Ecuador

Derechos Humanos / Human Rights

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COVID-19: Comunidad trans de Ecuador explora vías legales contra el Estado por falta de asistencia humanitaria

Fuente: Global Voices

03 de julio, 2020

 En Ecuador, la comunidad trans sobrevive en el marco de la pandemia gracias a la solidaridad de sus pares frente a la poca o nula respuesta del Estado. En el momento que se publica este artículo, Ecuador tiene en promedio 56 mil casos confirmados y supera los 4500 fallecidos por Covid-19, mientras intenta abrir las actividades económicas del país.

El marco jurídico de Ecuador protege a personas de diversa orientación sexual e identidad de género desde el año 2008, sin embargo, la comunidad trans atraviesa situaciones “dramáticas”, señala Rashell Erazo a Global Voices. Ella es la presidenta de la organización LGBTI de Ecuador ALFIL y representante nacional de Redlactrans (Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans). Considera que la comunidad LGBTI cabe como “población prioritaria” dentro de varias sentencias de la Corte Constitucional de este país.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado en abril 2020 a los Estados para que garanticen los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia COVID-19.

Erazo lamenta que Ecuador no ayude a esta población y ahora explora vías legales contra el Estado por su falta de atención humanitaria.

Ella ilustra la falta de respuesta del Estado de la siguiente manera: prácticamente se le ha obligado al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, para que entreguen ayuda humanitaria a la comunidad trans. Erazo denuncia que se ha presentado un listado de 100 personas en extrema pobreza de la población trans al MIES para que se incluyeran en el bono de contingencia por la pandemia — que abarca una entrega de $120 para 950 mil personas — pero siguen esperando que estas sean enroladas.

En Ecuador, la solidaridad prima en la comunidad trans. “Hay personas o compañeras que tienen algún nivel económico que les ha permitido hacer donaciones de comida a los grupos de compañeras de trabajadoras sexuales,” explica Erazo.

Rashell Erazo platica de la situación y de las acciones previstas por la comunidad trans en Ecuador con Global Voices. Esta entrevista fue editada por razones de claridad y espacio.

 Carlos Flores (CF): ¿Cuál es la situación de la comunidad trans en estos tiempos de pandemia?

Rashell Erazo (RE): Desde el 16 de marzo que comenzó el estado de excepción (vía decreto ejecutivo) se podría decir que la pandemia ha venido a visibilizar más la invisibilización de la población trans. Esto en todos los contextos que nos engloban como la pobreza extrema y la supervivencia laboral (el subempleo), alrededor de lo que nosotras transitamos que son el trabajo sexual, la peluquería y labores manuales. Por decreto ejecutivo han sido consideradas como no esenciales y esto ha vulnerado cada uno de los espacios de supervivencia de la población trans, obligándonos a violar el decreto ejecutivo porque no era posible continuar [acatando al decreto], al cabo de un mes del estado de excepción, sin tener el sustento diario. Es dramático. Hay personas que dicen que todos estamos siendo comparados, pero no se puede comparar una población con un perfil de alta vulnerabilidad y exclusión que vivimos con el resto de población cisgénero y heterosexual.

CF: A finales de marzo pasado, Guayaquil fue golpeada por la pandemia, ¿cómo afrontó la comunidad trans ese contexto?

RE: Nosotros hemos tenido contactos fraternos con los grupos LGBTI, como Plan Diversidad o Casa de las Muñecas. Creo que la situación de las compañeras ha sido dramática. En principio tuvieron que resistir con todas sus fuerzas para acatar el Estado de Excepción por la gravedad que implica el azote de la pandemia y la proyección brutal de la curva de contagio. En Guayaquil hubo formas de solidaridad entre nosotras, ya que esperar que el Estado reconozca los convenios internacionales, como el exhorto de la CIDH indicando que en esta pandemia el Estado debe considerar a las poblaciones LGBTI como atención prioritaria, eso no ha ocurrido. No tenemos conocimiento que se haya registrado un alto número de compañeras que se hayan afectado. De hecho no podemos ni siquiera saber cuántas compañeras trabajadoras sexuales, no solo en Guayaquil sino en las principales ciudades, puedan estar contagiadas con Covid. El acceso a las pruebas es prácticamente nulo para la comunidad LGBTI.

CF: ¿Qué acciones se van a emprender hacia el Estado para tener una política específica, ya que la pandemia se proyecta por varios meses más?

RE: Se hacen acciones paliativas como entregar un kit de alimentos que a veces soluciona temporalmente el problema de alimentos de las compañeras, pero esa no es responsabilidad nuestra como organizaciones de la sociedad civil sino del Estado. Hay que estar muy claros que es el Estado el que tiene la responsabilidad por velar en el tema de ayuda humanitaria y de facilitar la subsistencia de las personas. Tenemos un alto índice de desempleo entre las que nos contamos las mujeres trans y que el Estado limite el derecho de poder realizar el trabajo sexual callejizado, pues, lógicamente estaríamos pensando en juntarnos con organizaciones que manejan el tema legal.

Podríamos estar articulando algún tipo de acción contra el Estado, primero, por mantener en la indefensión total a las poblaciones de atención prioritaria, no atenderlas, especificados en los lineamientos nacionales e internacionales. Si por estos 60 días que ha decretado el gobierno puede volver a recrudecerse el tema de la limitación de derechos, de movilidad y demás, nosotras creeríamos que podríamos optar por una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es una evidente violación del derecho al trabajo, al alimento, a la movilidad. El Estado, y concretamente el Gobierno de Ecuador, no puede seguir ignorando a las poblaciones históricamente maltratadas y que seguimos en resistencia. Hay instrumentos legales que nos amparan.

Erazo sigue luchando con otras organizaciones para que el Estado cumpla con su obligación de atender a la comunidad LGBTI, “porque es el estado y la sociedad que nos hacen vulnerables. No somos vulnerables, es el Estado el que hace vulnerables a las poblaciones,” concluye.

Fuente: Global Voices

03 de julio, 2020

 En Ecuador, la comunidad trans sobrevive en el marco de la pandemia gracias a la solidaridad de sus pares frente a la poca o nula respuesta del Estado. En el momento que se publica este artículo, Ecuador tiene en promedio 56 mil casos confirmados y supera los 4500 fallecidos por Covid-19, mientras intenta abrir las actividades económicas del país.

El marco jurídico de Ecuador protege a personas de diversa orientación sexual e identidad de género desde el año 2008, sin embargo, la comunidad trans atraviesa situaciones “dramáticas”, señala Rashell Erazo a Global Voices. Ella es la presidenta de la organización LGBTI de Ecuador ALFIL y representante nacional de Redlactrans (Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans). Considera que la comunidad LGBTI cabe como “población prioritaria” dentro de varias sentencias de la Corte Constitucional de este país.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado en abril 2020 a los Estados para que garanticen los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la pandemia COVID-19.

Erazo lamenta que Ecuador no ayude a esta población y ahora explora vías legales contra el Estado por su falta de atención humanitaria.

Ella ilustra la falta de respuesta del Estado de la siguiente manera: prácticamente se le ha obligado al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, para que entreguen ayuda humanitaria a la comunidad trans. Erazo denuncia que se ha presentado un listado de 100 personas en extrema pobreza de la población trans al MIES para que se incluyeran en el bono de contingencia por la pandemia — que abarca una entrega de $120 para 950 mil personas — pero siguen esperando que estas sean enroladas.

En Ecuador, la solidaridad prima en la comunidad trans. “Hay personas o compañeras que tienen algún nivel económico que les ha permitido hacer donaciones de comida a los grupos de compañeras de trabajadoras sexuales,” explica Erazo.

Rashell Erazo platica de la situación y de las acciones previstas por la comunidad trans en Ecuador con Global Voices. Esta entrevista fue editada por razones de claridad y espacio.

 Carlos Flores (CF): ¿Cuál es la situación de la comunidad trans en estos tiempos de pandemia?

Rashell Erazo (RE): Desde el 16 de marzo que comenzó el estado de excepción (vía decreto ejecutivo) se podría decir que la pandemia ha venido a visibilizar más la invisibilización de la población trans. Esto en todos los contextos que nos engloban como la pobreza extrema y la supervivencia laboral (el subempleo), alrededor de lo que nosotras transitamos que son el trabajo sexual, la peluquería y labores manuales. Por decreto ejecutivo han sido consideradas como no esenciales y esto ha vulnerado cada uno de los espacios de supervivencia de la población trans, obligándonos a violar el decreto ejecutivo porque no era posible continuar [acatando al decreto], al cabo de un mes del estado de excepción, sin tener el sustento diario. Es dramático. Hay personas que dicen que todos estamos siendo comparados, pero no se puede comparar una población con un perfil de alta vulnerabilidad y exclusión que vivimos con el resto de población cisgénero y heterosexual.

CF: A finales de marzo pasado, Guayaquil fue golpeada por la pandemia, ¿cómo afrontó la comunidad trans ese contexto?

RE: Nosotros hemos tenido contactos fraternos con los grupos LGBTI, como Plan Diversidad o Casa de las Muñecas. Creo que la situación de las compañeras ha sido dramática. En principio tuvieron que resistir con todas sus fuerzas para acatar el Estado de Excepción por la gravedad que implica el azote de la pandemia y la proyección brutal de la curva de contagio. En Guayaquil hubo formas de solidaridad entre nosotras, ya que esperar que el Estado reconozca los convenios internacionales, como el exhorto de la CIDH indicando que en esta pandemia el Estado debe considerar a las poblaciones LGBTI como atención prioritaria, eso no ha ocurrido. No tenemos conocimiento que se haya registrado un alto número de compañeras que se hayan afectado. De hecho no podemos ni siquiera saber cuántas compañeras trabajadoras sexuales, no solo en Guayaquil sino en las principales ciudades, puedan estar contagiadas con Covid. El acceso a las pruebas es prácticamente nulo para la comunidad LGBTI.

CF: ¿Qué acciones se van a emprender hacia el Estado para tener una política específica, ya que la pandemia se proyecta por varios meses más?

RE: Se hacen acciones paliativas como entregar un kit de alimentos que a veces soluciona temporalmente el problema de alimentos de las compañeras, pero esa no es responsabilidad nuestra como organizaciones de la sociedad civil sino del Estado. Hay que estar muy claros que es el Estado el que tiene la responsabilidad por velar en el tema de ayuda humanitaria y de facilitar la subsistencia de las personas. Tenemos un alto índice de desempleo entre las que nos contamos las mujeres trans y que el Estado limite el derecho de poder realizar el trabajo sexual callejizado, pues, lógicamente estaríamos pensando en juntarnos con organizaciones que manejan el tema legal.

Podríamos estar articulando algún tipo de acción contra el Estado, primero, por mantener en la indefensión total a las poblaciones de atención prioritaria, no atenderlas, especificados en los lineamientos nacionales e internacionales. Si por estos 60 días que ha decretado el gobierno puede volver a recrudecerse el tema de la limitación de derechos, de movilidad y demás, nosotras creeríamos que podríamos optar por una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es una evidente violación del derecho al trabajo, al alimento, a la movilidad. El Estado, y concretamente el Gobierno de Ecuador, no puede seguir ignorando a las poblaciones históricamente maltratadas y que seguimos en resistencia. Hay instrumentos legales que nos amparan.

Erazo sigue luchando con otras organizaciones para que el Estado cumpla con su obligación de atender a la comunidad LGBTI, “porque es el estado y la sociedad que nos hacen vulnerables. No somos vulnerables, es el Estado el que hace vulnerables a las poblaciones,” concluye.

Derechos Humanos / Human Rights

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Ecuador es responsable internacionalmente por la arbitrariedad y duración irrazonable de la prisión preventiva, así como por la violación del principio de presunción de inocencia

Fuente: Corte IDH

20 de marzo, 2020

En la sentencia del Caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos del señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón por: (i) la arbitrariedad de la prisión preventiva a la que estuvo sometido; (ii) la duración irrazonable de la prisión preventiva; (iii) la violación a la presunción de inocencia, y (iv) la violación a las garantías judiciales.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El caso se vincula con las arbitrariedades sufridas por el señor Ramón Rosendo Carranza Alarcón luego de su detención en noviembre de 1994, después de que un Comisario de la Policía Rural lo declarase prófugo, en conexión con un episodio en que perdió la vida un hombre. El señor Carranza fue aprehendido, negó su vinculación con los hechos y fue colocado en prisión preventiva.

Posteriormente el proceso penal sufrió varias demoras injustificadas, mientras el señor Carranza se mantenía en prisión preventiva. En su sentencia, la Corte Interamericana señaló que la orden de prisión preventiva dictada contra el señor Carranza fue arbitraria, en contravención a los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2, dado que se dictó sin una motivación que diera cuenta de su necesidad y se sustentó en una norma contraria a la Convención.

El Tribunal notó también que la privación preventiva de la libertad del señor Carranza duró lo mismo que el proceso penal seguido en su contra, cerca de cuatro años. No hubo una revisión de la procedencia de la prisión preventiva, inclusive pese a que el señor Carranza solicitó su libertad en septiembre de 1995. Esto hizo que la prisión preventiva se mantuviera en forma arbitraria.

La Corte señaló que, mantener a una persona privada preventivamente de la libertad en forma injustificada, equivale a una pena anticipada, lo que es contrario a la presunción de inocencia. Finalmente, la Corte notó que el proceso penal duró cerca de cuatro años desde que el señor Carranza fue detenido, y que en ese tiempo hubo demoras injustificadas cercanas a tres años.

Determinó, entonces, que Ecuador violó, en perjuicio del señor Carranza, las garantías judiciales establecidas en el artículo 8. 1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, por no llevar a cabo el proceso penal en un plazo razonable. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta, (Costa Rica); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, (México); Juez Eduardo Vio Grossi, (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente, (Ecuador) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia.

Derechos Humanos / Human Rights

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Ecuador es responsable por la detención ilegal, prisión indebida y tratos inhumanos a un ciudadano

Fuente: Corte IDH

25 de febrero, 2020}

 En la sentencia del Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador notificada el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado del Ecuador responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la protección judicial del ciudadano Mario Alfonso Montesinos Mejía.

A su vez, la Corte declaró que el Estado es responsable por la violación del derecho a su integridad personal, así como del derecho a las garantías judiciales. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí. El caso se vincula con las violaciones de derechos humanos sufridas por el señor Mario Montesinos luego de ser detenido el 21 de junio de 1992, sin orden judicial previa, por agentes policiales en la ciudad de Quito, Ecuador, y posteriores maltratos sufridos durante su reclusión.  

En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que la captura del señor Montesinos fue ilegal debido a que no fue detenido en flagrancia ni existía orden judicial previa, como ordenaba la normativa vigente al momento de los hechos. Igualmente, la Corte advirtió que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada ni revisada por las autoridades judiciales y que el período de seis años y dos meses durante los cuales el señor Montesinos estuvo en prisión preventiva, resultó irrazonable y excesivo.

Por las anteriores razones concluyó que su privación de libertad fue arbitraria. A juicio de la Corte, la detención ilegal, la falta de justificación y de revisión de la orden de prisión preventiva, la prolongación irrazonable de la privación de libertad del señor Montesinos hasta el momento en que se resolvió el segundo recurso de hábeas corpus por parte del Tribunal Constitucional, fueron equivalentes a una pena anticipada, contraria a la presunción de inocencia. Las constataciones fácticas y jurídicas, realizadas por la Corte Interamericana previamente en la sentencia emitida por esta Corte en el Caso Suárez Rosero (1997) sobre el tratamiento recibido durante su detención, llevaron a la Corte a establecer que las condiciones de detención y tratamiento a las que fue sometido el señor Montesinos representaron un trato cruel, inhumano y degradante.

 Asimismo, la Corte concluyó que la falta de investigación de la alegada tortura y malos tratos denunciados resultó en la vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Corte Interamericana determinó que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad del señor Montesinos, razón por la cual los procesos penales seguidos en su contra excedieron el plazo razonable.

 Adicionalmente, encontró acreditado que el señor Montesinos rindió sus declaraciones indagatorias sin contar con un/a abogado/a. Del mismo modo, el señor Montesinos estuvo incomunicado durante 38 días de su detención, lo cual, en consideración de la Corte Interamericana, era prueba suficiente de que no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, al no contar con el patrocinio letrado de un defensor público u obtener un abogado de su elección con el cual pueda comunicarse en forma libre y privada. En el mismo sentido, la Corte señaló que las declaraciones presumariales del señor Montesinos fueron obtenidas bajo coacción, a pesar de lo cual, tuvieron valor probatorio en los procesos judiciales. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Tres expertos investigarán las denuncias de violaciones de derechos humanos en Ecuador

Fuente: Naciones Unidas

18 de octubre, 2019

La misión de la Oficina de Derechos Humanos, que se llevará a cabo por invitación del Gobierno, transcurrirá entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre y durante la visita los expertos se reunirán con funcionarios gubernamentales, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil y periodistas, entre otros actores.

Un equipo de tres miembros de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU visitará Ecuador del 20 de octubre al 8 de noviembre para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país en el contexto de las recientes protestas.

La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani , dijo en Ginebra la misión se llevará a cabo por invitación del Gobierno del país sudamericano.

Durante su visita, el equipo de expertos  se reunirá con funcionarios gubernamentales, líderes indígenas, representantes de la sociedad civil, periodistas y otras partes interesadas para recopilar información de primera mano sobre las circunstancias que condujeron a las situaciones de violencia que se extendieron por todo el país a partir del 3 de octubre.

La misión se produce después de que la Oficina haya recibido denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del estado, así como informes de delitos cometidos por terceros.

La ONU ha pedido “a las autoridades conducir investigaciones rápidas, efectivas, transparentes, independientes e imparciales sobre todas las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en el contexto de las protestas”, indicó la portavoz.

Preocupación por los detenidos

La Oficina de Derechos Humanos, cuya titular es Michelle Bachelet, también se muestra preocupada por los informes de arrestos en Ecuador, incluidos actores políticos y funcionarios electos, en relación con las recientes protestas en el país.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen el pleno respeto de las garantías del debido proceso y las inmunidades pertinentes”, aseguró Shamdasani.

Por otro lado, la Oficina da la bienvenida a la voluntad de todas las partes de entablar un diálogo significativo y alienta al Gobierno del Ecuador y a las organizaciones indígenas a continuar trabajando hacia una solución pacífica a los desafíos apremiantes que enfrenta el país.

A principios de mes, un decreto del Gobierno de Lenin Moreno que retiraba el subsidio a los combustibles desencadenó una serie de protestas sociales. Los líderes indígenas pidieron que se dejara sin efecto tal medida.

Tras poco más de una semana de protestas, el Gobierno y los líderes indígenas llegaron a un acuerdo por el que se derogó el decreto en un diálogo facilitado por la ONU y la Conferencia Episcopal.

Derechos Humanos / Human Rights

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La ONU pide garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente en Ecuador

Fuente: Naciones Unidas

07 de octubre, 2019

La Oficina para los Derechos Humanos recuerda que el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones está reservado a casos excepcionales y que el Estado tiene la obligación de aislar a quienes actúan con violencia.

Tras las protestas iniciadas la semana pasada en Ecuador por el alza de los precios de los combustibles anunciada por el presidente Lenin Moreno, la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recordó a las autoridades que han de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente “protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos”.

Ante los disturbios públicos provocados por la introducción de un nuevo paquete de medidas económicas que elimina los subsidios estatales al combustible, Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción por un plazo máximo de sesenta días en la nación sudamericana.

“Al resguardar el derecho a la manifestación pacífica, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico”, destaca un comunicado.

El uso de la fuerza es excepcional

La Oficina recordó que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza “en casos excepcionales” y que se han de acatar los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Además, indicó que cualquier modo de privación de libertad debe regirse por los principios establecidos en el derecho internacional.

Del mismo modo, la Oficina mostró su preocupación por los actos de violencia que las fuerzas de seguridad ecuatorianas habrían cometido contra los manifestantes, y también “rechaza enfáticamente” los sucesos violentos cometidos por terceras personas tales como “agresiones, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros”.

Finalmente alentó al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a originar “espacios de diálogo constructivo” preservando los derechos humanos de todas las personas.

Guterres respalda el mensaje de la Alta Comisionada

Posteriormente, el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas se sumó a la petición de la Alta Comisionada e indicó que las autoridades encargadas de mantener el orden público deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente.

Durante su encuentro diario con los medios de comunicación, Stéphane Dujarric, destacó que “las personas deben poder expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente. El uso de la fuerza debe ser proporcionado de conformidad con el derecho internacional”.

Por su parte, la relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su inquietud por la situación de los pueblos indígenas ecuatorianos dentro del marco de las protestas en el país sudamericano.

En un mensaje en la red social Twitter, Tauli-Corpuz urgió al Gobierno ecuatoriano a evitar el uso excesivo de la fuerza, respetar los derechos humanos y a buscar una vía negociada al conflicto mediante el diálogo intercultural  

Derechos Humanos/ Human Rights

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Ecuador: Experto recomienda vetar decisión sobre la despenalización del aborto en caso de violación

Fuente: Naciones Unidas

27 de septiembre, 2019

 Un experto de la ONU en derechos humanos estima que el país ha dado varios avances en favor del derecho a la salud, pero observa que la violencia contra la mujer y los bajos indicadores de los pueblos indígenas y afroecuatorianos son factores que impiden el goce pleno de este derecho.

El relator especial* sobre el Derecho a la Salud lamentó este viernes lamentó que durante su estancia la Asamblea Nacional votara en contra de despenalizar el aborto en casos de violación, una decisión que, en opinión del relator, es contraria a los derechos humanos y “los principios modernos de salud pública”.

La decisión, según el relator, “expone a las niñas y mujeres más empobrecidas a embarazos precoces, abortos inseguros y a mayor mortalidad materna”.

Puras emplazó a las autoridades competentes a vetar esa decisión y a promulgar una legislación que cumpla con las garantías fundamentales.

Tras una visita de diez días al país sudamericano, Dainius Puras presentó sus observaciones preliminares en Quito donde indicó que la violencia contra la mujer continúa representando una amenaza para la salud en Ecuador.

“La violencia contra las mujeres y las niñas en Ecuador es endémica y sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Toda violencia debe ser abordada con determinación y valentía”.

En otro apartado, el experto en derechos humanos también pidió destinar una mayor inversión en atención primaria y servicios modernos de salud mental.

Avances y retrocesos

El relator felicitó a Ecuador por haber logrado varios avances como el reconocimiento constitucional del derecho a la salud y las importantes inversiones en infraestructuras en el sector sanitario, entre otros.

Sin embargo, observó como retos pendientes “hacer realidad” el derecho a la salud de las mujeres y niñas, los niños y adolescentes, la comunidad LGBTI, las personas que viven con VIH / SIDA y los migrantes.

Además, especificó que los pueblos indígenas y las comunidades afroecuatorianas presentan peores indicadores de salud que el resto de la población.  

Puras resaltó la necesidad de seguir invirtiendo en servicios de salud incluso en tiempos de restricciones financieras.

“Los recortes presupuestarios de los que me han informado, pueden ser perjudiciales para la efectividad y la sostenibilidad del progreso logrado y pueden añadir tensión adicional a un sistema ya sobrecargado”, alertó.

El relator especial presentará un informe completo con los principales hallazgos de su visita a Ecuador el próximo mes de junio ante el Consejo de Derechos Humanos.

*Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Derechos Humanos / Human Rights

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ecuadorLiderazgo de Ecuador en materia de empresas y DD. HH. contrasta con acciones internas

Fuente: Panorama

12/09/2018

Experto de la ONU felicitó a Ecuador por su liderazgo en la negociación de un tratado sobre empresas y derechos humanos, pero le reprochó el incumplimiento de este principio con su propia población indígena. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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guatemalaEl ACNUDH respaldó al comisionado de la CICIG y a la fiscal general de Guatemala

Fuente: Panaroma
25 de agosto, 2017

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reiteró hoy en Ginebra su respaldo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público, liderados, respectivamente, por el comisionado Iván Velásquez y la fiscal Thelma Aldana.
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Derecho Ambiental / Environmental Law

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IMG_2720_v2El Supremo de EEUU rechaza la indemnización reclamada a Chevron por contaminación en Ecuador
Fuente: La Información
19 de junio, 2017

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado un recurso presentado por ciudadanos ecuatorianos y que exigía a la petrolera Chevron una compensación de 8.650 millones de dólares (más de 7.700 millones de euros) por la contaminación de la Amazonía, en el último capítulo de una larga batalla legal a caballo entre dos países.
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Derechos Humanos / Human Rights

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300px-flag_of_ecuador_1900-2009-svgEcuador: Estado pagará $ 579 mil por fallos de la Corte IDH

Fuente: El Entorno Inteligente
24 de enero, 2017
Los plazos para que el Estado repare a las últimas víctimas de derechos humanos reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) expiran este año.
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