Venezuela

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

Colombia otorgará la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en su territorio a partir de 2015

Fuente: Naciones Unidas

06 de agosto, 2019

Más de 24.000 niños que corrían el riesgo de convertirse en parias por haber nacido en Colombia de migrantes venezolanos podrán ahora obtener la nacionalidad del país de acogida. La Organización Internacional para las Migraciones encomió la medida y junto con UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiado hará una campaña para informar sobre la medida.

Más de 24.000 niños nacidos en Colombia a partir de 2015 de padres migrantes venezolanos podrán ostentar lanacionalidad colombiana gracias a una medida administrativa excepcional y temporal anunciada el lunes por el presidente del país de acogida, Iván Duque.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acogió con beneplácito esta decisión, que evitará que miles de menores se conviertan en apátridas y que “confirma el compromiso [del Gobierno colombiano] con los derechos humanos y las convenciones internacionales al garantizar a los niños y niñas el derecho a una nacionalidad, independientemente de su condición migratoria”.

La jefa de la Misión de la OIM en Colombia afirmó que la resolución es una contribución para lograr un proceso de migración regular y seguro que, “con suerte, facilitaría el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños venezolanos, así como su integración a la sociedad”.

La medida entrará en vigor el 20 de agosto próximo y amparará a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015.

Según la OIM, la nueva provisión representa un paso muy importante hacia la protección integral de uno de los colectivos más vulnerables.

Campaña de información

Para enterar a la población migrante venezolana asentada en Colombia de este nuevo derecho, la Oficina Nacional de Registros llevará a cabo la campaña de información “Primero la Niñez”, apoyada por la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La campaña detallará cómo acceder a este derecho, qué trámites seguir, la fecha de entrada en vigor de la iniciativa y el papel de las diferentes entidades en el proceso.

Los datos oficiales de Colombia indican que hasta el 30 de junio de 2019 había más de 1,4 millones de venezolanos su territorio, lo que lo hace el país con el mayor número de migrantes de Venezuela en la región.

Según las agencias de la ONU, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo ha superado los 4 millones.

Anuncios

Derecho Internacional / International Law

Posted on

Piden a la ONU crear una comisión internacional de investigación sobre Venezuela    

Fuente: Panorama RIDH

05 de junio, 2019

En la presentación de su informe sobre Venezuela el pasado viernes en Ginebra, Michelle Bachelet compartió el panel principal con Feliciano Reyna, reconocido defensor venezolano, quien pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una comisión internacional de investigación que permita esclarecer las violaciones ocurridas en Venezuela y determinar quiénes fueron los responsables.

Reyna habló en nombre de la sociedad civil venezolana y solicitó además al Consejo exhortar a los Estados de acogida de migrantes y refugiados a unificar políticas y prácticas para brindarles una “verdadera protección internacional”. De igual manera, pidió abogar por una salida a la crisis política “articulando esfuerzos nacionales e internacionales, como el de Oslo” y demandó “acciones firmes” del secretario general de la ONU y de la alta comisionada.

El Grupo de Lima había expresado la idea de crear una comisión internacional de investigación en un comunicado del pasado 25 de febrero. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ninguna acción en ese sentido, probablemente porque el Consejo ya tiene vigente una resolución con respecto a Venezuela, que llevó, precisamente, a la elaboración del informe publicado el jueves pasado.

Ese mandato, no obstante, culmina en septiembre, cuando la alta comisionada presentará una actualización oral de su informe en el marco de la 42. ª sesión del Consejo. Para ese momento, es de esperar que los Estados miembros del Grupo de Lima lideren la negociación de una resolución para crear un organismo semejante. Para ser aprobada, esta iniciativa necesitaría la mayoría de los votos de los 47 Estados miembros del Consejo.

Organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch, al tomar la palabra luego de las intervenciones de los Estados dieron su respaldo a la idea de crear una comisión de investigación.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, Bachelet manifestó, por el contrario, que la relación con Venezuela “está en otro momento”, toda vez que las autoridades están permitiendo el acceso de la ONU al país luego de años de cierre casi absoluto.

Para ella, antes de crear una comisión de investigación sería más prudente darle tiempo al Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos con su oficina, que incluyen la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el acceso ilimitado de su equipo a centros de privación de la libertad, la cooperación con los dos miembros de su oficina que permanecen en el país y la visita de diez expertos de la ONU durante los próximos dos años.

¿Qué son las comisiones de investigación de la ONU?

En escenarios de violaciones graves de derechos humanos, la ONU ha decidido establecer comisiones de investigación que han operado bajo este nombre, o como misiones de determinación de los hechos. A diferencia de los relatores especiales y los expertos independientes, estas comisiones pueden ser establecidas por órganos diferentes al Consejo de Derechos Humanos, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.

Aunque todas son diferentes y creadas según las características del lugar donde van a operar, tienen en común que son mecanismos temporales y no jurídicos establecidos para investigar las denuncias sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o del derecho penal internacional.

Al hacerlo, estos organismos recopilan información y evidencias que permiten establecer responsabilidades y que pueden servir en posteriores juicios contra los perpetradores. De igual manera, las comisiones formulan recomendaciones a los Estados para frenar las violaciones y reparar a las víctimas.

Actualmente existen tres comisiones de investigación: una para Siria, otra para Burundi y otra más para Palestina. Esta última estudia específicamente los hechos ocurridos durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno en 2018. También existen la Misión de determinación de los hechos en Myanmar, el Grupo de expertos eminentes sobre Yemen, la Comisión para los derechos humanos en Sudán del Sur y el Grupo de expertos internacionales sobre la región de Kasai, en la República Democrática del Congo.

Derecho Internacional / International Law

Posted on

Guyana – Venezuela: Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella

Fuente: Blog Derecho Internacional

 23 de abril, 2019

En un comunicado oficial con fecha del 17 de abril del 2019, Venezuela informó que reiteró nuevamente al juez internacional su negativa a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana en su contra en el mes de mayo del 2018. En su comunicado (véase enlace oficial que contiene el texto completo), Venezuela indica que: “reitera su no comparecencia en dicho procedimiento por estimar, en ejercicio pleno de su soberanía, que la Corte carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso, siendo el objeto de la demanda de la República Cooperativa de Guyana inadmisible“. 

Como se recordará, en marzo del 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de la Haya en aras de resolver la persistente controversia territorial entre ambos Estados que dió lugar a una sentencia arbitral en 1899, declarada nula por Venezuela en los años 40, llevando a Venezuela y al Reino Unido a suscribir un tratado en 1966 (véase texto completo) sobre la necesidad de precisar la frontera de la Guyana Británica. El texto de la demanda presentada por Guyana en el 2018 ante la CIJ está disponible en francés y en inglés. En la petitoria final con la que concluye su demanda, Guyana solicita a la CIJ, entre otros puntos, que declare como perfectamente válida la sentencia arbitral de 1899 (párrafo 55). 

La base de competencia usada por Guyana en su demanda contra Venezuela es una carta del Secretario General de Naciones Unidas del 30 de enero del 2018, recomendando que sea la CIJ la entidad a la que ambos Estados remitan su controversia, lo cual es considerado inaceptable por parte de Venezuela: la carta – de tres páginas – está reproducida en el Anexo 7 de los Anexos a la demanda que presentó Guyana a la CIJ. 

Como bien es sabido, desde la perspectiva jurídica internacional, uno de los principios básicos del arreglo judicial es el consentimiento previo de los Estados a remitir su controversia al juez internacional, sea mediante un tratado o bien mediante el juego de la declaraciones previstas en el párrafo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ. El procedimiento contencioso ante la CIJ prevé una primera etapa procesal cuando el Estado demandado objeta la competencia del juez internacional: la etapa de las excepciones preliminares, a la que Venezuela ha considerado oportuno no participar. 

La reiteración de la posición venezolana externada en junio del 2018 

El 18 de junio del 2018, Venezuela emitió un primer comunicado oficial en el que informaba que había señalado a la CIJ que no participaría al procedimiento: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota titulada “Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)” (véase texto) en la que indicábamos que: “Desde el punto de vista estríctamente jurídico, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ, ni haber suscrito el Pacto de Bogotá (que abre la posibilidad para un Estado del hemisferio de demandar a otro ante la CIJ), Venezuela ha optado por defender un principio angular en derecho internacional como lo es el consentimiento previo del Estado a someterse a la justicia internacional“. 

El texto completo de este primer comunicado difundido por la diplomacia de Venezuela se encuentra reproducido al final de la nota precitada. 

La ordenanza de la CIJ de julio del 2018 

Tal y como lo habíamos analizado, la CIJ había fijado mediante una primera ordenanza adoptada el 2 de julio del 2018 (véase texto en francés y en inglés) los plazos para la entrega de la memoria de Guyana y la contramemoria de Venezuela. En su decisión, la CIJ tomó nota de la posición externada por Venezuela, pero consideró oportuno permitir a ambos Estados presentarle sus respectivos argumentos sobre su competencia. Remitimos de igual forma al lector a nuestra breve nota al respecto publicada en el sitio jurídico especializado de CIARGlobal, titulada “La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes” en la que analizamos algunos detalles poco conocidos de la demanda guyanesa y algunos precedentes con relación a la práctica de la no comparecencia de un Estado ante la CIJ. 

Como nos permitimos en aquella ocasión indicarlo, mediante esta ordenanza de julio del 2018: “la CIJ busca permitirle a Venezuela objetar su competencia: una opción de la que se privaría la misma Venezuela al mantener incólume su posición de no participar en el procedimiento contencioso“. 

Como lo veremos a continuación, esta última afirmación amerita algunos bemoles, según se desprende de la lectura del último comunicado oficial de Venezuela reiterando que no comparecerá ante la justicia de La Haya. 

No comparecer y no defender su posición: matices y sombras 

La ausencia de Venezuela en el procedimiento ante los jueces de La Haya no equivale necesariamente a un mutismo absoluto por parte de Venezuela ante el juez. La no comparecencia puede entenderse como una negativa de un Estado a participar a un procedimiento al que no aceptó someterse. Puede también entenderse de una forma ligeramente distinta, como un acto de rebeldía que prohibe toda comunicación con el juez. Todo siendo cuestión de colores y de matices, cada Estado no compareciente escoge la conducta que asumirá ante la CIJ. 

A ese respecto, el juez internacional tiene bastante claro que le corresponderá a él mismo proceder a verificar la solidez de los argumentos avanzados por el Estado demandante. Al pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos de 1984, la CIJ, en su fallo de 1986 sobre el fondo (etapa a la que no participó Estados Unidos pese a haberlo hecho en la fase sobre excepciones perliminares) precisó que: 

L’Etat qui décide de ne pas comparaître doit accepter les conséquences de sa décision, dont la première est que l’instance se poursuivra sans lui ; il reste cependant partie au procès et le futur arrêt le lie conformément à I’article 59 du Statut. Il est néanmoins hors de question que la Cour se prononce automatiquement en faveur de la partie comparante, puisque, comme indiqué précédemment, elle a l’obligation de s “‘assurer” que les conclusions de cette partie sont fondées en fait et en droit” 

/

” A State which decides not to appear must accept the consequences of its decision, the first of which is that the case will continue without its participation ; the State which has chosen not to appear remains a party to the case, and is bound by the eventual judgment in accordance with Article 59 of the Statute. There is however no question of a judgment automatically in favour of the party appearing, since the Court is required, as mentioned above, to “satisfy itself” that that party’s claim is well founded in fact and law” 

(véase párrafo 28 de la decisión de la CIJ de junio de 1986, que puede ser completado con la lectura del párrafo 30 de la misma decisión de la CIJ en aras de entender mejor cómo el juez de La Haya entiende el peculiar papel que le corresponde asumir en caso de no comparecencia). 

En su reciente comunicado oficial, Venezuela señala que sí está anuente a remitir al juez internacional algún tipo de información, al precisar que: “Ello no es óbice para que, por respeto a la Corte y de conformidad con otros precedentes, la República Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a facilitar en su momento a la Corte información sobre los fundamentos de su posición, a fin de asistirla en el cumplimiento del deber que le impone el artículo 53.2 de su Estatuto. Así se le ha anticipado en la comunicación oficial del 15 de abril“. 

Es precisamente esta información la que Venezuela debía de entregar al juez internacional antes del 18 de abril, plazo fijado por el juez internacional para que entregara formalmente a la CIJ su contramemoria. 

Atenta a cualquier señal por parte de Venezuela, Guyana en un comunicado oficial del 18 de abril del 2019 interpretó este posible envío de información a su manera, al externar que (véase texto completo del comunicado de Guyana): 

Guyana takes note of the Venezuelan Foreign Minister’s recent tweet that, at some point in the future, it will supply the Court with “information” about the case to assist it in the exercise of its judicial functions. If this is a first step toward Venezuela’s full participation in the case, Guyana welcomes it. At the same time, Guyana has reserved its right to object to any submission by Venezuela that violates the Court’s rules or is otherwise prejudicial“. 

La lectura del comunicado de Guyana evidencia la premura con la que quisiera que la CIJ resuelva el tema de su competencia, al leerse que: ” In consequence, Guyana has decided to ask the Court to proceed directly to the holding of oral hearings, at the earliest possible date, to determine its jurisdiction over the case. Guyana is confident that the Court will agree that it has jurisdiction, and then proceed to decide on the merits of Guyana’s suit“. 

El comunicado de Guyana confirma (nuevamente) cuán urgidas están sus autoridades desde el 2018 con relación a esta antigua controversia territorial con Venezuela. Merecerá especial atención conocer la posición de la CIJ al respecto, la cual debe ahora decidir si la etapa escrita quedó (o no ) concluída vencido el plazo que tenía Venezuela para presentarle sus argumentos; en cuyo caso, debería convocar a audiencias orales a ambas partes en La Haya, a sabiendas que una no asistirá. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

Posted on

Los juristas venezolanos defienden el acceso a la presidencia de Guaidó           

Fuente: El Economista España

06 de febrero, 2019

-Venezuela-

“La figura de Juan Guaidó como presidente encargado es conforme a Derecho. No hay ningún golpe de Estado ni ninguna autoproclamación”. Según los juristas venezolanos, se ha producido un caso claro de usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro. “La Asamblea Nacional de Venezuela tiene la obligación, no la posibilidad, de llenar ese vacío institucional”, señalan.

Así lo destacaron José Luis Villegas, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica del Táchira de Venezuela, y José Araujo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, durante la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela? Un análisis constitucional, realizada en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. “Estamos en presencia de una tiranía, con violación de Derechos Humanos, y lo que hay es una lucha por la libertad”, apuntó Villegas.

“El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, subraya Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello

Los especialistas justifican sus posiciones en la Constitución venezolana. En concreto, aseguran que al artículo 233 exige a la Asamblea Nacional, la cámara que representa la soberanía nacional, asumir de forma temporal las funciones de la presidencia de la república. “La ruta esta clara, poner fin a la usurpación de Maduro, formar un Gobierno de transición y convocar un proceso electoral con garantías para restablecer el Estado de Derecho”, explicó Araujo.

De este modo, los expertos defienden la legitimidad de Juan Guaidó para conducir al país hacia ese escenario. “La sola condición de presidente de la Asamblea Nacional lo habilita para tomar el control hasta que se designe un nuevo presidente de la república”, explicó Araujo. “Debemos rechazar cualquier opinión errónea y sesgada que pretende deslegitimar la Asamblea Nacional”, añadió Villegas.

Por su parte, Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello, subrayó que el Poder Judicial venezolano está secuestrado por el poder político, lo que le impide funcionar. “El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, apostilló.

Según Canónico, una Asamblea Nacional en funciones tras los últimos comicios de 2015, maniobró con 33 leyes en 15 días y nombró a jueces afines al Gobierno para controlar el Tribunal Supremo. “Se designaron ilegalmente y ni si quiera son personas con la capacitación de jueces”, apuntó.

Apoyo estadounidense

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado hoy a Guaidó durante su discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes. “Estamos con el pueblo de Venezuela en su noble búsqueda de libertad, y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a la que fue la nación más rica de Suramérica en un Estado de pobreza extrema y desesperación”, indicó.

Se espera que lleguen a Venezuela unos 65 millones de dólares en ayuda humanitaria. La Administración Trump ha ofrecido una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares, que se suman a os 40 ofrecidos por Canadá el lunes. La Unión Europea, por su parte, anunció una partida adicional de 5 millones de euros. La Comisión Europa ha ofrecido desde el año pasado casi 40 millones de euros.

Varias agencias informan de que el Ejército de Maduro mantiene bloqueado el puente fronterizo de Tienditas que une Venezuela y Colombia, una moderna infraestructura sin estrenar por donde se prevé que entre la ayuda humanitaria. Guaidó, por su parte, ha ordenado a los militares que se retiraran de ese punto estratégico.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

La situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona de un nacional de Venezuela justifica la permanencia en España por razones humanitarias  

Fuente: Noticias Jurídicas

23 de enero, 2019

-España-

Si bien a una opositora al gobierno de Venezuela le había sido denegado el derecho de asilo, al no considerarse suficiente motivo su afiliación a un partido político de la oposición, la Audiencia Nacional sí le autoriza a permanecer en España por razones humanitarias.

La solicitante no es un dirigente relevante del partido de la oposición, y no consta que se haya visibilizado públicamente como opositora al gobierno, al igual que tampoco ha sido víctima de una persecución individualizada en los términos exigidos por la normativa de asilo.

Su actividad política en el partido al que pertenece no es significativa, más allá de tener que salir huyendo de las manifestaciones contra el Gobierno en las que participó, y de haber sido amenazada con despedirla del trabajo si no se afiliaba al partido del Gobierno, a pesar de no constar que esta amenaza se llegase a materializar.

Si bien el supuesto no cuenta con base suficiente para incardinarse en los contemplados para conceder el asilo o la protección subsidiaria, sí es posible que, por razones humanitarias, se pueda autorizar su permanencia en España, al ser una víctima de violencia de género por parte de su exmarido, y por integrarse en su unidad familiar un menor, colectivo especialmente vulnerable.

La Audiencia Nacional recuerda en su sentencia de 23 de noviembre de 2018 (Recurso 938/2017) que, aunque la posición de ACNUR no es vinculante, cuando ACNUR informa que debe garantizarse la no devolución de los ciudadanos venezolanos, atendiendo a la situación del país, dicha recomendación debe tomarse en serio. Además, el propio Tribunal Supremo ha reconocido el alto valor que merecen los dictámenes e informes de ACNUR cuando se trata de protección internacional.

Pues bien, en base a todo ello, la Audiencia aprecia una situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para los derechos básicos de la persona, que justifica la no devolución y el acogimiento por razones humanitarias.

Siendo conocida a nivel internacional la convulsión en Venezuela, y valorando las concretas circunstancias de la solicitante y su hijo menor, que se encontrarían en una situación de vulnerabilidad en caso de devolución a su país de origen, la Sala de la Audiencia termina reconociéndoles el derecho a ser autorizados a permanecer en España en los términos previstos por la normativa en materia de extranjería e inmigración.

Derecho Internacional / International Law

Posted on

Consejo Permanente de la OEA acuerda “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro”

Fuente: OEA  

10 de enero, 2019

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó hoy “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”. La resolución se aprobó con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia.

A continuación el texto completo de la resolución:

RESOLUCION SOBRE LA SITUACION EN VENEZUELA

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

REAFIRMANDO el derecho a la democracia que tienen los pueblos de América y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, 

RECORDANDO que, mediante la AG/RES. 2929 (XLVIII-O/18) del 5 de junio de 2018, la Asamblea General declaró que el proceso electoral realizado en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos de Venezuela, por no cumplir con los estándares internacionales y por haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, 

CONSIDERANDO que el período presidencial 2019-2025 que empieza en Venezuela el 10 de enero de 2019 es el resultado de un proceso electoral ilegítimo,

ENFATIZANDO la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional democráticamente electa,

REITERANDO SU PROFUNDA PREOCUPACION en relación con el empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela resultante del quiebre del orden democrático y de serias violaciones a los derechos humanos en dicho país, así como la negligencia del gobierno de Venezuela de alcanzar los estándares interamericanos básicos en materia de derechos humanos y democracia,

RECONOCIENDO que, en consecuencia, un número significativo de venezolanos está siendo forzado a huir del país, en razón de que no han sido cubiertas sus necesidades básicas,

REITERANDO su seria preocupación por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas previamente erradicadas en Venezuela, así como en países fronterizos y en la región.

OBSERVANDO que el éxodo de venezolanos está teniendo un impacto en la capacidad de los países de la región para cubrir sus necesidades básicas y plantea desafíos a la salud pública y la seguridad,

TOMANDO NOTA al respecto, de la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, del 4 de septiembre de 2018, y su Plan de Acción, adoptado el 23 de noviembre de 2018.

CONDENANDO con la mayor firmeza las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos humanos de prisioneros políticos por parte del gobierno de Venezuela,

ENFATIZANDO que el Consejo Permanente y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se mantienen dispuestos a llevar a cabo iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, destinados a promover el diálogo en Venezuela con miras a arribar a una solución política de la crisis en dicho país,

RESUELVE:

No reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019,

Reafirmar que, solo a través de un dialogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país.

Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA, a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela,

Hacer un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales,

Invitar a los Estados Miembros y a los Observadores Permanentes a implementar medidas para atender la crisis humanitaria en Venezuela y en los Estados afectados, mediante el apoyo a las organizaciones internacionales y regionales apropiadas,

Urgir al régimen venezolano que permita el inmediato ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, incluyendo vigilancia epidemiológica para prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública, particularmente para evitar la reaparición y propagación de enfermedades,

Exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos,

Expresar la activa solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de mantener bajo seguimiento la situación en Venezuela y apoyar medidas diplomáticas que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos,

Instruir al Secretario General para que transmita el texto de la presente Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.

Derechos Humanos / Human Rights

Posted on

venezuela-afp3Venezuela es responsable por haber posibilitado los hechos de tortura y esclavitud sexual cometidos en perjuicio de Linda Loaiza López Soto

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

16 de noviembre del 2018

En la sentencia notificada en el día de hoy recaída en el Caso López Soto y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Venezuela responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, todo ello en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Leer el resto de esta entrada »