UE

Derecho Internacional / International Law

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ECJ claims judicial supremacy in deciding whether members are breaching bloc rules

Source: Jurist

May 11, 2020

-European Union-

The European Court of Justice (ECJ) released a statement Friday condemning a German court’s challenge of the ECJ’s judicial supremacy. “In order to ensure that EU law is applied uniformly,” says the statement, “the Court of Justice alone⁠—which was created for that purpose by the Member States⁠—has jurisdiction to rule that an act of an EU institution is contrary to EU law.”

On May 5, Germany’s Federal Constitutional Court challenged the legality of the EU’s Public Sector Purchase Programme (PSPP), an economic policy that institutes large-sum bond purchases from the European Central Bank (ECB). The ruling declared the ECB’s policy Ultra Vires, or having been passed without Germany’s legal overview, and claimed that the PSPP was in violation of agreements reached in the Treaty on the European Union.

In particular, the German decision takes issue with the PSPP’s purchase of more than €2.2 trillion in public debt. The PSPP, passed partly in response to the Greek Debt Crisis of 2015, requires economically-stronger EU member states to buy back public debt from economically-weaker states, often without the buyers’ consent.

In the past, Danish and Czech court decisions have found ECJ rulings to be Ultra Vires, but this instance is the first in which a German constitutional court has challenged EU judicial supremacy.

“Divergences between courts of the Member States as to the validity of such acts would indeed be liable to place in jeopardy the unity of the EU legal order and to detract from legal certainty,” concludes the ECJ statement. “National courts are required to ensure that EU law takes full effect.”

The ECJ has noted that they will make no further statement on this matter.

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Brexit: cómo proteger los derechos de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido

Fuente: Noticias Jurídicas

22 de enero, 2020

-Unión Europea-

A pesar de que sólo algunos pudieron votar en el referéndum, los miles de ciudadanos europeos que viven actualmente en el Reino Unido, serán de los más afectados por la salida de este país de la Unión.

Sus derechos están cubiertos por el acuerdo de retirada negociado por el Reino Unido y la UE, que el Parlamento Europeo debe votar el 29 de enero.

Resolución: garantías de los ciudadanos

El 15 de enero, los eurodiputados adoptaron una resolución en la que afirman que se necesitan garantías sobre la protección de los derechos de los ciudadanos para que el Parlamento dé su apoyo al acuerdo de retirada.

En la resolución aprobada la semana pasada con 610 votos a favor, 29 en contra y 68 abstenciones, los eurodiputados recalcan que tendrán en cuenta “la experiencia adquirida y las garantías ofrecidas” en materia de derechos de los ciudadanos.

Tras la aprobación, el coordinador del “brexit” del Parlamento, Guy Verhofstadt, abordó la cuestión con el secretario del “brexit” Steve Barclay durante una reunión en Londres. Las autoridades del Reino Unido están explorando ahora la posibilidad de que los ciudadanos de la UE que hayan obtenido un permiso de residencia puedan imprimir un formulario que confirme su estatus, según lo solicitado por el Parlamento. Reino Unido también ha avanzado que no habrá deportaciones automáticas de ciudadanos de la UE que aún no hayan presentado su solicitud. Tendrán la posibilidad de que se escuche su caso y obtener ese permiso de residencia.

Sin embargo, si bien el acuerdo de retirada otorga a los ciudadanos británicos y de la UE el derecho a seguir trabajando y viviendo en el país en el que viven ahora, quedan otros asuntos por decidir.

Acciones futuras

El siguiente paso es que la UE y el Reino Unido negocien un acuerdo sobre sus relaciones futuras, que abarque desde el comercio hasta la colaboración en temas como el medio ambiente y el terrorismo. También cubrirá la cobertura de salud para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en la UE. 

Desde el principio, el Parlamento ha señalado la protección de los derechos de los ciudadanos como una prioridad en la negociación del acuerdo con Reino Unido.

En la posición del Parlamento, adoptada en abril de 2017, los diputados subrayaron la importancia de asegurar un trato igualitario y justo tanto a los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido como a los británicos residentes en países de la Unión

La posición adoptada sirve de guía para las negociaciones entre la Unión y el Reino Unido. El Parlamento juega un papel crucial en el resultado final de las mismas. 

Desde entonces, se han adoptado varias resoluciones y declaraciones del grupo directivo del “brexit” del Parlamento en la que se reitera la importancia de proteger sus derechos. 

Inquietud por los derechos de los ciudadanos

La Cámara muestra especial preocupación por el sistema de registro británico y critica que no se ofrezca un documento físico como prueba del derecho a residencia y las escasas facilidades y asistencia a los ciudadanos para utilizarlo.

Los eurodiputados también cuestionan la nueva autoridad independiente del Reino Unido prevista en el acuerdo de retirada y plantean el establecimiento de un mecanismo conjunto PE-Reino Unido para verificar la correcta aplicación de todas las disposiciones.

La resolución pide al Reino Unido y a los otros 27 Estados miembros campañas informativas y de sensibilización e insiste en que la UE debe aplicar un enfoque “coherente y generoso a la hora de proteger los derechos de los ciudadanos británicos residentes en su territorio.

El martes, el pleno debatió la cuestión con la presidencia croata de la UE y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Puede ver los discursos de apertura de Nikolina Brnjac (presidencia croata) y Ursula von der Leyen, las intervenciones de los eurodiputados y la declaración final del negociador jefe de la UE para el brexit, Michel Barnier.

Acuerdo de retirada

Para entrar en vigor, el acuerdo de retirada debe ser aprobado por el Parlamento Europeo por mayoría simple de votos emitidos (Artículo 50(2) del Tratado de la UE). El pleno votará el texto una vez completado el proceso de ratificación en Reino Unido.

La segunda parte del acuerdo de retirada protege a los ciudadanos de la UE en Reino Unido y del Reino Unido en la UE, así como a sus familias. Según sus disposiciones, todos los derechos de seguridad cubiertos por la legislación comunitaria deben mantenerse y los derechos de los ciudadanos extenderse a toda su vida.

Todos los procedimientos administrativos han de ser transparentes. La correcta aplicación de estos términos será verificada por una autoridad independiente con competencias similares a las de la Comisión Europea.

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El Abogado General de la UE se pronuncia sobre cuándo un Estado puede intervenir comunicaciones por lucha antiterrorista

Fuente: Noticias Jurídicas

15 de enero, 2020

-Unión Europea-

La Abogacía General de la Unión Europea, representada por el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, se ha pronunciado (asuntos C-623/17; C-511/18 y otros; C-512/18 y otros; y C-520/18 y otros) sobre la capacidad de los Estados de intervenir comunicaciones y datos de localización y tráfico de personas por amenaza antiterrorista, declarando contrarias a la normativa europea las leyes de Francia, Bélgica y Reino Unido. 

El documento de conclusiones, publicado el 15 de enero, ha recordado a los Estados que la Directiva prohíbe la conservación general e indiferenciada de datos de tráfico y localización de los clientes de los proveedores de información. Una medida que, según concluye el Abogado General, países como Francia o Reino Unido han adoptado de forma contraria a la norma comunitaria. 

La conservación de estos datos debe ser posible, propone Sánchez-Bordona, pero de forma limitada. Así, considera que, en el contexto de lucha antiterrorista, es legítimo imponer la obligación a los proveedores de información de conservar datos, pero sólo los absolutamente imprescindibles (nunca la generalidad), y siempre limitando y blindando su acceso a situaciones excepcionales. 

La ley francesa sería contraria a la Directiva

El pronunciamiento llega en respuesta a cuatro asuntos prejudiciales remitidos por el Consejo de Estado (Francia). En ellos, se plantea cómo aplicar la Directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo; en concreto, si las medidas impuestas por países cómo Francia, Bélgica o Reino Unido están cumpliendo con la normativa en este sentido. 

Así, la primera de las cuestiones versa sobre la norma francesa. Esta permite que, en un contexto de amenazas graves y persistentes (escenario común para los franceses en los últimos años), el Estado puede imponer a los operadores y prestadores de servicios de comunicación electrónica la obligación de conservar todos y cada uno de los datos de tráfico y localización de sus abonados, así como los datos que permitan identificar a los creadores de los contenidos ofrecidos.

Dicha acumulación de datos es, a ojos de la justicia europea, injustificada.

El abogado español recuerda la doctrina del TJUE, en la sentencia Tele2 Sverige y Watson, donde rechazó que fuese posible una conservación de dichas características, ni si quiera bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

En este sentido, Sánchez-Campos recuerda que la lucha contra el terrorismo no sólo debe plantearse en términos de “eficacia práctica”, sino también en línea de “eficacia jurídica”

Eso sí, apunta que dicha recopilación sí será ajustada a derecho si las personas afectadas son informadas de sus derechos, y cuando las actuaciones se realicen con arreglo a los procedimientos establecidos y las mínimas garantías. 

La recopilación por otros motivos también es ilegal

En segundo lugar, el Abogado General se pronuncia sobre la licitud de la ley belga en estos términos. Propone – sus resoluciones no son vinculantes, aunque en un número importante de casos la sentencia sigue su criterio – que el TJUE declare la normativa belga contraria a la norma europea, por permitir la recopilación de estos datos sensibles no sólo por motivos antiterroristas, sino también causas como la defensa del territorio, la seguridad pública, o la persecución de delitos no graves. El Abogado General cree que en ninguno de estos casos debe permitirse la acumulación de datos tan sensibles como la localización o el tráfico de las personas de forma general e indiferenciada. Ni si quiera cuando se establezcan protocolos de garantías. 

Del mismo modo, la Abogacía General también responde a la cuestión de qué ocurriría si una norma nacional es declarada incompatible con el derecho de la Unión en términos de efectos provisionales. Apunta que, si el derecho interno se lo permite, un órgano jurisdiccional nacional puede mantener excepcional y provisionalmente los efectos de una normativa como la belga, aun cuando sea incompatible con el derecho de la Unión, si lo justifican consideraciones imperiosas relacionadas con las amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional, a las que no podría hacerse frente por otros medios y otras alternativas. Pero solo durante el tiempo estrictamente necesario para corregir la referida incompatibilidad.

Por último, se pronuncia el Abogado General sobre la ley británica. Se cuestiona si es posible imponer a un proveedor de redes la obligación de facilitar a las agencias de seguridad e inteligencias (en este caso a la United Kingdom Security and Intelligence Agencies, la agencia de seguridad del Reino Unido) datos objeto de comunicaciones masivas previa su recopilación generalizada e indiferenciada.

De nuevo, el Abogado General estima que, por mucho que el artículo 4 del TUE consagre que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, la Directiva es contraria a esta recopilación masiva de datos en los términos que expone la normativa británica. 

Derecho Internacional / International Law

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El Abogado General de la UE avala que existe derecho a asistencia letrada incluso si el investigado no comparece

Fuente: Noticias Jurídicas

07 de noviembre, 2019

El derecho a asistencia letrada no debe alterarse por el hecho de que el investigado no responda a las citaciones desde el jugado. Así se ha pronunciado el Abogado General de la Unión Europea, el checo Michal Bobek, ante la consulta de un Juzgado de Badalona sobre una cuestión surgida a raíz de la detención de un sujeto que luego se negó a responder a las citaciones judiciales. La respuesta del Abogado General no es vinculante, pero es tenida en cuenta con frecuencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de emitir sentencia. 

El Sr. Bobek ha propuesto al Tribunal de Justicia que, en su futura sentencia, declare que la Directiva sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, interpretada a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y del derecho a la presunción de inocencia y derechos de la defensa (artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, respectivamente), se opone a una disposición o una jurisprudencia nacionales según las cuales, en el supuesto de que un sospechoso no comparezca tras ser citado por primera vez por un tribunal y de que se emita una orden de detención nacional contra él, el derecho a la asistencia de letrado puede diferirse hasta que se ejecute la orden de detención y el sospechoso comparezca ante el tribunal.

Así, el Abogado General considera que la interpretación de la Directiva que propone el Gobierno español sería contraria a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, Estrasburgo), el cual ha declarado que el hecho de que un investigado no comparezca, a pesar de haber sido citado debidamente, no puede justificar que se le prive de su derecho a la asistencia de un defensor, ni siquiera a falta de excusa.

La cuestión del juzgado de Badalona

La cuestión ha tenido causa a través de la pregunta de un Juzgado de Instrucción de Badalona, en la que se pregunta si el derecho a ser asistido por un letrado puede supeditarse al momento en el que el sospechoso comparezca personalmente, si fue citado e ignoró la citación.  

El investigado en este asunto fue objeto de un control vial llevado a cabo por los Mossos d’Esquadra de Badalona. Los agentes sospecharon que el permiso de conducir albanés presentado por el investigado era falso, por lo que levantaron un atestado en abril de 2018 por presuntos delitos de conducción sin un permiso de conducir válido y de falsificación de documento público. En mayo de 2018 un informe pericial confirmó la falsedad del documento. En junio de 2018, el Juzgado, ante el cual se había incoado un proceso penal contra el investigado, dictó providencia para que éste prestara declaración asistido por un letrado, y se nombró al efecto un letrado del turno de oficio. 

Tras varios intentos infructuosos de citación, debido a que el investigado se hallaba en paradero desconocido, se dictó en septiembre de 2018 una orden (requisitoria) para que fuese detenido y obligado a personarse ante el Juzgado. En octubre de 2018 el Juzgado recibió un fax enviado por una letrada que solicitaba comparecer en nombre del investigado, así como recibir la comunicación de todas las diligencias procesales subsiguientes. Al escrito enviado se adjuntaba su designación suscrita por el investigado y el consentimiento de la letrada del turno de oficio nombrada anteriormente. 

La letrada pidió asimismo que se suspendiera la orden de detención, pues su cliente había manifestado que comparecería ante el Juzgado de forma voluntaria. No obstante, dado que el investigado no compareció cuando se le hizo el primer requerimiento en tal sentido, y que aún es objeto de una orden de detención, el Juzgado tiene dudas sobre si, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho del investigado a ser asistido por un letrado puede verse retrasado hasta que se ejecute la orden de detención. El Juzgado señala que las disposiciones nacionales pertinentes han sido interpretadas por los órganos jurisdiccionales españoles en el sentido de sujetar el derecho a ser asistido por un abogado al requisito de que el sospechoso comparezca en persona. Esto significa que puede denegársele ese derecho cuando el sospechoso esté ausente o en paradero desconocido.

Para conocer la resolución del caso habrá que esperar la sentencia del TJUE sobre asunto. Si bien estas opiniones no son vinculantes, alrededor de un 60 por ciento de los pronunciamentos del Abogado General son luego avaladas por la sentencia del Tribunal.

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La Justicia europea da la razón a Google y restringe la aplicación del ‘derecho al olvido’ a la UE

Fuente: El Economista España

  24 de septiembre, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) da la razón a Google y restrigne la aplicación del derecho al olvido al territorio comunitario. El fallo rechaza que la protección de datos personales sea un derecho absoluto y sostiene que su regulación varía en función de los países, por lo que no considera necesario retirar los enlaces en todos los países del mundo.

La sentencia dictada hoy por el Tribunal europeo establece que “el gestor de un motor de búsqueda no está obligado a retirar los enlaces en todas las versiones de su motor de búsqueda”. En cualquier caso, el fallo asegura que “deberá retirarlos en las versiones que correspondan al conjunto de los Estados miembros y adoptar medidas que impidan o dificulten a los internautas acceder, desde uno de los Estados miembros, a los enlaces controvertidos que figuren en las versiones de ese motor fuera de la Unión”.

“La libertad de información de los internautas puede variar significativamente en las distintas partes del mundo”, señala el Tribunal europeo

El asunto parte de una multa a Google de 100.000 euros por parte de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia. La institución sancionó a la empresa norteamericana porque estimó una solicitud de retirada de enlaces pero se negó a proceder a tal retirada en todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda.

El Tribunal europeo reconoce que “en un mundo globalizado, el acceso de los internautas a un enlace que remite a información sobre una persona cuyo centro de interés está situado en la Unión puede tener efectos inmediatos y sustanciales sobre dicha persona dentro de la propia Unión, de modo que retirar todos los enlaces en el mundo respondería plenamente al objetivo de protección que persigue el Derecho de la Unión”. Sin embargo, el fallo puntualiza que muchos terceros Estados no contemplan el derecho a la retirada de enlaces o lo abordan desde una perspectiva diferente.

“El derecho a la protección de los datos personales no constituye un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”, señala el Tribunal de Justicia europeo.  “Además, el equilibrio entre los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, por un lado, y la libertad de información de los internautas, por otro lado, puede variar significativamente en las distintas partes del mundo”, añade.

“En la situación actual, el gestor de un motor de búsqueda que estime una solicitud de retirada de enlaces presentada por el interesado, en su caso a raíz de un requerimiento de una autoridad de control o judicial de un Estado miembro, no está obligado, con arreglo al Derecho de la Unión, a proceder a dicha retirada en todas las versiones de su motor”, resume el Tribunal europeo. “No obstante, el Derecho de la Unión obliga al gestor de un motor de búsqueda a retirar los enlaces en las versiones de su motor que correspondan al conjunto de los Estados miembros”, concluye.

Le impide tratar datos sensibles

Por otra parte, el Tribunal de Justicia europeo prohíbe a Google y otros motores de búsqueda tratar determinadas categorías de datos personales sensibles. En otra sentencia, también dictada hoy, el TJUE asegura que en el marco de una solicitud de retirada de enlaces, deben ponderarse los derechos fundamentales de la persona que solicita la retirada de enlaces y los de los internautas potencialmente interesados en la información a la que llevan dichos enlaces.

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La Justicia europea autoriza a operar en toda la UE desde una única cuenta bancaria

Fuente: El Economista España

05 de septiembre, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza que las empresas puedan exigir a los clientes un domicilio en el país para pasarles los recibos. De esta forma, el Tribunal europeo establece el derecho de los consumidores a usar sus cuentas bancarias para operar en cualquier parte del territorio comunitario.

Según el TJUE, la normativa europea sobre transferencias y adeudos domiciliados en euros rechaza que se excluya el pago por adeudo domiciliado SEPA cuando el ordenante no tenga su domicilio en el mismo Estado miembro que aquel en el que el beneficiario haya establecido la sede de sus actividades.

El fallo recuerda que la normativa europea pretende permitir a los consumidores utilizar una única y misma cuenta de pago para toda operación realizada dentro de la Unión, reduciendo de este modo los costes vinculados al mantenimiento de varias cuentas de pago.

Los clientes pueden abonar los recibos desde el país de la Unión Europea en el que tengan su cuenta

“El Reglamento prohíbe expresamente al beneficiario del recibo designar el Estado miembro en el que debe situarse la cuenta de pago”, explica la sentencia, dictada hoy. “En la mayor parte de los casos los consumidores disponen de una cuenta de pago en el Estado miembro en el que tienen su domicilio”, señala.

Otros métodos de pago

El Tribunal de Justicia europeo entiende que “carece de pertinencia que el consumidor pueda utilizar métodos de pago alternativos, como la tarjeta de crédito, PayPal o la transferencia bancaria instantánea”. Sin embargo, reconoce que “es cierto que los beneficiarios de pagos siguen siendo libres de ofrecer o no a los ordenantes la posibilidad de realizar pagos por el régimen de adeudo domiciliado SEPA”. En cualquier caso, asegura que, cuando ofrecen dicha posibilidad, “no pueden supeditar la utilización de dicho método de pago a requisitos que menoscaben el efecto útil de la prohibición de imponer que la cuenta de pago esté situada en un Estado miembro determinada”.

El asunto parte de la denuncia de la asociación austríaca para la información de los consumidores. La institución impugnó ante los tribunales una cláusula incluida en las condiciones generales de transporte de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn, conforme a la cual los billetes reservados en su página web sólo pueden pagarse mediante el régimen de adeudos domiciliados SEPA si se cumple el requisito de disponer de un domicilio en Alemania.

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Poland criticized for recent judicial reforms     

Source: Jurist

June 30, 2019

In a country visit report published Friday, Dunja Mijatović, the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, said the Polish government needs to do more to preserve judicial independence, citing “wide-ranging judicial reforms [which] have met with serious concern” from stakeholders.

The Commissioner’s report is the culmination of a five day visit in which “the Commissioner held discussions on the independence of the judiciary and the prosecution service as well as issues pertaining to the rights of women, gender equality and domestic violence.”

Mijatović noted that Poland’s wide-ranging judicial reform has had a major impact on the country’s justice system. Since taking office in 2015 Poland’s Eurosceptic Law and Justice (PiS) party has enacted judicial reforms that many have said are “endangering the rule of law, democracy and human rights.” The reforms have impacted the effectiveness of the Poland’s Constitutional Tribunal, the country’s judicial body established to adjudicate disputes on the constitutionality of the activities of state institutions.

The commissioner expressed serious concerns with the independence of the judiciary and the prosecutorial service under the current system and ongoing reforms. Specifically noting the “publicly-financed campaign to discredit judges as well as negative statements made by high-ranking officials, the Commissioner recalled that members of the executive and the legislature have a duty to avoid criticism that would undermine the independence of or public confidence in the judiciary and urged the Polish authorities to exercise responsibility and to lead by example in their public discourse.”

The Commissioner urged the Polish authorities to take steps to resolve deadlock between the Constitutional Tribunal and the Executive Branch, “by recognising the legitimacy of the election of the three judges by the previous Sejm and by re-establishing dialogue and cooperation between the Constitutional Tribunal and other constitutional bodies.” (The Sejm is the lower-house of the Polish Parliament, responsible for choosing the 15 judges that make up the Constitutional Tribunal.)

Additionally, Mijatović noted serious concerns regarding the lowering of the retirement age for Supreme Court and Supreme Administrative Court, in which several judges were forcibly removed. A sentiment echoing the ruling of an EU Court on Monday, which held the lowering of the retirement age as contrary to EU law and principle.

The report also raised concerns for the lack of action toward addressing “a key judgment against Poland on access to abortion and the related care.” Mijatović noted “repeated attempts to further restrict Poland’s already very restrictive legislation governing access to abortion, including a bill currently pending in the Polish Parliament” which “seeks to roll back women’s access to their sexual and reproductive rights.”

The report indicates satisfaction with Poland’s average gender pay gap, which is among the lowest in the EU, but invites officials to “take measures to prevent and combat sexism and its manifestations in the public and private spheres.”

According to the report, violence against women and domestic violence is another area in which Poland is encouraged to act. The main concern is regarding the “abrupt and/or unexplained interruption of access to central government funding which affected several well-established and reputable women’s rights organisations, in recent years.” Mijatović “invites authorities to take steps to increase public awareness about domestic violence and to do more to identify and promote champions of women’s rights and gender equality. She also encourages all politicians and opinion-makers to give vocal support to the advancement of women’s rights, gender equality, and the fight against domestic violence.”

Watch the report in a nutshell (video).