Guatemala

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Congreso de Guatemala debe elegir jueces independientes, capaces y libres de conflictos de interés

Fuente: WOLA

23 de junio, 2020

 El 23 de junio, en cumplimiento a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República de Guatemala tiene programado dar inicio al proceso para elegir a los 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los y las 135 magistrados para las Cortes de Apelaciones.

“El Congreso de Guatemala debe garantizar la elección de jueces idóneos, capaces y honrados que estén comprometidos con una justicia imparcial e independiente y no en velar por intereses privados”, señaló Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. 

En su resolución del 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió lineamientos claros y éticos para la elección de jueces que cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez e instruyó al Congreso a excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté en duda. “El Congreso debe acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y prescindir del proceso a los aspirantes denunciados por el Ministerio Público dados los claros conflictos de interés”, dijo Beltrán

En su informe, el Ministerio Público revela información sobre 22 aspirantes implicados en el caso comisiones paralelas 2020, investigación realizada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que expuso la existencia de reuniones secretas entre Gustavo Alejos, actualmente vinculado en por lo menos 5 casos de corrupción y designado por el Departamento de Estado por involucramiento en actos de gran corrupción, y diputados, políticos, operadores de justicia y aspirantes a magistrados, con la finalidad de manipular el proceso de votación en las Comisiones de Postulación y en el Congreso. El informe del MP también señala a otros 109 aspirantes implicados en otras investigaciones en curso en el Ministerio Público.

Jueces independientes son un requisito esencial para que el sistema de justicia guatemalteco pueda operar efectivamente y responder a los desafíos que enfrenta el país. “El Congreso tiene la obligación y responsabilidad de asegurar a la ciudadanía un proceso que no permita la infiltración de jueces vinculados a intereses privados o ilícitos”, señaló Beltrán.

Otra área de preocupación son los ataques recurrentes en contra de operadores de justicia y ciudadanos que han liderado la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. “El Estado de Guatemala debe investigar las campañas y amenazas en contra de operadores de justicia y ciudadanos liderando la lucha anticorrupción y garantizar su seguridad”, dijo Beltrán.

Derecho Internacional / International Law

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Guterres pide a Guatemala que garantice la seguridad del antiguo personal de la CICIG

Fuente: Naciones Unidas

10 de enero, 2020

 Una comisión designada por el Congreso guatemalteco presentó este viernes un informe en el que acusa al personal de la comisión que luchó contra la impunidad durante doce años en el país, de haber cometido “ilegalidades”.

Tras la emisión de un informe del Congreso de Guatemala relativo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIG, el Secretario General dijo que confía en que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales, incluyendo aquellas que se refieren a los privilegios e inmunidades del personal internacional de la Comisión, de conformidad con el derecho internacional.

El portavoz de las Naciones Unidas publicó un comunicado este viernes, indicando que António Guterres se encontraba al tanto de un informe que denuncia presuntos vejámenes cometidos por el personal de la entidad internacional.

“Tanto la CICIG, como su personal y funcionarios del sistema de justicia, han hecho una contribución decisiva para la erradicación de la corrupción y la impunidad en Guatemala y para fortalecer las instituciones, tal como han reconocido repetidamente las autoridades guatemaltecas, defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional”, aseguró el Secretario General en la declaración.

Guterres instó a las autoridades guatemaltecas a proteger los derechos y garantizar la seguridad del antiguo personal de la CICIG, así como de los operadores de justicia y defensores de derechos humanos que trabajan a favor al Estado de Derecho en Guatemala.

Según despachos de prensa, el informe, presentado al Congreso este viernes por una “Comisión de la Verdad” que investigó el trabajo de la CICIG durante los últimos doce años, tiene el objetivo de determinar posibles irregularidades en la labor de la institución y su personal.

Entre las supuestas ilegalidades se encuentran una serie de incumplimientos del mandato de la CICIG. La Comisión de la Verdad recomendó a la sala legislativa de Guatemala que condene las presuntas irregularidades y anunció que remitirá el informe al Ministerio Público, que podría solicitar órdenes de captura.

Las actividades de la CICIG finalizaron oficialmente el 3 de septiembre del 2019 tras doce años de labor en los que contó con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias. 

Durante todos estos años, y con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró que se procesara a más de 660 y, a julio de 2019, se habían dictado 400 condenas.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció unilateralmente, el 7 de enero del año pasado, el cese inmediato de los trabajos de la CICIG alegando extralimitación de sus funciones, una decisión que ha sido revertida por la Corte de Constitucionalidad. Desde septiembre de 2018, el jefe de la Comisión, el abogado colombiano Iván Velásquez, estuvo fuera del país después de que el Gobierno guatemalteco le prohibiera la entrada.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por la imposición de la pena de muerte en el caso Rodríguez Revolorio y otros.

Fuente: Corte IDH

02 de diciembre, 2019

 En la Sentencia del Caso Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala notificada hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable por la imposición de la pena de muerte de una de las víctimas, así como la violación del derecho a la integridad personal debido a las condiciones carcelarias y del derecho a recurrir el fallo judicial de las tres víctimas. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí. El 23 de mayo de 1996 el Tribunal de Sentencia Penal dictó una sentencia condenando a pena de muerte a Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez por el delito de asesinato.

Para determinar su condena, el Tribunal de Sentencia Penal aplicó el artículo 132 del Código Penal guatemalteco vigente en dicha época, en virtud del cual, en caso de que una persona fuera declarada culpable por asesinato, se le impondría la pena de muerte en lugar del máximo de prisión “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor particular peligrosidad del agente”.

 Las tres víctimas interpusieron, diversos recursos que fueron desestimados. El señor Archila Pérez falleció el 16 de julio de 1999. Años más tarde, dos de ellas, Rodríguez Revolorio y López Calo, interpusieron un nuevo recurso de revisión. El 2 de julio de 2012 la Corte Suprema declaró con lugar dicho recurso, anuló la pena de muerte y les impuso la pena superior inmediata, que era de treinta años de prisión inconmutables. Ambas víctimas obtuvieron finalmente su libertad en 2016 por el beneficio de redención de penas por trabajo y buena conducta. El Tribunal observó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 de julio de 2012 reconoció las violaciones producidas por la imposición de la pena de muerte y reparó adecuadamente el daño en tanto que se modificó la pena impuesta por pena privativa de la libertad, a la luz de lo que había sido resuelto por la Corte IDH en el caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala el 20 de junio de 2005, lo que constituyó un oportuno y adecuado control de convencionalidad.

En lo que respecta al señor Archila, quien falleció sin la revisión de su condena, el Tribunal sí consideró a Guatemala responsable internacionalmente por la violación a la Convención Americana por la imposición de la pena de muerte. Al respecto, la Corte observó que el empleo del criterio de peligrosidad del agente, tanto en la tipificación de los hechos del ilícito como en la determinación de la sanción correspondiente, resultó incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte concluyó que las condiciones carcelarias en que estuvieron las tres víctimas no cumplieron con los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno y constituyeron en su conjunto un trato cruel, inhumano y degradante violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Aunado a esto, la Corte consideró que las tres víctimas del presente caso sufrieron graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de estar sometidos al “corredor de la muerte” tras un procedimiento que tuvo numerosas falencias, en condiciones carcelarias incompatibles con los estándares de la Convención Americana, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral y constituyó también un trato cruel, inhumano y degradante.

Finalmente, en relación con el proceso penal seguido contra las víctimas, el Tribunal observó que la Corte de apelaciones rechazó las alegaciones de los recurrentes sobre la base de que la legislación vigente no le permitía realizar ningún tipo de revisión de la sentencia a este respecto, sin analizar de manera individualizada los argumentos esgrimidos por las víctimas. Esta negativa de revisar las cuestiones fácticas planteada por la defensa las tres víctimas constituyó un hecho ilícito internacional en tanto resultó en un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en la Convención Americana.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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GUATEMALA ES RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DE MUERTE Y TORTURAS

Fuente: Corte IDH

06 de diciembre, 2019

 En la Sentencia del Caso Valenzuela Ávila Vs. Guatemala notificada hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la imposición de la pena de muerte, la tortura, la ejecución extrajudicial en contra de Tirso Román Valenzuela Ávila, así como la violación a sus garantías judiciales y protección judicial por la ausencia de una debida investigación de los hechos de la muerte.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El señor Valenzuela Ávila fue condenado a la pena de muerte por el delito de asesinato, por considerar el Tribunal interno que se configuraba el supuesto de “peligrosidad social”. La víctima interpuso diversos recursos ante los tribunales competentes que fueron desestimados. Durante su reclusión fue sometido a diversos actos de tortura física, incluida la violencia sexual, luego de los cuales además se omitió la prestación de la debida asistencia médica.

Tras haberse escapado de la cárcel “El Infiernito”, el cuerpo de Valenzuela Ávila fue encontrado muerto el día 8 de diciembre de 2006, junto con el de otro prófugo, en la ciudad de Gomera, departamento de Escuintla. Las condiciones en que se dio la muerte de Ávila Valenzuela continúan siendo investigadas. Al analizar el caso, la Corte Interamericana constató que la pena capital fue impuesta basada únicamente en valoraciones fundadas en un juicio sobre la personalidad del infractor y no en los hechos delictivos imputados.

Por tanto, declaró responsable internacionalmente al Estado de Guatemala por la imposición de la pena muerte en violación al derecho a la vida, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, la Corte consideró al Estado responsable por los actos de tortura física y violencia sexual sufridos por el señor Valenzuela Ávila después de su detención, así como por las torturas físicas cometidas mientras permanecía recluido en el Centro Preventivo de Varones.

Asimismo, la Corte consideró que la violación sexual causada al señor Valenzuela supuso una intromisión a su intimidad. Además, determinó que el Estado no le brindó atención médica adecuada. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable de la violación al derecho a la integridad personal, así como al derecho a la protección de la honra y de la dignidad, consagrados en la Convención Americana, así como de otros preceptos contenidos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte señaló que el señor Valenzuela Ávila enfrentó graves sufrimientos psíquicos en el “corredor de la muerte”, producto de una sentencia condenatoria a pena capital resultado de un proceso penal que tuvo numerosas falencias, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la falta de investigar las torturas sufridas por el señor Valenzuela Ávila. Además, la Corte consideró que Guatemala violó su derecho a las garantías judiciales al haber sido obligado a declarar contra sí mismo para aceptar su presunta participación en la comisión de un delito, así como por impedirle el derecho a recurrir la sentencia condenatoria.

 Respecto a la investigación sobre su muerte, el Tribunal constató que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar, juzgar, y en su caso, sancionar a los posibles responsables de la muerte del señor Valenzuela dentro de un plazo razonable, lo que mantiene en impunidad el presente caso. Asimismo, luego de analizar las circunstancias relacionadas con su muerte, la Corte concluyó que el Estado es responsable de la ejecución extrajudicial del señor Valenzuela Ávila.

 En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos

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Guatemala es responsable por imposición de la pena de muerte, así como por la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial

Fuente: Corte IDH

8 de noviembre, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por (i) la imposición de la pena de muerte al señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes; (ii) su posterior muerte tras fugarse de la cárcel de “El Infiernito” en el año 2005; (iii) los actos de tortura a los que fue sometido al momento de su detención el 6 de agosto de 1997; (iv) la violación del derecho a las garantías judiciales en el marco del procedimiento que culminó con la sentencia a pena de muerte; (v) el sometimiento al fenómeno del “corredor de la muerte” (vi) la violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial por la ausencia de una debida investigación con respecto a las torturas perpetradas y su posterior muerte, y (vii) la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la hermana del señor Ruiz Fuentes. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El 6 de agosto de 1997 el señor Ruiz Fuentes fue detenido junto con cuatro otras personas en el marco de una operación de rescate a un menor que había sido sustraído el día anterior. El señor Ruiz Fuentes sufrió en el contexto de su detención una serie de lesiones graves que provocaron que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para efectuarle una “resección de segmento de colon transverso y colostomía en doble boca”, permaneciendo trece días hospitalizado. El 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Ruiz Fuentes y de los otros acusados por el secuestro del menor, condenándole a la pena de muerte por ser responsable del delito de plagio o secuestro en grado de autor directo.

El señor Ruiz Fuentes interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron rechazados. Finalmente presentó un recurso de gracia ante el Ministro de Gobernación solicitando la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de 50 años de prisión. No consta que dicho recurso haya sido tramitado o resuelto. Años más tarde, el 22 de octubre de 2005, se produjo una fuga en la cárcel de máxima seguridad denominada “El Infiernito”, la cual fue protagonizada por 19 internos, entre los que se encontraba el señor Ruiz Fuentes. Con el objeto de recapturar a las 19 personas fugadas, el Estado puso en marcha la “Operación Gavilán”. El 14 de noviembre de 2005 fue encontrado el cadáver del señor Ruiz Fuentes en la Avenida 0 Calle 5ta de la Colonia Monja Blanca de Barberena, en el Departamento de Santa Rosa.

Con respecto a la imposición de la pena de muerte, la Corte observó que, en el momento en el que Guatemala ratificó la Convención Americana, el artículo 201 del Código Penal sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de la muerte del secuestrado. La norma citada fue modificada en tres oportunidades, aplicándose finalmente a la víctima del presente caso la disposición establecida mediante Decreto Legislativo No. 81/96, de 25 de septiembre de 1996, que establecía la imposición de la pena de muerte para los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro, eliminando así el requisito de la posterior muerte del secuestrado. La Corte concluyó que la modificación introducida al tipo penal de plagio o secuestro trajo consigo una “extensión” de la aplicación de la pena de muerte, prohibida por el artículo 4.2 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte concluyó que la aplicación del artículo 201 del Código Penal guatemalteco supuso una imposición automática y obligatoria de la pena de muerte. Finalmente, declaró que la ausencia de un procedimiento para solicitar la amnistía, indulto o conmutación de la pena fue violatorio del artículo 4.6 de la Convención.

En virtud todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable internacionalmente de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Con respecto al proceso penal seguido contra el señor Ruiz Fuentes, la Corte consideró que en el marco del mismo se produjo una violación del artículo 8.2.c) en tanto que el Tribunal de Sentencia Penal otorgó únicamente 24 horas al abogado recientemente designado para que preparase la correspondiente estrategia de defensa. Asimismo, la Corte consideró que la negativa por parte de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h).

Por otro lado, el Tribunal determinó que el señor Ruiz Fuentes enfrentó graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de encontrarse en el “corredor de la muerte” tras un procedimiento que tuvo numerosas falencias, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana y constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la misma, todo ello con relación al artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, la Corte consideró que el señor Ruiz Fuentes fue sometido a actos de tortura a manos de agentes estatales al momento de su detención el 6 de agosto de 1997, en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, lo que además constituyó la violación del artículo 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

En relación con su muerte, la Corte concluyó que la misma se produjo por agentes estatales y ello en vista de (i) que la prueba pericial indicaba que el disparo que presentaba el señor Ruiz fuentes en su ojo derecho fue realizado a corta distancia; (ii) que miembros del Comando Anti Secuestros de la PNC se encontraron en la escena del crimen a los pocos minutos de haberse producido la muerte del señor Ruiz Fuentes; (iii) que la escena del crimen fue alterada; (iv) las versiones contradictorias brindadas por el Estado a nivel interno, ante la Comisión y ante este Tribunal; y (v) la versión de los hechos resultante de las investigaciones llevadas a cabo por la FECI, órgano estatal encargado de la investigación penal de la muerte del señor Ruiz Fuentes.

La Corte también concluyó que hubo una falta de investigación oportuna de los actos de tortura a los que fue sometido el señor Ruiz Fuentes y que en la investigación con respecto a su posterior muerte el Estado no actuó con diligencia debida, todo ello en violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por último, la Corte concluyó que, como consecuencia directa de las torturas sufridas por su hermano, así como las ulteriores secuelas, la imposición de la pena de muerte, la posterior ejecución extrajudicial y la ausencia de investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales, la hermana del señor Ruiz Fuentes padeció un profundo sufrimiento y angustia, lo que supuso una violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por imposición de la pena de muerte, así como por la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

08 de noviembre, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Ruiz Fuentes y otra Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por (i) la imposición de la pena de muerte al señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes; (ii) su posterior muerte tras fugarse de la cárcel de “El Infiernito” en el año 2005; (iii) los actos de tortura a los que fue sometido al momento de su detención el 6 de agosto de 1997; (iv) la violación del derecho a las garantías judiciales en el marco del procedimiento que culminó con la sentencia a pena de muerte; (v) el sometimiento al fenómeno del “corredor de la muerte” (vi) la violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial por la ausencia de una debida investigación con respecto a las torturas perpetradas y su posterior muerte, y (vii) la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de la hermana del señor Ruiz Fuentes. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El 6 de agosto de 1997 el señor Ruiz Fuentes fue detenido junto con cuatro otras personas en el marco de una operación de rescate a un menor que había sido sustraído el día anterior. El señor Ruiz Fuentes sufrió en el contexto de su detención una serie de lesiones graves que provocaron que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para efectuarle una “resección de segmento de colon transverso y colostomía en doble boca”, permaneciendo trece días hospitalizado. El 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Ruiz Fuentes y de los otros acusados por el secuestro del menor, condenándole a la pena de muerte por ser responsable del delito de plagio o secuestro en grado de autor directo. El señor Ruiz Fuentes interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, un recurso de casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y un recurso de revisión ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, los cuales fueron rechazados. Finalmente presentó un recurso de gracia ante el Ministro de Gobernación solicitando la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de 50 años de prisión. No consta que dicho recurso haya sido tramitado o resuelto.

Años más tarde, el 22 de octubre de 2005, se produjo una fuga en la cárcel de máxima seguridad denominada “El Infiernito”, la cual fue protagonizada por 19 internos, entre los que se encontraba el señor Ruiz Fuentes. Con el objeto de recapturar a las 19 personas fugadas, el Estado puso en marcha la “Operación Gavilán”. El 14 de noviembre de 2005 fue encontrado el cadáver del señor Ruiz Fuentes en la Avenida 0 Calle 5ta de la Colonia Monja Blanca de Barberena, en el Departamento de Santa Rosa.

Con respecto a la imposición de la pena de muerte, la Corte observó que, en el momento en el que Guatemala ratificó la Convención Americana, el artículo 201 del Código Penal sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de la muerte del secuestrado. La norma citada fue modificada en tres oportunidades, aplicándose finalmente a la víctima del presente caso la disposición establecida mediante Decreto Legislativo No. 81/96, de 25 de septiembre de 1996, que establecía la imposición de la pena de muerte para los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro, eliminando así el requisito de la posterior muerte del secuestrado. La Corte concluyó que la modificación introducida al tipo penal de plagio o secuestro trajo consigo una “extensión” de la aplicación de la pena de muerte, prohibida por el artículo 4.2 de la Convención Americana. Asimismo, la Corte concluyó que la aplicación del artículo 201 del Código Penal guatemalteco supuso una imposición automática y obligatoria de la pena de muerte. Finalmente, declaró que la ausencia de un procedimiento para solicitar la amnistía, indulto o conmutación de la pena fue violatorio del artículo 4.6 de la Convención. En virtud todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el Estado es responsable internacionalmente de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 4.2 y 4.6 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

Con respecto al proceso penal seguido contra el señor Ruiz Fuentes, la Corte consideró que en el marco del mismo se produjo una violación del artículo 8.2.c) en tanto que el Tribunal de Sentencia Penal otorgó únicamente 24 horas al abogado recientemente designado para que preparase la correspondiente estrategia de defensa. Asimismo, la Corte consideró que la negativa por parte de la Corte de Apelaciones de revisar las cuestiones planteadas por la defensa del señor Ruiz Fuentes constituyó un incumplimiento del deber de revisión integral del fallo establecido en el artículo 8.2.h).

Por otro lado, el Tribunal determinó que el señor Ruiz Fuentes enfrentó graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de encontrarse en el “corredor de la muerte” tras un procedimiento que tuvo numerosas falencias, lo cual fue violatorio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, contenido en el artículo 5.1 de la Convención Americana y constituyó un trato cruel, inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la misma, todo ello con relación al artículo 1.1 del mismo instrumento.

Asimismo, la Corte consideró que el señor Ruiz Fuentes fue sometido a actos de tortura a manos de agentes estatales al momento de su detención el 6 de agosto de 1997, en violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, lo que además constituyó la violación del artículo 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

En relación con su muerte, la Corte concluyó que la misma se produjo por agentes estatales y ello en vista de (i) que la prueba pericial indicaba que el disparo que presentaba el señor Ruiz fuentes en su ojo derecho fue realizado a corta distancia; (ii) que miembros del Comando Anti Secuestros de la PNC se encontraron en la escena del crimen a los pocos minutos de haberse producido la muerte del señor Ruiz Fuentes; (iii) que la escena del crimen fue alterada; (iv) las versiones contradictorias brindadas por el Estado a nivel interno, ante la Comisión y ante este Tribunal; y (v) la versión de los hechos resultante de las investigaciones llevadas a cabo por la FECI, órgano estatal encargado de la investigación penal de la muerte del señor Ruiz Fuentes.

La Corte también concluyó que hubo una falta de investigación oportuna de los actos de tortura a los que fue sometido el señor Ruiz Fuentes y que en la investigación con respecto a su posterior muerte el Estado no actuó con diligencia debida, todo ello en violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

Por último, la Corte concluyó que, como consecuencia directa de las torturas sufridas por su hermano, así como las ulteriores secuelas, la imposición de la pena de muerte, la posterior ejecución extrajudicial y la ausencia de investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales, la hermana del señor Ruiz Fuentes padeció un profundo sufrimiento y angustia, lo que supuso una violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

***

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

Derecho Internacional / International Law

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Guatemala: Guterres espera que continúe la lucha contra la impunidad tras la salida de la CICIG

Fuente: Naciones Unidas

03 de septiembre, 2019

Tras más de una década de trabajo, este martes finaliza el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El Secretario General de las Naciones Unidas aplaudió las actividades que emprendió en el país durante todo este tiempo y dejó la puerta abierta a una futura colaboración.

“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de derecho, así como las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala durante sus 12 años de funcionamiento”, destacó António Guterres.

En un comunicado leído por el portavoz del Secretario General durante su encuentro diario con la prensa, Guterres expresó su gratitud a todo el personal de la CICIG y destacó su “profesionalismo y compromiso a colaborar en la defensa de la justicia”.

El Secretario General espera que continúen los esfuerzos en la lucha contra la impunidad en la nación centroamericana y expresó la voluntad de la ONU de seguir cooperando con Guatemala “en el fortalecimiento del estado de derecho”.

Ante una pregunta de los medios de comunicación sobre si hay conversaciones con las autoridades guatemaltecas sobre cualquier forma de cooperación conjunta con la ONU, el portavoz de la Organización, Stephane Dujarric, destacó que esa sería “una decisión que depende del gobierno”, y recordó que la Comisión se creó a petición de las instituciones del país centroamericano.

Las actividades de la CICIG finalizan este 3 de septiembre tras doce años de actividad en los que ha contado con un amplio apoyo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y privadas guatemaltecas y de la ONU y sus agencias.  

Durante todos estos años, y con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Guatemala high court blocks agreement to have migrants apply for asylum there rather than in US    

Source: Jurist

July 16, 2019

The Guatemala Constitutional Court granted an injunction Sunday to stop the country’s President, Jimmy Morales, from entering into a proposal with the US that would require migrants from El Salvador and Honduras to apply for asylum in Guatemala instead of in the US.

Morales canceled a trip to Washington, DC, earlier Sunday to let the court rule on the injunction.

The agreement is not popular in Guatemala—the two candidates in the upcoming runoff presidential election and the Catholic Church have both opposed the plan. A lawyer arguing for the injunction stated that the plan is criticized because “Guatemala utterly lacks the institutions able to offer migrants the minimal conditions with respect to human rights.”

Additionally, proponents of the injunction argue that the president does not have the power to sign the agreement. The country’s Constitution, in Article 171, determined that any treaties or international agreements need to be approved by Congress.

Derecho Internacional / International Law

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La Corte Internacional de Justicia resolverá la disputa territorial entre Guatemala y Belice      

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Después de someterlo a referendo, ambas naciones han llevado sus diferencias ante el tribunal, que se ha dado por enterado de la petición para la resolución de las reivindicaciones territoriales, insulares y marítimas de Guatemala sobre Belice.

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano de judicial de las Naciones Unidas, resolverá la disputa territorial que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado emitido por el tribunal.

El 8 de diciembre de 2008, los dos Estados firmaron un compromiso “para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015.

 “Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie, de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su Estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios, determinando sus respectivos límites”, señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones.

El acuerdo establece que el procedimiento “constará de dos etapas, una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias”. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones.

 Además, las partes se compromenten a aceptar “la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante” y “a cumplirla y ejecutarla de manera plena y de buena fe”.

En particular, acuerdan establecer, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de la Corte, la composición y los términos de referencia de una comisión binacional para demarcar sus fronteras de acuerdo con la decisión de la Corte. Si no llegan a un acuerdo de este tipo dentro de tres meses, las partes pueden solicitar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la comisión binacional y que defina los términos de referencia para ese panel.

Antes de someter su disputa a la Corte, Guatemala y Belice organizaron referendos entorno a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? “

 Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril de 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019.

 El Tribunal ahora se ha ocupado de la disputa.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por aplicación de pena de muerte en violación del derecho a la vida y del principio de legalidad, así como por violación de las garantías judiciales           

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por la privación de la vida, así como por la violación del principio de legalidad y de las garantías judiciales en perjuicio de Manuel Martínez Coronado. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 El señor Martínez Coronado y un coimputado fueron acusados de cometer un delito de asesinato de siete personas ocurrido el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En el proceso penal el señor Martínez Coronado y su coimputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio por el Estado. El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados culpables de los siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez Coronado a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El tribunal interno, para fundar la responsabilidad del señor Martínez Coronado, aplicó el elemento de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, entonces vigente, el cual imponía la pena capital “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.

La Corte resaltó que el artículo 4 de la Convención Americana establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, que revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. El Tribunal recalcó que en esta materia la Convención Americana apunta hacia una progresiva eliminación al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión total.

Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal consideró que el Estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida), ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ello debido a la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y la posterior aplicación al señor Martínez de pena de muerte que establece dicha disposición.

Por otro lado, la Corte notó que en el presente caso existían elementos de contradicción relevantes entre las declaraciones del señor Martínez Coronado y su coimputado, las cuales recaían sobre aspectos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado. Sobre este particular, el Tribunal indicó que las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por dicha defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

 En consecuencia, la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez incumplió el deber de brindar las garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa, todo ello en contravención de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 *** La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.