Tribunal Supremo

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El TC declara vulnerada la integridad moral de un funcionario al que no le otorgaban ni tareas ni despacho    

Fuente: Noticias Jurídicas

13 de junio, 2019

-España-

Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado. 
El Alto Tribunal ha estimado, en sentencia de 6 de mayo de 2019 (cuyo texto puede consultar aquí), que el empleado público estaba siendo marginado al no disponer de ocupación alguna durante su horario laboral, así como ni despacho, ni acceso a las reuniones como otros funcionarios de su mismo nivel, siendo denegada además la movilidad a otro destino. 
El funcionario había intentado conseguir un reconocimiento de situación de acoso laboral tanto ante la Administración como ante los tribunales. Todos los intentos fueron en vano, los órganos jurisdiccionales se negaron a apreciar acoso al no apreciar un agravio relevante y grave contra el denunciante.
El Tribunal Constitucional sin embargo da ahora la razón al reclamante: sí existe vulneración de la integridad moral relevante por pasar más de 15 meses recibiendo este trato. Existía una marginalidad laboral evidente en comparación con sus compañeros, con intencionalidad, menoscabo y vejación en el trato recibido, situación que se prolongó sin que existiese motivo legítimo para ello apreciable y con gravedad suficiente como para apreciar la existencia de acoso laboral. 

Funcionario invitado

Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012. 
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores. 
El puesto, no obstante, era un trabajo fantasma. No se le asignaron tareas ni tampoco despacho. A pesar de instar a sus superiores a que le informasen sobre qué consistía el nuevo puesto de trabajo no obtuvo ninguna asignación de tarea durante más de un año, en el que no era informado de las reuniones ni de los asuntos de la Gerencia.  
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería. 

La resolución del TSJ

Tras no conseguir la razón ni en vía administrativa ni en vía judicial, el demandante acude al TSJM interponiendo recurso contencioso-administrativo.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.  
Con la resolución, el funcionario intenta conseguir aclaración sobre si es necesario que exista situación violenta para que exista acoso laboral por vía casacional ante el Tribunal Supremo. 
El máximo órgano ordinario no entra en el fondo del asunto por no considerar que existe interés casacional objetivo. 

La resolución del TC

Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación. 
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona. 
Se confirma así la existencia de marginación laboral con menoscabo relevante de la integridad moral del trabajador y se inadmiten los argumentos sobre la crisis y la menos carga de trabajo, al considerar entonces inútil crear un puesto extra. 
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.  
“La administración, sin una finalidad u objetivo legítimo (…) marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo”, con el fin de “desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad”, sentencia. 

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Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo ratificará que las remuneraciones de los ejecutivos consten en estatutos  

Fuente: Noticias Jurídicas

 28 de abril, 2019

-España-

Los magistrados mercantiles se muestran convencidos de que el Tribunal Supremo (TS) mantendrá en su próxima sentencia y, por tanto, fijará jurisprudencia sobre la obligación de las sociedades de incluir en los estatutos sociales las remuneraciones de los administradores sociales y el máximo anual que la Junta General haya aprobado para todos ellos.

A pesar de la gran polémica generada por esta cuestión, de ser así, un gran número de sociedades, deberán modificar sus estatutos en el caso de que no contemplen el sistema de retribución y sus límites en caso de que el cargo de consejero (delegado o no delegado) sea retribuido.

Garantías de los socios

Así lo han confirmado los magistrados Teodoro Ladrón, titular del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, y Francisco de Borja Villena, magistrado de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sus intervenciones en el Primer Simposio Profesional de Derecho Concursal y Societario de Madrid, organizado por Estudios AZT, Eserp Business School y el Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid.

“El TS va a seguir compaginando la información sobre las retribuciones con las debidas garantías de los socios, para que no se vean sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y superiores al importe máximo anual que la Junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales., tal y como establece la sentencia del TS de 26 de febrero de 2018”, afirmó el magistrado Teodoro Ladrón.

Esta sentencia es la única, hasta el ahora dictada por el TS en este sentido, por lo que se trata de jurisprudencia no reiterada y no dictada en Pleno, que ha generado las críticas de un amplio sector de los catedráticos de Derecho Mercantil que consideran injustificada esta posición doctrinal, encabezados por el catedrático Cándido Paz-Ares, socio de Uría y Menéndez.

Explica el diario que, su condición de sentencia única, que no ha creado aún jurisprudencia, permite que la Ley mantenga los artículos 217 y 249 sin modificación y que siga vigente la Doctrina defendida por la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN), en cuyos razonamientos se apoya la jurisprudencia recaída hasta el momento y que supone una doctrina opuesta a la defendida en la sentencia de febrero de 2018.

Incluso, la propia DGRN ha emitido con posterioridad a la sentencia otras dos resoluciones -de 31 de octubre y de 20 de noviembre de 2018- en las que reitera su doctrina tradicional de la doble condición de los administradores, distinguiendo entre los ejecutivos y los no ejecutivos a efectos de su obligación de reserva estatutaria.

Esta corriente doctrinal defiende que no se exija que la retribución de los administradores ejecutivos no se regule en estatutos, puesto que las labores ejecutivas se entienden como una función adicional, siendo suficiente la suscripción del contrato de administración, regulado en el artículo 249.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el consejo de administración y sin la competencia de la Junta General de la sociedad.

Derecho de separación

En cuanto al derecho de separación de los socios, el magistrado Javier Vaquer, titular del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, auguró una gran litigiosidad a tenor de como está redactada la legislación.

“Se puede generalizar que el socio demande de una sola tacada a la sociedad por su derecho de separación, por acciones de responsabilidad y por impugnación de los acuerdos adaptados”, ha afirmado.

Derecho Ambiental / Environmental Law

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El Supremo determina que las organizaciones ambientales están exentas de pagar costas        

Fuente: El Economista España

04 de abril, 2019

-España-

El Tribunal Supremo (TS), a través de un auto –de 13 de marzo de 2019–, ha dejado sin efecto la tasación de costas aprobada en un proceso judicial a cuyo pago había sido condenada una organización medioambiental sin ánimo de lucro, a la que previamente se le había concedido la asistencia jurídica gratuita por la correspondiente Comisión de Justicia Gratuita.

El Alto Tribunal admite, por primera vez, que una organización ambiental sin ánimo de lucro a la que le ha sido reconocida la justicia gratuita reconocida por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente –conocida popularmente como Ley Aarhus– no está obligada a abonar las costas judiciales, al ser contrario a nuestro ordenamiento jurídico.

El ponente, el magistrado Tolosa Tribiño, determina que las organizaciones sin ánimo de lucro que cumplen los requisitos establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, , no están obligadas a justificar su falta de recursos para litigar en estos casos, y cambia de criterio al dejar sin efecto por primera vez la tasación de las costas judiciales que se había practicado.

Como consecuencia de esta decisión, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) no tendrá que abonar los 11.260 euros que el propio TS había aprobado en concepto de costas tras desestimar una demanda que había presentado esta institución de defensa del medio ambiente.

El IIDMA presentó en 2017 una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó el Plan Nacional de Transición para grandes instalaciones de combustión (GIC).

Dicho Plan, al que están acogidas la mayoría de las centrales térmicas españolas, supone una excepción a la obligación de operar conforme a valores límites de emisión más estrictos que dicta la normativa europea para reducir las emisiones contaminantes.

Tras un año y medio de proceso, el Alto Tribunal desestimó el recurso mediante sentencia de 12 de julio de 2018 y condenó en costas a la organización. En enero de 2019 se aprobaron los decretos que aprobaban la tasación de costas practicada, que fueron recurridos en revisión por el Instituto.

La Ley Aarhus incorpora al derecho español las obligaciones del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en materia de medio ambiente, del que España es parte desde 2005.

Protección medioambiental

“El hecho que el TS haya reconocido por vez primera que las organizaciones ambientales sin fines de lucro no deben hacer frente al pago de las costas judiciales, independientemente de sus recursos, supone un gran paso para la protección del medio ambiente en nuestro país y una victoria del estado de derecho”, explica Ana Barreira, Directora de IIDMA.

“Gracias al Convenio de Aarhus, conocido como convenio de la democracia ambiental, una de las principales barreras al acceso a la Justicia en materia ambiental ha sido superada. Las organizaciones ambientales en muchas ocasiones nos vemos obligadas a acudir a los tribunales de justicia porque la legislación en materia ambiental no se respeta en muchas ocasiones. No olvidemos que la legislación ambiental responde a la necesidad de proteger nuestro Planeta. Por ello, vencida esa barrera nuestra labor se facilita”, afirma Ana Barreira.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo reitera que un copropietario no está legitimado para impugnar un acuerdo cuando no le afecta su contenido    

Fuente: Noticias Jurídicas

04 de abril, 2019

-España-

 La impugnación de acuerdos en las comunidades de propietarios es el pan de cada día, y se trata de un recurso que muchos propietarios utilizan de forma indiscriminada, obstaculizando el buen funcionamiento de la comunidad. El Tribunal Supremo examina la legitimación de los copropietarios en una reciente sentencia dictada el pasado 6 de marzo (TS, Sala Primera, de lo Civil, S 144/2019, de 6 de marzo. Rec. 3548/2016).

Hay que tener claro que los propietarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal podrán impugnar los acuerdos cuando:

a) sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios;

b) cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios; y

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Además, deben estar al corriente de pago de las cuotas o haberlas consignado previamente en el juzgado, excepto que la impugnación se refiera a acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Pero, ¿esto significa que cualquier propietario está legitimado para acudir a los tribunales a impugnar cualquier acuerdo aunque no le afecte?

El Tribunal Supremo, en esta sentencia dictada el pasado 6 de marzo de 2019, examina el tema, y concluye que en este caso no concurría legitimación activa del propietario para impugnar el acuerdo, sino que se trataba de obstaculizar sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios. Veamos sus razonamientos:

Contribución de los sótanos a los gastos comunitarios

La Comunidad, en junta de propietarios, tomó la decisión de cargar gastos comunitarios a los titulares de los sótanos, que hasta el momento estaban exentos de facto del pago de los mismos. El comunero decide impugnar el acuerdo aunque no era propietario de ninguno de dichos sótanos, sino de una vivienda. Los acuerdos no le afectaban, y además en junta anterior voto a favor del presupuesto económico del año a través de representante.

Aunque el juzgado estimó parcialmente la pretensión del propietario, la Audiencia Provincial de Madrid (S. AP Madrid de 28 de septiembre de 2016) revoca la sentencia de instancia y absuelve a la comunidad por falta de legitimación activa del copropietario.

Criterio del Supremo – Regla de legitimación y requisito de procedibilidad del artículo 18 LPH

El propietario reunía los requisitos que establece el artículo 18 LPH en cuanto propietario, pero carece de legitimación activa de acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no acredita qué perjuicio le ocasiona el acuerdo impugnado.

La Sala hace mención de la STS 671/2011, que analiza este artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, indicando que establece una regla de legitimación y un requisito de procedibilidad. La regla de legitimación limita la posibilidad de impugnar los acuerdos de la junta de propietarios a los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, a los ausentes por cualquier causa y a los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. También se introduce una regla de procedibilidadcondicionando la impugnación a que el propietario esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o haya hecho previa consignación judicial de las mismas, salvo que la impugnación de los acuerdos de la Junta tengan que ver con el establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9.

Y la STS 496/2012, de 20 de julio, que también menciona, indica que los propietarios pueden impugnar ciertos acuerdos adoptados en un junta por considerar que no se aprobaron con las mayorías exigibles o porque de algún otro modo vulneraron la LPH, pero no puede sustentarse su acción en el hecho de que se privara indebidamente del derecho a votar a algún copropietario distinto de los que formalizaron la demanda origen del pleito. “Solo este comunero estaría legitimado para impugnar el acuerdo por tal motivo, del mismo modo que solo quien haya acudido a la junta y haya salvado su voto estará legitimado para impugnar, sin que aquel propietario que no lo haya salvado pueda sustentar una acción fundada en tal circunstancia”.

De todo ello deduce la Sala que el propietario impugnante debe respetar el dictado del artículo 18 LPH, pero siempre partiendo de la necesidad de que el acuerdo le perjudique de alguna forma, aunque sea indirectamente.

En este caso, no consta ningún perjuicio para el propietario impugnante porque: a) no es copropietario del sótano; b) no le afecta negativamente el pago de las cuotas relativas a lo sótanos, sino que más bien le beneficia, y c) no razona en casación ningún perjuicio personal respecto del acuerdo que impugna.

Por tanto, fue correcta la aplicación, por parte de la Audiencia Provincial, del artículo 10 de la LEC (“Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso”), pues es aplicable también en materia de propiedad horizontal.

Este es uno de esos casos, concluye la Sala, en que se obstaculiza sin causa el pacífico funcionamiento de la comunidad de propietarios, pues el impugnante no es titular del objeto litigioso.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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El Supremo rectifica: no hay obligación de instalar un comedor de empresa    

Fuente: El Economista España

11 de fe brero, 2019

-España-

El Tribunal Supremo ha rectificado su doctrina y establece ahora que las empresas no tienen obligación de instalar un comerdor para los empleados. De este modo, rechaza que sigan en vigor el Decreto y la Orden del año 1938, que exigían esta medida.

“No están vigentes puesto que se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, aprobado por la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940”, explica el Supremo. Y esa disposición legal quedó posteriormente sin efecto por la Orden de 9 de marzo de 1971, según el Supremo. “Es clara y diáfana su disposición derogatoria al establecer en el Anexo titulado Tabla de Vigencias una disposición derogatoria”, indica.

“Estamos ante una materia propicia para que se resuelva mediante la negociación colectiva”, asegura el Supremo

El Supremo modifica así su cirterio, que hasta ahora entendía que las normativas del año 1938 continuaban vigentes. “En el momento actual no existe ninguna norma en vigor, de carácter legal o convencional, de la que pudiere desprenderse que el empresario esté obligado en el caso de autos a instalar un comedor de empresa en un centro de trabajo con las características del que resulta afectado en este conflicto colectivo”, apunta la sentencia, de 13 de diciembre de 2018.

El Supremo termina así con la doctina que hacía que muchas empresas perideran en los tribunales ante la exigencia de los trabajadores de la instalación de un comedor. “Estamos ante una materia que, ante la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación colectiva, pilar básico de nuestro sistema de relaciones laborales, en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes”, manifiesta el magistrado Blasco Pellicer, ponente del fallo.

Precisamente, el Juzgado de lo Social Número 1 de León estableció en marzo del año pasado los requisitos necesarios que obligarían a una empresa a instalar un comedor para sus trabajadores. La sentencia, de 20 de marzo de 2018, exigía que los trabajadores tengan menos de dos horas para almorzar y, además, que la petición de instalar un comedor de empresa haya sido suscrita por más del 50 por ciento de los empleados del centro de trabajo. Unos requisitos ahora tumbados por el Tribunal Supremo

Alfredo Aspra, socio del área Laboral de Andersen Tax & Legal, destacaba entonces la importancia de este fallo porque resume la “vigencia de una normativa preconstitucional y hace una interpretación de la misma y de los requisitos que recoge”.

El magistrado del Amo Rubio, titular del juzgado, aseguraba, entre otras circunstancias enumeradas en su sentencia, que la no vulneración de los principios constitucionales de las cuestionadas normas de del año 1938 obligaba a entender que se mantenía su vigencia hasta ahora.

Derecho Penal / Criminal Law

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El TS determina la influencia de la condición de bebedor habitual en la capacidad cognitiva del conductor causante de un siniestro            

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de febrero, 2019

-Esapaña-

El acusado, tras un consumo abusivo de alcohol, se introdujo con su camión en una autopista circulando en sentido contrario, siendo consciente que estaba creando un importante riesgo para los demás usuarios de la vía, como lamentablemente así fue porque aunque varios conductores consiguieron esquivarlo, no pudo hacerlo una conductora que se encontró de frente con el camión, produciéndose de inmediato un violento choque frontal que provocó la muerte de la conductora.

Condenado en la instancia como autor de un delito contra la seguridad vial, en concurso con un delito de homicidio imprudente con la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de doce años y medio de prisión, centra su recurso en la consideración de ser el acusado consumidor habitual de alcohol, o al menos, una persona acostumbrada a beber, y tener por ello una mayor capacidad para soportar sus efectos.

El día de los hechos, según el propio acusado manifestó, había bebido bastante alcohol.

Sus capacidades, pese a la ingesta del alcohol, se mantenían de forma suficiente como para entender que con su conducción comprometía la vida de los demás usuarios de la vía. Tuvo capacidad suficiente para poder insertar el tacógrafo al arrancar de nuevo el camión tras parar en una gasolinera, y lo condujo sin incidente alguno entre los surtidores de la gasolinera para dirigirse a la salida de la estación de servicio a pesar de que el espacio era reducido. 

En el recorrido realizado por la autopista en dirección contraria, fue advertido en varias ocasiones por los conductores que circulaban correctamente, respondiendo él con las luces largas, pero sin detener el vehículo y sin hacer intento alguno de modificar su circulación para interrumpir el riesgo que estaba creando. 

A juicio de la Sala, en su sentencia 4/2019, de 14 de enero (Recurso 1035/2018), el dolo está presente en su actuar. Era consciente de que utilizaba el vehículo después de haber consumido dosis importantes de alcohol y de que circulaba en dirección contraria por la autopista. Es innegable que era conocedor de que existían altas probabilidades de que se produjera una colisión frontal contra otro usuario de la carretera que circulara correctamente y también lo era de que en caso de producirse una colisión por el peso y características de camión, existía una probabilidad alta o altísima de que se causara la muerte de los usuarios del otro vehículo, y a pesar de ello, continuó en la conducción del vehículo en sentido contrario, decisión que revela su intención de continuar con la acción típica admitiendo el altamente probable resultado.

Confirmada la correcta aplicación de la atenuante de embriaguez y el dolo de la conducta típica, el Supremo desestima el recurso confirmando en su integridad la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Derecho Constitucional

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El TS no reconoce la alegación de la parafilia en delincuentes sexuales como eximente de responsabilidad penal   

Fuente: Noticias Jurídicas

23 de enero, 2019

-España-

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta de 15 años de prisión y 72 meses de multa por la Audiencia Provincial de Valencia a una persona que ha sido condenada por 4 delitos de abuso sexual, 4 delitos de agresión sexual en grado de tentativa, uno de agresión sexual y dos delitos de violación.

El condenado abordaba a las mujeres en una playa en el término situado entre Sueca y Cullera en Valencia y les agredía sexualmente o intentaba hacerlo en otras, aprovechando que estaban solas.

La Sala ha desestimado la alegación del recurrente que alegó la eximente de padecer una enfermedad mental que le impedía poder reprimir el instinto de ataque sexual que padecía en torno a la perversión sexual que, según él, le llevaba a cometer estos actos.

El Tribunal sostiene en su sentencia que quedaron debidamente probados los 11 ataques a la libertad sexual de las víctimas, dada la declaración de las víctimas y el reconocimiento del condenado, habiéndole una de ellas grabado la imagen con el teléfono móvil cuando fue agredida y al huir de su agresor.

Sobre la alegación de la parafilia como enfermedad, que alega el condenado le afectaba en su voluntad y conocimiento de esos ataques, el Tribunal señala que: “Es importante destacar que los expertos no han hallado trastornos psicológicos o cambios orgánicos que brinden una explicación sobre el origen de una práctica parafílica. Estas desviaciones, de todos modos, pueden tratarse mediante la terapia psicoanalítica. El problema surge ante la falta de tratamiento y el peligro que se causa a las víctimas con estas conductas al disponer el sujeto de la conciencia y voluntad de lo que hace, lo que impide acudir a la exención de responsabilidad penal que propugna el recurrente. Se llama “parafilia” a lo que en la ley se denomina “perversiones”. Algunos psicoanalistas y psiquiatras aún la denominan así, y ello no puede en modo alguno, por sí mismo anular la conciencia y voluntad del mal que se está haciendo. Se sabe y conoce lo que se hace. Se sabe que es incorrecto, y pese a ello persiste en su conducta.Y el efecto más negativo se puede constatar en los presentes hechos probados, donde se acredita y constata la reiteración de conductas de ataque sexual, reiteradas y con semejante modus operandi, con empleo de la violencia en la mayoría de los casos, lo que agrava la situación de las víctimas, que ante esta perversión del sujeto activo se convierten en víctimas del deseo del autor de los hechos.

La Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, señala que “es un deseo impulsivo y compulsivo de realizar el acto o de fantasearlo. De hecho los individuos que la practican pueden parecer exteriormente tan normales como cualquier otra persona. Sobre la afectación a la conciencia y voluntad del sujeto y si puede apreciarse como eximente completa del art. 20.1 CP la doctrina rechaza categóricamente esta posibilidad. Y ello, porque se considera que son sujetos libres de actuar al tener capacidad de querer, de entender y de obrar plenas, y que no impide ni limita la capacidad de actuar conforme al conocimiento de la ilicitud de acción salvo cuando se asocia a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o la neurosis depresiva. La doctrina especializada en esta materia médico-jurídica señala, asimismo, la dificultad para reconocer la incidencia de estos sujetos en la imputabilidad de quien los sufre, pues son definidos jurídicamente como imputables.”

        El tribunal concluye que: “El descontrol de actitud de la parafilia, que conlleva el deseo de llevar a cabo actos sexuales con mujeres, no puede ser utilizado para postular una anulación de la responsabilidad penal, por cuanto esta no puede existir al no constatarse una inimputabilidad, sino que el sujeto tiene la plena conciencia y voluntad del mal que está haciendo, siendo consciente de que está reprobado desde el punto de vista social y es actitud prohibida, pese a lo cualopta por ejercer su deseo a llevar a cabo el acto con conciencia y voluntad de lo que está haciendo y que con su conducta causa daño a las mujeres a las que se acercó y realizó ataques contra su libertad sexual,uno de los delitos más execrables que pueden darse por llevarse a cabo contra el cuerpo de las mujeres en este caso, y contra su libertad de decidir sexual, ocasionando en muchos casos traumas importantes ante una conducta de ataque del sujeto activo del delito que es imposible de olvidar”.

“La reprochabilidad penal de la conducta –añade la Sala– no puede quedar anulada por el alegato de exención de responsabilidad penal del recurrente ante un deseo que es evitable por la conciencia y voluntad de su conducta ilícita y dañina, no pudiendo convertir en irrelevante lo que lo es, bajo el abrigo de la parafilia. Por todo ello, en general, estos trastornos suelen afectar levemente a la imputabilidad del sujeto, dándose en los casos más acusados la aplicación de una atenuante analógica. Esta sala del Tribunal Supremo ha decretado que no se da el caso de una eximente completa ya que “estos sujetos son libres de actuar al tener una capacidad de querer, de entender y de obrar, plenas”.