México

Derechos Humanos / Human Rights

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México: ONU llama a aplicar la Ley en Materia de Desapariciones Forzadas

Fuente: Naciones Unidas

16 de enero, 2019

 La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este miércoles al Gobierno de la nación norteamericana la puesta en práctica de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza”, apunta el comunicado emitido por esa Oficina.

Tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor de esa legislación, el representante en México, Jan Jarab, calificó como “mínimos” los progresos llevados a cabo en búsquedas e investigaciones, denunció “los retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia ley marca”, y lamentó  que las desapariciones forzadas continúen.

Pese a dar fe de los progresos en el establecimiento de las instituciones previstas en la ley, tanto a nivel federal como en algunos estados, destacó las limitaciones de su eficacia.

“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, agregó Jarab.

Igualmente, recordó que el Estado mexicano ha de responder por las decenas de miles de desapariciones ocurridas desde el año 2007 en el marco del combate al crimen organizado.

El representante señaló la necesidad de instaurar “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de los civiles e impidan la continuidad de las desapariciones.

Además, recordó que se deben añadir todas las desapariciones cometidas en el periodo de la “Guerra sucia en México”, que se remonta desde mediados de los años sesenta hasta inicios de los ochenta.

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Derechos Humanos / Human Rights

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México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Fuente: Corte IDH  

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México1 , la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 20062. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estadual del estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco Lechería para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

 En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En sus consideraciones, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

Asimismo, la Corte determinó que: las (i) once mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; (ii) siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o algún objeto, y (iii) todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes policiales. Además, la Corte encontró (i) que las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, (ii) que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y (iii) que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, constituyeron además discriminación por razones de género.

Por otra parte, el Tribunal concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

En relación con las investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas, se limitaron a la participación de agentes estaduales, cuando existían indicios de la participación de agentes federales, y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto. Finalmente, el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

Como consecuencia de estas violaciones la Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

 La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Vio Grossi, Presidente en ejercicio (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte

Derechos Humanos / Human Rights

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El plan de extender la prisión preventiva en México podría dar lugar a detenciones arbitrarias

Fuente:  Naciones Unidas  

12 de diciembre, 2018

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos se pronunció por la eliminación del proyecto que busca ampliar los fundamentos legales para la prisión preventiva en México, argumentando que podría llegar a justificar la violación de las garantías fundamentales de las personas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria advirtió al gobierno mexicano que sus planes de extender la prisión preventiva automática contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e instó al Congreso del país a rechazar la propuesta de “expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos”.

Según la normativa vigente, las personas son encarceladas por ser acusadas de ciertos delitos, una práctica que va contra la ley internacional al anular el derecho de los imputados a la presunción de inocencia y negarles la posibilidad de cuestionar judicialmente la prisión preventiva.

Los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU explicaron que la reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución Mexicana, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria.

“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática”, apuntaron.

En un comunicado, subrayaron que la excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.

En enero de 2018, el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que exhortaba al gobierno de México a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo afirmó ser consciente de los desafíos del país en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, llamó al Congreso de la Unión a no extender la prisión preventiva automática y a eliminar dicha figura de la Constitución y de las leyes.

Los Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.