Unión Europea

Propiedad Intelectual / Intellectual Property

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La libertad de información y de prensa no justifican una excepción a los derechos de autor     

Fuente: El Economista España

29 de julio, 2019

-Unión Europea-

 La empresa alemana Funke Medien NRW, gestiona el sitio web del periódico Westdeutsche Allgemeine Zeitung, solicitó en 2012 el acceso a todos los Udp – informes de la situación militar alemana- elaborados en los once años anteriores. Dicha solicitud fue denegada, alegándose que la divulgación de determinada información podría tener efectos nefastos para los intereses de seguridad de las Fuerzas Armadas. No obstante, Funke Medien obtuvo por medios desconocidos gran parte de los UdP y publicó varios bajo la denominación Afhanistan-Papiere ( Documentos de Afganistán).

Alegando que Funke Medien había vulnerado sus derechos de autor sobre estos UdP, la República Federal de Alemania presentó  contra la empresa una demanda ante los tribunales civiles alemanes, con el fin de lograr que cesara dicha vulneración. Este es el contexto en el que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) solicita que el Tribunal de Justicia interprete el Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los derechos de autor, en especial a la luz del derecho fundamental a la libertad de expresión.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia ha indicado que corresponde al órgano juridiccional nacional comprobar, ante todo, si concurren los requisitos para que UdP queden amparados por los derechos de autor, ya que estos informes solo pueden protegerse en virtud de los derechos de autor si constituyen una creación intelectual de su autor que refleje la personalidad de este y se manifieste por las decisiones libres y creativas que este haya tomado durante la elaboración de dichos UdP.

Además, ha añadido que si concurren tales requisitos y , por lo tanto, los informes de situación militar pueden considerarse “obras”, la libertad de información y la libertad de prensa no pueden justificar, al margen de las excepciones y limitaciones establecidas en la Directiva de los derechos de autor, una excepción a los derechos de autor, en especial, a los derechos exclusivos de reproducción y de comunicación al público del autor.

El Tribunal de Justicia también precisa, que dado que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene derechos que corresponden a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 52, apartado 3, de la Carta pretende asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que contiene esta y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH. Por consiguiente, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para efectuar la ponderación entre los derechos de autor y el derecho a la libertad de expresión, dicho Tribunal ha subrayado, en particular, que es necesario tener en cuenta el hecho de que el tipo de discurso o de información de que se trate tenga especial importancia, sobre todo, en el marco de debate político o de un debate que afecte al interés general. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia señala, haciendo hincapié en la forma en que Funke Medien publicó los UdP en Internet, que no cabe excluir que tal publicación pueda quedar comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad prevista por la Directiva sobre los derechos de autor.

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Derecho Civil / Civil Law

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La justicia europea no multará finalmente a España con 80 millones por el retraso de la nueva ley hipotecaria       

Fuente: El Economista España

30 de julio, 2019

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido archivar la sanción de 80 millones de euros que estudiaba imponer a España por el retraso de la aprobación de la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 15 de junio. Esta normativa debía haber sido aprobada, como tarde, el 21 de marzo de 2016 para transponer (adaptar a la legislación española) la directiva europea 2014/17 sobre Contratos de Crédito Inmobiliario.

De esta manera, España tardó más de tres años en adaptar la legislación nacional a las líneas maestras marcadas por la Unión Europea (UE). Un largo retraso que provocó que Bruselas llevara al país ante la justicia europea el 28 de abril de 2017 para que esta estudiara la imposición de una sanción de 80 millones de euros.

100.000 euros diarios

La cuantía de la sanción era resultado de la suma de los 100.000 euros por cada día de retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria. El Gobierno español acabó finalmente de transponer la normativa el pasado abril, por lo que solicitó a la Comisión Europea que retirara la demanda. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró entonces que el Ejecutivo haría “todo lo posible” para evitar la millonaria multa.

Finalmente, según ha comunicado el propio ministerio en nota de prensa este martes, Bruselas ha retirado la demanda al entender que España ha completado la transposición “con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan”. En consecuencia, el TJUE ha decidido archivar la sanción. O lo que es lo mismo, España se libra de la multa pese al incumplimiento de los plazos.

Entre otras cosas, la nueva ley aprobada por el parlamento español este año reduce los intereses de demora y aumenta el número de plazos mensuales impagados necesarios para que se pueda ejecutar un contrato hipotecario.

También hace “de aplicación permanente el Código de Buenas Prácticas”, como señalan desde el Ministerio de Economía, al que se han adherido gran parte de las entidades financieras del país.

Derecho Internacional / International Law

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El TS pregunta a Europa sobre la financiación del bono social  

Fuente: El Economista España

17 de julio, 2019

-España-

 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el bono social eléctrico.

Preguntan los magistrados en su auto, de 9 de julio de 2019, -al que ha tenido acceso elEconomista-, si es compatible con el Derecho europeo que la financiación del bono social recaiga sobre las matrices de los grupos empresariales que desarrollen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Objeta el auto, del que es ponente el magistrado Calvo Rojas, que “algunos de estos sujetos tienen muy escaso peso específico en el conjunto del sector, quedando en cambio eximidos de dicha carga otras entidades o grupos que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste”.

También, pregunta a los magistrados del TJUE, si es compatible con la exigencia de proporcionalidad de la Directiva sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad una ley nacional como ésta que ni se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, “sino de forma indefinida y sin retorno ni medida compensatoria alguna”.

Esta cuestión prejudicial es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo de este año, anuló la sentencia del Tribunal Supremo que había tumbado el anterior régimen de financiación del bono social eléctrico.

Esta sentencia consideraba que se ha lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías, toda vez que el TS había inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con la citada Directiva, “sin previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

Voto discrepante

El Auto del TS incluye un voto discrepante del magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, en la que considera que antes de consultar con el TJUE, el TS debería emitir una sentencia interpretativa sobre la cuestión. Además, el magistrado mantiene la tesis de que existe compatibilidad en la Normativa Española con el derecho de la Unión Europea.

Señala Bandres Sánchez-Cruzazt que el modelo de financiación del Bono Social podría considerarse avalado por la doctrina del TJUE, que considera legitima la decisión del legislador español, en sentencia de siete de agosto del 2018,al tratarse de una regulación por razones de interés económico general, al tratarse de facilitar el acceso del suministro eléctrico de aquellos usuarios definidos como vulnerables y de paliar la situaciones de pobreza energética.

Derecho Internacional / International Law

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La compañía del primer vuelo que sale de la UE responde del retraso del segundo tras la escala                           

Fuente: El Economista España

11 de junio, 2019

-Unión Europea-

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que la aerolínea que haya operado el primer vuelo en un viaje con escalas está obligado a compensar a los pasajeros que hayan sufrido un gran retraso en la llegada del segundo vuelo operado por otra compañía no comunitaria. “Un vuelo con una o más conexiones directas que ha sido objeto de una reserva única constituye una unidad a efectos del derecho a compensación de los pasajeros previsto por el Reglamento Europeo”, subraya la sentencia, dictada hoy.

De esta forma, un vuelo con conexión directa cuyo primer vuelo ha sido efectuado con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento aunque el segundo vuelo de ese vuelo con conexión directa haya sido efectuado por un transportista aéreo no comunitario con salida de un Estado tercero respecto de la Unión Europea y destino a otro Estado tercero.

“La aerolínea del primer vuelo no puede escudarse en la mala ejecución de un vuelo posterior operado por otro transportista aéreo”, asegura el Tribunal europeo

“Para que una compañía pueda ser calificada encargada de efectuar un vuelo, debe demostrarse que ese transportista ha llevado a cabo efectivamente el vuelo en cuestión”, explica el fallo. “En el marco de un vuelo con una o más conexiones directas que dan lugar a una reserva única, la aerolínea del primer vuelo no puede escudarse en la mala ejecución de un vuelo posterior operado por otro transportista aéreo”, añade.

El Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento reserva al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que ha debido abonar una compensación en favor de los pasajeros debido al gran retraso de un vuelo con conexión directa que da lugar a una reserva única, operado en parte por otro transportista en el marco de un acuerdo de código compartido, el derecho a dirigirse contra éste con el fin de obtener la reparación de esa carga económica.

Derecho Internacional / International Law

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El Tribunal europeo rechaza que los pasajeros puedan demandar a la aerolínea si ya han reclamado a la agencia de viajes           

Fuente: El Economista España

10 de julio, 2019

-Unión Europea-

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que los pasajeros que tienen derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes de avión no pueden reclamar también el reembolso a la compañía aérea. La sentencia, dictada hoy, subraya que “conllevaría sobreproteger injustificadamente a los pasajeros en perjuicio del transportista aéreo”.

El fallo establece que “la mera existencia de un derecho a reembolso, derivado de la Directiva sobre los viajes combinados, basta para excluir que un pasajero, cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado, pueda reclamar al transportista aéreo efectivo el reembolso de su billete en virtud del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos”.

El Tribunal europeo reconoce que el legislador no pretendió excluir totalmente del ámbito de aplicación del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos a los pasajeros cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado. Sin embargo, “optó por mantener respecto de ellos los efectos del sistema previamente instaurado por la Directiva sobre los viajes combinados, que se consideró suficientemente protector”.

“No son acumulables los derechos al reembolso del billete con arreglo al Reglamento y a la Directiva”, concluye la sentencia. Y ello, aunque la agencia de viajes no esté en condiciones económicas de reembolsar el billete y tampoco haya adoptado ninguna medida para garantizar dicho reembolso. “La aerolínea se expondría al riesgo de tener que asumir parcialmente la responsabilidad que incumbe al organizador de viajes”, destaca el Tribunal europeo.

El organizador de viajes ha de facilitar garantías suficientes para asegurar que los fondos depositados se reembolsarán en caso de insolvencia o de quiebra

En cualquier caso, el TJUE explica que la normativa europea establece, en particular, que el organizador de viajes ha de facilitar garantías suficientes para asegurar que los fondos depositados se reembolsarán en caso de insolvencia o de quiebra. Además, recuerda su jurisprudencia conforme a la cual una normativa nacional sólo es correcta si garantiza efectivamente a los pasajeros la devolución de todos los fondos que hayan depositado en caso de insolvencia del organizador de viajes. “En su defecto, el viajero afectado puede ejercitar, en todo caso, una acción de responsabilidad contra el Estado miembro de que se trate por los daños sufridos debido a la violación del Derecho de la Unión”, apunta.

Derecho Internacional / International Law

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Nueva Directiva europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público                      

Fuente: Noticias Jurídicas

05 de julio, 2019

-Unión Europea-

La Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, tiene por finalidad afrontar los obstáculos derivados de una amplia reutilización de la información del sector público en toda la Unión y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnologías digitales, estimulando la innovación digital, en especial en lo que respecta a inteligencia artificial.

Los cambios que introduce se centran en la prestación de acceso en tiempo real a los datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando el suministro de datos públicos valiosos para la reutilización, incluidos los de las empresas públicas, organizaciones que financian la investigación y organizaciones que realizan actividades de investigación, haciendo frente a la aparición de nuevas formas de acuerdos exclusivos; el uso de excepciones al principio de tarificación del coste marginal y la relación entre la nueva Directiva y determinados instrumentos jurídicos conexos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 96/9/CE, 2003/4/CE y 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La norma parte del hecho de que la información del sector público es una fuente extraordinaria de datos que pueden contribuir a mejorar el mercado único y al desarrollo de nuevas aplicaciones para los consumidores y las personas jurídicas, pudiendo tener el empleo inteligente de los datos, incluido su tratamiento a través de aplicaciones de inteligencia artificial, un efecto transformador en todos los sectores de la economía.

Ámbito de aplicación

Con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios, el texto incorpora un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de: a) los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros; b) los documentos conservados por empresas públicas que lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE –agua, energía, transportes y servicios postales–; o que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1370/2007; o como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1008/2008, o como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 3577/92, y c) los datos de investigación financiados públicamente.

La norma señala los documentos a los que no será aplicable, entre ellos los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión; los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros, o los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas.

Con base en todo ello, el texto establece que los Estados miembros velen por que los documentos a los que es de aplicación puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales. En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales.

Condiciones de reutilización

La nueva Directiva contiene las disposiciones aplicables al tratamiento de las solicitudes de reutilización y a la entrega, en su caso, de los documentos al solicitante, incluyendo los supuestos en los que se adopte una decisión negativa al respecto.

Asimismo regula las condiciones para llevar a cabo dicha reutilización. Los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, por medios electrónicos, en formas o formatos que sean abiertos, legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, conjuntamente con sus metadatos.

Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas. Ello no supone que los organismos del sector público estén obligados a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una operación simple. Además no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción y el almacenamiento de determinados tipos de documentos con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

La reutilización de documentos será gratuita. No obstante, podrá permitirse la recuperación de los costes marginales en que se incurra para la reproducción, puesta a disposición y difusión de los documentos, así como para la anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial. Se exceptúan los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público; las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos, y las empresas públicas. En estos casos el precio total se calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables a establecer por los Estados miembros.

Además, los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de su recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables. Y en el caso de tarifas estándar para la reutilización de documentos, las condiciones aplicables, así como el importe de dichas tarifas, incluida su base de cálculo, se fijarán de antemano y se publicarán, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

Por otra parte, la norma dispone que la reutilización de documentos no estará sujeta a condiciones, a menos que dichas condiciones sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un objetivo de interés público. Pero cuando la reutilización esté sujeta a condiciones, las mismas no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia. Asimismo, las licencias tipo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a aplicaciones concretas de la licencia, deben estar disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente, debiendo los Estados miembros alentar el uso de dichas licencias tipo.

El texto se refiere a la creación de dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados, debiendo los Estados miembros facilitar en la medida de lo posible la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas, en particular permitiendo la agregación de metadatos a escala de la Unión. También promoverán la creación por los organismos del sector público de dispositivos prácticos que faciliten la conservación de los documentos disponibles para su reutilización.

Por lo que respecta a los datos de investigación, los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los mismos adoptando políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a hacer que los datos de la investigación financiada públicamente sean plenamente accesibles.

No discriminación y prácticas comerciales justas

La norma impone que las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización, incluida la reutilización transfronteriza.

Además se refiere a los acuerdos exclusivos estableciendo que los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público o empresas públicas que estén en posesión de los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos, por cuanto la reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos.

No obstante el texto se ocupa de los supuestos en los que sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, en cuyo caso deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo, o cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, no siendo el período de exclusividad superior, por regla general, a diez años. Si lo fuera, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces.

Datos de alto valor

La norma contiene en el anexo I una lista de categorías temáticas de datos de alto valor: 1. Geoespacial; 2. Observación de la Tierra y medio ambiente; 3. Meteorología; 4. Estadística; 5. Sociedades y propiedad de sociedades, y 6. Movilidad.

La Comisión estará facultada para modificar el anexo I mediante la inclusión de nuevas categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor con el fin de reflejar los avances tecnológicos y de mercado. La definición de conjuntos de datos específicos de alto valor se basará en la valoración de su potencial para generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores; beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; contribuir a generar ingresos, o ser combinados con otros conjuntos de datos.

Dispone la norma que estos datos de alto valor estarán disponibles gratuitamente, a reserva de los apartados 3, 4 y 5; serán legibles por máquina; se suministrarán a través de API, y se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda.

La disponibilidad gratuita de conjuntos de datos de alto valor no se aplicará a conjuntos de datos específicos que obren en poder empresas públicas cuando el hecho de poner a disposición dichos conjuntos de datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsión de la competencia en los mercados correspondientes. El requisito de poner a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor no se aplicará a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

Modificaciones legislativas

– La Directiva 2003/98/CE queda derogada con efectos a partir del 17 de julio de 2021, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y las fechas de aplicación de las Directivas enumeradas en el anexo II, parte B. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la nueva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.

Entrada en vigor y transposición al derecho interno de cada país

La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, entra en vigor el 16 de julio de 2019, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva a más tardar el 17 de julio de 2021.

Derecho Internacional / International Law

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La Unión Europea aplicará nuevas normas y garantías en procesos penales     

Fuente: Noticias Jurídicas

11 de junio, 2019

Hoy entra en vigor la Directiva sobre salvaguardias especiales para los menores. Se trata de la última Directiva de la UE de una serie de seis que garantizan los derechos procesales de las personas en toda la UE, con lo que se completa todo el conjunto de derechos. 

Además de estos nuevos derechos para los menores, la Directiva por la que se garantiza el acceso a la asistencia jurídica comenzó a aplicarse el 5 de mayo. Este paquete de normas de la UE garantiza que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE a un trato justo y equitativo sean respetados en los procesos penales y aplicados de forma semejante en todos los Estados miembros.

Frans Timmermans, primer vicepresidente responsable del Estado de Derecho y de la Carta de los Derechos Fundamentales, declaró: «Todos los años, nueve millones de personas se ven envueltas en procesos penales en Europa. Un Estado de Derecho que funcione bien debe garantizar que cada ciudadano reciba un trato justo y equitativo ante la ley. Debemos seguir defendiendo y consolidando nuestro Estado de Derecho, con el fin de promover una fe inquebrantable en nuestros sistemas judiciales y su capacidad de proteger a todos nuestros ciudadanos y nuestras sociedades». 

V?ra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, añadió: «Los menores necesitan una protección especial en los procesos penales. Mediante las nuevas normas garantizamos que se respete su privacidad o que se mantengan separados de los adultos durante su detención. Además, ahora todas las personas en la UE pueden estar seguras de tener acceso a la asistencia jurídica gratuita si la necesitan. Es necesario hacer justicia, pero tenemos que cerciorarnos de que se haga en el pleno respeto de nuestros derechos y valores fundamentales». 

Ahora ya son aplicables los siguientes derechos:

•    Salvaguardias especiales para niños.Todos los años más de un millón de menores de edad se enfrentan a procesos penales en la UE. Los menores son vulnerables y precisan de protección especial en todas las fases de los procesos. Gracias a la nueva normativa que hoy entra en vigor, los menores estarán asistidos por un abogado y estarán separados de los adultos durante la detención si van a prisión. La privacidad debe ser respetada y se utilizarán medios audiovisuales o cualquier otra forma adecuada para grabar los interrogatorios.
•    Derecho a asistencia jurídica. Las personas sospechosas o acusadas tienen derecho a recibir asistencia jurídica, es decir, a recibir ayuda financiera, por ejemplo, si no tienen medios para hacer frente a los gastos del procedimiento.
•    Las normas de la UE definen criterios claros para la concesión de la asistencia jurídica. Las decisiones relativas a la asistencia jurídica han de ser tomadas a tiempo y con diligencia, y las personas deben ser informadas por escrito si su solicitud es denegada en su totalidad o en parte.

Esos derechos complementan a los demás derechos ya aplicables en la UE:

•    Derecho a la presunción de inocencia y a estar presente en el propio juicio. El concepto de presunción de inocencia existe en todos los Estados miembros de la UE pero las normas de la UE garantizan que este derecho se aplique de forma igualitaria en toda la UE. Las normas aclaran que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad recae en la acusación, y no es la persona acusada quien ha de demostrar que no es culpable.
•    Derecho a la asistencia de un letrado. Todo ciudadano que sea sospechoso o acusado, independientemente del lugar de la UE en que se encuentre, tiene derecho a contar con el asesoramiento de un letrado. También en los procedimientos de orden europea de detención se aplica el derecho a contar con un letrado, tanto en el Estado miembro de ejecución, como en el Estado miembro emisor de dicha orden.  
•    Derecho a la información. Las personas deben ser inmediatamente informadas del acto delictivo del que sean sospechosas o del que se les acuse. También han de ser informadas con prontitud acerca de sus derechos en los procesos penales, bien verbalmente o bien por escrito. Debe permitírseles el acceso a los materiales de su asunto.
•    Derecho a interpretación y a traducción. Deberán prestarse gratuitamente servicios de interpretación durante cualquier interrogatorio, incluidos los policiales, en todas las vistas y en cualquier audiencia intermedia necesaria, así como durante las reuniones fundamentales entre el interesado y su letrado.
 

Próximas etapas

Los Estados miembros que todavía no hayan incorporado las normas han de hacerlo cuanto antes. La Comisión Europea seguirá trabajando estrechamente con los Estados miembros para garantizar la correcta aplicación de esta normativa en beneficio de sus ciudadanos, organizando, entre otras cosas, talleres y reuniones de expertos.

Contexto

Los artículos 47 a 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protegen los derechos siguientes:

•    Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
•    Presunción de inocencia y derechos de la defensa.
•    Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas.

La Comisión Europea propuso la más reciente de estas tres Directivas sobre derechos procesales de los sospechosos y de los acusados en noviembre de 2013.

Las dos Directivas sobre el derecho a interpretación y a traducción y sobre el derecho a la información son aplicables en todos los Estados miembros, excepto en Dinamarca. Las otras cuatro Directivas (asistencia de un letrado, presunción de inocencia, derecho a asistencia jurídica y garantías para los menores) son aplicables en todos los Estados miembros, excepto en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca.