Paraguay

Derechos Humanos / Human Rights

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Un Comité de la ONU insta a compensar a las víctimas de fumigaciones en Paraguay

Fuente: Naciones Unidas

16 de agosto, 2019

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos indicó este miércoles que Paraguay debe investigar una serie de fumigaciones con agroquímicos que provocaron la intoxicación de varias personas, entre ellos niños, además de contaminar el agua, el suelo y los cultivos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un dictamen en el que insta a Paraguay a sancionar a todos los responsables, reparar a las víctimas y difundir la disposición en un diario de amplia circulación. Según el Comité, la nación sudamericana no realizó “los controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”.

Las víctimas de las fumigaciones son trabajadores rurales de una misma familia que se dedican a la agricultura familiar en el Departamento de Canindeyú y que viven en una zona en la que predomina el monocultivo amplio y mecanizado de semillas de soja genéticamente modificadas.

Graves consecuencias ambientales

Las fumigaciones contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, provocaron la pérdida de árboles frutales y cultivos, y causaron la muerte de varios animales de cría.

La contaminación también dejó muerta a una persona e intoxicó a otros 22 habitantes de la comunidad. Las víctimas sufrieron náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre y lesiones en la piel, entre otras indisposiciones.

El Comité de Derechos Humanos advirtió de “la existencia de una relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las garantías fundamentales. A su vez, recordó que el derecho a la vida también incluye la capacidad de “disfrutar de una vida digna “ y a no formar parte de “acciones u omisiones” que tengan como resultado “una muerte prematura o no natural”.

Una resolución ejemplar

Una de las expertas integrantes del Comité, Hélène Tigroudja, calificó el dictamen como “histórico” y añadió que supone “un reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración. Alentamos profundamente a los Estados a proteger el derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna frente a la contaminación ambiental”.

Tras la ratificación de Paraguay del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el año 1995, el Comité ostenta “el mandato de examinar denuncias de violaciones de derechos humanos por el Estado parte”.

Esa entidad solicitó a Paraguay que informara en un plazo de plazo de 180 días sobre las medidas que piensa efectuar para poner en práctica el dictamen.

El Comité de Derechos Humanos supervisa la adhesión de los Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hasta la fecha cuenta con 173 Estados partes. El Comité está integrado por 18 miembros que son expertos independientes en derechos humanos provenientes de todo el mundo, que sirven a título personal y no como representantes de los Estados partes.

Su Protocolo Facultativo, que hasta la fecha cuenta con 116 Estados partes, establece el derecho de las personas a presentar una queja ante el Comité contra los Estados que violan sus derechos humanos. El Protocolo Facultativo impone a los Estados partes la obligación legal internacional de cumplir de buena fe con los dictámenes del Comité. Más información sobre los procedimientos de denuncias individuales ante los Comités.

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Derechos Humanos / Human Rights

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Son insuficientes los avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay  

Fuente: Naciones Unidas

25 de julio, 2019

El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó la pobreza y falta de acceso a la educación y la salud entre otros flagelos que sufren las comunidades amerindias paraguayas. El informe periódico sobre el país sudamericano también se refirió a la limitada participación de las mujeres en la vida pública y a las restricciones de los derechos reproductivos, así como a los abusos contra las garantías de la población por parte de las fuerzas de seguridad.

 Los pueblos indígenas de Paraguay sufren todavía elevados niveles de pobreza y tienen dificultades para acceder a servicios básicos como la salud y la educación, además de que carecen de un acceso integral a sus territorios y recursos naturales debido a la lentitud del proceso de registro y devolución de tierras, señala el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de esas garantías en el país sudamericano.

En su cuarta revisión periódica de Paraguay, el Comité encomia la reciente aprobación del Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, pero recuerda los pocos avances en la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en junio de 2015 ordenaron reparaciones relacionadas con la identificación y entrega de tierras tradicionales a las comunidades Sawhoyamaxay, Yakye axa y Xákmok kásek.

Con respecto a la comunidad Ayoreo-totobiegosode, el Comité lamenta no haber recibido suficiente información sobre el cumplimiento de la resolución para contrarrestar la deforestación causada por empresas privadas en los territorios de esos grupos originarios.

La evaluación también halló preocupante la limitada participación de los pueblos indígenas en la vida política y pública del país.

Para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, el Comité llamó al Estado a garantizar la promoción y protección de sus derechos, enfatizando la necesidad de su acceso a la educación y a la salud.

Además, recomendó que se cumpla el mecanismo nacional de consulta para asegurar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que los afecten, y abogó por el acceso de estos pueblos a procedimientos de resolución de conflictos y por la aceleración de los procesos de devolución y registro de tierras y recursos naturales.

En este renglón, el Comité instó a asegurar la participación plena de los pueblos indígenas en la vida política de Paraguay.

Mujeres y niñas

Las mujeres paraguayas tienen una participación muy limitada en la vida pública y política del país y se encuentran subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones y en cargos de elección popular en todos los poderes del gobierno.

El informe manifiesta preocupación por la persistencia de estereotipos patriarcales y prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad. Subraya asimismo la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

La violencia doméstica y sexual contra niñas y mujeres ha aumentado y los feminicidios se incrementan de forma alarmante, por lo que el Comité exhorta a intensificar los esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar estos crímenes y todos los actos de violencia de género, al igual que a investigar expedita e imparcialmente todas las atrocidades contra las mujeres y niñas para hacerles justicia y ofrecerles una reparación integral.

La revisión de Paraguay encontró limitados los derechos reproductivos de las mujeres y destacó la criminalización de la interrupción involuntaria del embarazo bajo todas las circunstancias, afirmando que esto obliga a las afectadas a recurrir a abortos que ponen en riesgo su vida y su salud. También consideró inquietante que se penalice a las madres de niñas embarazadas y a los profesionales de la salud que realicen abortos.

El Comité llamó a modificar la legislación para facilitar un acceso seguro y legal al aborto para los casos de violación, incesto, riesgo de vida de la madre o cuando el embarazo no sea viable.

Fuerzas de seguridad

El Comité denunció numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas de Tarea Conjunta, que incluyen tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, con el ejército participando en tareas de seguridad ciudadana.

La recomendación en este punto es fortalecer a la Policía Nacional e investigar los atropellos, procesar a los responsables y reparar a las víctimas, además de capacitar a las fuerzas de seguridad en una cultura de respeto a los derechos humanos.

La próxima revisión periódica de los derechos humanos en Paraguay será en julio de 2025, cuando se evaluará si se han tomado en cuenta la recomendaciones emitidas por el Comité.

Derechos Humanos / Human Rights

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Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez

Fuente: Corte IDH

04 de junio, 2019

 En la sentencia notificada en el día de hoy en el Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) declaró que el Estado de Paraguay no es responsable por la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

De acuerdo a lo declarado por Juan Arrom y Anuncio Martí, el 17 de enero de 2002 a las 22:00 horas habrían sido detenidos por hombres armados vestidos de civiles, quienes los habrían golpeado, asfixiado e interrogado sobre el secuestro de la señora María Edith Bordón y la organización Patria Libre. Los señores Arrom y Martí habrían permanecido detenidos hasta el 30 de enero de 2002, cuando fueron encontrados en una casa en Villa Elisa. Tras su liberación, Juan Arrom y Anuncio Martí identificaron como sus captores a diversos agentes estatales.

El Estado tomó conocimiento de la alegada desaparición a través de los recursos de hábeas corpus interpuestos por los familiares de las presuntas víctimas los días 19 y 23 de enero de 2002. Los jueces que conocieron los recursos libraron oficios al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a fin de que informaran si Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí se encontraban detenidos, lo cual fue negado por dichas instituciones. En consecuencia, el Juzgado resolvió no haber lugar a los hábeas corpus solicitados. Paralelamente se realizó una investigación penal por la alegada desaparición y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, en la cual se realizaron múltiples diligencias tendientes a indagar lo sucedido. Después de esta investigación se dictó el sobreseimiento definitivo de los imputados y se desestimaron las querellas presentadas, lo cual fue confirmado el 24 de marzo de 2004 por la Sala Cuarta del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana concluyó que los indicios presentados ante ella fueron insuficientes para concluir que los señores Arrom y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos. Igualmente, la Corte concluyó que Paraguay no incumplió con su su obligación de iniciar sin dilación y de oficio la investigación de la presunta desaparición de Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez y no era internacionalmente responsable por la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. La Corte señaló que no fue posible determinar que las presuntas omisiones en la investigación, señaladas por los representantes y la Comisión, resultaran suficientes para configurar la responsabilidad internacional del Estado.

Por último, la Corte también concluyó que Paraguay no violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas, pues esta violación tenía como único fundamento la supuesta responsabilidad estatal por la desaparición forzada los señores Arrom y Martí, o por la aducida falta de investigación adecuada de los hechos, la cual fue desvirtuada por el Tribunal. Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, la Corte resolvió que no procedía pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.

**** La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni se excusó de participar en el presente caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2 del Estatuto de la Corte y 21 de su Reglamento, lo cual fue aceptado por el Presidente mediante resolución de 16 de enero de 2019

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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ParaguayLa acusación contra tres jueces en Paraguay afecta a la independencia judicial             

Fuente: Naciones Unidas

05 de noviembre, 2018

El Gobierno de Paraguay debe retirar la acusación contra tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que el pasado julio absolvieron y excarcelaron a once campesinos condenados en instancias previas por la muerte de varios agentes policías durante el desalojo de sus tierras. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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encuentro_10Grupos vulnerables, al margen de los esfuerzos de Paraguay contra la esclavitud: experta de la ONU 

Fuente: Panorama

10/09/2018

Durante su visita a Paraguay, la experta de la ONU en materia de formas contemporáneas de esclavitud advirtió la existencia prácticas como el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica y el criadazgo. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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paraguayLa ONU exhortó a Paraguay a incluir una perspectiva de género en el material educativo

Fuente: Panorama
29 de noviembre, 2017

Al finalizar la sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que examinó a Paraguay por séptima vez el pasado 26 de octubre, los 23 expertos que lo conforman mostraron sus preocupaciones por “la prohibición por parte del Ministerio de Educación de toda diseminación y uso de material educativo referente a la ‘teoría/ideología de género’”.
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Derechos Humanos / Human Rights

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screen_shot_2016-12-08_at_15-48-02ONU instó a Paraguay a erradicar la tortura y los malos tratos por parte de agentes oficiales

Fuente: Panorama
22 de agosto, 2017

El Comité de la ONU contra la Tortura, que examinó a Paraguay el 26 y 27 de julio en Ginebra, recomendó al Estado tomar medidas para terminar con esta práctica, especialmente en los centros de reclusión.

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