ONU

Derecho Ambiental / Environmental Law

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La ONU aplaude la rápida adopción de un tratado contra la pesca ilegal            

Fuente: Naciones Unidas

12 de junio, 2019

Más de cien países han firmado ya el acuerdo internacional aprobado en 2016 con el objetivo de es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graziano da Silva,  felicitó hoy a los más de 100 países que se comprometieron con la lucha contra la pesca insostenible e ilegal, al adoptar rápidamente el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP).

El objetivo del tratado internacional mediado por la Organización es prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entró en vigor en 2016 y en la actualidad 87 naciones son Partes de este.

Da Silva calificaba este lunes en Santiago de Chile la adopción del Acuerdo como un “logro fantástico”.

El Acuerdo pide a los buques extranjeros someterse a inspecciones en cualquier puerto de escala, en caso de considerarlo necesario los Estados donde se produzca ese paro, y que si eventualmente se detectan violaciones al reglamento se comparta la información.

El tratado sirve también para reforzar las normas previas donde se pedía a los países controlar las actividades de sus propias flotas pesqueras, y está diseñado para aumentar el costo de la pesca irregular, al dificultar la venta de los peces capturados de forma ilegal.

La Organización estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada asciende hasta 26 millones de toneladas al año, o alrededor de una quinta parte de las capturas mundiales. Además, socava los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible.

Actualmente, la FAO calcula que un tercio de las poblaciones de peces del mundo se capturan en niveles biológicamente insostenibles, tres veces más que a mediados de los años setenta.

 “Una de las principales condiciones para que el Acuerdo produzca buenos resultados es tener una gran cantidad de países que eviten que los barcos desembarquen sus capturas ilegales”, dijo Graziano da Silva. “De lo contrario, si un barco no puede desembarcar en un país determinado, lo hará en un país vecino”.

 Actualmente, las Partes adherentes comprenden más de la mitad de los Estados costeros del planeta.

La reunión de las partes se celebra en Santiago de Chile del 3 al 6 de junio y su trabajo “es crítico para la búsqueda común de salvaguardar los recursos marinos globales y lograr un desarrollo sostenible”. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada pone en riesgo los medios de vida de millones de personas y distorsiona los mercados de una importante industria mundial.

La FAO aprovechó la celebración del encuentro para recordar que el próximo 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Informada y No Regulada.

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Derechos Humanos / Human Rights

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La ONU pide eliminar las leyes discriminatorias contra las personas LGTBI        

Fuente: Naciones Unidas

17 de mayo, 2019

-Naciones Unidas-

Más de 65 países criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La Organización Mundial de la Salud se unió al llamado, que coincide con el Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Por su parte, otros dirigentes de la ONU enviaron un mensaje a su personal para celebrar la diversidad y reiterar el compromiso de construir un ambiente de trabajo libre del acoso y la discriminación.

ONUSIDA, la agencia de la ONU encargada de luchar contra la propagación del VIH/sida, ha pedido a los países que tienen leyes discriminatorias contra las personas que componen la comunidad LGTBI (las lesbianas, los gais, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales) que las eliminen de sus legislaciones.

El estigma hacia  grupos como personas que se inyectan drogas y los presos, se ve reforzado por las leyes penales. Todo esto  alimenta la violencia, la explotación y un clima de temor, que dificultan los esfuerzos para hacer que los servicios de VIH estén disponibles para quienes los necesitan.

“Todos tenemos la obligación moral y legal de eliminar las leyes discriminatorias y promulgar leyes que protejan a las personas contra la discriminación”, dijo Gunilla Carlsson, directora ejecutiva de la citada agencia.  “Para terminar con la epidemia de SIDA, las personas necesitan estar protegidas de cualquier daño. Necesitamos justicia e igualdad para todos”.

Esta petición coincide con la conmemoración, este 17 de mayo, del Día contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia*, que este año tiene por lema Justicia y protección para todos.

Más de 65 países criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incluyendo al menos ocho que imponen la pena de muerte.

A más estigmatización, mayor riesgo

Los  hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres tienen aproximadamente 28 veces más probabilidades de contraer el VIH que la población general y son mucho menos propensos a acceder a los servicios de diagnóstico y tratamiento del virus. En 2017, este grupo de población representó el 18% de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo.

“Es de vital importancia que creemos un mundo donde todas las personas puedan acceder a los servicios sociales y de salud que necesitan sin la amenaza de la violencia y la discriminación. La cobertura universal de salud significa llegar a todas las personas: las minorías sexuales y de género tienen el mismo derecho a la salud que todos los demás”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.Las personas transgénero, que representan aproximadamente entre el 0,1 y el 1.1% de la población mundial, a menudo enfrentan el estigma, la discriminación y el rechazo social en sus hogares y comunidades.

La discriminación, la violencia y la criminalización evitan que accedan a los servicios de VIH que necesitan para mantenerse saludables. Se estima que las mujeres transgénero tienen 13 veces más probabilidades de contraer el VIH que otros adultos en edad reproductiva y que el 16,5% de las mujeres transgénero viven con el VIH.

“La justicia y la protección de todos es fundamental para impulsar el avance de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus Objetivos. La promulgación y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias, la derogación de leyes punitivas y el acceso a la justicia universal son fundamentales para cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás“, dijo por su parte Achim Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ONUSIDA se une al Secretario General de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su petición de despenalizar las leyes que discriminan a las personas LGBTI y proteger de la violencia y la discriminación y tengan pleno acceso a la salud y otros servicios sociales.

Por su parte, los responsables de varios Departamentos de la ONU, como el de Asuntos Políticos y de la Paz, enviaron un mensaje a su personal para celebrar la diversidad y reiterar el compromiso de construir un ambiente de trabajo libre del acoso y la discriminación.

*No es un día oficial de las Naciones Unidas.

Derechos Humanos / Human Rights

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Expertos de la ONU llaman a México a rechazar públicamente la práctica de la tortura

Fuente: Panorama RIDH

Fuente: Panorama RIDH

 17 de mayo, 2019

El grupo de expertos recibió información de mecanismos internacionales y de ONG según la cual hay una «muy alta incidencia» de la tortura por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

El Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura” y a “anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley y estará sujeto a enjuiciamiento penal y las sanciones apropiadas”.

Este grupo de diez expertos internacionales examinó la situación en México los pasados 25 y 26 de abril y este viernes publicó las recomendaciones que le formuló para que cumpla las disposiciones de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, un instrumento jurídico internacional ratificado por el Estado en 1986.

Durante su examen, la delegación mexicana aseguró que no es una política de Estado y negó que sea una práctica generalizada.

Sin embargo, el Comité destacó que, según mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, la situación es extremadamente grave: los expertos recibieron informes en los que se documenta “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención”.

El Comité llamó a las autoridades a terminar de elaborar y adoptar un Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos, tal como está contemplado en la Ley General contra la Tortura. Este programa, dijeron los expertos, deberá contar con recursos financieros suficientes para su correcto funcionamiento y garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la documentación de casos de tortura o en el acompañamiento a las víctimas.

Salvaguardias para las personas privadas de la libertad

Este órgano especializado de la ONU recomendó a México asegurarse de que todas las personas detenidas “gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el principio de su privación de la libertad de conformidad con las normas internacionales”.

De manera particular, el Comité pidió a las autoridades garantizar a los detenidos la asistencia legal oportuna, y, de ser necesario, gratuita, tener acceso a un médico independiente, recibir información del porqué de su detención, informar a la familia de la detención, poder impugnar su legalidad y ser llevado ante un juez sin demora.

Confesiones obtenidas bajo tortura

Adicionalmente, México deberá adoptar todas las medidas necesarias para “asegurar en la práctica la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante tortura” y garantizar que todas las denuncias en este sentido sean investigadas de inmediato. Así mismo, deberá velar por que, en estos casos, la carga de la prueba recaiga en el Estado y no en la víctima.

En complemento de estas medidas, el Estado debe proveer formación técnica a jueces y fiscales “a fin de que sean capaces de detectar e investigar eficazmente todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular fortalecer su capacidad institucional permitiéndoles desestimar las declaraciones obtenidas bajo tortura”.  

Adicionalmente, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales deberán recibir cursos obligatorios “en los que se ponga de relieve la relación entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones obtenidas bajo tortura”.

México tiene un año de plazo para informar al Comité qué ha hecho para cumplir con las recomendaciones relativas al rechazo público de la práctica de la tortura, la puesta en marcha del Programa Nacional y la garantía de las salvaguardias para las personas privadas de la libertad. Posteriormente, en mayo de 2023, el Estado volverá a ser examinado por el Comité contra la Tortura.

Derecho Internacional / International Law

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La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía               

Fuente: Naciones Unidas

12 de marzo, 2019

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

En una declaración publicada este martes, Adama Dieng urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.

El asesor especial del Secretario General también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996.

Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.

Una clara violación de la Constitución

La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.

Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

El proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.

Según el asesor especial para la Prevención del Genocidio, “el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia”.

Dieng destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

Si no hay justicia, prevalece la impunidad

“El juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad “, afirmó.

La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado.

La rendición de cuentas por delitos del pasado constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad, porque reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. Además, reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.

Dieng concluyó asegurando que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado. Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia “.

Derechos Humanos / Human Rights

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Flag_of_Mexico.svgLa ONU instó a México a crear un mecanismo internacional para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas 

Fuente: Panorama

20 de noviembre, 2018

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas instó este lunes a México a fortalecer sus servicios forenses y periciales “con la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica en conjunto con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades relevantes con el objetivo de proceder de manera urgente al procesamiento forense de los miles de cadáveres y restos óseos pendientes de identificación”. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Internacional / International Law

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palestina & usa.jpgPalestina / Estados Unidos: Estados Unidos notifica a Naciones Unidas denuncia de Protocolo Adicional a Convención de Viena de 1961  

Fuente: Derecho Internacional CR

16 de octubre, 2018

El pasado 12 de octubre, Estados Unidos formalmente presentó a Naciones Unidas la siguiente nota diplomática (véase enlace oficial), mediante la cual denuncia el Protocolo Adicional a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El texto se lee de la siguiente manera:  Leer el resto de esta entrada »

Derecho Ambiental / Environmental Law

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images.jpgExpertos de la ONU instan a la pronta ratificación de un histórico tratado ambiental en América Latina y el Caribe      

Fuente: ACNUDH

13/09/2018

-Ginebra-

Expertos en derechos humanos de la ONU celebran la adopción del histórico acuerdo de Escazú e ahora instan a los Estados en América Latina y el Caribe a firmar y ratificar, a la mayor brevedad posible, un tratado ambiental pionero para la región. Leer el resto de esta entrada »