El Salvador

Derechos Humanos / Human Rights

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Bachelet pide a El Salvador que se abstenga de amnistías         

Fuente: Naciones Unidas

23 de mayo, 2019

Un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes perpetrados durante el conflicto armado, y reemplazarlas con servicios comunitarios. Para Michelle Bachelet, esto beneficia de forma indebida a los responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad. 

El Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa del El Salvador, contiene una serie de disposiciones que podría traducirse en una amnistía de facto,advirtió la Alta Comisionada para los Derechos Humanos

Michelle Bachelet aseguró en un comunicado que “tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”.  

El anteproyecto de ley presentado recientemente toma como base principal el trabajo de una Comisión que fue seriamente cuestionada debido a que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el conflicto armado y por la falta de transparencia y participación de las víctimas durante su formación.  

Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas.

Esta Comisión se conformó en respuesta a una sentencia de la Corte Suprema, que en julio de 2016, declaró como inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de 1993 y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional.  

“Es preocupante que el nuevo anteproyecto de ley se base en los resultados del trabajo de esta Comisión, sin que se integre verdaderamente la perspectiva de las víctimas, en particular de las que viven en comunidades rurales cuya voz no ha sido escuchada hasta ahora, y de quienes han vivido los efectos perniciosos del conflicto armado”, dijo Bachelet. 

El proyecto de ley presentado busca que se suspendan las penas de prisión para los autores confesos de crímenes cometidos durante el conflicto y reemplazar los castigos con servicios comunitarios. 

Disposiciones preocupantes 

Recientemente el relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición aseguró en otro comunicado que las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros.  

Además, la impunidad en relación con estos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país. 

Según la Oficina de la Alta Comisionada, el anteproyecto contiene otras disposiciones preocupantes. Entre ellas, permite atribuir la responsabilidad penal solamente a quienes participaron directamente en los hechos, lo cual impediría investigar y sancionar a los autores intelectuales y a todos los miembros de las cadenas de mando que ordenaron las atrocidades. 

Las víctimas deben participar 

Michelle Bachelet saludó el hecho de que la Sub-Comisión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa haya recibido a representantes de organizaciones de sociedad civil integradas en la Mesa contra la Impunidad.  

La propuesta alternativa de esta Mesa – la Ley de Reparación Integral y Acceso a la Justicia – intenta recoger la visión de las víctimas y está en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

“Espero que estos insumos, así como los otros que podrían llegar de un proceso amplio de consulta a nivel central, local y comunitario, puedan orientar a las y los diputados, evitando disposiciones que contravienen el derecho internacional o que puedan menoscabar la búsqueda incesante de justicia de las personas que todavía hoy sufren las secuelas de las atrocidades vividas durante el conflicto”, aseguró la Alta Comisionada. 

Bachelet instó a las instituciones competentes a reflexionar profundamente sobre los importantes progresos en materia de justicia transicional en El Salvador y la importancia de seguir avanzando hacia la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como condiciones para la reconciliación nacional.  

“Mi Oficina reitera su ofrecimiento de proporcionar asistencia técnica a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones para este fin”, concluyó. 

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Derechos Humanos / Human Rights

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Relator recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio          

Fuente: Naciones Unidas

16 de mayo, 2019

Un experto de la ONU en derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por un proyecto de ley de El Salvador que puede ser la puerta para otorgar perdones a graves delitos perpetrados durante el conflicto que vivió el país. Además de ser incompatibles esas medidas de gracias con las leyes internacionales, asegura que la impunidad puede contribuir a que se repitan tales crímenes.

Fabian Salvioli, experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.

Para el experto, no hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan “considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos”. “Tampoco son legales”, señala. “La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional.

Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso.

El proyecto de ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.

El texto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.

También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.

Además, estipula que toda decisión judicial de este tipo se considere cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. La disposición también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.

Profunda preocupación

“Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad”, señala en un comunicado Salvioli, relator especial en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.

“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”, explica Salvioli.

Además, destaca que la impunidad en relación con esos delitos puede a que se repitan y se creen círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.

Bachelet comparte esa preocupación

Salvioli ha compartidos estas preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador que llevó a cabo del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó una opinión similar.

“Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional”, aseguró el relator.

También indicó haber visto un “compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia” por lo que expresó su esperanza de que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas.

“Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de ‘escoger y elegir’, sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia”.

Fabian Salvioli (Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 como  Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es abogado y profesor de derechos humanos. Fabián Salvioli es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Ha dado conferencias en muchos países y universidades de América, Europa, África y Asia. El Sr. Salvioli es autor de varios libros y artículos sobre derecho internacional de los derechos humanos. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016, y su Presidente entre 2015 y 2016.

Como Relator Especial, el Sr. Salvioli forma parte de lo que se conoce como los  Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general que se da a los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Derechos Humanos / Human Rights

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El Salvador es responsable por la destitución arbitraria del magistrado Eduardo Colindres Schonenberg

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

20 de febrero, 2019

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de El Salvador responsable por la destitución arbitraria del señor Eduardo Colindres Schonenberg de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. El 11 de agosto de 1994 el señor Colindres Schonenberg fue electo magistrado del Tribunal Supremo Electoral por la Asamblea Legislativa a partir de la terna presentada por el Partido Demócrata Cristiano. A raíz de un conflicto suscitado en 1996 dentro del partido, miembros del mismo solicitaron a la Asamblea Legislativa la destitución del señor Colindres Schonenberg. El 22 de noviembre de 1996 el señor Colindres Schonenberg fue destituido por la Asamblea. Sin embargo, el 4 de noviembre de 1997 fue restituido por la Sala de lo Constitucional al no habérsele garantizado el derecho de audiencia. Frente a ello, diputados del partido presentaron un nuevo pedido de destitución. En respuesta, la Asamblea Legislativa conformó una Comisión Especial con la finalidad de garantizarle el derecho de audiencia al señor Colindres Schonenberg. Después de haber dado por evacuada la audiencia, la Asamblea Legislativa destituyó al señor Colindres Schonenberg el 2 de julio de 1998. El señor Colindres Schonenberg presentó dos acciones de amparo en contra de dicha decisión, las cuales fueron declaradas sin lugar e improcedentes. Asimismo, la víctima presentó una demanda por los daños y perjuicios generados por la primera destitución.

El 22 de diciembre de 2009 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva a favor del señor Colindres Schonenberg. El Estado realizó el pago correspondiente el 7 de febrero de 2014. Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana estimó que, en relación con la segunda destitución, el señor Colindres Schonenberg fue víctima de una destitución arbitraria, violándose de este modo sus garantías al debido proceso, toda vez que la Asamblea Legislativa no era competente para destituirlo y no existía un proceso previo que contemplara la destitución de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

 Lo anterior también constituyó una violación del derecho del señor Colindres Schonenberg de permanecer en un cargo público en igualdad de condiciones. Por consiguiente, el Estado violó el derecho a las garantías judiciales, contenido en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con la obligación de respetar derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y el derecho a permanecer en un cargo público en condiciones de igualdad, establecidos en los artículos 1.1, 2 y 23.1.c. Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad de El Salvador por la inefectividad de las acciones de amparo presentadas por el señor Colindres Schonenberg a partir de la segunda destitución, lo cual constituyó una violación el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, contenidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con la obligación de respetar derechos, establecida en el artículo 1.1. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-05/19 Español Si tiene problemas para visualizar este mensaje haga clic aquí Finalmente, la Corte concluyó que El Salvador violó el plazo razonable por haber tardado quince años en la tramitación y ejecución de la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el señor Colindres Schonenberg, todo ello en violación de las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1, en relación con la obligación de respetar derechos, establecida en el artículo 1.1.

 En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó a) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y b) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y el Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal. El Juez Ricardo Pérez Manrique no participó en la deliberación y firma de la Sentencia debido a que se incorporó a la Corte el 1 de enero de 2019, cuando el presente caso se encontraba en estado de sentencia.

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el salvadorUna experta de la ONU aseguró que El Salvador no ha reconocido la crisis de desplazamiento interno

Fuente: Panorama

24 de junio del 2018

Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó su informe sobre El Salvador el pasado viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra reunido este mes en Ginebra para su trigésima octava sesión. En él, detalló la violencia generalizada que viven los salvadoreños como consecuencia de la elevada presencia de pandillas y de maras en casi todo el territorio.  Leer el resto de esta entrada »

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el salvadorLa violencia de género en El Salvador preocupa al Comité de Derechos Humanos de la ONU   

Fuente: Panorama

17 de marzo, 2018

El 13 y 14 de marzo, El Salvador fue evaluado por el Comité de Derechos Humanos (CCPR) de la ONU, reunido este mes en Ginebra. El grupo de 18 expertos encargado de velar por la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dedicó una gran parte del examen a la situación de la violencia contra las mujeres en el país centroamericano. Leer el resto de esta entrada »

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el salvadorEl Salvador crea comisión nacional de búsqueda de desaparecidos

Fuente: WOLA
27 de septiembre, 2017

Hoy, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén anunció la formación de la “Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador” (CONABÚSQUEDA). La comisión incluirá a representantes designados por organizaciones que representan a las familias de los miles de desaparecidos y se encargará de descubrir la verdad sobre las desapariciones forzadas durante la guerra civil de El Salvador.
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Derechos Humanos / Human Rights

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el salvadorUn tribunal de El Salvador reabre el caso por la masacre del ‘El Mozote’, en 1981

Fuente: La Información
30 de marzo, 2017.
Un tribunal de El Salvador ha reabierto este jueves el caso por la masacre de ‘El Mozote’ en 1981, notificando a nueve exmilitares los cargos que serán presentados contra ellos durante el proceso, algo que hará próximamente con otros nueve militares retirados. Leer el resto de esta entrada »