Unión Europea

Derecho Internacional / International Law

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Caso Junqueras: según el Abogado General del TJUE la adquisición del mandato parlamentario no puede supeditarse al cumplimiento de formalidad alguna

Fuente: Noticias Jurídicas

12 de noviembre, 2019

-Unión Europea-

La situación de Oriol Junqueras como eurodiputado quedará en manos del Parlamento Europeo. El Sr. Junqueras era vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña cuando el 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de autodeterminación. Posteriormente, fue promovido el proceso penal contra varias políticos, a quienes se reprochaba haber participado en un proceso de secesión. La situación de prisión provisional para el afectado se acordó desde el 2 de noviembre de 2017. 

Elección como eurodiputado y condena del Tribunal Supremo

Posteriormente, el Sr. Junqueras Vies resultó electo miembro del Parlamento Europeo en las elecciones del 26 de mayo de 2019, siendo así proclamado por el acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 2019. Sin embargo, el 14 de junio de 2019, el Tribunal Supremo denegó una autorización extraordinaria de salida del centro penitenciario para prestar la promesa o el juramento de acatar la Constitución española que la ley española exige a las personas electas miembros del Parlamento Europeo. 

El 20 de junio de 2019, ante la falta de acatamiento, la Junta Electoral Central declaró vacante el escaño correspondiente y suspendidas todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo. El político interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso de súplica contra el auto de 14 de junio de 2019, recurso en el que invocaba la inmunidad establecida en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea. 

Cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales relativas a esta inmunidad. El 14 de octubre de 2019,  el  Tribunal  Supremo  dictó  una  sentencia  por  la  que  condenó,  en  particular,   al   Sr. Junqueras Vies a trece años de prisión y a igual número de años de inhabilitación absoluta, a la vez que mantuvo la petición de decisión prejudicial.

En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Maciej Szpunar señala antes que nada la importancia constitucional que reviste este asunto, que plantea la cuestión de la distribución de los respectivos ámbitos de aplicación del Derecho de la Unión y de la ley de los Estados miembros por lo que respecta al proceso de adquisición de la condición de miembro del Parlamento.

El Abogado General señala en primer lugar que, mientras que el procedimiento electoral se rige por el Derecho nacional de los Estados miembros, el estatuto de los diputados al Parlamento, como representantes de los ciudadanos de la Unión elegidos por sufragio directo y miembros de una institución europea, sólo puede regirse por el Derecho de la Unión, so pena de menoscabar la independencia del Parlamento y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión en su conjunto. 

Adquisición del mandato parlamentario

Según el Sr. Szpunar, la adquisición del mandato parlamentario únicamente puede resultar del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna. Considera que la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española no constituye una etapa del proceso de elección al Parlamento Europeo en España y que este proceso debe considerarse concluido con la proclamación oficial de los resultados. 

En consecuencia, la condición de miembro del Parlamento debe considerarse adquirida únicamente en virtud de dicha proclamación y desde el momento en que esta última tiene lugar. El Acta de 1976 3 no permite a un Estado miembro suspender por ninguna razón el mandato de un miembro del Parlamento ni las prerrogativas que lleva consigo. Por ello  el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar esa elección adquiere, únicamente por ese hecho y desde ese momento, la condición de miembro del Parlamento, independientemente de cualquier formalidad ulterior que esté obligada a cumplir.

Establece, además, que los miembros del Parlamento gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país. El Abogado General estima que, si bien el contenido sustantivo de la inmunidad derivada del Derecho nacional depende de ese Derecho, la duración de la protección se rige, no obstante, por el Derecho de la Unión, en pie de igualdad para todos los diputados del Parlamento. 

En cuanto al momento en que tal diputado comienza a gozar de esa inmunidad, el Abogado General señala que la inmunidad se aplica a los diputados, en principio, desde la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento Europeo electo, momento en el que comienza a correr la duración de su mandato.

Por consiguiente, según el Sr. Szpunar, antes de la apertura de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo tras las elecciones, las autoridades nacionales del Estado miembro en el que el diputado en cuestión ha resultado electo están obligadas a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar los trámites del miembro del Parlamento necesarios para asumir efectivamente sus funciones y a suspender las medidas que ya estén en curso, salvo que hayan obtenido la suspensión de la inmunidad por el Parlamento. Esta obligación sólo se aplica a las medidas a las que atañe la inmunidad parlamentaria en virtud del Derecho nacional, al que se remite el Protocolo por lo que respecta al contenido material de la inmunidad. 

La decisión dependerá del Parlamento Europeo

No obstante, el Sr. Szpunar considera que, en la medida en que la sentencia de 14 de octubre de 2019 conlleva la anulación del mandato del Sr. Junqueras, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, pues su respuesta tendría carácter hipotético.

 En efecto, señala que el problema no radica en el fundamento de la privación de libertad del Sr. Junqueras Vies, sino en la pena accesoria de inhabilitación absoluta a la que también ha sido condenado. Esta pena entraña, en particular, la privación definitiva de todo cargo público, incluidos los electivos, así como de la elegibilidad. Dado que la elegibilidad al Parlamento depende del Derecho nacional, también se ve afectada por la inhabilitación absoluta. 

Por ello propone al Tribunal de Justicia que declare que, desde el momento en que el Derecho nacional de un Estado miembro reconoce la inmunidad a los miembros del Parlamento nacional, el artículo 9 del Protocolo debe interpretarse en el sentido de que corresponde al Parlamento europeo pronunciarse sobre la oportunidad de suspender o de mantener la inmunidad de uno de sus miembros.

Propiedad Intelectual / Intelectual Property

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El Tribunal General confirma la anulación de la marca de la Unión constituida por la forma del Cubo de Rubik

Fuente: Noticias Jurídicas

24 de octubre, 2019

-Unión Europea-

A petición de Seven Towns, sociedad británica que gestiona, entre otros, los derechos de propiedad intelectual sobre el «Cubo de Rubik», la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registró en 1999 como marca tridimensional de la Unión para «puzles tridimensionales» la siguiente forma cúbica:

En 2006, Simba Toys, productor de juguetes alemán, solicitó a la EUIPO que anulase la marca tridimensional alegando, concretamente, que ésta incorporaba una solución técnica consistente en su capacidad de rotación, y que dicha solución sólo podía protegerse mediante una patente, y no mediante una marca. La EUIPO desestimó su solicitud, por lo que Simba Toys interpuso ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso con el fin de que se anulara la resolución de la EUIPO.

El Tribunal General desestimó el recurso de Simba Toys mediante sentencia de 25 de noviembre de 2014,   al considerar que la forma cúbica controvertida no incorporaba una solución técnica que impidiera protegerla como marca. En particular, el Tribunal General declaró que la solución técnica que caracteriza al cubo de Rubik no resulta de las características de esta forma, sino más bien de un mecanismo interno invisible del cubo.

Simba Toys interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia, el cual, mediante su sentencia de 10 de noviembre de 2016,   anuló tanto la sentencia del Tribunal General como la resolución de la EUIPO. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia observó que, al examinar si procedía denegar el registro debido a que la forma cúbica controvertida incorporaba una solución técnica, la EUIPO y el Tribunal General deberían haber tenido en cuenta igualmente los elementos funcionales invisibles del producto representado mediante esa forma, como su capacidad de rotación.

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia, la EUIPO debía adoptar una nueva resolución tomando en consideración lo dispuesto por el Tribunal de Justicia. Mediante resolución de 19 de junio de 2017, la EUIPO declaró que la representación de la forma cúbica controvertida constaba de tres características esenciales: la forma de cubo en sí, las líneas negras y las caras cuadriculadas del cubo, y la diferencia de color de cada una de las seis caras del cubo. En este contexto, la EUIPO consideró que todas las características esenciales eran necesarias para obtener el resultado técnico consistente en hacer pivotar sobre un eje, vertical y horizontalmente, filas de cubos más pequeños de diferentes colores que forman parte de un cubo más grande hasta que los nueve cuadrados de cada cara de dicho cubo sean del mismo color. Ahora bien, dado que el Reglamento sobre la marca de la Unión   no permite registrar una forma cuyas características esenciales sean necesarias para obtener un resultado técnico, la EUIPO concluyó que la marca controvertida había sido registrada incumpliendo dicho Reglamento, por lo que anuló su registro.

Rubik’s Brand Ltd, propietario actual de la marca controvertida, impugnó esta última resolución de la EUIPO ante el Tribunal General.

Mediante su sentencia de hoy (disponible aquí), el Tribunal General comienza declarando que la resolución de la EUIPO adolece de un error de apreciación, en la medida en que la EUIPO consideró que la diferencia de color de cada una de las seis caras del cubo constituía una característica esencial de la marca controvertida. A este respecto, el Tribunal General precisa, por un lado, que Rubik’s Brand no ha afirmado en ningún momento que considerara que la eventual presencia de colores en cada una de las caras del cubo tuviera un papel importante en el registro de la marca controvertida y, por otro lado, que un simple análisis visual de la representación gráfica de esta marca no permite distinguir con suficiente precisión la existencia de un color diferente en cada una de las seis caras del cubo.

A continuación, el Tribunal General confirma la validez de la definición del resultado técnico que figura en la resolución impugnada. En este contexto, por un lado, el Tribunal General observa que la forma cúbica controvertida representa el aspecto del producto concreto para el que se solicitó el registro, en el presente asunto, el puzle tridimensional conocido como «Cubo de Rubik». Por otro lado, el Tribunal General señala que este producto es un juego cuya finalidad es reconstituir un puzle tridimensional de colores y con forma de cubo formando seis caras de diferente color y que dicha finalidad se alcanza haciendo pivotar sobre un eje, vertical y horizontalmente, filas de cubos más pequeños de diferentes colores que forman parte de un cubo más grande hasta que los nueve cuadrados de cada cara sean del mismo color.

En cuanto al análisis de la funcionalidad de las características esenciales de la marca controvertida, el Tribunal General estima, al igual que la EUIPO, que la característica esencial relativa a las líneas negras que se entrecruzan, horizontal y verticalmente, en cada una de las caras del cubo, dividiéndolas en nueve cubos pequeños y de iguales dimensiones repartidos en filas de tres por tres, es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido.

Efectivamente, estas líneas negras representan una separación física entre los diferentes cubos pequeños, lo que permite al jugador girar cada fila de cubos pequeños de forma independiente para reagruparlos, en el color deseado, en las seis caras del cubo. Dicha separación física es necesaria para hacer pivotar, vertical y horizontalmente, gracias a un mecanismo alojado en el centro del cubo, las diversas filas de cubos pequeños. Sin esta separación física, el cubo no sería más que un bloque uniforme, sin elementos individuales que pudieran moverse de forma independiente.

En lo que respecta a la característica esencial constituida por la forma de cubo en sí, el Tribunal General declara, al igual que la EUIPO, que la forma cúbica es inherente, por un lado, a la estructura cuadriculada, formada por las líneas negras entrecruzadas en cada una de las caras del cubo y que dividen cada una de ellas en nueve cubos pequeños de iguales dimensiones repartidos en filas de tres por tres, y, por otro lado, a la función del producto controvertido concreto, que consiste en hacer pivotar horizontal y verticalmente las filas de cubos pequeños. Habida cuenta de estos elementos, el producto sólo puede tener, en efecto, forma de cubo, es decir, de hexaedro regular.

En estas circunstancias, el Tribunal General concluye que, si bien las diferencias de color de cada una de las seis caras del cubo no constituyen una característica esencial de la marca controvertida, las dos características de esta marca que han sido correctamente calificadas de esenciales por la EUIPO son necesarias para obtener el resultado perseguido por el producto, representado por la forma cúbica controvertida, de manera que esta última no debería haber podido registrarse como marca de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal General confirma la resolución impugnada y desestima el recurso de Rubik’s Brand.

Propiedad Intelectual / Intellectual Property

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La libertad de información y de prensa no justifican una excepción a los derechos de autor     

Fuente: El Economista España

29 de julio, 2019

-Unión Europea-

 La empresa alemana Funke Medien NRW, gestiona el sitio web del periódico Westdeutsche Allgemeine Zeitung, solicitó en 2012 el acceso a todos los Udp – informes de la situación militar alemana- elaborados en los once años anteriores. Dicha solicitud fue denegada, alegándose que la divulgación de determinada información podría tener efectos nefastos para los intereses de seguridad de las Fuerzas Armadas. No obstante, Funke Medien obtuvo por medios desconocidos gran parte de los UdP y publicó varios bajo la denominación Afhanistan-Papiere ( Documentos de Afganistán).

Alegando que Funke Medien había vulnerado sus derechos de autor sobre estos UdP, la República Federal de Alemania presentó  contra la empresa una demanda ante los tribunales civiles alemanes, con el fin de lograr que cesara dicha vulneración. Este es el contexto en el que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) solicita que el Tribunal de Justicia interprete el Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los derechos de autor, en especial a la luz del derecho fundamental a la libertad de expresión.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia ha indicado que corresponde al órgano juridiccional nacional comprobar, ante todo, si concurren los requisitos para que UdP queden amparados por los derechos de autor, ya que estos informes solo pueden protegerse en virtud de los derechos de autor si constituyen una creación intelectual de su autor que refleje la personalidad de este y se manifieste por las decisiones libres y creativas que este haya tomado durante la elaboración de dichos UdP.

Además, ha añadido que si concurren tales requisitos y , por lo tanto, los informes de situación militar pueden considerarse “obras”, la libertad de información y la libertad de prensa no pueden justificar, al margen de las excepciones y limitaciones establecidas en la Directiva de los derechos de autor, una excepción a los derechos de autor, en especial, a los derechos exclusivos de reproducción y de comunicación al público del autor.

El Tribunal de Justicia también precisa, que dado que en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene derechos que corresponden a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 52, apartado 3, de la Carta pretende asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que contiene esta y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH. Por consiguiente, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para efectuar la ponderación entre los derechos de autor y el derecho a la libertad de expresión, dicho Tribunal ha subrayado, en particular, que es necesario tener en cuenta el hecho de que el tipo de discurso o de información de que se trate tenga especial importancia, sobre todo, en el marco de debate político o de un debate que afecte al interés general. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia señala, haciendo hincapié en la forma en que Funke Medien publicó los UdP en Internet, que no cabe excluir que tal publicación pueda quedar comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la información sobre acontecimientos de actualidad prevista por la Directiva sobre los derechos de autor.

Derecho Civil / Civil Law

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La justicia europea no multará finalmente a España con 80 millones por el retraso de la nueva ley hipotecaria       

Fuente: El Economista España

30 de julio, 2019

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido archivar la sanción de 80 millones de euros que estudiaba imponer a España por el retraso de la aprobación de la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 15 de junio. Esta normativa debía haber sido aprobada, como tarde, el 21 de marzo de 2016 para transponer (adaptar a la legislación española) la directiva europea 2014/17 sobre Contratos de Crédito Inmobiliario.

De esta manera, España tardó más de tres años en adaptar la legislación nacional a las líneas maestras marcadas por la Unión Europea (UE). Un largo retraso que provocó que Bruselas llevara al país ante la justicia europea el 28 de abril de 2017 para que esta estudiara la imposición de una sanción de 80 millones de euros.

100.000 euros diarios

La cuantía de la sanción era resultado de la suma de los 100.000 euros por cada día de retraso en la aprobación de la nueva ley hipotecaria. El Gobierno español acabó finalmente de transponer la normativa el pasado abril, por lo que solicitó a la Comisión Europea que retirara la demanda. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró entonces que el Ejecutivo haría “todo lo posible” para evitar la millonaria multa.

Finalmente, según ha comunicado el propio ministerio en nota de prensa este martes, Bruselas ha retirado la demanda al entender que España ha completado la transposición “con la entrada en vigor de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y del real decreto y la orden ministerial que la desarrollan”. En consecuencia, el TJUE ha decidido archivar la sanción. O lo que es lo mismo, España se libra de la multa pese al incumplimiento de los plazos.

Entre otras cosas, la nueva ley aprobada por el parlamento español este año reduce los intereses de demora y aumenta el número de plazos mensuales impagados necesarios para que se pueda ejecutar un contrato hipotecario.

También hace “de aplicación permanente el Código de Buenas Prácticas”, como señalan desde el Ministerio de Economía, al que se han adherido gran parte de las entidades financieras del país.

Derecho Internacional / International Law

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El TS pregunta a Europa sobre la financiación del bono social  

Fuente: El Economista España

17 de julio, 2019

-España-

 La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el bono social eléctrico.

Preguntan los magistrados en su auto, de 9 de julio de 2019, -al que ha tenido acceso elEconomista-, si es compatible con el Derecho europeo que la financiación del bono social recaiga sobre las matrices de los grupos empresariales que desarrollen actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Objeta el auto, del que es ponente el magistrado Calvo Rojas, que “algunos de estos sujetos tienen muy escaso peso específico en el conjunto del sector, quedando en cambio eximidos de dicha carga otras entidades o grupos que pueden estar en mejores condiciones para asumir aquel coste”.

También, pregunta a los magistrados del TJUE, si es compatible con la exigencia de proporcionalidad de la Directiva sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad una ley nacional como ésta que ni se establece con carácter excepcional, ni con un alcance temporal limitado, “sino de forma indefinida y sin retorno ni medida compensatoria alguna”.

Esta cuestión prejudicial es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, que en marzo de este año, anuló la sentencia del Tribunal Supremo que había tumbado el anterior régimen de financiación del bono social eléctrico.

Esta sentencia consideraba que se ha lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías, toda vez que el TS había inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con la citada Directiva, “sin previamente recabar un pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”.

Voto discrepante

El Auto del TS incluye un voto discrepante del magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, en la que considera que antes de consultar con el TJUE, el TS debería emitir una sentencia interpretativa sobre la cuestión. Además, el magistrado mantiene la tesis de que existe compatibilidad en la Normativa Española con el derecho de la Unión Europea.

Señala Bandres Sánchez-Cruzazt que el modelo de financiación del Bono Social podría considerarse avalado por la doctrina del TJUE, que considera legitima la decisión del legislador español, en sentencia de siete de agosto del 2018,al tratarse de una regulación por razones de interés económico general, al tratarse de facilitar el acceso del suministro eléctrico de aquellos usuarios definidos como vulnerables y de paliar la situaciones de pobreza energética.

Derecho Internacional / International Law

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La compañía del primer vuelo que sale de la UE responde del retraso del segundo tras la escala                           

Fuente: El Economista España

11 de junio, 2019

-Unión Europea-

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que la aerolínea que haya operado el primer vuelo en un viaje con escalas está obligado a compensar a los pasajeros que hayan sufrido un gran retraso en la llegada del segundo vuelo operado por otra compañía no comunitaria. “Un vuelo con una o más conexiones directas que ha sido objeto de una reserva única constituye una unidad a efectos del derecho a compensación de los pasajeros previsto por el Reglamento Europeo”, subraya la sentencia, dictada hoy.

De esta forma, un vuelo con conexión directa cuyo primer vuelo ha sido efectuado con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento aunque el segundo vuelo de ese vuelo con conexión directa haya sido efectuado por un transportista aéreo no comunitario con salida de un Estado tercero respecto de la Unión Europea y destino a otro Estado tercero.

“La aerolínea del primer vuelo no puede escudarse en la mala ejecución de un vuelo posterior operado por otro transportista aéreo”, asegura el Tribunal europeo

“Para que una compañía pueda ser calificada encargada de efectuar un vuelo, debe demostrarse que ese transportista ha llevado a cabo efectivamente el vuelo en cuestión”, explica el fallo. “En el marco de un vuelo con una o más conexiones directas que dan lugar a una reserva única, la aerolínea del primer vuelo no puede escudarse en la mala ejecución de un vuelo posterior operado por otro transportista aéreo”, añade.

El Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento reserva al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que ha debido abonar una compensación en favor de los pasajeros debido al gran retraso de un vuelo con conexión directa que da lugar a una reserva única, operado en parte por otro transportista en el marco de un acuerdo de código compartido, el derecho a dirigirse contra éste con el fin de obtener la reparación de esa carga económica.

Derecho Internacional / International Law

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El Tribunal europeo rechaza que los pasajeros puedan demandar a la aerolínea si ya han reclamado a la agencia de viajes           

Fuente: El Economista España

10 de julio, 2019

-Unión Europea-

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que los pasajeros que tienen derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes de avión no pueden reclamar también el reembolso a la compañía aérea. La sentencia, dictada hoy, subraya que “conllevaría sobreproteger injustificadamente a los pasajeros en perjuicio del transportista aéreo”.

El fallo establece que “la mera existencia de un derecho a reembolso, derivado de la Directiva sobre los viajes combinados, basta para excluir que un pasajero, cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado, pueda reclamar al transportista aéreo efectivo el reembolso de su billete en virtud del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos”.

El Tribunal europeo reconoce que el legislador no pretendió excluir totalmente del ámbito de aplicación del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos a los pasajeros cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado. Sin embargo, “optó por mantener respecto de ellos los efectos del sistema previamente instaurado por la Directiva sobre los viajes combinados, que se consideró suficientemente protector”.

“No son acumulables los derechos al reembolso del billete con arreglo al Reglamento y a la Directiva”, concluye la sentencia. Y ello, aunque la agencia de viajes no esté en condiciones económicas de reembolsar el billete y tampoco haya adoptado ninguna medida para garantizar dicho reembolso. “La aerolínea se expondría al riesgo de tener que asumir parcialmente la responsabilidad que incumbe al organizador de viajes”, destaca el Tribunal europeo.

El organizador de viajes ha de facilitar garantías suficientes para asegurar que los fondos depositados se reembolsarán en caso de insolvencia o de quiebra

En cualquier caso, el TJUE explica que la normativa europea establece, en particular, que el organizador de viajes ha de facilitar garantías suficientes para asegurar que los fondos depositados se reembolsarán en caso de insolvencia o de quiebra. Además, recuerda su jurisprudencia conforme a la cual una normativa nacional sólo es correcta si garantiza efectivamente a los pasajeros la devolución de todos los fondos que hayan depositado en caso de insolvencia del organizador de viajes. “En su defecto, el viajero afectado puede ejercitar, en todo caso, una acción de responsabilidad contra el Estado miembro de que se trate por los daños sufridos debido a la violación del Derecho de la Unión”, apunta.