Tribunal Supremo

Derecho Penal / Criminal Law

Posted on

El TS determina la influencia de la condición de bebedor habitual en la capacidad cognitiva del conductor causante de un siniestro            

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de febrero, 2019

-Esapaña-

El acusado, tras un consumo abusivo de alcohol, se introdujo con su camión en una autopista circulando en sentido contrario, siendo consciente que estaba creando un importante riesgo para los demás usuarios de la vía, como lamentablemente así fue porque aunque varios conductores consiguieron esquivarlo, no pudo hacerlo una conductora que se encontró de frente con el camión, produciéndose de inmediato un violento choque frontal que provocó la muerte de la conductora.

Condenado en la instancia como autor de un delito contra la seguridad vial, en concurso con un delito de homicidio imprudente con la atenuante analógica de embriaguez, a la pena de doce años y medio de prisión, centra su recurso en la consideración de ser el acusado consumidor habitual de alcohol, o al menos, una persona acostumbrada a beber, y tener por ello una mayor capacidad para soportar sus efectos.

El día de los hechos, según el propio acusado manifestó, había bebido bastante alcohol.

Sus capacidades, pese a la ingesta del alcohol, se mantenían de forma suficiente como para entender que con su conducción comprometía la vida de los demás usuarios de la vía. Tuvo capacidad suficiente para poder insertar el tacógrafo al arrancar de nuevo el camión tras parar en una gasolinera, y lo condujo sin incidente alguno entre los surtidores de la gasolinera para dirigirse a la salida de la estación de servicio a pesar de que el espacio era reducido. 

En el recorrido realizado por la autopista en dirección contraria, fue advertido en varias ocasiones por los conductores que circulaban correctamente, respondiendo él con las luces largas, pero sin detener el vehículo y sin hacer intento alguno de modificar su circulación para interrumpir el riesgo que estaba creando. 

A juicio de la Sala, en su sentencia 4/2019, de 14 de enero (Recurso 1035/2018), el dolo está presente en su actuar. Era consciente de que utilizaba el vehículo después de haber consumido dosis importantes de alcohol y de que circulaba en dirección contraria por la autopista. Es innegable que era conocedor de que existían altas probabilidades de que se produjera una colisión frontal contra otro usuario de la carretera que circulara correctamente y también lo era de que en caso de producirse una colisión por el peso y características de camión, existía una probabilidad alta o altísima de que se causara la muerte de los usuarios del otro vehículo, y a pesar de ello, continuó en la conducción del vehículo en sentido contrario, decisión que revela su intención de continuar con la acción típica admitiendo el altamente probable resultado.

Confirmada la correcta aplicación de la atenuante de embriaguez y el dolo de la conducta típica, el Supremo desestima el recurso confirmando en su integridad la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Anuncios

Derecho Constitucional

Posted on

El TS no reconoce la alegación de la parafilia en delincuentes sexuales como eximente de responsabilidad penal   

Fuente: Noticias Jurídicas

23 de enero, 2019

-España-

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta de 15 años de prisión y 72 meses de multa por la Audiencia Provincial de Valencia a una persona que ha sido condenada por 4 delitos de abuso sexual, 4 delitos de agresión sexual en grado de tentativa, uno de agresión sexual y dos delitos de violación.

El condenado abordaba a las mujeres en una playa en el término situado entre Sueca y Cullera en Valencia y les agredía sexualmente o intentaba hacerlo en otras, aprovechando que estaban solas.

La Sala ha desestimado la alegación del recurrente que alegó la eximente de padecer una enfermedad mental que le impedía poder reprimir el instinto de ataque sexual que padecía en torno a la perversión sexual que, según él, le llevaba a cometer estos actos.

El Tribunal sostiene en su sentencia que quedaron debidamente probados los 11 ataques a la libertad sexual de las víctimas, dada la declaración de las víctimas y el reconocimiento del condenado, habiéndole una de ellas grabado la imagen con el teléfono móvil cuando fue agredida y al huir de su agresor.

Sobre la alegación de la parafilia como enfermedad, que alega el condenado le afectaba en su voluntad y conocimiento de esos ataques, el Tribunal señala que: “Es importante destacar que los expertos no han hallado trastornos psicológicos o cambios orgánicos que brinden una explicación sobre el origen de una práctica parafílica. Estas desviaciones, de todos modos, pueden tratarse mediante la terapia psicoanalítica. El problema surge ante la falta de tratamiento y el peligro que se causa a las víctimas con estas conductas al disponer el sujeto de la conciencia y voluntad de lo que hace, lo que impide acudir a la exención de responsabilidad penal que propugna el recurrente. Se llama “parafilia” a lo que en la ley se denomina “perversiones”. Algunos psicoanalistas y psiquiatras aún la denominan así, y ello no puede en modo alguno, por sí mismo anular la conciencia y voluntad del mal que se está haciendo. Se sabe y conoce lo que se hace. Se sabe que es incorrecto, y pese a ello persiste en su conducta.Y el efecto más negativo se puede constatar en los presentes hechos probados, donde se acredita y constata la reiteración de conductas de ataque sexual, reiteradas y con semejante modus operandi, con empleo de la violencia en la mayoría de los casos, lo que agrava la situación de las víctimas, que ante esta perversión del sujeto activo se convierten en víctimas del deseo del autor de los hechos.

La Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, señala que “es un deseo impulsivo y compulsivo de realizar el acto o de fantasearlo. De hecho los individuos que la practican pueden parecer exteriormente tan normales como cualquier otra persona. Sobre la afectación a la conciencia y voluntad del sujeto y si puede apreciarse como eximente completa del art. 20.1 CP la doctrina rechaza categóricamente esta posibilidad. Y ello, porque se considera que son sujetos libres de actuar al tener capacidad de querer, de entender y de obrar plenas, y que no impide ni limita la capacidad de actuar conforme al conocimiento de la ilicitud de acción salvo cuando se asocia a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o la neurosis depresiva. La doctrina especializada en esta materia médico-jurídica señala, asimismo, la dificultad para reconocer la incidencia de estos sujetos en la imputabilidad de quien los sufre, pues son definidos jurídicamente como imputables.”

        El tribunal concluye que: “El descontrol de actitud de la parafilia, que conlleva el deseo de llevar a cabo actos sexuales con mujeres, no puede ser utilizado para postular una anulación de la responsabilidad penal, por cuanto esta no puede existir al no constatarse una inimputabilidad, sino que el sujeto tiene la plena conciencia y voluntad del mal que está haciendo, siendo consciente de que está reprobado desde el punto de vista social y es actitud prohibida, pese a lo cualopta por ejercer su deseo a llevar a cabo el acto con conciencia y voluntad de lo que está haciendo y que con su conducta causa daño a las mujeres a las que se acercó y realizó ataques contra su libertad sexual,uno de los delitos más execrables que pueden darse por llevarse a cabo contra el cuerpo de las mujeres en este caso, y contra su libertad de decidir sexual, ocasionando en muchos casos traumas importantes ante una conducta de ataque del sujeto activo del delito que es imposible de olvidar”.

“La reprochabilidad penal de la conducta –añade la Sala– no puede quedar anulada por el alegato de exención de responsabilidad penal del recurrente ante un deseo que es evitable por la conciencia y voluntad de su conducta ilícita y dañina, no pudiendo convertir en irrelevante lo que lo es, bajo el abrigo de la parafilia. Por todo ello, en general, estos trastornos suelen afectar levemente a la imputabilidad del sujeto, dándose en los casos más acusados la aplicación de una atenuante analógica. Esta sala del Tribunal Supremo ha decretado que no se da el caso de una eximente completa ya que “estos sujetos son libres de actuar al tener una capacidad de querer, de entender y de obrar, plenas”.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

La orden de alejamiento se mide en línea recta, salvo que el juez precise lo contrario

Fuente: El Economista España  

10 de enero, 2019

-España-

El Tribunal Supremo establece que la distancia establecida en una orden de alejamiento debe medirse en línea recta salvo que la resolución judicial que acuerda la medida determine otra manera para su medición. El Supremo fija así el criterio correcto para determinar en cada caso si la persona a la que se le ha impuesto una prohibición de aproximación se encuentra a una distancia inferior a la establecida en la misma.

Las audiencias provinciales daban respuestas distintas a esta cuestión. Unas consideraban que la medición de la distancia debía hacerse en línea recta, y otras, en cambio, teniendo en cuenta el trayecto o los recorridos posibles que puede realizar un viandante andando o transitando por la vía pública.

“Dadas las innumerables posibilidades que presenta la realidad, las características concretas de la medida podrán depender de las peculiaridades de cada caso, de forma que el juez o tribunal que la acuerde deberá, en lo posible, determinar las condiciones en las que la misma deberá cumplirse, de modo que se obtenga la seguridad de la víctima, sin desconocer las exigencias de proporcionalidad de la reacción penal frente a unos determinados hechos”, señala el magistrado Colmenero, ponente del fallo.

La sentencia explica que con la adopción de la prohibición “se configura un espacio físico en el que se pretende garantizar que la víctima pueda circular y moverse con libertad sin la posibilidad de encontrarse físicamente con el autor de los hechos; un espacio donde, evitando la presencia de aquel, se garantice la seguridad de la víctima y su tranquilidad, al objeto de desarrollar una actividad vital normalizada”.

Más seguridad

El Supremo entiende que la medida en línea recta “se presenta como más segura, y no solo para la víctima, que puede establecer con facilidad los lugares a los que puede acudir sin aquel riesgo sin necesidad de calcular la distancia a la que se encuentran los distintos puntos de diversos recorridos posibles. Sino incluso para el autor de los hechos, que podrá establecer con la misma facilidad, sobre plano, los lugares a los que no podrá dirigirse al quedar afectados por la prohibición. Lo cual le permite incluso someter a la consideración del juez o tribunal que ha acordado la prohibición la existencia de detalles que pudieran hacer desproporcionada la prohibición en algunos aspectos, haciendo aconsejables algunas precisiones”.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

Denegada la prestación de gran invalidez a un autónomo que cotizó durante 22 años pero que estuvo apartado del sistema durante otros 6        

Fuente: Noticias Jurídicas

09 de enero, 2019

-España-

El TSJ Cataluña en sentencia 4906/2018 de 21 de septiembre (Rec. 3560/2018) da la razón al INSS y deniega la prestación de gran invalidez a un autónomo de 55 años que cotizó durante casi 22 años a la Seguridad Social, a posteriori se dio de baja y se inscribió en el paro durante dos años, período durante el cual no consta que la Administración le realizase ninguna oferta, y se le dio de baja como demandante de empleo por no renovación.

Entiende el Tribunal que no encontrándose el actor en situación asimilada al alta al tiempo del hecho causante, no tiene derecho a la prestación solicitada por no tener carencia específica.

Se muestra en la sentencia un criterio rigorista al señalar que para que la situación de “paro involuntario” sea considerada como de “asimilada al alta” se precisa que la inscripción no haya sido ininterrumpida y, en el caso, el solicitante de la prestación consta inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida únicamente durante los diez meses anteriores a la revisión del ICAM, pues con anterioridad lo estuvo con dos interrupciones, la primera, de más de nueve meses y, la segunda, de dos meses, sin justificar las razones que llevaron al actor a separarse del mercado laboral, no pudiendo tener su causa en el accidente de tráfico al haber sucedido éste con posterioridad a las interrupciones.

Muestra su discrepancia con el fallo la Magistrada Doña Matilde Aragó Gassiot porque a su entender debe realizarse una valoración general de la vida laboral del solicitante y entiende que pese al tiempo de desvinculación del sistema, no se debe rechazar la consideración de su situación de asimilada al alta.

Explica la Magistrada discrepante que no se puede olvidar la extensa contribución a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral, superando en mucho el mínimo para tener derecho a cualquier pensión, y subraya que aunque es cierto que estuvo seis años apartado del sistema, llevaba dos años como demandante de empleo cuando sobrevino el accidente, sin que el Estado le hubiera otorgado ninguna oferta de empleo ni posibilidad de cotizar y por ello se debería retrotraer la carencia específica al momento de la inscripción como demandante de empleo y en este caso no es exigible la situación de alta.

Flexibiliza así la situación de asimilada al alta, atendiendo a la finalidad de la acción protectora de las prestaciones de la Seguridad Social y a la gravísima situación de necesidad del afectado.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

El TS establece que el banco debe pagar intereses al consumidor por cláusulas hipotecarias nulas desde que se realizaron los pagos

Fuente: Noticias Jurídicas

20 de diciembre, 2018

-España-

 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en esta sentencia cómo deben calcularse los intereses devengados por las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. La nulidad de dicha cláusula, declarada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Audiencia Provincial, no ha sido discutida ante el Tribunal Supremo y, por ello, el pronunciamiento de la Sala Primera se limita a la cuestión de los intereses.  

El Juzgado declaró la nulidad de la cláusula y condenó a la entidad prestamista a abonar al prestatario diversas cantidades en concepto de gastos de tasación y gestoría, más sus intereses legales desde la fecha en que el consumidor hizo tales pagos. La Audiencia Provincial, en cambio, consideró que los intereses legales a abonar por el banco se devengarían desde la fecha de la reclamación extrajudicial.

El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el consumidor y considera que los intereses se devengan desde la fecha en que pagó los gastos en cuestión. La consecuencia de la abusividad de la cláusula de gastos es, conforme al principio de no vinculación de la Directiva 93/13 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la propia Sala Primera, que haya de actuarse como si la cláusula nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponda, según nuestro ordenamiento jurídico.  

El efecto restitutorio, cuando se trata de la cláusula de gastos, no es directamente reconducible a la norma del Código Civil (art. 1303) que regula la restitución de prestaciones recíprocas entre las partes, pues no se trata de abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (en este caso, a la gestoría y al tasador), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como la declaración de abusividad obliga a restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula en cuestión, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades que le hubiera correspondido pagar de no haber existido la estipulación abusiva.  

Aunque en nuestro Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, se trataría de una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Y también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido, en cuanto que el consumidor hizo un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía.  

En consecuencia, la entidad bancaria deberá abonar el interés legal desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on Actualizado enn

derecho_01El Supremo prohíbe el uso de la vivienda familiar a los divorciados que viven con hijos si llevan a su nueva pareja 

Fuente: El Economista España

23 de noviembre, 2018

-España-

El Tribunal Supremo retira el disfrute de la vivienda familiar a los progenitores que vivan con sus hijos y, además, convivan en la misma casa con una nueva pareja. “La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar”, apunta la sentencia, de 20 de noviembre de 2018. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on Actualizado enn

bandera-espanaEl Tribunal Supremo fija el interés de demora abusivo

Fuente: El Economista España

28 de noviembre, 2018

-España-

Es abusiva una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece un tipo de interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de la Sala de lo Civil, de 28 de noviembre de 2018. Leer el resto de esta entrada »