México

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Senadores avalan reformas constitucionales en materia de fuero         

Fuente: El Informador México

27 de marzo, 2019

-México-

 Con 111 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado de la República aprobó la modificación a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del país en materia de fuero, tanto para el Presidente de la República como para diputados federales y senadores.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda fue defendido por varios partidos, aunque Movimiento Ciudadano había presentado un voto particular que no se permitió discutir en tribuna.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, dijo que con esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, se cumple con la exigencia ciudadana de frenar la corrupción.

Senado avala en comisiones quitar fuero al Presidente y a funcionarios

La Cámara alta impulsa la reforma para que puedan ser sometidos a proceso penal por delitos electorales y corrupción, el grupo parlamentario de MC rechaza la minuta por considerarla “una burla”

A su vez, la presidenta de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, aseguró que esta reforma implica que el Ejecutivo federal y los diputados y senadores podrán ser juzgados por traición a la patria y delitos graves.

Pero también, abundó, por violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, con lo que se amplía el catálogo de delitos para juzgar a estos funcionarios públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, expuso que se trata de reformar el artículo 108 para que el Presidente y los legisladores federales puedan ser juzgados durante el tiempo de su encargo por los delitos establecidos en el artículo 109 constitucional.

Además, detalló que se modifica el artículo 111 respecto al procedimiento del juicio de procedencia, para acabar con la impunidad de los altos funcionarios, tal como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña.

Envía AMLO iniciativa para suprimir fuero presidencial

El Mandatario manda el proyecto al Senado para modificar la legislación

A favor del dictamen, argumentaron los coordinadores de los partidos Encuentro Social (PES), Sasil de León, y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera.

Este último destacó la ventaja de haber ampliado el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente, así como la precisión que se gana en la redacción del artículo constitucional en esta reforma integral.

A nombre del Partido Acción Nacional, la senadora Indira Rosales Sanromán  dijo que su partido votaría a favor de la iniciativa presidencial, porque se amplía el número de delitos por los que pueden ser juzgados el presidente y los legisladores federales.

Convocó a sus pares a discutir las nueve iniciativas de todos los grupos parlamentarios que están pendientes. “Estamos a favor de una discusión seria en el tema”, dijo.

Diputados aprueban eliminar fuero al Presidente

La reforma constitucional se avaló con 469 votos a favor, aunque se mantiene la inmunidad procesal

Tanto el PRI, como el PVEM, PT y Morena, adelantaron sus votos a favor, pero Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, se quejó de que no se le permitió a su partido presentar el voto particular que él firmó en conjunto con Dante Delgado, Noé Castañón y Clemente Castañeda.

Aunque adelantó el voto a favor del dictamen se trata de una trampa, porque no elimina el fuero, sino que establece un doble fuero.

En tanto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza adelantó su voto en contra (el único que hubo) porque, dijo, era mejor la propuesta de MC que no se discutió y la reforma implica un “blindaje al fuero”, además de no respetar la presunción de inocencia.

Luego de la discusión en lo general y sin discusión en particular, se pasó a la votación que concluyó con 111 sufragios a favor y uno en contra. La senadora de Morena, Lucía Meza, trató de votar después de que se había cerrado el tablero electrónico y ya no se contó su voto.

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Derechos Humanos / Human Rights

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La SCJN avala la prohibición absoluta del matrimonio infantil 

Fuente: El Informador México

26 de marzo, 2019

-México-

Por unanimidad de diez votos a favor, ministros validaron la tarde de este martes la eliminación de las dispensas del Código Civil que permitían la unión entre menores de edad en casos graves y justificados, en Aguascalientes, realizada por legisladores de esa entidad.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2016, que interpuso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, contra la prohibición absoluta del matrimonio infantil, el pleno del máximo tribunal de justicia determinó que las reformas son constitucionales y contribuyen a la protección de los derechos de la niñez.

Los ministros coincidieron en que el matrimonio infantil es una práctica que afecta el desarrollo a la libre personalidad, a la educación, salud, libertad y autonomía de los adolescentes.

México es el octavo país donde menores de 18 años son casados, por lo mismo se busca cambiar este problema desde la ley

“No debe perderse de vista, que con esta prohibición absoluta se busca erradicar el matrimonio infantil, precoz e incluso, forzado. Como está ampliamente documentado, tales matrimonios ponen en riesgo el ejercicio de los derechos de las niñas, como el derecho a la educación, salud, vida, libertad, y autonomía”, argumentó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Expuso además que una prohibición absoluta a los menores de 18 años para contraer matrimonio, “elimina el margen de error en el que podrían incurrir los jueces al momento de otorgar dispensas, máxime, cuando no debe perderse de vista que actúan en un contexto social, cultural determinado, en el que podría dificultarse que resolvieran con perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la infancia”.

La ministra Norma Lucía Piña señaló que el matrimonio infantil es una práctica de efectos “inhibitorios” en el ejercicio de derechos fundamentales de los menores de edad.

Senado avala prohibir el matrimonio infantil

De manera unánime, la Cámara Alta aprobó el dictamen presentado por la panista Josefina

“El compromiso del Estado mexicano, frente al matrimonio infantil, es de prevención y de erradicación”, afirmó.

El ministro Franco González Salas afirmó que la fijación de un límite mínimo de edad para ejercer el derecho a contraer matrimonio, sin la posibilidad de dispensa alguna, “no constituye una restricción o modalidad definitiva al derecho que tienen para decidir formar una familia”.

Derechos Humanos / Human Rights

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Congreso estatal ha dejado en visto 13 recomendaciones de la CEDHJ                

Fuente: El Informador México

27 de febrero, 2019

-Mexico-

El Congreso del Estado no ha respondido a 13 recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le ha dirigido en los últimos dos años. Durante la presentación de su informe de actividades ante el pleno del Legislativo, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, aprovechó para recordar a los diputados que no se han pronunciado en temas como derechos de personas de la diversidad sexual, identidad de género de personas transexuales o los casos de desaparecidos; entre otros. 

“Van cinco (recomendaciones al Congreso emitidas en su administración), las tres recomendaciones generales que tiene que ver con el tema de discapacidad, seguridad ciudadana, personas desaparecidas y dos particularmente en relación con la población de la diversidad sexual. Una más con el caso de la magistratura que debe garantizarse la paridad, medidas progresivas para que haya paridad en el Poder Judicial”, precisó.

Hernández Barrón planteó cinco acciones legislativas para que las leyes estatales reconozcan la igualdad entre personas, prevengan la discriminación y busquen el respeto a sus garantías individuales. 

Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva, dijo que revisarán el estado de las recomendaciones que se acumularon durante pasadas Legislaturas. Aseveró que en el actual periodo se impulsaron reformas para prevenir la violencia contra las mujeres y sostuvo que los cinco puntos planteados son parte de la agenda legislativa.

“Respecto a los procesos que están pendientes en este poder Legislativo se solicita al presidente de la comisión legislativa de derechos humanos y pueblos originarios que, en sesión próxima de trabajo, con presencia de usted, podamos dar el resultado definitivo a cada uno de esos procesos pendientes dándole una respuesta inmediata y contundente”, comentó el legislador.  

El presidente de la Comisión refirió el recorte de 2.5 millones de pesos que tuvo la dependencia, sostuvo que pese a la disminución de recursos mantienen los planes de abrir oficinas en municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y reforzar el área de capacitación.  

Un representante de cada grupo parlamentario fijó postura luego del mensaje del titular de la CEDHJ que no recibió mayores cuestionamientos. Esta fue la primera ocasión en que un presidente de la Comisión comparece en sesión del Legislativo para remitir informe de su gestión.

Derechos Humanos / Human Rights

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Conapred pide a Zacatecas respaldar matrimonio igualitario   

Fuente: El Informador México

23 de febrero, 2019

-México-

 El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) pidió al gobierno de Zacatecas que se sume al marco jurídico que permite “el derecho al matrimonio sin discriminación”.

Esto, luego que el mandatario estatal Alejandro Tello emitiera su postura personal en contra de estas uniones y como autoridad consideró que el ayuntamiento carecía de soporte legal para realizar un matrimonio igualitario por no estar establecido dentro del Código Familiar local.

El oficio Conapred/PC/077/2019, que se hizo circular está firmado por Alejandra Haas Paciuc, presidenta de este organismo nacional, dirigido al gobernador, donde le manifiesta su preocupación por la postura que él asumió, tras la decisión del alcalde Ulises Mejía de no emitir más negativas y autorizar en Zacatecas la celebración de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.

En la misiva, la Conapred externa que, si bien la definición jurídica de matrimoniocontenida en las leyes y códigos del estado de Zacatecas no prevé la celebración del mismo entre parejas distintas a las formadas por un hombre y una mujer, aclara que la determinación del alcalde “sí tiene un sustento jurídico basado en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Incluso, se especifica que este máximo Tribunal ha desarrollado, en los últimos años, “un importante bagaje jurídico al resolver diversos amparos relacionados con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo que han sido interpuestos ante la negativa de las autoridades de los Registros Civiles de distintos estados de casar a dichas parejas”.

Y señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado los criterios jurisprudenciales 43/2015 y 85/2015 que han fundamentado las declaratorias de invalidez de las disposiciones de los Códigos Civiles de otras entidades como Jalisco, Chiapas, Puebla y Nuevo León, por limitar el matrimonio al constituido por hombre y mujer, y con fines de perpetuar la especie.

Además de señalar que SCJN también ha reconocido en diversos amparos que la exclusión de la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo se traduce en una triple discriminación y se enumera cada una, donde se enfatiza que al no reconocerles todos los derechos, las parejas homosexuales son privadas de los beneficios que otorga el matrimonio.

Por ende, en esa misiva, Conapred exhorta al gobierno de Zacatecas a que “se una a la construcción de un México donde todas las personas puedan tener un goce efectivo de todos los derechos reconocidos por nuestro marco jurídico, como lo es el derecho al matrimonio sin discriminación y todas autoridades, en el ámbito de la competencia, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo mandata del artículo primero de la Constitución”.

Derechos Humanos / Human Rights

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México: ONU llama a aplicar la Ley en Materia de Desapariciones Forzadas

Fuente: Naciones Unidas

16 de enero, 2019

 La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este miércoles al Gobierno de la nación norteamericana la puesta en práctica de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza”, apunta el comunicado emitido por esa Oficina.

Tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor de esa legislación, el representante en México, Jan Jarab, calificó como “mínimos” los progresos llevados a cabo en búsquedas e investigaciones, denunció “los retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia ley marca”, y lamentó  que las desapariciones forzadas continúen.

Pese a dar fe de los progresos en el establecimiento de las instituciones previstas en la ley, tanto a nivel federal como en algunos estados, destacó las limitaciones de su eficacia.

“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, agregó Jarab.

Igualmente, recordó que el Estado mexicano ha de responder por las decenas de miles de desapariciones ocurridas desde el año 2007 en el marco del combate al crimen organizado.

El representante señaló la necesidad de instaurar “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de los civiles e impidan la continuidad de las desapariciones.

Además, recordó que se deben añadir todas las desapariciones cometidas en el periodo de la “Guerra sucia en México”, que se remonta desde mediados de los años sesenta hasta inicios de los ochenta.

Derechos Humanos / Human Rights

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México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

Fuente: Corte IDH  

21 de diciembre, 2018

En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México1 , la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 20062. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estadual del estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco Lechería para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

 En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En sus consideraciones, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

Asimismo, la Corte determinó que: las (i) once mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; (ii) siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o algún objeto, y (iii) todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes policiales. Además, la Corte encontró (i) que las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, (ii) que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y (iii) que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, constituyeron además discriminación por razones de género.

Por otra parte, el Tribunal concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

En relación con las investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas, se limitaron a la participación de agentes estaduales, cuando existían indicios de la participación de agentes federales, y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto. Finalmente, el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

Como consecuencia de estas violaciones la Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

 La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Vio Grossi, Presidente en ejercicio (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte

Derechos Humanos / Human Rights

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El plan de extender la prisión preventiva en México podría dar lugar a detenciones arbitrarias

Fuente:  Naciones Unidas  

12 de diciembre, 2018

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos se pronunció por la eliminación del proyecto que busca ampliar los fundamentos legales para la prisión preventiva en México, argumentando que podría llegar a justificar la violación de las garantías fundamentales de las personas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria advirtió al gobierno mexicano que sus planes de extender la prisión preventiva automática contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e instó al Congreso del país a rechazar la propuesta de “expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos”.

Según la normativa vigente, las personas son encarceladas por ser acusadas de ciertos delitos, una práctica que va contra la ley internacional al anular el derecho de los imputados a la presunción de inocencia y negarles la posibilidad de cuestionar judicialmente la prisión preventiva.

Los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU explicaron que la reforma propuesta amplía la lista de delitos que requieren prisión automática durante el juicio, bajo el artículo 19 de la Constitución Mexicana, lo que expondrá a más personas a situaciones de detención arbitraria.

“Para que la prisión preventiva sea una excepción, esta no puede ser automática”, apuntaron.

En un comunicado, subrayaron que la excepcionalidad requiere de un análisis individual, caso por caso, para determinar si es necesario y proporcional recurrir a la privación de la libertad personal.

En enero de 2018, el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que exhortaba al gobierno de México a derogar las normas constitucionales y legales que ordenan la prisión preventiva automática, por considerar que son contrarias al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Grupo de Trabajo afirmó ser consciente de los desafíos del país en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, llamó al Congreso de la Unión a no extender la prisión preventiva automática y a eliminar dicha figura de la Constitución y de las leyes.

Los Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.