Guatemala

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por imposición de la pena de muerte, así como por la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

08 de noviembre, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por (i) la imposición de la pena de muerte al señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes; (ii) su posterior muerte tras fugarse de la cárcel de “El Infiernito” en el año 2005; (iii) los actos de tortura a los que fue sometido al momento de su detención el 6 de agosto de 1997; (iv) la violación del derecho a las garantías judiciales en el marco del procedimiento que culminó con la sentencia a pena de muerte; (v) el sometimiento al fenómeno del “corredor de la muerte” (vi) la violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial por la ausencia de una debida investigación con respecto a las torturas perpetradas y su posterior muerte, y (vii) la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la hermana del señor Ruiz Fuentes. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El 6 de agosto de 1997 el señor Ruiz Fuentes fue detenido junto con cuatro otras personas en el marco de una operación de rescate a un menor que había sido sustraído el día anterior. El señor Ruiz Fuentes sufrió en el contexto de su detención una serie de lesiones graves que provocaron que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para efectuarle una “resección de segmento de colon transverso y colostomía en doble boca”, permaneciendo trece días hospitalizado. El 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Ruiz Fuentes y de los otros acusados por el secuestro del menor, condenándole a la pena de muerte por ser responsable del delito de plagio o secuestro en grado de autor directo. El señor Ruiz Fuentes interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron rechazados. Finalmente presentó un recurso de gracia ante el Ministro de Gobernación solicitando la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de 50 años de prisión. No consta que dicho recurso haya sido tramitado o resuelto.

Años más tarde, el 22 de octubre de 2005, se produjo una fuga en la cárcel de máxima seguridad denominada “El Infiernito”, la cual fue protagonizada por 19 internos, entre los que se encontraba el señor Ruiz Fuentes. Con el objeto de recapturar a las 19 personas fugadas, el Estado puso en marcha la “Operación Gavilán”. El 14 de noviembre de 2005 fue encontrado el cadáver del señor Ruiz Fuentes en la Avenida 0 Calle 5ta de la Colonia Monja Blanca de Barberena, en el Departamento de Santa Rosa.

Con respecto a la imposición de la pena de muerte, la Corte observó que, en el momento en el que Guatemala ratificó la Convención Americana, el artículo 201 del Código Penal sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de la muerte del secuestrado. La norma citada fue modificada en tres oportunidades, aplicándose finalmente a la víctima del presente caso la disposición establecida mediante Decreto Legislativo No. 81/96, de 25 de septiembre de 1996, que establecía la imposición de la pena de muerte para los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro, eliminando así el requisito de la posterior muerte del secuestrado. La Corte concluyó que la modificación introducida al tipo penal de plagio o secuestro trajo consigo una “extensión” de la aplicación de la pena de muerte, prohibida por el artículo 4.2 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte concluyó que la aplicación del artículo 201 del Código Penal guatemalteco supuso una imposición automática y obligatoria de la pena de muerte. Finalmente, declaró que la ausencia de un procedimiento para solicitar la amnistía, indulto o conmutación de la pena fue violatorio del artículo 4.6 de la Convención. En virtud todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable internacionalmente de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

Con respecto al proceso penal seguido contra el señor Ruiz Fuentes, la Corte consideró que en el marco del mismo se produjo una violación del artículo 8.2.c) en tanto que el Tribunal de Sentencia Penal otorgó únicamente 24 horas al abogado recientemente designado para que preparase la correspondiente estrategia de defensa. Asimismo, la Corte consideró que la negativa por parte de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h).

Por otro lado, el Tribunal determinó que el señor Ruiz Fuentes enfrentó graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de encontrarse en el “corredor de la muerte” tras un procedimiento que tuvo numerosas falencias, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana y constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la misma, todo ello con relación al artículo 1.1 del mismo instrumento.

Asimismo, la Corte consideró que el señor Ruiz Fuentes fue sometido a actos de tortura a manos de agentes estatales al momento de su detención el 6 de agosto de 1997, en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, lo que además constituyó la violación del artículo 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

En relación con su muerte, la Corte concluyó que la misma se produjo por agentes estatales y ello en vista de (i) que la prueba pericial indicaba que el disparo que presentaba el señor Ruiz fuentes en su ojo derecho fue realizado a corta distancia; (ii) que miembros del Comando Anti Secuestros de la PNC se encontraron en la escena del crimen a los pocos minutos de haberse producido la muerte del señor Ruiz Fuentes; (iii) que la escena del crimen fue alterada; (iv) las versiones contradictorias brindadas por el Estado a nivel interno, ante la Comisión y ante este Tribunal; y (v) la versión de los hechos resultante de las investigaciones llevadas a cabo por la FECI, órgano estatal encargado de la investigación penal de la muerte del señor Ruiz Fuentes.

La Corte también concluyó que hubo una falta de investigación oportuna de los actos de tortura a los que fue sometido el señor Ruiz Fuentes y que en la investigación con respecto a su posterior muerte el Estado no actuó con diligencia debida, todo ello en violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Por último, la Corte concluyó que, como consecuencia directa de las torturas sufridas por su hermano, así como las ulteriores secuelas, la imposición de la pena de muerte, la posterior ejecución extrajudicial y la ausencia de investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales, la hermana del señor Ruiz Fuentes padeció un profundo sufrimiento y angustia, lo que supuso una violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

***

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

Derecho Internacional / International Law

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Guatemala: Guterres espera que continúe la lucha contra la impunidad tras la salida de la CICIG

Fuente: Naciones Unidas

03 de septiembre, 2019

Tras más de una década de trabajo, este martes finaliza el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Secretario General de las Naciones Unidas aplaudió las actividades que emprendió en el país durante todo este tiempo y dejó la puerta abierta a una futura colaboración.

“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de derecho, así como las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala durante sus 12 años de funcionamiento”, destacó António Guterres.

En un comunicado leído por el portavoz del Secretario General durante su encuentro diario con la prensa, Guterres expresó su gratitud a todo el personal de la CICIG y destacó su “profesionalismo y compromiso a colaborar en la defensa de la justicia”.

El Secretario General espera que continúen los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en la nación centroamericana y expresó la voluntad de la ONU de seguir cooperando con Guatemala “en el fortalecimiento del estado de derecho”.

Ante una pregunta de los medios de comunicación sobre si hay conversaciones con las autoridades guatemaltecas sobre cualquier forma de cooperación conjunta con la ONU, el portavoz de la Organización, Stephane Dujarric, destacó que esa sería “una decisión que depende del gobierno”, y recordó que la Comisión se creó a petición de las instituciones del país centroamericano.

Las actividades de la CICIG finalizan este 3 de septiembre tras doce años de actividad en los que ha contado con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias.  

Durante todos estos años, y con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Guatemala high court blocks agreement to have migrants apply for asylum there rather than in US    

Source: Jurist

July 16, 2019

The Guatemala Constitutional Court granted an injunction Sunday to stop the country’s President, Jimmy Morales, from entering into a proposal with the US that would require migrants from El Salvador and Honduras to apply for asylum in Guatemala instead of in the US.

Morales canceled a trip to Washington, DC, earlier Sunday to let the court rule on the injunction.

The agreement is not popular in Guatemala—the two candidates in the upcoming runoff presidential election and the Catholic Church have both opposed the plan. A lawyer arguing for the injunction stated that the plan is criticized because “Guatemala utterly lacks the institutions able to offer migrants the minimal conditions with respect to human rights.”

Additionally, proponents of the injunction argue that the president does not have the power to sign the agreement. The country’s Constitution, in Article 171, determined that any treaties or international agreements need to be approved by Congress.

Derecho Internacional / International Law

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La Corte Internacional de Justicia resolverá la disputa territorial entre Guatemala y Belice      

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Después de someterlo a referendo, ambas naciones han llevado sus diferencias ante el tribunal, que se ha dado por enterado de la petición para la resolución de las reivindicaciones territoriales, insulares y marítimas de Guatemala sobre Belice.

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano de judicial de las Naciones Unidas, resolverá la disputa territorial que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado emitido por el tribunal.

El 8 de diciembre de 2008, los dos Estados firmaron un compromiso “para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015.

 “Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie, de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su Estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios, determinando sus respectivos límites”, señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones.

El acuerdo establece que el procedimiento “constará de dos etapas, una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias”. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones.

 Además, las partes se compromenten a aceptar “la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante” y “a cumplirla y ejecutarla de manera plena y de buena fe”.

En particular, acuerdan establecer, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de la Corte, la composición y los términos de referencia de una comisión binacional para demarcar sus fronteras de acuerdo con la decisión de la Corte. Si no llegan a un acuerdo de este tipo dentro de tres meses, las partes pueden solicitar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la comisión binacional y que defina los términos de referencia para ese panel.

Antes de someter su disputa a la Corte, Guatemala y Belice organizaron referendos entorno a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? “

 Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril de 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019.

 El Tribunal ahora se ha ocupado de la disputa.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por aplicación de pena de muerte en violación del derecho a la vida y del principio de legalidad, así como por violación de las garantías judiciales           

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por la privación de la vida, así como por la violación del principio de legalidad y de las garantías judiciales en perjuicio de Manuel Martínez Coronado. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 El señor Martínez Coronado y un coimputado fueron acusados de cometer un delito de asesinato de siete personas ocurrido el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En el proceso penal el señor Martínez Coronado y su coimputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio por el Estado. El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados culpables de los siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez Coronado a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El tribunal interno, para fundar la responsabilidad del señor Martínez Coronado, aplicó el elemento de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, entonces vigente, el cual imponía la pena capital “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.

La Corte resaltó que el artículo 4 de la Convención Americana establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, que revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. El Tribunal recalcó que en esta materia la Convención Americana apunta hacia una progresiva eliminación al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión total.

Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal consideró que el Estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida), ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ello debido a la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y la posterior aplicación al señor Martínez de pena de muerte que establece dicha disposición.

Por otro lado, la Corte notó que en el presente caso existían elementos de contradicción relevantes entre las declaraciones del señor Martínez Coronado y su coimputado, las cuales recaían sobre aspectos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado. Sobre este particular, el Tribunal indicó que las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por dicha defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

 En consecuencia, la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez incumplió el deber de brindar las garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa, todo ello en contravención de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 *** La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

Derecho Internacional / International Law

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La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía               

Fuente: Naciones Unidas

12 de marzo, 2019

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

En una declaración publicada este martes, Adama Dieng urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.

El asesor especial del Secretario General también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996.

Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.

Una clara violación de la Constitución

La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.

Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

El proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

Según el asesor especial para la Prevención del Genocidio, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia”.

Dieng destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

Si no hay justicia, prevalece la impunidad

“El juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “, afirmó.

La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado.

La rendición de cuentas por delitos del pasado constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad, porque reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. Además, reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.

Dieng concluyó asegurando que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado. Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia “.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas a la jueza Villaseñor Velarde

Fuente: Corte IDH

1 de marzo, 2019

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por no investigar indicaciones sobre actos intimidatorios contra la Jueza María Eugenia Villaseñor Velarde, que se produjeron en 1994 y en años posteriores. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Los hechos del caso tuvieron lugar desde la década de 1990 hasta 2013, cuando la Sra. Villaseñor se desempeñó como jueza.

 Entre 1991 y 1997 la Sra. Villaseñor realizó actos destacados en el marco de su actividad, destacándose entre ellos la participación en causas judiciales de trascendencia pública. Hay información que indica que durante 1994 la Jueza fue objeto de diversos actos de intimidación, que pudieron configurar una sucesión o conjunto de hechos de presiones externas respecto de su actividad judicial, atentando contra la independencia judicial. Distintas fuentes indican que la señora Villaseñor sufrió amenazas directas (inclusive la amenaza o el intento de secuestro de su hija), daños intencionales a sus bienes, intentos de acceder a su domicilio y actos de vigilancia, entre otros hechos.

Asimismo, el 29 de agosto un agente asignado a su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado sobre actividades de la Jueza. También se indicó que entre 1995 y 2013 sucedieron otros hechos, de diversa índole. El Estado brindó seguridad a la señora Villaseñor y a sus familiares durante cerca de 18 años, entre 1994 y 2013. No obstante, no investigó lo ocurrido el 29 de agosto de 1994, ni sobre hechos de amenazas directas que habrían ocurrido ese año. Tampoco dio respuesta a determinadas denuncias posteriores de la Jueza. Consta además que en 2001, en el ámbito policial, se ordenó realizar una investigación, sin que haya información sobre su realización efectiva. Aunado a ello se efectuaron acciones insuficientes para investigar “amenazas” a partir de una denuncia de la Jueza de 2005.

El Tribunal resaltó que, dado que en el caso se indicó una situación de riesgo prolongada en el tiempo y relacionada con la actividad de la señora Villaseñor, la investigación de los hechos podía ser relevante para desactivar dicho riesgo y garantizar la independencia judicial. Entendió que el incumplimiento del deber de investigar generó en la señora Villaseñor una situación de incertidumbre y angustia que afectó su integridad personal. En consecuencia, y debido a la falta de investigación señalada, la Corte concluyó que Guatemala no garantizó el derecho a la integridad personal de la señora Villaseñor, que se vio afectado en relación con su independencia judicial, y que el Estado violó sus derechos a las garantías y protección judiciales. Por ende, declaró que Guatemala violó los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado.

Asimismo, la Corte determinó que el Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Antonio Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde, quienes son, respectivamente, hija, hermana y hermano de la señora Villaseñor. Tampoco consideró responsable a Guatemala por la violación al derecho a la protección de la honra y de la dignidad respecto de ninguna de las personas nombradas En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó: a) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y b) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial.