España

Derechos Humanos / Human Rights

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TS: los datos de consumo energético domésticos pueden ser considerados datos de carácter personal              

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de agosto, 2019

-España-

Los datos sobre consumo energético que permitan asociar hábitos de consumo (como horas de sueño u horarios en los que se está en casa) con un individuo determinado deben ser considerados datos sensibles a ojos de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y por tanto gozar de su protección.  

Esta ha sido la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo (sentencia de Sala Tercera, disponible aquí) respecto a los datos de consumo energético individualizado contenidos en las Curvas de Carga Horaria, el desglose horario del consumo de los diferentes puntos de carga de los consumidores domésticos que realiza el distribuidor eléctrico. 

Los distribuidores eléctricos pueden, pero no están obligados, desde una reciente resolución de la Secretaria de Estado de Energía (que el Supremo ahora impugna), enviar estas mediciones de las curvas de carga horaria (CCH) al concentrador principal, gestionado por el operador del sistema, si estos las reclaman para realizar labores de inspección. 

Estos datos son enviados junto con un código de identificación de cada punto de suministro, el CUPS (código universal de puntos de suministro), para permitir al operador del sistema poder acudir in situ a los puntos de suministro y comprobar que todo funciona correctamente. 

En esta situación, el Supremo considera que el operador de suministro puede fácilmente relacionar, en estas operaciones en persona, datos de consumo con un individuo en concreto, ya que una vez en el lugar se puede identificar el individuo con métodos sencillos, como consultar los nombres del buzón, el telefonillo de portería, o simplemente preguntando al conserje. 

Esto puede permitir relacionar alguien con nombres y apellidos a datos tan sensibles como cuándo duerme, si está en casa o no o cuándo se va de vacaciones, todo asociándolo a su consumo eléctrico. 

Por ello, el Supremo sentencia que los CCH deben ser considerados datos de carácter personal, en concreto datos “seudonimizados”, es decir, aquellos que permiten la identificación de una persona si se relacionan con otros datos. 

Se les debe aplicar por tanto la normativa de protección de datos y todas sus garantías. No obstante, el TS no considera que se deba pedir el consentimiento del individuo, por atender estas operaciones de inspección a cuestiones de interés general. 

Recurso de Iberdrola

El Alto Tribunal responde así al recurso interpuesto por Iberdrola para interpretar el alcance de la definición de datos de carácter personal, a efectos de determinar si los datos contenidos en las CCH integran o no datos personales a los que se pueda aplicar la debida protección.

La resolución corrige la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimaba las pretensiones de Iberdrola sobre la misma cuestión y declaraba que la remisión por las distribuidoras al operador del sistema de los datos de consumo individual de cada punto de suministro, junto con los CUPS, no podían ser considerados como datos de carácter personal.

El Supremo sin embargo revoca dicha resolución. El tribunal acepta impugnar y revocar la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que aprueba determinados procedimientos de operación para el tratamiento de datos de medida procedentes de los equipos de tipo 5, a efectos de facturación y de liquidación de energía, obligando a los distribuidores (que son los responsables de la lectura de los contadores de los consumidores) a enviar las mediciones de la curvas de carga horaria individualizada, es decir las medidas horarias de consumo de cada consumidor desde los concentradores secundarios, gestionados por las distribuidoras para poder ejercer la lectura de los contadores, al concentrador principal gestionado por el operador del sistema.

Pedir consentimiento o aplicar excepción

En la medida en este intercambio de información sirve al cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas tanto del cedente como del cesionario, y que en última instancia redundan en una función de inspección, cabe aplicar un régimen de excepción recogido en el artículo 6 sobre el consentimiento del propietario de los datos

Subraya el Supremo que la función de inspección in situ, cuestionada en el recurso, parte de una previa solicitud por la Administración o la CNMC sobre el proceso de lectura, alta, baja o modificación de frontera de los datos y para unos determinados periodos. Es una actividad de inspección normativamente reconocida, ordenada previamente por la Administración o por un ente regulador y limitada a determinados puestos y/periodos.

Dicho de otro modo, en la medida en que para poder realizar la inspección, el operador debe solicitar a las distribuidoras que le faciliten la ubicación concreta del puesto, porque hasta ese momento la información de consumo de un punto de suministro de la que dispone el operador está disociada de su ubicación concreta y de la identidad del usuario, este cruce de información solo se produce para investigaciones concretas y que persiguen un fin de interés general, y por ello no es necesario obtener el consentimiento previo de los afectados.

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Derecho Ambiental / Environmental Law

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La Comisión remite a España ante el TJUE por la mala calidad de su aire           

Fuente: Noticias Jurídicas

25 de julio, 2019

 España tendrá que poner solución al problema de la contaminación del aire de sus ciudades o tendrá problemas con la UE. La Comisión Europea ha decidido este jueves remitir a España y a Bulgaria ante el TJUE por la mala calidad de su aire, al sobrepasar de forma constante los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en el caso español, y de dióxido de azufre (SO2) en el país búlgaro. 

La decisión tomada forma parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

Los datos más recientes sobre la calidad del aire español confirman el incumplimiento sistemático de las normas de la UE respecto a los índices de dióxido de nitrógeno, según informa el órgano ejecutivo comunitario. 

En concreto, la Comisión constata altos niveles de contaminación en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat, entre otras localidades. 

Según los datos provenientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en España son atribuibles al dióxido de nitrógeno casi 9 000 muertes prematuras al año. 

Los niveles de calidad del aire en la Unión y las obligaciones de los Estados Miembros con respecto a este compromiso están regulados en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

Las decisiones de hoy forman parte de la acción reforzada de la Comisión para colaborar con los Estados miembros en la protección de la salud de los ciudadanos contra la mala calidad del aire, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión «Una Europa que protege: Aire puro para todos» de mayo de 2018.

La obligación de España con la UE

Los países miembros de la UE tienen un compromiso para adoptar planes de calidad del aire y garantizar medidas adecuadas para que los valores sea lo más bajos posibles.

La contaminación atmosférica sigue siendo, según la Comisión, el principal problema de salud ambiental de la UE. 

Según las estimaciones que maneja el organismo comunitario, anualmente 400.000 muertes prematuras son atribuibles a la contaminación atmosférica, y unos costes económicos directos superiores a 20 000 millones de euros al año. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) procede principalmente de actividades humanas, como el tráfico por carretera, sobre todo de los vehículos diésel, y la industria.

Según el Derecho de la UE, desde enero de 2005 los Estados miembros deben cumplir los valores límite para las PM10 y el SO2, mientras que, en el caso del NO2, deben hacerlo desde enero de 2010.

Derecho Civil / Civil Law

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La justicia europea no multará finalmente a España con 80 millones por el retraso de la nueva ley hipotecaria       

Fuente: El Economista España

30 de julio, 2019

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido archivar la sanción de 80 millones de euros que estudiaba imponer a España por el retraso de la aprobación de la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 15 de junio. Esta normativa debía haber sido aprobada, como tarde, el 21 de marzo de 2016 para transponer (adaptar a la legislación española) la directiva europea 2014/17 sobre Contratos de Crédito Inmobiliario.

De esta manera, España tardó más de tres años en adaptar la legislación nacional a las líneas maestras marcadas por la Unión Europea (UE). Un largo retraso que provocó que Bruselas llevara al país ante la justicia europea el 28 de abril de 2017 para que esta estudiara la imposición de una sanción de 80 millones de euros.

100.000 euros diarios

La cuantía de la sanción era resultado de la suma de los 100.000 euros por cada día de retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria. El Gobierno español acabó finalmente de transponer la normativa el pasado abril, por lo que solicitó a la Comisión Europea que retirara la demanda. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró entonces que el Ejecutivo haría “todo lo posible” para evitar la millonaria multa.

Finalmente, según ha comunicado el propio ministerio en nota de prensa este martes, Bruselas ha retirado la demanda al entender que España ha completado la transposición “con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan”. En consecuencia, el TJUE ha decidido archivar la sanción. O lo que es lo mismo, España se libra de la multa pese al incumplimiento de los plazos.

Entre otras cosas, la nueva ley aprobada por el parlamento español este año reduce los intereses de demora y aumenta el número de plazos mensuales impagados necesarios para que se pueda ejecutar un contrato hipotecario.

También hace “de aplicación permanente el Código de Buenas Prácticas”, como señalan desde el Ministerio de Economía, al que se han adherido gran parte de las entidades financieras del país.

Derechos Humanos / Human Rights

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El Supremo considera delito de trata la actividad de clubs de carretera donde se esclaviza a mujeres extranjeras       

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de julio, 2019

-España-

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia en la que advierte que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual se comete en algunos clubs de alterne, salpicados por la geografía nacional, donde la dignidad humana carece de la más mínima significación, en los que se obliga a ejercer la prostitución a mujeres extranjeras traídas a España, como si fueran “seres cosificados”, de los que se intenta obtener el máximo rendimiento económico, mientras son explotadas.

El tribunal considera que “no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas, a las que, sin rubor alguno, se compra y se vende entre los distintos establecimientos, mientras tales seres humanos se ven violentados a ‘pagar’ hasta el billete de ida a su dignidad”.

La Sala ha confirmado las condenas impuestas a dos responsables y a tres miembros de una organización de trata de seres humanos que obligaba a prostituirse en distintos clubs de alterne de Córdoba, Vigo y A Coruña a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, traídas de Nigeria mediante engaño.  Por un lado, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el jefe de la red, 0.J.M., y su pareja, A.V.O., contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les impuso 39 años y dos meses de prisión por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sobre persona menor de edad, por un delito cometido sobre persona mayor de edad, un delito de prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal. 

Por otro lado, estima de forma parcial los recursos planteados por los otros tres condenados contra la misma sentencia. En el caso de dos de ellos -K.O. y F.E.- la estimación parcial supone una rebaja de tres años de la pena de prisión –de 39 años y dos meses a 36 años y dos meses por los mismos delitos que los anteriores- ya que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a más años que los que había solicitado el fiscal, lo que supone una vulneración del principio acusatorio. Para K.J.O, la estimación de su recurso implica la anulación de la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa que se le impuso, pero se mantiene intacta la pena de 13 años y dos meses de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Uso de vudú para atemorizar a la víctima

Los hechos se remontan a 2009 cuando 0.J.B., alias “papá Busch y Mr. Godwin”, contactó en Nigeria con una de las víctimas, que dada su precaria situación económica trataba de salir del país. Tras hablar con ella, el condenado le ofreció ayuda para llegar a España donde continuaría estudiando y lograría un trabajo de camarera. La mujer accedió y después de hacerse el pasaporte se lo entregó al acusado, que se lo pidió con la excusa de custodiarlo. Antes del viaje, la sometió a un ritual de vudú para atemorizar a la víctima, que, debido a sus creencias, creía que, si desobedecía al acusado, tanto ella como su familia podrían morir o sufrir grandes males.

La víctima realizó el viaje en compañía de un hombre y de una mujer, ambos colaboradores de 0.J.B., y al llegar a Madrid se encontró con una vida distinta a la prometida: le quitaron el pasaporte, el móvil y la agenda, le prohibieron contactar con su familia en Nigeria y salir sola a la calle.

Después, el condenado le hizo saber que tenía una deuda con él de 50.000 euros por los gastos del viaje y que tenía que trabajar en la prostitución para saldar la deuda. Tras legalizar su situación en España, llevó a la mujer a un club de alterne de Lucena (Córdoba) para ejercer la prostitución, pero después rotó por otro de La Carlota (Córdoba). Su horario de trabajo era de 17:00 hasta las 4:00. El dinero que obtenía, salvo el que pagaba por su estancia en el club, lo entregaba a 0.J.B y a su pareja, A.V.O. Tres años después, en 2012, consiguió pagar su deuda y otras cantidades que le reclamaban los condenados. Con las otras tres víctimas –dos de ellas menores de edad-, procedentes del mismo país, actuó del mismo modo. Sólo una de ellas, que sabía a lo que se dedicaba 0.J.B., aceptó venir a España para trabajar como prostituta, aunque fue engañada como el resto de las víctimas.

Tras analizar el papel de cada uno de los condenados en la red, la Sala concluye que la participación en una organización delictiva, como la enjuiciada, dedicada a la trata de seres humanos, “supone una actividad que requiere el concurso de varias sujetos dispuestos a culminar el fin perseguido, de modo que cada una de las aportaciones satisface las exigencias del tipo en cuestión (el artículo 177 bis del Código Penal), siendo claro que en este caso, la trata de seres humanos lo era con la finalidad de explotación sexual, y para ello era necesario burlar los controles administrativos de inmigración, y ya en nuestro país, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubs de alterne…”.

En este caso, la Sala afirma que concurren los elementos que conforme a su jurisprudencia son necesarios para entender que “nos encontramos ante una organización criminal: pluralidad de personas, utilización de medios idóneos, plan criminal previamente concertado, distribución de funciones o cometidos, y actividad persistente y duradera”.

De esta forma, “existía un reparto de tareas entre los acusados y otras personas que no han podido ser debidamente identificadas, dentro de una red creada con la finalidad de proceder al traslado a Europa desde Nigeria de jóvenes de este país, a fin de destinarlas a la prostitución”, subraya el tribunal.

Delito trata seres humanos: captación, traslado y explotación

La Sala examina las distintas fases en las que se articula el delito de trata de seres humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Así, explica que hay una primera fase de captación, que equivale al reclutamiento de la víctima, en la que se utiliza el engaño, combinado a veces con la coacción, para lograr el “enganche” o aceptación de la protesta y para mantener a la víctima bajo control durante la fase de traslado e inicialmente en los lugares de explotación. 

La segunda fase de la actividad delictiva es la de traslado –dentro del país o con cruce de fronteras- que consiste en mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, incluso a pie. Esta fase, según la sentencia, está relacionada con la técnica del “desarraigo”, cuyo objetivo es aislar a la víctima de sus redes sociales de apoyo – familia, amistades y vecinos- para conseguir su aislamiento y, de esa manera, el tratante puede mantener el control y explotarla. La Sala explica que el “desarraigo” se materializa con el traslado de la víctima al lugar de explotación. 

La última fase es la de explotación que consiste, según la Sala, en la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en actos de prostitución, incluidos actos de pornografía o producción de materiales pornográficos.

La sentencia explica que, tras la tipificación del delito de trata de seres humanos como delito autónomo, L0 5/2010, la diferenciación entre el tráfico ilícito de migrantes –artículo 318 bis Código Penal- y la trata de personas –artículo 177 bis Código Penal- ha sido confusa. Aunque ambas conductas entrañan el movimiento de seres humanos, generalmente para obtener algún beneficio, la Sala destaca, sin embargo, que en el caso de la trata deben darse dos elementos adicionales con respecto a la inmigración ilegal: una forma de captación indebida, con violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o pago de precio; y un propósito de explotación, principalmente sexual.

Por otro lado, la sentencia reitera la jurisprudencia de la Sala sobre el delito de trata de seres humanos que afirma que se cometen tantos delitos como víctimas, por lo que no es posible considerar un único delito ni un delito continuado. 

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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No hay derecho de separación del socio por modificación de facto del objeto social    

Fuente: Noticias Jurídicas

16 de julio, 2019

-España-

 El Juzgado de lo Mercantil 2 de Pontevedra, en sentencia del pasado 14 de junio de 2019, ha rechazado la demanda interpuesta por una socia minoritaria de una empresa dedicada a la comercialización de vinos, para que se le reconozca su derecho a separarse de la entidad y condenase a la empresa a que se le pagara un precio razonable de sus participaciones, razonando que se habían lesionado sus intereses al estar desarrollado la empresa, por vía de hecho, actividades no contempladas en los Estatutos.

La sentencia, que no condena en costas a la socia, entiende que existen dudas derecho y distintas interpretaciones jurisprudenciales contradictorias, y rechaza también la impugnación del “no acuerdo” o acuerdo negativo, esto es la solicitud de nulidad del rechazo de la mayoría de la Junta a la propuesta de los socios minoritarios para ampliar el objeto social de la empresa.

Modificaciones de hecho del objeto social

La empresa, dedicada a la comercialización y distribución de vinos con denominación de origen Rías Baixas, desde 1988 había comenzado a realizar dichas actividades con caldos que tenían dicha denominación de origen o que pertenecen a denominaciones de origen distintas. La socia demandante y el resto de socios minoritarios entendieron que se trataba de una actividad desarrollada más allá de su objeto social, lesivo a sus intereses.

La empresa, por su parte, afirma que ni existe modificación sustancial del objeto de la sociedad y niega el derecho de separación.

El juez hace referencia al artículo 346 del TRLSC, que incluye como motivo legal tasado de separación del socio la sustitución o modificación del objeto social, incorporado expresamente por la ley 25/2011.

Hace un repaso a la opinión, doctrinal y jurisprudencial, sobre la posibilidad de incluir supuestos de modificación de hecho del objeto social, sobre los que no ha habido acuerdo en Junta General.

Concluye que, por más que intente interpretarse a favor de dicha posibilidad, la literalidad de la norma no ofrece resquicios. Y ello porque el reconocimiento del derecho a la separación presupone la existencia de un acuerdo de sustitución o modificación, algo que en este caso no existe.

Reconoce la posibilidad de otros medios de reparación como acciones de responsabilidad frente a los administradores sociales o acciones indemnizatorias frente a los socios que hubieran podido incurrir en deslealtad.

Si no hay modificación de la cláusula referente al objeto social, no existe modificación sustancial y por tanto no hay derecho de separación.

Impugnación de “no acuerdos” o acuerdos negativos

La socia minoritaria había interesado también en la demanda la nulidad del “no acuerdo”, esto es, de la petición de proceder a la modificación de los estatutos respecto del objeto social, que fue rechazada por la mayoría en Junta General.

Se afirmaba que en una Junta General Extraordinaria se incluyó como orden del día la propuesta de nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales, para dar cabida a nuevos negocios y actividades de la entidad. Los socios mayoritarios votaron en contra.

Según la doctrina, los acuerdos negativos son propuestas de acuerdos que han sido sometidas a votación en junta general y por diferentes razones no han logrado el apoyo de la mayoría requerida legalmente para su aprobación. En este tema entra en juego la posibilidad del abuso de la mayoría que lesiona el interés social.

Cita diferentes resoluciones judiciales que contemplan la posibilidad de impugnar un acuerdo negativo siempre y cuando se entienda adoptado el acuerdo en sentido contrario (AP Madrid de 22 de abril de 2016 (texto aquí).

Pero desde luego se entiende muy dudosa la utilidad de impugnar un acuerdo negativo cuando en la demanda no se solicita que se entienda por adoptado el acuerdo frustrado (SAP Barcelona de 25 de julio de 2014). La sentencia puede leerse en el siguiente enlace.

En el suplico de la demanda tan solo se contenía una petición de anulación del acuerdo –de rechazo de la propuesta- pero no se pidió que, una vez declarada la nulidad del acuerdo negativo, se considerada adoptado el acuerdo de signo contrario. Por ello se desestima la impugnación.

Derecho Internacional / International Law

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El TS pregunta a Europa sobre la financiación del bono social  

Fuente: El Economista España

17 de julio, 2019

-España-

 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el bono social eléctrico.

Preguntan los magistrados en su auto, de 9 de julio de 2019, -al que ha tenido acceso elEconomista-, si es compatible con el Derecho europeo que la financiación del bono social recaiga sobre las matrices de los grupos empresariales que desarrollen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Objeta el auto, del que es ponente el magistrado Calvo Rojas, que “algunos de estos sujetos tienen muy escaso peso específico en el conjunto del sector, quedando en cambio eximidos de dicha carga otras entidades o grupos que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste”.

También, pregunta a los magistrados del TJUE, si es compatible con la exigencia de proporcionalidad de la Directiva sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad una ley nacional como ésta que ni se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, “sino de forma indefinida y sin retorno ni medida compensatoria alguna”.

Esta cuestión prejudicial es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo de este año, anuló la sentencia del Tribunal Supremo que había tumbado el anterior régimen de financiación del bono social eléctrico.

Esta sentencia consideraba que se ha lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías, toda vez que el TS había inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con la citada Directiva, “sin previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

Voto discrepante

El Auto del TS incluye un voto discrepante del magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, en la que considera que antes de consultar con el TJUE, el TS debería emitir una sentencia interpretativa sobre la cuestión. Además, el magistrado mantiene la tesis de que existe compatibilidad en la Normativa Española con el derecho de la Unión Europea.

Señala Bandres Sánchez-Cruzazt que el modelo de financiación del Bono Social podría considerarse avalado por la doctrina del TJUE, que considera legitima la decisión del legislador español, en sentencia de siete de agosto del 2018,al tratarse de una regulación por razones de interés económico general, al tratarse de facilitar el acceso del suministro eléctrico de aquellos usuarios definidos como vulnerables y de paliar la situaciones de pobreza energética.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC avala que los menores transexuales con suficiente madurez puedan solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil   

Fuente: Noticias Jurídicas

18 de julio, 2019

-España-

  El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo respecto del párrafo primero del art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

El Tribunal Supremo argumentaba que tenía dudas de que la restricción legal cuando afectaba a un menor de edad con suficiente madurez, que realiza una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad, pueda superar el juicio de necesidad y de proporcionalidad.

El Pleno del TC aprecia que la restricción legal enjuiciada, en su proyección respecto de los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad”, representa un grado de satisfacción más reducido del interés superior del menor de edad perseguido por el legislador y por eso, aprecia la vulneración del principio de desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) y del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). 

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido:  “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 1.1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y, en consecuencia, declararlo inconstitucional, pero únicamente en la medida que incluye en el ámbito subjetivo de la prohibición a los menores de edad con “suficiente madurez” y que se encuentren en una “situación estable de transexualidad”.

En los próximos días se notificará la sentencia junto con dos votos particulares y se facilitará el contenido íntegro de los mismos.