España

Derecho Civil / Civil Law

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El Tribunal Supremo establece que el plan de pensiones de la empresa puede ser ganancial   

Fuente: El Economista España

06 de julio, 2019

-España-

La voluntad de las partes puede influir en el reparto de la cantidad cuando se rescate el plan de pensiones empresarial de uno de los cónyuges y que se reparta entre los dos miembros de la pareja en el inventario de las sociedad de gananciales, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de junio de 2019.

La sentencia anula el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que, en apelación, rechazó que la voluntad de las partes pueda influir en el reparto de la cantidad en que se rescate el plan de pensiones.

Libertad de contratación

El ponente, el magistrado Arroyo Fiestas, declara que al margen de la calificación del plan de pensiones, lo que es indiscutible es que las partes acordaron que se repartiría a partes iguales, acuerdo que tiene sustento jurídico en el principio de libertad de contratación de los cónyuges.

El Tribunal de apelación estimó que el fondo de pensiones, de inicio y en su producto o percepción final, es de naturaleza privativa del titular, pues está relacionado directamente el contrato de trabajo de éste con la empresa, lo cual es una condición impuesta por dicha entidad en dicho contrato como condición laboral y por las razones económicas que sean y en beneficio de dicha empresa, se concierta tal fondo de pensiones cuyos fondos los aporta la empresa y no el trabajador.

Así, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que es algo impuesto, que no nace de la voluntad privada de las partes ni del matrimonio y no es dinero el de las aportaciones que saliera de dicho matrimonio.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, que acoge las tesis de la instancia, determina que en principio, el plan de pensiones del demandado también habría de considerarse incluido en uno de los acuerdos suscritos por ambas partes, en que se comprometieron a “separar la parte mobiliaria” de los bienes gananciales. En uno de los puntos pactaron que cuando se rescatase el plan de pensiones del demandado, se repartiría a partes iguales.

El titular del plan de pensiones reconoció que todos los bienes incluidos por su cónyuge eran bienes gananciales, pero que la liquidación estaba ya realizada, aunque pendiente de reparto.

No cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan

Por ello, el ponente estima que “efectivamente, así es, porque tampoco proceden mayores disquisiciones sobre el carácter ganancial del importe cobrado por el demandado a consecuencia del plan de pensiones, debiendo estarse a lo expresamente pactado por las partes, aunque dicho documento no fuese elevado a público”.

Asegura, además, que ni cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan, o bien deba considerarse así el importe íntegro cobrado por el titular del plan de pensiones de empresa, porque en aplicación de la doctrina de los actos propios, y de las obligaciones asumidas contractualmente -artículo 1255 y 1258 del Código Civil (CC)-, el total percibido por el demandado fue considerado ganancial, que debió repartirse por mitad entre los litigantes.

En este litigio, el titular del fondo defendía que su interpretación del acuerdo era que al hablar de fondos de pensiones se refería a los que habían creado con aportaciones de gananciales ambos cónyuges. La sentencia concluye que en el documento privado no quedaba excluido el plan de pensiones en discusión.

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Derecho Civil/ Civil Law

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El Tribunal Supremo aclara el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho           

Fuente: Noticias Jurídicas

11 de julio, 2019

-España-

 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha resuelto varias cuestiones novedosas en relación con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

La primera de ellas es qué ha de entenderse como “deudor de buena fe”, para lo cual la sala se remite a la concurrencia de los requisitos heterogéneos enumerados en el artículo 178 párrafo tercero, desvinculándolo del concepto general del artículo 7.1 del código civil.

La segunda de las cuestiones se refiere a la posibilidad o imposibilidad de modificar las vías que la ley prevé como alternativas en el artículo 178 bis 3.4º – exoneración inmediata- o 5º- exoneración diferida en el tiempo-. La sala considera que no existe inconveniente en que el deudor opte sobrevenidamente por la alternativa del ordinal 5.º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de tal alternativa.

La última de las cuestiones denunciadas por la Agencia Tributaria es que el apartado 6 del art. 178 bis LC imposibilita que el plan de pagos pueda acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público, al remitirse a lo dispuesto en su normativa específica. Analizando el preámbulo, los antecedentes normativos y los instrumentos internacionales adoptados antes y después de su regulación- en particular los objetivos perseguidos por la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas-, la sala concluye que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Esta contradicción haría prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre las objeciones que presenta el plan de pagos, y atender solo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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¿Tienen los clientes los mismos derechos como consumidores durante las rebajas?    

Fuente: Noticias Jurídicas

02 de julio, 2019

-España-

Los periodos de rebajas son siempre épocas frenéticas para los comercios y los propios usuarios. Miles de consumidores realizan sus compras anuales aprovechando la época de descuentos, pero tal masificación puede llevar a la vulneración por parte de los establecimientos hacia algunos de los derechos de los clientes.

Libertad para determinar la fecha de rebajas

La venta en rebajas está regulada con carácter estatal en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, sin prejuicio de la normativa autonómica propia de cada región. 

Además, desde su reforma en el año 2012, los periodos de rebajas podrán ser elegidos por el libre criterio de cada empresario en los periodos estacionales de mayor interés comercial, así como la duración de los mismos.

Calidad de los productos ofertados

Se entiende por rebajas, aquellos artículos ofertados a un precio inferior. Sin embargo, no podrá incluirse como tal aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, de tal forma que pueda apreciarse la diferencia de precio.

Asimismo, queda prohibido ofertar productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario (art. 24 LCM). 

Rebajas y otro tipo de promociones deben estar diferenciados

En periodo de rebajas no todos los productos tienen por qué encontrarse a un precio reducido. En caso de encontrarnos con productos ofertado a precio normal y otros rebajados, estos deben estar suficientemente separados de tal forma que no pueda razonablemente existir error en el cliente. Además, debe distinguirse claramente si el precio del producto se debe a una rebaja, liquidación, promoción u obsequio. En todo caso el cliente tiene el derecho a conocer cuál era el precio original del producto antes de que se le aplicase el descuento de la rebaja.

Los derechos como consumidor se mantienen inmutables

Que el cliente adquiera un producto a un precio inferior al habitual no le priva de sus derechos habituales como consumidor. Si el producto tuviese algún tipo de defecto el consumidor tendrá derecho a a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato en virtud de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Devolución

La posibilidad de renuncia o devolución deberá permitir que el consumidor y se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del producto. En caso de error o defecto debe tener el derecho de reclamar y obtener la devolución total o parcial del dinero en función de la situación.

Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en cualquier caso se aplicará la misma política de devolución que el resto del año.

Productos comprados en Internet

Cuando el producto rebajado que hemos comprado lo hemos adquirido por uno de los múltiples canales de compra online también entran en juego una serie de factores. En primer lugar, la tienda online tiene la obligación de enviar una confirmación o un recibo. Desde el momento que recibimos el producto en casa, tenemos un plazo total de 14 días naturales para devolverlo sin coste alguno. Además, la tienda debe informar claramente de este plazo, que puede ampliarse a 12 meses como castigo.

Por otra parte, los vendedores deben informar previamente a los consumidores si consideran que son estos los que deben pagar los gastos de devolución de los productos dentro del periodo de reflexión de 14 días. Si no lo hacen, son los propios vendedores quienes deben pagar los gastos de devolución.

La garantía es la misma que para los productos comprados de forma física: 2 años. Siempre es responsabilidad del fabricante arreglar cualquier defecto de fábrica, cambiarlo por el mismo producto o devolver lo pagado.

Periodo de 14 días en la Unión Europea

En la UE tienes derecho a devolver compras realizadas online o mediante otros tipos de venta a distancia (por teléfono, por correspondencia o a un vendedor a domicilio) en un plazo de 14 días para obtener el reembolso íntegro sin ninguna explicación, siendo suficiente el desistimiento unilateral del consumidor. 

El periodo de reflexión de 14 días no se aplica, sin embargo, a algunos productos como billetes de avión o tren, reservas de hotel, alimentos entregados a domicilio o artículos fabricados a medida.

Finalmente, la UE no reconoce el derecho legal a devolver un producto para cambiarlo por otro u obtener un reembolso salvo la existencia de defecto. Tales derechos dependen exclusivamente del propio comercio, que habitualmente ofrece ciertas opciones a sus clientes.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC avala por unanimidad la aplicación del artículo 155 CE en Cataluña           

Fuente: Noticias Jurídicas

02 de julio, 2019

-España-

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha avalado la aplicación del art. 155 de la CE en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Tribunal en dos sentencias desestima en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el Parlamento de Cataluña contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 mediante el que se aprueba medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del art. 155 CE. Se estima únicamente la impugnación en lo relativo a la regla que privaba de efectos a la publicación oficial de disposiciones normativas o actos, sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por este.

La parte dispositiva de la primera sentencia, referida al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados de Unidos Podemos tiene el siguiente contenido:

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

1. Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados y, en su virtud, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo segundo del apartado E.3, incluido en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2017 y aprobado por el Acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017 “por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución”.

2. Desestimar el recurso en todo lo demás.

Segunda sentencia

La parte dispositiva de la segunda sentencia, referida al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña tiene el siguiente contenido:

“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

1. Inadmitir parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, en lo que respecta a “todas las disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como complemento o adición de las medidas” aprobadas por el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017, “por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución”.

2. Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso en lo relativo al párrafo segundo del apartado E.3 incluido en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 y aprobado por el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017.

3. Desestimar el recurso en todo lo demás.

Derecho Laboral/ Labor Law

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El Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial              

Fuente: El Economista España

03 de julio, 2019

-España-

 El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el precepto presente en la Ley General de la Seguridad Social que calcula la pensión del trabajo a tiempo parcial, al establecer que crea una desigualdad en el cálculo de la base reguladora con respecto a los trabajadores a tiempo completo. Este hecho, además, es “discriminatorio para la mujer”, ya que, según datos oficiales, ocupa el 70 % de estos empleos.

En una sentencia conocida este miércoles, el Pleno del Alto Tribunal estima una cuestión interna de inconstitucionalidad, y declara nulo el precepto que regula la cuantía de las pensiones que reciben los trabajadores a tiempo parcial por vulnerar éste el derecho a la igualdad.

Para el Constitucional, “no resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial” respecto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados.

Para el tribunal, el inciso ahora anulado, incluido en la Ley General de la Seguridad Social, no sólo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además “constituye una discriminación indirecta por razón del sexo”, ya que “estadísticamente” la mayor parte de ellos son mujeres.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de “justificación objetiva y razonable” al establecer diferencias entre los trabajadores; no obstante, señala que la declaración de nulidad no afectará a los conflictos individuales en los que ya exista sentencia firme.

El TJUE ya se pronunció en contra

Hace dos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó una sentencia en la que consideraba que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la que corresponde por sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que sea “la contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad”.

Aunque el tribunal europeo remitía la decisión en aquel caso sobre la posible discriminación por género al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí apuntaban que la normativa nacional colocaba a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres. 

Ya entonces señalaba que la base reguladora aplicada para el cálculo de la pensión de los trabajadores que trabajan menos de dos tercios de la jornada de un trabajador a tiempo completo es proporcionalmente inferior a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo.

“Esta legislación tiene en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo”, señala el TJUE.

“Estos trabajadores, que representan el 65 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje”, subraya el Tribunal de Luxemburgo. “Aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo”, concluye.

Derecho Laboral / Labor Law

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La Audiencia Nacional establece que los complementos cuentan para calcular el SMI 

Fuente: El Economista España

18 de junio, 2019

-España-

 La Audiencia Nacional establece que los complementos salariales cuentan a la hora de calcular el salario mínimo interprofesional (SMI). La sentencia rechaza de esta forma la pretensión de los sindicatos, que solicitaban que a los 12.600 euros anuales -900 euros al mes en 14 pagas- se sumaran otros conceptos.

Los sindicatos reclamaban que los trabajadores que perciben prima tienen derecho a que su salario incluya 900 euros mensuales por 14 pagas más los complementos salariales de convenio y la prima de producción, aunque la suma de dichos conceptos supere 12.600 euros anuales.

La Sala desestima dicha pretensión, porque las reglas de compensación y absorción no pueden desbordar el mandato legal, donde “queda perfectamente claro” que el cómputo anual debe ser de 12.600 euros anuales. “De otro modo se desbordaría la finalidad del SMI y se vaciaría de contenido la negociación colectiva y la autonomía de las partes”, añade el fallo.

Según la Audiencia Nacional, la revisión del SMI “tendría un efecto multiplicador sobre todos los convenios colectivos cuyos salarios bases fueran inferiores al SMI, que se convertiría en salario base o fijo para todos los trabajadores cuyos salarios base convenio o pactados contractualmente fueran inferiores al SMI de cada año”. De este modo, entiende que “pervertiría el papel de los convenios colectivos, que es el espacio natural para la fijación de salarios, según la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional”.

Misma línea

La jurista María del Mar Alarcón, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y socia of counsel de Human&Law, considera que el pronunciamiento de la Audiencia Nacional en la sentencia no deja lugar a dudas sobre la interpretación que debe darse al contenido del RD 1462/2018, siguiendo la línea mantenida en otros pronunciamientos del mismo órgano judicial de 30 de noviembre de 2018, en el sentido de no excluir los complementos salariales negociados en el convenio aplicable en la empresa en el cómputo de la cuantía mínima del SMI.

Alarcón explica que “el fallo desestima la demanda al contradecir la finalidad del salario mínimo interprofesional, tal y como se deduce del artículo 1 del Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, que consiste en garantizar la función del Salario Mínimo Interprofesional como garantía salarial mínima de los trabajadores por cuenta ajena establecida en el Estatuto de los Trabajadores, quienes tienen derecho a percibir en cómputo anual, por todos los conceptos, la cantidad de 12.600 euros”. María del Mar Alarcón asegura que “dicho precepto legal, cuya finalidad y límites ya han sido establecidos, quedaría desbordado radicalmente”.

Derecho Administrativo / Administrative Law

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Supremo rechaza el acceso a la sanidad pública de los familiares no residentes            

Fuente: El Economista España

05 de junio, 2019

-España-

El Tribunal Supremo r echaza que la concesión de la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. La sentencia, de 5 de mayo de 2019, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia, que entendió que reunía los requisitos del artículo 2.b 3 del Real Decreto 1192/2012 de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario.

“La dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión relativo a que el reagrupante, tal y como se desprende del artículo 7.1.b y 2 del Real Decreto 240/2007, disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”, establece la sentencia.

El fallo establece que la tarjeta de residencia temporal no da el derecho “automático” a la asistencia a cargo del Estado

El magistrado Gullón Rodríguez, ponente del fallo, explica que “partiendo del principio de universalidad y sin olvidar el de financiación pública y su sostenibilidad, que igualmente informan el sistema nacional de salud, el concepto de cobertura obligatoria de la prestación de asistencia sanitaria es el que se pretende por la parte recurrente porque la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, cuando el solicitante es extranjero con residencia legal, solo se otorga en el caso de que no se tenga cubierta dicha prestación de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados”.

De este modo, señala que si hay un tercero obligado a cubrir dicha protección o existe una norma que así lo imponga o que tal prestación venga siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto. “Esto es lo que sucede en los supuestos en que un familiar a cargo de un reagrupante”, añade.

El Supremo destaca que dicho familiar tiene cubierta la asistencia sanitaria por el reagrupante que debe mantenerla durante todo el tiempo de residencia legal como dinámica propia e inescindible del derecho. “Y esta cobertura debe ser calificada de obligatoria en tanto que viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida”, apunta. “Si ello es así, la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero que se ha obligado a dar cumplimiento a esa exigencia normativa”, explica.

El Tribunal invoca la reforma operada en el año 2018 en la que, en lógica con las regulaciones que hemos expuesto a lo largo de esta resolución, sigue manteniendo en su exposición de motivos, que no es adecuado hacer un uso indebido del derecho de asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos cuando existe esa protección por otras vías.

“En definitiva, no cuestionándose la legalidad de que el familiar se encuentra residiendo legalmente en España por reagrupación familiar, la conclusión que se debe alcanzar es la que no está desprotegido en materia de asistencia sanitaria, al tener una cobertura obligatoria por otra vía distinta a la pública”, concluye el Supremo. La sentencia incluye un voto particular de dos magistrados que consideraban que había que confirmar al TSJ.