Venezuela

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión de persona que denunció irregularidades financieras en la Asamblea Nacional

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

04 de octubre, 2019

 En la Sentencia, notificada en el día de hoy, en el Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Venezuela responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión, participación política, circulación, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Tulio Álvarez Ramos.

Tulio Alberto Álvarez Ramos publicó, en el 2003, un artículo en un diario el cual daba a conocer supuestas irregularidades en el manejo financiero de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del entonces presidente de dicho Poder del Estado. Este artículo originó un proceso penal en contra de Álvarez Ramos, donde se le condenó a prisión por 2 años y 2 meses, inhabilitación política y prohibición de salida del país por la comisión del delito de difamación agravada continuada. El 4 de marzo de 2009 se decretó el cumplimiento de dicha condena.

 La Corte consideró que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario en caso de discursos referidos a conductas de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Reiteró, el Tribunal, que la libertad de expresión protege no sólo la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Por tanto, la sanción penal por difundir noticias de esta naturaleza produciría, directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. Lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático. De esta manera, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión de Álvarez Ramos en cuanto no podía considerarse penalmente prohibida su conducta al publicar dicho artículo. A su vez, al habérsele impuesto una pena accesoria de inhabilitación política, la Corte determinó que se vulneraron sus derechos políticos.

Al revisar el proceso penal, la Corte también consideró que a Álvarez Ramos se le restringió el acceso a los medios adecuados para preparar su defensa. Asimismo, un testigo en el proceso penal fue acusado y detenido durante la audiencia pública en base a sus declaraciones y éstas rechazadas como medio probatorio. Por otro lado, la Corte también encontró internacionalmente responsable a Venezuela por la violación al derecho a la libre circulación, así como a la protección judicial. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-48/19 Español Si tiene problemas para visualizar este mensaje haga clic aquí En razón de estas violaciones, la Corte ordenó, entre otras medidas de reparación, que se adopten todas las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia contra el señor Álvarez y las consecuencias que de ella deriven, así como los antecedentes en su contra a raíz del proceso; y pagar las sumas monetarias por el daño material e inmaterial. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Derechos Humanos / Human Rights

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El Consejo de Derechos Humanos establece una misión internacional para Venezuela

Fuente: Naciones Unidas

 27 de septiembre, 2019

Una resolución del órgano de la ONU que se ocupa de las garantías fundamentales señala que la misión tiene como objetivo investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Además, condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido establecer este viernes “una misión internacional independiente de determinación de los hechos (…) y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

La decisión fue adoptada en una resolución en la que señala que los miembros de la misión serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que tiene una duración de un año y que deberán presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones.  

En la misma resolución, el Consejo condenó enérgicamente “todas las violaciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas” en Venezuela.

Además, condena enérgicamente “los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos”, que “incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al Gobierno”.

Expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

El órgano expresa también su “gran preocupación” por la muerte de 6000 personas, desde enero de 2018, durante las operaciones de las fuerzas de seguridad, y señala que, según la información analizada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.

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Abusos sistemáticos

Además, deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado, “que aceleran la erosión del estado de derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia, amedrentamiento y acoso”.

El Consejo de Derechos Humanos insta a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”.

Especialmente, pide la libertad de 27 detenidos “señalados como casos prioritarios” por la Alta Comisionada.

Preocupa la crisis económica

En la resolución, el Consejo expresa asimismo “gran preocupación por la grave crisis económica y social” de Venezuela, que asegura ha tenido hondas repercusiones en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido el derecho a una alimentación adecuada, como consecuencia del desmoronamiento de los servicios públicos.

Y tras expresar profunda preocupación por el hecho de que el principal programa de asistencia alimentaria no atienda las necesidades nutricionales básicas de la población y de que padezcan malnutrición por lo menos 3,7 millones de personas, la resolución condena enérgicamente “la discriminación por motivos políticos en el acceso a la asistencia alimentaria y a otros programas sociales”.

Preocupación por la salud…

Otros motivos de preocupación están relacionados con la salud, debido a la escasez generalizada de vacunas, medicamentos y tratamientos, y la falta de acceso a los mismos, así como el deterioro de las condiciones en los hospitales, los dispensarios y las maternidades, lo cual es motivo, entre otros problemas, de que reaparezcan enfermedades controladas y eliminadas, entre ellas enfermedades prevenibles mediante vacunación, y de que aumente el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

… particularmente de la mujer

El Consejo “expresa gran preocupación por el impacto desproporcionado y diferenciado que tiene la crisis en los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la falta de servicios sanitarios integrales” y “los testimonios de un incremento de las tasas de mortalidad materna, embarazo en la adolescencia, malnutrición y enfermedades prevenibles”.

Por ese motivo, insta a las autoridades venezolanas a que adopten las medidas apropiadas para hacer frente a los actos denunciados de violencia y acoso y de violencia sexual contra mujeres y niñas privadas de libertad, actos que incluyen, según los testimonios recogidos, abusos físicos, sexuales y verbales, amenazas e intimidaciones, la explotación sexual de las mujeres y las niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios, y los malos tratos.

Libertad de prensa y desplazados

En relación con la libertad de opinión y expresión, el documento condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio, la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por expresar su opinión en los medios sociales.

Además, deplora la denegación sistemática de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela a la verdad, la justicia y la reparación.

Con respecto a los migrantes y refugiados, el Consejo de Derechos recuerda que cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y deplora que los venezolanos en movimiento encuentren obstáculos dentro del país para obtener o legalizar sus documentos, así como que quienes salen del país o vuelven a entrar en él sean, con frecuencia, víctimas de extorsiones y requisiciones.

En este sentido, la resolución insta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo y lo intensifique para que los Estados anfitriones puedan responder a las necesidades crecientes de los venezolanos en movimiento, en particular las necesidades específicas de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.

Derechos Humanos / Human Rights

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La ONU y Venezuela firman un documento de cooperación en materia de derechos humanos

Fuente: Naciones Unidas

23 de septiembre, 2019

El acuerdo permitirá mantener dos oficiales de la Oficina de Derechos Humanos de manera continua en el país. También incluye el refuerzo de mecanismos de protección de las garantías fundamentales y abre la puerta a la visita de los relatores especiales durante los próximos dos años.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Venezuela han firmado Memorando de Entendimiento que crea un marco para futuras discusiones y cooperación, junto a una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU.

El documento de cooperación establece una base para un diálogo continuo y apunta a la posibilidad de un futuro acuerdo que permita establecer una oficina de país de ONU Derechos Humanos en Venezuela.

El Memorando incluye el refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia, al igual que facilita la posibilidad de futuras visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años.

Los detalles de estas actividades se acordarán en un plan de trabajo que deberá concertarse entre el Gobierno de la nación sudamericana y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU “dentro de 30 días a partir de la firma”.

De la misma forma, el acuerdo permite el acceso de los oficiales de derechos humanos a los centros de detención y se les otorga libertad de movimiento a lo largo del país.

“Mi Oficina y yo estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”, señaló Bachelet.

La firma del acuerdo, que tiene una duración anual, tuvo como protagonistas a la Alta Comisionada Michelle Bachelet, y al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.

Derechos Humanos / Human Rights

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Colombia otorgará la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en su territorio a partir de 2015

Fuente: Naciones Unidas

06 de agosto, 2019

Más de 24.000 niños que corrían el riesgo de convertirse en parias por haber nacido en Colombia de migrantes venezolanos podrán ahora obtener la nacionalidad del país de acogida. La Organización Internacional para las Migraciones encomió la medida y junto con UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiado hará una campaña para informar sobre la medida.

Más de 24.000 niños nacidos en Colombia a partir de 2015 de padres migrantes venezolanos podrán ostentar lanacionalidad colombiana gracias a una medida administrativa excepcional y temporal anunciada el lunes por el presidente del país de acogida, Iván Duque.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) acogió con beneplácito esta decisión, que evitará que miles de menores se conviertan en apátridas y que “confirma el compromiso [del Gobierno colombiano] con los derechos humanos y las convenciones internacionales al garantizar a los niños y niñas el derecho a una nacionalidad, independientemente de su condición migratoria”.

La jefa de la Misión de la OIM en Colombia afirmó que la resolución es una contribución para lograr un proceso de migración regular y seguro que, “con suerte, facilitaría el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños venezolanos, así como su integración a la sociedad”.

La medida entrará en vigor el 20 de agosto próximo y amparará a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015.

Según la OIM, la nueva provisión representa un paso muy importante hacia la protección integral de uno de los colectivos más vulnerables.

Campaña de información

Para enterar a la población migrante venezolana asentada en Colombia de este nuevo derecho, la Oficina Nacional de Registros llevará a cabo la campaña de información “Primero la Niñez”, apoyada por la OIM, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).

La campaña detallará cómo acceder a este derecho, qué trámites seguir, la fecha de entrada en vigor de la iniciativa y el papel de las diferentes entidades en el proceso.

Los datos oficiales de Colombia indican que hasta el 30 de junio de 2019 había más de 1,4 millones de venezolanos su territorio, lo que lo hace el país con el mayor número de migrantes de Venezuela en la región.

Según las agencias de la ONU, el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo ha superado los 4 millones.

Derecho Internacional / International Law

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Piden a la ONU crear una comisión internacional de investigación sobre Venezuela    

Fuente: Panorama RIDH

05 de junio, 2019

En la presentación de su informe sobre Venezuela el pasado viernes en Ginebra, Michelle Bachelet compartió el panel principal con Feliciano Reyna, reconocido defensor venezolano, quien pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU crear una comisión internacional de investigación que permita esclarecer las violaciones ocurridas en Venezuela y determinar quiénes fueron los responsables.

Reyna habló en nombre de la sociedad civil venezolana y solicitó además al Consejo exhortar a los Estados de acogida de migrantes y refugiados a unificar políticas y prácticas para brindarles una “verdadera protección internacional”. De igual manera, pidió abogar por una salida a la crisis política “articulando esfuerzos nacionales e internacionales, como el de Oslo” y demandó “acciones firmes” del secretario general de la ONU y de la alta comisionada.

El Grupo de Lima había expresado la idea de crear una comisión internacional de investigación en un comunicado del pasado 25 de febrero. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ninguna acción en ese sentido, probablemente porque el Consejo ya tiene vigente una resolución con respecto a Venezuela, que llevó, precisamente, a la elaboración del informe publicado el jueves pasado.

Ese mandato, no obstante, culmina en septiembre, cuando la alta comisionada presentará una actualización oral de su informe en el marco de la 42. ª sesión del Consejo. Para ese momento, es de esperar que los Estados miembros del Grupo de Lima lideren la negociación de una resolución para crear un organismo semejante. Para ser aprobada, esta iniciativa necesitaría la mayoría de los votos de los 47 Estados miembros del Consejo.

Organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch, al tomar la palabra luego de las intervenciones de los Estados dieron su respaldo a la idea de crear una comisión de investigación.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión, Bachelet manifestó, por el contrario, que la relación con Venezuela “está en otro momento”, toda vez que las autoridades están permitiendo el acceso de la ONU al país luego de años de cierre casi absoluto.

Para ella, antes de crear una comisión de investigación sería más prudente darle tiempo al Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos con su oficina, que incluyen la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el acceso ilimitado de su equipo a centros de privación de la libertad, la cooperación con los dos miembros de su oficina que permanecen en el país y la visita de diez expertos de la ONU durante los próximos dos años.

¿Qué son las comisiones de investigación de la ONU?

En escenarios de violaciones graves de derechos humanos, la ONU ha decidido establecer comisiones de investigación que han operado bajo este nombre, o como misiones de determinación de los hechos. A diferencia de los relatores especiales y los expertos independientes, estas comisiones pueden ser establecidas por órganos diferentes al Consejo de Derechos Humanos, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.

Aunque todas son diferentes y creadas según las características del lugar donde van a operar, tienen en común que son mecanismos temporales y no jurídicos establecidos para investigar las denuncias sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o del derecho penal internacional.

Al hacerlo, estos organismos recopilan información y evidencias que permiten establecer responsabilidades y que pueden servir en posteriores juicios contra los perpetradores. De igual manera, las comisiones formulan recomendaciones a los Estados para frenar las violaciones y reparar a las víctimas.

Actualmente existen tres comisiones de investigación: una para Siria, otra para Burundi y otra más para Palestina. Esta última estudia específicamente los hechos ocurridos durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno en 2018. También existen la Misión de determinación de los hechos en Myanmar, el Grupo de expertos eminentes sobre Yemen, la Comisión para los derechos humanos en Sudán del Sur y el Grupo de expertos internacionales sobre la región de Kasai, en la República Democrática del Congo.

Derecho Internacional / International Law

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Guyana – Venezuela: Venezuela reitera formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que no comparecerá ante ella

Fuente: Blog Derecho Internacional

 23 de abril, 2019

En un comunicado oficial con fecha del 17 de abril del 2019, Venezuela informó que reiteró nuevamente al juez internacional su negativa a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco del procedimiento contencioso iniciado por Guyana en su contra en el mes de mayo del 2018. En su comunicado (véase enlace oficial que contiene el texto completo), Venezuela indica que: “reitera su no comparecencia en dicho procedimiento por estimar, en ejercicio pleno de su soberanía, que la Corte carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso, siendo el objeto de la demanda de la República Cooperativa de Guyana inadmisible“. 

Como se recordará, en marzo del 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante el juez de la Haya en aras de resolver la persistente controversia territorial entre ambos Estados que dió lugar a una sentencia arbitral en 1899, declarada nula por Venezuela en los años 40, llevando a Venezuela y al Reino Unido a suscribir un tratado en 1966 (véase texto completo) sobre la necesidad de precisar la frontera de la Guyana Británica. El texto de la demanda presentada por Guyana en el 2018 ante la CIJ está disponible en francés y en inglés. En la petitoria final con la que concluye su demanda, Guyana solicita a la CIJ, entre otros puntos, que declare como perfectamente válida la sentencia arbitral de 1899 (párrafo 55). 

La base de competencia usada por Guyana en su demanda contra Venezuela es una carta del Secretario General de Naciones Unidas del 30 de enero del 2018, recomendando que sea la CIJ la entidad a la que ambos Estados remitan su controversia, lo cual es considerado inaceptable por parte de Venezuela: la carta – de tres páginas – está reproducida en el Anexo 7 de los Anexos a la demanda que presentó Guyana a la CIJ. 

Como bien es sabido, desde la perspectiva jurídica internacional, uno de los principios básicos del arreglo judicial es el consentimiento previo de los Estados a remitir su controversia al juez internacional, sea mediante un tratado o bien mediante el juego de la declaraciones previstas en el párrafo 36, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ. El procedimiento contencioso ante la CIJ prevé una primera etapa procesal cuando el Estado demandado objeta la competencia del juez internacional: la etapa de las excepciones preliminares, a la que Venezuela ha considerado oportuno no participar. 

La reiteración de la posición venezolana externada en junio del 2018 

El 18 de junio del 2018, Venezuela emitió un primer comunicado oficial en el que informaba que había señalado a la CIJ que no participaría al procedimiento: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota titulada “Esequibo: Venezuela anuncia que no participará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)” (véase texto) en la que indicábamos que: “Desde el punto de vista estríctamente jurídico, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ, ni haber suscrito el Pacto de Bogotá (que abre la posibilidad para un Estado del hemisferio de demandar a otro ante la CIJ), Venezuela ha optado por defender un principio angular en derecho internacional como lo es el consentimiento previo del Estado a someterse a la justicia internacional“. 

El texto completo de este primer comunicado difundido por la diplomacia de Venezuela se encuentra reproducido al final de la nota precitada. 

La ordenanza de la CIJ de julio del 2018 

Tal y como lo habíamos analizado, la CIJ había fijado mediante una primera ordenanza adoptada el 2 de julio del 2018 (véase texto en francés y en inglés) los plazos para la entrega de la memoria de Guyana y la contramemoria de Venezuela. En su decisión, la CIJ tomó nota de la posición externada por Venezuela, pero consideró oportuno permitir a ambos Estados presentarle sus respectivos argumentos sobre su competencia. Remitimos de igual forma al lector a nuestra breve nota al respecto publicada en el sitio jurídico especializado de CIARGlobal, titulada “La ordenanza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a la súbita demanda de Guyana contra Venezuela: apuntes” en la que analizamos algunos detalles poco conocidos de la demanda guyanesa y algunos precedentes con relación a la práctica de la no comparecencia de un Estado ante la CIJ. 

Como nos permitimos en aquella ocasión indicarlo, mediante esta ordenanza de julio del 2018: “la CIJ busca permitirle a Venezuela objetar su competencia: una opción de la que se privaría la misma Venezuela al mantener incólume su posición de no participar en el procedimiento contencioso“. 

Como lo veremos a continuación, esta última afirmación amerita algunos bemoles, según se desprende de la lectura del último comunicado oficial de Venezuela reiterando que no comparecerá ante la justicia de La Haya. 

No comparecer y no defender su posición: matices y sombras 

La ausencia de Venezuela en el procedimiento ante los jueces de La Haya no equivale necesariamente a un mutismo absoluto por parte de Venezuela ante el juez. La no comparecencia puede entenderse como una negativa de un Estado a participar a un procedimiento al que no aceptó someterse. Puede también entenderse de una forma ligeramente distinta, como un acto de rebeldía que prohibe toda comunicación con el juez. Todo siendo cuestión de colores y de matices, cada Estado no compareciente escoge la conducta que asumirá ante la CIJ. 

A ese respecto, el juez internacional tiene bastante claro que le corresponderá a él mismo proceder a verificar la solidez de los argumentos avanzados por el Estado demandante. Al pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos de 1984, la CIJ, en su fallo de 1986 sobre el fondo (etapa a la que no participó Estados Unidos pese a haberlo hecho en la fase sobre excepciones perliminares) precisó que: 

L’Etat qui décide de ne pas comparaître doit accepter les conséquences de sa décision, dont la première est que l’instance se poursuivra sans lui ; il reste cependant partie au procès et le futur arrêt le lie conformément à I’article 59 du Statut. Il est néanmoins hors de question que la Cour se prononce automatiquement en faveur de la partie comparante, puisque, comme indiqué précédemment, elle a l’obligation de s “‘assurer” que les conclusions de cette partie sont fondées en fait et en droit” 

/

” A State which decides not to appear must accept the consequences of its decision, the first of which is that the case will continue without its participation ; the State which has chosen not to appear remains a party to the case, and is bound by the eventual judgment in accordance with Article 59 of the Statute. There is however no question of a judgment automatically in favour of the party appearing, since the Court is required, as mentioned above, to “satisfy itself” that that party’s claim is well founded in fact and law” 

(véase párrafo 28 de la decisión de la CIJ de junio de 1986, que puede ser completado con la lectura del párrafo 30 de la misma decisión de la CIJ en aras de entender mejor cómo el juez de La Haya entiende el peculiar papel que le corresponde asumir en caso de no comparecencia). 

En su reciente comunicado oficial, Venezuela señala que sí está anuente a remitir al juez internacional algún tipo de información, al precisar que: “Ello no es óbice para que, por respeto a la Corte y de conformidad con otros precedentes, la República Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a facilitar en su momento a la Corte información sobre los fundamentos de su posición, a fin de asistirla en el cumplimiento del deber que le impone el artículo 53.2 de su Estatuto. Así se le ha anticipado en la comunicación oficial del 15 de abril“. 

Es precisamente esta información la que Venezuela debía de entregar al juez internacional antes del 18 de abril, plazo fijado por el juez internacional para que entregara formalmente a la CIJ su contramemoria. 

Atenta a cualquier señal por parte de Venezuela, Guyana en un comunicado oficial del 18 de abril del 2019 interpretó este posible envío de información a su manera, al externar que (véase texto completo del comunicado de Guyana): 

Guyana takes note of the Venezuelan Foreign Minister’s recent tweet that, at some point in the future, it will supply the Court with “information” about the case to assist it in the exercise of its judicial functions. If this is a first step toward Venezuela’s full participation in the case, Guyana welcomes it. At the same time, Guyana has reserved its right to object to any submission by Venezuela that violates the Court’s rules or is otherwise prejudicial“. 

La lectura del comunicado de Guyana evidencia la premura con la que quisiera que la CIJ resuelva el tema de su competencia, al leerse que: ” In consequence, Guyana has decided to ask the Court to proceed directly to the holding of oral hearings, at the earliest possible date, to determine its jurisdiction over the case. Guyana is confident that the Court will agree that it has jurisdiction, and then proceed to decide on the merits of Guyana’s suit“. 

El comunicado de Guyana confirma (nuevamente) cuán urgidas están sus autoridades desde el 2018 con relación a esta antigua controversia territorial con Venezuela. Merecerá especial atención conocer la posición de la CIJ al respecto, la cual debe ahora decidir si la etapa escrita quedó (o no ) concluída vencido el plazo que tenía Venezuela para presentarle sus argumentos; en cuyo caso, debería convocar a audiencias orales a ambas partes en La Haya, a sabiendas que una no asistirá. 

Derecho Constitucional / Constitucional Law

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Los juristas venezolanos defienden el acceso a la presidencia de Guaidó           

Fuente: El Economista España

06 de febrero, 2019

-Venezuela-

“La figura de Juan Guaidó como presidente encargado es conforme a Derecho. No hay ningún golpe de Estado ni ninguna autoproclamación”. Según los juristas venezolanos, se ha producido un caso claro de usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro. “La Asamblea Nacional de Venezuela tiene la obligación, no la posibilidad, de llenar ese vacío institucional”, señalan.

Así lo destacaron José Luis Villegas, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica del Táchira de Venezuela, y José Araujo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, durante la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela? Un análisis constitucional, realizada en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. “Estamos en presencia de una tiranía, con violación de Derechos Humanos, y lo que hay es una lucha por la libertad”, apuntó Villegas.

“El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, subraya Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello

Los especialistas justifican sus posiciones en la Constitución venezolana. En concreto, aseguran que al artículo 233 exige a la Asamblea Nacional, la cámara que representa la soberanía nacional, asumir de forma temporal las funciones de la presidencia de la república. “La ruta esta clara, poner fin a la usurpación de Maduro, formar un Gobierno de transición y convocar un proceso electoral con garantías para restablecer el Estado de Derecho”, explicó Araujo.

De este modo, los expertos defienden la legitimidad de Juan Guaidó para conducir al país hacia ese escenario. “La sola condición de presidente de la Asamblea Nacional lo habilita para tomar el control hasta que se designe un nuevo presidente de la república”, explicó Araujo. “Debemos rechazar cualquier opinión errónea y sesgada que pretende deslegitimar la Asamblea Nacional”, añadió Villegas.

Por su parte, Alejandro Canónico, profesor de postgrado de la Universidad Andrés Bello, subrayó que el Poder Judicial venezolano está secuestrado por el poder político, lo que le impide funcionar. “El Tribunal Supremo se ha convertido en el bufete del propio Gobierno de Maduro”, apostilló.

Según Canónico, una Asamblea Nacional en funciones tras los últimos comicios de 2015, maniobró con 33 leyes en 15 días y nombró a jueces afines al Gobierno para controlar el Tribunal Supremo. “Se designaron ilegalmente y ni si quiera son personas con la capacitación de jueces”, apuntó.

Apoyo estadounidense

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado hoy a Guaidó durante su discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes. “Estamos con el pueblo de Venezuela en su noble búsqueda de libertad, y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a la que fue la nación más rica de Suramérica en un Estado de pobreza extrema y desesperación”, indicó.

Se espera que lleguen a Venezuela unos 65 millones de dólares en ayuda humanitaria. La Administración Trump ha ofrecido una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares, que se suman a os 40 ofrecidos por Canadá el lunes. La Unión Europea, por su parte, anunció una partida adicional de 5 millones de euros. La Comisión Europa ha ofrecido desde el año pasado casi 40 millones de euros.

Varias agencias informan de que el Ejército de Maduro mantiene bloqueado el puente fronterizo de Tienditas que une Venezuela y Colombia, una moderna infraestructura sin estrenar por donde se prevé que entre la ayuda humanitaria. Guaidó, por su parte, ha ordenado a los militares que se retiraran de ese punto estratégico.