser la puerta para otorgar perdones a graves delitos perpetrados durante el conflicto que vivió el país. Además de ser incompatibles esas medidas de gracias con las leyes internacionales, asegura que la impunidad puede contribuir a que se repitan tales crímenes.

Fabian Salvioli, experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.

Para el experto, no hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan “considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos”. “Tampoco son legales”, señala. “La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional.

Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso.

El proyecto de ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.

El texto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.

También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.

Además, estipula que toda decisión judicial de este tipo se considere cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. La disposición también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.

Profunda preocupación

“Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad”, señala en un comunicado Salvioli, relator especial en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.

“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”, explica Salvioli.

Además, destaca que la impunidad en relación con esos delitos puede a que se repitan y se creen círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.

Bachelet comparte esa preocupación

Salvioli ha compartidos estas preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador que llevó a cabo del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó una opinión similar.

“Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional”, aseguró el relator.

También indicó haber visto un “compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia” por lo que expresó su esperanza de que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas.

“Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de ‘escoger y elegir’, sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia”.

Fabian Salvioli (Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 como  Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es abogado y profesor de derechos humanos. Fabián Salvioli es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Ha dado conferencias en muchos países y universidades de América, Europa, África y Asia. El Sr. Salvioli es autor de varios libros y artículos sobre derecho internacional de los derechos humanos. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016, y su Presidente entre 2015 y 2016.

Como Relator Especial, el Sr. Salvioli forma parte de lo que se conoce como los  Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general que se da a los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Derechos Humanos / Human Rights

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El INPI, una nueva entidad para implementar los derechos de los pueblos indígenas en México                            

Fuente: Naciones Unidas

03 de mayo, 2019

En México hay 68 pueblos indígenas, todos viviendo una paradoja. Por un lado, sus manifestaciones culturales son motivo de reivindicación y orgullo nacional y símbolo del país y, por otro, todos sufren pobreza y marginación. Una nueva institución de tratar de corregir esta situación.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de reciente creación en México, tiene tres objetivos centrales: la implementación de los derechos de los pueblos originarios, impulsar sus procesos de desarrollo integral y sostenible, y fortalecer sus culturas y lenguas, explica el director el director general de la entidad, Adelfo Regino.

A lo largo de la historia moderna del país, los sucesivos gobiernos se han comprometido a velar por los pueblos originarios e integrarlos a la vida nacional preservando sus culturas. “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, reza el Artículo 2 de la Constitución Política de México; sin embargo, poco se ha hecho por proteger esa pluriculturalidad y los indígenas se ven obligados a migrar a los centros urbanos y a abandonar gradualmente los elementos que conforman la esencia de su cultura, como la lengua.

Con la intención de defender e implementar los derechos de las comunidades originarias, el nuevo gobierno de México estableció el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Su director general, Adelfo Regino Montes, participó este año en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. En el margen de ese evento, habló con Noticias ONU sobre éste y otros temas.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, en una entrevista con Noticias ONU.

¿Qué es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se creó?

El nuevo gobierno de México decidió crear esta institución que tiene como mandato atender a los 68 pueblos indígenas de nuestro país y al pueblo afromexicano. En este sentido es la autoridad máxima del poder ejecutivo federal en todos los asuntos relacionados con nuestros pueblos y comunidades indígenas y un conjunto de nuevas atribuciones basadas en tres ideas. Tiene el mandato de implementar los derechos de los pueblos indígenas que han sido reconocidos a nivel nacional, pero sobre todo en el derecho internacional. Señalo la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de modo que sus normas y principios son ahora la fuente de inspiración de trabajo de este nuevo instituto de cara al proceso de implementación. Ese es un primer mandato. Un segundo mandato tiene que ver con los procesos de desarrollo integral, intercultural y sostenible. Lamentablemente en México, los pueblos y comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión. De ahí la importancia pueda, a partir de las propias decisiones y prioridades de nuestros pueblos emprender y apoyar procesos de desarrollo integral, intercultural y sostenible. Una tercera cuestión ineludible, básica, es el fortalecimiento de las culturas y las lenguas indígenas, este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para el gobierno de México es una premisa fundamental el apoyo a nuestras culturas, a nuestras lenguas, a todos los elementos y características que configuran y constituyen la identidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

¿Mencionaba que hay 68 pueblos indígenas en México, están en todo el territorio o se concentran en alguna zona del país?

Tenemos presencia de pueblos indígenas en prácticamente todo el territorio nacional. Ahora esto ocurre con mayor fuerza a partir de los procesos migratorios. Tenemos cada vez una mayor presencia de personas, de familias indígenas en los contextos urbanos.

¿Qué porcentaje de la población de México es indígena?

En México se usan dos criterios para determinar si una persona es indígena. El primer criterio es el lingüístico, quién habla una lengua indígena, y según este criterio hay alrededor de 7 millones de personas que hablan una lengua indígena. El otro criterio, incorporado en los últimos censos, es el de la autoadscripción, basado en la pregunta de si la persona se considera parte de una comunidad o pueblo indígena, y bajo este criterio hay unos 25 millones de personas, lo que constituye el 21% de la población total del país.

La diferencia es muy grande entre ambas cifras…

Sí, sí, y esto muestra lo delicado que ha sido en los últimos años el proceso de pérdida de las lenguas indígenas. Es lo que ha ocurrido en los últimos años por diversos motivos, uno de ellos, desde luego, la discriminación, el racismo, que persiste en nuestras sociedades hacia una persona indígena, hacia una persona que habla su lengua. Creo que éste es un factor fundamental que ha contribuido al deterioro y pérdida de las lenguas indígenas. Otra razón son las cuestiones educativas, los medios de educación, que se han concentrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español y ahora, de manera más reciente, del inglés, sin darle ninguna importancia a las lenguas indígenas. Podríamos enumerar más, pero éstas son algunas de las razones básicas que constituyen la fuente de la pérdida del uso y la transmisión de nuestras lenguas indígenas.

¿No hay escuelas bilingües en las comunidades indígenas?

Hay un sistema de educación indígena en todo el país particularmente en lo que concierne a la educación básica, es decir, educación preescolar y primaria; sin embargo, no se ha podido concretar en los programas educativos la enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas. Este es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país, sobre todo con la niñez, la adolescencia y la juventud, que son los grupos en los que se está perdiendo de manera acelerada la lengua indígena.

La integración económica de las comunidades indígenas, la mayor parte de las veces por necesidad, y la migración a las zonas urbanas es un uno de los factores en la pérdida de las lenguas indígenas. En las ciudades hay lugares donde se pueden escuchar todavía. ¿Qué se puede hacer para promover el uso de estas lenguas en las zonas urbanas, para que no se pierdan?

Eso es un desafío y justamente por eso hablamos del principio de la interculturalidad, es importante que las lenguas indígenas, que las culturas indígenas, no sólo se fortalezcan en las regiones indígenas, sino que es importante que esto también se considere en los ámbitos urbanos, en el conjunto de la sociedad. Nosotros hemos planteado, atendiendo el caso de la Ciudad de México, por citar un ejemplo, la importancia de que pudiera hablarse el náhuatl en las escuelas primarias, secundarias, en los bachilleratos y en las universidades. Esto implicaría, desde luego, la revisión de las currícula, los métodos educativos, las metodologías, la pedagogía; pero creo que es algo necesario porque sólo de esa manera haremos realidad el principio de la pluriculturalidad establecido en el artículo segundo de la Constitución Federal, y yo creo que sólo así vamos a encontrar una verdadera reconciliación en nuestra patria. De otro modo, veo muy difícil que podamos, por un lado, recuperar la valía de nuestras lenguas indígenas y, por otro lado, la construcción de una sociedad multicultural, pluricultural, intercultural, que permita que haya una relación justa, una relación horizontal respetuosa entre todas las culturas y lenguas que conviven en el país.

¿Planean actividades específicas para este Año Internacional de las Lenguas Indígenas?

Estamos promoviendo un mecanismo de coordinación interinstitucional para elaborar un plan de acción para el rescate, fortalecimiento y revitalización de nuestras lenguas indígenas, poniendo particular atención en las lenguas indígenas en alto riesgo de extinción. En el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tenemos varias radiodifusoras culturales que hacen sus transmisiones en alrededor de 33 lenguas indígenas en todo nuestro país. Es un compromiso permanente cotidiano el uso, la transmisión, la valorización de las lenguas indígenas.

¿Cuál es la lengua originaria con más hablantes en México?

La lengua que más se habla en México es el náhuatl, con más de un millón de hablantes en alrededor de 15, 16 entidades federativas. Después, el maya, que se habla fundamentalmente en la península de Yucatán, en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Luego siguen las lenguas mayas tzeltal y tzotzil, en el estado de Chiapas principalmente. En Oaxaca, las lenguas más habladas son el zapoteco y el mixteco, que se habla también en Puebla y Guerrero y en otras partes debido a la migración. Estas son las lenguas con el mayor número de hablantes en el país.

Entiendo que usted es mixe…

Yo hablo la lengua mixe, yo hablo el ayuuk, como le llamamos en nuestra propia lengua. Somos unos 150.000 hablantes, ubicados, sobre todo en la sierra norte del estado de Oaxaca, pero también hay hablantes del mixe en otras partes de la República y también aquí, en Estados Unidos.

Entrevista: Carla García

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Perú es responsable por no pagar pensión de una persona mayor         

Fuente: Corte IDH

02 de mayo 2019

En la sentencia notificada este 2 de mayo en el Caso Muelle Flores Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Perú responsable por la falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años del señor Óscar Muelle Flores, lo que generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud de una persona en situación de especial protección por ser persona mayor y en condición de discapacidad. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El señor Muelle Flores se jubiló en la empresa estatal Minera Especial Tintaya S.A. (“la empresa” o “Tintaya S.A.”) el 30 de septiembre de 1990. El 27 de enero de 1991 el pago de la pensión del señor Muelle Flores fue suspendido por la Gerencia de Administración de dicha empresa. Frente a esa suspensión, el señor Muelle Flores presentó una acción de amparo ante el Juzgado Quinto Civil de Lima, el cual declaró fundada la demanda y ordenó que se dejara sin efecto la referida suspensión. La decisión fue confirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima y por la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia de 2 de febrero de 1993 confirmó lo resuelto por la Corte Superior y declaró “no haber nulidad” en la sentencia, declarando fundada la acción de amparo y ordenando la inaplicabilidad de la suspensión de la Gerencia de Administración de la empresa, restableciendo así sus derechos al estado anterior al de la agresión constitucional.

 El 17 de febrero de 1993 la empresa volvió a acordar la suspensión del pago de algunas pensiones de jubilación a sus extrabajadores, entre ellas la del señor Muelle Flores. El señor Muelle Flores interpuso una segunda acción de amparo mediante la cual solicitó que se le restituyera su derecho a continuar percibiendo su pensión, así como el pago de una indemnización por el daño causado.

Finalmente, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa cumplir con el pago continuado de la pensión por cesantía renovable que percibía el señor Muelle Flores y declaró improcedente el pago de la indemnización por daños. La empresa Tintaya S.A. presentó posteriormente una demanda en la vía contenciosoadministrativa a los efectos de que se declarara la improcedencia de la reincorporación del señor Muelle Flores al régimen pensionario. La demanda fue declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Lima.

 Esta decisión fue objeto de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que hizo lugar al planteo y declaró infundada la demanda presentada por la empresa. En cuanto al procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que resolvió el primer amparo interpuesto por el señor Muelle Flores, el proceso de ejecución iniciado en 1993 se encuentra, a la fecha, en trámite. Tintaya S.A. fue privatizada en 1994 en el marco del Decreto Legislativo No. 674 “Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado”, lo que generó obstáculos adicionales para el cumplimiento de las sentencias que ordenaban pagar la pensión del señor Muelle Flores. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-15/19 Español Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana estimó que el Estado no solo debió cumplir con el pago de la pensión ordenado judicialmente de manera inmediata y con especial diligencia y celeridad al tratarse de un derecho de “carácter alimentario y sustitutivo del salario”, sino que debió haber establecido expresa y claramente qué entidad se encargaría del cumplimiento de la decisión, esclareciendo y reconduciendo de oficio, el trámite a la entidad estatal que estaría a cargo del pago correspondiente.

 Ello no sucedió en el presente caso sino que, por el contrario, dicha responsabilidad fue trasladada a la víctima. Así mismo la Corte destacó que desde las sentencias dictadas en 1993 y 1999 hasta la fecha habían transcurrido más de 26 y 19 años, respectivamente, los que en una persona de avanzada edad y carente de recursos económicos, han ocasionado un impacto en su situación jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluyó que las autoridades judiciales no actuaron con el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Muelle Flores, razón por la cual excedieron el plazo razonable del proceso.

Por otra parte la Corte se pronunció por primera ocasión respecto del derecho a la seguridad social. En particular, el Tribunal hizo alusión al derecho a la pensión de manera autónoma, como parte integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sobre este extremo señaló que del artículo 45 de la Carta de la OEA, interpretado a la luz de la Declaración Americana y de otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, se pueden derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social. Por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social busca proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico digno.

En el caso concreto, el señor Muelle Flores dejó de recibir su pensión el año 1991. Debido a la falta de cumplimiento y ejecución de las sentencias a nivel interno, el derecho a la pensión del señor Muelle Flores no fue garantizado de manera oportuna, sino que por el contrario, hasta la actualidad dichas sentencias no han sido ejecutadas ya que el proceso correspondiente sigue abierto, por lo que los mecanismos existentes no lograron la concretización material del derecho.

Lo anterior constituyó una violación del derecho a la seguridad social. Por otra parte, la Corte determinó que en un contexto de impago de la pensión reconocida judicialmente, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana se interrelacionan, y, en ocasiones, la vulneración de uno genera directamente la afectación del otro, situación que se acentúa en el caso de las personas mayores. La Corte determinó que la falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años por el no pago de la pensión de jubilación generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud del señor Muelle, una persona en situación de especial protección por ser una persona mayor con discapacidad. La vulneración generada por la falta de pago de la pensión se extendió más allá del plazo razonable debido, y al ser este el único ingreso de la víctima, la ausencia prolongada del pago generó indefectiblemente una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas, y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad. Asimismo, teniendo en cuenta que la falta de protección judicial afectó el derecho a la pensión que había ingresado al patrimonio de la víctima, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 21.1 y 21.2, en relación con los artículos 25.1, 25.2.c), 26 y 1.1 de la Convención Americana. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación : i) que el Estado restituya la pensión del señor Muelle Flores, lo cual incluye que el Estado garantice la atención en salud a través del seguro social ESSALUD; ii) que publique la Sentencia y el resumen oficial de la misma y (iii) que a abone las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial, pérdida de ingresos pensionarios, reintegro de gastos y costas, y gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.

 **** La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y el Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal. El Juez Ricardo Pérez Manrique no participó en la deliberación y firma de la Sentencia debido a que se incorporó a la Corte el 1 de enero de 2019, cuando el presente caso se encontraba en estado de sentencia.

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El Consejo de Seguridad pide reforzar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual en conflictos armados

Fuente: Naciones Unidas

23 de abril, 2019

En una sesión de alto nivel, el máximo órgano de seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre la violencia sexual en los conflictos armados que busca acciones centradas en las personas directamente afectadas por ese crimen. El Secretario General de la ONU llamó a los miembros del Consejo a trabajar unidos para reconciliar las diferencias para poder responder con justicia y apoyo a las víctimas.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este martes una resolución promovida por Alemania que busca soluciones al flagelo de la violencia sexual en los conflictos, teniendo como centro de su planteamiento a las víctimas de ese crimen de guerra. El texto obtuvo 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China.

El proyecto sometido a votación resultó de las negociaciones hasta el último momento con tres miembros permanentes del Consejo que amenazaron con vetarlo si no se hacían varias modificaciones, relativas a las referencias a la salud reproductiva de las víctimas y la posibilidad de terminación del embarazo y al establecimiento de un grupo de trabajo o mecanismos especiales para la violencia sexual en conflictos.

Al explicar la abstención, el embajador de Rusia afirmó que su país condena enérgicamente la violencia sexual en conflictos armados y que siempre ha estado a favor de la eliminación de esos atropellos. Más aún, indicó que la violencia sexual es intolerable en cualquier contexto y expuso por qué no respaldó el documento.

“Lo que nos disuadió fue el enfoque de los coordinadores en el proceso de negociación. Se presentó un texto que no obtuvo el consenso (…) en último momento estuvimos en condiciones de excluir disposiciones absolutamente inaceptables y eso nos permitió abstenernos. Si el documento se hubiera adoptado en su forma anterior, hubiera podido sobrepasar el mandato del Consejo de mantener la paz y seguridad, y habría ampliado las prerrogativas del Secretario General, sus funciones y las de su representante especial. Las tentativas de este tipo no son aceptables.”

La propuesta orginal hubiera podido sobrepasar el mandato del Consejo

Vasily Nebenzya añadió que la violencia sexual en conflictos armados es un flagelo que se debe eliminar.

“Pero como miembros permanentes del Consejo no vamos a permitir que esta temática lo manipule, no sería responsable (…) El Consejo debe adoptar decisiones equilibradas y dar instrucciones claras y realistas sin dar lugar a interpretaciones laxas.”

Informó que Rusia y China redactaron un proyecto alternativo que respondía mejor a los objetivos del Consejo, “pero no vamos a presentarlo finalmente tras la adopción de la resolución”, concluyó.

Al tomar la palabra, el embajador de China dijo que su país otorga al problema la importancia que merece y está de acuerdo en que el Consejo aborde la violencia sexual en los conflictos “ajustándose a su mandato y evitando introducir tareas para otras instituciones o mecanismos especiales”.

“Es imperativo respetar la soberanía de los países anfitriones (…) Lamentablemente, nuestras preocupaciones no se han reflejado plenamente en el texto y China tuvo que abstenerse”, puntualizó Ma Zhaoxu.

Nuestras preocupaciones no se han reflejado plenamente en el texto

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, cuyo país ocupa la presidencia mensual del Consejo condujo la sesión, que contó también con la presencia de los cancilleres del Reino Unido y de Guinea Ecuatorial.

La realidad no ha cambiado

El Secretario General de la ONU abrió el debate recordando que en la última década se ha entendido el impacto que tiene en la paz y la seguridad la violencia sexual en los conflictos, el tipo de respuesta que requiere para prevenirlo y ponerle fin y la gama de servicios que precisan sus sobrevivientes.

António Guterres reconoció la labor de los defensores de los derechos de las víctimas, que han demostrado sin que quepa duda que la violencia sexual se utiliza deliberadamente como táctica de guerra para aterrorizar, deshumanizar y desestabilizar a las sociedades, de manera que deban luchar muchos años para recuperarse.

La realidad en el terreno no ha cambiado

Encomió el valor de quienes alzan la voz para exponer el daño enorme que han sufrido a causa de este crimen, infligido de manera desproporcionada contra mujeres y niñas.

Guterres destacó los avances contra el flagelo en el terreno de la investigación por parte de la Comisión de Investigación de la ONU y tribunales locales e internacionales. Además, recordó que se respalda a los gobiernos para mejorar su respuesta y servicios a los sobrevivientes.

“No obstante estos esfuerzos, la realidad en el terreno no ha cambiado. La violencia sexual continúa siendo un factor característico de los conflictos en el mundo”, lamentó.

Para concluir su participación, Guterres llamó a los miembros del Consejo a sumar fuerzas y dar una respuesta unánime a esa epidemia de violencia.

“Invito al Consejo a seguir trabajando unido para reconciliar las diferencias. La respuesta global a estos crímenes debe garantizar el castigo a los perpetradores y un apoyo amplio a los sobrevivientes, respetando los derechos humanos.”

“Juntos podemos y debemos remplazar la impunidad con justicia y la indiferencia con acción”, afirmó.

Convertir las promesas en acciones

La representante del Secretario General para violencia sexual en conflictos armados, segunda oradora del día, dijo que esa lacra socava las posibilidades de paz duradera.

Pramila Patten sostuvo que, pese a ser un fenómeno que ha ganado atención mundial en la última década y a que se han tomado medidas concertadas, el mundo está aún muy lejos de ganar la batalla y debe acelerar los esfuerzos.

Las guerras siguen siendo peleadas sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas.

“La realidad es que la implementación de resoluciones, las políticas, los acuerdos y los compromisos siguen siendo lentos y la rendición de cuentas por estos crímenes sigue siendo escurridiza. No hemos mejorado la situación en el terreno de manera continua y sustantiva.Las guerras siguen siendo peleadas sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas.”

Patten citó los relatos de atrocidades inimaginables y cruel estigmatización que ha escuchado de las víctimas en diversos países e hizo hincapié en que éstas hubo una niña de 4 años.

“Es esencial que traduzcamos las promesas en acciones y las resoluciones en soluciones. Es momento de someter estos crímenes y a sus autores al escrutinio internacional y de mandarles un mensaje claro de que el mundo no tolerará el uso de la violencia sexual como táctica de guerra y terrorismo”, apuntó.

Oradores invitados

El debate del Consejo de Seguridad concitó la participación de cerca de 90 oradores, entre los que se contaron los Premios Nobel de la Paz Denis Mukwege y Nadia Murad, quien fue raptada por el ISIS cuando tenía 19 años, además de la abogada de derechos humanos Amal Clooney.

Denis Mukwege aseguró que las mujeres víctimas de violación y otras transgresiones que rompen el silencio para denunciarlas “colocan los cimientos de la justicia” y llamó a los miembros del Consejo a mostrar la voluntad política que hace falta para que se aplique la ley y se ponga fin a la impunidad.

Nadia Murad habló de los miles de mujeres y niñas de la minoría yazidi en Iraq que han sido esclavizadas frente a la mirada internacional sin que nadie haya hecho nada para impedirlo y afirmó que el genocidio de yazidis sigue su marcha.

Aunque muchas yazidis han denunciado las atrocidades en busca de justicia, “no se ha enjuiciado a nadie por cargos de esclavitud sexual y otros crímenes cometidos contra nosotros”, acotó y pidió que se juzgue a los responsables en un tribunal internacional para procesar el genocidio y la violencia sexual.

Por su parte, Amal Clooney aseveró que los crímenes cometidos por el ISIS contra las mujeres y niñas son tan horrendos que difieren de cualquier cosa que se haya visto en la historia moderna y urgió a que se haga justicia. “Si no actuamos ahora, será demasiado tarde”, advirtió.

La reconocida abogada instó al Consejo a ponerse del lado correcto de la historia y consideró que exigir la rendición de cuentas de los responsables ante un tribunal especial sería equiparable a los juicios de Nuremberg.

Derechos Humanos / Human Rights

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Michigan: state-affiliated adoption agencies must allow LGBT couples to adopt            

Source: Jurist

March 22, 2019

-United States-

As part of a settlement, Michigan agreed Friday that state-contracted adoption agencies must follow non-discrimination requirements and allow LGBT couples to adopt or foster children. 

The case was brought in September 2017 by two same-sex couples who wished to adopt against the state of Michigan and St. Vincent Catholic Charities (an intervenor defendant). “The American Civil Liberties Union filed the lawsuit on behalf of the couples, arguing that the state of Michigan was violating the Constitution by permitting agencies to use religious criteria to exclude prospective foster and adoptive families.”

Kristy and Dana Dumont, two of the plaintiffs, told the ACLU, “We are so happy that for same-sex couples in Michigan who are interested in fostering or adopting, opening their hearts and homes to a child no longer comes with the risk of being subjected to the discrimination we experienced.”

However, the ACLU noted that Tennessee and Arkansas are working to pass bills that would allow state-funded agencies to exclude LGBT couples from adopting or fostering. In May 2017 Alabama passed a law permitting adoption agencies to exclude same-sex couples under a religious exemption. Texas passed a similar law the following June.