Perú

Derechos Humanos / Human Rights

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Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGTBI por parte de agentes policiales

Fuente: Corte IDH

06 de abril, 2020

En la sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín, cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada.

Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias, fue desestimada, ordenando el archivo del expediente. En su sentencia, la Corte reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria.

El Tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual, y fue víctima de violación sexual; constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura. A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías y protección judicial.

En su Sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso. En este caso la Corte determinó diversas medidas de reparación.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Congreso de Perú debería revisar la nueva ley de protección policial porque abre espacios de impunidad

Fuente: Naciones Unidas

01 de abril, 2020

La Oficina de Derechos Humanos advirtió que la normativa contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y urgió a los legisladores peruanos a revertirla. La ley deroga el principio de proporcionalidad y exime de responsabilidad penal los oficiales que hagan uso de la fuerza. “Es un retroceso preocupante”, afirma la ONU.

La ley promulgada en Perú hace unos días respecto a la protección de la policía nacional contiene disposiciones que no se alinean con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza que deben regir toda actuación de las fuerzas de seguridad y del orden, alertó este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.

El titular de esa entidad, Jan Jarab, sostuvo que la promulgación de la legislación constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.

“Hacemos unllamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó Jarab en un comunicado.

La Oficina explicó que con la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad, que impide que los funcionarios policiales actúan de manera excesiva o arbitraria, además de que se exime de responsabilidad penal a los efectivos de la policía que hagan uso de la fuerza.

Despliegue de personal policial y militar

La ley también prohíbe dictar mandatos de detención preliminar judicial u ordenar prisión preventiva para policías investigados por delitos. A este respecto, Jarab subrayó que “la adopción de una medida cautelar debe ser resuelta exclusivamente por un juez, con base en los antecedentes de la causa y audiencias de las partes”.

La implementación de la ley es especialmente preocupante porque ocurre en el contexto de las medidas de emergencia decretadas por el Gobierno de Perú para contener la propagación del coronavirus COVID-19, que incluyen el despliegue de personal policial y militar.

“En el mundo, y Perú no es la excepción, la policía forma parte de los esfuerzos para proteger la salud de la población frente al COVID-19. Pero al mismo tiempo es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad, para no dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad, sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, enfatizó Jarab.

La Oficina ha planteado a las autoridades peruanas sus preocupaciones en diversas oportunidades durante el proceso de redacción de la normativa.

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró la disposición de la Oficina Regional para apoyar la armonización de las leyes con la legislación internacional de las garantía fundamentales, y para compartir las mejores prácticas de los Estados con respecto al uso de la fuerza.

Jarab concluyó instando a las autoridades nacionales a volcar sus esfuerzos para dotar de capacidades adecuadas a las fuerzas policiales e invertir en su profesionalización y en la mejora en sus condiciones laborales, así como en lo referente a la rendición de cuentas.

Derechos Humanos / Human Rights

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Perú es responsable por no pagar pensión de una persona mayor         

Fuente: Corte IDH

02 de mayo 2019

En la sentencia notificada este 2 de mayo en el Caso Muelle Flores Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Perú responsable por la falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años del señor Óscar Muelle Flores, lo que generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud de una persona en situación de especial protección por ser persona mayor y en condición de discapacidad. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El señor Muelle Flores se jubiló en la empresa estatal Minera Especial Tintaya S.A. (“la empresa” o “Tintaya S.A.”) el 30 de septiembre de 1990. El 27 de enero de 1991 el pago de la pensión del señor Muelle Flores fue suspendido por la Gerencia de Administración de dicha empresa. Frente a esa suspensión, el señor Muelle Flores presentó una acción de amparo ante el Juzgado Quinto Civil de Lima, el cual declaró fundada la demanda y ordenó que se dejara sin efecto la referida suspensión. La decisión fue confirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima y por la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante sentencia de 2 de febrero de 1993 confirmó lo resuelto por la Corte Superior y declaró “no haber nulidad” en la sentencia, declarando fundada la acción de amparo y ordenando la inaplicabilidad de la suspensión de la Gerencia de Administración de la empresa, restableciendo así sus derechos al estado anterior al de la agresión constitucional.

 El 17 de febrero de 1993 la empresa volvió a acordar la suspensión del pago de algunas pensiones de jubilación a sus extrabajadores, entre ellas la del señor Muelle Flores. El señor Muelle Flores interpuso una segunda acción de amparo mediante la cual solicitó que se le restituyera su derecho a continuar percibiendo su pensión, así como el pago de una indemnización por el daño causado.

Finalmente, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa cumplir con el pago continuado de la pensión por cesantía renovable que percibía el señor Muelle Flores y declaró improcedente el pago de la indemnización por daños. La empresa Tintaya S.A. presentó posteriormente una demanda en la vía contenciosoadministrativa a los efectos de que se declarara la improcedencia de la reincorporación del señor Muelle Flores al régimen pensionario. La demanda fue declarada fundada en primera instancia y confirmada por la Sala Contencioso-Administrativa de la Corte Superior de Lima.

 Esta decisión fue objeto de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que hizo lugar al planteo y declaró infundada la demanda presentada por la empresa. En cuanto al procedimiento de ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia que resolvió el primer amparo interpuesto por el señor Muelle Flores, el proceso de ejecución iniciado en 1993 se encuentra, a la fecha, en trámite. Tintaya S.A. fue privatizada en 1994 en el marco del Decreto Legislativo No. 674 “Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado”, lo que generó obstáculos adicionales para el cumplimiento de las sentencias que ordenaban pagar la pensión del señor Muelle Flores. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-15/19 Español Tras analizar los elementos del caso, la Corte Interamericana estimó que el Estado no solo debió cumplir con el pago de la pensión ordenado judicialmente de manera inmediata y con especial diligencia y celeridad al tratarse de un derecho de “carácter alimentario y sustitutivo del salario”, sino que debió haber establecido expresa y claramente qué entidad se encargaría del cumplimiento de la decisión, esclareciendo y reconduciendo de oficio, el trámite a la entidad estatal que estaría a cargo del pago correspondiente.

 Ello no sucedió en el presente caso sino que, por el contrario, dicha responsabilidad fue trasladada a la víctima. Así mismo la Corte destacó que desde las sentencias dictadas en 1993 y 1999 hasta la fecha habían transcurrido más de 26 y 19 años, respectivamente, los que en una persona de avanzada edad y carente de recursos económicos, han ocasionado un impacto en su situación jurídica. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluyó que las autoridades judiciales no actuaron con el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el señor Muelle Flores, razón por la cual excedieron el plazo razonable del proceso.

Por otra parte la Corte se pronunció por primera ocasión respecto del derecho a la seguridad social. En particular, el Tribunal hizo alusión al derecho a la pensión de manera autónoma, como parte integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sobre este extremo señaló que del artículo 45 de la Carta de la OEA, interpretado a la luz de la Declaración Americana y de otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, se pueden derivar elementos constitutivos del derecho a la seguridad social. Por ejemplo, que es un derecho que busca proteger al individuo de contingencias futuras, que de producirse ocasionarían consecuencias perjudiciales para la persona, por lo que deben adoptarse medidas para protegerla. En particular y en el caso que nos ocupa, el derecho a la seguridad social busca proteger al individuo de situaciones que se presentarán cuando éste llegue a una edad determinada en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico digno.

En el caso concreto, el señor Muelle Flores dejó de recibir su pensión el año 1991. Debido a la falta de cumplimiento y ejecución de las sentencias a nivel interno, el derecho a la pensión del señor Muelle Flores no fue garantizado de manera oportuna, sino que por el contrario, hasta la actualidad dichas sentencias no han sido ejecutadas ya que el proceso correspondiente sigue abierto, por lo que los mecanismos existentes no lograron la concretización material del derecho.

Lo anterior constituyó una violación del derecho a la seguridad social. Por otra parte, la Corte determinó que en un contexto de impago de la pensión reconocida judicialmente, los derechos a la seguridad social, a la integridad personal y la dignidad humana se interrelacionan, y, en ocasiones, la vulneración de uno genera directamente la afectación del otro, situación que se acentúa en el caso de las personas mayores. La Corte determinó que la falta de materialización del derecho a la seguridad social por más de 27 años por el no pago de la pensión de jubilación generó un grave perjuicio en la calidad de vida y la cobertura de salud del señor Muelle, una persona en situación de especial protección por ser una persona mayor con discapacidad. La vulneración generada por la falta de pago de la pensión se extendió más allá del plazo razonable debido, y al ser este el único ingreso de la víctima, la ausencia prolongada del pago generó indefectiblemente una precariedad económica que afectó la cobertura de sus necesidades básicas, y por ende también su integridad psicológica y moral, así como su dignidad. Asimismo, teniendo en cuenta que la falta de protección judicial afectó el derecho a la pensión que había ingresado al patrimonio de la víctima, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 21.1 y 21.2, en relación con los artículos 25.1, 25.2.c), 26 y 1.1 de la Convención Americana. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación : i) que el Estado restituya la pensión del señor Muelle Flores, lo cual incluye que el Estado garantice la atención en salud a través del seguro social ESSALUD; ii) que publique la Sentencia y el resumen oficial de la misma y (iii) que a abone las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial, pérdida de ingresos pensionarios, reintegro de gastos y costas, y gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.

 **** La composición de la Corte para la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y el Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal. El Juez Ricardo Pérez Manrique no participó en la deliberación y firma de la Sentencia debido a que se incorporó a la Corte el 1 de enero de 2019, cuando el presente caso se encontraba en estado de sentencia.

Derechos Humanos / Human Rights

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peruPerú es responsable por la desaparición forzada de cinco personas      

Fuente: Corte IDH

30 de octubre, 2018

San José, Costa Rica, 30 de octubre de 2018. – En la Sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado del Perú responsable por la desaparición forzada de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, así como por la desaparición forzada y tortura sufrida por Santiago Antezana Cueto. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

La Corte identificó que dichas desapariciones forzadas, ocurridas entre 1984 y 1992, se enmarcaron en el contexto que existía en el Perú, en el cual se hacía uso de una práctica sistemática de desapariciones forzadas como una forma de lucha contra el terrorismo. Esta se desarrollaba, entre otros, en contra de miembros del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso e iba dirigida sin distinción a sus miembros, colaboradores o simpatizantes.

En particular, la Corte determinó que entre los años 1980 y 1995 hubo una especial persecución a universitarios, ya que las universidades fueron instituciones referenciales en el surgimiento de Sendero Luminoso. Tras analizar los elementos del caso, el Tribunal estimó suficientemente acreditado que las cinco víctimas fueron objeto de desaparición forzada en violación de sus derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y reconocimiento de la personalidad.

Igualmente, la Corte concluyó que Perú violó las garantías judiciales y la protección judicial, toda vez que las investigaciones no fueron iniciadas de oficio, ni llevadas a cabo con la debida diligencia en un tiempo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de dichos hechos ni para determinar el paradero de las referidas personas.

El Tribunal estimó que el Estado tampoco fue diligente en la ejecución de la sentencia penal dictada en contra de una de las personas responsables de la desaparición forzada de Santiago Antezana Cueto, ni inició una investigación por los hechos de tortura que habría sufrido este último. La Corte también concluyó que el Estado es responsable por la violación al derecho a conocer la verdad. Por último, el Tribunal determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares, debido a las afectaciones ocasionadas como consecuencia de los hechos. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). La Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), no participó en la deliberación ni firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor aceptadas por el Pleno del Tribunal.

 

Derechos Humanos / Human Rights

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peru.jpgLa revocación del indulto a Fujimori restaura la justicia              

Fuente: Naciones Unidas

09 de octubre, 2018

-Naciones Unidas-

Las medidas de gracia no pueden concederse para crímenes de lesa humanidad, ni las razones humanitarias pueden alegarse simplemente a la edad de la persona, explican varios relatores de derechos humanos, que aplauden la decisión de la Justicia peruana. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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peru.jpgPerú es responsable por desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar        

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

01 de octubre, 2018

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado del Perú responsable por la desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace. El 20 de marzo de 1999, aproximadamente a las 4:00 a.m., Walter Munárriz Escobar se dirigió al Hospedaje “Los Manolos” para visitar a un inquilino del lugar. El señor Munárriz Escobar entró a una habitación de unos huéspedes e intentó entrar a otra habitación donde se hospedaba la esposa de un Alférez de la Policía Nacional del Perú. Leer el resto de esta entrada »

Derechos Humanos / Human Rights

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indigenas peruanosActividades empresariales afectan desproporcionadamente a los indígenas en Perú: expertos de la ONU        

Fuente: Panorama

27 de junio, 2018

En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado lunes en Ginebra, el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos indicó que en Perú los pueblos indígenas sufren de manera desproporcionada las consecuencias negativas de las actividades empresariales “debido a los vínculos especiales que tienen con sus tierras ancestrales y sus recursos naturales y al hecho de que los proyectos extractivos a menudo se ubican en las zonas utilizadas o rodeadas por los indígenas”. Leer el resto de esta entrada »