Guatemala

Derecho Internacional / International Law

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La Corte Internacional de Justicia resolverá la disputa territorial entre Guatemala y Belice      

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Después de someterlo a referendo, ambas naciones han llevado sus diferencias ante el tribunal, que se ha dado por enterado de la petición para la resolución de las reivindicaciones territoriales, insulares y marítimas de Guatemala sobre Belice.

La Corte Internacional de Justicia, principal órgano de judicial de las Naciones Unidas, resolverá la disputa territorial que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado emitido por el tribunal.

El 8 de diciembre de 2008, los dos Estados firmaron un compromiso “para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”, posteriormente enmendado por un protocolo concluido el 25 de mayo de 2015.

 “Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie, de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su Estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios, determinando sus respectivos límites”, señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones.

El acuerdo establece que el procedimiento “constará de dos etapas, una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias”. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones.

 Además, las partes se compromenten a aceptar “la decisión del Tribunal como definitiva y vinculante” y “a cumplirla y ejecutarla de manera plena y de buena fe”.

En particular, acuerdan establecer, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de la sentencia de la Corte, la composición y los términos de referencia de una comisión binacional para demarcar sus fronteras de acuerdo con la decisión de la Corte. Si no llegan a un acuerdo de este tipo dentro de tres meses, las partes pueden solicitar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la comisión binacional y que defina los términos de referencia para ese panel.

Antes de someter su disputa a la Corte, Guatemala y Belice organizaron referendos entorno a la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su solución definitiva y que esto delimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? “

 Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril de 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019.

 El Tribunal ahora se ha ocupado de la disputa.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por aplicación de pena de muerte en violación del derecho a la vida y del principio de legalidad, así como por violación de las garantías judiciales           

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por la privación de la vida, así como por la violación del principio de legalidad y de las garantías judiciales en perjuicio de Manuel Martínez Coronado. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

 El señor Martínez Coronado y un coimputado fueron acusados de cometer un delito de asesinato de siete personas ocurrido el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. En el proceso penal el señor Martínez Coronado y su coimputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio por el Estado. El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados culpables de los siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez Coronado a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El tribunal interno, para fundar la responsabilidad del señor Martínez Coronado, aplicó el elemento de peligrosidad contenido en el artículo 132 del Código Penal, entonces vigente, el cual imponía la pena capital “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.

La Corte resaltó que el artículo 4 de la Convención Americana establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte, que revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. El Tribunal recalcó que en esta materia la Convención Americana apunta hacia una progresiva eliminación al adoptar las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación de modo que se vaya reduciendo hasta su supresión total.

Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal consideró que el Estado vulneró el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención, así como los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana (derecho a la vida), ambos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y ello debido a la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco y la posterior aplicación al señor Martínez de pena de muerte que establece dicha disposición.

Por otro lado, la Corte notó que en el presente caso existían elementos de contradicción relevantes entre las declaraciones del señor Martínez Coronado y su coimputado, las cuales recaían sobre aspectos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado. Sobre este particular, el Tribunal indicó que las inconsistencias en las declaraciones por parte de los coimputados debieron ser advertidas por dicha defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

 En consecuencia, la Corte determinó que Guatemala violó las garantías judiciales, toda vez incumplió el deber de brindar las garantías mínimas necesarias para una adecuada defensa, todo ello en contravención de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

 *** La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) se excusó de participar en la deliberación y firma de la Sentencia, lo cual fue aceptado por el Pleno del Tribunal.

Derecho Internacional / International Law

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La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía               

Fuente: Naciones Unidas

12 de marzo, 2019

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

En una declaración publicada este martes, Adama Dieng urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.

El asesor especial del Secretario General también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996.

Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.

Una clara violación de la Constitución

La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.

Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

El proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

Según el asesor especial para la Prevención del Genocidio, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia”.

Dieng destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

Si no hay justicia, prevalece la impunidad

“El juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “, afirmó.

La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado.

La rendición de cuentas por delitos del pasado constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad, porque reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. Además, reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.

Dieng concluyó asegurando que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado. Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia “.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala es responsable por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas a la jueza Villaseñor Velarde

Fuente: Corte IDH

1 de marzo, 2019

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por no investigar indicaciones sobre actos intimidatorios contra la Jueza María Eugenia Villaseñor Velarde, que se produjeron en 1994 y en años posteriores. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Los hechos del caso tuvieron lugar desde la década de 1990 hasta 2013, cuando la Sra. Villaseñor se desempeñó como jueza.

 Entre 1991 y 1997 la Sra. Villaseñor realizó actos destacados en el marco de su actividad, destacándose entre ellos la participación en causas judiciales de trascendencia pública. Hay información que indica que durante 1994 la Jueza fue objeto de diversos actos de intimidación, que pudieron configurar una sucesión o conjunto de hechos de presiones externas respecto de su actividad judicial, atentando contra la independencia judicial. Distintas fuentes indican que la señora Villaseñor sufrió amenazas directas (inclusive la amenaza o el intento de secuestro de su hija), daños intencionales a sus bienes, intentos de acceder a su domicilio y actos de vigilancia, entre otros hechos.

Asimismo, el 29 de agosto un agente asignado a su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado sobre actividades de la Jueza. También se indicó que entre 1995 y 2013 sucedieron otros hechos, de diversa índole. El Estado brindó seguridad a la señora Villaseñor y a sus familiares durante cerca de 18 años, entre 1994 y 2013. No obstante, no investigó lo ocurrido el 29 de agosto de 1994, ni sobre hechos de amenazas directas que habrían ocurrido ese año. Tampoco dio respuesta a determinadas denuncias posteriores de la Jueza. Consta además que en 2001, en el ámbito policial, se ordenó realizar una investigación, sin que haya información sobre su realización efectiva. Aunado a ello se efectuaron acciones insuficientes para investigar “amenazas” a partir de una denuncia de la Jueza de 2005.

El Tribunal resaltó que, dado que en el caso se indicó una situación de riesgo prolongada en el tiempo y relacionada con la actividad de la señora Villaseñor, la investigación de los hechos podía ser relevante para desactivar dicho riesgo y garantizar la independencia judicial. Entendió que el incumplimiento del deber de investigar generó en la señora Villaseñor una situación de incertidumbre y angustia que afectó su integridad personal. En consecuencia, y debido a la falta de investigación señalada, la Corte concluyó que Guatemala no garantizó el derecho a la integridad personal de la señora Villaseñor, que se vio afectado en relación con su independencia judicial, y que el Estado violó sus derechos a las garantías y protección judiciales. Por ende, declaró que Guatemala violó los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado.

Asimismo, la Corte determinó que el Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Antonio Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde, quienes son, respectivamente, hija, hermana y hermano de la señora Villaseñor. Tampoco consideró responsable a Guatemala por la violación al derecho a la protección de la honra y de la dignidad respecto de ninguna de las personas nombradas En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó: a) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y b) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial.

Derechos Humanos / Human Rights

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Guatemala debe garantizar la independencia del poder judicial

Fuente: Naciones Unidas

11 de febrero, 2019

Dos expertos* de la ONU en derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán, solicitaron este lunes al Estado guatemalteco centrar sus esfuerzos en proteger las garantías fundamentales y la independencia del poder judicial en el país centroamericano. 

El experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos, y el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados destacaron que en Guatemala se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales.

“Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia”.

En concreto, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán mostraron su preocupación acerca de la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizado unilateralmente al acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron.

El ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del Alto Tribunal, una acción que en palabras de ambos expertos “contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país”.

“Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría”, agregaron los expertos.

Ambos especialistas consideran que es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.

Desde el inicio de su andadura el año 2007, la CICIG ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio Público y otras instituciones. “El trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la CICIG no debe ponerse en peligro”, destacaron los expertos.

Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”.

Los dos especialistas consideran que es obligatorio proporcionar protección efectiva para estas personas.

Del mismo modo expresaron su inquietud por el personal guatemalteco de la CICIG, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con el organismo internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Ambos expertos resaltaron que deben continuar las investigaciones y las instrucciones de los casos de alto nivel y exhortaron a las autoridades “a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación”.

Derechos Humanos / Human Rights

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Cambiar la Ley de Reconciliación en Guatemala hará a las víctimas perder la confianza en el Estado

Fuente: Naciones Unidas

 23 de enero 2019

La legislación vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 ha sido considerada internacionalmente como un modelo en la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada considera que cambiarla ahora en la forma propuesta por el Gobierno supondrá una amnistía y “reabrirá viejas heridas”.

La iniciativa para modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala conllevaría “una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno” y un retroceso para los derechos de las víctimas, declaró este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En la práctica, esta reforma significará “una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad”, dijo Bachelet.

La legislación está vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, y dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno. Tras su rúbrica, ha sido considerada internacionalmente “como un modelo en la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones de los derechos humanos”, y como una muestra ejemplar para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.

Michelle Bachelet consideró que de producirse “reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones“.

“La Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno”, añadió.

La Alta Comisionada destacó que, de progresar el nuevo proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de primera lectura en el Congreso, supondría “un drástico retroceso” tanto para el estado de derecho como para los derechos de las víctimas.

Consideró que podría dar lugar “a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones”, que en su día fomentaron la justicia por delitos cometidos en el pasado.

La aprobación comportaría la paralización de las investigaciones en curso relacionadas con vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que también poseería carácter retroactivo y comportaría la puesta en libertad casi inmediata, en 24 horas, de personas condenadas y encarceladas “por graves violaciones a los derechos humanos”.

Según el comunicado emitido por la Oficina de la Alta Comisionada, el pasado 17 de enero, el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley, pese al dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos. Para lograr su tramitación, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego aprobado artículo por artículo.

La reacción de Bachelet se produce tras las recientes acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el acuerdo para la creación de esta Comisión.

Derecho Internacional / International Law

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La CICIG responde a las acusaciones del Gobierno de Guatemala          

Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449252

11 de enero, 2019

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

En una carta dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, también conocida por sus siglas como la CIGIG, ha dado respuesta a las acusaciones hechas por representantes del Gobierno de ese país centroamericano contra la labor de este organismo.

“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificaci6n y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición”, se lee en la carta.

Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

Campañas de desprestigio y amenaza

Velásquez, que agradece a Guterres su constante apoyo a la labor de la CICIG y, con ese respaldo, al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, señala que, pese a todo este trabajo de la Comisión, “las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder.

“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecuci6n de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima” se lee en la carta.

Velásquez señala que “la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, pero eso no debe frenar los esfuerzos globales para atacar este flagelo que impide el desarrollo de los países y las democracias”.

Objeción contra la injerencia y los allanamientos

El comisionado adjunta a la carta un documento en el que rebate las alegaciones hechas por el Gobierno de Guatemala para rescindir esta semana el acuerdo por el que se estableció la CICIG, cuyo mandato debía acabar en septiembre.

El documento adjunto responde por ejemplo a las acusaciones sobre la supuesta injerencia de la CICIG en los asuntos internos de Guatemala al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la justicia, argumentando que “el Acuerdo constitutivo de la Comisión incluye expresamente en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.

Otra objeción que se lee en el documento se refiere a la acusación de que la CICIG haya abusado de la fuerza en las diligencias de allanamiento llevadas a cabo en el año 2016 en las oficinas de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). A este respecto, el comisionado recuerda que “de acuerdo con la legislación guatemalteca, los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente y que la CICIG, en su rol de apoyo técnico, acompaña ciertos actos procesales y diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante, entre ellas los allanamientos.

El documento consta de diez páginas en las que responden en detalle a una docena de acusaciones del Gobierno que preside Jimmy Morales contra la CICIG.