España

Derecho Civil / Civil Law

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Las renuncias a la vía judicial por las cláusulas suelo podrán ser declaradas abusivas

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de julio, 2020

-España-

 Los acuerdos de renegociación de cláusulas suelo podrán ser declarados abusivos por los jueces. Así lo ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante una cuestión prejudicial elevada por un juez de Teruel. Los consumidores podrán renunciar a ejercitar acciones judiciales, pero dicho acuerdo no surtirá efecto si no pasa los filtros de transparencia. La decisión abre un nuevo capítulo en la batalla por las cláusulas suelos y augura una oleada de nuevas reclamaciones judiciales por el asunto. 

Son legales si son transparentes

El TJUE da una de cal y otra de arena para las entidades de crédito. Por un lado, el tribunal acepta que el consumidor es libre de renunciar voluntariamente a ejercitar acciones legales. Por otro, declara que el consumidor no puede renunciar a la vía judicial sin conocer las consecuencias. Por ejemplo, que renuncie a acudir a tribunales sin ser consciente de a cuánto dinero está renunciando, ya que el banco podría incurrir de nuevo en un comportamiento abusivo.

Así, el tribunal de Luxemburgo establece que los jueces deben aplicar los mismos criterios de transparencia que aplicaron en los contratos hipotecarios. De esta forma, si el acuerdo de renegociación adolece de falta de transparencia (esto es, no existió “un consentimiento lire e informado”), el juez nacional puede declararlo nulo y “no vincula al consumidor”. El cliente tendría vía libre entonces para pleitear contra el banco y reclamar todas las cantidades pagadas en exceso por la cláusula suelo declarada nula. 

La decisión del TJUE supone un nuevo varapalo para el Supremo. La historia cumple siete años de pleitos y vaivenes. En 2013 el Tribunal Supremo declaró abusivas las conocidas como “clausulas suelo” cuando adolecían de falta de transparencia e información para el consumidor. Tres años más tarde el TJUE dictó que los bancos debían devolver todo lo cobrado por estas cláusulas a los consumidores. En este momento muchos bancos firmaron con clientes afectados acuerdos para evitar juicios, a cambio de un nuevo contrato hipotecario, con condiciones más ventajosas. Estas novaciones fueron avaladas por el Supremo.

El caso del juez de Teruel

El caso que ha originado la causa comenzó en 2010. Una promotora inmoiliaria firmó un contrato con Ibercaja con un tipo de interés anual no superior al 9,75 por ciento ni inferior al 3,25. En 2012 siguiente ambas partes firmaron un contrato de venta con subrogación de préstamo hipotecario a favor del banco. 

En 2014 se introdujo una cláusula que disponía que el tipo de interés variable no podía ser inferior al 2,35 por ciento, y otra cláusula donde se “renunciaba a las acciones legales o a interponer recursos en relación con las cláusulas contractuales”. La consumidora interpuso demanda, pero el banco alegó que existía una cláusula para renunciar a este tipo de acciones y que fue firmada de forma voluntaria. 

El TJUE se limita a declarar si el juez español puede estudiar la posible abusividad del banco español. No obstante, sí que resalta que el banco no facilitó a la consumidora una copia del contrato, ni permitió que se lo llevara consigo para que pudiera tener conocimiento de su contenido. 

Tras este fallo se abre un nuevo periodo de litigiosidad entre consumidores y bancos. Las entidades tendrán que demostrar caso por caso que el consentimiento fue dado correctamente. El juez deberá valorar y decidir, de nuevo, sobre la abusividad de estos acuerdos. 

Derecho Laboral / Labor Law

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España mantuvo a trabajadores migrantes “completamente desprotegidos” durante la pandemia, dice experto de la ONU

Fuente: Naciones Unidas

26 de junio, 2020

 España contrató a temporeros marroquíes durante la pandemia de coronavirus para la recogida de la fresa. A pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, ni el Gobierno ni las empresas tomaron medidas para protegerlos del COVID-19 y a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica.

 El relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Olivier De Schutter, dijo que las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones laborales que cumplan con las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada.

 Alrededor de 3000 mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a la ciudad española de Huelva durante la cosecha anual de fresas, donde a menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo en España y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto.

 “Los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo”, dijo De Schutter.

Los empresarios no tienen excusas

“Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos”.

 “La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional”, dijo De Schutter.

 La mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa el COVID-19.

 “La protección de los trabajadores migrantes estacionales en Huelva ha sido completamente descuidada durante la pandemia de COVID-19. Mientras que el resto de España estaba confinado para detener la propagación del virus, miles de trabajadores migrantes considerados ‘trabajadores esenciales’ fueron puestos a trabajar sin que se tomaran ni siquiera medidas básicas de higiene, sin materiales de protección y compartiendo herramientas”, dijo De Schutter.

 “Se alertó a las autoridades competentes, pero éstas han permanecido en silencio. Y cuando los trabajadores se enfermaban, no se garantizaba su acceso a la atención médica”.

El experto se ha puesto en contacto con los Gobiernos español y marroquí y las empresas interesadas para pedir aclaraciones sobre estas cuestiones.

Derecho Familia / Family Law

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El CGPJ aprueba la Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los hijos tras la ruptura matrimonial

Fuente: Noticias Jurídicas

25 de junio, 2020

-España-

 El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por 20 votos a favor y uno en blanco una Guía de criterios de actuación en materia de custodia, un documento que pretende proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial una herramienta práctica para la adopción de las decisiones relativas a la custodia de los hijos e hijas en procesos de separación, divorcio o ruptura de la pareja. El texto reclama, entre otras cuestiones, una reforma urgente de la legislación con el fin de regular de manera clara la custodia compartida; la especialización en materia de familia de órganos judiciales en primera y segunda instancia y la mejora en la comunicación entre los juzgados de familia y los juzgados penales para garantizar la seguridad de los menores en los casos de violencia doméstica o de género. 

El trabajo, impulsado por la Comisión de Igualdad, ha sido realizado por un grupo multidisciplinar de expertos y expertas en derecho de familia procedentes de la judicatura, la Fiscalía, la abogacía especializada y los institutos de medicina legal y forense, y ha sido coordinado por los vocales de la Comisión de Igualdad Clara Martínez de Careaga, que la preside, Gerardo Martínez Tristán y Concepción Sáez, y por el vocal de la Comisión Permanente Álvaro Cuesta Martínez. 

La Guía, de más de 400 páginas, parte de la realización de un minucioso examen de la jurisprudencia en materia de custodia en general y de custodia compartida, en particular. A tal fin, se han analizado separadamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo (desde las primeras sentencias en materia de custodia compartida, dictadas en 2009, hasta las de 2019); la jurisprudencia emanada de 103 sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con derecho civil foral propio en materia de familia (Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra); y la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Albacete, Barcelona, Cáceres, Coruña, Granada, Islas Baleares, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valladolid, Valencia, Vizcaya y Zaragoza, de las que se han analizado un total de 616 sentencias dictadas en 2018 en procedimientos de familia en los que se reclamaba o debatía la custodia compartida. 

Este minucioso estudio permite tener una idea completa de cuál es la respuesta judicial en relación con la custodia –en particular de la custodia compartida- en procesos de ruptura de la pareja a todos los niveles judiciales y en los distintos territorios. 

Reforma urgente de la ley

Tras el análisis de la jurisprudencia, la Guía destaca la necesidad inaplazable de llevar a cabo mejoras profundas y de distinta naturaleza. 

Así, propone, como primera y más importante de ellas, una reforma orgánica que establezca la especialización en materia de familia de los órganos judiciales de primera y de segunda instancia. Esta especialización, dentro del orden jurisdiccional civil, debería ir acompañada de una reforma de la planta judicial, de la creación de secciones especializadas dentro del Ministerio Fiscal y de una formación adecuada y obligatoria de todos los jueces y juezas que deban resolver procesos de familia sobre materias metajurídicas propias de disciplinas como la psicología o la sociología, entre otras.

Entre las mejoras de naturaleza sustantiva que reclama la Guía figura, en lugar destacado, una reforma de la ley para regular de manera clara y completa la custodia compartida. La norma debe establecer los criterios que habrán de tenerse en cuenta para determinar cuándo puede adoptarse este régimen de custodia, cómo han de organizarse los tiempos de estancia con cada progenitor, las contribuciones de los progenitores a los alimentos de los hijos e hijas o cómo debe resolverse el uso del domicilio familiar si se opta por la guarda compartida.

La ley debe, además, fijar las pautas que permitan establecer el tipo de custodia más adecuado en cada caso; regular los supuestos de cambio de lugar de residencia del progenitor que tiene asignada la guarda de los hijos (individual o compartida); mejorar y completar la regulación sobre pago de alimentos y gastos en general, así como sobre el destino que deberá darse a la vivienda que constituía el domicilio familiar tras la ruptura.

También serían necesarias reformas de naturaleza procesal. Entre otras, establecer la obligación para las partes en un proceso de familia de aportar un plan de parentalidad que regule de forma concreta y precisa el modo en que los progenitores proponen organizar el cuidado y atención de los hijos e hijas; paliar el vacío legal existente en relación con la ejecución de las sentencias de familia con una regulación clara y completa de esta materia compleja, así como acortar los tiempos en la tramitación de los procesos de familia.

Criterios para la adopción del modelo de custodia

A la hora de establecer los criterios que los jueces y juezas deben valorar, la Guía parte de dos premisas básicas: 

–    La custodia compartida no debe entenderse como un reparto aritmético de los tiempos de convivencia de los hijos con cada progenitor sino como ejercicio efectivo de una coparentalidad responsable. El objetivo no es repartirse el tiempo a partes iguales sino equiparar la dedicación a los hijos e hijas en términos de tiempo y esfuerzo, y crear un vínculo afectivo que permita a los hijos e hijas mantener tanto el referente materno como el paterno.

–    Ningún modelo de custodia es mejor o peor que otro por naturaleza. El régimen de custodia debe determinarse en cada caso concreto previo examen detallado de las circunstancias específicas y particulares de cada grupo familiar y atendiendo exclusivamente a estas circunstancias particulares. En todo caso es preciso evitar posturas generalistas o estereotipadas sobre los distintos modelos de custodia.

Partiendo de estas dos consideraciones básicas, la Guía da una serie de recomendaciones a los jueces y juezas que deben decidir sobre la modalidad de custodia. Entre ellas, destacan la necesidad de dar a la audiencia de los niños y las niñas la relevancia que se le reconoce en la legislación interna y en los tratados internacionales; de desterrar posiciones personales previas sobre “el mejor modelo” de custodia; tratar de averiguar los motivos que subyacen a las peticiones de las partes en materia de custodia, descartando aquellas que obedezcan a motivaciones distintas de las estrictamente vinculadas con el cuidado y atención a los hijos, o valorar la actitud de cada progenitor a la hora de asumir sus responsabilidades, su disposición para llegar a acuerdos con el otro progenitor que se refieran a los hijos e hijas y su capacidad para mantener a los hijos e hijas fuera del conflicto de pareja.

Custodia en situaciones de violencia de género o doméstica

La Guía incluye un capítulo específico dedicado a la custodia en aquellos casos en que se han producido situaciones de violencia sobre la mujer o los hijos e hijas.

Tras analizar tanto la normativa como la jurisprudencia en la materia, el texto apela a la necesidad inaplazable de mejorar la coordinación y el sistema de intercambio de información entre los órganos judiciales que tramitan los procedimientos civiles de separación, divorcio o ruptura de la pareja en casos de violencia de género y los que tramitan los procedimientos de naturaleza penal.

La desconexión que actualmente existe entre unos y otros órganos judiciales, señala la Guía, provoca que en la causa civil (en la que se resuelve la ruptura de la pareja) no se suela tener constancia de lo que se va produciendo en la causa penal y viceversa. En consecuencia, las resoluciones dictadas en el procedimiento civil de familia quedan incompletas sin la información sobre la marcha del proceso penal, que resulta imprescindible para adecuar las medidas relativas a la custodia de los hijos e hijas y evitar situaciones que incrementen el riesgo. Asimismo, el sobreseimiento de la causa penal o su finalización por sentencia absolutoria deberían ser conocidos en la esfera civil a fin de poder adecuar a la nueva situación las medidas de esta naturaleza que ya hayan sido adoptadas con carácter provisional.

Identificador de la unidad familiar

La Guía propone el establecimiento de un identificador único para cada unidad familiar en todo el territorio. Se trataría de un sistema similar al de las “historias clínicas” médicas al que pudieran acceder los órganos judiciales, siempre con las medidas necesarias para la protección de los datos personales. De este modo, toda la información necesaria estaría a disposición de los órganos que deben tomar decisiones sobre la custodia de los hijos.

Otras mejoras propuestas por la Guía se refieren a la ampliación de las competencias de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer a todos los supuestos de violencia de género, así como a la clarificación legal de los criterios de competencia a nivel estatal e internacional –cuándo debe actuar el órgano penal y cuándo el civil- y la agilización de los conflictos de competencia mediante la creación en los Decanatos de órganos de decisión urgente.  

La Guía contiene además una serie de criterios específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la guarda y custodia cuando se han producido situaciones de violencia en el seno de la familia. Entre estos criterios cabe destacar los siguientes:

–    La prioridad es siempre el interés del menor, por lo que todas las decisiones deberán adoptarse de acuerdo con las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.
–    No debe confundirse una situación de alta conflictividad en la pareja con las situaciones propiamente calificables de violencia de género o violencia familiar.
–    De acuerdo con la evolución de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la mera existencia de una denuncia por violencia de género no resulta suficiente para denegar la posibilidad de una guarda compartida. 
–    Es importante comprobar la existencia en los progenitores de una capacidad real de establecer una comunicación razonable entre ellos, pues la custodia compartida exige una comunicación más fluida que la custodia individual.
–    Si existe una situación de violencia estructural, se excluirá la guarda compartida aunque no exista condena penal firme.
–    Si el menor ha presenciado los hechos denunciados, no existe justificación razonable alguna para establecer o mantener una guarda compartida, pues se ha producido un ataque a la su integridad moral y al desarrollo de su personalidad.
–    La estimación de la orden de protección tras una denuncia también debe excluir la posibilidad de atribución de la guarda compartida o exclusiva en favor del investigado.
–    La audiencia a los hijos antes de tomar la decisión sigue siendo imprescindible, pues constituye un derecho reconocido tanto por la legislación internacional como por la interna.

En todo caso, el estudio de las sentencias ha permitido concluir que lo preferible es el examen y decisión individualizados en cada caso. Es importante que las resoluciones valoren la edad de los hijos y que se tengan en cuenta los informes periciales realizados tanto en la causa civil como en la penal.   

Régimen de visitas en casos de violencia

Otra de las cuestiones esenciales a las que se debe enfrentar el órgano judicial ante una posible situación de violencia de género o violencia familiar es si procede suspender o mantener el régimen de visitas y, en este último caso, establecer medidas de restricción o de control. Entre los criterios que se proponen en la guía para resolver esta cuestión cabe destacar la gravedad y reiteración de los hechos denunciados; si se ha utilizado a los menores como instrumento para ejercer el dominio y la violencia sobre la mujer; la presencia o no de los hijos en los hechos investigados; la vinculación del padre con los hijos; y la opinión del hijo o la hija.

Cuando hayan de decretarse restricciones en las comunicaciones con los hijos por la apreciación de indicios de violencia deberán adoptarse medidas de control y seguimiento posteriores a la sentencia. En este punto, cobran importancia los Puntos de Encuentro Familiar, respecto de los que la Guía señala que deben existir en número suficiente y dotarse de los medios personales y materiales necesarios.


Pued consultar el texto íntegro de la Guía en el siguiente enlace: 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Estadisticas–estudios-e-informes/Estudios/Guia-de-criterios-de-actuacion-judicial-en-materia-de-custodia-compartida

Derecho Laboral / Labor Law

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El Supremo reconoce el derecho de una funcionaria a reducir su jornada y conservar el sueldo para cuidar de su hijo enfermo

Fuente: Noticias Jurídicas

 10 de junio, 2020

La Sección Cuarta de lo Contencioso ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra la sentencia del TSJ de Castilla La Mancha que reconoció el derecho a una mujer funcionaria a reducir su jornada laboral al 50%, manteniendo su retribución íntegra para cuidar a una niña menor con diabetes Mellitus tipo 1, considerada como enfermedad grave.

Cuando la mujer solicitó la reducción de su jornada laboral su hija tenía 5 años de edad, necesitaba dos controles de azúcar en horario escolar y el colegio público donde estaba escolarizada no disponía de personal sanitario para asumir los controles a la niña.

La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha había rechazado la solicitud de reducción al 50% de la jornada diaria laboral al entender que no constaba la necesidad de requerir una atención directa, continuada y permanente equiparable a la que precisaría la menor de estar hospitalizada, requisito contemplado en el artículo 49.e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El mencionado artículo 49.e) del EBEP permite al funcionario reducir su jornada de trabajo en al menos la mitad de la duración y sin reducir su retribución cuando tiene un hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad grave para el cuidado durante la hospitalización del niño y tratamiento continuado o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del Servicio Público de Salud.

En su recurso de casación, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha alegaba que se habían vulnerado las normas citadas porque en el caso concreto no existe ni hospitalización, ni el tratamiento continuado, ni siquiera cuidado en el domicilio del menor.

La cuestión analizada por la Sala es si ese artículo 49.e) resulta de aplicación en los supuestos en que no resulta necesaria dicha hospitalización. Y en caso de concluir que no resulta necesaria dicha hospitalización, si el cuidado directo, continuo y permanente, puede ser interpretado de forma compatible con la escolarización del menor.

Falta de desarrollo reglamentario

El tribunal en su sentencia explica que no se ha desarrollado el EBEP y concretamente la aplicación de su artículo 49.e) tal y como había recomendado el Defensor del Pueblo en 2013 y acordado la Comisión del Empleo Público para concretar los supuestos en los que es aplicable ese permiso a los padres sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hayan de darse simultáneamente. 

En ausencia del desarrollo reglamentario estatal, ni del autonómico en el caso concreto analizado, el tribunal se basa en el Anexo del11 Real Decreto 1148/20 para concluir que la Diabetes Mellitus tipo 1 es una enfermedad grave que precisa atención continuada y permanente. “Es notorio que los centros públicos españoles suelen carecer de personal sanitario para atender necesidades sanitarias de carácter permanente o que requieran una atención sanitaria continuada en el tiempo”, subraya la Sala. Por ello la Sala entiende que el artículo 49.e) del EBEP resulta de aplicación en los supuestos en que no es necesaria la hospitalización del menor, pero sí es necesario un cuidado directo, continuo y permanente, aunque el menor se encuentre escolarizado

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El banco está obligado a pagar la transmisión de hipotecas motivadas por las fusiones entre entidades

Fuente: El Economista España

04 de junio, 2020

-España-

La entidad bancaria no puede cargar a sus clientes los gastos del Registro de la Propiedad por transmisiones de hipotecas acordadas entre las propias entidades bancarias.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en cuatro sentencias (una de fecha 13 de mayo, otras dos del 14 y la última de 25 del mismo mes), que establecen doctrina sobre cómo deben girarse los honorarios arancelarios devengados por el Registro de la Propiedad en supuestos de operaciones bancarias que no son de saneamiento y reestructuración sino que se trata de operaciones por razones de conveniencia empresarial y son ordinarias.

Los ponentes (Menéndez Pérez, Herrero Pina, Olea Godoy y Borrego Borrego) parten del criterio ya establecido por la Sala sobre el alcance de la Disposición adicional segunda de la Ley de Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, que establece que esa disposición sólo es aplicable a operaciones realizadas por las entidades financieras- de transmisión de activos entre ellas a través de absorciones, fusiones, escisiones u otras- se insertan en las reguladas como de “saneamiento y reestructuración de tales entidades”.

En uno de los casos, una hipoteca había sido transmitida entre dos entidades bancarias, al haberse fusionado y transmitirse los derechos reales.

El Registro giró la minuta por la operación de transmisión de la titularidad de los derechos reales de hipoteca y por la operación de cancelación de la hipoteca.

En este caso, la Sala niega el derecho del registrador de gravar al prestatario con ambos aranceles, entendiendo que sólo puede ser gravado por los derivados de la cancelación.

En estos casos, la operación de ha realizado por razones de conveniencia empresarial y no de saneamiento y reestructuración.

En otro de los casos, un Registro, ante una cancelación de hipoteca trasmitida por una fusión bancaria, había girado la minuta a la entidad bancaria adquirente de la hipoteca. La Sala considera conforme a derecho la doble minuta, una girada al prestatario por la cancelación y otra a la entidad bancaria adquiriente por la transmisión previa.

Finalmente, en otra de las sentencias, se aborda la importancia del nuevo recurso de casación, pues el monto económico era de 25 euros, tal y como informó elEconomista el pasado 28 de mayo.

El ponente, Borrego Borrego, determinaba que a absorción de una entidad financiera por otra no es una operación de saneamiento y reestructuración.

Derecho Civil / Civil Law

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Tribunal Supremo: nacer en el Sáhara durante la etapa de colonialismo español no da derecho a la nacionalidad española de origen

Fuente: Noticias Jurídicas

05 de junio, 2020

-España-

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de los Registros y del Notariado (en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) contra la sentencia de una Audiencia Provincial que había declarado la nacionalidad española de origen de la demandante, nacida en el Sahara Occidental en 1973.  

La sentencia recurrida había declarado la nacionalidad española de origen aplicando el art. 17.1.c) del Código Civil, que reconoce ese estatus a «los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad».

El Pleno de la Sala considera que el Sahara Occidental no formaba parte de España a los efectos de dicha norma. En la interpretación del precepto, la Sala se atiene a la normativa española más específica sobre la materia, constituida por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.

El preámbulo de dicha ley, tras constatar que el territorio no autónomo del Sahara había estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial, declaraba rotundamente que el Sahara «nunca ha formado parte del territorio nacional».

El RD 2258/1976, por su parte, arbitraba el sistema para que los naturales del Sahara que cumplieran determinados requisitos pudieran optar por la nacionalidad española en el plazo máximo de un año.

En consecuencia, cualquiera que sea la opinión que merezca esa normativa específica y cualquiera que sea la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara Occidental, lo indiscutible es que esa normativa específica reconoce la condición colonial del Sahara y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española.

La anterior interpretación, además, es armónica con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que viene reconociendo el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su descolonización y cuyas circunstancias son similares a las de la demandante del presente litigio.  La sentencia cuenta con un voto particular, suscrito por tres magistrados, que consideran que el reconocimiento de la nacionalidad española de origen al amparo del art. 17.1.c) CC no es contrario a la doctrina del Tribunal Supremo y que el recurso de casación debería haber sido desestimado. 

Derecho Ambiental / Environmental Law

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La CNMC publica el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Fuente: Noticias Jurídicas

20 de mayo, 2020

-España-

  La CNMC ha publicado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que analiza los cambios normativos propuestos por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por España en la materia. (IPN/CNMC/004/20).

El texto alude a la diversificación del mix energético (estrictamente referido a fuentes renovables) y la regulación del sector energético, así como a la sostenibilidad en los transportes y la movilidad (terrestre, marítima y aérea). Además, se contemplan medidas de transición hacia nuevos escenarios económicos derivados del cambio climático.

Retribución de renovables

La CNMC considera positivo que se mantenga un sistema basado en la competencia entre las distintas empresas para impulsar el desarrollo de instalaciones de generación renovables. Sin embargo, explica que es demasiado rígido fijar un volumen mínimo de puesta en servicio de al menos 3.000 MW cada año y hacerlo además a través de una ley. 

En cuanto al sistema de retribución propuesto, que dejará de tomar como referencia  la capacidad instalada para tener en cuenta un precio fijo por la energía generada, la CNMC señala que no está claro si estos procedimientos de concurrencia competitiva o subastas son compatibles o mutuamente excluyentes con los previstos en la vigente Ley del Sector Eléctrico. 

La CNMC considera positivo que el nuevo sistema retributivo tenga en cuenta las distintas tecnologías y sus diversos costes de producción. De lo contrario, tecnologías complementarias a la eólica y la fotovoltaica a gran escala podrían no encontrar incentivos a su instalación. 

Además, es importante que las subastas que se convoquen se analicen siempre bajo la normativa europea de ayudas de Estado, que solo permite retribuir las instalaciones renovables que no sean competitivas solo con la venta a mercado.

Obligación de comunicación a la CNMC

Por otra parte, considera muy positivo que el texto contemple que se imponga a los grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad o gas natural (como Red Eléctrica de España, Enagás Transporte  y Reganosa),  la obligación de comunicar a la CNMC las adquisiciones que realicen en  actividades de diversificación y de internacionalización. 

La CNMC recuerda que se trata de grupos empresariales cuya cifra de negocios procede en su mayoría de la sociedad que desempeña actividades reguladas. Esto significa que su actividad y las funciones que le han sido legalmente atribuidas revisten una extraordinaria importancia estratégica para el sector eléctrico o gasista. 

Además, la CNMC propone ampliar la redacción de la disposición final segunda del anteproyecto para impedir que las sociedades que ejercen actividades reguladas puedan otorgar directamente préstamos a otras sociedades de su mismo grupo empresarial.

Asimismo, la CNMC propone que se le incluya en el grupo de organismos (Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) que, cada dos años, tendrán que elaborar informes sobre el riesgo para el sistema financiero y energético español derivado del cambio climático y de las políticas llevadas a cabo para combatirlo.

Almacenamientos de energía

En cuanto a  la titularidad de las instalaciones de almacenamiento, sería oportuno transponer los aspectos de la Directiva (UE) 2019/944 que establecen que los gestores de redes de distribución o de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía, salvo excepciones autorizadas.

Además, considera que conviene aclarar si la modificación introducida en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, podría conllevar perder, como ingresos del sistema eléctrico, todos o parte de los procedentes de las subastas de derechos de emisión.

Puntos de recarga eléctrica y contratación pública

Por otra parte, sobre la obligación para los titulares de estaciones de servicio de instalar puntos de recarga del coche eléctrico, la CNMC señala que  se debería permitir, como alternativa a que ellos mismos realizaran la inversión, que fuera un tercero (contrato de hospitalidad) el que utilizara el espacio de la estación de servicio e instalara y gestionara el punto de recarga.

Finalmente, la CNMC recuerda que al utilizar la contratación pública como un instrumento para luchar contra el cambio climático, se debe tener en cuenta que los criterios medioambientales estén relacionados con el objeto del contrato, ser objetivos, respetuosos con los principios  de contratación pública y figurar, junto con la valoración que se les atribuya, en el pliego correspondiente. 

Derecho Civil / Civil Law

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Así es la nueva Ley Concursal: el triple de artículos y con novedades por la crisis del COVID-19

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de mayo, 2020

-España-

“La historia de la ley concursal es la historia de sus reformas”. Así lo reconoce la Comisión General de Codificación encargada de esta refundición legal.

El Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal tiene como objetivo ordenar un texto que las sucesivas reformas habían enmarañado; redactar las proposiciones normativas de modo que sean fáciles de comprender y, por tanto, de aplicar; eliminar las contradicciones e incluso las normas duplicadas e innecesarias y servir de base para la incorporación de futuras regulaciones.

Este nuevo Real Decreto se divide en tres libros:

– El libro I, el más extenso, está dedicado al concurso de acreedores. El lector pronto comprobará que, en la distribución de la materia entre los distintos títulos existen diferencias importantes con la sistemática de la Ley 22/2003, de 9 de julio. Así, por ejemplo, hay un título específico sobre los órganos del concurso, dividido en dos capítulos, uno dedicado al juez del concurso y otro a la administración concursal;

– El libro II, versa sobre el derecho preconcursal y se divide en cuatro títulos independientes: el primero, tiene como objeto la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores; el segundo, se ocupa de los acuerdos de refinanciación, cuyo episódico régimen, tan trabajosamente diseñado por el legislador, adquiere ese mínimo de unidad y autonomía que se reclamaba; el tercero es el relativo a los acuerdos extrajudiciales de pago, cuya disciplina, se añadió a la Ley Concursal por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, modificado por la Ley 25/2015, de 28 de junio; y el último se ocupa de las especialidades del concurso consecutivo, sea a un acuerdo de refinanciación, sea a un acuerdo extrajudicial de pagos.

– En el libro III se incluyen las normas de derecho internacional privado que hasta ahora contenía el título IX de la Ley 22/2003. La razón de la creación de este último libro se encuentra en el Reglamento (UE) 2015/848. Existían normas del derecho internacional privado de la insolvencia, hasta ahora circunscritas al concurso de acreedores, que deberán aplicarse a los acuerdos de refinanciación y a los acuerdos extrajudiciales de pagos, por lo que la coherencia sistemática exigía esta posposición.

Reordenación, clarificación, armonización y preparación

Son cuatro las palabras que reflejan la labor realizada en esta norma: Reordenación, clarificación, armonización y preparación

Reordenación

La alteración de la sistemática llevada a cabo por el nuevo texto legal facilita la identificación de la norma y la comprensión de la función que cumple. Esta nueva distribución ha supuesto el traslado y la recolocación de muchos artículos hasta ahora contenidos en Títulos diferentes de la Ley Concursal.

Entre otros muchos ejemplos significativos, en el Título IV, dedicado a la masa activa, no sólo se incluye lo relativo a su composición o lo referente a la conservación de la misma, sino que también se incorporan, por primera vez, las reglas generales de enajenación de los bienes y derechos que la componen; los regímenes de reintegración y reducción; y la regulación de los créditos contra la masa (además de las especialidades en caso de insuficiencia).

Clarificación

Queda claro y valga la redundancia, que un elevado número de artículos se han redactado de nuevo, para precisar, sin alterar el contenido, cuál es la interpretación de la norma.

En este sentido, el legislador, con esta nueva norma, no sólo ha pretendido ofrecer un texto que fuera sistemático claro e inteligible, sino que también ha afrontado una verdadera tarea refundidora con “ajustes” importantes orientados a mantener la unidad de conceptos; convertir en norma expresa principios implícitos; completar soluciones legales colmando las lagunas existentes; y, rectificar las incongruencias detectadas. Son estas razones, por las que algunos afirman que la labor técnica de elaboración de la nueva ley aporta, «contenido innovador»

Armonización

Son más de 750 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado. Quinientos diez más que los de la Ley que ha derogado (Ley 22/2003, de 9 de julio). Este incremento, en parte se debe a que en el nuevo Texto se dedica un artículo a cada materia, evitando que un mismo precepto se ocupe de cuestiones distintas o heterogéneas.

En ocasiones, un solo artículo de la Ley Concursal ha dado lugar a todo un capítulo o a toda una sección: Así, el artículo 5 bis de la Ley Concursal, sobre comunicación de negociaciones con los acreedores (Actualmente en el Libro Segundo, Título I, Capítulo I arts. 583 y ss.); el artículo 64, sobre los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de trabajo (Actualmente en el Libro Primero, Título III, Capítulo IV, Sección 4ª arts. 169 y ss.); el artículo 100, sobre contenido de la propuesta de convenio; el artículo 149, sobre reglas legales en materia de liquidación de la masa activa; el artículo 176 bis, sobre especialidades de la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa; o el artículo 178 bis, sobre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. (Actualmente en el Libro Primero, Título XI, Capítulo II, Sección 1ª arts. 486 y ss.)

Un caso particular es el del artículo 71 bis, sobre el régimen especial de rescisión de determinados acuerdos de refinanciación, y de la disposición adicional 4a, sobre homologación de esos acuerdos, que han dado lugar a todo un Título. (Libro Segundo, Título II, arts. 596 y ss.)

Acuerdos de Refinanciación

A propósito de los acuerdos de refinanciación solo lamentar la oportunidad perdida de solventar las numerosas deficiencias detectadas en su aplicación. Quizás sea aquí donde los límites de la refundición resultan más patentes pues la delegación para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones, a pesar del “matiz innovador” mencionado.

Preparación

El texto refundido aprobado el pasado 5 de mayo busca también, la preparación de la norma para su actualización con la próxima incorporación de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Igualmente, permitirá poner en marcha futuras reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la actual crisis del COVID-19, que podrán sumarse a las medidas excepcionales ya adoptadas en el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril.

El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo; y de ello es consciente el legislador y la propia Unión Europea que ha desarrollado una importante iniciativa normativa a través de Directivas.

Así pues, en un futuro no muy lejano, antes de junio de 2021, las empresas españolas con dificultades financieras contarán con mejores condiciones. Entre otras, les resultará más fácil establecer medidas preventivas que vayan más allá del procedimiento de insolvencia:

• En particular las PYME, tendrán acceso a los mecanismos de alerta rápida para detectar posibles deterioros de la empresa, y garantizar la reestructuración en una fase temprana.

• El deudor disfrutará de un «respiro» temporal, en relación con las ejecuciones, con el fin de facilitar las negociaciones y el éxito de la reestructuración.

• Los acreedores y los accionistas minoritarios disconformes no podrán bloquear los planes de reestructuración, pero se protegerán sus intereses legítimos.

• La nueva financiación será objeto de control específico aumentando así las posibilidades de éxito de la remodelación.

• Mediante los procedimientos de reestructuración preventiva, los trabajadores gozarán de plena protección del Derecho laboral, de conformidad con la legislación vigente de la UE.

• Unos marcos de reestructuración tutelados y flexibles simplificarán los largos, complejos y costosos procedimientos judiciales. En su caso, se asociará a los órganos jurisdiccionales nacionales para asegurar la protección de los intereses de las partes interesadas.

• La formación y la especialización de los profesionales del Derecho y los tribunales, y el uso de la tecnología en línea (por ejemplo, presentación de reclamaciones, notificaciones a acreedores), mejorarán la eficiencia y la duración de los procedimientos de insolvencia, reestructuración y concesión de una segunda oportunidad.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El Gobierno relaja la Ley Concursal ante la avalancha de quiebras que se prevé

Fuente: El Economista España

26 de abril, 2020

-España-

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19.

Así, en los pagos pendientes, que venzan después de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020, quedarán aplazados por seis meses, sin intereses, por el periodo de aplazamiento, a contar desde la fecha de los vencimientos, cualquiera que sea la duración de la espera pactada.

El borrador, pendiente de posibles modificaciones en la reunión ministerial, regula que esta moratoria no afectará a las demás obligaciones del convenio por el deudor o terceros, así como tampoco a los acuerdos singulares de pago que el concursado haya alcanzado con acreedores no vinculados al convenio previos al estado de alarma.

Desde la fecha de eficacia del convenio, se aplicarán estas reglas a aquellos que, habiendo alcanzado las mayorías del pasivo concursal ordinario, estuvieran pendientes de aprobación por el juez al declararse el estado de alarma.

Modificación de convenio

Durante el año siguiente al fin del estado de alarma, el concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio en período de cumplimiento, a la que acompañará una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio, no hayan sido satisfechos, así como un plan de viabilidad y un plan de pagos. La propuesta se tramitará con arreglo a las mismas normas del convenio originario.

A lo largo de los seis meses siguientes al fin del estado de alarma, el juez trasladará al deudor las solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio que presenten los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses desde la fecha de presentación. En esos tres meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitarán con prioridad sobre la solicitud de declaración de incumplimiento.

En caso de liquidación, se considerarán créditos contra la masa los derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la de modificación del ya aprobado por el juez.

Desde la entrada en vigor del real decreto-ley y durante el año siguiente a al estado de alarma, el deudor que tenga homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado, que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Acuerdo de refinanciación

Durante los seis meses siguientes al estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes desde la fecha de presentación.

En este mes, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación. Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado el deudor no ha alcanzado un acuerdo de modificación del que está en vigor u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento de los acreedores.

En los concursos que se declaren dentro de los dos años siguientes al estado de alarma, se considerarán créditos ordinarios los derivados de ingresos de tesorería por préstamos o créditos, que desde la declaración del estado de alarma se le hayan concedido por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas.

No declararación del concurso

El deudor que se encuentre en estado de insolvencia por la crisis del Covid-19 no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis  si con anterioridad al 14 de marzo de 2020 no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso.

También, hasta el último día de este año, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor en estado de insolvencia por el Covid-19, que haya comunicado al juzgado el inicio de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o uno extrajudicial de pagos, o, en su caso, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo establecido en la Ley Concursal. 

Inventario y lista de acreedores

En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no haya presentado el inventario y la lista provisionales de acreedores y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de la vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento.

Tramitación preferente

Hasta que transcurra un año a contar desde la finalización del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente siete tipos de procedimiento: 1) los incidentes concursales en materia laboral; 2) las actuaciones orientadas a la venta de unidades productivas o de los elementos del activo; 3) las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en período de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio; 4) los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio; 5) los incidentes concursales sobre reintegración de la masa activa; 6) la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviese vigente; y 7) la adopción de medidas cautelares y, en general, cualquier otra que, a juicio del Juez del concurso, puedan contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la finalización de la vigencia del estado de alarma y en los que se estén tramitando a esa fecha, las subastas de bienes y derechos y de unidades productivas de la masa que se realicen durante la fase de liquidación deberán ser extrajudiciales, aunque el plan de liquidación establezca otra cosa.

Aprobación del plan de liquidación

Cuando a la finalización del estado de alarma hayan transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el juez deberá dictar auto de inmediato, en el que aprobará el plan de liquidación, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Si a la finalización de la vigencia del estado de alarma el plan de liquidación presentado por la administración concursal aún no está de manifiesto en la oficina del juzgado, el letrado de la administración de justicia así lo acordará y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez del concurso.

Mediador concursal

El mediador concursal que sea designado para intervenir en un acuerdo extrajudicial de pagos deberá aceptar el nombramiento, salvo causa justificada aceptada por quien le ha nombrado, hasta el 31 de diciembre de 2020. Si no lo acepta, sin justificación, no podrá ser designado ni mediador ni administrador concursal por un plazo de tres años en la provincia en la que radique la notaría o el registro que lo haya designado.

Reducción de capital por pérdidas

Para determinar las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución, no se computará el resultado del ejercicio que se cierre en el año 2020. Solo será de aplicación excepcional en el ejercicio social que se cierre en el año 2020.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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Un juez declara nula una cláusula IRPH por no cumplir con el criterio de transparencia del TJUE

Fuente: Noticias Jurídicas

30 de abril, 2020

-España-

Un Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca declara nula la cláusula IRPH contenida en una escritura de préstamo con garantía hipotecaria por incumplir la exigencia de transparencia según los criterios establecidos por el TJUE en su reciente sentencia de 3 de marzo de 2020.

La Juez considera que no ha quedado probado que la entidad financiera facilitara información específica o adicional al consumidor relativa al alcance y funcionamiento concreto de este índice de referencia en el marco del contrato de préstamo ofertado, tanto en la fase precontractual, como en las fases de perfección y ejecución del contrato.

Partiendo de la base de ser la cláusula litigiosa una condición general de la contratación, no negociada individualmente, señala que, en este caso, no se define con precisión dicho índice de referencia, sino que contiene una remisión normativa al señalar que la definición del mismo está en una Circular. Ello no se considera como información precontractual o contractual pues es requisito obligatorio que el contrato contenga perfectamente definidos los elementos del mismo y las fórmulas de cálculo, especialmente los elementos esenciales y las cláusulas complejas u oscuras, no siendo admisible que sea el consumidor quien tenga que informarse del funcionamiento de dicha cláusula mediante su propia búsqueda de información, fuera del contrato.

Un índice complejo

Asimismo, tiene en cuenta la especial complejidad y dificultad del índice IRPH, tanto por su fórmula de cálculo como por su configuración, lo que dificulta su comprensión por el prestatario consumidor.

Por otra parte, destaca el hecho de que el Banco era conocedor del carácter residual de su utilización, pues más del 80% de los préstamos hipotecarios ya venían en el año en el que se concertó el préstamo, referenciados al Euríbor como índice aplicable, con el que estaba más familiarizado el consumidor.

Además, no suministró al prestatario información sobre la fluctuación de este índice de referencia, ni sobre su posible comportamiento, toda vez que, desde su aplicación, el IRPH se ha mantenido en valores superiores a otros índices más usuales y conocidos por el consumidor medio, como el EURIBOR. Tampoco le informó de las circunstancias concretas del modo de cálculo, ni de la posibilidad que tenían las Cajas o entidades financieras de influir sobre dicho cálculo.

El Banco debió haber facilitado al consumidor con carácter precontractual las diferentes gráficas, extraídas con datos del Banco de España y conocidas por dicha entidad, a los efectos de dar a conocer la evolución de uno y otro tipo (IRPH y EURÍBOR), y debió realizar simulaciones en diferentes contextos alcistas y bajistas de cada uno de los índices de referencia.

Termina la sentencia señalando que, tal y como considera razonable la doctrina del TJUE, no consta que la entidad financiera informara al prestatario de la evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración del contrato de préstamo y del último valor disponible, lo que hubiera podido dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés.