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Derechos Humanos / Human Rights

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Empresas y derechos de las mujeres en Colombia         

Fuente: RIDH

09 de junio, 2019

En el marco de la 41. ª sesión del Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas, la RIDH presenta algunas consideraciones concernientes a la actividad empresarial y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ en Colombia.

Tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en Colombia se han agudizado las violaciones de derechos humanos con una mayor incidencia en las zonas rurales y sobre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Las agresiones en contra de mujeres han aumentado un 97 % en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo período del año anterior (Somos Defensores, 2019). Según el último informe de Somos Defensores, entre las agresiones de las que son víctimas estas mujeres se encuentran el acoso judicial, la restricción de movimientos, la vigilancia ilegal, las amenazas y hostigamientos, ataques físicos, desaparición forzada, acoso sexual, amenazas a la familia y chantaje. Este informe también recalca su vulnerabilidad desproporcionada frente a actos violentos motivados por el hecho de ser mujeres, lo que supone tratos más crueles, generalmente representados por agresiones de tipo sexual.

Nos preocupa el hecho de que en Colombia se ha utilizado el concepto de “ideología de género” con fines políticos diferentes a aquellos que buscan avanzar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. En efecto, representantes de la extrema derecha y los partidos políticos católicos y cristianos, quienes afirman que la “ideología de género” implica la destrucción de la familia y de los códigos morales que esta representa en las sociedades occidentales tradicionales, manipularon la opinión publica mediante campañas difamatorias que pretendían relacionar los acuerdos de paz con la adopción de una sociedad promiscua e inmoral, en donde la homosexualidad sería promulgada desde los planteles educativos.

En realidad, los textos del Acuerdo de Paz pretendían la inclusión de un enfoque de género y diferenciado dentro de las acciones emprendidas por las partes para su aplicación.  Las campañas mediáticas en redes sociales y medios de comunicación tuvieron el poder suficiente para influenciar la opinión pública, lo que conllevó, de una parte, a la desaprobación del plebiscito de consulta sobre la aceptación de los acuerdos, y, de otra parte, a una comprensión tergiversada del concepto de “ideología de género”, lo que actualmente afecta de manera negativa la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ, especialmente en comunidades indígenas y campesinas.

El plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos aprobado por Colombia, aun cuando contempla algunas  acciones dirigidas a evitar la discriminación de las mujeres y la población LGTBIQ, no ha avanzado de manera efectiva en su implementación y  no ha sido adecuadamente consultado con la sociedad civil. Este plan es principalmente un instrumento que depende de la buena voluntad de las empresas y no contempla herramientas que aseguren la imparcialidad y la neutralidad de las acciones emprendidas tanto por el Estado como por las empresas que operan en su jurisdicción, dado que las medidas de precaución, prevención, evaluación y reparación de violaciones de derechos humanos son responsabilidad de las mismas empresas.

En ese sentido, invitamos al Gobierno a revisar este documento llevando a cabo una consulta abierta con la sociedad civil y las organizaciones LGTBIQ y de mujeres, presentes en todo el territorio nacional.

Nos preocupa el hecho de que Colombia no haya respondido a la comunicación OL COL 3/2019, en donde se recomienda reconsiderar las condiciones de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) y los mecanismos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE), dado el riesgo que estos representan frente al incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es bien sabido que una gran parte de las violaciones de derechos humanos son cometidas en el contexto de las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil frente a la actividad empresarial en sus territorios, y que el Estado es, muchas veces, un cómplice de estas violaciones. Dada la debilidad institucional de Colombia para regular la actividad de las empresas transnacionales, se debería redoblar la atención sobre los acuerdos y normas existentes.

Reconociendo el especial papel que juegan las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas en la defensa del medio ambiente y el territorio, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que reconozca su vulnerabilidad desproporcionada frente a los impactos nocivos de los hechos antes mencionados e implemente medidas especiales  para estos grupos poblacionales (incluyendo a la población LGBTIQ), dentro de los procesos de consulta e implementación de proyectos que puedan afectar sus derechos, así como para permitirles el acceso a la justicia, la participación y la reparación adecuadas.

Finalmente, instamos al Gobierno colombiano a permitir una vista oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, concretando prontamente una invitación.

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Derecho Internacional

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La Justicia europea obligará a las empresas a registrar las horas de trabajo efectivas  

Fuente: El Economista España

31 de enero, 2019

-España-

El Abogado General de la Unión Europea considera que las empresas en España tienen la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva. En sus conclusiones presentadas hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el instructor asegura que la normativa comunitaria impone a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que no establezca esa obligación”, concluye el Abogado General Pitruzzella. “En cualquier caso, las conclusiones los Estados miembros tienen libertad para establecer la forma de registro del tiempo efectivo de trabajo que consideren más adecuada para conseguir que el Derecho de la Unión tenga efecto útil”, señala.

“Sin dicho sistema no es posible determinar con objetividad y certeza la cantidad de trabajo efectivamente realizado y su distribución temporal”, apunta el Abogado General

La medida, introducida en la pasada reforma laboral, tiene el objetivo de conocer las horas de trabajo que realmente realiza la plantilla, a fin de garantizar que los trabajadores puedan percibir sus horas extra. Sin embargo, la medida llegó al Supremo. El Alto Tribunal estimó que, con el redactado de la normativa, no se podía exigir un registro diario y minucioso de la jornada.

Por ello, el borrador presentado en diciembre por el Gobierno -pactado con los sindicatos- que incluye varias medidas en el ámbito laboral, modifica varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que se materialice esta obligación.

Derechos de los trabajadores

El Abogado General considera que sin un sistema de cómputo del tiempo de trabajo no existe ninguna garantía de que se respeten efectivamente los límites temporales y, en consecuencia, de que se puedan ejercer sin obstáculos los derechos que la normativa europea confiere a los trabajadores. “Sin dicho sistema no es posible determinar con objetividad y certeza la cantidad de trabajo efectivamente realizado y su distribución temporal, como tampoco es posible diferenciar entre horas ordinarias y extraordinarias de trabajo”, apunta. “En ese supuesto también las autoridades públicas competentes para el control de la seguridad en el trabajo se ven privadas de la posibilidad de verificar y, en su caso, actuar contra los incumplimientos”, añade.

Las conclusiones subrayan que la inexistencia de un sistema de cómputo del tiempo de trabajo hace que sea mucho más difícil para el trabajador obtener la defensa judicial de sus derechos, puesto que se le priva de un primer indicio probatorio esencial.

El instructor concluye que la obligación de controlar el tiempo de trabajo diario desempeña una función esencial en orden al cumplimiento, por parte del empresario, del resto de obligaciones establecidas en la Directiva europea 2003/88 -relativa a la limitación de la duración máxima del trabajo y a los períodos de descanso diarios y semanales-, como son los límites de la duración de la jornada laboral, el descanso diario, los límites de la duración de la semana laboral, el descanso semanal y las relativas a las horas extraordinarias. “Estas obligaciones guardan relación no sólo con el derecho del trabajador y de sus representantes a poder controlar periódicamente la cantidad de trabajo realizado con fines retributivos, sino sobre todo con la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo”, apunta.

Derecho Internacional / Internacional Law

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eurosLa CE propone nuevas medidas para garantizar que todas las empresas tributen de forma equitativa

Fuente:El Derecho

22 de marzo, 2018

-Unión Europea-

El reciente auge de las empresas digitales, como las empresas de redes sociales, las plataformas colaborativas y los proveedores de contenidos en línea, ha contribuido enormemente al crecimiento económico de la UE, pero la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física. Actualmente, nueve de las veinte mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales, en comparación con una de veinte hace diez años. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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economía_02Las empresas responden de deudas pese a estar disueltas
Fuente: El Economista
30 de mayo, 2017
-España-

El Tribunal Supremo ha reconocido la personalidad jurídica a las empresas que estén disueltas con deudas pendientes. De este modo, las entidades liquidadas tendrán que responder, como sociedad, de estos capitales frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.
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Derecho Internacional / International Law

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hammer-719066_1280La Justicia Europea desoye a El Corte Inglés y permite que una empresa británica registre la marca The English Cut

Fuente: La Información

27  de Octubre, 2016.
El Tribunal General de la UE ha desestimado un recurso de El Corte Inglés que pedía que no se permitiera a una empresa británica de confección registrar la marca The English Cut, con lo que se pone fin a una disputa que arrancó en 2010.

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