UE

Derecho Internacional/ International Law

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El Abogado General avala sancionar a España por no adoptar la Directiva sobre hipotecas       

Fuente: El Economista España

28 de marzo, 2019

-Unión Europea-

El Abogado General de la Unión Europea, Tanchev, asegura que España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros hasta que adopte la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. “España ha incumplido sus obligaciones de informar, en consecuencia, debe imponerse una multa coercitiva diaria”, apunta.

La normativa ya está aprobada y entrará en vigor el próximo 16 de junio, por lo que es difícil que la sanción llegue a materializarse debido al tiempo que aún tardará el tribunal en decidir. Para entonces, es posible que la nueva ley hipotecaria esté aprobada.

Sin embargo, este asunto brinda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que “un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo” y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.

El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro “ha incumplido la obligación de informar” sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.

En sus conclusiones, presentadas hoy, señala que “España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión”. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.

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Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La DGT adapta su doctrina sobre la tributación del ISD de los no residentes a la jurisprudencia del TJUE           

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de febrero, 2019

-España-

Los futuros herederos, residentes en la Comunidad de Madrid, de una persona de nacionalidad rusa, pero que tributa en España por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio y adquiere participaciones de una entidad holding residente en la Federación Rusa, conforme a lo establecido por el Supremo, en su Sentencia 242/2018, y conforme al principio de libertad de movimiento de capitales, en cuanto al ámbito de aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, deben presentar el Impuesto por los bienes que adquieran, con independencia del lugar donde estos se encuentren situados y tienen derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan, en este caso, según manifiestan, la Comunidad de Madrid.

Para la DGT, en Consulta Vinculante V3193-18, de 14 de diciembre de 2018, la normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es contraria a la normativa de la Unión Europea por no respetar el principio de libertad de movimiento de capitales, por ello, y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE sobre el alcance de este principio de libertad de movimiento de capitales, los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios, y ello tiene el efecto de que no procede la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, esto es, el régimen regulado en esta D.A. resulta aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un país tercero.

No siendo el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existiendo punto de conexión con ninguna de ellas, será el organismo competente para la exacción del impuesto la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).

Ahora bien, cuando se produzca el fallecimiento, no procederá la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 porque la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio es condición “sine qua non” para su aplicación.

Derecho Internacional / International Law

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Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo                      

Fuente: Noticias Jurídicas

15 de febrero, 2019

-Unión Europea-

El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como consecuencia de la inclusión en la lista, los bancos y demás entidades sujetas a las normas contra el blanqueo de capitales de la UE deberán aplicar una serie de controles reforzados (diligencia debida) sobre las operaciones en las que participen clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo, a fin de mejorar la detección de cualquier flujo monetario sospechoso. La lista se ha confeccionado tras un análisis en profundidad, con arreglo a una nueva metodología que recoge los criterios más estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde julio de 2018.

Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Hemos establecido las normas más estrictas del mundo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales pero, además, tenemos que cerciorarnos de que el dinero negro de otros países no acabe accediendo a nuestro sistema financiero. El dinero negro es vital para la delincuencia organizada y el terrorismo. Invito a los países que figuran en la lista a que corrijan sus deficiencias sin demora. La Comisión está dispuesta a colaborar estrechamente con ellos para hacer frente a estas cuestiones en interés mutuo».

La Comisión está obligada a realizar una evaluación autónoma e identificar a los terceros países de alto riesgo en virtud de la cuarta y la quinta directivas antiblanqueo.

La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros y publicado el 13 de noviembre de 2018. Los países examinados cumplían al menos uno de los siguientes criterios:

  • tener un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE
  • estar señalados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros extraterritoriales internacionales
  • tener relevancia económica y fuertes vínculos económicos con la UE.

La Comisión evaluó el nivel de amenaza de cada país, así como el marco jurídico y los controles adoptados para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su aplicación efectiva. La Comisión también tuvo en cuenta los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), referencia mundial en este ámbito.

La Comisión concluyó que 23 países presentan deficiencias estratégicas en sus mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este grupo se incluyen 12 países ya señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros 11 países y territorios más. Algunos de los países enumerados hoy ya figuraban en la anterior lista de la UE, que contenía 16 países.

Próximas etapas

La lista adoptada por la Comisión se enmarca en un Reglamento Delegado. Este se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación en el plazo de un mes (con una posible prórroga de un mes adicional). Una vez aprobado, el Reglamento Delegado se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

La Comisión seguirá trabajando con los países a los que se atribuyen deficiencias estratégicas en el Reglamento Delegado, colaborando especialmente en los criterios de retirada de la lista. Esta lista permite que los países afectados mejoren la delimitación de los ámbitos susceptibles de mejora, con el fin de preparar el camino hacia la posible retirada de la lista una vez superadas las deficiencias estratégicas.

La Comisión hará un seguimiento de los progresos realizados por los países que figuran en la lista, seguirá supervisando los que ya han sido reexaminados e iniciará la evaluación de otros países, en consonancia con la metodología publicada. La Comisión actualizará esta lista en consecuencia. También reflexionará sobre el refuerzo de su metodología donde lo aconseje la experiencia adquirida, con vistas a garantizar una identificación eficaz de los terceros países de alto riesgo y el seguimiento necesario.

Contexto

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una de las prioridades de la Comisión Juncker. El marco regulador de la UE se ha visto considerablemente reforzado con la adopción de la cuarta Directiva antiblanqueo (en vigor desde junio de 2015) y la quinta Directiva antiblanqueo (en vigor desde el 9 de julio de 2018).

A raíz de la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo en 2015, la Comisión publicó la primera lista europea de terceros países de alto riesgo basada en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. La quinta Directiva antiblanqueo amplía los criterios para la identificación de terceros países de alto riesgo e introduce, en particular, la disponibilidad de información sobre la titularidad real de sociedades e instrumentos jurídicos. Con ello se pretende atajar los riesgos derivados de la creación de sociedades fantasma y estructuras opacas a las que pueden recurrir los delincuentes y los terroristas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de una transacción (o con fines de evasión fiscal). La Comisión ha elaborado su propia metodología para identificar los países de alto riesgo, basada en la información del Grupo de Acción Financiera Internacional, así como en sus propios conocimientos especializados y en otras fuentes como Europol. El resultado es un enfoque más ambicioso para detectar los países con deficiencias que entrañan riesgos para el sistema financiero de la UE. La decisión de incluir en la lista a países que habían sido retirados de la misma responde a la evaluación de riesgos hecha en la actualidad con arreglo a la nueva metodología y no implica que la situación se haya deteriorado desde la última actualización.

La nueva lista publicada hoy sustituye a la que estaba vigente desde julio de 2018

Los 23 países y territorios son los siguientes:

1. Afganistán

2. Arabia Saudí

3. Bahamas

4. Botsuana

5. Etiopía

6. Ghana

7. Guam

8. Irak

9. Irán

10. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

11. Libia

12. Nigeria

13. Pakistán

14. Panamá

15. Puerto Rico

16. República Popular Democrática de Corea

17. Samoa

18. Samoa Americana

19. Siria

20. Sri Lanka

21. Trinidad y Tobago

22. Túnez

23. Yemen

Derecho Internacional

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La Justicia europea obligará a las empresas a registrar las horas de trabajo efectivas  

Fuente: El Economista España

31 de enero, 2019

-España-

El Abogado General de la Unión Europea considera que las empresas en España tienen la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva. En sus conclusiones presentadas hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el instructor asegura que la normativa comunitaria impone a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias.

“El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que no establezca esa obligación”, concluye el Abogado General Pitruzzella. “En cualquier caso, las conclusiones los Estados miembros tienen libertad para establecer la forma de registro del tiempo efectivo de trabajo que consideren más adecuada para conseguir que el Derecho de la Unión tenga efecto útil”, señala.

“Sin dicho sistema no es posible determinar con objetividad y certeza la cantidad de trabajo efectivamente realizado y su distribución temporal”, apunta el Abogado General

La medida, introducida en la pasada reforma laboral, tiene el objetivo de conocer las horas de trabajo que realmente realiza la plantilla, a fin de garantizar que los trabajadores puedan percibir sus horas extra. Sin embargo, la medida llegó al Supremo. El Alto Tribunal estimó que, con el redactado de la normativa, no se podía exigir un registro diario y minucioso de la jornada.

Por ello, el borrador presentado en diciembre por el Gobierno -pactado con los sindicatos- que incluye varias medidas en el ámbito laboral, modifica varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para garantizar que se materialice esta obligación.

Derechos de los trabajadores

El Abogado General considera que sin un sistema de cómputo del tiempo de trabajo no existe ninguna garantía de que se respeten efectivamente los límites temporales y, en consecuencia, de que se puedan ejercer sin obstáculos los derechos que la normativa europea confiere a los trabajadores. “Sin dicho sistema no es posible determinar con objetividad y certeza la cantidad de trabajo efectivamente realizado y su distribución temporal, como tampoco es posible diferenciar entre horas ordinarias y extraordinarias de trabajo”, apunta. “En ese supuesto también las autoridades públicas competentes para el control de la seguridad en el trabajo se ven privadas de la posibilidad de verificar y, en su caso, actuar contra los incumplimientos”, añade.

Las conclusiones subrayan que la inexistencia de un sistema de cómputo del tiempo de trabajo hace que sea mucho más difícil para el trabajador obtener la defensa judicial de sus derechos, puesto que se le priva de un primer indicio probatorio esencial.

El instructor concluye que la obligación de controlar el tiempo de trabajo diario desempeña una función esencial en orden al cumplimiento, por parte del empresario, del resto de obligaciones establecidas en la Directiva europea 2003/88 -relativa a la limitación de la duración máxima del trabajo y a los períodos de descanso diarios y semanales-, como son los límites de la duración de la jornada laboral, el descanso diario, los límites de la duración de la semana laboral, el descanso semanal y las relativas a las horas extraordinarias. “Estas obligaciones guardan relación no sólo con el derecho del trabajador y de sus representantes a poder controlar periódicamente la cantidad de trabajo realizado con fines retributivos, sino sobre todo con la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo”, apunta.

Derecho Económico y Comercial / Economic and Commercial Law

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imagesEl Plan General Contable se adapta a la legislación de la UE     

Fuente: El Economista España

08 del 10, 2018

-España-

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha abierto el periodo de información pública del real decreto que adapta el Plan General Contable (PGC) a la normativa de información financiera de la UE. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Ambiental / Environmental Law

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 images Europa falla en el control de la contaminación y desprotege la salud de los ciudadanos    

Fuente: El País

11/09/2018

El Tribunal de Cuentas Europeo ha auditado el sistema de la UE para luchar contra la contaminación atmosférica, un modelo que se basa en una directiva de 2008. Y concluye que los ciudadanos no tienen suficientemente protegida su salud. Una de las razones que destacan los auditores es la falta de eficacia de los procedimientos de infracción que abre la Comisión Europea a los Estados miembros, que se eternizan y necesitan años para llegar a una sanción. De hecho, aún no se ha multado a ningún Estado por la mala calidad del aire pese a que los incumplimientos son generalizados. Leer el resto de esta entrada »

Derecho Internacional / International Law

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Unión-EuropeaNuevas normas de la UE garantizan mayor protección a los consumidores que reserven vacaciones combinadas

Fuente: Noticias Juridicas

02 de julio 2018.

-Unión Europea-

A partir del domingo 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que consumidores.

No solo estarán cubiertas vacaciones combinadas tradicionales, las nuevas normas también protegerán a los consumidores que reserven otras formas de viajes combinados, como las vacaciones personalizadas, en las que los viajeros escogen los distintos elementos a través de un único punto de venta en línea o fuera de línea. Las nuevas normas también introducirán protección para los «servicios de viaje vinculados», es decir, aquellos en los que a los viajeros se les propone, bien a través de procesos de reserva paralelos cuando están contratando servicios de viaje en un punto de venta, bien tras haber reservado un servicio de viaje en una página web, contratar otro servicio en otra página web. Leer el resto de esta entrada »