España

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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La normativa MiFID II ya es totalmente operativa en España    

Fuente: Revista de Derecho del Mercado Financiero

14 de enero, 2019

El Boletín Oficial del Estado público el pasado día 28 el Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, que desarrolla el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y supone la última fase de la trasposición de MiFID II al ordenamiento jurídico español, con entrada en vigor el 19 de enero de 2019. Los principios regulatorios que inspiran este real decreto y que emanan del Real Decreto Ley 21/2017, de 29 de diciembre y del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, son los siguientes:

a) Asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros, especialmente de los inversores minoristas.
b) Mejorar la estructura organizativa de los mercados regulados.
c) Mejorar la estructura organizativa y el gobierno corporativo de las empresas.
d) Aumentar la seguridad y eficiencia de los mercados de valores.

El nuevo texto legal incluye numerosas novedades en la regulación de:

– Las empresas de servicios de inversión (ESI) y de las demás entidades que prestan servicios de inversión. Se desarrolla reglamentariamente su régimen jurídico y se regulan entre otros, aspectos como la autorización, actividad, requisitos de organización interna y protección de activos de los clientes.

Además, se desarrollan las obligaciones aplicables a las ESI en materia de gobierno corporativo y se incluyen los requisitos para la negociación algorítmica y para el acceso electrónico directo. También se contempla la obligación de incluir en los registros de las ESI las conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas relacionadas con la ejecución de órdenes por cuenta propia y con la prestación del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes. El nuevo texto aborda también los aspectos relacionados con las normas de conducta, vigilancia y control de productos, incentivos y obligaciones de información a clientes y clientes potenciales.

– Los mercados regulados: se desarrolla la normativa sobre autorización, organismos rectores, miembros, requisitos para la admisión a negociación, límites de posiciones, comunicación de posiciones, etc.

– El nuevo Real Decreto incluye también novedades relacionadas con Instituciones de inversión colectiva (IIC) y con las empresas de asesoramiento financiero, que pasan a identificarse comoE.A.F. y a poder contar con agentes comerciales.

Para consultar el Real Decreto en cuestión: https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17879.pdf

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dispone de una web específica reservada para asuntos relacionados con Mifid: http://cnmv.es/portal/MiFIDII_MiFIR/MapaMiFID.aspx

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Derecho Administrativo / Administrative Law

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La Justicia deniega la matrícula en la guardería a un niño no vacunado

Fuente: El Economista España

14 de enero, 2019

-España-

La sala 16 del Juzgado del Contencioso Administrativo de la provincia de Barcelona ha avalado la denegación de matrícula en una guardería municipal a un niño no vacunado. El fallo, de 8 de enero de 2018, concluye que “los padres del menor no vacunado pretenden que los niños matriculados en la guardería asuman el riesgo de una decisión unilateral y no fundamentada en la evidencia consensuada por la comunidad científica nacional e internacional”.

La magistrada titular del juzgado, Mestres Estruch, defiende que los padres demandantes “olvidan los derechos de los demás, pues entienden que su derecho a asistir a una escuela cuna, es superior al derecho a la salud del resto de niños”.

La sentencia es contundente frente a algunas personas que se oponen a la vacunación. “Una opción minoritaria pretende sobreponerse al derecho a la salud del resto de niños y sus familias”, señala. “Pero a su vez se aprovechan de los efectos de la protección grupal fundamentada en el hecho de que el 95 por ciento de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del calendario vacunal”, añade.

El fallo critica que estas personas deciden “unilateralmente que sus consecuencias y riesgos sean asimilados por el resto de la población”, dado que “somete al resto de los infantes a un riesgo que, de materializarse, puede conllevar catastróficas consecuencias como la pérdida de la vida”.

Este argumento fue uno de los aportados por la defensa del Ayuntamiento, a cargo del letrado Didac Coll Serra, cuya base científica fue sostenida por el Jefe de pediatría del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo Gonzalo. El doctor especialista asegura, en este sentido, que “en condiciones normales, el proceso de vacunación se realiza a lo largo de varios años dada la administración paulatina conforme al calendario vacunal, y que la guardería es un lugar de riesgo de contraer determinadas infecciones propias de su condición de niños muy pequeños y por estar en proceso de vacunación, por lo que son más vulnerables”.

El asunto surge cuando el Ayuntamiento de una localidad de la Provincia de Barcelona denegó la matrícula de un menor a la guardería pública del municipio al comprobar que no contaba con ninguna de las vacunas.

En aquel punto la familia defendía que, en primer lugar, la normativa del centro solicitaba la presentación de la cartilla vacunal sin precisar que debía estar debidamente al día y cumplimentado y, en segundo lugar, apeló al derecho de libertad ideológica, que debía ser respetado mediante la neutralidad de las decisiones de la Administración en materia de religiones, credos y creencias, entendiendo que “la opinión de la mayoría no siempre debía prevalecer”, según indica la sentencia.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La Justicia solo aprecia el acoso laboral en los superiores jerárquicos  

Fuente: El Economista España

14 de enero, 2019

 El acoso laboral no puede llevarse a cabo por los inferiores jerárquicos del denunciante, salvo que actúen en cooperación con quienes sí que sean superiores jerárquicos del trabajador afectado.

Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2018, en la que se recuerda que el delito de acoso laboral, también denominado mobbing, aparece específicamente tipificado en el artículo 173,1 del Código Penal tras la reforma del mismo por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.

Por ello, el ponente, el magistrado Sánchez Melgar, determina que este delito tiene que ser entendido como hostigamiento psicológico en el marco de cualquier relación laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. “Supone, por tanto, un trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática”, concluye.

Integridad moral

Además, requiere este tipo penal que la conducta suponga un trato degradante, pues se constituye como una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, siendo característica de su realización el carácter sistemático y prolongado en el tiempo que determina un clima de hostilidad y humillación hacia el trabajador por quien ocupa una posición de superioridad de la que abusa.

También señala que se trata de generar en la víctima un estado de desasosiego mediante el hostigamiento psicológico que humilla a la misma constituyendo una ofensa a la dignidad. Por ello, el delito de acoso laboral exige la realización de actos graves, hostiles o humillantes, realizados en el contexto de una relación laboral o funcionarial, de forma reiterada, ejecutados por quien tenga una relación de superioridad, y se prevalga de esa condición para su perpetración, lo cual tiene que estar suficientemente acreditado y descrito en la sentencia condenatoria.

Sin embargo, el magistrado Sánchez Melgar dictamina que en el caso en litigio, los hechos reflejados no desvelan más que una situación de tensión, que se produce con tres funcionarios, inferiores de la denunciante, y a la que tratan de contribuir mediante un acercamiento amistoso, precisamente los dos alcaldes, celebrando comidas de hermandad, lo que no se consigue, siendo tales actos descritos en la sentencia recurrida insuficientes para conculcar el tipo objetivo.

Por todo ello, el magistrado anula la sentencia condenatoria emitida por la Audiencia Provincial, al considerar que “en efecto, no se puede deducir más que una situación laboral tensa, de la que todos los implicados son responsables”. Además, critica que la sentencia recurrida no analiza el requisito de autoría determinado por el prevalimiento de la situación de superioridad jerárquica que requiere el tipo penal, y que desde luego no concurre en los tres funcionarios municipales condenados en la instancia.

Por otra parte, en el caso enjuiciado, la Audiencia condena a los concejales que aprobaron en Pleno la destitución de la secretaria municipal, de estar obrando a sabiendas de que por su acreditación nacional no podía ser sancionada.

Pero no tuvo en consideración que no hubo informe jurídico municipal en sentido contrario y la Corporación contaba con el informe del director general de la Administración Local, que avalaba la posibilidad de sancionar.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El CGPJ y el Ministerio de Justicia firman un protocolo que permite agilizar la tramitación de las medidas de apoyo judicial  

Fuente: Noticias Jurídicas

17 de enero, 2019

-España-

 El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han suscrito hoy un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los Juzgados y Tribunales. El protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones así como su gestión económica.

En concreto, prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo  (que se enumeran en uno de los anexos del protocolo) consideradas “estructurales” y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años. Se entiende que estas medidas, cuya finalidad es responder ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos, cuentan ya con la autorización preceptiva del Ministerio de Justicia. 

El protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar (detallando cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes); por su parte, y también con periodicidad mensual, el Ministerio de Justicia tendrá que validar esas medidas y sólo podrá oponerse en caso de insuficiencia económica.

Entre otras, el protocolo incluye también una cláusula por la que las medidas de apoyo que se aprueben al amparo del mismo no afectarán a las funciones de refuerzo que vengan realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs) con anterioridad a la entrada en vigor, mañana viernes, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.

De este modo, los 164 JATs que a fecha de hoy desempeñan labores de refuerzo continuarán en su destino actual, ya que esas asignaciones se entenderán vigentes mientras subsistan las necesidades de excepcional retraso o acumulación de asuntos que motivaron la autorización de las mismas.
 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación 

Fuente: Noticias Jurídicas

14 de enero, 2019

-España-

 El Gobierno, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. Con esta nueva norma se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes. El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

La nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de ‘obligatoriedad mitigada’ que obliga a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias. Esta sesión será conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes. En la mediación no se requiere abogado ni procurador y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial.   

Esta mediación extrajudicial se concibe, por lo tanto, como un trámite necesario para acceder a la vía judicial pero no supone una obligación de someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio. 

Las materias que pueden ser objeto de mediación se enmarcan en los ámbitos civil y mercantil y se caracterizan por responder a conflictos surgidos de relaciones personales o comerciales sostenidas en el tiempo. Así, será necesario intentar la mediación antes de acudir a la vía judicial en los siguientes tipos de acciones:

a) Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad del matrimonio, separación, divorcio o las relativas a la guardia y custodia de los hijos menores, alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores (salvo que hubiera sido instruido con carácter previo un procedimiento por un delito relacionado con la violencia de género);

b) Responsabilidad por negligencia profesional;

c) Sucesiones;

d) División judicial de patrimonios;

e) Conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades mercantiles;

f) Reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la circulación (protegidos por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor);

g) Alimentos entre parientes;

h) Propiedad horizontal y comunidades de bienes;

i) Derechos reales sobre cosa ajena;

j) Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual;

k) Reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de consumo (protegidos por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios);

l) Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra;

m) Protección de los derechos al honor, intimidad o la propia imagen;

n) Procesos arrendaticios que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.

En lo relativo al procedimiento de mediación extrajudicial en sí mismo, se deja a iniciativa del demandante la tarea de proponer al mediador y se articula un mecanismo transparente de designación si éste es rechazado por la parte contraria. En cuanto a los plazos, se fija un límite máximo de tres meses para el completo desarrollo del proceso de mediación durante los cuales quedan en suspenso los tiempos de prescripción y caducidad de las acciones. 

Se establece también una mediación intrajudicial que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.

El anteproyecto introduce, también, nuevas reglas en la condena en costas en caso de incumplimiento de la ‘obligación mitigada’ de mediación, de forma que las costas del proceso no beneficiarán a la parte que no haya acudido a un intento de mediación cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso.

Para actuar como mediador será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o en los registros habilitados a tal fin por las comunidades autónomas. Se apuesta por una mejor cualificación profesional del mediador en el ámbito del Derecho de familia al que se exigirá formación en igualdad y detección de violencia de género, de forma que, si iniciado el procedimiento observa indicios de delito de violencia de género, ponga fin al mismo. En el plazo de un año desde la publicación de la ley se prevé la modificación de los planes formativos del grado en Derecho así como de otros grados afines para incluir la asignatura de mediación como obligatoria. 

Se contempla, finalmente, la creación de una Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación en España que deberá elaborar un informe analizando el impacto de la aplicación de las nuevas medidas en los cinco años siguientes a la aplicación de la ley. El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios. Entrará en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales

Derecho Constitucional

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La Justicia considera improcedente el despido para cumplir con las cuotas de discapacidad

Fuente: El Economista España

19 de diciembre, 2018

-España-

 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que “no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla”.

Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal, explica que la empresa alegaba la existencia de duplicidad para un mismo puesto de trabajo ya que venía obligada por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a contratar a dos trabajadores discapacitados para cumplir con la exigencia legal del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003 de 29 de noviembre. Este precepto establece que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, al menos el 2 por ciento sean trabajadores con discapacidad.

“Llama la atención que frente a dicho requerimiento de contratar personas con discapacidad, la empresa no alegase la posibilidad excepcional de aplicar otro tipo de medidas legales, con carácter alternativo a la contratación”, explica Aspra. “En cualquier caso, la sentencia va en contra de la clásica doctrina jurisprudencial que sienta que no es necesario agotar todas las posibilidades de recolocación en la empresa de los trabajadores despedidos por causas organizativas y productivas”, añade el abogado.

El artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

El magistrado Sáiz de Marco, ponente del fallo, asegura que “no haciendo mención en la carta de despido a la imposibilidad de haber contratado a los dos trabajadores discapacitados para otros departamentos o áreas de la empresa en que no se produjera el sobredimensionamiento alegado por ella, el despido deviene improcedente”. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la empresa no ha acreditado, y ni siquiera argumentado en la comunicación de cese, la imposibilidad de mantener la contratación de la trabajadora en otras áreas o departamentos de la empresa.

El TSJ tiene en cuenta, a la hora de decidir sobre la situación controvertida que, en la exigencia de la cuota a la compañía afectada, la contratación de los dos discapacitados podía ser para cualquier puesto de trabajo de todos los existentes en la empresa.

Fuente: El Economista España

19 de diciembre, 2018

-España-

 El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha declarado improcedente el despido de una trabajadora al resultar obligada la empresa a la contratación de dos trabajadores discapacitados para cumplir con la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad. La sentencia, de1 17 de julio de 2018, asegura que “no se considera exorbitante exigir a la empresa que, cuanto menos, procurase remediar su propio incumplimiento sin irrogar perjuicios innecesarios a los trabajadores de su plantilla”.

Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal, explica que la empresa alegaba la existencia de duplicidad para un mismo puesto de trabajo ya que venía obligada por requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a contratar a dos trabajadores discapacitados para cumplir con la exigencia legal del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2003 de 29 de noviembre. Este precepto establece que las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, al menos el 2 por ciento sean trabajadores con discapacidad.

“Llama la atención que frente a dicho requerimiento de contratar personas con discapacidad, la empresa no alegase la posibilidad excepcional de aplicar otro tipo de medidas legales, con carácter alternativo a la contratación”, explica Aspra. “En cualquier caso, la sentencia va en contra de la clásica doctrina jurisprudencial que sienta que no es necesario agotar todas las posibilidades de recolocación en la empresa de los trabajadores despedidos por causas organizativas y productivas”, añade el abogado.

El artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores no contempla esa posibilidad ni impone de manera expresa al empresario la obligación de mantener al trabajador afectado por la medida en la plantilla utilizando sus servicios en otros centros de trabajo de la misma o de distinta localidad.

El magistrado Sáiz de Marco, ponente del fallo, asegura que “no haciendo mención en la carta de despido a la imposibilidad de haber contratado a los dos trabajadores discapacitados para otros departamentos o áreas de la empresa en que no se produjera el sobredimensionamiento alegado por ella, el despido deviene improcedente”. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha considera que la empresa no ha acreditado, y ni siquiera argumentado en la comunicación de cese, la imposibilidad de mantener la contratación de la trabajadora en otras áreas o departamentos de la empresa.

El TSJ tiene en cuenta, a la hora de decidir sobre la situación controvertida que, en la exigencia de la cuota a la compañía afectada, la contratación de los dos discapacitados podía ser para cualquier puesto de trabajo de todos los existentes en la empresa.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TS establece que el banco debe pagar intereses al consumidor por cláusulas hipotecarias nulas desde que se realizaron los pagos

Fuente: Noticias Jurídicas

20 de diciembre, 2018

-España-

 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en esta sentencia cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. La nulidad de dicha cláusula, declarada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Audiencia Provincial, no ha sido discutida ante el Tribunal Supremo y, por ello, el pronunciamiento de la Sala Primera se limita a la cuestión de los intereses.  

El Juzgado declaró la nulidad de la cláusula y condenó a la entidad prestamista a abonar al prestatario diversas cantidades en concepto de gastos de tasación y gestoría, más sus intereses legales desde la fecha en que el consumidor hizo tales pagos. La Audiencia Provincial, en cambio, consideró que los intereses legales a abonar por el banco se devengarían desde la fecha de la reclamación extrajudicial.

El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el consumidor y considera que los intereses se devengan desde la fecha en que pagó los gastos en cuestión. La consecuencia de la abusividad de la cláusula de gastos es, conforme al principio de no vinculación de la Directiva 93/13 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la propia Sala Primera, que haya de actuarse como si la cláusula nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponda, según nuestro ordenamiento jurídico.  

El efecto restitutorio, cuando se trata de la cláusula de gastos, no es directamente reconducible a la norma del Código Civil (art. 1303) que regula la restitución de prestaciones recíprocas entre las partes, pues no se trata de abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (en este caso, a la gestoría y al tasador), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como la declaración de abusividad obliga a restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula en cuestión, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades que le hubiera correspondido pagar de no haber existido la estipulación abusiva.  

Aunque en nuestro Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, se trataría de una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Y también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido, en cuanto que el consumidor hizo un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía.  

En consecuencia, la entidad bancaria deberá abonar el interés legal desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos.