UE

Derecho Internacional / International Law

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La Justicia europea autoriza a operar en toda la UE desde una única cuenta bancaria

Fuente: El Economista España

05 de septiembre, 2019

-Unión Europea-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechaza que las empresas puedan exigir a los clientes un domicilio en el país para pasarles los recibos. De esta forma, el Tribunal europeo establece el derecho de los consumidores a usar sus cuentas bancarias para operar en cualquier parte del territorio comunitario.

Según el TJUE, la normativa europea sobre transferencias y adeudos domiciliados en euros rechaza que se excluya el pago por adeudo domiciliado SEPA cuando el ordenante no tenga su domicilio en el mismo Estado miembro que aquel en el que el beneficiario haya establecido la sede de sus actividades.

El fallo recuerda que la normativa europea pretende permitir a los consumidores utilizar una única y misma cuenta de pago para toda operación realizada dentro de la Unión, reduciendo de este modo los costes vinculados al mantenimiento de varias cuentas de pago.

Los clientes pueden abonar los recibos desde el país de la Unión Europea en el que tengan su cuenta

“El Reglamento prohíbe expresamente al beneficiario del recibo designar el Estado miembro en el que debe situarse la cuenta de pago”, explica la sentencia, dictada hoy. “En la mayor parte de los casos los consumidores disponen de una cuenta de pago en el Estado miembro en el que tienen su domicilio”, señala.

Otros métodos de pago

El Tribunal de Justicia europeo entiende que “carece de pertinencia que el consumidor pueda utilizar métodos de pago alternativos, como la tarjeta de crédito, PayPal o la transferencia bancaria instantánea”. Sin embargo, reconoce que “es cierto que los beneficiarios de pagos siguen siendo libres de ofrecer o no a los ordenantes la posibilidad de realizar pagos por el régimen de adeudo domiciliado SEPA”. En cualquier caso, asegura que, cuando ofrecen dicha posibilidad, “no pueden supeditar la utilización de dicho método de pago a requisitos que menoscaben el efecto útil de la prohibición de imponer que la cuenta de pago esté situada en un Estado miembro determinada”.

El asunto parte de la denuncia de la asociación austríaca para la información de los consumidores. La institución impugnó ante los tribunales una cláusula incluida en las condiciones generales de transporte de la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn, conforme a la cual los billetes reservados en su página web sólo pueden pagarse mediante el régimen de adeudos domiciliados SEPA si se cumple el requisito de disponer de un domicilio en Alemania.

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Derecho Internacional / International Law

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Poland criticized for recent judicial reforms     

Source: Jurist

June 30, 2019

In a country visit report published Friday, Dunja Mijatović, the Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, said the Polish government needs to do more to preserve judicial independence, citing “wide-ranging judicial reforms [which] have met with serious concern” from stakeholders.

The Commissioner’s report is the culmination of a five day visit in which “the Commissioner held discussions on the independence of the judiciary and the prosecution service as well as issues pertaining to the rights of women, gender equality and domestic violence.”

Mijatović noted that Poland’s wide-ranging judicial reform has had a major impact on the country’s justice system. Since taking office in 2015 Poland’s Eurosceptic Law and Justice (PiS) party has enacted judicial reforms that many have said are “endangering the rule of law, democracy and human rights.” The reforms have impacted the effectiveness of the Poland’s Constitutional Tribunal, the country’s judicial body established to adjudicate disputes on the constitutionality of the activities of state institutions.

The commissioner expressed serious concerns with the independence of the judiciary and the prosecutorial service under the current system and ongoing reforms. Specifically noting the “publicly-financed campaign to discredit judges as well as negative statements made by high-ranking officials, the Commissioner recalled that members of the executive and the legislature have a duty to avoid criticism that would undermine the independence of or public confidence in the judiciary and urged the Polish authorities to exercise responsibility and to lead by example in their public discourse.”

The Commissioner urged the Polish authorities to take steps to resolve deadlock between the Constitutional Tribunal and the Executive Branch, “by recognising the legitimacy of the election of the three judges by the previous Sejm and by re-establishing dialogue and cooperation between the Constitutional Tribunal and other constitutional bodies.” (The Sejm is the lower-house of the Polish Parliament, responsible for choosing the 15 judges that make up the Constitutional Tribunal.)

Additionally, Mijatović noted serious concerns regarding the lowering of the retirement age for Supreme Court and Supreme Administrative Court, in which several judges were forcibly removed. A sentiment echoing the ruling of an EU Court on Monday, which held the lowering of the retirement age as contrary to EU law and principle.

The report also raised concerns for the lack of action toward addressing “a key judgment against Poland on access to abortion and the related care.” Mijatović noted “repeated attempts to further restrict Poland’s already very restrictive legislation governing access to abortion, including a bill currently pending in the Polish Parliament” which “seeks to roll back women’s access to their sexual and reproductive rights.”

The report indicates satisfaction with Poland’s average gender pay gap, which is among the lowest in the EU, but invites officials to “take measures to prevent and combat sexism and its manifestations in the public and private spheres.”

According to the report, violence against women and domestic violence is another area in which Poland is encouraged to act. The main concern is regarding the “abrupt and/or unexplained interruption of access to central government funding which affected several well-established and reputable women’s rights organisations, in recent years.” Mijatović “invites authorities to take steps to increase public awareness about domestic violence and to do more to identify and promote champions of women’s rights and gender equality. She also encourages all politicians and opinion-makers to give vocal support to the advancement of women’s rights, gender equality, and the fight against domestic violence.”

Watch the report in a nutshell (video).

Derecho de Familia / Family Law

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Un Reglamento de la UE impedirá sentencias entre países por la patria potestad discrepantes              

Fuente: El Economista España

02 de julio, 2019

-Unión Europea-

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado hoy un nuevo Reglamento que impedirá resoluciones discordantes ente países sobre asuntos de divorcio y responsabilidad paternal o patria potestad entre ciudadanos de distintos Estados de la Unión Europea, tal y como ocurre ahora

Los litigios familiares sobre la responsabilidad parental en matrimonios entre ciudadanos de distintos Estados de la UE tendrán una regulación armonizada sobre la competencia de los juzgados para evitar los actuales litigios originados porque cada uno de los padres quiere llevar los procedimientos a su país de origen o de residencia. 

No obstante, a fin de aumentar la eficacia de los acuerdos de elección de foro (de jurisdicción nacional), el propio Reglamento busca no convertirse en un obstáculo cuando los progenitores acepten, de común acuerdo, la competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro.

Así, se establece en el Reglamento 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2022, para que las normativas de los Veintiocho se adapten a las nuevas exigencias legales.  

La libre circulación de ciudadanos en Europa ha fomentado la creación de familias internacionales, en las que los padres tienen nacionalidades distintas o viven en un Estado distinto del país del que son nacionales. Cuando surgen litigios familiares, en particular en lo que respecta a los hijos, esto puede provocar dudas acerca del país en el que se debe juzgar el caso y acerca del efecto transfronterizo de cualquier resolución al respecto. 

El presente Reglamento establece, además, normas uniformes de competencia sobre el divorcio, la separación legal y la nulidad matrimonial. La norma, además, viene a facilitar la circulación en la Unión de las resoluciones, los documentos públicos y determinados acuerdos, al establecer disposiciones relativas a su reconocimiento y ejecución en otros Estados miembros.

Se trata de un texto legislativo que viene a armonizar los distintos regímenes jurídicos de los Estados comunitarios para que sean compatibles a fin de minimizar las complicaciones, demoras, angustia e incertidumbre de los menores en casos de litigios.  

Dado que la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad parental se produce a menudo en el marco de un procedimiento en materia matrimonial, se ha considerado apropiado tener un único instrumento en materia de divorcio y de responsabilidad parental.

En todos los asuntos que afecten a menores, y en particular en los asuntos de sustracción internacional de menores, los órganos jurisdiccionales deben contemplar la posibilidad de llegar a una solución a través de la mediación u otros medios apropiados, con la ayuda, cuando corresponda, de las redes y estructuras de apoyo existentes para la mediación en las controversias transfronterizas en materia de responsabilidad parental.

No obstante, la mediación puede no resultar siempre apropiada, en especial en los casos de violencia sobre la mujer. 

Las decisiones relativas a la restitución podrán recurrirse una sola vez, y el juez deberá considerar si en el ínterin debe ser ejecutable una resolución que ordene el retorno del menor.

El menor podrá expresarse

Por otra parte, el texto aclara el derecho del menor a que se le brinde ocasión de expresar su opinión en los procedimientos que le afecten y contiene asimismo disposiciones que complementan el Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores en lo referente a las relaciones entre Estados miembros.

Según la Comisión Europea, la nueva normativa garantizará que los niños que estén en condiciones de formarse un juicio propio tengan la oportunidad de expresar su opinión en todos los procedimientos que les afecten.

Esto se aplicará en especial a los procesos sobre la custodia y el derecho de visita, y sobre la restitución de menores en caso de que hayan sido sustraídos por uno de los padres. Además, los asuntos de sustracción parental de menores serán instruidos por un número limitado de tribunales.

De este modo, cuando la ejecución aún no haya tenido lugar en el plazo de seis semanas, el tribunal comunicará a la autoridad central requirente del Estado miembro de origen, o al solicitante, los motivos de la no ejecución en su momento. Además, el tribunal que haya dictado el fallo podrá declararla provisionalmente ejecutiva.

El presente Reglamento no debe aplicarse al establecimiento de la filiación, que es una cuestión distinta de la atribución de la responsabilidad parental, ni tampoco a las demás cuestiones ligadas al estado de las personas.

Derecho Internacional / International Law

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La Justicia Europea obliga a los Estados de la UE a establecer el registro de jornada     

Fuente: El Economista España

14 de mayo, 2019

-Unión Europea-

 Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita controlar la jornada laboral diaria, según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 14 de mayo de 2019.

No obstante, la medida que obliga a las empresas a establecer el control horario en España, entró en vigor el pasado 12 de mayo. 

Señala el ponente, el magistrado Eugene Regan, que corresponde a los Estados miembros definir los criterios de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

A este respecto, ha de recordarse que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos (sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C?397/01 a C?403/01, EU:C:2004:584, apartado 82; de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C?429/09, EU:C:2010:717, apartado 80, y de 6 de noviembre de 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C?684/16, EU:C:2018:874, apartado 41).

Del mismo modo, procede señalar que, habida cuenta de esta posición de debilidad, podría disuadirse al trabajador de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pudiera provocar que quedara expuesto a medidas adoptadas por el empresario que redundasen en perjuicio de las condiciones de trabajo del trabajador.

El magistrado cita las sentencias de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C?429/09, EU:C:2010:717, apartado 81, y de 6 de noviembre de 2018, Max?Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C?684/16, EU:C:2018:874.

Basa su determinación el magistrado en los artículos 3, 5 y 6 de la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, interpretados a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (TFUE) y la Directiva sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Señala Eugene Regan que “deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, según la interpretación de esa normativa adoptada por la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador”.

Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos de la Directiva

El Tribunal de Justicia comienza destacando la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal, consagrado en la Carta y cuyo contenido se ve precisado por la Directiva relativa al tiempo de trabajo.

Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido, sin que los criterios concretos elegidos para garantizar la aplicación de la Directiva puedan vaciar de contenido esos derechos. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos.

El Tribunal de Justicia observa que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias, lo que dificulta en extremo, cuando no imposibilita en la práctica, que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos.

En efecto, determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar si se han respetado la duración máxima del tiempo de trabajo semanal —que incluye las horas extraordinarias— y los períodos mínimos de descanso diario y semanal.

Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos.

Por consiguiente, una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional.

En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos.

Comprobar el cumplimiento

La demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank. fue presentada por CCOO ante la Audiencia Nacional, para que se dictase sentencia en la que se declarase la obligación de esta sociedad de establecer, con arreglo al artículo 35, apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores y a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1561/1995, un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza su plantilla, que permita comprobar el cumplimiento, por un lado, de los horarios de trabajo pactados y, por otro, de la obligación de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente.

Derecho Internacional/ International Law

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El Abogado General avala sancionar a España por no adoptar la Directiva sobre hipotecas       

Fuente: El Economista España

28 de marzo, 2019

-Unión Europea-

El Abogado General de la Unión Europea, Tanchev, asegura que España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106.000 euros hasta que adopte la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. “España ha incumplido sus obligaciones de informar, en consecuencia, debe imponerse una multa coercitiva diaria”, apunta.

La normativa ya está aprobada y entrará en vigor el próximo 16 de junio, por lo que es difícil que la sanción llegue a materializarse debido al tiempo que aún tardará el tribunal en decidir. Para entonces, es posible que la nueva ley hipotecaria esté aprobada.

Sin embargo, este asunto brinda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que “un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo” y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.

El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro “ha incumplido la obligación de informar” sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.

En sus conclusiones, presentadas hoy, señala que “España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión”. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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La DGT adapta su doctrina sobre la tributación del ISD de los no residentes a la jurisprudencia del TJUE           

Fuente: Noticias Jurídicas

26 de febrero, 2019

-España-

Los futuros herederos, residentes en la Comunidad de Madrid, de una persona de nacionalidad rusa, pero que tributa en España por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio y adquiere participaciones de una entidad holding residente en la Federación Rusa, conforme a lo establecido por el Supremo, en su Sentencia 242/2018, y conforme al principio de libertad de movimiento de capitales, en cuanto al ámbito de aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, deben presentar el Impuesto por los bienes que adquieran, con independencia del lugar donde estos se encuentren situados y tienen derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan, en este caso, según manifiestan, la Comunidad de Madrid.

Para la DGT, en Consulta Vinculante V3193-18, de 14 de diciembre de 2018, la normativa española que regula el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es contraria a la normativa de la Unión Europea por no respetar el principio de libertad de movimiento de capitales, por ello, y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE sobre el alcance de este principio de libertad de movimiento de capitales, los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, resultan aplicables a los residentes en países extracomunitarios, y ello tiene el efecto de que no procede la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, esto es, el régimen regulado en esta D.A. resulta aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un país tercero.

No siendo el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existiendo punto de conexión con ninguna de ellas, será el organismo competente para la exacción del impuesto la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (C/ Infanta Mercedes, nº 49. Madrid; registro en C/ Lérida, nº 32-34).

Ahora bien, cuando se produzca el fallecimiento, no procederá la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 porque la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio es condición “sine qua non” para su aplicación.

Derecho Internacional / International Law

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Nueva lista de la UE de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo                      

Fuente: Noticias Jurídicas

15 de febrero, 2019

-Unión Europea-

El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Como consecuencia de la inclusión en la lista, los bancos y demás entidades sujetas a las normas contra el blanqueo de capitales de la UE deberán aplicar una serie de controles reforzados (diligencia debida) sobre las operaciones en las que participen clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo, a fin de mejorar la detección de cualquier flujo monetario sospechoso. La lista se ha confeccionado tras un análisis en profundidad, con arreglo a una nueva metodología que recoge los criterios más estrictos de la quinta Directiva antiblanqueo, en vigor desde julio de 2018.

Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Hemos establecido las normas más estrictas del mundo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales pero, además, tenemos que cerciorarnos de que el dinero negro de otros países no acabe accediendo a nuestro sistema financiero. El dinero negro es vital para la delincuencia organizada y el terrorismo. Invito a los países que figuran en la lista a que corrijan sus deficiencias sin demora. La Comisión está dispuesta a colaborar estrechamente con ellos para hacer frente a estas cuestiones en interés mutuo».

La Comisión está obligada a realizar una evaluación autónoma e identificar a los terceros países de alto riesgo en virtud de la cuarta y la quinta directivas antiblanqueo.

La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros y publicado el 13 de noviembre de 2018. Los países examinados cumplían al menos uno de los siguientes criterios:

  • tener un impacto sistémico en la integridad del sistema financiero de la UE
  • estar señalados por el Fondo Monetario Internacional como centros financieros extraterritoriales internacionales
  • tener relevancia económica y fuertes vínculos económicos con la UE.

La Comisión evaluó el nivel de amenaza de cada país, así como el marco jurídico y los controles adoptados para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su aplicación efectiva. La Comisión también tuvo en cuenta los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), referencia mundial en este ámbito.

La Comisión concluyó que 23 países presentan deficiencias estratégicas en sus mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este grupo se incluyen 12 países ya señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros 11 países y territorios más. Algunos de los países enumerados hoy ya figuraban en la anterior lista de la UE, que contenía 16 países.

Próximas etapas

La lista adoptada por la Comisión se enmarca en un Reglamento Delegado. Este se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación en el plazo de un mes (con una posible prórroga de un mes adicional). Una vez aprobado, el Reglamento Delegado se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

La Comisión seguirá trabajando con los países a los que se atribuyen deficiencias estratégicas en el Reglamento Delegado, colaborando especialmente en los criterios de retirada de la lista. Esta lista permite que los países afectados mejoren la delimitación de los ámbitos susceptibles de mejora, con el fin de preparar el camino hacia la posible retirada de la lista una vez superadas las deficiencias estratégicas.

La Comisión hará un seguimiento de los progresos realizados por los países que figuran en la lista, seguirá supervisando los que ya han sido reexaminados e iniciará la evaluación de otros países, en consonancia con la metodología publicada. La Comisión actualizará esta lista en consecuencia. También reflexionará sobre el refuerzo de su metodología donde lo aconseje la experiencia adquirida, con vistas a garantizar una identificación eficaz de los terceros países de alto riesgo y el seguimiento necesario.

Contexto

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es una de las prioridades de la Comisión Juncker. El marco regulador de la UE se ha visto considerablemente reforzado con la adopción de la cuarta Directiva antiblanqueo (en vigor desde junio de 2015) y la quinta Directiva antiblanqueo (en vigor desde el 9 de julio de 2018).

A raíz de la entrada en vigor de la cuarta Directiva antiblanqueo en 2015, la Comisión publicó la primera lista europea de terceros países de alto riesgo basada en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional. La quinta Directiva antiblanqueo amplía los criterios para la identificación de terceros países de alto riesgo e introduce, en particular, la disponibilidad de información sobre la titularidad real de sociedades e instrumentos jurídicos. Con ello se pretende atajar los riesgos derivados de la creación de sociedades fantasma y estructuras opacas a las que pueden recurrir los delincuentes y los terroristas para ocultar a los verdaderos beneficiarios de una transacción (o con fines de evasión fiscal). La Comisión ha elaborado su propia metodología para identificar los países de alto riesgo, basada en la información del Grupo de Acción Financiera Internacional, así como en sus propios conocimientos especializados y en otras fuentes como Europol. El resultado es un enfoque más ambicioso para detectar los países con deficiencias que entrañan riesgos para el sistema financiero de la UE. La decisión de incluir en la lista a países que habían sido retirados de la misma responde a la evaluación de riesgos hecha en la actualidad con arreglo a la nueva metodología y no implica que la situación se haya deteriorado desde la última actualización.

La nueva lista publicada hoy sustituye a la que estaba vigente desde julio de 2018

Los 23 países y territorios son los siguientes:

1. Afganistán

2. Arabia Saudí

3. Bahamas

4. Botsuana

5. Etiopía

6. Ghana

7. Guam

8. Irak

9. Irán

10. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

11. Libia

12. Nigeria

13. Pakistán

14. Panamá

15. Puerto Rico

16. República Popular Democrática de Corea

17. Samoa

18. Samoa Americana

19. Siria

20. Sri Lanka

21. Trinidad y Tobago

22. Túnez

23. Yemen