España

Derecho Penal / Criminal Law

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El Tribunal Supremo absuelve a un médico que accedió al historial de su exmujer

Fuente: El Economista España

10 de octubre, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución de un médico que consultó el historial de su exmujer. La sentencia, de 17 de junio de 2019, destaca que las consultas del facultativo no causaron ningún perjuicio a la afectada y que el doctor ya conocía todos los datos a los que accedió porque había sido su médico de cabecera durante años.

“El mero acceso no integraría delito, salvo que se acreditara perjuicio para el titular de los datos o que este fuera ínsito, por la naturaleza de los descubiertos, como es el caso de los datos sensibles”, señala el Supremo. El fallo interpreta así el artículo 197.2 del Código Penal, sobre la revelación de secretos.

El fallo asegura que la consulta no causó ningún perjuicio a la paciente y que el facultativo ya conocía esos datos

“Es una interpretación integradora, que acota el ámbito delictivo, de otro modo desmesurado y con sanciones graves para conductas en ocasiones inocuas”, apunta el magistrado Monterde Ferrer, ponente del fallo. “A su vez, supera la crítica de quienes entendían que al limitar la punición del mero acceso a los datos que causan un perjuicio apreciable a los datos sensibles, suponía una restricción excesiva, pues se produce el efecto de asimilar el perjuicio a la parte más básica de la intimidad”, añade .

De este modo, el Supremo concluye que la conducta de autos no identifica ningún perjuicio alegado por la afectada. “El acusado accedió a la base de datos, que se encontraba legalmente a su disposición profesional, para consultar en un primer momento el parte de asistencia extendido a la señora, del que tenía previamente conocimiento al haber sido aportado por la lesionada al interponer una denuncia contra él, haciéndolo con el propósito de verificar la entidad de las lesiones que presentaba la misma”, señala la sentencia.

El citado parte facultativo fue resultado de una discusión que terminó con el matrimonio y que se incluyó en otra denuncia. “La aportación al proceso no supuso revelación alguna, ya que se trataba de datos necesarios para la resolución de la contienda”, dice el Supremo. “En todo caso, además, la incorporación de los datos de carácter económico que pudieran afectar al acusado fue acordado por la autoridad judicial y no han trascendido fuera del procedimiento civil”, determina la sentencia del Tribunal Supremo.

“La expresión del perjuicio no supone que el delito incorpore una finalidad económica”

“En la segunda ocasión, el acusado efectuó un acceso a una radiografía costal que había prescrito y examinado, para preparar el juicio oral que iba a celebrarse por las lesiones sufridas por la señora”, recuerda el fallo.

En cualquier caso, la sentencia reconoce que “la expresión del perjuicio no supone que el delito incorpore una finalidad económica”. De este modo, el Tribunal explica que “el perjuicio se realiza cuando se apodera, utiliza, modifica o accede a un dato protegido con la intención de que su contenido salga del ámbito de privacidad en el que se incluyó en una base de datos, archivo, etc., especialmente protegido, porque no es custodiado por su titular sino por titulares de las bases con especiales exigencias de conductas de protección”.

El Supremo asegura que “hay que distinguir entre la irrelevancia objetiva del contenido e importancia de la información para que la protección penal opere en el caso de datos de carácter personal o familiar, a que se refiere el artículo 197.2, que, desde el punto de vista sustancial y aisladamente considerados, son generalmente inocuos; y la necesaria equiparación que debe establecerse entre secreto y reservados a efectos de la intimidad personal”.

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Derecho Civil / Civil Law

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El alquilado que no recoge la carta de requerimiento de pago estando avisado no puede impedir el desahucio

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de octubre, 2019

-España-

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en su sentencia 309/2019, ha estimado el recurso de los arrendadores de una vivienda, que remiteron correctamente por correos la comunicación de requerimiento de pago a la inquilina, a la que se le imputa la pasividad o desinterés por no acudir a recogerla.

En primera instancia se enervó la acción de desahucio

La sentencia dictada en primera instancia declaró enervada la acción de desahucio por falta de pago por la arrendataria de las cantidades asimiladas a la renta.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas declara resuelto el contrato de arriendo por no considerar procedente la enervación de la acción de desahucio por estar precedida de intimación, con treinta días de antelación a la presentación de la demanda, sin que el pago se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

El funcionario de Correos ha certificado que los arrendadores remitieron, mediante burofax, un requerimiento de pago a la arrendataria, con certificación de su contenido, que no fue entregado a su destinataria pero fue dejado aviso, deviniendo sobrante al no ser recogido en la oficina.

La Sala señala que los actos de comunicación producen plenos efectos cuando su frustración se debe únicamente a la voluntad expresa o tácita de su destinatario, o a su pasividad, desinterés, negligencia, error o impericia.

Es cierto que el requerimiento ha de realizarse por un medio idóneo que permita demostrar su efectiva realización y que evidencie el intento de llegar a su destino. Ahora bien, no puede dejarse su recepción al libre albedrío de su destinatario, por lo que basta que este pueda conocerlo, aunque prescinda de querer conocerlo si ha estado a su disposición.

Conclusión de la Audiencia

En conclusión, dado que en el presente supuesto ha quedado constancia del envío del requerimiento de pago y del contenido intimatorio del mismo, así como de su recepción y fecha, declara el Tribunal que el mismo es válido a efectos de impedir la enervación de la acción de desahucio, conforme a lo dispuesto en el art. 22.4 LEC, párrafo último, por cuanto la falta de conocimiento de su contenido por la arrendataria es imputable a la intención, negligencia o desidia de la propia destinataria, que no lo retiró de las oficinas de Correos a pesar de que se le dejó nota de aviso.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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El ‘blockchain’ no sirve de prueba en un juzgado Mercantil, salvo que le avale un peritaje

Fuente: El Economista España

03 de octubre, 2019

-España-

La cadena de datos ‘Blockchain’ para ser adoptado como prueba en un juzgado Mercantil necesita ir acompañado de una pericial que le avale, según ha explicado Yolanda Ríos, magistrada del juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona.

En el transcurso de su intervención en el V Congreso Nacional de Registradores de España, que se celebra en Sevilla, la magistrada a señalado que “no hay a día de hoy una posibilidad de conocer ni indirecta ni indirectamente quienes son las personas que actúan a través de la tecnología de bloques”, lo que lo incapacita como documento público.

“Se ha hablado de firma electrónica cualificada, pero como las operaciones de hace con una ID pública y otra privada, no se pueden establecer vínculos con la persona titular. Por eso, la falta de conocimiento de los intervinientes en las transacciones impide que se pueda considerar al ‘blockchain’ como documento público, sin ninguna garantía adicional”.

Los datos que quedan grabados en la cadena de bloques no es la integridad del documento. No hay un contrato sino un ‘hash’. Por ello, para presentar un ‘blockchain’ como prueba en un juicio va a necesitar un informe pericial, porque si yo leo el has no entiendo nada. El aspecto que más garantías ofrece es el sellado de tiempo, que en Italia si se ha autorizado como prueba.

En un procedimiento mercantil si que podría ser admitido como un documento privado, que en caso de impugnarse, el aportante tiene la carga de la prueba y deberá aportar la demostrar la totalidad del documento. Como documento público tiene muy pocas opciones.

La magistrada ha concluido recordando, que el ‘blockchain’ no es más que una base de datos descentralizada, que permite que muchos nodos puedan valorar sus operaciones, de forma que se elimina cualquier tercero, luego es un tema basado en la confianza.

Se argumentan que todos los datos están registrados y no se pueden borrar, es ininmutable y no se puede borrar, además, con múltiples réplicas. De esta forma es muy difícil pensar que múltiples nodos se vayan a poner de acuerdo para alterar una cadena de bloques y validar una transacción que no se ha hecho, pero la falta de transparencia de los intervinientes hace que pierda peso como prueba.

Una conspiración estatal

Más tajante aún ha sido el fiscal Rafael Fernández Morlanes, que ha señalado que “esta tecnología tiene que adaptarse a los juristas y no al revés, al tiempo que ha afirmado que “esta tecnología no va a sustituir nunca al Registrador, que es un funcionario público, porque si no ¿en qué lugar quedarían los derechos de los ciudadanos?

El fiscal ha dicho también, que si bien es difícil que se pongan de acuerdo unos pocos ‘mineros’ para alterar una cadena de bloques, sí que podría ocurrir que un Estado organizase ‘mineros’ para alterar el ‘blockchain’ y, entonces sería imposible demostrar este hecho.

Finalmente, ha explicado las dificultades que plantea la tecnología a la Fiscalía, como, por ejemplo, en el caso de la autoría de un email, cuando son varias las personas que tienen acceso al ordenador. En estos casos resulta muy difícil acusar a una sola persona en particular.

Derecho Administrativo / Administrative Law

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El Supremo exige a la CNMC que recalcule las multas anuladas por la Justicia en el plazo de ejecución de esa sentencia

Fuente: El Economista España

03 de octubre, 2019

-España-

 La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido criterios sobre el plazo de que dispone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recalcular sus multas en el caso de que hayan sido anuladas previamente por los tribunales únicamente en lo que se refiere a la cuantía de las mismas. El Tribunal exige que la CNMC que recalcule las multas anuladas por la Justicia en el plazo de ejecución de esa sentencia y rechaza que se inicie un nuevo proceso administrativo tras fijar la nueva cuantía.

En concreto, la sentencia, de 30 de noviembre de 2019, establece que la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias. De este modo, declina que se apliquen las previsiones de los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora, artículos 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para resolver y la caducidad del procedimiento sancionador.

Además, sostiene que “el cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo relativo a la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo cuando la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido en el proceso, los criterios y pautas para la cuantificación de la multa”. Por ello, el trámite de audiencia previo al dictado de este acto de ejecución únicamente será necesario en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia requiriese abordar cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que hubiese algún margen de apreciación, no delimitado en la sentencia pues sólo en ese caso la omisión del trámite de audiencia podría causar indefensión a la parte interesada.

Desestima el recurso de Mediaset

La sentencia desestima un recurso de Mediaset contra la sanción de 1,6 millones de euros que le impuso la CNMC en mayo de 2016 tras recalcular, por orden de una sentencia del Tribunal Supremo de 2015, la cuantía de la sanción inicialmente impuesta por Competencia (que fue de 3,6 millones) por una infracción del año 2010 relacionada con la fusión Telecinco-Cuatro.

Mediaset había argumentado que debió considerarse caducado el procedimiento sancionador al haber excedido el plazo máximo para su resolución, que entendía que era de 6 meses. Para la empresa, la anulación dictada por la Sala III del Tribunal Supremo de la resolución inicial de la CNMC de 29 de julio de 2011 determinó el reinicio del plazo para la resolución final del procedimiento sancionador y, por tanto, el reinicio del plazo de caducidad aplicable al procedimiento sancionador controvertido.

Y añadía que, incluso si se llegase a considerar que los expedientes no eran continuación uno del otro, el nuevo debía considerarse como iniciado el mismo día en que los servicios de la CNMC tuvieron conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (al menos el 5 de noviembre de 2015), por lo que la fecha límite para dictar la resolución sancionadora final sería la del 5 de mayo de 2016, y sin embargo no se notificó hasta el 17 de mayo de 2016, por lo que estaba caducado.

Derecho Internacional / International Law

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La Justicia Europea estima que el Teac no cumple los requisitos de independencia para ser un tribunal

Fuente: El Economista España

01 de octubre, 2019

-España-

 El Tribunal Económico Administrativo Central (Teac) no cumple los requisitos de independencia necesarios para ser considerado un tribunal a efectos de la remisión de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según las conclusiones generales del Abogado General (especie de juez de instrucción europeo), de 1 de octubre de 2018.

Aunque no se trata de la sentencia definitiva, el TJUE suele fallar en más de un 90 por ciento de las causas en el sentido recomendado por el abogado General.

En esta ocasión considera que el nombramiento y la separación del cargo del presidente y de los vocales del Teac se hace mediante Real Decreto del Gobierno español (aprobado por el Consejo de Ministros), de modo que sus miembros no gozan ni de inamovilidad ni de garantía alguna frente a la destitución, extremos que constituyen un aspecto tradicional e indispensable de la independencia judicial.

El cese de vocales de 2017

También, destaca que la facultad de separarlos de su cargo ha sido ejercida frecuentemente en los últimos años. Con esta afirmación se refiere al cese decretado en julio de 2017 por el entonces ministro de Economía, Cristóbal Montoro, que mantuvo durante un año en régimen de interinidad a los vocales cesados en sus puestos, hasta que finalmente, se sustituyó a algunos y se designó a otros, en julio de 2017.

Por otra parte, razona que, en el marco del recurso extraordinario para la unificación de doctrina, resulta especialmente sorprendente que dicho recurso sólo lo pueda interponer el director general de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de que este último forme parte de la Sala especial de ocho miembros del TEAC encargada de examinar ese tipo de recursos. También, considera muy singular el hecho de que también forme parte de esa Sala especial el director general del departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a pesar de que sea su Agencia la que haya dictado la decisión impugnada.

Los Tribunales Económico- Administrativos son unos órganos de ámbito administrativo que resuelven las reclamaciones de los contribuyentes contra la Administración Tributaria, incluidos los impuestos de carácter autonómico.

En la medida en que son una primera instancia, que en muchas ocasiones da la razón al contribuyente, resultan ser un elemento clave para garantizar sus derechos. El Teac es la cúpula de este sistema y, como tal, el encargado de unificar la doctrina emitida por todos estos tribunales.

Investigación formal

El conflicto que motiva esta decisión judicial, se inició en 2007, cuando la Comisión de las Comunidades Europeas incoó un procedimiento de investigación formal relativo al régimen fiscal español que permitía a las empresas que tributaban en España que hubieran adquirido una participación en una sociedad establecida en el extranjero deducir de la base imponible del impuesto sobre sociedades que les correspondía abonar, en forma de amortización, el fondo de comercio resultante de la adquisición de esa participación, consignado en su contabilidad como activo inmaterial separado, según regula el artículo 12, apartado 5 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS).

La Comisión estimaba que esa medida fiscal pretendía favorecer la exportación de capital desde España para reforzar la posición de las empresas españolas en el extranjero y mejorar así su competitividad.

Fruto de ese procedimiento de investigación formal, la Comisión adoptó tres decisiones. La primera, adoptada el 28 de octubre de 2009, respecto de las adquisiciones de participaciones efectuadas en el interior de la UE. En ella, declaró incompatible con el mercado común la medida en cuestión, ordenando a las autoridades españolas recuperar las ayudas concedidas.

La segunda decisión se refería a las adquisiciones de participaciones en sociedades establecidas fuera de la Unión y fue adoptada el 12 de enero de 2011.

En términos semejantes a los de la primera decisión, se declaró incompatible con el mercado interior la medida en cuestión en la parte en que se aplicaba a las adquisiciones de participaciones fuera de la Unión y se ordenó a las autoridades españolas recuperar las ayudas concedidas. La normativa española fue modificada a raíz de ambas Decisiones.

Ampliación del caso

El 17 de julio de 2013, la Comisión incoó un nuevo procedimiento de investigación formal, a propósito de una nueva interpretación administrativa, adoptada por la Dirección General de Tributos y el TEAC, que a su juicio ampliaba el ámbito de aplicación del régimen fiscal español inicial, antes mencionado, incluyendo en él las adquisiciones indirectas de participaciones (nueva medida fiscal).

Este procedimiento —en el que la Comisión requirió a las autoridades españolas para que suspendieran la concesión de toda ayuda ilegal en aplicación de la nueva medida fiscal— finalizó con la adopción de una Decisión de 15 de octubre de 2014.

En ella la Comisión concluyó que la nueva medida fiscal, que abarca las adquisiciones indirectas de participaciones en sociedades no residentes a través de la adquisición de participaciones en sociedades holding no residentes, también constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior que, además, había sido ejecutada infringiendo lo dispuesto en el TFUE. Por consiguiente, ordenó a las autoridades españolas que recuperasen las ayudas concedidas.

Anulación de las medidas

Mediante dos sentencias de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión (T?219/10) y Banco Santander y Santusa/Comisión (T?399/11), el Tribunal General anuló las dos primeras decisiones por considerar que el régimen fiscal español no cumplía todos los requisitos acumulativos exigidos por el Derecho de la Unión para declarar la existencia de una ayuda de Estado.

Se estimó que no era una medida selectiva porque no podía “favorecer a determinadas empresas o producciones”, sino que era aplicable a cualquier empresa española que hubiera adquirido una participación de al menos un 5% en una sociedad extranjera y la hubiera poseído durante un período ininterrumpido de al menos un año.

No se dirigía, pues, a ninguna categoría particular de empresas o producciones, sino que se aplicaba a una categoría de operaciones económicas.

El régimen era independiente de la naturaleza de las actividades de la empresa adquirente y no excluía de sus beneficios, ni de hecho ni de derecho, a ninguna categoría de empresas.

Recursos de casación

La Comisión interpuso sendos recursos de casación ante el Tribunal de Justicia contra esas dos sentencias del Tribunal General el 19 de enero de 2015 (asuntos acumulados C?20/15 P y C-21/15P). En su sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia anuló las dos sentencias del Tribunal General y le devolvió los asuntos.

El procedimiento en el presente asunto (C?274/14) se suspendió en marzo de 2017 hasta que el Tribunal General se pronunciara de nuevo sobre ellos. Mediante sentencias de 15 de noviembre de 2018, el Tribunal General confirmó las decisiones de la Comisión.

En este asunto, el Banco de Santander Central Hispano SA (BSCH) se enfrentaba a la inspección fiscal que, en unos acuerdos de liquidación de 2010, negó la deducibilidad del Fondo de comercio financiero generado por la adquisición directa de todas las participaciones de una sociedad holding alemana –AKB Holding GmbH (AKB)– y, por tanto, indirecta de las sociedades cuyo capital pertenecía a dicha sociedad, todas ellas establecidas en la UE.

La adquisición, cuyo precio fue de 1.100 millones euros y cuyo valor contable era de 184 millones de euros, generó un fondo de comercio financiero de 916 091 000 euros, que BSCH se dedujo en aplicación del artículo 12, apartado 5, del TRLIS. La adquisición tuvo lugar antes del 21 de diciembre de 2007.

El Teac debía resolver si ha de procederse a recuperar la deducción fiscal aplicada por amortización del Fondo de comercio financiero, conforme a la Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009, por tratarse de una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior.

Teniendo en cuenta que, por razones de confianza legítima, esa Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009 exceptúa de la recuperación las adquisiciones realizadas antes del 21 de diciembre de 2007, y dado que la adquisición de que se trata tuvo lugar antes de esa fecha, debe determinarse si la citada Decisión puede aplicarse a los supuestos de toma de participaciones indirectas en sociedades a través de la adquisición directa de una sociedad holding no residente.

De acuerdo con la interpretación que actualmente mantiene el Teac, el artículo 12, apartado 5 del TRLIS permite la amortización fiscal del fondo de comercio financiero en los supuestos de adquisición indirecta de participaciones en sociedades no residentes realizada a través de la adquisición directa de una sociedad ‘holding’ no residente, y la Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009 se refiere a dicho artículo, lo que llevaría al Teac a estimar la reclamación que ante él formuló el BSCH contra los mencionados acuerdos de liquidación de 2010, ya que debería aplicarse la exclusión de la recuperación de la ayuda en atención a la confianza legítima.

Sin embargo, a ello podría oponerse la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013 de apertura de un procedimiento de investigación, que interpreta la Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009 de forma contraria.

Exigencia de pronunciamiento

El Teac considera, por tanto, que es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación que debe darse a la Decisión de la Comisión de 28 de octubre de 2009 y, en consecuencia, sobre la procedencia de abrir un nuevo procedimiento respecto a la interpretación que actualmente mantiene el propio Teac. Cosa, que de cumplirse la recomendación del Abogado General, no sucederá.

Derecho Civil / Civil Law

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El interés de demora por un accidente aéreo se rige por la Ley de Contratación de Seguros

Fuente: El Economista España

23 de septiembre, 2019

-España-

 Los intereses de demora pagados por la aseguradora de una compañía aérea, tras un accidente, se rigen por la Ley del Contrato de Seguro (LCS) y no por los Reglamentos de la Unión Europea o por el Convenio de Montreal, según establece el Tribunal Supremo en dos sentencias de 3 de septiembre de 2019, que confirman la doctrina establecida por otra previa, de 17 de mayo de 2019.

El ponente de estas sentencias, el magistrado Sarazá Jimena, determina que el régimen normativo integrado por el Reglamento (CE) 2027/1997 -sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje-, así como el Convenio de Montreal, al que el Reglamento se remite, “se aplica a las acciones ejercitadas por el pasajero frente al transportista, no a las peculiaridades propias de las obligaciones de las aseguradoras frente al perjudicado como consecuencia de la acción directa ejercitada por este, que se rigen por la normativa nacional aplicable”.

De esta forma, concluye el ponente, el pago del anticipo regulado en el Reglamento comunitario tiene una función diferente a la del pago del importe mínimo que prevé el artículo 20.3 de la LCS, por lo que no se impide el devengo del interés de demora del artículo 20 de la LCS, respecto del resto de la cantidad a que asciende la indemnización.

Diferencia de concepto

Explica Sarazá Jimena, a la vista de estos argumentos, que lo regulado en aquel precepto no es el “importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, según las circunstancias por él conocidas”, sino los anticipos necesarios para cubrir las necesidades económicas inmediatas, cuya cuantía está muy alejada de la indemnización mínima que el asegurador pudiera estar obligado a pagar por el fallecimiento de un pasajero”.

Debe anticipar el seguro en el plazo de 40 días desde la recepción de la notificación del siniestro el importe mínimo establecido

Dictamina también el magistrado que la consideración conjunta de ambos preceptos muestra que la Ley del Contrato de Seguro impone al asegurador una celeridad y diligencia extrema en la realización “de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo”, así como en el cumplimiento de su prestación.

Si no anticipa en el plazo de 40 días desde la recepción de la notificación del siniestro el importe mínimo que “pueda deber” según las circunstancias por él conocido, y no cumple su prestación -generalmente, el pago de una indemnización- en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro, incurre en mora en los términos previstos en el artículo 20 de la LCS, salvo que “la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable”, tal y como establece el artículo 20.8 de la LCS.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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Los notarios españoles constituirán empresas ‘online’ en toda la Unión Europea

Fuente: El Economista España

18 de septiembre, 2019

 Constituir una sociedad en un Estado de la Unión Europea (UE), al tiempo que sucursales en otros Estados comunitarios en un mismo acto administrativo será posible a partir de agosto de 2021, fecha tope para la transposición de la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.

Para que esta actuación sea posible, el Consejo General del Notariado trabaja en el desarrollo de los medios técnicos que permitirán el otorgamiento de la escritura pública de constitución de empresas de forma online en la UE.

El Notariado prepara su tecnología para escriturar en un Estado una sociedad y sus sucursales en otras jurisdicciones

El problema es que actualmente, existen diferencias significativas entre los Estados miembros en lo sobre a la disponibilidad de herramientas en línea que permitan a empresarios y sociedades comunicarse con las autoridades sobre cuestiones de Derecho de Sociedades.

La Directiva, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas por adaptar el entorno jurídico y administrativo de la UE a los nuevos retos de la digitalización y así fomentar la competitividad y el crecimiento del mercado europeo, facilitando la libre constitución de sociedades tanto en el propio Estado como entre diferentes Estados miembros europeos, así como reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas asociados a ese proceso, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

En la actualidad, algunos Estados miembros ofrecen servicios completos y fáciles de utilizar íntegramente en línea, mientras que otros no disponen de soluciones en línea para etapas fundamentales del ciclo de vida de una sociedad. Así, algunos Estados miembros solo permiten la constitución de sociedades o la presentación de modificaciones a documentos e información ante el registro de manera presencial, otros, sin embargo, admiten que estos actos se efectúen presencialmente o en línea, mientras que otro grupo tan solo admite que se puedan efectuar en línea.

Una vez que entre en vigor la Directiva, una vez que se constituya una sociedad y se quiera registrar una sucursal en otro Estado miembro, se podrán utilizar los documentos o la información previamente presentados en un Registro. Además, cuando se constituya con la sucursal en otro Estado miembro, se podrá presentar determinados cambios de su información societaria solo ante el registro en el que esté registrada, sin necesidad de presentar la misma información ante el registro en el que esté registrada la sucursal.

El precio de obtener una copia de todos o de parte de los documentos e información publicados por la sociedad, en papel o en formato electrónico, no debe superar su coste administrativo, incluido el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros, siempre que el precio no sea desproporcionado en relación con la información que se busca.

Evitar disputas

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, explica que “el Notariado alemán y el español, que comparten principios comunes, han colaborado con la Comisión Europea en la elaboración de esta Directiva, en el seno del Consejo de los Notariados de la Unión Europea”.

Por su parte, Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán, es que el objetivo es que se garantice la creación de empresas de manera legal, para evitar posteriores disputas.