España

Derecho Administrativo / Administrative Law

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Supremo rechaza el acceso a la sanidad pública de los familiares no residentes            

Fuente: El Economista España

05 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo r echaza que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. La sentencia, de 5 de mayo de 2019, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario.

“La dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”, establece la sentencia.

El fallo establece que la tarjeta de residencia temporal no da el derecho “automático” a la asistencia a cargo del Estado

El magistrado Gullón Rodríguez, ponente del fallo, explica que “partiendo del principio de universalidad y sin olvidar el de financiación pública y su sostenibilidad, que igualmente informan el sistema nacional de salud, el concepto de cobertura obligatoria de la prestación de asistencia sanitaria es el que se pretende por la parte recurrente porque la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, cuando el solicitante es extranjero con residencia legal, solo se otorga en el caso de que no se tenga cubierta dicha prestación de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados”.

De este modo, señala que si hay un tercero obligado a cubrir dicha protección o existe una norma que así lo imponga o que tal prestación venga siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto. “Esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante”, añade.

El Supremo destaca que dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. “Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida”, apunta. “Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa”, explica.

El Tribunal invoca la reforma operada en el año 2018 en la que, en lógica con las regulaciones que hemos expuesto a lo largo de esta resolución, sigue manteniendo en su exposición de motivos, que no es adecuado hacer un uso indebido del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos cuando existe esa protección por otras vías.

“En definitiva, no cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se debe alcanzar es la que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, concluye el Supremo. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar al TSJ.

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Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC declara vulnerada la integridad moral de un funcionario al que no le otorgaban ni tareas ni despacho    

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-España-

Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado. 
El Alto Tribunal ha estimado, en sentencia de 6 de mayo de 2019 (cuyo texto puede consultar aquí), que el empleado público estaba siendo marginado al no disponer de ocupación alguna durante su horario laboral, así como ni despacho, ni acceso a las reuniones como otros funcionarios de su mismo nivel, siendo denegada además la movilidad a otro destino. 
El funcionario había intentado conseguir un reconocimiento de situación de acoso laboral tanto ante la Administración como ante los tribunales. Todos los intentos fueron en vano, los órganos jurisdiccionales se negaron a apreciar acoso al no apreciar un agravio relevante y grave contra el denunciante.
El Tribunal Constitucional sin embargo da ahora la razón al reclamante: sí existe vulneración de la integridad moral relevante por pasar más de 15 meses recibiendo este trato. Existía una marginalidad laboral evidente en comparación con sus compañeros, con intencionalidad, menoscabo y vejación en el trato recibido, situación que se prolongó sin que existiese motivo legítimo para ello apreciable y con gravedad suficiente como para apreciar la existencia de acoso laboral. 

Funcionario invitado

Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012. 
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores. 
El puesto, no obstante, era un trabajo fantasma. No se le asignaron tareas ni tampoco despacho. A pesar de instar a sus superiores a que le informasen sobre qué consistía el nuevo puesto de trabajo no obtuvo ninguna asignación de tarea durante más de un año, en el que no era informado de las reuniones ni de los asuntos de la Gerencia.  
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería. 

La resolución del TSJ

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acude al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.  
Con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista situación violenta para que exista acoso laboral por vía casacional ante el Tribunal Supremo. 
El máximo órgano ordinario no entra en el fondo del asunto por no considerar que existe interés casacional objetivo. 

La resolución del TC

Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación. 
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona. 
Se confirma así la existencia de marginación laboral con menoscabo relevante de la integridad moral del trabajador y se inadmiten los argumentos sobre la crisis y la menos carga de trabajo, al considerar entonces inútil crear un puesto extra. 
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.  
“La administración, sin una finalidad u objetivo legítimo (…) marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo”, con el fin de “desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, sentencia. 

Derecho Laboral / Labor Law

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Un tribunal reconoce como tiempo de trabajo efectivo el descanso para el bocadillo de una trabajadora con reducción de jornada   

Fuente: Noticias Jurídicas

16 de mayo, 2019

-España-

Justo cuando la polémica sobre la recomendación del Ministerio de Trabajo a las empresas de medir las pausas no laborales, tales como el tiempo para el desayuno, el cigarrillo, para que no computen dentro de la jornada laboral (sugiriendo que su regulación se refleje en el convenio) está en todos los debates, hemos conocido una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, que reconoce el descanso para el bocadillo como condición más beneficiosa de una empleada con reducción de jornada y rechaza que la empresa puede excluirlo de su jornada laboral unilateralmente.

La Sala de lo Social del TSJ afirma en su sentencia (STSJ Canarias 857/2018, de 31 de julio, Rec. 440/2018) que el hecho de que sea la única trabajadora de la empresa con reducción de jornada no puede justificar que el empresario le niegue sin más este derecho, del que venía disfrutando durante ocho años.

Según recoge la resolución, el disfrute del descanso diario de 20 minutos “ha sido habitual, persistente, cotidiano y notorio”. La trabajadora, destaca la Sala, ha venido haciéndo esta pausa desde el inicio de su relación laboral y con posterioridad a la reducción de jornada por cuidado de su hijo, “por lo que debe computar como tiempo de trabajo efectivo sin que precise recuperación horaria”.

Nuevo control de jornada

Para el tribunal, es relevante que el coordinador del departamento donde trabaja la actora sea conocedor de esta situación. Aunque no es un responsable de recursos humanos, razona la Sala, por sus funciones debía estar en contacto con dirección para programar licencias, permisos, vacaciones u horas extraordinarias de las presonas adscritas al departamento.

Otra cuestión que tiene en cuenta el tribunal es que, con anterioridad al establecimiento del nuevo control de jornada mediante firma electrónica (huella digital), también existía un control horario efectivo de la jornada realizada por los todos los trabajadores a través de la firma manuscrita. Ello prueba que la empresa conocía el horario que hacía la empleada y el disfrute de los 20 minutos de pausa diarios, de manera “continuada, sistemática, pública y regular, además de no recuperable”.

Cuidado de un menor

El TSJ compara la situación de la empleada con reducción de jornada para el cuidado de un menor con la de un trabajador a tiempo parcial, desde el  punto de vista del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar,. El enfoque de género y la prohibición de discriminación por razón de sexo, destaca la ponente, la magistrada Gloria Poyatos, tiene su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad, “en la vida social y jurídica”, de la población femenina.

Por todo ello admite el recurso y concluye que en el caso examinado la trabajadora ha generado un derecho, que como condición más beneficiosa, “se ha incorporado al nexo contractual que une a las partes”, en virtud de un acto de voluntad tácito constitutivo de una concesión del derecho a disfrutar de un descanso de 20 minutos diarios, con la consideración de tiempo de trabajo efectivo, y por ende no recuperable.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Supremo establece que el interés monetario sigue pagándose aunque se anule el de demora           

Fuente: El Economista España

07 de mayo, 2019

-España-

Una vez declarada la nulidad de una cláusula de intereses de demora por abusiva, el consumidor no está obligado a su pago, pero el préstamo sí que devenga el interés remuneratorio respecto del capital pendiente de devolución.

Así lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de abril de 2019, en la que determina que carece de lógica que el interés remuneratorio deje de devengarse cuando, transcurrido un cierto periodo de tiempo durante el que el prestatario se encuentre en mora, el prestamista haya hecho uso de la facultad de vencimiento anticipado, porque el ejercicio de esta facultad no afecta a la función que tiene el interés remuneratorio de retribuir la prestación del prestamista. Así, anulada la cláusula abusiva, el interés remuneratorio sigue devengándose.

Doctrina de la UE

El ponente, el magistrado Baena Ruiz, recuerda que cuando se declara abusiva una cláusula que fija el interés de demora en un contrato de préstamo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 21 de enero de 2015 -asuntos acumulados de Unicaja y CaixaBank-, ha declarado improcedente el pago total inmediato del contrato, pues tal declaración de abusividad no puede acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes sobre los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas.

El juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, no puede reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, pues debe excluir plenamente su aplicación, señala la sentencia europea.

Por esas razones, la consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula que fija el interés de demora es su supresión, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del consumidor.

Concluye, así, que en aquellas sentencias lo que procede es anular y suprimir completamente, privándola de su carácter vinculante, esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso en el pago de las cuotas del préstamo -el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio-, pero no el interés remuneratorio, que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución.

El Supremo aplica la doctrina de la Justicia europea sobre cláusulas abusivas, que obliga a seguir pagando el interés remuneratorio

El recargo que supone el interés de demora sobre el interés remuneratorio comienza a devengarse cuando el prestatario incurre en mora, porque deja de pagar las cuotas, sin necesidad de que el banco dé por vencido el préstamo anticipadamente.

Derecho Ambiental / International Law

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El Gobierno recurre la Ley de Illes Balears sobre evaluación ambiental

Fuente: Noticias Jurídicas

06 de mayo, 2019

-España-

 El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra los apartados 3 y 6 del artículo único de la Ley 9/2018 que modifica la Ley 12/2016 de Evaluación Ambiental de las Illes Balears.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, ha mantenido que la redacción de esos dos artículos no se ajustan a la Constitución. En este sentido, ha recordado que en materia de medioambiente, “las comunidades autónomas no pueden, al amparo de sus propias competencias, imponer al Estado la obligación de someter a evaluación ambiental los programas y planes que ostenta en materia de sus competencias”.

Además, ha precisado que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia estatal y los insulares, por lo que el Gobierno pide el recurso.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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EL TC inadmite los recursos de amparo contra la proclamación de la candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo de Puigdemont, Comín y Ponsatí

Fuente: Noticias Jurídicas

10 de mayo, 2019

-España-

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad inadmitir los tres recursos de amparo presentados por el Partido Popular contra las sentencias de los Juzgadosde lo Contencioso-administrativo números 2, 9 y 21 de Madrid y contra el Auto de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaraban a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí como candidatos idóneos para concurrir a las elecciones del Parlamento Europeo.

El Tribunal señala que no concurre vulneración de un derecho fundamental tutelable en amparo conforme establece el art. 44 de la LOTC.El recurrente consideraba que se habían vulnerado los siguientes derechos: al juez ordinario predeterminado por la ley por supuesta extralimitación de funciones de la Sala Terceradel Tribunal Supremo al pronunciarse sobre la cuestión planteada, pese a declararse competente (art. 24.2 CE); al derecho de sufragio pasivo y de la igualdad derechos entre ciudadanos de la Unión Europea (art. 23.2 CE) y a la tutela judicial efectiva en cuanto garantiza recibir comorespuesta judicial una resolución fundada en derecho (art. 24.1 CE).

El texto íntegro de la resolución es el siguiente:“La Sala ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite,con arreglo a lo previsto en el art. 50.1.a) LOTC, dada la inexistencia de violación de un derechofundamental tutelable en amparo, que, de acuerdo con el art. 44.1 LOTC, es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela.

A) Las causas alegadas no pueden considerarse como verdaderos motivos deamparo, ya que ninguna relación guardan con la conculcación de un derecho fundamental, pueses doctrina de este Tribunal que “no puede existir vulneración de los derechos constitucionalescomo consecuencia de la posible vulneración de la legalidad por parte de otra candidatura, puestoque no tiene cabida en los derechos constitucionales accionables en amparo el derecho alcumplimiento de la legalidad por parte de terceros” (STC 67/1987; doctrina que reiteran las SSTC70/1987, FJ Único; 113/1991, FJ 2).

B) No cabe esgrimir la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a lasfunciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) para oponerse al reconocimiento del derechofundamental ajeno, pues ello entrañaría no sólo una desnaturalización de la garantía misma, sinotambién el planteamiento ante este Tribunal de impugnaciones frente a la aplicación einterpretación de la Ley llevadas a cabo por los órganos administrativos y judiciales. Si talesórganos resolvieron razonadamente en virtud de una interpretación flexible y favorable del ejerciciode los derechos fundamentales, no por ello se depara discriminación alguna a las demáscandidaturas -y, entre ellas, a la que hoy recurre-, pues la igualdad que en este caso la Constitución preserva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opcionesdiferentes, sin que por ello se menoscabe derecho fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo electoral de sus conciudadanos, acceder al cargopúblico (STC 82/1987, FJ 2).

C) Finalmente, de conformidad con lo establecido en el art. 49.1 LOREG, la impugnación de la proclamación de la candidatura a que se refiere el presente proceso de amparo ha sido resuelta por el órgano judicial a quien correspondió su conocimiento, lo que impide apreciarla denunciada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2), que, según este Tribunal tiene declarado desde la STC 47/1983, de 31 de mayo, “exige que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permite calificarle de órgano especial o excepcional” (FJ2; doctrina reiterada, entre otras, en SSTC48/2003, FJ 17; 32/2004, FJ 4; 60/2008, FJ 2). Tales circunstancias concurren en el caso presente”.

Derecho Laboral / Labor Law

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El despido con permiso parental se calcula sobre la retribución completa         

Fuente: El Economista España

08 de mayo, 2019

-España-

El cálculo de las indemnizaciones por despido y recolocación de un trabajador por cuenta ajena en permiso parental a tiempo parcial, debe efectuarse sobre la base de la retribución a tiempo completo, tal y como dictamina el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en sentencia de 8 de mayo de 2019.

El ponente, el magistrado Marek Safjan, determina que el Acuerdo Marco sobre el permiso parental se opone a una disposición nacional que tiene en cuenta la retribución, de menor importe, percibida por un trabajador que disfruta de permiso parental a tiempo parcial cuando sucede el despido.

Recuerda el magistrado que el Acuerdo Marco sobre el permiso parental se basa en el compromiso de los interlocutores sociales de establecer medidas para permitir tanto a los hombres como a las mujeres conciliar sus responsabilidades profesionales y obligaciones familiares y que se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, con un contrato o una relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro.

Dice también el ponente, en su sentencia, que al igual que ocurre con la indemnización por despido, con arreglo al Acuerdo Marco sobre el permiso parental una prestación como el subsidio por permiso de recolocación debe determinarse íntegramente en función de la retribución correspondiente a las prestaciones laborales efectuadas a tiempo completo por ese trabajador.

Finalmente, la sentencia razona que el Estado miembro de la Unión Europea -Francia, en este caso-, no invoca ningún factor objetivamente justificado y, por tanto, concluye que la normativa controvertida no resulta conforme con el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, tal como establece el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE.