México

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La CEHD presenta acción de inconstitucionalidad por la “Ley Garrote”

Fuente: El Informador México

30 de agosto, 2019

-México-

 La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Garrote”, que trata de modificaciones al Código Penal de Tabasco y busca castigar los cierres en accesos a distintas obras públicas o privadas mediante la extorsión.

El titular de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, mencionó que tras la consulta pública vía redes sociales, correos electrónicos u oficios, se recibió de la ciudadanía 504 opiniones, entre las que sustentan con razones la necesidad de la acción de inconstitucionalidad o en contrario.

En rueda de prensa, comentó que el procedimiento puede ser largo, pero ya está en la cancha de la Corte el recurso interpuesto desde ayer, que además de la consulta pública se sustentó en un análisis técnico de la CEDH sobre las reformas al Código Penal.

“Concluimos que era importante que la Suprema Corte decidiera si hay armonía entre los derechos de manifestación y de libertad de expresión y todo eso, con los tipos de conductas que se pretende contemplar en esta reforma”, apuntó.

En la consulta, dijo, el 64 por ciento de las opiniones no tuvieron relación con el tema, mientras el 23 por ciento de las opiniones externó razones para interponer la acción, mientras un 13 por ciento lo hizo en contra.

El organismo realizó la consulta pública del 4 al 20 de agosto, luego que el 29 de julio el Congreso del Estado aprobó las reformas, que entraron en vigor el 1 de agosto tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La controvertida reforma ha contado con voces a favor y en contra, como la del presidente de la Coparmex estatal, Ricardo Castellanos, para quien la modificación legal fue para combatir la extorsión en zonas donde personas con armas blancas y una lía impedían entrar tanto a maquinaria como a trabajadores a los complejos petroleros y exigían el pago de un “moche” o cuotas para darles el acceso.

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Derechos Humanos / Human Rights

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México: La protección para periodistas necesita más recursos, pero sobre todo una respuesta de Estado

Fuente: Naciones Unidas

26 de agosto, 2019

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este lunes, a petición de la Secretaría de Gobernación, un centenar de recomendaciones que servirán para reforzar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que lanzó el gobierno mexicano en 2012.

Para la confección del informe se contó con un amplio volumen de documentos sobre el Mecanismo, más de 100 horas de entrevistas a 147 a personas relacionadas con ese instrumento, el análisis detallado de cómo actuó el Mecanismo en diversos procesos y el intercambio de pareceres con expertos y entidades especializadas en protección de los defensores de derechos humanos y periodistas.

La Oficina resaltó la gran importancia que supone contar con el Mecanismo ya que 62 los beneficiarios entrevistados destacaron que la protección proporcionada por esa salvaguarda es el motivo por el cual siguen vivos.

El representante de la Oficina en México, Jan Jarab, explicó que el “desarrollo progresivo” del instrumento se debe a un aprendizaje de seis años, a que el marco legal ha sido lo suficientemente flexible y  a que prevé un esquema de gobernanza participativa de la ciudadanía.

Sin embargo, indicó que la disposición continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones y que algunas de ellas se remontan al inicio de la creación del instrumento.

Falta de personal y recursos económicos

En concreto, el estudio destaca la insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades de protección. Por ejemplo, subraya que mientras el número de trabajadores no aumentó desde el año 2014, cifra de personas protegidas creció hasta un 236%.

Así, las previsiones de la Secretaría de Gobernación para 2019 contemplan la protección de 1131 personas y con un gasto de 325 millones de pesos ( equivalente a unos 16 millones de dólares), pese a que el presupuesto asignado para el actual ejercicio fue de 207 millones de pesos (alrededor de 10,5 millones de dólares).

Indefinición de las prioridades políticas

Otro apartado del estudio indica que no hay “un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas” para la protección de los afectados.

Del mismo modo, tanto los funcionarios como las personas protegidas destacaron la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno.

Además, el documento destaca la necesidad de comprender que, sin un enfoque de prevención, la principal guía para evitar la consumación del daño, “combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual”, lo que haría  ineficaz e insostenible al mecanismo.

Según los datos publicadas por el Mecanismo, en más de la mitad de los casos en que se identificó a los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos. Sin embargoel análisis revela que hasta la fecha ese instrumento carece de criterios de actuación adecuados para “condenar públicamente cualquier ataque por parte de los servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa”.

El estudio concluye que los cambios necesarios no se ciñen únicamente a una mayor partida presupuestaria, sino que demandan una respuesta de Estado que establezca “una ruta con una visión amplia para dar seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas”.

Las 104 recomendaciones finales del informe se divididen en tres apartados que buscan reforzar la protección del Estado Mexicano en su conjunto, el propio Mecanismo y la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), el órgano responsable de coordinar el funcionamiento del Mecanismo con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos.

Puede leer la totalidad de las recomendaciones incluidas en el Diagnóstico Sobre el Funcionamiento del Mecanismo en el siguiente enlace

Durante 2019 la Oficina de la ONU ha documentado al menos 11 asesinatos de periodistas y por lo menos de 13 asesinatos de defensores de derechos humanos.

En 2018 registró 12 asesinatos de periodistas y 14 de personas defensoras de derechos humanos. En 2017 documentó 12 asesinatos de periodistas y 7 de personas defensoras de derechos humanos .

Derechos Humanos / Human Rights

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La CEDHJ pide mejorar seguimiento de Alerta de Violencia de Género en municipios  

Fuente: El Informador México

21 de Julio

-México-

 La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó su informe especial sobre la situación de violencia contra las mujeres en los municipios de Ameca, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande, localidades incluidas en la Alerta de Violencia de Género. 

A través de un comunicado la CEDHJ refirió que en los tres municipios se detectó que no se ha trabajado en la capacitación ni en la profesionalización de funcionarios en la atención a mujeres receptoras de violencia. No cuentan con Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de niñas y mujeres, tampoco se cuenta con protocolos municipales para dar seguimiento a las órdenes de protección y no cuentan con refugios para mujeres víctimas de violencia. Además, no se identifica la existencia de una política de prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres. 

En el caso particular de Lagos de Moreno se identificó una alta incidencia de violencia relacionada con el crimen organizado. En el contexto de desaparición se identificaron dos fosas clandestinas que fueron reportadas en el Informe especial sobre inhumaciones de personas fallecidas no identificadas que elaboró la Comisión.

Por su parte, en Zapotlán el Grande se identificó una alta incidencia de violencia sexual, familiar y desaparición de mujeres. En Ameca se detectó una alta incidencia en violencia intrafamiliar.

La CEDHJ urgió a los gobiernos municipales a buscar garantizar la efectiva instrumentación de la política municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. Instalar el Consejo Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Actualmente esta figura no existe en los municipios. Realizar las acciones para la instalación de refugios, para mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos. 

Las autoridades municipales deben implementar programas de reeducación integral dirigida a personas agresoras. Crear la Unidad Especializada de Reacción y Búsqueda Inmediata de Niñas, Adolescentes y Mujeres Desaparecidas. Poner en marcha un programa de formación especializada para los servidores públicos que atienden a mujeres en situación de violencia. 

Estos municipios también deben aplicar un plan de mejora para la emisión, control y seguimiento de las órdenes de protección. Revisar el reglamento interno de la Comisaría de Seguridad Pública con la finalidad de incorporar en sus reglamentos la creación de una unidad especializada para atender y llevar el control y seguimiento de las órdenes de protección. Elaborar un programa de prevención de la violencia contra las mujeres. Consolidar un sistema de información efectivo a partir del cual se registren los casos de violencia contra las mujeres que se atienden desde las distintas dependencias. 

El presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, destacó que se está proporcionando información valiosa a los municipios que servirán para la toma de decisiones, y señaló que estos documentos son de los pocos que se han emitido a nivel nacional. Este lunes se entregará el informe especial correspondiente a Mezquitic. 

Derecho Civil / Civil Law

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A partir de hoy, prohibido por ley el matrimonio infantil en México    

Fuente: Informador México

04 de junio, 2019

 A partir de este martes, entró en vigor en 31 Códigos Civiles de los estados de la República la prohibición del matrimonio de menores de 18 años de edad, salvo en Baja California, que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales.

Con la publicación de un decreto, quedaron derogadas diversas disposiciones que permitían el matrimonio a partir de 16 años de edad para los hombres y 14 años para las mujeres, así como la posibilidad de que autoridades locales y familiares concedieran dispensas o consentimiento para que se llevara a cabo.

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto con el que se reformó el Artículo 148 y otros del Código Civil Federal, en materia de prohibición de matrimonio infantil.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) celebró la entrada en vigor de esa reforma, pues ayudará “a impulsar un cambio cultural para erradicar las uniones forzadas”, y con ello proteger los derechos y el interés superior de los infantes, destacó.

En 2016, la prohibición del matrimonio entre o de personas menores de 18 años de edad estaba vigente en 18 entidades del país y varias de ellas aún contaban con excepciones y dispensas legales que lo permitían.

Desde su creación a finales de 2015, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna se unió al esfuerzo conjunto para prohibir el matrimonio infantil a nivel federal y local, entonces encabezado por organismos internacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta labor también han participado dependencias como la Secretaría de Salud(SS); el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Además, los consejos nacionales de Población (Conapo) y para Prevenir la Discriminación (Conapred), así como organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

El 21 de marzo pasado, el Senado de la República aprobó, por votación unánime, las reformas para prohibir el matrimonio infantil en el Código Civil Federal del país, que es uno de los 10 con mayor número de casos, con casi un millón 300 mil al año. El dictamen también fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Este esfuerzo conjunto ha logrado un avance significativo, primero con la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se redujo de manera importante el número de matrimonios infantiles, y ahora con su prohibición.

Derechos Humanos / Human Rights

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Expertos de la ONU llaman a México a rechazar públicamente la práctica de la tortura

Fuente: Panorama RIDH

Fuente: Panorama RIDH

 17 de mayo, 2019

El grupo de expertos recibió información de mecanismos internacionales y de ONG según la cual hay una «muy alta incidencia» de la tortura por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura” y a “anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley y estará sujeto a enjuiciamiento penal y las sanciones apropiadas”.

Este grupo de diez expertos internacionales examinó la situación en México los pasados 25 y 26 de abril y este viernes publicó las recomendaciones que le formuló para que cumpla las disposiciones de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, un instrumento jurídico internacional ratificado por el Estado en 1986.

Durante su examen, la delegación mexicana aseguró que no es una política de Estado y negó que sea una práctica generalizada.

Sin embargo, el Comité destacó que, según mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la situación es extremadamente grave: los expertos recibieron informes en los que se documenta “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

El Comité llamó a las autoridades a terminar de elaborar y adoptar un Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, tal como está contemplado en la Ley General contra la Tortura. Este programa, dijeron los expertos, deberá contar con recursos financieros suficientes para su correcto funcionamiento y garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura o en el acompañamiento a las víctimas.

Salvaguardias para las personas privadas de la libertad

Este órgano especializado de la ONU recomendó a México asegurarse de que todas las personas detenidas “gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el principio de su privación de la libertad de conformidad con las normas internacionales”.

De manera particular, el Comité pidió a las autoridades garantizar a los detenidos la asistencia legal oportuna, y, de ser necesario, gratuita, tener acceso a un médico independiente, recibir información del porqué de su detención, informar a la familia de la detención, poder impugnar su legalidad y ser llevado ante un juez sin demora.

Confesiones obtenidas bajo tortura

Adicionalmente, México deberá adoptar todas las medidas necesarias para “asegurar en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura” y garantizar que todas las denuncias en este sentido sean investigadas de inmediato. Así mismo, deberá velar por que, en estos casos, la carga de la prueba recaiga en el Estado y no en la víctima.

En complemento de estas medidas, el Estado debe proveer formación técnica a jueces y fiscales “a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular fortalecer su capacidad institucional permitiéndoles desestimar las declaraciones obtenidas bajo tortura”.  

Adicionalmente, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales deberán recibir cursos obligatorios “en los que se ponga de relieve la relación entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura”.

México tiene un año de plazo para informar al Comité qué ha hecho para cumplir con las recomendaciones relativas al rechazo público de la práctica de la tortura, la puesta en marcha del Programa Nacional y la garantía de las salvaguardias para las personas privadas de la libertad. Posteriormente, en mayo de 2023, el Estado volverá a ser examinado por el Comité contra la Tortura.

Derechos Humanos / Human Rights

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El INPI, una nueva entidad para implementar los derechos de los pueblos indígenas en México                            

Fuente: Naciones Unidas

03 de mayo, 2019

En México hay 68 pueblos indígenas, todos viviendo una paradoja. Por un lado, sus manifestaciones culturales son motivo de reivindicación y orgullo nacional y símbolo del país y, por otro, todos sufren pobreza y marginación. Una nueva institución de tratar de corregir esta situación.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de reciente creación en México, tiene tres objetivos centrales: la implementación de los derechos de los pueblos originarios, impulsar sus procesos de desarrollo integral y sostenible, y fortalecer sus culturas y lenguas, explica el director el director general de la entidad, Adelfo Regino.

A lo largo de la historia moderna del país, los sucesivos gobiernos se han comprometido a velar por los pueblos originarios e integrarlos a la vida nacional preservando sus culturas. “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, reza el Artículo 2 de la Constitución Política de México; sin embargo, poco se ha hecho por proteger esa pluriculturalidad y los indígenas se ven obligados a migrar a los centros urbanos y a abandonar gradualmente los elementos que conforman la esencia de su cultura, como la lengua.

Con la intención de defender e implementar los derechos de las comunidades originarias, el nuevo gobierno de México estableció el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Su director general, Adelfo Regino Montes, participó este año en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. En el margen de ese evento, habló con Noticias ONU sobre éste y otros temas.

Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, en una entrevista con Noticias ONU.

¿Qué es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué se creó?

El nuevo gobierno de México decidió crear esta institución que tiene como mandato atender a los 68 pueblos indígenas de nuestro país y al pueblo afromexicano. En este sentido es la autoridad máxima del poder ejecutivo federal en todos los asuntos relacionados con nuestros pueblos y comunidades indígenas y un conjunto de nuevas atribuciones basadas en tres ideas. Tiene el mandato de implementar los derechos de los pueblos indígenas que han sido reconocidos a nivel nacional, pero sobre todo en el derecho internacional. Señalo la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de modo que sus normas y principios son ahora la fuente de inspiración de trabajo de este nuevo instituto de cara al proceso de implementación. Ese es un primer mandato. Un segundo mandato tiene que ver con los procesos de desarrollo integral, intercultural y sostenible. Lamentablemente en México, los pueblos y comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza, de marginación, de exclusión. De ahí la importancia pueda, a partir de las propias decisiones y prioridades de nuestros pueblos emprender y apoyar procesos de desarrollo integral, intercultural y sostenible. Una tercera cuestión ineludible, básica, es el fortalecimiento de las culturas y las lenguas indígenas, este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para el gobierno de México es una premisa fundamental el apoyo a nuestras culturas, a nuestras lenguas, a todos los elementos y características que configuran y constituyen la identidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

¿Mencionaba que hay 68 pueblos indígenas en México, están en todo el territorio o se concentran en alguna zona del país?

Tenemos presencia de pueblos indígenas en prácticamente todo el territorio nacional. Ahora esto ocurre con mayor fuerza a partir de los procesos migratorios. Tenemos cada vez una mayor presencia de personas, de familias indígenas en los contextos urbanos.

¿Qué porcentaje de la población de México es indígena?

En México se usan dos criterios para determinar si una persona es indígena. El primer criterio es el lingüístico, quién habla una lengua indígena, y según este criterio hay alrededor de 7 millones de personas que hablan una lengua indígena. El otro criterio, incorporado en los últimos censos, es el de la autoadscripción, basado en la pregunta de si la persona se considera parte de una comunidad o pueblo indígena, y bajo este criterio hay unos 25 millones de personas, lo que constituye el 21% de la población total del país.

La diferencia es muy grande entre ambas cifras…

Sí, sí, y esto muestra lo delicado que ha sido en los últimos años el proceso de pérdida de las lenguas indígenas. Es lo que ha ocurrido en los últimos años por diversos motivos, uno de ellos, desde luego, la discriminación, el racismo, que persiste en nuestras sociedades hacia una persona indígena, hacia una persona que habla su lengua. Creo que éste es un factor fundamental que ha contribuido al deterioro y pérdida de las lenguas indígenas. Otra razón son las cuestiones educativas, los medios de educación, que se han concentrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del español y ahora, de manera más reciente, del inglés, sin darle ninguna importancia a las lenguas indígenas. Podríamos enumerar más, pero éstas son algunas de las razones básicas que constituyen la fuente de la pérdida del uso y la transmisión de nuestras lenguas indígenas.

¿No hay escuelas bilingües en las comunidades indígenas?

Hay un sistema de educación indígena en todo el país particularmente en lo que concierne a la educación básica, es decir, educación preescolar y primaria; sin embargo, no se ha podido concretar en los programas educativos la enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas. Este es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país, sobre todo con la niñez, la adolescencia y la juventud, que son los grupos en los que se está perdiendo de manera acelerada la lengua indígena.

La integración económica de las comunidades indígenas, la mayor parte de las veces por necesidad, y la migración a las zonas urbanas es un uno de los factores en la pérdida de las lenguas indígenas. En las ciudades hay lugares donde se pueden escuchar todavía. ¿Qué se puede hacer para promover el uso de estas lenguas en las zonas urbanas, para que no se pierdan?

Eso es un desafío y justamente por eso hablamos del principio de la interculturalidad, es importante que las lenguas indígenas, que las culturas indígenas, no sólo se fortalezcan en las regiones indígenas, sino que es importante que esto también se considere en los ámbitos urbanos, en el conjunto de la sociedad. Nosotros hemos planteado, atendiendo el caso de la Ciudad de México, por citar un ejemplo, la importancia de que pudiera hablarse el náhuatl en las escuelas primarias, secundarias, en los bachilleratos y en las universidades. Esto implicaría, desde luego, la revisión de las currícula, los métodos educativos, las metodologías, la pedagogía; pero creo que es algo necesario porque sólo de esa manera haremos realidad el principio de la pluriculturalidad establecido en el artículo segundo de la Constitución Federal, y yo creo que sólo así vamos a encontrar una verdadera reconciliación en nuestra patria. De otro modo, veo muy difícil que podamos, por un lado, recuperar la valía de nuestras lenguas indígenas y, por otro lado, la construcción de una sociedad multicultural, pluricultural, intercultural, que permita que haya una relación justa, una relación horizontal respetuosa entre todas las culturas y lenguas que conviven en el país.

¿Planean actividades específicas para este Año Internacional de las Lenguas Indígenas?

Estamos promoviendo un mecanismo de coordinación interinstitucional para elaborar un plan de acción para el rescate, fortalecimiento y revitalización de nuestras lenguas indígenas, poniendo particular atención en las lenguas indígenas en alto riesgo de extinción. En el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tenemos varias radiodifusoras culturales que hacen sus transmisiones en alrededor de 33 lenguas indígenas en todo nuestro país. Es un compromiso permanente cotidiano el uso, la transmisión, la valorización de las lenguas indígenas.

¿Cuál es la lengua originaria con más hablantes en México?

La lengua que más se habla en México es el náhuatl, con más de un millón de hablantes en alrededor de 15, 16 entidades federativas. Después, el maya, que se habla fundamentalmente en la península de Yucatán, en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Luego siguen las lenguas mayas tzeltal y tzotzil, en el estado de Chiapas principalmente. En Oaxaca, las lenguas más habladas son el zapoteco y el mixteco, que se habla también en Puebla y Guerrero y en otras partes debido a la migración. Estas son las lenguas con el mayor número de hablantes en el país.

Entiendo que usted es mixe…

Yo hablo la lengua mixe, yo hablo el ayuuk, como le llamamos en nuestra propia lengua. Somos unos 150.000 hablantes, ubicados, sobre todo en la sierra norte del estado de Oaxaca, pero también hay hablantes del mixe en otras partes de la República y también aquí, en Estados Unidos.

Entrevista: Carla García

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Senadores avalan reformas constitucionales en materia de fuero         

Fuente: El Informador México

27 de marzo, 2019

-México-

 Con 111 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado de la República aprobó la modificación a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del país en materia de fuero, tanto para el Presidente de la República como para diputados federales y senadores.

El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda fue defendido por varios partidos, aunque Movimiento Ciudadano había presentado un voto particular que no se permitió discutir en tribuna.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, dijo que con esta iniciativa enviada por el Ejecutivo, se cumple con la exigencia ciudadana de frenar la corrupción.

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A su vez, la presidenta de la Comisión Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, aseguró que esta reforma implica que el Ejecutivo federal y los diputados y senadores podrán ser juzgados por traición a la patria y delitos graves.

Pero también, abundó, por violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, con lo que se amplía el catálogo de delitos para juzgar a estos funcionarios públicos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, expuso que se trata de reformar el artículo 108 para que el Presidente y los legisladores federales puedan ser juzgados durante el tiempo de su encargo por los delitos establecidos en el artículo 109 constitucional.

Además, detalló que se modifica el artículo 111 respecto al procedimiento del juicio de procedencia, para acabar con la impunidad de los altos funcionarios, tal como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña.

Envía AMLO iniciativa para suprimir fuero presidencial

El Mandatario manda el proyecto al Senado para modificar la legislación

A favor del dictamen, argumentaron los coordinadores de los partidos Encuentro Social (PES), Sasil de León, y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera.

Este último destacó la ventaja de haber ampliado el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente, así como la precisión que se gana en la redacción del artículo constitucional en esta reforma integral.

A nombre del Partido Acción Nacional, la senadora Indira Rosales Sanromán  dijo que su partido votaría a favor de la iniciativa presidencial, porque se amplía el número de delitos por los que pueden ser juzgados el presidente y los legisladores federales.

Convocó a sus pares a discutir las nueve iniciativas de todos los grupos parlamentarios que están pendientes. “Estamos a favor de una discusión seria en el tema”, dijo.

Diputados aprueban eliminar fuero al Presidente

La reforma constitucional se avaló con 469 votos a favor, aunque se mantiene la inmunidad procesal

Tanto el PRI, como el PVEM, PT y Morena, adelantaron sus votos a favor, pero Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, se quejó de que no se le permitió a su partido presentar el voto particular que él firmó en conjunto con Dante Delgado, Noé Castañón y Clemente Castañeda.

Aunque adelantó el voto a favor del dictamen se trata de una trampa, porque no elimina el fuero, sino que establece un doble fuero.

En tanto, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza adelantó su voto en contra (el único que hubo) porque, dijo, era mejor la propuesta de MC que no se discutió y la reforma implica un “blindaje al fuero”, además de no respetar la presunción de inocencia.

Luego de la discusión en lo general y sin discusión en particular, se pasó a la votación que concluyó con 111 sufragios a favor y uno en contra. La senadora de Morena, Lucía Meza, trató de votar después de que se había cerrado el tablero electrónico y ya no se contó su voto.