España

Derecho Ambiental / Environmental Law

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El Supremo determina que las organizaciones ambientales están exentas de pagar costas        

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto –de 13 de marzo de 2019–, ha dejado sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenada una organización medioambiental sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita.

El Alto Tribunal admite, por primera vez, que una organización ambiental sin ánimo de lucro a la que le ha sido reconocida la justicia gratuita reconocida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente –conocida popularmente como Ley Aarhus– no está obligada a abonar las costas judiciales, al ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El ponente, el magistrado Tolosa Tribiño, determina que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, , no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos, y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales que se había practicado.

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) no tendrá que abonar los 11.260 euros que el propio TS había aprobado en concepto de costas tras desestimar una demanda que había presentado esta institución de defensa del medio ambiente.

El IIDMA presentó en 2017 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición para grandes instalaciones de combustión (GIC).

Dicho Plan, al que están acogidas la mayoría de las centrales térmicas españolas, supone una excepción a la obligación de operar conforme a valores límites de emisión más estrictos que dicta la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes.

Tras un año y medio de proceso, el Alto Tribunal desestimó el recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018 y condenó en costas a la organización. En enero de 2019 se aprobaron los decretos que aprobaban la tasación de costas practicada, que fueron recurridos en revisión por el Instituto.

La Ley Aarhus incorpora al derecho español las obligaciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte desde 2005.

Protección medioambiental

“El hecho que el TS haya reconocido por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos, supone un gran paso para la protección del medio ambiente en nuestro país y una victoria del estado de derecho”, explica Ana Barreira, Directora de IIDMA.

“Gracias al Convenio de Aarhus, conocido como convenio de la democracia ambiental, una de las principales barreras al acceso a la Justicia en materia ambiental ha sido superada. Las organizaciones ambientales en muchas ocasiones nos vemos obligadas a acudir a los tribunales de justicia porque la legislación en materia ambiental no se respeta en muchas ocasiones. No olvidemos que la legislación ambiental responde a la necesidad de proteger nuestro Planeta. Por ello, vencida esa barrera nuestra labor se facilita”, afirma Ana Barreira.

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Derecho de Familia / Family Law

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Entra en vigor el nuevo permiso de paternidad de ocho semanas          

Fuente: Noticias Jurídicas

01 de abril, 2019

-España-

 El RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación amplía los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. Calvo ha detallado que el plazo para la implantación de esta medida será de tres años “para dar tiempo suficiente a las empresas”. Así, en 2019 serán ocho semanas de permiso, en 2020 doce semanas, y se llegará a las 16 en 2021.

De esta manera los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018.

En la nueva redacción del art. 48 ET se establece que el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas.

Disfrute del permiso 

Las primeras dos semanas del permiso de paternidad se deben disfrutar de forma conjunta con la madre e inmediátamente después del parto. 

El futuro permiso de 16 semanas se distribuirán del siguiente modo:

• Las primeras 6 semanas posteriores al parto deberán disfrutarse ininterrumpidas y a jornada completa.

• Las 10 semanas restantes podrán distribuirse a voluntad del progenitor, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida, a jornada completa o a tiempo parcial, y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses.

El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días. Y cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Aquí también se equipara el derecho al de la madre biológica.

Todo esto también se contempla para los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento.

Esta medida será implementada paulatinamente según la nueva disp. adic. vigesimotercera del ET:

– A partir de 1 de abril 2019: la suspensión del contrato por nacimiento tendrá una duración de 8 semanas, de las cuales las 2 primeras, deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor hasta 4 semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.

– A partir de 1 de enero de 2020: 12 semanas (las 4 primeras ininterrumpidas). La madre biológica podrá ceder hasta 2 semanas.

– A partir de 1 de enero de 2021: 16 semanas, de las cuales las 6 primeras deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida. A partir de este momento ninguno de los progenitores puede transferir este derecho al otro.

La misma disposición regula las particularidades que se puedan dar mientras no se produzca la total equiparación en los periodos de suspensión de ambos progenitores.

También se modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regulando la suspensión del contrato por nacimiento para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (arts. 7, 48.f), 49.a), b) c) y d), y disp. trans. novena RDL 5/2015).

La LGSS también adapta su redacción a las nuevas medidas, así la rúbrica del capítulo VI del Título II en lugar de «maternidad» se denomina «Nacimiento y cuidado de menores» y la del capítulo VII en lugar de «paternidad» «Corresponsabilidad en el cuidado del lactante».

Destacamos la incorporación de la disp. trans. trigésima segunda que regula el periodo transitorio para el abono del periodo no obligatorio de la prestación por nacimiento y cuidado del menor.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El CGPJ avala el anteproyecto de ley de impulso a la mediación pero reclama medidas que garanticen una implicación “real y efectiva” para su implantación                        

Fuente: Noticias Jurídicas

29 de marzo, 2019

-España-

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable al Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, elaborado por la Secretaría de Estado de Justicia. El dictamen hace una valoración general positiva del texto, pero incide en la necesidad de ir más allá del estricto planteamiento normativo y de aprobar medidas que garanticen una “implicación real, efectiva y coordinada de las instituciones responsables de la mediación y un mayor compromiso” tanto de los jueces y magistrados como de las administraciones competentes en la materia. En definitiva, reclama “políticas públicas capaces de crear un sistema que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia”. Han sido ponentes del informe los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo.

Mediante la reforma de leyes sustantivas y procesales (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley de asistencia jurídica gratuita), el anteproyecto de ley establece, entre otras medidas, la obligada asistencia de las partes en conflicto a una sesión informativa sobre la mediación, cuyo alcance y consecuencias regula; establece también medidas referidas a los incentivos económicos de la mediación, a su relación con el derecho a acceder a la justicia, a la confidencialidad y calidad de la mediación. La norma afecta únicamente a los procesos de los órdenes civil y mercantil.

El anteproyecto supone un avance en el cumplimiento de la Directiva 2008/52/CE, de agosto de 2016, y de los objetivos que, sobre la implantación de la mediación, han marcado tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. En este ámbito, afirma el dictamen, es donde se encuentra la razón de ser del anteproyecto, que entiende la mediación no tanto como un instrumento concebido para aligerar la carga de trabajo de los tribunales sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”. La consecución de esta tutela, añade el informe, está directamente relacionada con la “calidad de la mediación”.

Si bien la valoración general que el informe hace sobre el anteproyecto es positiva, el CGPJ realiza una serie de consideraciones que inciden en la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo. Tal y como el órgano de gobierno de los jueces señaló en el documento “Diez realidades-Diez propuestas” presentado el pasado mes de enero, el impulso a la mediación requiere “políticas públicas” capaces de crear un sistema que garantice el acceso del ciudadano a la justicia y que cuente con la “implicación real, efectiva y coordinada” de las instituciones responsables de la mediación y también “un mayor compromiso tanto de los miembros de la Carrera Judicial como de las administraciones competentes”.

Sería conveniente, concluye el dictamen, “acometer una regulación integral y con mayor profundidad” de la mediación, más allá de reformas puntuales dirigidas sólo a incentivar el uso de esta herramienta.

Respetuoso con los derechos fundamentales

El informe del CGPJ analiza el anteproyecto desde el prisma de la compatibilidad entre la mediación obligatoria “mitigada” que en él se establece y los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, amparados por la Constitución (art. 24) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 47). 

En lo que respecta al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el órgano de gobierno de los jueces concluye que el anteproyecto se encuentra dentro de los márgenes que configuran los estándares de protección derivados del citado precepto y que satisface también los principios de equivalencia y efectividad. 

Asimismo, afirma que la mediación obligatoria “mitigada” no vulnera el art. 24.1 de la Constitución porque la obligatoriedad prevista en el articulado no excluye que la decisión última de acudir a esta vía se adopte de forma voluntaria por las partes ni tampoco impide la intervención judicial. La mediación obligatoria “mitigada”, explica el dictamen, “no empaña la voluntariedad que caracteriza a este instrumento de solución extrajudicial de conflictos, ni desplaza la intervención judicial (…) permaneciendo incólume la plenitud del ejercicio de la función jurisdiccional”.  

El órgano de gobierno de los jueces plantea la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la mediación obligatoria con el fin de mejorar su funcionalidad, y ello sin exceder del marco de los estándares de protección de los derechos fundamentales antes citados. Se trataría bien de incluir otras materias y procedimientos de naturaleza ejecutiva bien de proyectar la obligatoriedad hacia estadios más avanzados del procedimiento de mediación, no limitándola a la participación en sesiones informativas. Asimismo, expresa la conveniencia de extenderla mediación a la fase de ejecución de todos los procedimientos judiciales.

La mediación como servicio público

Finalmente, en consonancia con las recomendaciones tanto del Parlamento Europeo como del Parlamento español, el CGPJ afirma que la reforma podría ser una oportunidad para diseñar un Servicio Público de Mediación, es decir, una especie de administración pública de apoyo, coordinación y prestación de servicios en favor de la mediación que garantizara en todo el territorio nacional el acceso a la mediación en igualdad de condiciones y oportunidades.  

Por ello, considera necesaria una formación de calidad en mediación que se haga extensiva no sólo a los planes formativos de los grados universitarios que se considere oportuno sino también a todos los ciclos formativos. Asimismo, entiende que debería incluirse en los temarios de las oposiciones, especialmente las de la Administración de Justicia.

Con el fin de dotar de efectividad “lo más pronto posible” al conjunto de medidas recogidas en el anteproyecto, el dictamen expresa la conveniencia de reducir la vacatio legis de los tres años previstos a seis meses. Señala, en este sentido, que debería contemplarse un plazo de tiempo proporcionado a las verdaderas necesidades para la implantación del sistema, acaso con una mayor implicación de todas las administraciones.

El órgano de gobierno de los jueces valora también de modo positivo que el anteproyecto se muestre “sensible” a las demandas de los sectores y agentes de mediación y recoja en su articulado las reivindicaciones más relevantes con el objetivo de impulsar este sistema de resolución de litigios.

El informe ha sido aprobado con el voto a favor de diez de los dieciocho vocales presentes en el momento de la votación. Entre los ocho discrepantes, han anunciado voto particular Rafael Fernández Valverde, Roser Bach Fabregó, Enrique Lucas Murillo de la Cueva y Vicente Guilarte Gutiérrez.  

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Los condenados en sentencia no firme por corrupción o rebelión son ineligibles para cualquier cargo público

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

No son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, lo establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 20195, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la que estima que es preciso actuar con “la ejemplaridad social exigible a quien ejerce la función pública, máxime si es representante de los ciudadanos”.

La ponente, la magistrada Pico Lorenzo, razona que “lo dicho por el Tribunal Constitucional no es cuestión novedosa en nuestro marco jurídico europeo y su herencia cultural. Si bien los regímenes de los Estados miembros de la Unión Europea sobre inelegibilidad reflejan tradiciones jurídicas distintas suelen coincidir en que una condena penal inhabilita para ocupar un cargo público”.

Incluso, -continúa indicando la magistrada- en algún Estado, haber incurrido en quiebra o ser indigno de ocupar un cargo público por otro motivo también es causa de inelegibilidad.

Por ejemplo, cita Dinamarca, donde una persona no puede ser elegible si ha sido condenada por realizar actos que según la opinión general la hagan indigna de pertenecer al Parlamento Europeo o al Folketing, Parlamento danés (www Comisión Europea).

En este caso, el litigio versaba sobre un recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante nueve años.

El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.

El Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que, de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia constitucional, es “certera” la interpretación que hizo el Cabildo, por lo que la declaración de incompatibilidad del recurrente para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura no vulnera el derecho a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución.

También considera que la cuestión de interés casacional planteada se proyecta más allá del archipiélago canario, motivo por lo que examina la cuestión desde un plano general.

Pico Lorenzo se plantea si la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 6.2 b) en relación con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) debe ser entendida en el sentido de que afecta a los condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena.

Así, considera que el artículo 6.2 de la LOREG en su última reforma tiene “un sentido omnicomprensivo no limitativo en lo que concierne al artículo 23.2 CE en aras a una mayor protección de las instituciones públicas haciendo emerger una orientación más cercenadora respecto a condenados a la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público”.

Pico Lorenzo subraya, también, que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo reitera que un copropietario no está legitimado para impugnar un acuerdo cuando no le afecta su contenido    

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de abril, 2019

-España-

 La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios es el pan de cada día, y se trata de un recurso que muchos propietarios utilizan de forma indiscriminada, obstaculizando el buen funcionamiento de la comunidad. El Tribunal Supremo examina la legitimación de los copropietarios en una reciente sentencia dictada el pasado 6 de marzo (TS, Sala Primera, de lo Civil, S 144/2019, de 6 de marzo. Rec. 3548/2016).

Hay que tener claro que los propietarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal podrán impugnar los acuerdos cuando:

a) sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios;

b) cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; y

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, deben estar al corriente de pago de las cuotas o haberlas consignado previamente en el juzgado, excepto que la impugnación se refiera a acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Pero, ¿esto significa que cualquier propietario está legitimado para acudir a los tribunales a impugnar cualquier acuerdo aunque no le afecte?

El Tribunal Supremo, en esta sentencia dictada el pasado 6 de marzo de 2019, examina el tema, y concluye que en este caso no concurría legitimación activa del propietario para impugnar el acuerdo, sino que se trataba de obstaculizar sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios. Veamos sus razonamientos:

Contribución de los sótanos a los gastos comunitarios

La Comunidad, en junta de propietarios, tomó la decisión de cargar gastos comunitarios a los titulares de los sótanos, que hasta el momento estaban exentos de facto del pago de los mismos. El comunero decide impugnar el acuerdo aunque no era propietario de ninguno de dichos sótanos, sino de una vivienda. Los acuerdos no le afectaban, y además en junta anterior voto a favor del presupuesto económico del año a través de representante.

Aunque el juzgado estimó parcialmente la pretensión del propietario, la Audiencia Provincial de Madrid (S. AP Madrid de 28 de septiembre de 2016) revoca la sentencia de instancia y absuelve a la comunidad por falta de legitimación activa del copropietario.

Criterio del Supremo – Regla de legitimación y requisito de procedibilidad del artículo 18 LPH

El propietario reunía los requisitos que establece el artículo 18 LPH en cuanto propietario, pero carece de legitimación activa de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no acredita qué perjuicio le ocasiona el acuerdo impugnado.

La Sala hace mención de la STS 671/2011, que analiza este artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, indicando que establece una regla de legitimación y un requisito de procedibilidad. La regla de legitimación limita la posibilidad de impugnar los acuerdos de la junta de propietarios a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. También se introduce una regla de procedibilidadcondicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9.

Y la STS 496/2012, de 20 de julio, que también menciona, indica que los propietarios pueden impugnar ciertos acuerdos adoptados en un junta por considerar que no se aprobaron con las mayorías exigibles o porque de algún otro modo vulneraron la LPH, pero no puede sustentarse su acción en el hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito. “Solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal motivo, del mismo modo que solo quien haya acudido a la junta y haya salvado su voto estará legitimado para impugnar, sin que aquel propietario que no lo haya salvado pueda sustentar una acción fundada en tal circunstancia”.

De todo ello deduce la Sala que el propietario impugnante debe respetar el dictado del artículo 18 LPH, pero siempre partiendo de la necesidad de que el acuerdo le perjudique de alguna forma, aunque sea indirectamente.

En este caso, no consta ningún perjuicio para el propietario impugnante porque: a) no es copropietario del sótano; b) no le afecta negativamente el pago de las cuotas relativas a lo sótanos, sino que más bien le beneficia, y c) no razona en casación ningún perjuicio personal respecto del acuerdo que impugna.

Por tanto, fue correcta la aplicación, por parte de la Audiencia Provincial, del artículo 10 de la LEC (“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”), pues es aplicable también en materia de propiedad horizontal.

Este es uno de esos casos, concluye la Sala, en que se obstaculiza sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios, pues el impugnante no es titular del objeto litigioso.

Derecho Internacional/ International Law

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El Abogado General avala sancionar a España por no adoptar la Directiva sobre hipotecas       

Fuente: El Economista España

28 de marzo, 2019

-Unión Europea-

El Abogado General de la Unión Europea, Tanchev, asegura que España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros hasta que adopte la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. “España ha incumplido sus obligaciones de informar, en consecuencia, debe imponerse una multa coercitiva diaria”, apunta.

La normativa ya está aprobada y entrará en vigor el próximo 16 de junio, por lo que es difícil que la sanción llegue a materializarse debido al tiempo que aún tardará el tribunal en decidir. Para entonces, es posible que la nueva ley hipotecaria esté aprobada.

Sin embargo, este asunto brinda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que “un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo” y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.

El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro “ha incumplido la obligación de informar” sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.

En sus conclusiones, presentadas hoy, señala que “España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión”. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.

Derecho Económico y Comercial / Economic Commercial Law

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El Supremo decidirá cómo sustituir las cláusulas de vencimiento anticipado   

Fuente: El Economista España

26 de marzo, 2019

-España-

Un juez no puede anular los elementos de una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario considerados abusivos, en el caso de que esta supresión afecte la esencia de la propia cláusula y, por tanto de vea modificada su esencia, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), en una sentencia de 26 de marzo de 2019.

Para que el consumidor afectado no se vea perjudicado por la desaparición de esta cláusula, lo primero que tiene que analizar el juez encargado del caso es si se puede mantener en vigor el contrato de préstamo sin la mencionada cláusula y si en caso de que no sea posible mantenerlo, si esta decisión afecta negativamente el consumidor.

La sentencia interpreta la Directiva 93/13CEE, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Se han unido dos litigios distintos en los que se discutía el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado incluido en el contrato de préstamo, y en el segundo, una ejecución hipotecaria.

Situación de inferioridad

Como es tradicional en la jurisprudencia del TJUE, la sentencia incide en la idea de que los consumidores se encuentran en situación de inferioridad respecto a los profesionales, tanto en lo que se refiere a negociación como en información, lo que les lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano. Para ello la Directiva establece una serie de mecanismos para asegurar que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada en cuanto a su abusividad.

El ponente, el magistrado Siniša Rodin, recuerda que el TJUE, en su jurisprudencia, tiene establecido que cuando el juez nacional declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional que permite al juez nacional integrar dicho contrato modificando el contenido de esa cláusula, tal y como se ha fallado en las sentencias de 14 de junio de 2012 -Banco Español de Crédito- y de 30 de abril de 2014 -Kásler y Káslerné Rábai-.

Si la conclusión judicial es que el contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin la cláusula declarada abusiva, la sentencia del TJUE dictamina que el juez deberían abstenerse de aplicar la cláusula, salvo que el consumidor se oponga a ello, en el caso de que pudiera considerar que una ejecución hipotecaria, amparada en esa cláusula, le sería más favorable que la vía del procedimiento de ejecución ordinaria.

Sin embargo, señala el magistrado Rodin, que de la jurisprudencia del TJUE, lo que no se puede concluir es que en estos casos, el juez nacional encargado del litigio no pueda sustituir la cláusula abusiva anulada por una disposición supletoria de Derecho nacional si se ve en la necesidad de anular todo el contrato como consecuencia. Y, considera que debe hacerse así, en estos casos, cuando las consecuencias para el consumidor sean perjudiciales y acaben convirtiéndose para él en una penalización.

El ponente explica que “si en estos casos no se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse”.

Una regulación cambiante

Los casos examinados se refieren a litigios inspirados en el artículo 693.2 Ley de Enjuiciamiento Cvil (LEC) en el texto previo a la reforma que entró en vigor el 15 de marzo de 2013, debiendo considerarse abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado al dar la posibilidad al banco de declarar el contrato vencido anticipadamente y exigir la devolución del préstamo cuando el deudor al dejar de pagar tan solo una sola mensualidad.

Así pues, la normativa supletoria que podría ser aplicable a estos procedimientos, cuando sea imposible mantener el contrato en vigor y, por tanto, se le pueda causar un perjuicio al consumidor, en el caso de que así lo decida la Justicia española, sería la redacción de la LEC actualmente en vigor, que establece en tres meses la falta de pago para proceder a la ejecución del inmueble.

El próximo día 15 de junio está prevista la entrada en vigor la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que modificará los límites para que las entidades prestamistas puedan proceder a la ejecución hipotecaria de una vivienda por impago del crédito.

Así, durante la primera mitad del plazo: hasta que la demora no exceda un 3 por ciento del capital concedido o se alcance un equivalente a un total de 12 cuotas impagadas. Por otra parte, en la segunda mitad del plazo: el porcentaje del capital impagado asciende al 7 por ciento, mientras que las mensualidades en demora mínimas serán 15.

Esta regulación no se aplica al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, estuviera este suspendido o no.