Venezuela

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela es responsable internacionalmente por la muerte de cinco jóvenes producto de un incendio en un centro de detención

Fuente: Corte IDH

11 de diciembre, 2020

En la Sentencia del Caso Mota Abarullo y otros Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela por las violaciones a los derechos a la vida (artículo 4.1), a la integridad personal (artículo 5) y a los derechos del niño (artículo 19) en perjuicio de cinco jóvenes que murieron en un incendio en un centro de detención estando bajo custodia del Estado.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El 30 de junio de 2005, murieron a causa de un incendio en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal, los jóvenes José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, quienes habían ingresado a ese centro antes de cumplir los 18 años de edad. El incendio no pudo ser controlado por la falta de equipamiento adecuado y la actuación tardía de las autoridades.

El Estado de Venezuela reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos cometida en esta situación y se comprometió, además, a cumplir con las reparaciones integrales correspondientes. El Tribunal valoró el reconocimiento, pero entendió que debía profundizar en el esclarecimiento de los hechos.

En su Sentencia, la Corte determinó que correspondía examinar el caso a la luz de las medidas especiales de protección que deben ser garantizadas a adolescentes, dado que la privación de libertad de los cinco jóvenes comenzó cuando todavía eran menores de 18 años de edad.

Ante la constatación del hacinamiento, las malas condiciones en que se encontraba el Centro, y la actuación demorada del personal para actuar frente al incendio, la Corte declaró que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal y los derechos del niño de los cinco jóvenes.

Respecto a la investigación sobre los hechos del caso, la Corte determinó que hubo actuaciones negligentes y que no se observó un plazo razonable. Aunque tres personas fueron imputadas, la audiencia de juicio fue diferida en múltiples ocasiones, y el proceso, luego de más de 15 años, no ha concluido. A razón de ello, la Corte dictaminó que el Estado de Venezuela violó los derechos a las garantías y protección judicial en perjuicio de los familiares de los jóvenes fallecidos.

A su vez la Corte comprobó la afectación que la forma en que fallecieron causó a los familiares de los jóvenes y que, por ende, se vulneró el derecho a la integridad personal de éstos. En este caso la Corte dispuso diversas medidas de reparación

Derechos Humanos / Human Rights

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Aprueban subvenciones para que los niños migrantes venezolanos y de sus comunidades de acogida puedan estudiar

Fuente: Naciones Unidas

04 de diciembre, 2020

 El programa la Educación No Puede Esperar*, coordinado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, acaba de anunciar un presupuesto de 27,2 millones en ayudas para programas de estudio de niños y jóvenes venezolanos y sus comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú.

Estos países reciben un gran número de personas que huyen de la violencia e inestabilidad en Venezuela. El programa, de tres años, llegará a más de 350.000 niños y jóvenes. 

“El contexto en Venezuela ha forzado aproximadamente a cinco millones de refugiadas y refugiados e inmigrantes a dejar su país de origen, y a millones de niñas y niños a abandonar la escuela buscando seguridad en otros países de la región. Estos menores de edad ahora pueden continuar su educación en sus comunidades receptoras, brindándoles protección y esperanza para su futuro. Esto es precisamente lo que necesitan ahora. Su educación no puede esperar hasta que esta prolongada crisis termine”, dijo Yasmine Sherif, directora del programa.

Sherif explicó que se necesita una acción colectiva e hizo un llamado urgente a donantes públicos y privados para que financien por completo el programa.  

“Estas inversiones multianuales abordan tanto las necesidades humanitarias inmediatas como también el fortalecimiento del sistema educativo. Juntos podemos hacer una diferencia ahora y al mismo tiempo marcar el camino para el futuro”, agregó.

Esta inversión se suma a la primera respuesta de emergencia de siete millones que el programa desembolsó en 2019.

El programa en Colombia

El número de venezolanos que han huido a Colombia ha crecido exponencialmente, de 40.000 en 2015 a 2,4 millones a fines de 2020, lo que convierte a esta prolongada crisis humanitaria en la más grande del hemisferio occidental y entre las más grandes del mundo.

Otros dos millones de venezolanos cruzan la frontera de manera regular para acceder a servicios básicos, incluyendo la educación.

Este movimiento masivo expone a los niños y jóvenes ya vulnerables a riesgos mayores. Las niñas, en particular las adolescentes, corren el riesgo de sufrir violencia sexualexplotación sexual, matrimonio infantil y embarazo precoz e involuntario. Los niños corren el riesgo de ser reclutados por bandas criminales y otros grupos armados.

Colombia permite que todos los menores venezolanos se matriculen en su sistema educativo nacional, independientemente de su situación migratoria. El número de niños venezolanos matriculados en el sistema educativo formal de Colombia se ha multiplicado por diez en los últimos dos años, pasando de 34.000 en 2018 a 334.000 en 2020.

Sin embargo, con el COVID-19, la capacidad de absorción se ha vuelto insuficiente en las escuelas, con limitaciones financieras severas, falta de materiales de instrucción y aprendizaje, y la discriminación y xenofobia mantienen a muchas y muchos fuera de los ámbitos escolares.

El programa multianual de resiliencia de Colombia se beneficiará de 12,4 millones de, que serán administrados por Save the Children y UNIICEF, junto con Norwegian Refugee Council, World Vision, Plan International y ONG nacionales

El programa inicial tendrá una duración de tres años, con el objetivo de reunir 70,5 millones adicionales en cofinanciamiento de socios nacionales y mundiales, el sector privado y fundaciones filantrópicas. El programa alcanzará a por lo menos 30.000 niños en edad preescolar, 90.000 en educación primaria y 30.000 en educación secundaria.

El programa en Ecuador

Desde 2015, alrededor de 1,5 millones de venezolanos han huido a Ecuador. Si bien muchos viajaron hacia Perú y otros países, alrededor de 380.000 se establecieron en Ecuador. Los drásticos recortes presupuestarios y una creciente crisis social y económica en este país están reduciendo la capacidad de la nación para brindar servicios humanos básicos, como educación y atención médica.

Datos recientes del Banco Mundial indican que más del 30% de los venezolanos en búsqueda de seguridad sufren desnutrición crónica. La mayoría carecen de acceso a la educación, salud, vivienda y a medios de subsistencia, y muchos han sido víctimas de violencia sexual y de género, incluyendo la trata de personas con fines de explotación sexual.

A pesar de estos desafíos, el número de venezolanos matriculados en el sistema educativo formal de Ecuador se ha cuadriplicado en los últimos dos años, de 10.730 en 2018 a 47.319 en 2020. No obstante, aproximadamente 35.000 niños, niñas y jóvenes venezolanos que viven en Ecuador no van a la escuela.

La Educación No Puede Esperar ha asignado una subvención inicial de 7,4 millones en Ecuador, que será implementada por la UNESCO en colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, y pide a los donantes del sector público y privado que ayuden a financiar por completo la brecha restante de US$ 32 millones para la respuesta de la educación en situaciones de emergencia. Totalmente financiado, el programa llegará a 105.000 niños, incluido 10.000 niños con discapacidades.

El programa en Perú

Se estima que 830.000 venezolanos han huido a Perú. La pandemia de COVID-19 y las medidas de cuarentena asociadas han afectado particularmente a estos migrantes y los niños se enfrentan ahora a riesgos que se multiplican, como el hambre, la pobreza, el aumento de los problemas de salud mental y la violencia de género. Hay picos notables en el número de niñas desaparecidas, abusos y embarazos precoces y no deseados.

El Gobierno de Perú está dando pasos importantes para incluirlos en el sistema educativo del país. Los datos del Ministerio de Educación indican que un total de 96.613 estudiantes venezolanos migrantes y refugiados (52.319 niñas y 44.294 niños) están matriculados en escuelas peruanas en 2020, un número que ha aumentado de manera constante en los últimos años. A pesar de estos esfuerzos, hay 67.957 niños refugiados que no están registrados en el sistema del Ministerio de Educación.

La inciativa la Educación No Puede Esperar ha asignado una subvención inicial de 7,4 millones de dólares en Perú, que será implementada por UNICEF en colaboración con las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. El programa pide a los donantes y al sector privado que ayuden a financiar la brecha restante de 14 millones para la respuesta de educación en situaciones de emergencia.

Una vez que esté totalmente financiado, el programa llegará a 100.000 niños y jóvenes, y mejorará la inclusión y la calidad del sistema educativo peruano.

Derecho Internacional / International Law

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La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación

Fuente: Naciones Unidas

05 de noviembre, 2020

 El encuentro en la sede de la Corte en La Haya, que trató una serie de aspectos relativos al proceso del examen preliminar y a la situación de los dos estudios preliminares, convocó a la fiscal Fatou Bensouda y a una delegación venezolana compuesta por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo venezolano, Alfredo Ruiz.

La Corte ve indicios para investigar en uno de los casos

Tras la evaluación del primer examen preliminar, Bensouda informó a la delegación venezolana “que existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.

Ese examen fue abierto en febrero de 2018 . La fiscal de la CPI Fatou Bensouda expresó en ese entonces en un mensaje de video su voluntad de analizar los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto de Roma.

 “En particular, se ha argumentado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.

En este sentido la Fiscalía solicitó información sobre las actuaciones nacionales correspondientes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI.

Con relación al segundo examen, la fiscal reportó a la delegación venezolana sobre el actual estado de la evaluación, que tiene por objeto determinar si existen motivos razonables para creer que la conducta alegada es competencia de la Corte.

Ese examen fue abierto en febrero de 2020 a petición del gobierno de Venezuela para determinar si las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano equivalen a crímenes contra la humanidad.

Durante la reunión, el fiscal general y el defensor del pueblo explicaron detalladamente el sistema judicial de Venezuela y la labor de sus respectivas oficinas y reafirmaron su cooperación con la labor de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma. Como muestra de ello, Saab invitó a Bensouda a visitar Venezuela.

 La fiscal reiteró que ambas instancias siguen en fase de examen preliminar con el fin de determinar, una vez concluida la pesquisa, si se debe abrir una investigación.

En este aspecto, el informe de fin de año sobre las actividades de examen preliminar de la Fiscalía ofrecerá más detalles de la situación.

La Fiscalía espera que continúe la colaboración con el gobierno del país sudamericano y otras partes interesadas en ambos exámenes preliminares.

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela authorities responsible for crimes against humanity: UN report

Source: Jurist

September 17, 2020

A UN report published Wednesday accused Venezuelan state authorities, including the president, of being complicit in human rights violations and crimes “amounting to crimes against humanity.”

The Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela found cases of extrajudicial executions, disappearances, arbitrary detentions and torture committed by the government or its agents. The Mission investigated 223 cases and reviewed an additional 2,891 cases to compile a pattern of violations. High-level authorities, including the Ministers of the Interior and of Defense, as well as President Nicolás Maduro himself, were not only aware of the violations but gave the orders and provided the resources to carry out the violations. “Far from being isolated acts,” said Marta Valiñas, chairperson of the Mission, “these crimes were coordinated and committed pursuant to State policies, with the knowledge or direct support of commanding officers and senior governmenitedt officials.”

The violations have been ongoing since 2014. Among the findings were accounts of intelligence and police services being given the green light to execute suspects in simulated “confrontations,” where the authorities plant weapons on the victims to allow security forces to claim they had to kill in their own defense. There have been no prosecutions for the vast majority of these killings, which “appear part of a policy to eliminate unwanted members of society under the cover of combating crime,” said Valiñas.

Political dissidents, human rights activists and others perceived to be opponents of the government were targeted for unlawful detentions that involved the use of torture to extract confessions or simply as a form of punishment. Officials within the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) and the General Directorate of Military Counter-Intelligence (DGCIM) had full knowledge of the detentions and torture, and the UN Mission recommended that they be investigated and prosecuted. “Other jurisdictions in accordance to their national laws, as well as the International Criminal Court, should also consider legal actions against individuals responsible for violations and crimes the Mission identified,” the Mission concluded.

Derechos Humanos / Human Rights

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Secretaría General de la OEA y sociedad civil venezolana presentan propuestas para mejorar situación de migrantes y refugiados venezolanos durante crisis del COVID-19

Fuente: OEA

23 de julio, 2020

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil venezolana establecidas en las Américas y el Caribe, publica hoy el documento de “Propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19”. El documento es producto de trece reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región.

El documento se encuentra disponible aquí en idioma español y aquí en idioma inglés.

“La situación de migrantes y refugiados venezolanos representa uno de los más grandes desafíos durante la pandemia por COVID-19, toda vez que ha supuesto el incremento de la dificultad para ejercicio pleno de sus derechos, tales como: acceso a la salud, a la educación, el derecho a la vida, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo y la salvaguarda de los medios de vida,” señala el documento en la introducción.

El documento reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros de la Organización, al igual que el desempeño de la sociedad civil organizada, al considerar que los recursos asignados por la comunidad internacional han sido insuficientes para “superar las dificultades e implementar políticas de atención idóneas que permitan a la población migrante venezolana integrarse de manera estable y segura a la dinámica social y económica de los países de acogida”.

En este sentido, el documento se publica con el ánimo de ayudar a los Estados miembros a alcanzar soluciones comunes y pertinentes que mejoren las condiciones de los venezolanos en sus respectivos países de acogida a través de la colaboración necesaria con los diferentes sectores de la sociedad. En línea con ese propósito, se indican recomendaciones y propuestas en los siguientes ámbitos:

  • Salud
  • Educación
  • Medios de vida
  • Protección
  • Seguridad alimentaria
  • Vivienda

El documento emite 9 recomendaciones en el área de la salud, 5 relacionadas con educación, 9 con empleo u otros medios de vida, 6 con relación a la seguridad alimentaria, otras 6 relativas a la necesidad de protección y 4 en el área de vivienda, todas enfocadas en mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos.

Por otra parte, el documento señala los múltiples beneficios de la implementación de las propuestas para los países receptores, tales como un mejor desarrollo económico, la disminución de la violencia y el fortalecimiento del sistema sanitario para atender la emergencia de la pandemia.

La Oficina de la Secretaría General de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, coordinada por David Smolansky, tiene como misión trabajar con los países miembros de la OEA a fin de atender la situación de más de 5.2 millones de venezolanos que han sido desterrados. Desde la publicación de su informe regional de junio de 2019, la Oficina ha expresado la necesidad de crear las bases para un consenso regional que otorgue a los venezolanos la condición de refugiados y se les garantice protección permanente.

Coalición por Venezuela es la unión de organizaciones de la sociedad civil venezolana que propende por el bienestar de todos los venezolanos y de los pueblos que los reciben como migrantes o refugiados, sin distingo alguno. Es una iniciativa independiente conformada actualmente por 63 organizaciones presentes en 23 países de la región que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.

Derecho Internacional / International Law

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ICJ holds first virtual hearing over Guyana-Venezuela land dispute

Source: Jurist

July 1, 2020

 The International Court of Justice (ICJ) held its first virtual hearing on Tuesday, addressing a territorial dispute between Guyana and Venezuela. Guyana is arguing that the boundary between the nations was clarified by the Arbitral Award of 1899, whereas Venezuela called the award an “Anglo-Russian conspiracy.”

In taking the case to the ICJ, Guyana seeks to enforce the demarcation of the border with Venezuela. The area at issue is west of Guyana’s Essequibo River. The discovery of oil off the coast has sparked a debate between Guyana and Venezuela over the line in recent years.

Currently, the ICJ is considering whether it has jurisdiction to decide the case on the merits. Venezuelan President Nicolás Maduro wrote a letter to the court, which was read aloud. In the letter, Maduro commented because Venezuela does not accept the jurisdiction of the court, they will not be participating.

UN Secretary-General António Guterres referred the case to the ICJ in 2018. Tensions further escalated when Venezuela’s navy seized an oil research ship in 2013 and approached another in 2018.

Derecho Internacional / International Law

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Venezuela president orders EU ambassador to leave country following sanctions

Source: Jurist

July 01, 2020

 Venezuela’s President Nicolás Maduro on Monday ordered the EU ambassador Isabel Brilhante Pedrosa to leave the country within 72 hours. Her expulsion came hours after the EU placed sanctions on 11 Venezuelan officials for “undermining democracy and the rule of law in Venezuela.”

The sanctions are against those who were “responsible notably for acting against the democratic functioning of the National Assembly,” specifically in the removal of the democratically elected congressional president Juan Guaidó and his subsequent replacement by Maduro’s ally Luis Parra. Despite his removal, Guaidó has maintained the international support of the US and the EU.

The sanctions also stated that those included on the involved in “politically motivated prosecutions and creating obstacles to a political and democratic solution to the crisis in Venezuela, as well as serious violations of human rights and restrictions of fundamental freedoms, such as freedom of press and speech.” With the 11 new additions to the list, the new total number of those sanctioned is brought to 36 individuals affected by “a travel ban and an asset freeze.”

In a Monday broadcast on state television, Maduro reportedly said, “If they can’t respect Venezuela, then they should leave it.” He also added that “A plane can be loaned for her [Pedrosa] to leave,” because Venezuela’s air space is currently closed due to the ongoing COVID-19 pandemic.

The EU has not yet provided any formal comment on the situation. Pedrosa has not yet left the country.

Derechos Humanos / Human Rights

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Bachelet: la posibilidad de procesos electorales democráticos en Venezuela disminuye

Fuente: Naciones Unidas

02 de julio, 2020

 La encargada de velar por los derechos humanos en el mundo señala que continúan las violaciones de determinados derechos y lamenta que los actores políticos no hayan encontrado una solución negociada a la crisis, aunque muestra su satisfacción porque el Gobierno y una parte de la oposición se hayan puesto de acuerdo para hacer frente a la pandemia de coronavirus, así como por la cooperación del Gobierno con su Oficina.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo este jueves que su Oficina ha seguido documentado restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos.

En una actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, Michelle Bachelet observó, además, que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

Según indicó, esas condiciones “nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.

Bachelet también reportó que ha continuado la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

La crisis agravada por las sanciones y la pandemia

 La Alta Comisionada indicó que los venezolanos “siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud”.

Y añadió que “la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y po2r la pandemia de la COVID-19”.

En este sentido, expresó su satisfacción por el acuerdo entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud en el combate a la pandemia

Sin embargo, lamentó que los actores políticos no hayan encontrado una solución negociada a la profunda crisis política y reiteró su llamado “en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”. 

Bachelet relató que el Gobierno había indicado que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión y agregó que, si bien reconoce la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, le preocupa “el patrón de detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías al debido proceso, además de las alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en su informe”.

Aspectos positivos

La Alta Comisionada observó también varios aspectos positivos en la evolución de la situación “Valoro positivamente el incremento del acceso de mi Oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019”, dijo.

Otro acontecimiento positivo fue la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario; aunque señaló que sin embargo persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento, dijo la Alta Comisionada.

Además, agradeció la buena disposición gubernamental para que sus representante visitaran los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como once centros penitenciarios.

Derecho Internacional / International Law

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Venezuela Foreign Minister asks ICC to investigate US sanctions as crimes against humanity

Source: Jurist

February 14, 2020

Venezuela’s Foreign Minister Jorge Arreaza made a request to the International Criminal Court (ICC) prosecutor on Thursday to investigate US sanctions imposed on Venezuela as crimes against humanity. 

US economic sanctions on Venezuela have allegedly affected people’s rights to health, food and economic development.

The US has long imposed sanctions on Venezuela. Most recently, the Trump administration has issued economic sanctions through executive orders for Venezuela’s “human rights abuses and antidemocratic actions.” These sanctions prohibit the Venezuelan government from accessing US markets, which includes a blocking of Venezuela’s oil sector and Conaviasa airlines.

Arreaza believes this is a failed attempt to overthrow President Nicolas Maduro. Arreaza said in a statement, “the consequences of US coercive unilateral measures are crimes against humanity and violate both international laws and the United Nations Charter.”

The ICC currently has an ongoing investigation into alleged crimes committed by the Venezuelan government. The ICC decided to investigate after six states filed a request alleging crimes committed in the context of demonstrations and political unrest. Human Rights Watch claims that Venezuelan security forces have tortured, killed, assaulted and used excessive force against civilians.

Derechos Humanos / Human Rights

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Venezuela es responsable por la violación del derecho a la libertad de expresión de persona que denunció irregularidades financieras en la Asamblea Nacional

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

04 de octubre, 2019

 En la Sentencia, notificada en el día de hoy, en el Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Venezuela responsable por la violación al derecho a la libertad de expresión, participación política, circulación, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Tulio Álvarez Ramos.

Tulio Alberto Álvarez Ramos publicó, en el 2003, un artículo en un diario el cual daba a conocer supuestas irregularidades en el manejo financiero de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del entonces presidente de dicho Poder del Estado. Este artículo originó un proceso penal en contra de Álvarez Ramos, donde se le condenó a prisión por 2 años y 2 meses, inhabilitación política y prohibición de salida del país por la comisión del delito de difamación agravada continuada. El 4 de marzo de 2009 se decretó el cumplimiento de dicha condena.

 La Corte consideró que la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario en caso de discursos referidos a conductas de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Reiteró, el Tribunal, que la libertad de expresión protege no sólo la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Por tanto, la sanción penal por difundir noticias de esta naturaleza produciría, directa o indirectamente, un amedrentamiento que, en definitiva, limitaría la libertad de expresión e impediría someter al escrutinio público conductas que infrinjan el ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, hechos de corrupción, abusos de autoridad, etc. Lo anterior debilitaría el control público sobre los poderes del Estado, con notorios perjuicios al pluralismo democrático. De esta manera, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión de Álvarez Ramos en cuanto no podía considerarse penalmente prohibida su conducta al publicar dicho artículo. A su vez, al habérsele impuesto una pena accesoria de inhabilitación política, la Corte determinó que se vulneraron sus derechos políticos.

Al revisar el proceso penal, la Corte también consideró que a Álvarez Ramos se le restringió el acceso a los medios adecuados para preparar su defensa. Asimismo, un testigo en el proceso penal fue acusado y detenido durante la audiencia pública en base a sus declaraciones y éstas rechazadas como medio probatorio. Por otro lado, la Corte también encontró internacionalmente responsable a Venezuela por la violación al derecho a la libre circulación, así como a la protección judicial. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-48/19 Español Si tiene problemas para visualizar este mensaje haga clic aquí En razón de estas violaciones, la Corte ordenó, entre otras medidas de reparación, que se adopten todas las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia contra el señor Álvarez y las consecuencias que de ella deriven, así como los antecedentes en su contra a raíz del proceso; y pagar las sumas monetarias por el daño material e inmaterial. El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.