Guatemala

Derecho Internacional / International Law

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La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía               

Fuente: Naciones Unidas

12 de marzo, 2019

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

En una declaración publicada este martes, Adama Dieng urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.

El asesor especial del Secretario General también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996.

Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.

Una clara violación de la Constitución

La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.

Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

El proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

Según el asesor especial para la Prevención del Genocidio, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia”.

Dieng destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

Si no hay justicia, prevalece la impunidad

“El juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “, afirmó.

La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado.

La rendición de cuentas por delitos del pasado constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad, porque reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. Además, reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.

Dieng concluyó asegurando que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado. Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia “.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas a la jueza Villaseñor Velarde

Fuente: Corte IDH

1 de marzo, 2019

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por no investigar indicaciones sobre actos intimidatorios contra la Jueza María Eugenia Villaseñor Velarde, que se produjeron en 1994 y en años posteriores. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Los hechos del caso tuvieron lugar desde la década de 1990 hasta 2013, cuando la Sra. Villaseñor se desempeñó como jueza.

 Entre 1991 y 1997 la Sra. Villaseñor realizó actos destacados en el marco de su actividad, destacándose entre ellos la participación en causas judiciales de trascendencia pública. Hay información que indica que durante 1994 la Jueza fue objeto de diversos actos de intimidación, que pudieron configurar una sucesión o conjunto de hechos de presiones externas respecto de su actividad judicial, atentando contra la independencia judicial. Distintas fuentes indican que la señora Villaseñor sufrió amenazas directas (inclusive la amenaza o el intento de secuestro de su hija), daños intencionales a sus bienes, intentos de acceder a su domicilio y actos de vigilancia, entre otros hechos.

Asimismo, el 29 de agosto un agente asignado a su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado sobre actividades de la Jueza. También se indicó que entre 1995 y 2013 sucedieron otros hechos, de diversa índole. El Estado brindó seguridad a la señora Villaseñor y a sus familiares durante cerca de 18 años, entre 1994 y 2013. No obstante, no investigó lo ocurrido el 29 de agosto de 1994, ni sobre hechos de amenazas directas que habrían ocurrido ese año. Tampoco dio respuesta a determinadas denuncias posteriores de la Jueza. Consta además que en 2001, en el ámbito policial, se ordenó realizar una investigación, sin que haya información sobre su realización efectiva. Aunado a ello se efectuaron acciones insuficientes para investigar “amenazas” a partir de una denuncia de la Jueza de 2005.

El Tribunal resaltó que, dado que en el caso se indicó una situación de riesgo prolongada en el tiempo y relacionada con la actividad de la señora Villaseñor, la investigación de los hechos podía ser relevante para desactivar dicho riesgo y garantizar la independencia judicial. Entendió que el incumplimiento del deber de investigar generó en la señora Villaseñor una situación de incertidumbre y angustia que afectó su integridad personal. En consecuencia, y debido a la falta de investigación señalada, la Corte concluyó que Guatemala no garantizó el derecho a la integridad personal de la señora Villaseñor, que se vio afectado en relación con su independencia judicial, y que el Estado violó sus derechos a las garantías y protección judiciales. Por ende, declaró que Guatemala violó los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado.

Asimismo, la Corte determinó que el Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Antonio Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde, quienes son, respectivamente, hija, hermana y hermano de la señora Villaseñor. Tampoco consideró responsable a Guatemala por la violación al derecho a la protección de la honra y de la dignidad respecto de ninguna de las personas nombradas En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó: a) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y b) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala debe garantizar la independencia del poder judicial

Fuente: Naciones Unidas

11 de febrero, 2019

Dos expertos* de la ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, solicitaron este lunes al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano. 

El experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos, y el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados destacaron que en Guatemala se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales.

“Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”.

En concreto, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán mostraron su preocupación acerca de la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizado unilateralmente al acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron.

El ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del Alto Tribunal, una acción que en palabras de ambos expertos “contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país”.

“Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría”, agregaron los expertos.

Ambos especialistas consideran que es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.

Desde el inicio de su andadura el año 2007, la CICIG ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio Público y otras instituciones. “El trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la CICIG no debe ponerse en peligro”, destacaron los expertos.

Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”.

Los dos especialistas consideran que es obligatorio proporcionar protección efectiva para estas personas.

Del mismo modo expresaron su inquietud por el personal guatemalteco de la CICIG, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con el organismo internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Ambos expertos resaltaron que deben continuar las investigaciones y las instrucciones de los casos de alto nivel y exhortaron a las autoridades “a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación”.

Derechos Humanos / Human Rights

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Cambiar la Ley de Reconciliación en Guatemala hará a las víctimas perder la confianza en el Estado

Fuente: Naciones Unidas

 23 de enero 2019

La legislación vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 ha sido considerada internacionalmente como un modelo en la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada considera que cambiarla ahora en la forma propuesta por el Gobierno supondrá una amnistía y “reabrirá viejas heridas”.

La iniciativa para modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala conllevaría “una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno” y un retroceso para los derechos de las víctimas, declaró este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En la práctica, esta reforma significará “una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad”, dijo Bachelet.

La legislación está vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, y dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno. Tras su rúbrica, ha sido considerada internacionalmente “como un modelo en la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones de los derechos humanos”, y como una muestra ejemplar para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.

Michelle Bachelet consideró que de producirse “reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones“.

“La Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno”, añadió.

La Alta Comisionada destacó que, de progresar el nuevo proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de primera lectura en el Congreso, supondría “un drástico retroceso” tanto para el estado de derecho como para los derechos de las víctimas.

Consideró que podría dar lugar “a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones”, que en su día fomentaron la justicia por delitos cometidos en el pasado.

La aprobación comportaría la paralización de las investigaciones en curso relacionadas con vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que también poseería carácter retroactivo y comportaría la puesta en libertad casi inmediata, en 24 horas, de personas condenadas y encarceladas “por graves violaciones a los derechos humanos”.

Según el comunicado emitido por la Oficina de la Alta Comisionada, el pasado 17 de enero, el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley, pese al dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos. Para lograr su tramitación, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego aprobado artículo por artículo.

La reacción de Bachelet se produce tras las recientes acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el acuerdo para la creación de esta Comisión.

Derecho Internacional / International Law

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La CICIG responde a las acusaciones del Gobierno de Guatemala          

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449252

11 de enero, 2019

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

En una carta dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, también conocida por sus siglas como la CIGIG, ha dado respuesta a las acusaciones hechas por representantes del Gobierno de ese país centroamericano contra la labor de este organismo.

“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificaci6n y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición”, se lee en la carta.

Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

Campañas de desprestigio y amenaza

Velásquez, que agradece a Guterres su constante apoyo a la labor de la CICIG y, con ese respaldo, al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, señala que, pese a todo este trabajo de la Comisión, “las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder.

“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecuci6n de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima” se lee en la carta.

Velásquez señala que “la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, pero eso no debe frenar los esfuerzos globales para atacar este flagelo que impide el desarrollo de los países y las democracias”.

Objeción contra la injerencia y los allanamientos

El comisionado adjunta a la carta un documento en el que rebate las alegaciones hechas por el Gobierno de Guatemala para rescindir esta semana el acuerdo por el que se estableció la CICIG, cuyo mandato debía acabar en septiembre.

El documento adjunto responde por ejemplo a las acusaciones sobre la supuesta injerencia de la CICIG en los asuntos internos de Guatemala al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la justicia, argumentando que “el Acuerdo constitutivo de la Comisión incluye expresamente en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.

Otra objeción que se lee en el documento se refiere a la acusación de que la CICIG haya abusado de la fuerza en las diligencias de allanamiento llevadas a cabo en el año 2016 en las oficinas de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). A este respecto, el comisionado recuerda que “de acuerdo con la legislación guatemalteca, los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente y que la CICIG, en su rol de apoyo técnico, acompaña ciertos actos procesales y diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante, entre ellas los allanamientos.

El documento consta de diez páginas en las que responden en detalle a una docena de acusaciones del Gobierno que preside Jimmy Morales contra la CICIG.

Derecho Internacional / International Law

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La CICIG confirma que continuará con su labor a pesar de la salida del país de su personal

Fuente: Naciones Unidas   

 09 de Enero, 2019

-Guatemala-

El responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velasquez, se encuentra evaluando las acciones que se llevarán a cabo para continuar con las tareas de este organismo. Mientras tanto, la Comisión ha “tomado nota” de la decisión de la Corte Constitucional guatemalteca de suspender provisionalmente la decisión del presidente Jimmy Morales de rescindir el acuerdo con las Naciones Unidas.  

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha confirmado este miércoles que continuará con su labor, a pesar de que parte de su personal haya salido del país tras la decisión del Gobierno de romper el acuerdo con la ONU firmado en 2007.

“Tal como lo ha señalado el Secretario General Antonio Guterres, la CICIG debe finalizar su mandato en respeto al acuerdo internacional celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas”, expresó este miércoles el portavoz de la Comisión, Matías Ponce, a través de un comunicado compartido con Noticias ONU.

La medida adoptada por el presidente Jimmy Morales fue suspendida de forma provisional por la Corte Constitucional guatemalteca apenas unas horas después de haberse vencido el plazo determinado para la rescisión del acuerdo. La Corte exhortó además a las instituciones del país a facilitar el funcionamiento de la Comisión.

Tras señalar que “la CICIG toma nota de lo señalado por la Corte de Constitucionalidad y promueve el respeto del Estado de derecho en Guatemala”, Ponce informó de que el comisionado, Iván Velázquez, y su equipo de trabajo se encuentran evaluando las distintas acciones que se llevarán adelante para continuar con sus tareas.

El Gobierno de Morales respondió a través de un comunicado oficial asegurando que, una vez sea notificado formalmente de la decisión de la Corte, “evaluará” la resolución y luego hará pública su postura.

Plan de contigencia

A una parte del personal de la CICIG se le indicó el martes que abandonara Guatemala “hasta nuevo aviso”, como parte de un plan de contingencia de seguridad.

El portavoz de las Naciones Unidas, Stepháne Dujarric, reiteró hoy durante su encuentro diario con la prensa que el trabajo de la Comisión debe continuar hasta cumplir con su mandato acordado hasta septiembre de este año.

“Cómo se organiza la Comisión es algo que está en manos del comisionado”, señaló Dujarric, que agregó que el Secretario General confía en que el presidente de Guatemala respete sus compromisos y asegure la seguridad del personal de la Comisión.

António Guterres rechazó enérgicamente el lunes la decisión del Gobierno de rescindir el acuerdo sobre la Comisión.

El pasado mes de septiembre, el presidente Morales decidió prohibir la entrada al país del máximo responsable de la CICIG, Iván Velásquez, y anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. 

Por su parte, Matías Ponce agradeció hoy al pueblo guatemalteco el respaldo que ha recibido el trabajo de la Comisión.

“Agradecemos las muestras de apoyo a la labor de la CICIG en Guatemala”, concluye el comunicado.

Derecho Constitucional

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Guatemala constitutional court allows entry to UN anti-corruption official after being detained at capital airport

Source: Jurist  

January 07, 2019

Guatemala’s Constitutional Court on Monday ordered [Spanish] the release of Colombian Yilen Osorio, a member of the United Nation’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) which is charged with investigating allegations of corruption in the country. Osorio had been held in detention at the La Aurora International Airport in Guatemala City since his arrival on Saturday.

For the past decade, the CICIG, in partnership with the Attorney General’s office, have helped in the arrest and prosecution of powerful criminals and corrupt officials who were once deemed untouchable. Last year, Guatemalan President Jimmy Morales attempted to hamper efforts of the CICIG by refusing to renew the CICIG’s mandate and denying its members entry into the country but was unanimously denied by the court’s five magistrates. The CICIG is currently investigating allegations of bribery and corruption within the Guatemala government and Morales’ political party. 

 Morales came into power in 2015 when members of the previous administration stepped down amid fraud and corruption charges. His four year term is set to expire at the end of this year and he is ineligible from seeking a second term under Guatemalan law. However, Morales has hinted at prolonging his rule, claiming little can be done in a single four-year term.