Tribunal Supremo

Derecho Civil / Civil Law

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El Supremo condena a un hospital a pagar 96.800 euros por la muerte de un paciente por infección intrahospitalaria

Fuente: Noticias Jurídicas

12 de septiembre, 2019

-España-

La Sala I del Tribunal Supremo ha condenado a Quirón Hospitales S.L. a abonar una indemnización total de 96.800 euros en concepto de responsabilidad civil a la viuda y los dos hijos de un hombre que murió en diciembre de 2010 en la UCI del hospital San Carlos de Murcia de una infección intrahospitalaria, también llamada nosocomial, adquirida en el centro hospitalario tras una intervención quirúrgica. Dos aseguradoras, Mapfre y Zurich, son condenadas como responsables solidarias del pago de parte de la indemnización, más el interés moratorio previsto en elartículo 20 de la Ley del Seguro desde la fecha del fallecimiento del paciente.
 
El Supremo revoca las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Murcia y por la Audiencia Provincial, que desestimaron la demanda de la familia y exoneraron de responsabilidad al hospital. La Audiencia indicó que la neumonía nosocomial que el paciente adquirió en el centro no podía imputarse a la deficiente asepsia de la UCI y que no constaba una esterilización inadecuada. Por su parte, el Juzgado señaló que el origen exacto de la infección no pudo determinarse y que ningún otro paciente resultó afectado, sin que se hubiese probado mala praxis o negligencia.
 
El Supremo considera infringida la Ley de defensa de consumidores y usuarios, y aplica al caso su doctrina sobre la responsabilidad objetiva del hospital en este tipo de infecciones intrahospitalarias, adquiridas en el centro mientras se recibe atención por otra causa. Así, recuerda que no basta con contar con protocolos de asepsia y profilaxis, sino que debe demostrarse que fueron escrupulosamente observados, y que la carga de dicha prueba corresponde al centro hospitalario.
 
Y añade: “Difícilmente se puede dar por acreditada la inevitabilidad del daño si se desconoce el agente patógeno causante. O si se pretende deducir su inimputabilidad porque otros pacientes en esas mismas fechas no padecieron una infección de tal clase, pues tal razonamiento no excluye la incuestionable infección nosocomial sufrida”. 
 

Era un riesgo previsible 

La sentencia explica que “cuando se produce una infección nosocomial no se puede anudar a la misma fatalmente la condición de inevitable. Es un riesgo que se puede prevenir y reducir. La experiencia demuestra que la instauración y escrupulosa observancia de protocolos preventivos rebaja considerablemente las infecciones de esta etiología, lo que cuestiona su inevitabilidad como criterio absoluto”.
 
El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Luis Seoane, indica que “la falta de constancia de la concurrencia de culpa o negligencia en la adopción de medidas preventivas no puede perjudicar al enfermo, que sufre una patología propiamente hospitalaria, que no padecía a su ingreso, y con respecto a la cual no corre con la carga de la prueba. Al revés es acreedor, como hemos indicado, de la recepción del tratamiento médico hospitalario con las debidas garantías de seguridad. No estamos tampoco enjuiciando la responsabilidad individual de los facultativos tratantes, ni del personal adscrito al servicio de medicina preventiva por infracción de la lex artis ad hoc”.

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Derecho Civil / Civil Law

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El Tribunal Supremo establece que el plan de pensiones de la empresa puede ser ganancial   

Fuente: El Economista España

06 de julio, 2019

-España-

La voluntad de las partes puede influir en el reparto de la cantidad cuando se rescate el plan de pensiones empresarial de uno de los cónyuges y que se reparta entre los dos miembros de la pareja en el inventario de las sociedad de gananciales, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de junio de 2019.

La sentencia anula el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que, en apelación, rechazó que la voluntad de las partes pueda influir en el reparto de la cantidad en que se rescate el plan de pensiones.

Libertad de contratación

El ponente, el magistrado Arroyo Fiestas, declara que al margen de la calificación del plan de pensiones, lo que es indiscutible es que las partes acordaron que se repartiría a partes iguales, acuerdo que tiene sustento jurídico en el principio de libertad de contratación de los cónyuges.

El Tribunal de apelación estimó que el fondo de pensiones, de inicio y en su producto o percepción final, es de naturaleza privativa del titular, pues está relacionado directamente el contrato de trabajo de éste con la empresa, lo cual es una condición impuesta por dicha entidad en dicho contrato como condición laboral y por las razones económicas que sean y en beneficio de dicha empresa, se concierta tal fondo de pensiones cuyos fondos los aporta la empresa y no el trabajador.

Así, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que es algo impuesto, que no nace de la voluntad privada de las partes ni del matrimonio y no es dinero el de las aportaciones que saliera de dicho matrimonio.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, que acoge las tesis de la instancia, determina que en principio, el plan de pensiones del demandado también habría de considerarse incluido en uno de los acuerdos suscritos por ambas partes, en que se comprometieron a “separar la parte mobiliaria” de los bienes gananciales. En uno de los puntos pactaron que cuando se rescatase el plan de pensiones del demandado, se repartiría a partes iguales.

El titular del plan de pensiones reconoció que todos los bienes incluidos por su cónyuge eran bienes gananciales, pero que la liquidación estaba ya realizada, aunque pendiente de reparto.

No cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan

Por ello, el ponente estima que “efectivamente, así es, porque tampoco proceden mayores disquisiciones sobre el carácter ganancial del importe cobrado por el demandado a consecuencia del plan de pensiones, debiendo estarse a lo expresamente pactado por las partes, aunque dicho documento no fuese elevado a público”.

Asegura, además, que ni cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan, o bien deba considerarse así el importe íntegro cobrado por el titular del plan de pensiones de empresa, porque en aplicación de la doctrina de los actos propios, y de las obligaciones asumidas contractualmente -artículo 1255 y 1258 del Código Civil (CC)-, el total percibido por el demandado fue considerado ganancial, que debió repartirse por mitad entre los litigantes.

En este litigio, el titular del fondo defendía que su interpretación del acuerdo era que al hablar de fondos de pensiones se refería a los que habían creado con aportaciones de gananciales ambos cónyuges. La sentencia concluye que en el documento privado no quedaba excluido el plan de pensiones en discusión.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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TS: el bitcoin no es un objeto material ni tiene la consideración legal de dinero

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de julio, 2019

-España-

El Supremo entra de lleno en la cuestión jurídica de las criptomonedas. En una reciente sentencia, la primera sobre un asunto de estafa mediante criptomonedas, el Alto Tribunal deja claro que los ‘bitcoins’ no pueden ser considerados dinero a efectos civiles, sino simplemente bienes inmateriales que pueden ser intercambiados por otros bienes, siempre que las partes lo acepten. 

El resumen de la sentencia explica la cuestión de forma clara: “Los bitcoins no pueden considerarse un objeto material o dinero electrónico a los efectos de la restitución de la cosa. El bitcoin es un activo inmaterial. Es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre, de las que se crearon 21 millones de ellas, y que se comercializa en unidades o porciones a través de las plataformas de trading bitcoin” determina el TS. 

Así, la Sala de lo Penal determina que el bitcoin no puede tener consideración legal de dinero, pues se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio sin más, que no cumple los requisitos para ser considerado dinero electrónico, recogidos en la Ley 21/2011, de 26 de julio. 

El fallo confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaba al acusado por estafa a pagar la indemnización en el valor de cotización de los bitcoins estafados, valor que sería ejecutado en el momento de la sentencia. En desacuerdo, los estafados recurren la decisión al Supremo exigiendo que se le pague la indemnización en bitcoins, y no en su valor. 

El Supremo, no obstante, rechaza la cuestión. “El Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño)” establece. 

No sirven para cubrir una indemnización

Así, el Supremo concluye que lo restituido en la estafa no son los bitcoins en sí, sino el dinero que se aportó por su valor. 

El Tribunal deja claro que los bitcoins no pueden ser utilizados como objeto de restitución de una indemnización por responsabilidad civil de la misma forma que puede serlo el dinero. “El acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero” determina la sentencia. 

¿Qué son los bitcoins entonces?

El Alto Tribunal define los bitcoins como activos patrimoniales inmateriales, lo que supone la primera definición jurídica que el tribunal da sobre el fenómeno. 

Así, la Sala establece: “el bitcoin no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre. A partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada”.

Por tanto, el Supremo niega cualquier posibilidad de que estas criptomonedas puedan ser considerado dinero a efectos civiles, a pesar de contar con un valor semejante todas ellas dado por la oferta y la demanda. 

“El bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin” sentencia la Sala. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC declara vulnerada la integridad moral de un funcionario al que no le otorgaban ni tareas ni despacho    

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-España-

Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado. 
El Alto Tribunal ha estimado, en sentencia de 6 de mayo de 2019 (cuyo texto puede consultar aquí), que el empleado público estaba siendo marginado al no disponer de ocupación alguna durante su horario laboral, así como ni despacho, ni acceso a las reuniones como otros funcionarios de su mismo nivel, siendo denegada además la movilidad a otro destino. 
El funcionario había intentado conseguir un reconocimiento de situación de acoso laboral tanto ante la Administración como ante los tribunales. Todos los intentos fueron en vano, los órganos jurisdiccionales se negaron a apreciar acoso al no apreciar un agravio relevante y grave contra el denunciante.
El Tribunal Constitucional sin embargo da ahora la razón al reclamante: sí existe vulneración de la integridad moral relevante por pasar más de 15 meses recibiendo este trato. Existía una marginalidad laboral evidente en comparación con sus compañeros, con intencionalidad, menoscabo y vejación en el trato recibido, situación que se prolongó sin que existiese motivo legítimo para ello apreciable y con gravedad suficiente como para apreciar la existencia de acoso laboral. 

Funcionario invitado

Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012. 
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores. 
El puesto, no obstante, era un trabajo fantasma. No se le asignaron tareas ni tampoco despacho. A pesar de instar a sus superiores a que le informasen sobre qué consistía el nuevo puesto de trabajo no obtuvo ninguna asignación de tarea durante más de un año, en el que no era informado de las reuniones ni de los asuntos de la Gerencia.  
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería. 

La resolución del TSJ

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acude al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.  
Con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista situación violenta para que exista acoso laboral por vía casacional ante el Tribunal Supremo. 
El máximo órgano ordinario no entra en el fondo del asunto por no considerar que existe interés casacional objetivo. 

La resolución del TC

Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación. 
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona. 
Se confirma así la existencia de marginación laboral con menoscabo relevante de la integridad moral del trabajador y se inadmiten los argumentos sobre la crisis y la menos carga de trabajo, al considerar entonces inútil crear un puesto extra. 
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.  
“La administración, sin una finalidad u objetivo legítimo (…) marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo”, con el fin de “desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, sentencia. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo ratificará que las remuneraciones de los ejecutivos consten en estatutos  

Fuente: Noticias Jurídicas

 28 de abril, 2019

-España-

Los magistrados mercantiles se muestran convencidos de que el Tribunal Supremo (TS) mantendrá en su próxima sentencia y, por tanto, fijará jurisprudencia sobre la obligación de las sociedades de incluir en los estatutos sociales las remuneraciones de los administradores sociales y el máximo anual que la Junta General haya aprobado para todos ellos.

A pesar de la gran polémica generada por esta cuestión, de ser así, un gran número de sociedades, deberán modificar sus estatutos en el caso de que no contemplen el sistema de retribución y sus límites en caso de que el cargo de consejero (delegado o no delegado) sea retribuido.

Garantías de los socios

Así lo han confirmado los magistrados Teodoro Ladrón, titular del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, y Francisco de Borja Villena, magistrado de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sus intervenciones en el Primer Simposio Profesional de Derecho Concursal y Societario de Madrid, organizado por Estudios AZT, Eserp Business School y el Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid.

“El TS va a seguir compaginando la información sobre las retribuciones con las debidas garantías de los socios, para que no se vean sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y superiores al importe máximo anual que la Junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales., tal y como establece la sentencia del TS de 26 de febrero de 2018”, afirmó el magistrado Teodoro Ladrón.

Esta sentencia es la única, hasta el ahora dictada por el TS en este sentido, por lo que se trata de jurisprudencia no reiterada y no dictada en Pleno, que ha generado las críticas de un amplio sector de los catedráticos de Derecho Mercantil que consideran injustificada esta posición doctrinal, encabezados por el catedrático Cándido Paz-Ares, socio de Uría y Menéndez.

Explica el diario que, su condición de sentencia única, que no ha creado aún jurisprudencia, permite que la Ley mantenga los artículos 217 y 249 sin modificación y que siga vigente la Doctrina defendida por la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN), en cuyos razonamientos se apoya la jurisprudencia recaída hasta el momento y que supone una doctrina opuesta a la defendida en la sentencia de febrero de 2018.

Incluso, la propia DGRN ha emitido con posterioridad a la sentencia otras dos resoluciones -de 31 de octubre y de 20 de noviembre de 2018- en las que reitera su doctrina tradicional de la doble condición de los administradores, distinguiendo entre los ejecutivos y los no ejecutivos a efectos de su obligación de reserva estatutaria.

Esta corriente doctrinal defiende que no se exija que la retribución de los administradores ejecutivos no se regule en estatutos, puesto que las labores ejecutivas se entienden como una función adicional, siendo suficiente la suscripción del contrato de administración, regulado en el artículo 249.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el consejo de administración y sin la competencia de la Junta General de la sociedad.

Derecho de separación

En cuanto al derecho de separación de los socios, el magistrado Javier Vaquer, titular del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, auguró una gran litigiosidad a tenor de como está redactada la legislación.

“Se puede generalizar que el socio demande de una sola tacada a la sociedad por su derecho de separación, por acciones de responsabilidad y por impugnación de los acuerdos adaptados”, ha afirmado.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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El Supremo determina que las organizaciones ambientales están exentas de pagar costas        

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto –de 13 de marzo de 2019–, ha dejado sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenada una organización medioambiental sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita.

El Alto Tribunal admite, por primera vez, que una organización ambiental sin ánimo de lucro a la que le ha sido reconocida la justicia gratuita reconocida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente –conocida popularmente como Ley Aarhus– no está obligada a abonar las costas judiciales, al ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El ponente, el magistrado Tolosa Tribiño, determina que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, , no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos, y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales que se había practicado.

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) no tendrá que abonar los 11.260 euros que el propio TS había aprobado en concepto de costas tras desestimar una demanda que había presentado esta institución de defensa del medio ambiente.

El IIDMA presentó en 2017 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición para grandes instalaciones de combustión (GIC).

Dicho Plan, al que están acogidas la mayoría de las centrales térmicas españolas, supone una excepción a la obligación de operar conforme a valores límites de emisión más estrictos que dicta la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes.

Tras un año y medio de proceso, el Alto Tribunal desestimó el recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018 y condenó en costas a la organización. En enero de 2019 se aprobaron los decretos que aprobaban la tasación de costas practicada, que fueron recurridos en revisión por el Instituto.

La Ley Aarhus incorpora al derecho español las obligaciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte desde 2005.

Protección medioambiental

“El hecho que el TS haya reconocido por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos, supone un gran paso para la protección del medio ambiente en nuestro país y una victoria del estado de derecho”, explica Ana Barreira, Directora de IIDMA.

“Gracias al Convenio de Aarhus, conocido como convenio de la democracia ambiental, una de las principales barreras al acceso a la Justicia en materia ambiental ha sido superada. Las organizaciones ambientales en muchas ocasiones nos vemos obligadas a acudir a los tribunales de justicia porque la legislación en materia ambiental no se respeta en muchas ocasiones. No olvidemos que la legislación ambiental responde a la necesidad de proteger nuestro Planeta. Por ello, vencida esa barrera nuestra labor se facilita”, afirma Ana Barreira.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo reitera que un copropietario no está legitimado para impugnar un acuerdo cuando no le afecta su contenido    

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de abril, 2019

-España-

 La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios es el pan de cada día, y se trata de un recurso que muchos propietarios utilizan de forma indiscriminada, obstaculizando el buen funcionamiento de la comunidad. El Tribunal Supremo examina la legitimación de los copropietarios en una reciente sentencia dictada el pasado 6 de marzo (TS, Sala Primera, de lo Civil, S 144/2019, de 6 de marzo. Rec. 3548/2016).

Hay que tener claro que los propietarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal podrán impugnar los acuerdos cuando:

a) sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios;

b) cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; y

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, deben estar al corriente de pago de las cuotas o haberlas consignado previamente en el juzgado, excepto que la impugnación se refiera a acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Pero, ¿esto significa que cualquier propietario está legitimado para acudir a los tribunales a impugnar cualquier acuerdo aunque no le afecte?

El Tribunal Supremo, en esta sentencia dictada el pasado 6 de marzo de 2019, examina el tema, y concluye que en este caso no concurría legitimación activa del propietario para impugnar el acuerdo, sino que se trataba de obstaculizar sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios. Veamos sus razonamientos:

Contribución de los sótanos a los gastos comunitarios

La Comunidad, en junta de propietarios, tomó la decisión de cargar gastos comunitarios a los titulares de los sótanos, que hasta el momento estaban exentos de facto del pago de los mismos. El comunero decide impugnar el acuerdo aunque no era propietario de ninguno de dichos sótanos, sino de una vivienda. Los acuerdos no le afectaban, y además en junta anterior voto a favor del presupuesto económico del año a través de representante.

Aunque el juzgado estimó parcialmente la pretensión del propietario, la Audiencia Provincial de Madrid (S. AP Madrid de 28 de septiembre de 2016) revoca la sentencia de instancia y absuelve a la comunidad por falta de legitimación activa del copropietario.

Criterio del Supremo – Regla de legitimación y requisito de procedibilidad del artículo 18 LPH

El propietario reunía los requisitos que establece el artículo 18 LPH en cuanto propietario, pero carece de legitimación activa de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no acredita qué perjuicio le ocasiona el acuerdo impugnado.

La Sala hace mención de la STS 671/2011, que analiza este artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, indicando que establece una regla de legitimación y un requisito de procedibilidad. La regla de legitimación limita la posibilidad de impugnar los acuerdos de la junta de propietarios a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. También se introduce una regla de procedibilidadcondicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9.

Y la STS 496/2012, de 20 de julio, que también menciona, indica que los propietarios pueden impugnar ciertos acuerdos adoptados en un junta por considerar que no se aprobaron con las mayorías exigibles o porque de algún otro modo vulneraron la LPH, pero no puede sustentarse su acción en el hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito. “Solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal motivo, del mismo modo que solo quien haya acudido a la junta y haya salvado su voto estará legitimado para impugnar, sin que aquel propietario que no lo haya salvado pueda sustentar una acción fundada en tal circunstancia”.

De todo ello deduce la Sala que el propietario impugnante debe respetar el dictado del artículo 18 LPH, pero siempre partiendo de la necesidad de que el acuerdo le perjudique de alguna forma, aunque sea indirectamente.

En este caso, no consta ningún perjuicio para el propietario impugnante porque: a) no es copropietario del sótano; b) no le afecta negativamente el pago de las cuotas relativas a lo sótanos, sino que más bien le beneficia, y c) no razona en casación ningún perjuicio personal respecto del acuerdo que impugna.

Por tanto, fue correcta la aplicación, por parte de la Audiencia Provincial, del artículo 10 de la LEC (“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”), pues es aplicable también en materia de propiedad horizontal.

Este es uno de esos casos, concluye la Sala, en que se obstaculiza sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios, pues el impugnante no es titular del objeto litigioso.